Lo que circula por los medios

4 de enero de 2015

Escenario sin la clausula Rufo - “Utilizan la cuestión financiera como campo de batalla”




Domingo, 04 de enero de 2015

ECONOMIA › AXEL KICILLOF ALERTO SOBRE LAS INTENCIONES POLITICAS DETRAS DE LOS ATAQUES DE LOS FONDOS BUITRE CONTRA ARGENTINA Y BRASIL
“Utilizan la cuestión financiera como campo de batalla”
Tras vencer la cláusula RUFO, muchos especulaban con una pronta negociación entre Argentina y los fondos buitre en Nueva York. El ministro de Economía, en una entrevista de Página/12, advirtió sobre las intenciones políticas detrás de estos ataques y las relacionó con una reciente demanda del fondo Aurelius contra Petrobras. “Intentan provocar un descalabro en la región”, denunció.



Por Raúl Dellatorre
“Hay una estrategia más generalizada que está utilizando la cuestión financiera como campo de batalla contra determinados procesos políticos”, afirmó Axel Kicillof, ministro de Economía, en una entrevista exclusiva de Página/12, donde relacionó el reciente ataque que recibió Petrobras de parte del fondo buitre Aurelius, con la política ejecutada por estos grupos especulativos contra el país a lo largo de 2014. Sostuvo que no es casual y dudó que la intención de estos fondos sea llegar a un acuerdo para cobrar la deuda, pese a haber vencido la cláusula RUFO. Denunció el intento de provocar un descalabro financiero en la región y acusó a sectores internos de colaborar con esos intereses y de no cuestionar sus “prácticas mafiosas”.

También se refirió a la investigación de la AFIP sobre las cuentas de residentes argentinos en Suiza, por 3000 millones de dólares no declarados en el país. Indicó que puede ser “la punta del iceberg” para llegar a los 150 mil millones de dólares que se estima existen en el exterior y son de titulares argentinos que no las declararon. “Esa cuestión dejó de ser un mito, ahora se corporizó.”

–Vencida la cláusula RUFO, ¿qué se puede esperar ahora de la relación con los fondos buitre y la demanda en Nueva York?

–Antes de responderle permítame una observación. Hay una noticia de estos días que llama mucho la atención. Aurelius, uno de los fondos que está litigando contra Argentina en Nueva York, acaba de iniciar una demanda contra Petrobras, en tribunales de la ciudad de Providence, Rhode Island, de Estados Unidos, acusándola de falsear la información contable. En función de ello, y como tenedor de bonos emitidos por Petrobras bajo ley de Nueva York, pide la “aceleración” de los bonos (su amortización adelantada, con intereses), lo que equivale a arrastrar al default a la petrolera brasileña. Este paralelismo no es gratuito ni casual. El ataque simultáneo contra Argentina y Brasil está tratando de generar un descalabro financiero en la región. Hay una estrategia más generalizada que está utilizando la cuestión financiera como campo de batalla contra determinados procesos políticos. En el año que terminó trataron de llevar a la Argentina al default, quisieron hacer caer la reestructuración de deuda del año 2005. Ahora vemos cómo los mismos actores, Aurelius concretamente, aparecen atacando a Brasil. Estos episodios van a quedar en los anales de cómo se desarrolla una guerra sin armas, desde el terreno judicial y con objetivos políticos.

–¿Esto cierra los caminos a un acuerdo económico y obliga a pensar únicamente en una salida política?

–Es un proceso que lleva tiempo comprenderlo. Se inicia con la declaración de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos convalidando la decisión del juez Griesa, que todo el resto del mundo entiende como una interpretación mal intencionada de la cláusula del pari passu. Equivocada, en cuanto habilita a una porción ínfima, despreciable por su magnitud, de que acreedores realicen una ganancia exorbitante, en abierta desigualdad con los acreedores que adhirieron al canje, lo cual rompe toda igualdad de condiciones, el pari passu. A partir de ahí, se construye toda una falacia acerca de que si Argentina negocia o no negocia. Porque hay una realidad incontrastable: en 2001, Argentina afrontaba una deuda enorme, impagable, negociada en condiciones insostenibles que era imposible que no terminara en default. El juez Griesa y la Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo, les reconocen a los fondos buitre el derecho a cobrar lo mismo que figuraba como deuda en aquella época nefasta del país. A la vez, el juez impide que cobren los que adhieren al canje.

Yo me pregunto: los que en Argentina decían que había que ir a Nueva York y hacer lo que dice Griesa, Mauricio Macri concretamente, ¿qué dicen ahora? Porque ahora se ve que hubiera sido el error más grave que podía cometer Argentina. Gravísimo. Hubiéramos seguido con un juicio detrás de otro de los demás holdouts, a los que Griesa les hubiera reconocido igual derecho a cobrar el ciento por ciento. El juez municipal de Nueva York seguramente les hubiera dejado a los bonistas con la deuda reestructurada cobrar en esas circunstancias, pero Argentina no habría negociado una salida, sino acatado una resolución equivocada e injusta, y contra el pari passu, en perjuicio de los bonistas. Lo cual hubiera dado lugar a nuevas demandas.

Por eso creo que Argentina tomó en su momento una decisión acertada y valiente. Y a la vez, esto mostró la cara de los presuntos expertos que nos hubieran llevado a cometer un error tremendo, gravísimo y costoso, como ya ocurrió en otros momentos no tan lejanos en la historia.

–¿Argentina no se moverá de esa posición?

–Argentina demostró su vocación de pago. Ofreció una reestructuración por el ciento por ciento de su deuda y sólo quedó al margen el 7 por ciento, del cual los fondos buitre tienen una parte y pretenden realizar una ganancia del 1600 por ciento. Lo que decimos, desde una posición razonable y nada obstinada, es que queremos cumplir con todos pero en condiciones equitativas y sostenibles para el país.

–¿Qué se espera como respuesta?

–Lo más lógico sería esperar una reacción del sistema judicial norteamericano que cambie esta actitud de total intransigencia. Con respecto a los fondos buitre, les propusimos que acepten las condiciones del canje, que les representaría una ganancia del 300 por ciento. Lo que uno se pregunta a esta altura es si tienen voluntad de llegar a una solución o si su negocio es generar este ataque contra el país. Teniendo del otro lado a gente que se mueve de esta forma, no queda claro cuál es el objetivo.

También llama la atención la falta de reacción de algunos sectores internos con respecto a la actitud de los fondos buitre: tanta plata invertida para atacar al país, ¿no los escandaliza? Esta forma de actuar, de presionar, de atacar buscando por cualquier medio de someter al Gobierno para que le paguen, ¿no es extorsión, eso no es una práctica propia de la mafia?

–En cuanto al sector financiero, también se introdujeron cambios de orientación en materia de regulaciones y gestión. ¿Cómo evalúa los resultados?

–Fue un año muy intenso, en el que hemos logrado una normalización financiera en general, tanto en aspectos vinculados a relaciones externas como domésticas. El pago al Ciadi de las sentencias en firme, el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, el acuerdo con el Club de París, el swap con el Banco Popular de China son avances concretos en cuanto a la normalización de vínculos con el mundo. Además, hubo acuerdos con empresas de China para el financiamiento de proyectos de infraestructura de gran importancia para el país, como las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, o el ferrocarril Belgrano Cargas. En el plano interno, hemos podido restablecer la compra de moneda extranjera de particulares para tenencia, con 2450 millones de dólares vendidos en el año, y otros 600 millones que se vendieron para turismo. También fue importante el acuerdo alcanzado con las exportadoras cerealeras que garantizó el ingreso de 5700 millones de dólares en el ultimo trimestre del año.

En cuanto a los mecanismos de control, la nueva Carta Orgánica del Banco Central, como marco general, habilitó mayores regulaciones del sistema, pero también permitió fijar tasas máximas en el financiamiento de los bancos sobre los créditos personales y limitar los costos que pueden cargar los bancos a los clientes. El nuevo régimen posibilita el uso de instrumentos para una mejor protección del ahorrista.

También se avanzó mucho en vincular al sector financiero con la economía real, de la cual creían sentirse totalmente desligados. El plan que obliga a los bancos a destinar el 5 por ciento de los depósitos privados al crédito productivo fue muy exitoso. A eso agregamos el Fondear como instrumento de financiamiento productivo.

–Pero también hubo una acción directa, con mayor grado de participación de los organismos públicos, para frenar o castigar conductas ligadas a ataques especulativos o corridas cambiarias.

–Lo que hay que tener presente es que, cuando hay una corrida cambiaria, a quien perjudica, más que a todo el resto, es al ahorrista. Hay que recordar que cuando una corrida alcanza toda su intensidad, como la de 2001, es posible que hasta se pierdan los ahorros. Tradicionalmente, los instrumentos financieros han tenido el rol de canalizar el ahorro, ya sea para financiar la producción o el consumo. Pero lamentablemente pareciera que se hubiese naturalizado otro tipo de conducta y muchos hoy ya se resignaron a que el sector financiero se convirtió en otra cosa.

Esto no es solamente un problema argentino, sino que se discute a nivel mundial, por la tendencia a la especulación y la preferencia del sistema financiero por las operaciones de corto plazo y alta rentabilidad. Los fondos buitre también son parte de esta preocupación mundial como parte de un sistema de banca en la sombra, al margen de las regulaciones de los estados. En Argentina se avanzó mucho en la materia, con una mayor coordinación entre distintos organismos de control: UIF, Procelac, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, AFIP. Es un sector muy escurridizo y “creativo”, por la forma de operar y los distintos modos de hacer circular los activos líquidos. Muchas veces, más propenso a participar de ataques especulativos que a cumplir el rol de canalizar el ahorro.

–¿Evalúa que con lo hecho este año se logró disciplinar al sector financiero, o continúa el riesgo de maniobras y ataques especulativos?

–Es un frente muy dinámico, y no sólo localmente. Estados Unidos empieza con la crisis con los derivados financieros en 2008. En la primera etapa se discutía sobre la aplicación de las normas internacionales de control bancario. Hoy, en cambio, la preocupación de casi todos está en el funcionamiento de la banca en las sombras, al margen de toda regla, en los paraísos fiscales y a través de fondos de inversión que los utilizan para armar negocios especulativos. Encontrar cómo se combate es un aprendizaje permanente.

Nosotros tenemos el ejemplo de la AFIP, que cada vez está más vinculada a organismos de fiscalización de otros países para intercambiar información y combatir, de manera conjunta, delitos de evasión que se practican a escala mundial. Producto de ese trabajo, que se hace para detectar maniobras y capitales ocultos en guaridas fiscales, aparecen 3000 millones de dólares en 4040 cuentas en Suiza, en el HSBC, de residentes argentinos que no estaban declaradas ante el fisco nacional. Y es una información que a la Argentina se la proporciona la Justicia francesa, no una persona arrepentida. Eso es la punta de un iceberg, que puede tener que ver con los 150 mil millones de dólares ilegales que se calcula hay en el exterior de titulares argentinos. Con asombro, vemos que algunas editoriales de los medios de acá tratan a quienes serían los dueños de ese dinero no declarado como víctimas, cuando en realidad si hay sumas de tales proporciones no declaradas, es porque seguramente tienen un origen ilícito. Es una situación que no es nueva, que tiene su origen en gran medida en la última dictadura militar, con una Ley de Entidades Financieras que la facilitaba, y para algunos ya es una cuestión naturalizada esto de fugar la plata del país para no declararla.

Hay mucho trabajo por hacer. El tema ya se presentó a los tribunales y esperemos que ahora la Justicia haga su trabajo. Lo que está claro es que lo que para algunos era un mito urbano lo de los 150 mil millones de dólares afuera del país, ahora se corporiza.

–Cuando desde la oposición se habla de corrupción, generalmente estos temas no se mencionan. ¿Usted siente que es un problema cultural o hay una campaña de protección sobre estos sectores tan bien armada que terminan invisibilizando estos delitos?

–Me preocupa mucho la reacción de los medios sobre estos temas. Cuando aparece una denuncia de este tipo, siempre va a surgir inmediatamente otra denuncia que trata de vincular a un funcionario y se dice que lo anterior es una campaña para tapar esta otra. Después, va a haber alguien que lleve ese artículo periodístico a un juez que, sin otro elemento, libra un oficio contra el funcionario. Y detrás de ellos aparecen los fondos buitre que toman esa denuncia para hacer campañas de prensa contra el Gobierno. Es una especie de carrusel informativo en el que se vende varias veces lo mismo y sin sustento. En el caso de las cuentas en Suiza, se trata de hechos de corrupción privados, y sin embargo, hay un sesgo informativo, que a veces también puede ser judicial, de que si no hay un funcionario público involucrado, el hecho no merece atención o está justificado.


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-263208-2015-01-04.html



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mingo, 04 de enero de 2015

ECONOMIA › OPINION
Sin la RUFO






Por Alfredo Zaiat
Argentina no pisó el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers

(RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Esa autoexigencia incluida en esas dos operaciones financieras expiró el último día del año que acaba de terminar. No hubo negociación oficial luego de la convalidación por parte del Poder Judicial estadounidense del fallo del juez Thomas Griesa, sentencia con una interpretación inédita y extrema del principio pari passu (igual trato a los acreedores). En más de una ocasión, el Gobierno indicó que aceptaba el fallo aunque igualmente lo consideraba extravagante y que, pese a ello, pagaría la sentencia pero en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentable”. No hubo un repudio de Argentina al contrato de emisión de los bonos en default, reconocido como válido para el canje 2005 y 2010, y por lo tanto lo sigue siendo. Lo que se está discutiendo, antes de la RUFO y ahora sin esa limitación, es cuál será el costo del acuerdo con los fondos buitre. Como el resto del mercado financiero internacional entiende que se trata de una negociación por millones de dólares a partir del bloqueo dispuesto por Griesa, y no de un “default” por insolvencia o falta de voluntad de pago, las cotizaciones de los títulos públicos argentinos están cotizando por encima de los valores de julio pasado, cuando irrumpió en toda su dimensión la disputa con los fondos buitre.

Fueron seis meses con una intensa campaña externa y local para que el gobierno de CFK cayera en la trampa de la RUFO. La estrategia jurídica y política oficial pudo eludirla, con indudables costos económicos de corto plazo en el nivel de actividad doméstica por incertidumbre, expectativas negativas y una nueva corrida cambiaria. Tuvo el objetivo de evitar costos aún mayores de mediano y largo plazo porque con la RUFO en vigencia se hubiera habilitado desembolsos elevadísimos a los acreedores del canje que, según cálculos conservadores, alcanzarían de 120 a 200 mil millones de dólares.

Durante esos últimos meses de vigencia de la cláusula RUFO, y a partir de ahora con ese horizonte despejado, el mensaje que fluye desde las usinas de la city es que un acuerdo con los buitres beneficiaría a la Argentina en términos macroeconómicos. Es obvio que es mejor un acuerdo que seguir teniendo abierto un frente financiero hostil. La clave es definir cuál es el costo de ese acuerdo, recordando que los recursos involucrados serán transferencias de los contribuyentes argentinos (fondos del Estado obtenidos por impuestos o deuda que luego deberá pagarse) a protagonistas que están alterando el funcionamiento del sistema financiero global. El FMI, los grandes bancos internacionales y las Naciones Unidas, con más o menos énfasis, están preocupados por el accionar de los fondos buitre y plantean la necesidad de definir un marco de reestructuración de deudas soberanas para prevenir este tipo de litigios perturbadores.

La negociación, ahora sin la cláusula RUFO, no es sólo con los fondos buitre que obtuvieron el fallo favorable en los tribunales de Nueva York, sino que también se han ido incorporando otros buitres y holdouts. Ya no son los 1330 millones de dólares de la sentencia original, suma que se ha ido actualizando (hoy se ubicaría en unos 1700 millones). El cálculo más conservador incluyendo a los me too (acreedores que se presentaron en el juzgado de Griesa reclamando lo mismo por sus bonos en default) eleva ese monto a 6500 millones y hasta 25 mil millones con el total del 7,6 por ciento de los acreedores que no ingresaron al canje.

Existe una diferencia muy grande entre el valor nominal de la deuda en default más intereses caídos con la suma reclamada a partir del fallo Griesa. Este juez dispuso la obligación de pagarle a NML Capital Ltd y otros fondos de inversión (Aurelius y Blue Angel, entre otros) 1330 millones de dólares al contado por el valor nominal de los títulos más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos, diciembre de 2001. Pero ese monto tiene incluido una tasa judicial de indexación.

Por caso, el fondo buitre NML Capital Ltd (de Paul Singer), que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, había comprado los bonos argentinos después del default de 2001, pagando 48,7 millones de dólares por ellos, y ahora los tribunales neoyorquinos le reconoce el derecho de cobrar 832 millones de dólares por esos papeles. Suponiendo que los haya comprado al 25 por ciento de su valor, el nominal era de 194,8 millones de dólares, a lo que debe adicionarse los intereses caídos. ¿Cómo surge esa diferencia entre el valor nominal de los bonos más intereses con el monto definido por Griesa, exageradamente más elevado?

La respuesta se encuentra en los pre judgment y post judgment interest que el juez reconoció a los buitres.

Es un dato que rescató el economista Martín Vauthier, publicado en un post del blog “programación económica”. Esos intereses no son parte del contrato de emisión de los bonos en default, sino que son aplicados por los tribunales de Nueva York. El monto nominal de la deuda más los intereses devengados está indexado a una tasa del 9 por ciento anual desde el momento del incumplimiento, diciembre de 2001.

Vauthier, integrante del staff de economistas del Estudio Bein, explica que “esta tasa es parte de la legislación de Nueva York, y está fija desde los ochenta, cuando (Paul) Volcker luchaba en la Fed contra una inflación de dos dígitos. En esa época era razonable. Hoy, en un mundo de tasa cero y con inflación en Estados Unidos por debajo del 2 por ciento, parece un disparate”. Señala que este tipo de interés “convierte a la Justicia de Nueva York en una fenomenal inversión financiera, donde a veces hay incentivos a realimentar la industria del juicio”. Para concluir que “suena poco razonable suponer que un inversor pueda alzarse con ese monto inflado, además de seguir acumulando a una tasa de 9 por ciento anual simplemente por litigar, tasa respecto al valor nominal, ya que si se considerara el valor de mercado efectivamente pagado por Elliott la tasa de interés judicial sobre parte del monto sería superior al 35 por ciento anual”. La cláusula RUFO fue establecida para conseguir más adherentes al canje de deuda y está ligada al principio pari passu. El objetivo de ambas condiciones era garantizar la igualdad entre acreedores, locales o extranjeros, de grandes fondos o pequeños inversores. La RUFO fue una reafirmación del pari passu. Pero Griesa interpretó en forma extravagante el criterio de igual trato a los acreedores, al sentenciar que sólo se cumple si todos cobran sin importar que unos reciban más que otros. Ahora, sin la RUFO, se abre otra etapa en la negociación, donde se verá cuál será el incentivo para alcanzar un acuerdo. El Gobierno reconoce que recuperó iniciativa política a partir de la pelea con los buitres y, en un año electoral, es poco probable que abandone esa carta que tantos réditos le ha proporcionado, mientras que los buitres especulan con que un nuevo gobierno en 2016 puede ofrecerles una mejor propuesta. En general, quienes entienden de este tipo de negociaciones dicen que el beneficio de cumplir los contratos es bastante superior al de no hacerlo. Pero también señalan que en algunas ocasiones (por ejemplo, con la sentencia de Griesa) resulta complicado alcanzar un acuerdo, porque el costo del incumplimiento supera el del cumplimiento, ya sea para unos y otros.

Como en toda negociación, si existiera voluntad de las partes, las previsibles posiciones extremas del comienzo de las conversaciones deberían llegar a una instancia relativamente razonable, limpiando esa tasa de indexación judicial de los tribunales de Nueva York que ha elevado el monto a cancelar hasta niveles desproporcionados que inducen al incumplimiento de la sentencia. Los buitres deberán decidir si quieren seguir sumando dólares que no cobran a su cuenta gracias a esas tasas judiciales, o recibir un pago con una ganancia igualmente inmensa pero bastante menor al de la sentencia Griesa. Suma que a la vez el Gobierno evaluará aceptar según el momento político para cerrar el acuerdo que, en esta instancia del litigio ya sin la RUFO, se definirá sólo bajo las condiciones de si es justo y sustentable.

azaiat@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-263164-2015-01-04.html

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