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30 de junio de 2014

No hay default porque Argentina pagó



Miércoles, 30 de Julio de 2014 14:23 
No hay default porque Argentina pagó
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La especialista en Derecho Internacional Stella Maris Biocca sostiene que el único arreglo que puede haber hoy “es que los fondos buitre se avengan a incorporarse a la ley argentina, que estableció el régimen de reducción de capital e intereses”. Aunque aclara: “No lo van a hacer, desde ya”. Y agregó que los fondos buitre "quieren el endeudamiento".



INFOJUS
Por: Milva Benitez


La especialista en Derecho Internacional Stella Maris Biocca explicó a Infojus Noticias que el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa impide que se concrete el pago a los bonistas, pero “técnicamente el país no entraría hoy en default”. “No se puede interpretar como una cesación de pago. No hay default porque Argentina pagó”, afirmó la actual directora del doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Morón que participa de la Convocatoria Económica y Social que llamó a concentrarse hoy -frente al Cabildo de Buenos Aires- “en rechazo al accionar de los fondos buitres y en defensa de los intereses nacionales”.

“La ciudadanía tiene que estar informada sobre estos temas que parecen lejanos pero terminan afectando la microeconomía”, dijo la abogada que, con este objetivo, participa de la convocatoria junto a otros intelectuales, docentes, economistas y referentes del derecho y la política. “Hay que recordar que justamente los que cedieron la soberanía, los que después endeudaron al país son los que hoy levantan el dedo diciendo miren lo que nos pasa”, señaló y advirtió que es necesario explicar cómo se llegó a esta situación.

—¿Cómo llegó Argentina a enfrentar un litigio sobre su deuda soberana ante un juez de Estados Unidos? —El primer antecedente lo encontramos con la derogación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación durante la última dictadura cívico-militar, que prohibía delegar en jueces extranjeros los conflictos nacionales. En la década de los ’90 –con el auge del pensamiento neoliberal-eso se incrementó con la firma de los llamados tratados de protección recíproca y del reconocimiento del CIADI como tribunal externo. Eso lo hizo el Congreso que dejó la potestad en manos del Ejecutivo, durante el gobierno de Carlos Menem. Y se extendió, con todos los endeudamientos y refinanciaciones, hasta la crisis del año 2001 con la firma del llamado Megacanje, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En 2005, lo que se reestructuró fue esa deuda que ya tenía jurisdicción extranjera.

— ¿Con qué consecuencias para Argentina?

— La jurisdicción de Nueva York es bastante perjudicial porque considera que el Estado, aún en sus deudas públicas, debe ser considerado como un particular. Privatizan las relaciones internacionales, con una salvedad: cuando EEUU emite bonos o deuda pública.

—Eso ahora impide que se concrete el pago que vence hoy para los bonistas que ingresaron a la reestructuración de deuda en 2005 y 2010, ¿eso coloca al país ante un eventual default, como en 2001? —Default es una palabra inglesa que tiene contenido jurídico. Quiere decir cesación de pagos, y significa que no se puede pagar ni a los proveedores, ni los sueldos, ni la deuda externa, ni la deuda interna. Los economistas y operadores financieros podrán decir que se avecina un default técnico, un default parcial, un default temporal, un pequeño default. Pero eso es como decir que alguien está un poquito embarazada. O estás embarazada o no estás, pero no existe estar un poquito embarazada. Argentina tuvo esa situación en 2001, cuando no se le podía pagar ni a los jubilados y se usó una cuasi moneda porque no había ni un centavo.

—¿La expresión default técnico tampoco se ajusta?

— El default es técnico o no es default. No hay default porque Argentina pagó. No es que depositó el dinero, sino que se dio el pago: el dinero salió del patrimonio del Estado argentino e ingresó potencialmente en el patrimonio de los bonistas pero una restricción del juez Griesa les impide cobrarlo. Ese dinero ya no pertenece al país y es por eso que Griesa no lo puede embargar. Si lo hace se extralimitaría en su competencia y en su jurisdicción.

—¿Cómo eso? ¿Ese dinero ahora está en una suerte de limbo judicial?

—El litigio fue entre los fondos buitre y el Estado argentino, y al impedir el pago el juez Griesa se extralimita en su competencia porque está afectando a terceros ajenos al juicio. También se extralimita en su jurisdicción porque él no puede avanzar sobre el territorio belga, ni sobre el territorio inglés, ni sobre el argentino, y sin embargo lo ha hecho al imponerle restricciones a bancos cuya sede se encuentran en esos países. Por eso liberó los pagos del Citibank, hizo lo que tenía que hacer.

—¿Qué puede pasar a partir de hoy? ¿Todavía es posible un arreglo?

—El único arreglo que puede haber es que los fondos buitres se avengan a incorporarse a la ley argentina que estableció el régimen de reducción de capital e intereses que se usó en 2005, y en 2010. No lo van a hacer, desde ya. Ese el único arreglo que se puede aceptar, porque si no se corre el riesgo de que se active la cláusula RUFO, que vence en diciembre. Esa cláusula dice que si Argentina voluntariamente mejora la oferta a otros acreedores se podrá revisar otra vez el acuerdo con los que entraron al canje. En su redacción está la palabra voluntario pero es complejo, necesitaría otra vez fatalmente una interpretación judicial.

—Si se activa la cláusula RUFO o “gatillo”, como algunos analistas la llaman, ¿estaríamos en riesgo de entrar en default?

—Obviamente ahí sí. Algunos economistas dicen que los nuevos reclamos serían por 120 mil millones de dólares, otros dicen 500 mil millones (deben estar incorporando los intereses). Cualquiera de esas dos sumas obviamente arrastra a la Argentina por varias generaciones. —¿Cómo se explica entonces que algunos sectores pretendan cumplir al pie de la letra lo que dispuso el juez?

—Ellos quieren el endeudamiento, volver al sistema anterior incluso a la época de Martínez de Hoz. A tomar deuda para poder pagar solamente los intereses y luego refinanciar esa deuda con otra deuda, como se hizo desde el plan Brady (1989) hasta el Megacanje (2001). Ahí sí podríamos perder todos los avances que se han hecho en la macro y en la microeconomía en estos últimos años. El ciudadano puede pensar que estos temas no lo afectan, pero cuando un país cae en el sobreendeudamiento se cierran las fábricas, se reducen los sueldos, no hay inversiones para sostener la industria nacional. Es decir esto termina afectando a cada una de las familias.

—Eso le conviene a los fondos buitres. —Los fondos buitres son esencialmente especulativos. Su gran ganancia se produce cuando un país entra en debacle. Si por hipótesis Argentina volviera a caer en esa situación ellos rápidamente comprarían los bonos a precios inferiores, depreciados al máximo. Al fondo buitre no le interesa el tiempo, puede esperar 10, 15, 20, 30 años porque están en el orden de la especulación. — ¿Qué pasa con los vencimientos de los pagos acordados a futuro con los bonistas que entraron al canje?

— Primero esos bonistas podrían inmediatamente accionara contra los bancos porque ese dinero le está siendo indebidamente retenido. Por eso Argentina no tienen que ni pedir, ni interceder al respecto. Es un problema entre el bonista reestructurado y los bancos. En septiembre hay que pagar otros intereses, y en diciembre hay que pagar otros. Yo creo que se darán cuenta que les conviene venir y cobrar directamente acá. Creo que se van a ir dando cuenta que no les conviene la jurisdicción norteamericana. Sencillamente se puede firmar un nuevo acuerdo y cobran acá.

INFOJUS

LaPIstaOculta GN


http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/opinion/item/5732-no-hay-default-porque-argentina-pag%C3%B3.html

MEGACANJE - Cavallo firmó junto a De la Rúa el decreto 648/01


Martes, 4 de septiembre de 2012 | Hoy
EL PAIS › MEGACANJE, LA OPERACION QUE PRECEDIO AL ESTALLIDO
Las comisiones de la despedida



Por Sebastián Premici
El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue la operación financiera (y un negocio para los bancos) previa al estallido de la convertibilidad. Tras el fracaso del llamado blindaje y las renuncias consecutivas de José Luis Machinea y Ricardo López Murphy como ministros de Economía, el gobierno de Fernando de la Rúa convocó a Domingo Felipe Cavallo como titular de la cartera de Hacienda. Lo primero que hizo el padre de la convertibilidad fue acercarle a De la Rúa una idea de su amigo David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston: el megacanje de títulos públicos. La operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. Los siete bancos que participaron de la operación embolsaron 150 millones de dólares en comisiones. De ese total, Mulford recibió 20 millones. Las abultadas comisiones se pagaron a pesar de que los bancos realizaron “autocanjes”.

No bien llegó al gobierno de la Alianza, , que habilitó la operación del megacanje. Era el 16 de mayo de 2001. Entre enero y marzo de ese año se habían fugado del sistema financiero 5 mil millones de dólares. Para realizar la operación de canje, Cavallo contrató a Mulford. El gobierno necesitaba reducir sus vencimientos entre 2001 y 2005, para evitar una inminente caída en default. De ahí la idea de la megaoperación, que en realidad terminó por ser una gran bomba de tiempo. Los servicios de la deuda pública representaban antes del canje 60.504 millones de dólares (período 2001–2031). Después de la operación, los intereses se dispararon a 98.414 millones, un incremento de 63 por ciento.

Con la llegada de Cavallo y Mulford, hubo siete bancos que hicieron del megacanje un gran negocio: Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Credit Suisse First Boston. En total aportaron al canje 27.700 millones de dólares. De ese total, aproximadamente 20 mil millones en títulos ya estaban dentro de sus carteras o en las de las ex AFJP asociadas a los bancos. De esta manera, los 150 millones de dólares de comisiones fueron cobrados por hacer de intermediarios de sí mismos. Además, los bancos públicos fueron obligados a canalizar títulos a través de las entidades privadas, que así se quedaban con la parte correspondiente a aquéllos en comisión.

Según un informe de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP, 2001), la deuda pública total pasó de 124.358 millones a 126.606 millones después del canje. Es decir, un incremento de 2248 millones de dólares. En cuanto a los intereses, se pasó de 82.246 millones a 120.650 millones, un incremento de 40.649 millones. A esto se le sumó una capitalización de intereses por 13.052 millones.

Los banqueros no sólo acordaron las cuantiosas comisiones para los autocanjes, sino que acordaron con los funcionarios de Economía (Cavallo y Daniel Marx, secretario de Finanzas de la Alianza, procesado y sobreseído en la causa del Megacanje) los precios de los bonos Brady, Par y Discount. Esto también fue determinado por la ONCP. Según la ONCP, ese “acuerdo” trajo pérdidas para el Estado por 108 millones de dólares.

Al Megacanje le siguieron otras medidas, que terminaron de sellar la suerte de la Alianza. En julio de 2001 se aprobó la ley 25.453 (déficit cero) y en agosto, la ley 25.466 (intangibilidad de los depósitos). No pocos gurúes de la city (de aquellos años y actuales), entre ellos Miguel Angel Broda u Orlando Ferreres, veían en el Megacanje y las otras medidas “la salvación” para la crisis económica del país. Hasta que llegó el 19 y 20 de diciembre de 2001.

spremici@pagina12.com.ar


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202536-2012-09-04.html

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investigación de la instrumentación y ejecución de la operación financiera durante el gobierno de De la Rua
Solicitaron a Casación que revoque los sobreseimientos a los responsables del Megacanje

25.06.2014
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Germán Moldes presentó un recurso de Casación para que se continúe investigando a de los responsables del Megacanje de 2001.
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Germán Moldes presentó un recurso para que la Cámara de Casación Penal revoque los sobreseimientos dictados el 5 de junio pasado a favor de varios de los responsables del megacanje de 2001. Aquella operación financiera consistió en el cambio de títulos públicos de la deuda por 50 mil millones de dólares para postergar vencimientos.

Para Moldes, el decreto 648/01 del 16 de mayo de 2001 tuvo un proceso de "gestación muy particular". Los responsables sobreseídos por los jueces de la Sala II Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah son: el diputado por el PRO Federico Sturzenegger, el ex secretario de Hacienda Jorge Amadeo Baldrich; el ex subdirector de Financiamiento Julio Dreizzen; el ex asesor de Cavallo, Horacio Tomás Liendo; el ex director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito PúblicoNorberto López Isnardi; el ex procurador del Tesoro de la Nación Ernesto Alberto Marcer; el ex Director Nacional de Crédito Público Carlos Federico Molina, y el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía Guillermo Mondino. Además, los camaristas consideraron que en el caso del banquero estadounidense David Mulford, la acción penal "se encuentra prescripta".

Los nombrados están acusados de haber incrementado los valores de la deuda y de haber favorecido a varios bancos en el proceso. En su recurso, el representante del Ministerio Público explicó lo que denominó como "la trastienda de la operación". "Existió una tramoya que tendió a favorecer a ciertos amigos de quines llevaban adelante esa operación en nombre del Estado", describió el fiscal.

Todos los nombrados "han tenido intervención en los hechos" ya sea desde que dieron amparo hasta que colaboraron con darle visibilidad a la maniobra. Para Moldes, la resolución de la Cámara no atendió a que esto se trata de "actos de corrupción" así como parcializó las responsabilidades de los funcionarios.

La "idea del megacanje"

El fiscal detalló, en base a testimonios que constan en el expediente, que nunca se había utilizado para la redacción de esta clase de decretos un asesor externo, en referencia a Liendo. También, explicó, en base a las publicaciones de los diarios de aquelos años, que Cavallo, a poco días de haber asumido el cargo de ministro de Economía, acudió en busca de ayuda a Muldorf.

Por otra parte, el fiscal describió la maniobra como una "tercerización" de la tarea, así como describió a las charlas y negociaciones con los bancos intervinientes como "inéditas". Luego, recordó que desde marzo de 2001 que las entidades bancarias habían presentado sus proyectos al respecto de la renegociación de la deuda y sus posibles variantes.

En abril de ese año, las autoridades oficializaron la decisión de llevar adelante el canje y realizaron vía telefónica contacto con ciertas entidades bancarias para que en tres días le mandaran propuestas sobre el tema. Cuatro fueron las presentaciones realizadas a término: CSFB, JP Morgan, Morgan Stanley y Lehman Brothers. Además, se reunieron con los funcionarios del Ministerio de Economía los responsables de la propuesta 1: Banco Galicia y Buenos Aires S.A; Banco Santander Central Hispano, BBVA Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, Jp Morgan Securities Inc y Salomón Smith Barney.

Proceso de implementación

Luego, el decreto 648/01 aprobó la operación del canje, designó al sindicato de bancos y estableció las comisiones. El Ministerio de Economía convalidó el mecanismo de esa operación para el tramo internacional. Para dar cumplimento a la operación, debía intervenir Molina (procurador del Tesoro) aunque según se detalló en el escrito, su actitud fue "meramente formal" en lugar de realizar una "fiscalización meditada del proceso".

Para Moldes, durante la estipulación de precios mínimos, el Estado realizó una "subordinación del interés público al privado", llevando las conversaciones con los bancos "a un extremo nunca antes visto". No obstante, los valores "no fueron del agrado de las entidades" por lo que el domingo 3 de junio de 2001 se realizó una reunión donde se discutieron los escenarios tras el cierre de ofertas.

"Con posterioridad al cierre del período de recepción de ofertas, se recibieron notas solicitando la modificación de los datos de las posturas", algo que Moldes calificó irónicamente como una "nueva originalidad":

Prescripción de la causa para Muldorf

En otro escrito presentando ante la Sala II, Moldes cuestionó la decisión de declarar prescripta la acción penal en la causa, lo que ocasionó el sobreseimiento del banquero. Muldorf nunca compareció ante el juez, pese a haber sido correctamente notificado y citado. Moldes explicó que Cavallo ("el otro gran responsable") no sólo compareció sino que fue procesado y actualmente su causa está radicada en el Tribunal Oral Federal N°4.

El representante del MPF sostuvo que a Muldorf se le puede imputar la "malversación de caudales públicos", cuya sanción máxima es de 10 años y dado que Isnardi ejerció la función pública hasta agosto de 2010, "la acción criminal contra Muldorf está vigente hasta agosto de 2020".

Todos los funcionarios públicos y asociaciones de privados que intervinieron "deben responder penalmente por sus ilícitas acciones", sostuvo Moldes. Además, relató en el escrito que, a pesar de la captura internacional que el juez solicitó en 2012 para que se presentara a declarar, "a Muldorf nunca llegamos a conocerle la cara".

"Es impropio disponer el sobreseimiento de Muldorf ya que no están dadas las condiciones sustanciales para hacerlo". Es decir, no transcurrió el plazo necesario de prescripción y además, la resolución se basa en único argumento que no es hábil para sustentar.

Para Moldes, "necesitamos con urgencia un renovado Código de Procedimientos que realmente sea una herramienta apta para combatir la delincuencia". Y siguió: "toda la delicuencia, desde la que viste trajes cortados por maestros sastres de Savile Row y corbatas de Place Vendôme hasta la que duerme en ranchadas bajo la utopista y come de la olla popular":


http://fiscales.gob.ar/fiscalias/solicitan-a-casacion-que-revoque-los-sobreseimientos-a-los-responsables-del-megacanje/

29 de junio de 2014

Las acusaciones contra el fiscal Campagnoli


roceso disciplinario
La Procuradora General elevó al Tribunal de Enjuiciamiento las acusaciones contra el fiscal Campagnoli

5.12.2013
La Procuradora confirmó el dictamen del Consejo Evaluador, que acusó a Campagnoli por “abuso de poder” y “mal desempeño”. Le imputan no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Elaskar y transformar el objeto procesal de esa causa para avanzar con una pesquisa paralela a cargo del fiscal federal Marijuán.
La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, convalidó mediante una resolución el dictamen emitido por el Consejo Evaluador y dispuso elevar al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público las imputaciones que pesan contra el fiscal José María Campagnoli, titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). La Procuradora pidió al Tribunal que disponga su suspensión hasta que éste defina si los hechos atribuidos a Campagnoli ameritan su remoción por mal desempeño.

Tal como afirma la resolución firmada por la Procuradora, de las denuncias recibidas en los últimos meses se desprende que el fiscal adoptó una conducta “carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones, que resultó además incompatible con la investigación seria de los delitos que supuestamente buscaba perseguir”.

De cada una de las presentaciones se le corrió vista al fiscal Campagnoli para que formulara su descargo. Luego, se sometieron las actuaciones a la opinión del Consejo Evaluador, que sugirió que debía abrirse la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, criterio que fue seguido por Gils Carbó. El Consejo Evaluador fue creado en 2004 por disposición del entonces Procurador General, Esteban Righi, y está integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Álvarez y Eduardo Álvarez.

De acuerdo con la resolución firmada ayer por la Procuradora General, “no se trata de juzgar la actitud proactiva de un fiscal que realiza denodados esfuerzos para contribuir a dilucidar delitos complejos evitando ritualismos burocráticos o que pretende colaborar en causas a cargo de otros representantes del Ministerio Público Fiscal. Este caso nos enfrenta a una hipótesis de un magistrado que avasalla reglas básicas de competencia y que, actuando de un modo descoordinado y sin respetar normas de confidencialidad y prudencia, invade ilegítimamente el ámbito de actuación de otro colega”.

Los hechos
La primera imputación contra Campagnoli refiere a la modificación del objeto procesal y el incumplimiento del deber de investigar en una causa que involucraba al financista Federico Elaskar.

El 16 de abril de 2013, dos días después de la fecha de la edición del programa periodístico “Periodismo para Todos” en el que se ventilaron supuestas maniobras por lavado de dinero, el fiscal Campagnoli, en su calidad de titular de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD), promovió la acción penal de oficio por los hechos relatados en el programa. Luego del sorteo correspondiente, la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40, a cargo del Dr. Rodolfo Carlos Cresseri. Al día siguiente, Cresseri se declaró incompetente en razón de la materia y remitió la causa al fuero federal para ser acumulada, junto con otras denuncias similares, a la causa N° 3017/13 caratulada “Báez, Lázaro s/ encubrimiento” en trámite en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, con la participación de la Fiscalía Federal N° 9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.

Como se advierte, hasta ese momento el fiscal Campagnoli se encontraba debidamente informado de que la justicia nacional de instrucción se había declarado incompetente en la causa por él impulsada. No obstante, a esta altura, comienzan a percibirse las primeras irregularidades, en tanto se puede constatar un giro sorpresivo en la intervención de Campagnoli en la persecución penal por estos hechos.

Unos días después, ya no como fiscal titular de la Fiscalía de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD), sino en su calidad de fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, Campagnoli decidió seguir tomando intervención en los hechos denunciados en el programa televisivo, pese a la declaración de incompetencia dictada por el juez Cresseri. Para ello, el fiscal recurrió a una causa judicial que ya estaba radicada en la Fiscalía de Instrucción Nº 10, a partir de un sumario iniciado en el mes de septiembre de 2012 con motivo de la denuncia por defraudación formulada por la firma SGI contra Federico Elaskar. El punto significativo es que para que este expediente judicial le permitiera intervenir en los hechos denunciados por aquel programa televisivo, el fiscal debió modificar sustancialmente el objeto de esa causa radicada en 2012.

“En otras palabras, para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”, sostiene la resolución firmada por Gils Carbó.

En el mismo sentido, para el Consejo Evaluador, “a pesar de enfrentarse a un cuadro probatorio que podría ser calificado como magro”, el fiscal solicitó una serie de medidas que no cumplieron con los “estándares constitucionales y legales impuestos en resguardo de los derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso (…) por los simples dichos de una persona ante un medio periodístico”.

En coincidencia con el Consejo Evaluador, la Procuradora General tuvo particularmente en cuenta una resolución dictada en octubre por la Sala V de la Cámara del Crimen, que cuestionó duramente la actuación del doctor Campagnoli y resolvió la competencia en favor del fuero federal. El tribunal sostuvo en su fallo que se advertía una “duplicidad simultánea en la investigación” y una “sobreactuación” de la Fiscalía.

De las constancias de las causas se desprende que Elaskar en ningún momento fue convocado por el fiscal para prestar declaración testimonial bajo juramento de decir verdad. De acuerdo con la resolución de Gils Carbó, “resulta llamativo que una medida tan esencial no haya sido practicada para procurar otorgarle verosimilitud a la hipótesis delictiva que el fiscal decía pretender corroborar”. En lugar de ello, el fiscal tomó como válida la declaración de Elaskar ante un programa televisivo, sin valorar que días después, también en un programa de televisión, el propio Elaskar se había retractado.

La resolución advierte que además de violar las reglas de competencia, Campagnoli adoptó una conducta invasiva respecto de las facultades de su colega del fuero federal, el titular de la Fiscalía Federal N° 9, Guillermo Marijuán. Tal como afirmó Gils Carbó en el dictamen “aparece como un intento de marcar el camino a su colega competente del fuero federal, obstaculizando de ese modo la estrategia que el otro magistrado podría desplegar”.

Otra de las imputaciones contra Campagnoli se refiere a la utilización arbitraria de los recursos a su cargo. En tal sentido, el fiscal involucró en su investigación a la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). Cualquiera sea el objeto procesal que pretendiera investigar —administración fraudulenta, extorsión o lavado de activo— era claro que no se perseguía una hipótesis de autores ignorados, de modo que la intervención de la SIPE fue injustificada.

Los reproches contra Campagnoli analizados por el Consejo Evaluador también incluyen la violación de secretos. De acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios masivos de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas. Además se demostró en las actuaciones disciplinarias que un abogado del Grupo Clarín había contado con una copia borrador de un dictamen de Campagnoli: el documento carecía del formato correspondiente y de firma, y presentaba ciertos puntos sin completar. Estos hechos dieron lugar a una causa penal que actualmente se encuentra en curso.

En palabras del Consejo, “los fines de tal difusión se encuentran en pugna con el de lograr el éxito de una investigación criminal, porque si se difunde a la prensa un dictamen donde se anuncian cuáles son las medidas a realizarse fácil es colegir que los imputados tomarán noticia de eso y arbitrarán los recaudos necesarios para que no se pueda descubrir lo que estas medidas pretenden”.

Al respecto, la resolución de la Procuradora concluye que “más allá del desenlace de las causas penales en trámite respecto del delito de violación de secretos, lo cierto es que no hay dudas en cuanto a la responsabilidad de la fiscalía a cargo del doctor Campagnoli, por acción u omisión, de la filtración del contenido de los dictámenes elaborados con fecha 22 de mayo y 19 de junio. Esta acción deliberada o esta grave negligencia revisten suma importancia pues tuvo la entidad para colocar en riesgo la suerte de la investigación. Si la prensa difunde las medidas propiciadas en un dictamen es fácil concluir que los imputados tomarán conocimiento de ello y arbitrarán los recaudos a su alcance para procurar frustrar aquellas medidas”.

Los agravios institucionales
Entre sus estrategias de defensa, el fiscal Campagnoli presentó un escrito a la Procuración en el que sugirió que las actuaciones disciplinarias y su apartamiento de la Fiscalía Nº 10 respondían a intereses de los imputados de la causa.

Siguiendo la opinión del Consejo Evaluador, Gils Carbó recordó que quien había apartado al fiscal de esta causa fue la Cámara y sostuvo que “lo que reviste una gravedad institucional inusitada no es que el fiscal se exprese en desacuerdo con una decisión de la autoridad o, incluso, pretenda revertirla; sino recurrir a palmarias tergiversaciones fácticas y a conjeturas del tipo de las transcriptas: el fiscal ha sugerido la idea de que existe una suerte de conspiración desplegada desde la Procuración General para apartarlo de determinadas investigaciones”.

Por estas razones, y para aventar todo tipo de sospechas y garantizar el pleno derecho que tiene toda persona a ser juzgada por un órgano imparcial, la jefa de los fiscales entendió conveniente que sea un Tribunal colegiado, de integración plural e independiente de la Procuración General el que comience a intervenir en las actuaciones, y decidió elevar el caso al Tribunal de enjuiciamiento en lugar de proseguir con la elaboración de un sumario disciplinario interno.

La nueva denuncia
A estas denuncias se sumó en los últimos días una presentación realizada por el diputado nacional Leonardo Grosso en la cual acusa a Campagnoli por casos de violencia institucional registrados en el Barrio Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Si bien esta denuncia no se incorporó al expediente elevado al Tribunal de Enjuiciamiento, podría acumularse en el futuro.

La presentación realizada por Grosso ante la Procuradora General sostiene que “luego de varios años en los que los vecinos del Barrio Mitre sufrieron abusos, atropellos, arbitrariedades, malos tratos, violencia física y moral por parte del Fiscal Campagnoli, que fueron testigos de los asesinatos de jóvenes cometidos por la propia policía, actuando bajo las órdenes del Fiscal, que muchas de sus casas fueron allanadas reiteradamente buscando culpables de delitos cometidos por otras personas, que fueron denigrados y colocados en una categoría de ciudadanos de segunda, sin derechos ni protección contra el accionar de un funcionario del propio Estado, es que decidimos presentarnos ante usted y solicitarle formalmente que se inicie una investigación en la que pueda demostrarse la gravedad de la situación en la que viven los vecinos cotidianamente”.

Pasos a seguir
En consonancia con el dictamen del Consejo Evaluador, la resolución firmada por Gils Carbó concluye que “resulta altamente probable que el fiscal José María Campagnoli haya incurrido en mal desempeño al haber omitido investigar seriamente el delito de defraudación cuya denuncia tenía a cargo desde septiembre de 2012; al haber tergiversado el objeto procesal de ese mismo expediente con miras a desarrollar una investigación para la que era incompetente y así incumplir con una declaración jurisdiccional que había ordenado radicar esa instrucción en el fuero federal; al haber realizado una sobreactuación mediática con capacidad para obstruir el normal desenvolvimiento de la instrucción de la causa n° 3017/13, caratulada “Báez, Lázaro s/encubrimiento”, en trámite ante el Juzgado Federal N° 7 de esta ciudad y al haber incurrido en exabruptos y ofensas institucionales contra la Procuración General de la Nación”.

Por estas razones, la Procuradora General dispuso elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y pedir la suspensión de Campagnoli mientras se sustancia el proceso para dilucidar si debe ser removido o no. El Tribunal deberá tratar el caso de Campagnoli y avanzar en el proceso contra el fiscal Domingo José Batule, quien se encuentra acusado por no investigar la intervención del camarista salteño Renato Rabbi Baldi para frustrar un allanamiento en la casa de su cuñado, acusado por crímenes de lesa humanidad. En el marco de este proceso Batule fue suspendido la semana pasada.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación es un órgano autónomo, conformado por siete miembros: Ernesto Kreplak (presidente y representante del Poder Ejecutivo), Daniel Adler (fiscal general y vicepresidente, designado por sorteo del Ministerio Público Fiscal), Rodolfo María Ojea Quintana (vocal, designado por el Senado de la Nación), Juan Octavio Gauna (vocal, ex Procurador General durante el gobierno de Raúl Alfonsín, designado por la Corte Suprema), Francisco Javier Panero (vocal, designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados), Adriana Olga Donato (vocal, designada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), María Cristina Martínez Córdoba (vocal, Defensora Pública de Menores, designada por sorteo de la Defensoría General de la Nación).

http://fiscales.gob.ar/procuracion-general/la-procuradora-general-elevo-al-tribunal-de-enjuiciamiento-las-acusaciones-contra-el-fiscal-campagnoli/?origen=metarefresh


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Miércoles, 28 de mayo de 2014 | Hoy

EL PAIS › LAS IMPUTACIONES QUE ENFRENTA JOSE MARIA CAMPAGNOLI EN EL MARCO DE SU JUICIO POLITICO
Con muchas acusaciones para responder

Al fiscal no sólo se lo acusa de realizar una investigación paralela a una causa sobre lavado de dinero, sino también de abuso de autoridad y de cometer otras irregularidades. Entre ellas, hacer inteligencia telefónica para defender su propia posición.

Por Raúl Kollmann
El jury de enjuiciamiento contra el fiscal José María Campagnoli no sólo se centra en que realizó una investigación paralela –duplicó una causa, según dijo la Cámara del Crimen– por la que fue apartado por esa misma Cámara del expediente sobre lavado de dinero en el que está imputado Lázaro Báez. En ese jury se le imputan varias otras irregularidades, entre ellas la entrega de un borrador de un dictamen al Grupo Clarín, por lo que no queda claro si el borrador se lo redactaron los letrados del grupo o él se lo adelantó para que lo verificaran o se lo adelantó para que lo hicieran público, todas alternativas que Campagnoli niega. El borrador es un original, es decir, no una fotocopia del proyecto de dictamen. Lo asombroso es que en su defensa, Campagnoli menciona un entrecruzamiento de llamadas entre abogados, algo que “constituye una investigación irregular sobre el trabajo de los letrados y constituye abuso de autoridad”, según dice la acusación contra Campagnoli. El sábado, el fiscal le comentó al diario La Nación que no descarta una candidatura a diputado.

Campagnoli tenía a su cargo la investigación de una defraudación de la que se acusaba al financista Federico Elaskar. En esa causa judicial hizo pocos, muy pocos movimientos. No le dio importancia. Sin embargo, el programa Periodismo para Todos, de Canal 13, del 14 de abril de 2013 puso al aire a Leonardo Fariña y a Elaskar diciendo algo así como que habían sacado del país dinero del empresario Lázaro Báez. A partir de ese día, Campagnoli cambió la situación de Elaskar; de ser acusado de defraudación pasó a ser una víctima: supuestamente lo habían extorsionado para que vendiera su financiera; 24 horas más tarde, Elaskar se desdijo en el canal América, pero eso Campagnoli no lo tuvo en cuenta. Y –según dice la acusación– tampoco le recibió una declaración para que explique cómo es que lo habían extorsionado. Ni siquiera dio otro paso que tenía lógica: imputar también a Elaskar por lavado de dinero.

Lo cierto es que el fiscal, sabiendo que ya había una causa por lavado de dinero contra Báez, instruyó lo que después la Cámara calificó como un expediente paralelo en el que “sobreactuó”, como también señalaron los camaristas. Finalmente, la causa pasó al Fuero Federal y Campagnoli fue apartado por “abuso de autoridad”. Hoy en día el fiscal dice que lo acusan por investigar, pero la realidad es que la Justicia lo apartó por duplicar intencionalmente un expediente. La investigación contra Báez la siguen el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Casanello.

Aunque ése es uno de los puntos centrales del jury, no es el único. Entre las imputaciones contra Campagnoli está la curiosa aparición del borrador de un dictamen del fiscal, sin firma, con partes a rellenar y en original, no fotocopia.

El borrador fue asombrosamente presentado por el estudio Sáenz Valiente, que representa al Grupo Clarín, en una causa civil en la que un tal Edgardo Levita acusó al medio periodístico por calumnias e injurias. Que el Grupo Clarín haya tenido en su poder el borrador de un dictamen llama la atención: o participó en la redacción o se lo dieron para que lo verifique o se lo filtraron para que lo hiciera público. Campagnoli dijo que él no lo entregó; se ofendió con la sugerencia de que se lo habían escrito argumentando que tiene una larga trayectoria y una frondosa investigación y dijo que les entregó copias del dictamen a dos diputados y a otro fiscal.

El Consejo Evaluador consideró insuficientes las explicaciones y le reiteró que es un borrador original, no fotocopias. Lo más llamativo fue una defensa adicional que hizo el fiscal. Dijo que la difusión del dictamen lo perjudicó porque iba a hacer allanamientos, entre ellos a uno de los imputados, Jorge Chueco. Y dio a entender que tal vez el texto se lo pasó la defensa de Chueco al estudio del Grupo Clarín, o sea que se lo pasaron entre dos oponentes. Para sustentarlo, Campagnoli utilizó un entrecruzamiento de llamadas hecho por la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que estaba bajo su control, y mencionó comunicaciones entre tres abogados, Julián Subías, Juan Martín Cagni Fazzio, defensor de Chueco, y el estudio Sáenz Valiente, el que representa al Grupo Clarín.

En la acusación, resumida por la procuradora Alejandra Gils Carbó al Tribunal de Enjuiciamiento, dice textualmente: “Campagnoli utilizó los recursos de la SIPE, a su cargo, con fines ajenos a su función. El informe que realizó la SIPE respecto de diferentes cruces de llamados poca relación tiene con la supuesta investigación sobre extorsión (a Elaskar) que decía estar investigando. Por el contrario, el cruzamiento de llamadas y las hipótesis presentadas por el propio fiscal Campagnoli parecen destinados a aportar elementos de descargo para los expedientes disciplinarios que ya estaban en curso, fines ajenos a la actividad funcional de esa secretaría y representa una investigación irregular sobre el trabajo de los letrados”.

El sentido es claro. La SIPE hace investigaciones para identificar a personas que hayan cometido delitos que fueron denunciados como cometidos por NN. Lo que se sostiene en la acusación es que Campagnoli utilizó la SIPE para “una investigación irregular sobre el trabajo de letrados”; en otras palabras, que realizó inteligencia sobre abogados particulares. Y eso también será parte del enjuiciamiento contra el fiscal, por abuso de autoridad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-247237-2014-05-28.html

Macri, la Comisión Investigadora y el 57



Miércoles, 04 de Junio de 2014 22:17 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)

¿No es un acto de corrupción usar los recursos del Estado para espiar a las personas?

 La vicejefa de gobierno porteño afirmó: con respecto a la situación judicial del Jefe de gobierno porteño que la causa "fue armada y no fue una causa corrupción.


La vicejefa de gobierno porteño afirmó con respecto a la situación judicial del Jefe de gobierno porteño que la causa "fue armada y no fue una causa corrupción.


¿No es un acto de corrupción usar los recursos del Estado para espiar a las personas?. La vicejefa de gobierno porteño afirmó "la diferencia entre Boudou y Macri, primero no es una causa de corrupción y "la mayoría de la gente creyó que era una causa armada sino no lo hubiera avalado con el 64 por ciento de los votos".


La vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal en dialogo con el periodista Marcelo Zlotogwiazda señaló que que hay que avanzar con el juicio político del vicepresidente Amado Boudou al mismo tiempo que minimizó la causa de las escuchas ilegales por la cual está procesado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

La Vicejefa sostiene con respecto a la situación judicial del Jefe de gobierno porteño que la causa "fue armada y no fue una causa corrupción".

Desde ese criterio agegó: "Yo sé y me consta como fue que se armó esa causa, cuales son los elementos y nosotros hicimos todo lo que creímos que tensamos que hacer y pedimos lo mismo para Boudou. Nos sometimos a la legislatura, nos sometimos a una comisión investigadora, el jefe de gobierno fue y presento todas las explicaciones; se presentó a la justicia y después de eso ganó una elección, sin ser una causa de corrupción".

Sin embargo la definición de la la Real Academia Española contradice a Vidal.

Corrupción implica: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores".

Vidal agregó: "la mayoría de la gente creyó que era una causa armada sino no lo hubiera avalado con el 64 por ciento de los votos".


Para la Cámara Federal, Mauricio Macri integró una asociación ilícita que hacía inteligencia. La sentencia de los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah sostiene que Macri "conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido".

Los mismos jueces a los que se refería Laura Alonso la semana pasada: "Estos camaristas "todavía no han hecho nada para acusarlos", con respecto a la situación del vicepresidente Amado Boudou y la causa Ciccone.

Alonso, en entrevista con Jorge Lanata expresó su confianza en los camaristas, al mismo tiempo que señaló: "Alertemos a toda la ciudadanía, por supuesto que les conozcamos como vos estás haciendo la cara a los camaristas, pero no acusándolos; porque en este momento, todavía no han hecho nada para acusarlos y solo que sepan que hay un apoyo masivo". Dejando en el aire una frase de tono amenazante...

La Diputada Laura Alonso había echado a correr por Twitter el rumor de que pretendían apartar de la causa Ciccone al juez Lijo. No permitamos que aparten al juez Lijo de la causa #Ciccone. Sería la impunidad de #Boudou. La operación está en marcha RT".

Frente a los rumores desde Tribunales desmintieron que la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah esté analizando apartar al juez Ariel Lijo de la causa Ciccone.


Audio 4 de junio de 2014




Qué dijo Michetti sobre Boudou




Causa Escuchas por la cual está procesado Macri






Macri investigado por un delito grave

Gabriela Cerruti en el programa de Rolando Graña sobre el procesamiento de Macri 20/05/2014





LO SABIAS??? Mauricio Macri - Procesado

Fuente Radio nacional 21 de Marzo de 2013






RAE definiciones corrupción

1. f. Acción y efecto de corromper.

2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito.

3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces.

4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

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PARA SABER


Constitucion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CAPITULO DECIMOCTAVO - Función pública

Artículo 56 Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.

Artículo 57 Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la Administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la Administración, será separado sin más trámite.
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LaPistaOculta/GN
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/la-falsa-pista/item/5491-%C2%BFno-es-corrupci%C3%B3n-usar-los-recursos-del-estado-para-espiar-a-la-gente?.html

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Jueves, 16 de diciembre de 2010 | Hoy

EL PAIS › LA COMISION INVESTIGADORA POR LAS ESCUCHAS EN EL GOBIERNO PORTEÑO PRESENTO SU INFORME FINAL

Un camino abierto al juicio político


El informe elaborado por los legisladores coloca a Macri como el “principal responsable” de las escuchas ilegales y también recomendaron la “renuncia inmediata” del ministro Montenegro. En la sesión de hoy pedirán el juicio.



Por Werner Pertot
El informe final de la comisión investigadora especial de las escuchas ilegales (CIE) dejó abierto el camino hacia el juicio político de Mauricio Macri y de varios funcionarios PRO. Los investigadores plasmaron en la argumentación las razones para juzgar al procesado jefe de Gobierno como “principal responsable” de lo ocurrido y dejaron en manos del pleno de la Legislatura la decisión de si iniciarán o no el juicio. El legislador de Proyecto Sur Fabio Basteiro, el del MST Marcelo Parrilli y la de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti adelantaron que pedirán que se inicie el proceso, que deberá ir a la Sala Acusadora. El bloque PRO va a rechazar todo en la sesión prevista hoy para discutir el informe.

La totalidad de la oposición porteña –incluye a doce bloques que van del kirchnerismo al espacio de Francisco de Narváez– consensuó un único informe, mientras que el PRO presentó el suyo (ver aparte). Los opositores advirtieron que los hechos investigados “no integran un conjunto de sucesos aislados, no son simples errores administrativos o políticos ni son el resultado de contingencias adversas”. “Se trata de un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno transmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración”, advirtieron.

Remarcaron que la gestión de Macri se caracterizó por no dejar “huellas” de las decisiones y que importa “solucionadores de problemas llave en mano”, en alusión a Jorge “Fino” Palacios. “Donde había opacidad aumentó la oscuridad, donde se reclamaba asunción de responsabilidades se precipitó su fuga”, describieron. Las conclusiones recorren las compras secretas de la Metropolitana, el caso de las escuchas, las desmentidas diplomáticas de Estados Unidos, la “dilapidación de recursos” en chalecos antibala fallidos o blindajes para autos que luego debieron modificar y le apuntan a Macri en forma directa:

1 “El titular del Poder Ejecutivo es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema de decisiones políticas”.

2 “El titular del Poder Ejecutivo es quien ha quebrantado permanentemente los pactos de verdad y responsabilidad y el principio de prudencia que, por su jerarquía, estaba obligado más que nadie a cumplir. El Poder Ejecutivo no puede y no debe mentir sistemáticamente”.

3 “Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han consentido fenómenos de corrupción en la utilización de cargos públicos para fines privados”. Además, indicaron que “han realizado encubrimiento negando accesibilidad a la información sobre cuestiones relevantes antes, durante el estallido de la crisis y en el marco del proceso de investigación”.

4 Tanto Macri como sus funcionarios “han sido negligentes en la formulación de políticas públicas”, “se han empeñado en omitir deberes que la ley impone desarrollar”, “han resultado ineptos para llevar adelante tareas que las leyes establecían” y “han resultado ineficaces”.

En el informe final de la CIE recomendaron promover la “renuncia inmediata” del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, “y la reformulación de la cúpula policial”, modificar la Ley de Seguridad para reglamentar que la elección del jefe de la policía sea con acuerdo parlamentario y que la cúpula de la Metropolitana se elija por concurso.

Sobre el juicio político a Macri, advirtieron que la CIE no tenía que decidir sobre este aspecto, sino mostrar a la ciudadanía lo que ocurrió en el gobierno porteño con el paso de Ciro James y la creación de la Metropolitana. “El juicio político remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria”, indicaron. Los opositores discutieron hasta el filo del plazo de entrega del informe si iban a pedir o no el juicio. Había partidarios de no hacerlo, para no mezclar el juzgamiento con la campaña electoral y otros que consideraban que debía iniciarse aunque el PRO cuenta con cuatro legisladores de más para bloquear cualquier acusación.

Finalmente, optaron por que la decisión se tome en el recinto. Alcanza con que un legislador pida el juicio para que se deba conformar la Sala Acusadora. Página/12 contó, por lo menos, tres que tienen pensado hacerlo. Parrilli en sus recomendaciones advirtió que irá por el juicio político de Macri porque “no hay dudas de que incurrió en la causal de mal desempeño” al crear la Metropolitana, que fue “conformada como un cuerpo de inteligencia con un perfil represivo”. También pedirá la remoción inmediata de la cúpula de la policía porteña. Por su parte, Basteiro afirmó que “hay un nivel de responsabilidad directa del jefe de Gobierno en la estructuración de un aparato ilegal con elementos del Estado, hubo ineficacia y voluntad política de compartir una fuerza de seguridad de la democracia con el oficialato de la dictadura”. “Voy a recomendar el juicio político a Macri porque todo lo que comprobamos es causal de acusación”, sostuvo la secretaria de la CIE, Gabriela Cerruti. La definición llegará en la sesión de hoy, que promete ser turbulenta.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158755-2010-12-16.html


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Jueves, 16 de diciembre de 2010 | Hoy
EL PAIS
Los números de la CIE



- 34 sesiones tuvo la CIE entre el 27 de agosto y el 3 de diciembre. Tenía plazo hasta ayer para entregar el informe final, con las recomendaciones.

- 17 integrantes la formaron, cinco del macrismo y 12 de la oposición.

- 53 cuerpos tiene la investigación completa, que fue entregada con el informe final. Incluyen la causa judicial que investiga Norberto Oyarbide.

- 48 testigos desfilaron por la Legislatura. Entre ellos, Montenegro y Burzaco, las víctimas de las escuchas ilegales, los funcionarios macristas vinculados a la contratación de Ciro James, y parte de la cúpula de la Metropolitana. Macri faltó dos veces, pese a que se había comprometido a ir.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/158755-50947-2010-12-16.html

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Jueves, 16 de diciembre de 2010 | Hoy
CULOS PSICOLOGIA DEPORTES UNIVERSIDAD CONTRATAPA
EL PAIS › EL MACRISMO SACO SU PROPIO DICTAMEN
“La oposición no encontró elementos”


A contramano de sus pares de la oposición, el dictamen que emitió el bloque del PRO que formó parte de la comisión investigadora especial (CIE) de la Legislatura porteña no encontró a Mauricio Macri responsable por ninguno de los hechos por los que está procesado en la Justicia. En sus conclusiones, el macrismo no se corrió una coma de los lineamientos que sostuvo desde el principio: que la causa fue armada y direccionada por el gobierno nacional, que no se le puede imputar a Macri ningún lazo con el espía Ciro James, que el espionaje ilegal funcionó montado sobre la estructura de la SIDE y que no hubo irregularidades en la conformación de la Policía Metropolitana.

“La oposición no encontró elementos para vincular a Macri y para justificar su derrota política deja abierto el camino para habilitar el juicio político”, se quejó a Página/12 el macrista Martín Ocampo. En tanto, el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, aseguró que rechazarán “cualquier pedido” de enjuiciamiento, a pesar de que en su momento ellos mismos lo solicitaron.

Más de 300 páginas conforman el dictamen del PRO, en el que concluyen que se buscó “perjudicar a un dirigente opositor por medio de un aceitado dispositivo de hostigamiento político-judicial”, en referencia a Macri. Sostienen que el jefe de Gobierno no es “pasible de reproche penal o político alguno”, y que su participación en una asociación ilícita para realizar tareas de espionaje “no se encuentra avalada por ninguna prueba, ya sea documental o testimonial, por lo que carece de absoluto sustento fáctico y jurídico, tornándose una acusación falsa”. Además, alabaron la creación de la Policía Metropolitana que según el PRO se convirtió en un “botín político” y defendieron sus compras y contrataciones. Entre sus recomendaciones, pidieron a la presidenta Cristina Kirchner que remueva al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y se eleve una solicitud al Consejo de la Magistratura para que revise la labor del juez Oyarbide.

Informe: Gabriel Morini.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/158755-50948-2010-12-16.html

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Viernes, 17 de diciembre de 2010 | Hoy


EL PAIS › EL MACRISMO FRACASO EN SU INTENTO DE MANDAR A ARCHIVO LOS CARGOS DE LOS LEGISLADORES DE LA OPOSICION CONTRA EL JEFE DE GOBIERNO
Verano con pedido de juicio político pendiente

Como consecuencia del informe elaborado por la comisión investigadora de las escuchas ilegales, tres legisladores pidieron el juicio político a Macri. Luego del fracaso del macrismo por frenarlos, se debatirán en marzo de 2011.




Por Werner Pertot
Se presentaron tres pedidos de juicio político a Mauricio Macri en la Legislatura, como consecuencia del informe final de la comisión investigadora especial de las escuchas ilegales (CIE). El PRO intentó forzar una votación para archivarlos, pero fracasó. Los dictámenes serán tratados recién en marzo del año que viene, cuando se reanuden las sesiones. Los macristas hicieron lo imposible para evitarle al procesado jefe de Gobierno pasar un verano con el juicio pendiente: primero no dieron quórum, después bajaron al recinto a hacer un escándalo, pero los opositores se retiraron y los dejaron solos. Antes, el presidente de la CIE, Martín Hourest, había planteado que “el informe señala la inapelable responsabilidad de Macri. Le corresponde la responsabilidad central”.

La sesión estaba citada para dar a conocer los dos informes de la oposición y del macrismo. Confiados en las diferencias que existen entre los adversarios de Macri sobre la conveniencia de iniciar o no el proceso de remoción del jefe de Gobierno, el PRO se jugó a archivar la iniciativa de inmediato. Desde la oposición, advirtieron que los pedidos de juicio deben ser remitidos en forma directa a la Sala Acusadora, que está compuesta por 45 legisladores (26 opositores, 19 macristas), para iniciar el proceso. Hourest explicó que cuando votaron la Constitución el radical Hipólito Orlandi lo redactó así para evitar que un acuerdo de bloques mayoritarios trabara pedidos de juicio de los minoritarios.

Contra esa opinión, el vicepresidente primero, Oscar Moscariello, tiene pensado enviar los dictámenes a la Comisión de Asuntos Constitucionales –que controla el PRO– para que se traten allí y luego sea votado en el recinto si se inicia o no el juicio.

Con quórum propio

Como adelantó Página/12, tres legisladores presentaron pedidos de juicio político: Fabio Basteiro, de Proyecto Sur; Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, y Marcelo Parrilli, del MST. Los tres tomaron los fundamentos del informe final de la CIE. En tanto, la Coalición Cívica probablemente presente un pedido de juicio al ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, al comienzo del año que viene.

Sobre la hora de inicio de la sesión, el bloque PRO amenazó con no dar quórum si los otros bloques no aceptaban que se votara el archivo del juicio político ese mismo día. Los macristas armaron una conferencia de prensa para denunciar un “golpe institucional”, pero en ese mismo momento los opositores reunieron quórum propio y empezaron la sesión. La presidió el vicepresidente segundo Julio Raffo, de Proyecto Sur.

Durante cerca de una hora, las bancas del PRO estuvieron vacías, mientras los opositores señalaban la responsabilidad política de Macri en las escuchas ilegales y en la creación de la Metropolitana. Como presidente y miembro informante del dictamen de mayoría, el primero en hablar fue Hourest. Aclaró que no había nada que votar en la sesión y pasó a reseñar el informe. El legislador de Igualdad Social denunció una “estrategia de bloqueo institucional de los que provocaron la crisis, que llamaron a la desobediencia civil a los testigos. Fue el jefe de Gobierno el que convocó a deslegitimar esta comisión”.

“El Ejecutivo generó la crisis institucional y no asume la responsabilidad: nadie sabía quién era Ciro James, qué hacía antes Palacios, ni tampoco los antecedentes de los oficiales de la Metropolitana”, planteó Hourest, que describió “el silencio, el ocultamiento y la destrucción de documentos” como las formas en que el PRO enfrentó el escándalo de las escuchas. Sobre el texto de la renuncia de Palacios advirtió que “pone al borde de la denuncia penal a Montenegro, que dijo que no existía el texto, en otras intervenciones dijo que era más corto y luego apareció un texto que dijo reconocer. Allí hubo encubrimiento”. En la renuncia –difundida por Página/12–, Palacios decía que había decisiones de la Metropolitana “reñidas con la ley”.

Desembarco con escándalo

“El bloque macrista se ausenta porque no puede hacerse cargo de las responsabilidades de su jefe. Es vergonzante que no puedan estar presentes y debatir”, cargó el jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro. “A Macri nadie lo obligó a elegir a Palacios. Lo que encontramos habilita el juicio político”, anunció. Lo siguió Parrilli, quien advirtió que “el PRO pide archivar hoy el pedido de juicio que presenté. Debe ser enviado por el vicepresidente primero a la Sala Acusadora. Si no lo hace, está cometiendo el delito de violación de los deberes de funcionario público y deberá responder por eso. El juicio político se va a tener que hacer”.

A las 18.47 bajaron en tromba los macristas, que hasta ese momento estaban en el salón Eva Perón, detrás del recinto. “Quiero hacer una pregunta: ¿qué tema estamos tratando?”, chicaneó de entrada el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien exigió que se habilitara el tratamiento sobre tablas. Es el paso previo para votar el archivo de los pedidos de juicio político. Acto seguido, Martín Borrelli exigió que le dieran el tiempo al bloque PRO para exponer sus argumentos. “Gracias, diputado. Continúa hablando Parrilli”, le contestó Raffo, y se encogió de hombros. Los opositores aplaudieron y Hourest acotó que “el acuerdo implicaba que dieran quórum y estuvieron escondidos detrás de la puerta”.

“¡No pudieron con Soldati y quieren hacer el juicio político ahora!”, lanzó Ritondo, que insistió con que se votara. Raffo hojeó el reglamento, miró al secretario parlamentario en busca de ayuda. “Si no, hablamos cada uno de lo que se nos ocurre y con el tiempo que queramos. Hoy es piedra libre”, amenazó Ritondo, mientras los macristas gritaban a coro:

–¡Podés hablar cien minutos! –propuso Borrelli.

–¡No hay reglamento! –se sumó el macrista Fernando de Andreis.

Raffo, nervioso, dijo: “Decreto un cuarto intermedio”. En realidad, se tenía que votar. Y se levantó a hablar con los jefes de bloque.

Retirada

Luego de unos minutos de discutir a los gritos, volvieron al recinto sin acuerdo. “Esta sesión tenía un solo objetivo: debatir el informe. No nos vamos a prestar a los desmanes con los que terminó la sesión pasada”, dijo el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, en alusión a la visita de Horacio Rodríguez Larreta, que concluyó con los macristas en un amague de irse a las manos.

–¡Decí que Carrió va por el juicio político! –le gritó el macrista Martín Ocampo, como toda respuesta.

“No nos vamos a prestar a un nuevo escándalo. Nos retiramos, ya que no hay nada que votar”, dijo Sánchez. Hourest coincidió. Diego Kravetz, de la bancada peronista, intentó salvar la sesión y le pidió al bloque PRO que expusieran su informe, pero le contestaron con más chicanas. Al unísono, los opositores se levantaron y se fueron. Sin Raffo, los macristas se quedaron solos, a los gritos y con Ocampo presidiendo los jirones de lo que fue la sesión.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158815-2010-12-17.html


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Archivo | Politica
La Comisión Investigadora sólo será opositora
Por Redacción Noticias Urbanas / 12 de agosto 2010
Los legisladores de la Ciudad aprobaron la creación de la Comisión Investigadora Especial que indagará las responsabilidades políticas de Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales. El PRO votó en contra porque se le concedieron 5 espacios y recurrirá a la Justicia. La oposición se mantuvo unida durante toda la jornada. Los pedidos de Juicio Político y licencia se archivaron.

A las cinco de la tarde de este jueves, en el mismo instante que Mauricio Macri comenzaba una conferencia de prensa en Bolívar 1, los legisladores de la Ciudad comenzaron la Sesión Ordinaria en la que se aprobó la creación de la Comisión Especial Investigadora con los votos afirmativos de los bloques opositores (36). El PRO sostuvo su advertencia y votó en contra de la iniciativa, dando una pelea discursiva en el debate en particular.

Casi a las 11 de la noche, tras más de una hora de discusión, los legisladores aprobaron -tal como figuraba en el despacho de mayoría- los artículos de creación y objeto de la Comisión Investigadora, siendo éste último muy discutido por el bloque macrista. El artículo tercero, la integración de la Comisión, fue inspirador de acaloradas argumentaciones en las que el oficialismo volvió a acusar a la oposición de "propiciar" un golpe institucional.

Cada quien con su decisión llegaron al recinto y por más que el PRO intentó e intentó convencer a la oposición, más no sea, a través del discurso, nada cambió. Comenzó un nuevo día y la discusión continuó igual.

La sesión tuvo un cuarto intermedio de treinta minutos en el que se trató de acercar posiciones, sin embargo, las posturas fueron inflexibles y la integración de la Investigadora se mantuvo tal como figuraba en el despacho de Asuntos Constitucionales que leyó su autor, Diego Kravetz: 5 legisladores PRO y un representante de cada uno de los bloques restantes.

En un manotazo de ahogado, el presidente del bloque PRO pidió un nuevo cuarto intermedio, pero esta vez de 72 horas, hasta una sesión especial el día martes, pero obtuvo una categoríca derrota en los votos opositores. Tal como lo anunciará en los días previos, dejó ver que llevarán este tema a la Justicia.

Según lo votado, la Comisión tendrá como función "investigar la responsabilidad que le pueda caber al Jefe de Gobierno, ministros y demás funcionarios del gobierno de la ciudad, sobre todo en lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento, sea en sus aspectos políticos, administrativos o económicos, así como los hechos investigados en la causa judicial Nº 12.466/2009 autos caratulados ?James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos? que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, y de hechos conexos que, sin ser objeto de reproche penal, fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la ciudad de Buenos Aires".

Para la realización de la investigación la comisión contará con las más amplias facultades y podrá solicitar al Cuerpo y a las Comisiones todas las medidas necesarias para hacer conducente la pesquisa. Podrá solicitar información, documentación y peritajes al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de la Ciudad, así como recibir declaración de sus autoridades, funcionarios y empleados; podrá también recibir declaración de particulares y damnificados y efectuar toda otra diligencia probatoria que sea necesaria para su contenido.

El plazo de trabajo de la Comisión tendrá como fecha límite el 15 de diciembre y cada integrante podrá emitir sus recomendaciones.

Como se tenía previsto, además, los legisladores aprobaron de manera unánime el pedido de remisión de la Causa Judicial a la Legislatura; y, aprobaron con los 36 votos opositores la invitación al Jefe de Gobierno a presentarse ante los legisladores porteños el próximo 24 de agosto. También, pero con menos votos, se archivaron el pedido de Juicio Político y el pedido de licencia del Jefe de Gobierno.

EL DEBATE PREVIO

Una hora después de que se trataran algunos temas de la Labor prevista comenzó el debate esperado, donde cada bloque tuvo un espacio de tiempo determinado para expresar sus pareceres.

El primer bloque en manifestarse fue Proyecto Sur. Fabio Basteiro, su presidente, fue el primer orador. en su turno sostuvo: ?Nosotros hemos tratado de discutir en forma abierta. Por eso renunciamos a uno de esos cargos y le dimos la oportunidad al PRO de que sume uno más. Queremos avanzar con una Comisión Investigadora. Ratificamos el pedido del expediente y ratificamos el pedido de que Mauricio Macri se presente en esta Casa.

Julio Raffo, fue designado por su bloque para insistir en el pedido de licencia de Macri, afirmó: "Todo nuestro bloque está subordinado al principio de inocencia, y nuestro pedido nada tiene que ver con vulnerar esa garantía?.

Delia Bisutti, última en hablar por PSur, dijo: "Nos manejamos con mucha responsabilidad desde el momento en el que el Juez Oyarbide se expidió por primera vez. Antes de que la Cámara ratificara el procesamiento ya pedíamos que Mauricio Macri se presentara ante esta cámara?.

La Coalición Cívica manifestó su postura a través de Fernando Sánche y Diana Maffia. "Esta legislatura debe abocarse a resolver y conformar la mejor herramienta para tratar con esta crisis institucional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. El Juicio Político será rechazado por improcedente. No le han dado la mínima garantía, no lo acusan de nada y no se de qué se puede venir a defender", dijo el presidente del bloque.

En su oportunidad, Diego Kravetz, presidente del bloque Peronista, aseguró: "Planteamos hace tiempo la necesidad de investigar la causa de las escuchas y sus consecuencias políticas en la Ciudad. Nuestro objetivo fue encontrar un ámbito institucional para dilucidar la verdad. Nos pareció un enorme error de macri de planteara el juicio politico express que busco garantizarse impunidad. No es lo mismo ser impune que ser inocente, zafar de un juicio no es lo mismo que no ser culpable, por eso insistimos en este ámbito de la Comisión".

"Yo le pediría al bloque del PRO que revea la no participación en la comisión. Si buscan tener una mayoría para tapar algo no la van a conseguir, porque hay un número importante mayoritario representante del pueblo dispuesto a investigar. Es casi un 30 por ciento para el PRO, a diferencia del Proyecto Sur y la Coalición Cívica que aceptan tener menos del porcentaje que le correspondería", agregó.

Eduardo Epszteyn, por el bloque Diálogo por Buenos Aires, argumentó: "Tenemos un Jefe de Gobierno que es un supuesto delincuente, mas allá de que se enojen los diputados del PRO. Es un presunto delincuente y no lo digo yo, sino que lo dice el código procesal de la Nación". "La oposición no precisa lijar a este Jefe de Gobierno, se lija solo", sentenció

Juan Cabandié por Encuentro Popular para la Victoria, sostuvo que la decisión del bloque macrista de no participar en la Comisión Investigadora Especial, cuya creación es debatida en la sesión ordinaria del Parlamento, incurrirá en una ?falta gravísima de institucionalidad?. ?Si no la integran, entonces asuman los costos porque hay una sociedad que está reclamando que se eche luz sobre este escándalo?, finalizó

A su turno, Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) invitó a Mauricio Macri a presentarse en el recinto. "Ya que hace una o dos conferencias por semana, se puede tomar tiempo para venir a dar explicaciones". "Estos diputados estamos tratando de encausar esta crisis institucional para poder explicarle a la sociedad lo que está pasando", añadió.

En tanto, su compañero de bloque, Gonzalo Ruanova, puso énfasis y deslegitimó la iniciativa del PRO que propone el juicio político a Mauricio Macri.

Las palabras opositoras continuaron, reforzando conceptos ya escuchados.

El turno PRO llegó y a través de Martín Ocampo, Cristian Ritondo y Martín Borrelli, se sostuvo la posibilidad del Juicio Político y la acusación a la oposición de buscar rédito con la situación.

MANIFESTACIONES.

Una manifestación desató una discusión inesperada en la que fue una sesión maratónica. Durante sus minutos de exposición el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo realizó una confusa acusación sobre el ex legislador y hoy presidente del Partido Justicialista en la Ciudad, Juan Manuel Olmos. Sus palabras quedaron a medias, producto del tiempo limitado, y tras su turno se escucharon las voces en defensa de Olmos de Martín Borrelli, Cristian Ritondo, Alejandro García, Helio Rebot y Álvaro González (por el PRO) y Diego Kravetz y Silvina Pedreira (por el bloque Peronista). Los legisladores defendieron y resaltaron el nombre de Juan Manuel Olmos y pidieron copia de la versión taquigráfica para extenderla al ex legislador.

LOS EXPEDIENTES QUE SE TRATARON SON:

Despacho Nº 0499/10: Comisión de Asuntos Constitucionales. Resolución: solicitar copia de la Causa Judicial nº 12.466/2009. (Exp. 1129-D-10 y agreg., Diputado Epszteyn)

Despacho Nº 0497/10: Comisión de Asuntos Constitucionales. Despacho de mayoría: Declaración: invitación al Sr. Jefe de Gobierno a participar en el debate de la próxima sesión ordinaria en los términos del art. 277 del Reglamento. Despacho de minoría: Resolución: Archivo. (Exp. 1221-D-10 y agreg., Diputados Cerruti y Ruanova).

Despacho Nº 0496/10: Comisión de Asuntos Constitucionales. Resolución: creación en el ámbito del Poder Legislativo de la comisión investigadora de los hechos de espionaje ilegal en la Ciudad. (Exp. 1298-D-10 y agreg., Diputado Kravetz). Tiene disidencia parcial.

Despacho Nº 0498/10: Comisión de Asuntos Constitucionales. Despacho de mayoría con disidencia parcial: Resolución: Archivo. Despacho de minoría: giro de actuaciones a Vicepresidencia 1ª para que intervenga la Sala Acusadora de juicio político. (Exp. 1262-D-10 y agreg., Diputado Parrili).

Despacho Nº 0500/10: Comisión de Asuntos Constitucionales. Despacho de mayoría: Resolución: Archivo. Despacho de minoría: Declaración: solicitar que el Jefe de Gobierno pida licencia a su cargo hasta que se dicte sentencia firme en la causa en que se encuentra procesado. (Exp. 2039-D-10, Diputado Hourest)


http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/d37e4aca1759b9de02df33f499e45439/


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Juicio politico a Macri (05/03/14)
Pulicado en 5 marzo, 2014 p

Artículo 1º. Fórmese causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.

Art. 2º. A fin de cumplir lo dispuesto en el art. 1º, convócase a la Sala Acusadora para el mismo día y a la misma hora de la semana siguiente a la sesión de aprobación de esta ley, para designar su Presidente y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el art. 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura, debiendo la presidencia proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

Art. 3º. Comuníquese, etc.

Fundamentos
Sra. Presidenta:

Como es de notorio y público conocimiento, el viernes 26 de abril de 2013, durante varias horas, la Policía Metropolitana llevó adelante un operativo de represión ilegal y brutal en el Hospital de Salud Mental “José T. Borda”.

El operativo policial tuvo un carácter claramente ilegal, porque dicha fuerza de seguridad armada no contaba con ninguna orden judicial para derribar del Taller Protegido Nº 19 del Borda como lo hizo.

Muy por el contrario, el inicio de las obras de construcción del Centro Cívico “Siglo XXI” en dicho predio hospitalario se encontraba suspendido por una medida cautelar. El jefe de gobierno Mauricio Macri, su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro, y Ud. misma, Sra. vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, faltaron a la verdad en forma pública y reiterada al sostener que la Policía Metropolitana intervino en el Borda con autorización judicial. Lo mismo repitió el ministro Montenegro en la interpelación realizada en esta Legislatura en la sesión especial del pasado sábado 27 de abril de 2013.

Ese carácter abiertamente ilegal del operativo policial lo confirman las dos resoluciones dictadas en la misma tarde de aquel viernes 26 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, firmadas por los jueces Fernando Juan Lima y Mabel Daniele:

1. Sobre el amparo solicitado por Marcelo Frondizi, delegado de ATE de Talleres Protegidos, la Cámara planteó que “no puede dejar de advertirse que el proceder adoptado por la demandada (el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe (artículo 27 del CCAyT).

“Así, resulta adecuado recordar que la potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivarse…”

“De acuerdo con estas pautas, la conducta aquí desplegada… no puede considerarse meramente negligente, sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones recaídas en autos. Más allá de las particularidades y complejidades del caso, el entramado fáctico y procesal resulta claro en cuanto a la pendencia de resolución en torno al conflicto trabado, lo cual muestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado, que más allá de los agravias que habría causado conforme a las noticias de público conocimiento, implica un inaceptable desconocimiento de la jurisdicción de esta sala.”

La consiguiente resolución del Tribunal ordenó “al GCBA que se abstenga de adoptar cualquier conducta que implique una alteración, reforma o instalación de nuevas estructuras de cualquier índole en el sitio en donde se encontraba el edificio en donde funcionara originalmente el taller protegido Nº 19, como así también cualquier medida que afecte los derechos de los pacientes del hospital José Tiburcio Borda.” y les impuso sanciones económicas de 20.000pesos cada uno a al jefe de gobierno, a su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y a su Procurador General Julio Conte Grand.

2. Sobre el amparo solicitado por los Diputados María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, los jueces señalaron que “el GCBA ha llevado a cabo una conducta que contraviene lo resuelto por este tribunal el 28 de diciembre de 2012″ y reiteran que “debe mantenerse la suspensión del decreto 121/12 hasta tanto esta sala se expida respecto del recurso de apelación interpuesto”.

Intentando justificar el operativo en cuestión, Macri y los demás miembros del Poder Ejecutivo argumentaron una y otra vez que la policía había ido a reprimir “un delito”, pero queda claro que el único delito en el Hospital Borda fue el cometido por ellos mismos al violar la medida cautelar vigente.

Además de ilegal, como lo pudo ver el país entero en directo, la represión de la Policía Metropolitana fue brutal en varios aspectos:

1. Con palazos, balazos de goma y gases resultó herido más de medio centenar de personas, enfermeras, médicos y otros trabajadores del Hospital, pacientes del mismo, trabajadores de varios medios de prensa, una Defensora del Pueblo adjunta y varios Diputados de esta Ciudad, entre los que me incluyo.

2. A pesar de que los Diputados nos identificamos con nuestros carnets como tales ante la policía, demandamos si existía alguna orden judicial e intentamos conversar con alguna autoridad para resolver la situación, igualmente fuimos reprimidos de manera violenta. En mi caso, fui gaseado en los ojos con gas pimienta, golpeado a la vez por cuatro policías, arrojado contra un árbol y hasta hubo un disparo de bala de goma que rozó mi sien derecha, lo cual indica que los efectivos disparaban a la cabeza. Otros Diputados y Diputadas también resultaron agredidos, como Fabio Basteiro, Rafael Gentili, María Rachid y algunos más, así como la Defensora del Pueblo adjunta Graciela Muñiz.

3. A pesar de que el Taller Protegido 19 ya había sido completamente derrumbado más temprano, previa quema de objetos que había adentro por parte de la policía, desde las 10 horas en adelante la represión prosiguió al menos durante otras dos horas más, lo cual demuestra la voluntad política de Macri de pasar por arriba de las cautelares y reprimir para mostrar ante la sociedad una acción ejemplificadora frente a los reclamos sociales.

4. Existen numerosos casos de personal policial que insultó, amenazó y provocó en reiteradas oportunidades a los que nos encontrábamos presentes en el hospital, trasgrediendo inclusive cualquier protocolo de procedimiento policial vigente.

5. Fueron detenidas ocho personas, tres de ellas mujeres, y algunos mientras estaban sentados o en actitudes no agresivas.

6. En forma inédita, la represión policial fue ejercida no sólo al interior de un hospital público, sino nada menos que en uno de salud mental, en donde hay centenares de pacientes cuyo padecimiento psiquiátrico los pone en una obvia situación de riesgo. Tan es así que varios de ellos deambulaban sin rumbo por el parque en medio de los balazos. Asimismo, durante y después del violento operativo -y también en otros pabellones al verlo por televisión- numerosos pacientes mostraron signos de alteración como producto del mismo. En un hospital, que es para cuidar y curar, han lastimado cuerpos y mentes.

En síntesis: el ministro Chaín ordenó avanzar a como sea con el derrumbe del Taller 19 del Hospital Borda; el ministro Montenegro es la cabeza directa de la Metropolitana que allí reprimió en forma salvaje; el Procurador Conte Grand convalidó irregularmente dicha imposición, y el jefe policial Horacio Giménez y el subjefe Enrique Pedace condujeron el violento operativo, en tanto que el principal responsable político de todo este accionar ilegal es el mismo: el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.

Semejante accionar no está desligado de la propia naturaleza de la actual Policía Metropolitana, que no ha sido creada como un cuerpo para cuidar la seguridad ciudadana, respetuosa de los principios democráticos y con carácter esencialmente preventivo, sino como una fuerza represiva de choque para imponer las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad. En ese sentido, la reciente y repudiable represión en el Hospital Borda tiene a nuestro juicio una vinculación directa con la cuestión de “El Fino” Palacios y el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.

Macri y su Metropolitana: de las escuchas telefónicas a la represión en el Borda, ambas ilegales

Más allá de lo que se opine sobre el juez Norberto Oyarbide y sobre la existencia o no de maniobras políticas y judiciales, el procesamiento de Mauricio Macri puso de relieve la cuestión de las escuchas, el rol de Ciro James, de Jorge A. Palacios y la conducción de la PM. El jefe de gobierno está procesado por presunta asociación ilícita en la causa que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secr. 13 (Exp. Nº 12.466/09), por la que también están procesados -entre otros- Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky y Ciro James, agente de inteligencia y ex asesor del anterior.

Dicho procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que desestimó la apelación presentada por Macri. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró improcedente la queja presentada por Macri y dejó firme el procesamiento. El fiscal Jorge Di Lello ha solicitado hace algunas semanas el requerimiento de elevación a juicio oral y público, pedido que debe resolver el juez Sebastián Casanello que actualmente lleva la causa.

En los actuados se comprobó la existencia y montaje de una red de espionaje destinada a realizar tareas de inteligencia sobre ciudadanos: testigos de la causa AMIA, legisladores, empresarios e incluso parientes del propio Macri. El montaje de dicha red ilegal tiene origen y está íntimamente asociado, a nuestro modo de ver, a la estructura de mandos de la PM. La razón central de los problemas radica en su composición: sus niveles de conducción están mayormente ocupados por personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Federal durante la dictadura militar instalada en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Independientemente de que la causa penal por presunta asociación ilícita termine avanzando o no al juicio oral y público, a nuestro criterio sigue pendiente de un análisis exhaustivo por parte de esta Legislatura una cuestión insoslayable: la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en tan graves hechos.

En ese sentido, apenas conocidos los acontecimientos, en mayo de 2010 nuestro bloque fue el primero en presentar formalmente, a través del diputado Marcelo Parrilli, el proyecto de juicio político a Macri (Exp. Nº 1262-D-2010, 18/5//10. El mismo sentido tuvo mi primer proyecto (Exp. Nº 1.315-D-2012, 21/5/12), así como el siguiente (Exp Nº 1.085-D-2013, 29/4/13). El presente proyecto guarda coherencia con esos planteos.

Desde su creación por la Ley 2.894 el 28 de octubre de 2008, la Metropolitana mostró una serie de irregularidades que evidencian que dicha fuerza, lejos de garantizar una seguridad “democrática”, “comunitaria”, “preventiva” y “de proximidad con los vecinos” se ha convertido en una nueva versión de la Federal, vinculada a hechos de represión y corrupción. En la Ciudad hace falta un cuerpo de seguridad totalmente distinto, respetuoso de los principios democráticos, para la prevención y no para la represión, cuya cúpula no venga de la dictadura, cuyos comisarios sean electos por voto popular y tengan carácter revocable, cuyo accionar sea controlado por los vecinos y los organismos de derechos humanos, y cuyos efectivos tengan derecho a sindicalizarse.

En su momento nuestra fuerza votó en contra de la ley antes citada, en tanto que el Frente para la Victoria la votó a favor junto con el bloque del PRO. Es importante recordar que al momento de aprobarse la ley de creación de la PM era sabido, y así se denunció en la propia sesión, que Macri iba a nombrar a “El Fino” Palacios. También merece nuestra crítica el voto favorable del Interbloque K a la Ley 4.473, rechazada por nosotros y aprobada el 20 de diciembre de 2012 como parte del pacto PRO-K, para vender el ex Mercado del Plata y destinar esos fondos a la obra del Centro Cívico de Macri. Si bien el art. 4 no menciona al Hospital Borda, el texto establece que “el producido de la venta será ingresado a las partidas correspondientes con destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad en el sur de la Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo”. Y era sabido de sobra que el “requerimiento” de Macri para su megaproyecto era utilizar el predio de los Talleres Protegidos del Hospital Borda.

En cuanto a la PM, el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal Proveniente de Otras Fuerzas de Seguridad, creada por la Ley 3.255, firmado por toda la oposición, señaló: “Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”.

Quienes integraron el aparato represivo de la dictadura genocida no pueden permanecer en ninguna fuerza armada o de seguridad, hayan o no cometido delitos. Esto se funda en elementales razones de concepción democrática, ética pública e idoneidad imprescindibles para ejercer un cargo en una fuerza policial, así como en normas internacionales al respecto.

Dejando de lado esos principios democráticos, en su momento el jefe de gobierno designó en la conducción de la Metropolitana a oficiales provenientes de la Federal de la dictadura, incluso pese a los alertas previos. Así ocurrió con la designación como máximo jefe de la PM de “El Fino” Palacios, quien luego tuviera que renunciar a su cargo a partir de su procesamiento en una causa judicial vinculada al atentado a la AMIA. Macri lo designó y lo defendió como “el mejor policía del mundo”, aun a sabiendas de que estaba involucrado en dicha causa. “El Fino” también había sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su intervención en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y había sido dado de baja de la Federal por su ligazón a personas involucradas en el secuestro de Axel Blumberg.

Algo similar sucedió con el Subjefe de la PM, Osvaldo Chamorro, desplazado de su cargo por haber realizado tareas de inteligencia. A su vez el comisionado Carlos A. Roncatti, ex comisario de la Federal, tuvo que renunciar a la Metropolitana a partir de la denuncia por su intervención en la represión a los obreros de Brukman, en abril de 2003. Entre otros, también debió renunciar el comisionado Miguel Ángel F. Colombo, otro ex comisario de la Federal, vinculado al cobro de coimas en tres prostíbulos. El mismo día de los hechos del Borda otro comisionado de la PM, Ricardo Raúl Ferrón, ex integrante de la tristemente célebre área de Inteligencia llamada “Coordinación Federal” bajo la dictadura, debió ir a declarar como imputado como autor material de los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña en el Parque Indoamericano.

En su art. 47 inc. g, la Ley 2.894 prohíbe que miembros que pertenezcan a las Fuerzas Armadas puedan integrar la PM. Sin embargo, Macri dictó el Decreto 210/09 que lo habilita a incorporar personal proveniente de las FF.AA. en “la primera estructura de los mandos medios”. No obstante, de la información brindada el 25 de enero pasado por el Ministerio de Justicia y Seguridad se desprende que 186 efectivos de la Metropolitana provienen de las FF.AA. y que el 72% de ellos (135) está ubicado en los rangos operativos: oficial y oficial mayor. Macri también envió a efectivos de la PM a hacer cursos de antiterrorismo y espionaje en la ILEA (Internacional Law Enforcement Academy), en El Salvador, nuevo nombre de la vieja “Escuela de las Américas” en donde se entrenaban los militares durante la dictadura.

Semejante matriz de conformación de la conducción de la PM, junto a la contratación de un espía para supuestas tareas en el Ministerio de Educación que nunca lograron definir, dan como resultado el funcionamiento de una estructura que desarrolló probadas tareas ilegales de inteligencia y represión. Por acción u omisión, en tanto máximo representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri tiene una evidente responsabilidad política en esos hechos.

Existe un mismo hilo conductor entre los hechos ilícitos de las escuchas y la violenta represión en el Borda. Se trata de la misma Policía Metropolitana, creada para espiar y para reprimir. Y se trata también del mismo responsable político fundamental: Mauricio Macri. Por todo lo expuesto, y consecuentes con nuestro proyecto presentado en abril del 2013 bajo Exp. Nº 1.085-D-2013, lo volvemos a presentar porque el jefe de gobierno debe responder por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a través del mecanismo institucional de juicio político.



http://alejandrobodart.com.ar/2014/03/05/juicio-politico-macri-050314/
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Pedido de Juicio Politico a Macri (21/05/12)
Pulicado en 21 mayo, 2012 por alejandro

Proyecto de Resolución

Artículo 1º. Fórmese causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.

Art. 2º. A los efectos de cumplimentar lo establecido en el art. 1º, convócase a la Sala Acusadora para el día 31 de mayo a las 11 horas para la designación de su Presidente y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el art. 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura, debiendo la Presidencia proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

Art. 3º. Comuníquese, etc.

Fundamentos

Sra. Presidenta:

Más allá de lo que se opine sobre la conducta del juez Norberto Oyarbide y sobre la existencia o no de maniobras políticas y judiciales, el procesamiento del jefe de gobierno Mauricio Macri vuelve a poner de relieve la cuestión de las escuchas telefónicas ilegales, el rol de Ciro James, de Jorge Alberto “El Fino” Palacios y la conducción de la Policía Metropolitana.

El jefe de gobierno está procesado por presunta asociación ilícita en la causa que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13 de esta Ciudad, bajo expediente Nº 12.466/09, por la que también se encuentran procesados -entre otros- Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky y Ciro James, agente de inteligencia y ex asesor del anterior. Dicho procesamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.

En los actuados se ha comprobado la existencia y montaje de una red de espionaje destinada a realizar tareas de inteligencia sobre distintos ciudadanos: testigos de la causa AMIA, legisladores, empresarios e incluso parientes del propio jefe de gobierno.

El montaje de dicha red ilegal tiene origen y está íntimamente asociado, a nuestro modo de ver, a la estructura de mandos de la Metropolitana. La razón central de los problemas generados radica en su composición: sus niveles de conducción se encuentran mayormente ocupados por personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Federal, habiéndose desempeñado en ella durante la dictadura militar instalada en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Independientemente de que la causa penal por presunta asociación ilícita termine avanzando o no al juicio oral y público, a nuestro criterio sigue pendiente de un análisis exhaustivo por parte de esta Legislatura una cuestión insoslayable: la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en tan graves hechos.

En ese sentido, apenas conocidos los acontecimientos, en mayo de 2010 nuestro bloque fue el primero en presentar formalmente, a través del diputado Marcelo Parrilli, el proyecto de juicio político a Macri mediante Exp. 1262-D-2010. El presente proyecto guarda coherencia con el planteo que sostuvimos en aquel momento.

Desde el inicio de su creación mediante la Ley 2.894, la Metropolitana mostró una serie de irregularidades que evidencian que dicha fuerza, lejos de garantizar una seguridad “democrática”, “comunitaria”, “preventiva” y “de proximidad con los vecinos” se ha convertido en una nueva versión de la Policía Federal, vinculada a hechos de represión y corrupción. Nuestra fuerza votó en contra de dicha ley, en tanto que el Frente para la Victoria la votó a favor junto con el PRO.

A su vez, el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal Proveniente de Otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana, formada en cumplimiento de la Ley 3.255, suscripto por toda la oposición, señaló: “Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”.

Quienes integraron el aparato represivo de la dictadura genocida no pueden permanecer en ninguna fuerza armada o de seguridad, hayan o no cometido delitos. Esto se funda en elementales razones de concepción democrática, ética pública e idoneidad imprescindibles para ejercer un cargo en una fuerza policial, así como en normas internacionales al respecto.

Dejando de lado esos principios democráticos, en su momento el jefe de gobierno designó en la conducción de la Metropolitana a oficiales provenientes de la Federal de la dictadura, incluso pese a los alertas previos a la propia creación de la policía local. Para corroborarlo, basta leer la versión taquigráfica de la sesión del 28 de octubre de 2008.

Así ocurrió con la designación como máximo Jefe de la Metropolitana de “El Fino” Palacios, quien luego tuviera que renunciar a su cargo a partir de su procesamiento en una causa judicial vinculada al atentado a la AMIA. Macri lo designó y lo defendió como “el mejor policía del mundo”, aun a sabiendas de que Palacios estaba involucrado en dicha causa. “El Fino” también había sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su intervención en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y había sido dado de baja de la Federal por su ligazón a personas involucradas en el secuestro de Axel Blumberg.

Algo similar sucedió con el Subjefe de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, desplazado de su cargo por haber realizado tareas de inteligencia. Asimismo el comisionado Carlos Alberto Roncatti, ex comisario de la Federal, tuvo que renunciar a la Metropolitana a partir de la denuncia pública de su intervención en la represión a los obreros de Brukman, en abril de 2003. Entre otros, también debió renunciar el comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo, otro ex comisario de la Federal, vinculado al cobro de coimas en tres prostíbulos.

Semejante matriz de conformación de la conducción de la Policía Metropolitana, en sintonía con la contratación de un espía para tareas en el Ministerio de Educación que nunca lograron definir, dan como resultado el funcionamiento de una estructura que desarrolló probadas tareas ilegales de inteligencia. Por acción u omisión, en tanto máximo representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri tiene una evidente responsabilidad política en estos hechos.

Por todo ello, debe responder por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a través del mecanismo institucional de juicio político

http://alejandrobodart.com.ar/2012/05/21/pedido-de-juicio-politico-a-macri-210512/

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Proyecto de resolución: juicio político a Macri (29/03/13)
Pulicado en 30 abril, 2013

COMISIONProyecto de Resolución

Artículo 1º. Fórmese causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.

Art. 2º. A fin de cumplir lo dispuesto en el art. 1º, convócase a la Sala Acusadora para el día 9 de mayo a las 11 horas para designar su Presidente y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el art. 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura, debiendo la presidencia proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento.



Art. 3º. Comuníquese, etc.

Fundamentos

Sra. Presidenta:

Como es de notorio y público conocimiento, el pasado viernes 26 de abril, durante varias horas, la Policía Metropolitana llevó adelante un operativo de represión ilegal y brutal en el Hospital de Salud Mental “José T. Borda”.

El operativo policial tuvo un carácter claramente ilegal, porque dicha fuerza de seguridad armada no contaba con ninguna orden judicial para derribar del Taller Protegido Nº 19 del Borda como lo hizo.

Muy por el contrario, el inicio de las obras de construcción del Centro Cívico “Siglo XXI” en dicho predio hospitalario se encontraba suspendido por una medida cautelar. El jefe de gobierno Mauricio Macri, su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro, y Ud. misma, Sra. vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, faltaron a la verdad en forma pública y reiterada al sostener que la Policía Metropolitana intervino en el Borda con autorización judicial. Lo mismo repitió el ministro Montenegro en la interpelación realizada en esta Legislatura en la sesión especial del pasado sábado 27 de abril.

Ese carácter abiertamente ilegal del operativo policial lo confirman las dos resoluciones dictadas en la misma tarde del viernes 26 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, firmadas por los jueces Fernando Juan Lima y Mabel Daniele:

1. Sobre el amparo solicitado por Marcelo Frondizi, delegado de ATE de Talleres Protegidos, la Cámara planteó que “no puede dejar de advertirse que el proceder adoptado por la demandada (el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe (artículo 27 del CCAyT).

“Así, resulta adecuado recordar que la potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivarse…”

“De acuerdo con estas pautas, la conducta aquí desplegada… no puede considerarse meramente negligente, sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones recaídas en autos. Más allá de las particularidades y complejidades del caso, el entramado fáctico y procesal resulta claro en cuanto a la pendencia de resolución en torno al conflicto trabado, lo cual muestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado, que más allá de los agravias que habría causado conforme a las noticias de público conocimiento, implica un inaceptable desconocimiento de la jurisdicción de esta sala.”

La consiguiente resolución del Tribunal ordenó “al GCBA que se abstenga de adoptar cualquier conducta que implique una alteración, reforma o instalación de nuevas estructuras de cualquier índole en el sitio en donde se encontraba el edificio en donde funcionara originalmente el taller protegido Nº 19, como así también cualquier medida que afecte los derechos de los pacientes del hospital José Tiburcio Borda.” y les impuso sanciones económicas de 20.000pesos cada uno a al jefe de gobierno, a su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y a su Procurador General Julio Conte Grand.

2. Sobre el amparo solicitado por los Diputados María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, los jueces señalaron que “el GCBA ha llevado a cabo una conducta que contraviene lo resuelto por este tribunal el 28 de diciembre de 2012″ y reiteran que “debe mantenerse la suspensión del decreto 121/12 hasta tanto esta sala se expida respecto del recurso de apelación interpuesto”.

Intentando justificar el operativo en cuestión, Macri y los demás miembros del Poder Ejecutivo argumentaron una y otra vez que la policía había ido a reprimir “un delito”, pero queda claro que el único delito en el Hospital Borda fue el cometido por ellos mismos al violar la medida cautelar vigente.

Además de ilegal, como lo pudo ver el país entero en directo, la represión de la Policía Metropolitana fue brutal en varios aspectos:

1. Con palazos, balazos de goma y gases resultó herido más de medio centenar de personas, enfermeras, médicos y otros trabajadores del Hospital, pacientes del mismo, trabajadores de varios medios de prensa, una Defensora del Pueblo adjunta y varios Diputados de esta Ciudad, entre los que me incluyo.

2. A pesar de que los Diputados nos identificamos con nuestros carnets como tales ante la policía, demandamos si existía alguna orden judicial e intentamos conversar con alguna autoridad para resolver la situación, igualmente fuimos reprimidos de manera violenta. En mi caso, fui gaseado en los ojos con gas pimienta, golpeado a la vez por cuatro policías, arrojado contra un árbol y hasta hubo un disparo de bala de goma que rozó mi sien derecha, lo cual indica que los efectivos disparaban a la cabeza. Otros Diputados y Diputadas también resultaron agredidos, como Fabio Basteiro, Rafael Gentili, María Rachid y algunos más, así como la Defensora del Pueblo adjunta Graciela Muñiz.

3. A pesar de que el Taller Protegido 19 ya había sido completamente derrumbado más temprano, previa quema de objetos que había adentro por parte de la policía, desde las 10 horas en adelante la represión prosiguió al menos durante otras dos horas más, lo cual demuestra la voluntad política de Macri de pasar por arriba de las cautelares y reprimir para mostrar ante la sociedad una acción ejemplificadora frente a los reclamos sociales.

4. Existen numerosos casos de personal policial que insultó, amenazó y provocó en reiteradas oportunidades a los que nos encontrábamos presentes en el hospital, trasgrediendo inclusive cualquier protocolo de procedimiento policial vigente.

5. Fueron detenidas ocho personas, tres de ellas mujeres, y algunos mientras estaban sentados o en actitudes no agresivas.

6. En forma inédita, la represión policial fue ejercida no sólo al interior de un hospital público, sino nada menos que en uno de salud mental, en donde hay centenares de pacientes cuyo padecimiento psiquiátrico los pone en una obvia situación de riesgo. Tan es así que varios de ellos deambulaban sin rumbo por el parque en medio de los balazos. Asimismo, durante y después del violento operativo -y también en otros pabellones al verlo por televisión- numerosos pacientes mostraron signos de alteración como producto del mismo. En un hospital, que es para cuidar y curar, han lastimado cuerpos y mentes.

En síntesis: el ministro Chaín ordenó avanzar a como sea con el derrumbe del Taller 19 del Hospital Borda; el ministro Montenegro es la cabeza directa de la Metropolitana que allí reprimió en forma salvaje; el Procurador Conte Grand convalidó irregularmente dicha imposición, y el jefe policial Horacio Giménez y el subjefe Enrique Pedace condujeron el violento operativo, en tanto que el principal responsable político de todo este accionar ilegal es el mismo: el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.

Semejante accionar no está desligado de la propia naturaleza de la actual Policía Metropolitana, que no ha sido creada como un cuerpo para cuidar la seguridad ciudadana, respetuosa de los principios democráticos y con carácter esencialmente preventivo, sino como una fuerza represiva de choque para imponer las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad. En ese sentido, la reciente y repudiable represión en el Hospital Borda tiene a nuestro juicio una vinculación directa con la cuestión de “El Fino” Palacios y el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.



Macri y su Metropolitana: de las escuchas telefónicas a la represión en el Borda, ambas ilegales



Más allá de lo que se opine sobre el juez Norberto Oyarbide y sobre la existencia o no de maniobras políticas y judiciales, el procesamiento de Mauricio Macri puso de relieve la cuestión de las escuchas, el rol de Ciro James, de Jorge A. Palacios y la conducción de la PM. El jefe de gobierno está procesado por presunta asociación ilícita en la causa que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 7, Secr. 13 (Exp. 12.466/09), por la que también están procesados -entre otros- Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky y Ciro James, agente de inteligencia y ex asesor del anterior.

Dicho procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que desestimó la apelación presentada por Macri. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró improcedente la queja presentada por Macri y dejó firme el procesamiento. El fiscal Jorge Di Lello ha solicitado hace algunas semanas el requerimiento de elevación a juicio oral y público, pedido que debe resolver el juez Sebastián Casanello que actualmente lleva la causa.

En los actuados se comprobó la existencia y montaje de una red de espionaje destinada a realizar tareas de inteligencia sobre ciudadanos: testigos de la causa AMIA, legisladores, empresarios e incluso parientes del propio Macri. El montaje de dicha red ilegal tiene origen y está íntimamente asociado, a nuestro modo de ver, a la estructura de mandos de la PM. La razón central de los problemas radica en su composición: sus niveles de conducción están mayormente ocupados por personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Federal durante la dictadura militar instalada en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Independientemente de que la causa penal por presunta asociación ilícita termine avanzando o no al juicio oral y público, a nuestro criterio sigue pendiente de un análisis exhaustivo por parte de esta Legislatura una cuestión insoslayable: la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en tan graves hechos.

En ese sentido, apenas conocidos los acontecimientos, en mayo de 2010 nuestro bloque fue el primero en presentar formalmente, a través del diputado Marcelo Parrilli, el proyecto de juicio político a Macri (Exp. 1262-D-2010, 18/5//2010. El mismo sentido tuvo mi primer proyecto de juicio político a Macri (Exp. 1315-D-2012, 21/5/2012). El presente proyecto guarda coherencia con ambos planteos.

Desde su creación por la Ley 2.894 el 28 de octubre de 2008, la Metropolitana mostró una serie de irregularidades que evidencian que dicha fuerza, lejos de garantizar una seguridad “democrática”, “comunitaria”, “preventiva” y “de proximidad con los vecinos” se ha convertido en una nueva versión de la Federal, vinculada a hechos de represión y corrupción. En la Ciudad hace falta un cuerpo de seguridad totalmente distinto, respetuoso de los principios democráticos, para la prevención y no para la represión, cuya cúpula no venga de la dictadura, cuyos comisarios sean electos por voto popular y tengan carácter revocable, cuyo accionar sea controlado por los vecinos y los organismos de derechos humanos, y cuyos efectivos tengan derecho a sindicalizarse.

En su momento nuestra fuerza votó en contra de la ley antes citada, en tanto que el Frente para la Victoria la votó a favor junto con el bloque del PRO. Es importante recordar que al momento de aprobarse la ley de creación de la PM era sabido, y así se denunció en la propia sesión, que Macri iba a nombrar a “El Fino” Palacios. También merece nuestra crítica el voto favorable del Interbloque K a la Ley 4.473, rechazada por nosotros y aprobada el 20 de diciembre de 2012 como parte del pacto PRO-K, para vender el ex Mercado del Plata y destinar esos fondos a la obra del Centro Cívico de Macri. Si bien el art. 4 no menciona al Hospital Borda, el texto establece que “el producido de la venta será ingresado a las partidas correspondientes con destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad en el sur de la Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo”. Y era sabido de sobra que el “requerimiento” de Macri para su megaproyecto era utilizar el predio de los Talleres Protegidos del Hospital Borda.

En cuanto a la PM, el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal Proveniente de Otras Fuerzas de Seguridad, creada por la Ley 3.255, firmado por toda la oposición, señaló: “Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”.

Quienes integraron el aparato represivo de la dictadura genocida no pueden permanecer en ninguna fuerza armada o de seguridad, hayan o no cometido delitos. Esto se funda en elementales razones de concepción democrática, ética pública e idoneidad imprescindibles para ejercer un cargo en una fuerza policial, así como en normas internacionales al respecto.

Dejando de lado esos principios democráticos, en su momento el jefe de gobierno designó en la conducción de la Metropolitana a oficiales provenientes de la Federal de la dictadura, incluso pese a los alertas previos. Así ocurrió con la designación como máximo jefe de la PM de “El Fino” Palacios, quien luego tuviera que renunciar a su cargo a partir de su procesamiento en una causa judicial vinculada al atentado a la AMIA. Macri lo designó y lo defendió como “el mejor policía del mundo”, aun a sabiendas de que estaba involucrado en dicha causa. “El Fino” también había sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su intervención en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y había sido dado de baja de la Federal por su ligazón a personas involucradas en el secuestro de Axel Blumberg.

Algo similar sucedió con el Subjefe de la PM, Osvaldo Chamorro, desplazado de su cargo por haber realizado tareas de inteligencia. A su vez el comisionado Carlos A. Roncatti, ex comisario de la Federal, tuvo que renunciar a la Metropolitana a partir de la denuncia por su intervención en la represión a los obreros de Brukman, en abril de 2003. Entre otros, también debió renunciar el comisionado Miguel Ángel F. Colombo, otro ex comisario de la Federal, vinculado al cobro de coimas en tres prostíbulos. El mismo día de los hechos del Borda otro comisionado de la PM, Ricardo Raúl Ferrón, ex integrante de la tristemente célebre área de Inteligencia llamada “Coordinación Federal” bajo la dictadura, debió ir a declarar como imputado como autor material de los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña en el Parque Indoamericano.

En su art. 47 inc. g, la Ley 2.894 prohíbe que miembros que pertenezcan a las Fuerzas Armadas puedan integrar la PM. Sin embargo, Macri dictó el Decreto 210/09 que lo habilita a incorporar personal proveniente de las FF.AA. en “la primera estructura de los mandos medios”. No obstante, de la información brindada el 25 de enero pasado por el Ministerio de Justicia y Seguridad se desprende que 186 efectivos de la Metropolitana provienen de las FF.AA. y que el 72% de ellos (135) está ubicado en los rangos operativos: oficial y oficial mayor. Macri también envió a efectivos de la PM a hacer cursos de antiterrorismo y espionaje en la ILEA (Internacional Law Enforcement Academy), en El Salvador, nuevo nombre de la vieja “Escuela de las Américas” en donde se entrenaban los militares durante la dictadura.

Semejante matriz de conformación de la conducción de la PM, junto a la contratación de un espía para tareas en el Ministerio de Educación que nunca lograron definir, dan como resultado el funcionamiento de una estructura que desarrolló probadas tareas ilegales de inteligencia y represión. Por acción u omisión, en tanto máximo representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri tiene una evidente responsabilidad política en esos hechos.

Existe un mismo hilo conductor entre los hechos ilícitos de las escuchas y la violenta represión en el Borda. Se trata de la misma Policía Metropolitana, creada para espiar y para reprimir. Y se trata también del mismo responsable político fundamental: Mauricio Macri. Por todo lo expuesto, el jefe de gobierno debe responder por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a través del mecanismo institucional de juicio político.


http://alejandrobodart.com.ar/2013/04/30/proyecto-de-resolucion-juicio-politico-macri/

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Juicio Político a Macri: ¿se puede?, ¿se debe?
Mendieta Por Mendieta, el 18 de julio de 2010. | Email:mendietaelrenegau@gmail.com


Parece una pregunta tonta. Bueno: lo es. Claro que se puede, más aún luego de la confirmación del procesamiento dispuesto contra Mauricio, iniciarle un juicio político.

Pero empecemos por el principio: acá vamos a escribir sobre si es posible hacerlo o no y cómo se inicia un Juicio Político y casi nada diremos sobre si se debe hacerle juicio político. Esa es una posición, ja, política, y para saber nuestra opinión deberán esperar hasta el final de este post que –sin lugar a dudas- va a entrar en el top five de los posteos más embolantes del mundo. Si el derecho es de por sí medio aburrido, ni te cuento lo que son los reglamentos parlamentarios.

Hasta este momento, casi todos los representantes de la oposición se han pronunciado a favor de la conformación de una Comisión Investigadora Especial (en adelante CIE) que evalúe y profundice (¿?) las responsabilidades en torno del caso de las escuchas ilegales, y hacia ese sentido parecen dirigidas las acciones en la Legislatura.


Algunos legisladores plantean que la CIE es la única opción posible y que no puede intentarse el camino del juicio político al Jefe de Gobierno, en virtud de la composición política del Poder Legislativo de la Ciudad. En criollo: no dan los números.

La pregunta es: ¿Es verdad?

Veamos algunos aspectos concretos del procedimiento de Juicio Político. En los sistemas unicamerales, como el de la Ciudad, el poder legislativo se divide a través de un sorteo en dos partes. La Sala Acusadora (45 miembros) es la que decide iniciar el juicio político y acusar, y equivale a la función que cumple la Cámara de Diputados de la Nación, en este procedimiento. En su seno funciona la Comisión Investigadora de Juicio Político (en adelante CIJP) –de carácter permanente- que equivale a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La Sala Juzgadora (15 miembros) sería el reflejo del Senado de la Nación, y cumpliría su función una vez iniciado el juicio político.

Pero el punto que quiero resaltar es el siguiente. Cualquier diputado puede presentar un proyecto solicitando que se inicie la investigación sobre la posible causal de mal desempeño o comisión de delito doloso, y para ello no requiere ninguna mayoría especial. Una vez presentado el proyecto, debe ser girado a la CIJP de la Sala Acusadora -prevista en el artículo 93 de la Constitución de la CABA. Allí, los 13 diputados que la integran, deberán avocarse a su estudio y establecer con amplias facultades de investigación –de acuerdo a lo que establece su propio reglamento, hoy vigente- si hay elementos para elevar a la Sala Acusadora un dictamen que solicite el inicio del juicio político.

Y es la Sala Acusadora, y no el plenario de toda la Legislatura, la que debe decidir con una mayoría de al menos 30 de sus 45 integrantes, si corresponde acusar. Y entonces, recién ahí, comenzaría el juicio político propiamente dicho, con la suspensión provisoria del acusado en sus funciones.

Insistimos: la Comisión Investigadora Especial que algunos legisladores pretenden crear, está contemplada en el artículo 83 inc. 2 de la Constitución local. Pero previamente debe ser creada por el pleno de la legislatura para comenzar a funcionar y para ello se necesita la mayoría simple de los diputados presentes. Sus decisiones, luego del largo derrotero que insuma la investigación, no serán vinculantes. Dos ejemplos históricos son: la CIE de Lavado de Dinero, que funcionó en el ámbito del Congreso Nacional; y la CIE de Cromañon, en el ámbito local. Esta última investigó previamente el caso referido, emitió un dictamen recomendando el giro del expediente a la CIJP y recién después empezó el camino que culminó con la destitución del Jefe de gobierno de aquel entonces.

Ya sé, es un lío: las dos se llaman Comisiones Investigadoras. Pero son dos cosas diferentes. Y de esta diferenciación necesaria pueden desprenderse caminos con implicancias políticas variadas. Ejemplos: a) La legislatura podría optar por investigar el caso que involucra a Mauricio Macri a partir de la creación de una CIE (con el número de legisladores que decidan integrarla, incluso con una posible mayoría macrista) y luego de finalizada dicha investigación avocarse a la evaluación del inicio de un juicio político en el seno de la CIJP. Hay que destacar que si bien la legislatura puede hacerlo de este modo, el primer paso no es condición para llegar al Juicio Político; los dictámenes que de aquella surjan no serían vinculantes.

b) Otra posibilidad sería que los legisladores, uno o varios, optasen por iniciar una investigación en el seno de la CIJP (que ya cuenta con un Reglamento interno que le otorga amplias facultades para eso) que desembocara en uno o varios dictámenes que propongan, o no, la acusación. En este supuesto, la Sala Acusadora en pleno, con sus 45 diputados, debería decir qué hacer. Para acusar e iniciar el juicio político, repito, requiere el voto afirmativo de 30 diputados, no 40 como suele escucharse o leerse por ahí. Actualmente los legisladores del PRO en esta Sala son 19. Pero te quiero ver con el proceso iniciado. Ahí hay que tomar lista todos los días.

Dos cosas para terminar este embole:

1. Señores legisladores de la oposición: La CIPJ todavía no ha sido integrada. Sus 13 miembros deben ser designados, en función de la proporcionalidad política, por la Sala Acusadora. Un rápido conteo arroja como resultado que el PRO contaría tan solo con 5 o 6 diputados y no lograría garantizarse el quórum propio que le permita un manejo autónomo del desarrollo de la investigación en esa estratégica Comisión.

2. Todo muy lindo, dirán, pero: ¿Usted dice que hay que hacerle Juicio Político a Macri o no? Señora, señor, vecina, vecino: vio como somos los populistas. Adonde nos apuran un poquito nomás, sacamos a relucir que la soberanía primera y última está en el voto popular y que lo que nos gusta es ganar elecciones y no votaciones de comisión. Para eso están los republicanos, tan amigos de los intersticios de las bibliotecas jurídicas. Pero ojo: también sabemos meternos ahí cuando queremos. Y, volviendo al principio: se trata de una decisión política de los legisladores. Y acá no hay ninguno.


http://artepolitica.com/articulos/juicio-politico-a-macri-%C2%BFse-puede-%C2%BFse-debe/

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