Lo que circula por los medios

11 de marzo de 2015

Pedido declaración indagatoria a Magnetto, Noble Herrera y Mitre por papel Prensa




La Fiscalía acompañó los pedidos formulados hace años por las querellas
Pidieron la indagatoria de los acusados por el desapoderamiento de Papel Prensa

11.03.2015
El fiscal Leonel Gómez Barbella requirió las indagatorias de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Guillermo Juan Gainza Paz, Raymundo Pío Podestá y Bartolomé Luis Mitre por extorsión y persecución por motivos religiosos y políticos contra el Grupo Graiver.
El fiscal federal Leonel Gómez Barbella requirió hoy que se cite a prestar declaración indagatoria al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, al ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, a Guillermo Juan Gainza Paz y al ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá, en la causa en la que se investiga "el desapordamiento extorsivo" del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria.

"Esta Fiscalía ha analizado la prueba agregada hasta el presente, y no queda más que avanzar hacia las declaraciones de indagatorias que se solicitan", señaló el fiscal en su escrito, en el que asimismo remarcó: "Coincido plenamente con lo requerido por las querellas, tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –hace 5 años aproximadamente- como Lidia Papaleo –hace 2 años-, quien recordemos, durante el año 2014, al momento de reiterar las solicitudes de indagatorias, aportó un escrito suscripto por los fiscales generales, Jorge Auat, Alejandro Alagia y Guillermo Friele en este mismo sentido".

Gómez Barbella, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, acusó a los empresarios de "haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados" a la venta de las acciones de la principal empresa productora de papel del país y, en ese sentido, les imputó el delito de extorsión, en el marco del crimen internacional de persecución por motivos políticos y religiosos que, "por el modo y el contexto en el que fue cometido", se eleva a la categoría de crimen contra la humanidad.

"El momento central de la maniobra tuvo lugar el 2 de noviembre de 1976 cuando Isidoro Graiver, Lidia Papaleo [viuda de David Graiver], Juan Graiver, Eva Gitnacht, Orlando Benjamín Reinoso, Alfredo Abuin, el contador Hugo Bogani y el abogado Miguel de Anchorena concurrieron a las oficinas del diario La Nación en donde se encontraban, entre otros, Magnetto, Mitre, [el ex presidente de La Razón, Patricio] Peralta Ramos, [el abogado Manuel Benito] Campos Carlés y [el apoderado de Herrera de Noble, Bernardo] Sofovich", describió el fiscal.

"En esas circunstancias, el nombrado Magnetto realizó su aporte más evidente al hecho, consistente en apartar a Lidia Papaleo en un sector de la habitación, desde el cual la obligó a firmar los documentos de cesión de las acciones en su poder bajo la amenaza de muerte contra ella y su hija", precisó Gómez Barbella, y recordó que esa amenaza "se encontraba respaldada por los sucesos intimidatorios que la habían tenido por víctima en los meses anteriores y que Magnetto sólo podía conocer y usufructuar en virtud del acuerdo que lo unía con los funcionarios de la dictadura cívico militar".

A ese escenario, agregó el fiscal, se suma que "Peralta Ramos le aseguró a Rafael Ianover en una reunión esa misma tarde y como respuesta a una pregunta que le hiciera éste último, que nada le ocurriría ni a él ni a su familia en tanto firmara los documentos por los que se obligaba a ceder las acciones de Papel Prensa S.A. que ostentaba como testaferro de David Graiver".

Entre otros elementos de prueba, el fiscal citó una entrevista brindada por el ex secretario de Redacción del diario Clarín, Eduardo Durruty, quien aseguró que al momento de la muerte de Graiver, en agosto de 1976, se encontraba en la ciudad de Nueva York, y que allí recibió un llamado de Magnetto que le habría solicitado que corroborara la existencia de las acciones de la empresa que Graiver poseía en aquella ciudad: "Los diarios La Nación, Clarín y La Razón salieron corriendo a negociar con los militares, a ver si ellos podían comprar esas acciones. Necesitaban la autorización para comprarlas, porque las acciones eran de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo", citó Gómez Barbella la entrevista brindada por Durrutty al periodista Santiago Casado, que fue incorporada al expediente.

En la causa también se encontraban imputados los fallecidos dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, Peralta Ramos y Sofovich.


http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/pidieron-la-indagatoria-de-los-acusados-por-el-desapoderamiento-de-papel-prensa/

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Miércoles, 11 de Marzo de 2015 14:22 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Piden llamar a indagatoria a Magnetto, Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa


El pedido a indagatoria al CEO, a la dueña de Clarín, al propietario del diario La Nación y a Raymundo Juan Pío Podestá, entre otros, fue hecho por el titular de la Fiscalía Federal 5, Leonel Gómez Barbella en el marco de la apropiación de Papel Prensa en la dictadura.



El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió hoy la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.

Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación".

Allí argumenta que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble,utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".

Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

"Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión", concluye. La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos, con el agravante de que cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. Télam

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/item/6449-piden-llamar-a-indagatoria-a-magnetto-herrera-de-noble-y-bartolom%C3%A9-mitre-en-la-causa-papel-prensa.html

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Ver pedido de indagatoria


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Entrevista Lidia Papaleo
20100829



junio 2013
--------------  "A la opinión publica", fecha de 19 de Mayo de 1977 los diarios publican solicitada sobre la adquisición de Papel Prensa
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/item/6449-piden-llamar-a-indagatoria-a-magnetto-herrera-de-noble-y-bartolom%C3%A9-mitre-en-la-causa-papel-prensa.html
----------------------------------------------------------------- PARA TN UN FISCAL, NO LA JUSTICIA... TN POLÍTICA Papel Prensa: un fiscal pidió la indagatoria de accionistas de Clarín y La Nación El recién designado Gómez Barbella quiere que declaren Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Mitre. Miércoles 11 de Marzo de 2015 | 15:51 DESEMBARCO. El fiscal fue nombrado el 31 de diciembre de 2014.DESEMBARCO. El fiscal fue nombrado el 31 de diciembre de 2014. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz por la causa que investiga irregularidades en la compra de Papel Prensa. El fiscal que hizo el pedido llegó a la causa gracias a que el 31 de diciembre de 2014, el último fin de año, la Procuradora nombró 18 fiscales afines al Gobierno en todo el país. Gómez Barbella se desempeñaba como fiscal federal subrogante de Morón y después de esa designación de Alejandra Gils Carbó llegó a hacerse cargo de la causa Papel Prensa. En el concurso oral y escrito para ser fiscal titular había quedado en el undécimo puesto. Además, Gómez Barbella integra la agrupación judicial "Justicia Legítima", referenciada en Gils Carbó y afín a las políticas judiciales del Gobierno nacional. COMUNICADO DE LOS ABOGADOS DE LOS ACCIONISTAS DE CLARÍN Y LA NACIÓN El texto completo, firmado por los abogados Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo: Tal como el gobierno nacional se encargó de anticipar en los últimos días (a través de las presiones públicas de la propia Presidenta de la Nación, de cables de la agencia oficial Télam y de informes de Canal 7) el pedido de indagatoria contra los accionistas de los diarios Clarín y La Nación, por parte de un fiscal afín al oficialismo, no se hizo esperar. Todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa. Un expediente en el cual todo lo acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla. Es evidente que la estrategia oficial apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al gobierno. En pocos días, la Presidenta mencionó el caso Papel Prensa en una carta publicada en su Facebook, el oficialismo blandió enormes carteles en la Plaza del Congreso y la agencia Télam publicó un inverosímil cable -sin noticia alguna- para presionar desembozadamente a la justicia y anticipar los pasos del nuevo fiscal. De hecho, la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan. Sin explicación alguna, la procuradora desplazó al fiscal que venía actuando en la causa, evidentemente porque el objetivo oficial es que la misma avance en una dirección distinta a la que indican las pruebas del expediente. Luego de más de 4 años de investigación, que comenzaron con una conferencia de prensa de la presidenta el 24 de agosto de 2010, no se ha logrado recolectar ninguna evidencia que indique irregularidad alguna en la operación. En efecto, la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del gobierno con la evolución de la causa. El fiscal anterior –cuya designación sí era válida y no se encontraba vencida- consideró que no había elementos que ameritaran una declaración indagatoria, rechazando así la pretensión impulsada por otros miembros de Justicia Legítima que no eran parte en el proceso, como los fiscales Alagia, Auat y Friele, que fueron denunciados penalmente por ello. La falta de imparcialidad de la Procuradora en este tema se hizo explícita en numerosas ocasiones, incluyendo una exposición con referencias falaces e injuriosas a Papel Prensa en la audiencia pública sobre la ley de medios ante la Corte Suprema en 2013. En este caso se intenta reeditar una causa ya juzgada en democracia, en la cual la compra de la empresa por parte de los diarios no mereció objeción alguna. Incluso, el actual expediente se inició con declaraciones contradictorias de los propios denunciantes, que primero dijeron haber vendido detenidos y luego se desdijeron. El organizador de la denuncia fue el exsecretario Guillermo Moreno, quien actualmente se encuentra imputado en una causa penal por la recolección irregular de supuesto material para este caso, al pasar por alto la intervención del Poder Judicial. También en el transcurso de la causa quedó descartado -por el propio vendedor- que se haya pagado un precio incorrecto; se acreditó que la totalidad del mismo fue consignada judicialmente; que hubo negociaciones previas a la firma del contrato; que las detenciones de los Graiver se produjeron entre 4 y 7 meses después de la firma de la venta; y que el objeto de la operación era una planta industrial que no estaba en funcionamiento y que llevó casi 2 años y millones de dólares de inversión inaugurar. Asimismo quedó claro que la conformidad estatal con la operación era una obligación estatutaria de la empresa, lo que fue explicado por los diarios en una solicitada. Y que la venta de la empresa se debió a las exigencias de Montoneros para que los Graiver les devolvieran el dinero del secuestro de los hermanos Born. De hecho está probado que los Graiver –ya en democracia– les devolvieron a los Born varios millones de dólares. En definitiva, luego de más de 4 años de investigación, que comenzaron con una conferencia de prensa de la presidenta el 24 de agosto de 2010, no se ha logrado recolectar ninguna evidencia que indique irregularidad alguna en la operación. En conclusión, no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad. Se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales. http://tn.com.ar/politica/papel-prensa-un-fiscal-pidio-la-indagatoria-de-accionistas-de-clarin-y-la-nacion_576157 ------------------------------------------------------------------------------
Por la transferencia compulsiva de acciones en el marco del terrorismo de Estado Papel Prensa: fiscales de lesa humanidad piden avances en la causa Esta nota contiene:Compartir: 1 4 0 24.04.2014 El titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales de la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos, Alejandro Alagia y Guillermo Friele, propusieron al fiscal del caso, Eduardo Taiano, la imputación de los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Juan Gainza Paz y el ex funcionario de la dictadura Raymundo Podestá por extorsión y persecución por motivos raciales, económicos e ideológicos que tuvieron como víctimas a miembros del grupo Graiver. El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales Generales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Guillermo Friele y Alejandro Alagia, presentaron al fiscal Eduardo Taiano un proyecto de dictamen para impulsar la investigación por la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A. que pertenecían al grupo Graiver. La pieza concluye con la imputación por extorsión y por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, y el consecuente pedido de indagatoria para el director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá. La presentación suscripta por los tres fiscales generales fue presentada a Taiano ayer por la mañana en los tribunales de Comodoro Py. En el escrito, Auat, Alagia y Friele brindan a su colega de instrucción un pormenorizado análisis de las pruebas y le proponen la imputación a los cuatro empresarios y al ex funcionario de la dictadura cívico-militar. El proyecto de dictamen recoge el análisis realizado en abril de 2011 por los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, quienes por entonces postularon la incompetencia de esa jurisdicción para intervenir en la investigación pero enmarcaron los hechos en "una persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos”, todo lo cual constituye, explicaron, “un delito de lesa humanidad”. Auat Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble "haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores". "La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados" la empresa Papel Prensa S.A., "que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país". Los fiscales sindicaron a Magnetto, Mitre y Podestá como coautores "en el desapoderamiento extorsivo". A Magnetto y Mitre les corresponde esa figura "por haber participado como adquirentes", mientras que a Podestá, por ser parte desde el gobierno militar "del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios". Guillermo Juan Gainza Paz y Ernestina Laura Herrera de Noble, en tanto, fueron imputados como "partícipes de la maniobra: el primero, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas; y la segunda, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación". "La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes", añadieron los fiscales. Aquel 2 de noviembre de 1976, reseñaron los tres fiscales, el hermano de David Gaiver -titular del grupo, fallecido el 7 de agosto de 1976-, Miguel Isidoro Graiver, su viuda Lidia Papaleo, su padre y su madre, Juan Graiver y Eva Gitnacht, los contadores Osvaldo Benjamín Reinoso y Hugo Bogani, y los abogados Alfredo Ángel Abuin y Miguel Joaquín de Anchorena fueron convocados por Mitre, Magnetto y Patricio Peralta Ramos, presidente de La Razón, para firmar tres convenios de transferencia de acciones. También se encontraban presentes el contador y testaferro de David Graiver en Papel Prensa, Rafael Ianover, y su esposa, Hilda Noemí Copelman, a quienes Peralta Ramos les había prometido que "si firmaban la transferencia de acciones no les ocurriría absolutamente nada". En ese contexto, Lidia Papaleo "fue intimidada por el imputado Magnetto que le 'ordenó que firmara para conservar la vida d su hija y la suya también' y así suscribió 'muchos papeles'", sañalaron los fiscales citando el testimonio de la víctima. Ianover firmó los documentos, según expresó, por "el temor y el terror que vivía en ese tiempo" a ser secuestrado. "No conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia", indicaron los fiscales. Uno de los convenios incluía la transferencia de acciones clases "C" y "E" -de propiedad del fallecido David Graiver-, que estaban en sucesión y que correspondían a su esposa, Lidia Papeleo, y a su hija menor de edad, María Sol Graiver. Ese día se efectuó el pago de una suma menor al uno por ciento del precio de venta y el restante debía ser abonado a los noventa días, es decir, el 2 de febrero de 1977. Pero esa suma, resaltaron los fiscales, "recién habría sido entregada por los diarios" a un escribano el 19 de abril de aquél año, "una semana después de que se hicieran públicos los secuestros de los integrantes del grupo Graiver y el mismo día en que Jorge Rafael Videla los blanqueó mediante una conferencia de prensa ofrecida en el Comando en Jefe del Ejército". "El pago aludido por la defensa de la casi totalidad del precio de la venta de acciones se efectuó cuando los integrantes del grupo se encontraban secuestrados en el centro clandestino de detención llamado Puesto Vasco, en la provincia de Buenos Aires", remarcaron los representantes del Ministerio Público. También subrayaron que esa transferencia "nunca tuvo la aprobación" del juez a cargo de la sucesión y del asesor de menores que representaba en ese expediente los intereses de María Sol Graiver. En el marco del expediente de sucesión el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) emitió un dictamen que indica que, según el tipo de cálculo que se realice, los compradores pagaron un precio de entre un 23 y 43 por ciento del real. Los otros dos convenios firmados aquél día se refierieron a las acciones clase "A" -propiedad del Grupo Graiver- y fueron suscriptos por los contadores Reinoso e Ianover. Todos los convenios fueron rubricados también por Fapel S.A. -la sociedad que integraban los diarios- como compradora. "Sin que a las víctimas se les permitiera vender el paquete de acciones mayoritario de la empresa a otros interesados, los firmanes fueron obligados a ceder su dominio a personas elegidas por la junta de dictadores", indicaron Auat, Friele y Alagia. Los fiscales enumeraron las "irregularidades que rodearon a la transferencia y que, consideradas conjuntamente, constituyen sólidos indicios": "la imposición del precio de venta; la ausencia de tratativas y estudio previos sobre la empresa propios de esta clase de empresa; la falta de comparación con otras posibles ofertas; la falta de fondos de la parte compradora -Fapel S.A.- para afrontar el pago de las acciones; la cláusula que facultaba a la parte compradora a enajenar los bienes aún antes de terminar de pagarlos; la forma de pago -iniciada abonando menos del 1% del precio estipulado; el hecho de que los diarios recién depositaran el 98% del precio el mismo día en que Videla blanqueaba, en conferencia de prensa, el secuestro del grupo Graiver; y la ineficacia del convenio relativo a las acciones clase "C" y "E" para lograr su aprobación por parte del asesor de menores y del juez de la sucesión". "Todas estas condiciones, adversas a la posición de los vendedores, resultan difíciles de explicar como no sea a través de la coerción y el apremio. De otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija", concluyeron los fiscales. La persecución Aquella operación fue el preludio de los secuestros: Juan Graiver, el día 7 de marzo de 1977; Lidia Papaleo, Eva Gitnacht y las secretarias Silvia Cristina Fanjul y Lidia Catalina Gesualdi, el 14 de marzo del mismo año; tres días después, Isidoro Graiver. A Rafael Ianover lo secuestraron el 12 de abril de 1977. "Todos fueron sistemáticamente torturados e interrogados por sus conexiones con la organización Montoneros, con el sionismo y marxismo. El apoderado Jorge Rubinstein, secuestrado el 12 de marzo de 1977, no sobrevivió a los castigos extremos y murió en cautiverio el 4 de abril de 1977", reseñaron los fiscales. El 6 de abril la Junta Militar dispuso que la "investigación" sobre los miembros del grupo pasara de manos de la Policía bonaerense al general Bartolomé Gallino, del I Cuerpo del Ejército. Al día siguiente, el jerarca militar recibió a los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, según consta en un acta, "con motivo de la adquisión del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa S.A.". El 9 de abril, los empresarios periodísticos, "acompañados de sus letrados", concurrieron nuevamente a ver a Gallino. El mismo día el militar también recibió al secretario Podestá. Gallino preparaba los interrogatorios que, dos días más tarde, el 11 de abril, llevó adelante con los miembros del grupo Graiver secuestrados. Los fiscales encontraron acreditado que "la intimidación de la que fue objeto la familia Graiver" y el conocimiento de los imputados sobre "la persecución política ordenada por las máximas autoridades del país, fueron anteriores a la transferencia confiscatoria". En ese sentido, pusieron de relieve que esa persecución fue documentada por primera vez en un acta institucional de la junta de dictadores del 15 de septiembre de 1976, a las que siguieron las del 14 y 19 de abril de 1977, donde se calificó a los integrantes del grupo Graiver como "responsables de ocasionar perjuicios a los intereses superiores del país". Para los fiscales, sin embargo, tiene "más fuerza probatoria" el reconocimiento del ex jefe de la Armada, Emilio Massera, de que el objetivo no sólo era "deshacer" el grupo sino "remachar públicamente las conclusiones de las investigaciones según las cuales el grupo tenía 'estrechas vinculaciones y colaboración con la subversión'". Entretanto, precisaron los fiscales en base a citas de los diarios La Nación y Clarín, "los imputados propiciaron, a través de los medios gráficos bajo su dirección, que la familia Graiver y sus allegados recibieran el trato de delincuentes subversivos". Para Auat, Friele y Alagia los imputados en la causa al menos serían diez. Además de los cinco acusados en la presentación de hoy, hay otros cinco fallecidos: el ex presidente de La Razón, Patricio Peralta Ramos; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera; el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; y el apoderado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich.
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/papel-prensa-fiscales-de-lesa-humanidad-piden-avances-en-la-causa/ ***************************************************************


Miércoles, 11 de marzo de 2015 | Hoy
14:11 › "RESPONSABLES DE MANIOBRAS DE EXTORSION"
La Fiscalía pidió la indagatoria de Magnetto, Noble y Mitre por
Papel Prensa


El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además del director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, en el marco de la causa que tiene a cargo, desde 2011, el juez federal Julián Ercolini por la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar. Barbella señala que se utilizó "violencia moral a fin de generar temor en las víctimas" para lograr un objetivo "ilegítimo".



"Resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación", sostiene Barbella en el pedido que elevó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, encabezado por Ercolini. El fiscal también solicitó la indagatoria del supuesto intermediario Guillermo Juan Gainza Paz y el exsecretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá.

En su requerimiento, Barbella argumenta que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".

El fiscal sostiene que el artículo 168 del Código Penal reprime a quien "con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".

"Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión", señala en el pedido a Ercolini.

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos, con el agravante de que cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.

Barbella fue nombrado al frente de la Fiscalía Nacional N°5 el 31 de diciembre de 2014, por la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para reemplazar a Eduardo Taiano, quien ya tenía a cargo la Fiscalía Nacional Nº 3 y subrogaba, desde 2013, la fiscalía a cargo de investigar la causa Papel Prensa.

Cuando la causa estaba a cargo de Taiano, la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos habían presentado ante el fiscal un pedido de imputación por presunta "extorsión" y "persecución por motivos raciales" para los empresarios a los que hoy se pide la indagatoria.

En aquel escrito, los pares de Taiano proponían pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos, en un listado que también incluía a Paz y Podestá.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.

Precisamente, ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios (Clarín, La Nación y La Razón), promovida por el presidente de facto Jorge Rafael Videla.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-267899-2015-03-11.html

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