Lo que circula por los medios

16 de abril de 2015

LA PARED DE CLARIN Y LA AGRESION A VHM







Jueves, 9 de abril de 2015 | Hoy

EL PAIS › UNA JUEZA LE ORDENO A MACRI QUE DEMUELA LA PARED QUE EL GRUPO CLARIN LEVANTO EN UN ESPACIO PUBLICO
El muro del multimedios en plena calle
La denuncia había sido presentada por vecinos de Barracas y legisladores. La administración macrista argumentó a favor de mantener la construcción, pero la jueza Lidia Lago dispuso que en diez días la Ciudad debe derribar la pared de cuatro metros.

Por Werner Pertot
La jueza Lidia Lago le ordenó al gobierno porteño que demuela un muro construido ilegalmente en una calle pública, que linda con la planta impresora del Grupo Clarín. Luego de la presentación judicial del legislador Aníbal Ibarra, la gestión de Mauricio Macri se deshizo en argumentos para mantener el paredón en pie, pero la magistrada le ordenó que lo demuela en el plazo de diez días. “Le pedimos personalmente a Macri que demoliera el muro y no hizo nada. Hoy sale este fallo, que no es común, porque no suele haber muros en la ciudad levantados con ladrillo y cemento impidiendo la circulación de la gente”, sostuvo Ibarra.

El muro de cuatro metros de altura –que incluye una barrera y una garita del Grupo Clarín para controlar quién pasa y quién no por una calle pública– cierra la calle Ascasubi entre Luna y Magaldi, en el límite con la Villa 21-24 de Barracas. Del otro lado, funciona un playón de estacionamiento de la planta impresora del multimedios.

Como informó el periodista Eduardo Videla en este diario, hace dos años un grupo de vecinos de Barracas reclamó al gobierno de Mauricio Macri que lo demoliera, pero desde la gestión PRO contestaron que no habían construido el muro. Tras agotar la vía administrativa, presentaron un amparo ante el Juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo. Los legisladores Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo acompañaron el reclamo de los vecinos. Luego se sumó el legislador kirchnerista Juan Cabandié.

Los argumentos de la Procuración del gobierno porteño para no demoler el muro ilegal fueron antológicos: sostuvieron que no estaba probado que el muro existiera, tampoco que lo hubiera construido el Grupo Clarín e incluso sugirieron que tal vez fue hecho por los vecinos de la villa. De paso, les recomendaron a los demandantes que averiguaran quién había hecho el muro y fueran a reclamarle al responsable. Nada dijo el gobierno de Macri sobre el hecho de que cerraba una calle pública, impedía el tránsito normal y obligaba a los vecinos a hacer un rodeo.

En el amparo que presentaron, ciudadanos y legisladores advirtieron que “los vecinos se encuentran afectados en su derecho a la libre circulación (...) La presencia del muro se constituye en una ofensa discriminatoria” contra los habitantes de la Villa 21-24. Además, señalaron que “el perjuicio se hace más evidente cuando se trata de casos de emergencia de salud y las ambulancias ven impedido el normal acceso sin demoras. Todo esto sin perjuicio de que el muro es totalmente ilegal”.

La jueza Lago –que subroga el Juzgado 12– le recordó al gobierno de Macri que “las calles son bienes de dominio público del Estado, sobre el que recae la obligación de mantenerlas en buen estado”. “Existe en cabeza del Estado la obligación de mantener las calles en condiciones de ser utilizadas regularmente”, le señaló la jueza a la gestión PRO que, en otros casos, se muestra presurosa para defender la libre circulación de las calles. Frente a la falta de pruebas que pretextó el Gobierno de la Ciudad, la magistrada advirtió que las fotografías y el reconocimiento judicial llevaron a la conclusión de que “el muro que se denuncia existe y está bloqueando la calle Ascasubi, impidiendo el libre paso o tránsito”. La magistrada también pudo comprobar que detrás del muro se acumula material de la imprenta del Grupo Clarín y estacionan los autos de empleados de esa empresa.

Toda la prueba, señaló la jueza, “pone de manifiesto la omisión del ejercicio del poder de policía por parte del Estado local”. La magistrada indicó que es irrelevante quién y cuándo construyó el muro: es ilegal y, por lo tanto, ordenó que en el plazo de diez días sea demolido.

“La sentencia refleja el sentido común. La Ciudad de Buenos Aires no puede tener muros que impidan la libre circulación vecinal y que corten la circulación de una calle”, destacó Ibarra. Este diario intentó comunicarse con la Procuración para saber si van a apelar (algo muy probable), así como con voceros del Grupo Clarín, pero no respondieron a los llamados.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270091-2015-04-09.html


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10-10-2013|11:06|Gobierno Porteño|Grupo Clarín
La jueza Lidia Lago debe resolver si concede o no el amparo
El Gobierno porteño no se hace cargo de la calle que cerró Clarín

Consideró que el cierre de Hilario Ascasubi por la planta impresora no perjudica a los vecinos. Legisladores de la Ciudad y vecinos de la Villa 21-24 piden la demolición del muro que impide el paso.


Cabandié presentó un proyecto por la calle bloqueada por Clarín

Para el Gobierno de la Ciudad, la calle cerrada por Clarín no afecta “derechos o garantías constitucionales”. Las autoridades porteñas pidieron a la jueza Lidia Lago que rechace el amparo solicitado por legisladores porteños y vecinos de la Villa 21-24, para pedir la destrucción del muro de la calle Hilario Ascasubi al 3200. El paredón convierte la calle en un estacionamiento privado de Clarín y cierra el paso a los peatones. “Vamos a insistir hasta la demolición del muro que discrimina y perjudica a las familias del barrio", expresó la legisladora María Elena Naddeo.
El Gobierno porteño respondió que los legisladores Aníbal Ibarra y Naddeo “carecen de legitimación procesal por cuanto no han demostrado que se produzca un perjuicio personal, concreto y directo”, y expresó que “no se pueden atribuir la adecuada representación de otros vecinos”. En un comunicado de prensa, los legisladores repudiaron la respuesta del Gobierno porteño y recordaron que el amparo lo pidieron en conjunto con “Luis Otazo representante barrial y habitante de la villa 21-24 de Barracas”. Según pudo comprobar Infojus Noticias, el domicilio de Otazo que figura en el expediente es Luna 1599, en el límite con la villa y a sólo seis cuadras de Ascasubi.
El muro data de los ’90, cuando se instaló allí la planta impresora de Clarín. Primero existió un alambrado, después llegó la construcción, que convirtió la calle en un estacionamiento privado de la empresa. Desde entonces, los vecinos de la Villa 21-24 deben utilizar caminos alternativos, menos iluminados y linderos con el Riachuelo. En ese tramo se ubica una de las centrales de electricidad de la zona. Ante los cortes de luz reiterados, los empleados de Edesur manifestaron no poder solucionar los problemas sin tener acceso a la calle.
Ibarra, Naddeo y Otazo presentaron una acción de amparo luego de realizar pedidos de informes en los que el Gobierno de la Ciudad respondió que nunca había autorizado el cierre de la calle. En el escrito, que quedó radicado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N°12, los amparistas plantean que “la construcción de este muro denota una acto de discriminación y segregación para los vecinos que habitan el lugar y que se ven impedidos de circular libremente, acceder a la escuela, a los centros de salud, encontrándose en peligro en los casos de emergencias ya que complica en grado extremo el tránsito vehicular".
Por su parte, Naddeo señaló que "la respuesta del gobierno de la Ciudad muestra su perfil insensible y burocrático”, y consideró que “los funcionarios tendrían que escandalizarse ante el cierre de una calle hecho por particulares. En cambio, especulan y minimizan el problema”. El ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador por la Ciudad, Aníbal Ibarra, dijo que “resulta sorprendente que el Gobierno de la Ciudad sabiendo de la clara ilegitimidad e ilegalidad que significa el cierre de una calle en beneficio de una empresa, opte por decir que los legisladores no viven en la zona y por lo tanto no son perjudicados, en lugar de asumir la responsabilidad como gobierno y mandarlo a demoler. Pero cuando uno se fija que esa empresa es Clarín, empieza a entender la actitud y respuesta del gobierno de Mauricio Macri".
El legislador del Frente Para la Victoria Juan Cabandié presentó un proyecto para que la Legislatura exprese su preocupación por la “obstrucción de la vía pública en la calle Hilario Ascasubi (…) y la consiguiente limitación al derecho de transitar de los habitantes de la Ciudad, en especial de los vecinos de la Villa 21-24”, y define el rechazo al “uso ilegal del espacio público por parte de un privado”.
El gobierno porteño se desentiende de la responsabilidad al afirmar que no existe "prueba alguna de que el muro haya sido construido por el gobierno de la Ciudad o por las empresas localizadas en la calle Ascasubi entre Luna y Agustín Magaldi". En presentaciones anteriores a la acción de amparo, las autoridades porteñas reconocieron que no existió autorización para la construcción del muro y que incluso labraron actas de infracción por los autos estacionados sobre la acera.

http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-gobierno-porteno-no-se-hace-cargo-de-la-calle-que-cerro-clarin-1842.html


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Demolerán el muro que tapa una calle junto a la planta de Clarín
Miércoles 08 de Abril 2015 | 20:42
Así se lo solicitó la Justicia porteña al Gobierno de la Ciudad. En diez días debe demoler el muro que bloquea la circulación de una calle en el barrio porteño de Barracas, lindante a la planta impresora. Consideran que la construcción es “ilegítima”.
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La Justicia porteña ordenó hoy al Gobierno de la Ciudad que en diez días “proceda a demoler” el muro que bloquea la circulación de una calle en el barrio porteño de Barracas.
Se trata de un muro lindante a la planta impresora de Clarín y la Justicia consideró que la construcción es “ilegítima” y “cercena el derecho de circulación”.

El fallo dio lugar a una acción de amparo presentada en el 2013 por el legislador Aníbal Ibarra y la diputada con mandato cumplido María Elena Naddeo, junto a vecinos de la Villa 21-24 de Barracas, ante la existencia de la pared de cuatro metros sobre la calle Hilario Ascasubi al 3200, entre Luna y Agustín Magaldi.
El muro, según la denuncia, bloquea el paso a los vecinos por esa arteria y agrega ese espacio al que ocupa el estacionamiento privado y depósito de la empresa, estableciendo una continuidad visual y física con la propiedad del multimedios.
La Justicia consideró que la construcción es “ilegítima” y “cercena el derecho de circulación”.
Según la decisión judicial, el Gobierno porteño “en ejercicio del poder de policía y en el plazo de diez días debe proceder a demoler el muro existente en la calle Ascasubi y remover cualquier obstáculo existente a fin de garantizar la libre circulación por las referidas arterias”.
“Lo cierto es que se verifica la existencia de una obra que obstaculiza el normal y adecuado ejercicio del derecho a circular libremente por parte de los habitantes de la Ciudad. Por lo que frente a la existencia de una obra que cercena ese derecho, su ilegitimidad impone al Gobierno de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía, adoptar las medidas pertinentes a fin de hacer cesar dicha obstrucción”, agrega.
Para Ibarra, “es una sentencia que tiene, ante todo, sentido común y ante la inacción del Gobierno de la Ciudad, les ordena demoler el muro que impide la circulación”.

http://www.infonews.com/nota/193606/demoleran-el-muro-que-tapa-una-calle-junto-a-la-planta-de-clarin


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Viernes, 17 de mayo de 2013 | Hoy

SOCIEDAD › LEGISLADORES LE PIDEN A MACRI LA DEMOLICION DEL MURO QUE CIERRA UNA CALLE
En un callejón sin salida
Informes del gobierno porteño indican que no hubo permiso para cerrar la calle que utiliza en forma privada la planta impresora del diario Clarín. A partir de ese dato, diputados piden la apertura de esa arteria.


Por Eduardo Videla
En el barrio de Barracas, comenzó a develarse el misterio de la calle cerrada, hace más de veinte años, con un paredón de cuatro metros de altura. Tras un reclamo vecinal, el gobierno porteño contestó un pedido de informes afirmando que en sus dependencias no hay trámite alguno de autorización para ese cierre. A partir de esos datos, los legisladores porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo solicitaron por nota al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que “disponga en forma inmediata la demolición del muro”. La calle en cuestión es Hilario Ascasubi, que es usufructuada, con veredas incluidas, como acceso exclusivo y estacionamiento de la planta donde se imprime el diario Clarín.

“Queda claro que nos encontramos ante el ostensible abuso en el uso del espacio público, traducido en el bloqueo ilegal de una arteria de la vía pública necesaria para la adecuada circulación” de los vecinos, dice el texto de la nota que los legisladores enviaron a Macri.

Página/12 había publicado el 29 de septiembre último el insólito caso de la apropiación de una calle, del que tuvo conocimiento por denuncias de vecinos. Para verificarlo, un cronista y un reportero gráfico concurrieron al lugar, y después de recorrer la calle y tomar algunas fotos, fueron invitados a retirarse por personal de seguridad.

El paredón está ubicado sobre Ascasubi, en el cruce con Luna, justo en el límite con la villa 21-24. En el otro extremo, en la esquina de Agustín Magaldi, una garita de vigilancia impide el acceso del público. Sobre las veredas estacionan decenas de autos, y la calle es utilizada como depósito de diarios de devolución. Del otro lado del muro están los vecinos de la villa, muchos de los cuales deben hacer un rodeo y circular por zonas peligrosas para salir del barrio.

El primer pedido de informes fue presentado a principios de octubre por la diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) con la idea de que el gobierno porteño informe si existía autorización oficial para el cierre de la calle. Desde la Dirección General de Tránsito contestaron que esa repartición “no ha tenido injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”. Por su parte, la Dirección de Registro de Obras y Catastro argumentó que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”.

A partir de esos datos, “ante la inexistencia de normas que habiliten la construcción del muro”, y poniendo de manifiesto “la ilegalidad e inconstitucionalidad que provoca la restricción en el desplazamiento de los ciudadanos”, los diputados solicitaron al jefe de Gobierno porteño que “en forma inmediata se disponga la demolición del muro de la calle Ascasubi, en su intersección con Luna.

En la misma nota, advirtieron que si no se adopta la medida en un plazo razonable, que estiman en 30 días, se iniciarán “las correspondientes acciones legales en defensa de los intereses de los vecinos de esta Ciudad”.

Ayer, además, la Legislatura aprobó otro pedido de informes presentado por Ibarra y Naddeo, para que el Ejecutivo diga “si se ha autorizado el estacionamiento de vehículos en ambas veredas en la extensión de la calle Ascasubi, entre Luna y Agustín Magaldi”. Y para el caso de no existir tal permiso, “si se han labrado las infracciones correspondientes”. De acuerdo con los fundamentos del pedido, el cierre de una calle sin autorización podría ser violatorio del Código Contravencional de la Ciudad (Ley 1472), que en su artículo 78 establece la infracción de “obstrucción de la vía pública”.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-63608-2013-05-17.html

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Resultó levemente herido en una pierna
Agredieron a Víctor Hugo Morales mientras grababa el muro de Clarín

video

El periodista Víctor Hugo Morales denunció que fue agredido por desconocidos cuando realizaba una cobertura periodística sobre el muro ilegal que levantó el Grupo Clarín para cerrar una calle del barrio porteño de Barracas.

Según relató el conductor de "Bajada de Línea", un auto se le vino encima mientras filmaba junto al equipo de producción de su programa y le lastimó una pierna. "Me tiraron el auto encima. No querían atropellarme, tampoco lo evitaron. Fue una parte de la intimidación que querían llevar acabo. Estaba muerto de miedo por mí y mis compañeros", dijo en diálogo por radio Del Plata.

Morales resultó herido levemente por el embiste y reveló que si bien no pudo identificar a los autores del ataque, tiene en su poder la patente del vehículo, además del registro en video del incidente. "Conté por radio que íbamos a ir y nos esperaron gente pesada que nos dijo cosas muy hirientes. La instrucción era no hacernos daño físico", afirmó por otra emisora porteña. En las imágenes que registró se alcanza a escuchar a uno de los ocupantes que le grita: "Acá política no".

El relator agradeció la cantidad de mensajes de solidaridad y confirmó que en las próximas horas presentará una denuncia penal. "Estoy bien pero mal por dentro", sostuvo.

La semana pasada la jueza subrogante en lo contencioso administrativo Lidia Lago le ordenó al Gobierno porteño de Mauricio Macri que demuela la pared de cuatro metros de altura y unos 50 de ancho construido ilegalmente en Ascasubi entre Luna y Magaldi. Esa calle linda con la planta impresora del diario Clarín y está ubicada en el límite con la Villa 21-24. Para pasar por allí, los vecinos del asentamiento deben cruzar una barrera para transitar y son permanentemente vigilados por personal de seguridad privada, recluidos en una garita. La arteria cerrada opera como un playón de estacionamiento para los proveedores y empleados del periódico.

La apropiación de la calle pública fue denunciada por los vecinos de Barracas, que debían rodear casi 400 metros a la planta para llegar a sus casas. El reclamo fue escuchado por Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Juan Cabandié, quienes interpusieron un amparo judicial para demolerlo. Sin embargo, el gobierno de Macri nunca se hizo eco del pedido y argumentó que era un problema entre privados y que debía resolverse en ese ámbito. Ahora, la jueza le recordó a la administración porteña que "existe en cabeza del Estado la obligación de mantener las calles en condiciones de ser utilizadas regularmente" y dispuso la demolición. Pero Clarín se resiste a cumplir con la sentencia judicial.

"El poder ejecutivo planteó que no tenía nada que ver, se desresponsabilizó y dijo que era un problema de privados, de terceros, como si las calles no fuera un tema de control gubernamental", señaló la exdiputada Naddeo. "El gobierno porteño trató de decir que el muro no existe, que lo construyeron los vecinos de la villa, y la jueza pidió una inspección ocular", agregó. "La demolición fue ordenada hace 15 días para el área correspondiente, en un plazo de 10 días hábiles, pero el gobierno de la ciudad es capaz de apelar", remarcó.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=786859



1 comentarios:

gem dijo...

acabo de poner este post en twitter, sorry, van sobrepasando límites hoy con C5N, gracias

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