Lo que circula por los medios

10 de septiembre de 2015

LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES






Buenos Aires, 21 de septiembre de 2006.-



La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 1°.- OBJETO.

La presente ley establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.

Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de la presente ley son de aplicación en todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por las siguientes:

La Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas;
El Poder Legislativo;
El Poder Judicial;
Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Quedan exceptuados todos los organismos o entidades cuyo financiamiento no provenga en forma habitual del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.

En el contexto de esta ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales:

La Administración Central, Ministerios;
El Poder Legislativo;
El Poder Judicial;
Las Comunas;
Artículo 3º.- CONTRATOS COMPRENDIDOS.

Se rigen por las disposiciones de la presente Ley los contratos de compraventa, de suministro, de servicios, las permutas, locaciones, alquileres con opción a compra, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad, que celebren las entidades estatales comprendidas en su ámbito de aplicación, y todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial.

Los contratos referidos a concesiones de bienes del dominio público y privado, compra de inmuebles, locaciones, alquileres con opción a compra, se regirán por las disposiciones de la presente Ley con excepción del Capítulo I del Título Segundo - Organización del Sistema- quedando el Poder Ejecutivo facultado para la reglamentación de los respectivos procedimientos.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 4°.- CONTRATOS EXCLUIDOS.

Quedan excluidos de las prescripciones de esta Ley, los siguientes contratos:

Los de empleo público;
Las locaciones de servicios u obra a personas físicas;
Las compras regidas por el régimen de caja chica;
Los que celebre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional y con instituciones multilaterales de crédito;
Las que se financien con recursos provenientes de los estados y/o de las entidades a que se hace mención en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley 70 confiere a los Organismos de Control;
Los comprendidos en operaciones de crédito público;
Los de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos;
Los permisos de uso de inmuebles de dominio público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad.
(Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 5°.- PRESUNCIÓN.

Toda contratación de la Administración Pública se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Artículo 6°.- NORMATIVA APLICABLE.

Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el contrato o la orden de compra o venta, según corresponda.

Artículo 7°.- PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.

Los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las CONTRATACIONES, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas son:

Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de compras y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales.
Principio de Concurrencia e Igualdad: Todo oferente de bienes y/o servicios debe tener participación y acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones en condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones de ley.
Principio de Legalidad: Todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos que el sector público celebre con terceros debe estar positivamente sometido al ordenamiento jurídico en su totalidad.
Principio de Publicidad y Difusión: La publicidad de los llamados es el presupuesto necesario para asegurar la libertad de concurrencia suscitando en cada caso la máxima competencia posible, garantizando la igualdad de acceso a la contratación y la protección de los intereses económicos de la Ciudad.
Principio de Eficiencia y Eficacia: Los bienes y servicios que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.
Principio de Economía: En toda compra o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
Principio de Razonabilidad: En toda contratación debe existir una estrecha vinculación entre el objeto de la contratación con el interés público comprometido.
Principio de Transparencia: La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad.
Principio de sustentabilidad: se promoverá de manera gradual y progresiva la adecuada y efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas.
Principio de la vía electrónica: Los procedimientos de compras y contrataciones deberán ejecutarse por la vía electrónica con los requisitos y a través de los instrumentos previstos en el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley 3304, siendo excepcional y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en soporte papel, únicamente, debido a la concurrencia de algunas de las causales previstas en la reglamentación de la presente.
Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la presente ley, como parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente ley y demás normas reglamentarias.

(Conforme texto Art. 3º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 8°.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.

El principio de concurrencia de ofertas no debe ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, sin que ello implique alterar los principios establecidos en el artículo 7° de la presente ley.

Artículo 9°.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO CONTRATANTE.

El órgano contratante tiene las facultades y obligaciones que se establecen en la presente, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual.

Especialmente tiene:

La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante.
El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.
La prerrogativa de proceder a la ejecución por sí o por terceros del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de los plazos establecidos cuando medien cuestiones de urgencia y no puedan ser resueltos por otros medios; pudiendo disponer para ello, de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.
La facultad de imponer las penalidades y sanciones previstas en la presente ley o en los contratos específicos a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieran sus obligaciones.
La facultad de inspeccionar las oficinas y libros que están obligados a llevar los cocontratantes, en lo que se refiere a cuestiones contractuales.
Artículo 10.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR OMISIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

Comprobado que en un llamado a contratación se han omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, la Administración debe revocar en forma inmediata el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se hallare y proceder a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 11.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE INDUZCAN A LA ADJUDICACIÓN DE DETERMINADOS OFERENTES.

Comprobado que en un llamado a contratación se han formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo es factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, se declarará la nulidad de las mencionadas especificaciones o cláusulas, debiendo la Administración revocarlas en la medida en que fueren separables y no afecten la esencia de la totalidad del procedimiento. De lo contrario, se declarará la nulidad de todo lo actuado. En ambos casos, la Administración deberá proceder a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 12.- PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Cada unidad ejecutora de programas o proyectos elaborará un Plan Anual de Compras y Contrataciones. Dicho plan debe prever los bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio presupuestario, ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES.

Debe dictarse el acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia lo hicieran necesario:

La autorización de los procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares.
La suspensión o postergación de la fecha de apertura de ofertas.
La preselección de los oferentes en la licitación de etapa múltiple.
La aceptación de la propuesta en la modalidad de iniciativa privada.
La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.
La adjudicación y la aprobación del procedimiento de selección.
La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
La revocación de los actos pertinentes del procedimiento administrativo.
La aplicación de penalidades o sanciones a los oferentes o cocontratantes.
La suspensión, resolución, revocación, rescisión, modificación, transferencia y cesión del contrato.
(Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 14.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.

Los funcionarios intervinientes en la elaboración, aprobación y ejecución de contratos que incumplan lo establecido en la presente ley serán pasibles de las penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponderle.

Artículo 15.- ANTICORRUPCIÓN.

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 16.- CRITERIOS RECTORES.

El sistema de Compras y Contrataciones previsto en la presente Ley se organiza en función de los criterios de centralización normativa y descentralización operativa.

Sin perjuicio de ello, y sobre la base del respeto a los principios de economía y eficiencia de los procedimientos la reglamentación podrá graduar los alcances de la descentralización operativa.

(Conforme texto Art. 5º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 17.- ÓRGANOS DEL SISTEMA.

El presente Sistema de Compras y Contrataciones estará integrado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de Adquisiciones entendiéndose como tales:

Órgano Rector: es el que tiene a cargo el Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, cuyas funciones le son asignadas a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda o la que en el futuro la reemplace.
Unidades Operativas de Adquisiciones: corresponden a las áreas de contrataciones y adquisiciones que funcionan o que en el futuro se establezcan en cada una de las jurisdicciones y entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones.
Artículo 18.- FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR.

Son funciones del Órgano Rector:

Proponer políticas de compras y contrataciones que podrán considerar los demás poderes. “
Proponer el dictado de normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y complementarias en la materia.
Recopilar, ordenar y mantener actualizada la normativa vigente sobre las contrataciones del sector público de la Ciudad.
Diseñar, implementar y administrar un Sistema de Información que permita el ingreso por vía internet para el seguimiento de la gestión de todas las adquisiciones que se realicen con las pautas establecidas en el artículo 83.
Administrar el funcionamiento del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; el Registro Informatizado de Bienes y Servicios y el Registro Informatizado de Información de Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Suministrar al sitio en internet del Gobierno de la Ciudad toda la información referida al Sistema de Compras y Contrataciones.
Aplicar las sanciones a los oferentes o adjudicatarios, a solicitud del órgano contratante.
Proponer manuales de normas y procedimientos.
Recopilar el programa anual de adquisiciones, a partir de la información que eleven las Unidades Operativas de Adquisiciones.
Elaborar y aprobar, el pliego único de bases y condiciones generales.
Brindar capacitación a las Unidades Operativas de Adquisiciones.
Fijar y mantener actualizados los precios de referencia.
Recomendar criterios generales y/o específicos de sustentabilidad.
(Conforme texto Art. 6º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 19.- FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ADQUISICIONES.

Son funciones de las Unidades Operativas de Adquisiciones:

Confeccionar el programa anual de adquisiciones, a partir de los proyectos de adquisiciones anuales que eleven las unidades ejecutoras de programas o proyectos.
Proporcionar a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la jurisdicción toda la información necesaria para que la misma realice la coordinación del sistema de contrataciones con el sistema presupuestario.
Planificar las adquisiciones en conjunto con la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) mediante la confección de un Programa Anual de Contrataciones; e informarlas al Órgano Rector.
Elaborar los pliegos de condiciones particulares.
Informar al Órgano Rector sobre la evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su responsabilidad, suministrando todos los datos al respecto a fin de integrarlos en el Sistema de Información.
Aplicar las penalidades contractuales previstas en la presente Ley e informar de ello al Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones.
Ejecutar los procesos de selección de cocontratantes para aquellas contrataciones que le correspondieren, conforme lo establezca la reglamentación de la presente.
Coordinar, agrupar y/o centralizar las contrataciones a su cargo cuando ello resulte conveniente.
Proporcionar al Órgano Rector toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
(Conforme texto Art. 7º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO II

SISTEMA DE REGISTROS DE CONTRATACIONES

Artículo 20.- SISTEMA DE REGISTROS INFORMATIZADOS.

El procedimiento de Compras y Contrataciones se instrumenta a través del Sistema de Registro Informatizado de Contrataciones, en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 21.- REGISTROS INFORMATIZADOS. SUBSISTEMAS.

El sistema está conformado por los siguientes subsistemas:

Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS).
Registro Informatizado de Información de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (RIIC).
Artículo 22.- REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES.

En el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, donde se consignarán sus antecedentes legales, económicos y comerciales. Los procedimientos de inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos. La tramitación se realiza en forma electrónica en el sitio de internet del sistema. El interesado debe acompañar dentro del plazo que establezca la reglamentación, la documentación correspondiente.

Las jurisdicciones y/o entidades contratantes no pueden exigir certificación de inscripción registral y vigencia de la misma, debiendo requerirse directa e internamente al Registro. La inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la presente ley.

En el Registro Único y Permanente de Proveedores se registrarán también las sanciones y penalidades en las que hubieran incurrido los inscriptos establecidas en el Título IV de la presente ley.

La reglamentación establecerá las pautas de su funcionamiento y especificará requisitos destinados a la participación de las cooperativas y de las micro y pequeñas empresas en el sistema de contratación y adquisición con el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, mediante procedimientos de inscripción simples y adecuados al sector.

Artículo 23.- REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS.

Este Registro contiene todos los bienes y servicios que se adquieren o contraten clasificados, denominados y codificados de manera uniforme, como así también la indicación de las normas técnicas aceptadas o vigentes que deba cumplimentar cada bien que se adquiera o servicio que se contrate.

Es de uso obligatorio en todos los procedimientos de selección teniendo como objetivo que la descripción del bien o servicio sea claro, preciso e inconfundible.

(Conforme texto Art. 8º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 24.- REGISTRO INFORMATIZADO DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Este Registro centraliza toda información de compras, ventas, concesiones, locaciones y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad. El mismo deberá ser de acceso público y gratuito a través de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los órganos comprendidos en la presente ley deben publicar en el sistema de información básica relativa a sus contrataciones y aquélla que establezca la reglamentación.

La información debe ser referida a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas, aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitaciones, debe ser completa y oportuna así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES

CAPÍTULO I

REGLA GENERAL

Artículo 25.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

La selección del contratista para la ejecución de los contratos contemplados en este régimen es por regla general mediante licitación pública o concurso público.

En todos los casos deben cumplirse, en lo pertinente, los principios establecidos por el artículo 7° del presente régimen, bajo pena de nulidad.

La elección del procedimiento de selección, así como de las modalidades del llamado a licitación o concurso, está determinada por una o más de las siguientes condiciones:

Características de los bienes o servicios a contratar.
Monto estimado del contrato.
Condiciones de comercialización y configuración del mercado.
CAPÍTULO II

CLASES DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 26.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

La selección de proveedores se realiza mediante los procedimientos que a continuación se detallan:

Licitación o Concurso.
Contratación Directa.
Remate o Subasta Pública.
Artículo 27.- LICITACIÓN O CONCURSO.

El procedimiento de licitación es cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos, mientras que el procedimiento del concurso es cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores no económicos, tales como la capacidad técnica, científica, económica-financiera, cultural, artística u otras del oferente, según corresponda.

Artículo 28.- CONTRATACIÓN DIRECTA.

La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos:

Cuando existan razones de urgencia que impidan la realización de otro procedimiento de selección;
La contratación de bienes o servicios vinculados a prestaciones de salud o a programas sociales que, por la celeridad con que deban llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los restantes procedimientos de selección previstos en la presente ley;
Cuando una licitación o concurso haya resultado desierto o fracasado;
Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, tecnológicos, profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan;
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes;
Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados;
Cuando se trate de compras o locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible en ellos realizar la licitación;
Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre;
Cuando exista notoria escasez o desabastecimiento en el mercado local de los bienes a adquirir;
Cuando se trate de reparaciones de máquinas, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria;
Los contratos para la adquisición de bienes o prestación de servicios que celebren las jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, siempre que la contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate.
La locación o adquisición de inmuebles.
Las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los incisos precedentes, podrán tramitar a través de procedimientos abreviados y específicos que se regulen en la reglamentación, de acuerdo con las características particulares de cada una de ellas.

(Conforme texto Art. 9º de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 29.- REMATE O SUBASTA PÚBLICA.

El procedimiento de remate o subasta pública es aquel que se realiza con intervención de un martillero público, con un precio base previamente establecido y en el cual la adjudicación recae en el mejor postor.

El remate o subasta pública puede ser aplicado en los siguientes casos:

Venta de bienes inmuebles y/o muebles registrables de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Concesión de uso de bienes del dominio público y/o privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO III

TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO

Artículo 30.- TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO.

Los procedimientos de licitación o el concurso pueden ser:

Públicos o Privados.
De etapa única o múltiple.
Con iniciativa privada.
Concurso de proyectos integrales.
Nacional, regional o internacional.
En todos los casos, la adjudicación se realiza sobre criterios objetivos de decisión preestablecidos en los pliegos.
Artículo 31.- PÚBLICOS O PRIVADOS.

La licitación o concurso es público cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el pliego de bases y condiciones particulares y pliego único de bases y condiciones generales.

La licitación o concurso privado es el procedimiento de selección en el cual intervienen como oferentes los invitados en forma directa, sin anuncio público y debidamente fundado por el organismo licitante, debiendo hallarse inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, siendo de aplicación en los siguientes casos:

Cuando el objeto de la contratación sea únicamente obtenible, en razón de su complejidad, especialización o configuración o caracterización del mercado, de un número limitado de proveedores;
Cuando el tiempo y los gastos que supondría el examen y la evaluación de un gran número de ofertas resulten desproporcionados en relación con el valor del objeto del contrato;
Cuando otras razones excepcionales justifiquen su empleo; el valor al que hace referencia el inciso 2), así como las condiciones para su publicación serán establecidos en la reglamentación.
(Conforme texto Art. 10 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 32.- DE ETAPA ÚNICA O MÚLTIPLE.

Las licitaciones o concursos pueden realizarse mediante etapa única o múltiple. Son de etapa única cuando la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos, se efectúa en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre único.

Son de etapa múltiple cuando la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas se realizan mediante preselecciones o precalificaciones sucesivas, esto es, por la presentación de más de un sobre.

En este caso, la recepción de los sobres debe ser simultánea para todas las propuestas, en la fecha y hora fijada para la apertura del sobre número uno (1). El sobre correspondiente a la oferta económica sólo se abrirá si el oferente fuere seleccionado en las etapas previas, caso contrario, se procederá a la devolución de los sobres sin abrir.

Artículo 33.- CON INICIATIVA PRIVADA.

La licitación es con iniciativa privada cuando surge de la presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas.

Tales iniciativas deben ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica y contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto.

Aceptada la propuesta, se debe llamar a licitación pública a fin de seleccionar a quién ejecutará la iniciativa oportunamente presentada, conforme el procedimiento que se establezca en la reglamentación respectiva.

Considérase que en todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de quien hubiera presentado la iniciativa entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última.

Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador fuese superior a la indicada precedentemente, hasta en un veinte por ciento (20%) el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la fórmula de equivalencia de ofertas del artículo anterior.

El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada.

El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.

Artículo 34.- CONCURSOS DE PROYECTOS INTEGRALES.

Puede realizarse el concurso de proyectos integrales cuando en función del objeto de la contratación el organismo licitante requiera propuestas para obtener la solución más satisfactoria de sus necesidades.

En tales casos, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Consignar previamente los factores que han de considerarse para la evaluación de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asigna a cada factor y la manera de considerarlo.
Efectuar la selección del cocontratante, tanto en función de la conveniencia técnica de la propuesta como de su precio.
(Conforme texto Art. 11 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 35.- LICITACIÓN O CONCURSO NACIONAL.

La licitación o el concurso es nacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria está dirigida a oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentran en el país o que tengan sucursal en el país debidamente inscripta.

Artículo 36.- LICITACIÓN O CONCURSO REGIONAL.

La licitación o el concurso es regional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extiende a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentra en los países pertenecientes a América del Sur, preferentemente aquellos que conforman el MERCOSUR.

Artículo 37.- LICITACIÓN O CONCURSO INTERNACIONAL.

La licitación o el concurso es internacional cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria además de los mencionados en el artículo 36 y 37 se extiende a interesados y oferentes del exterior; revistiendo tal carácter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentra en el extranjero y no tenga sucursal en el país debidamente inscripta.

CAPÍTULO IV

CONTRATACIÓN DIRECTA - RÉGIMEN ESPECIAL

Artículo 38.- CONTRATACIÓN MENOR.

La contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra.

La elección de este procedimiento no podrá apartarse de los principios establecidos en el artículo 7° de la presente Ley.

(Conforme texto Art. 12 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO V

MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES

Artículo 39.- MODALIDADES.

Los procedimientos de selección se realizan de acuerdo a las siguientes modalidades o combinaciones entre ellas:

Con orden de compra abierta.
Compra diferida.
Compra unificada.
Con precio máximo.
Llave en mano.
Convenio Marco de Compras.
Subasta Inversa
Asimismo, la reglamentación de la presente ley podrá incorporar otras modalidades de contratación conforme con su naturaleza y objeto, las cuales deberán respetar los principios generales de la contratación pública.

(Conforme texto Art. 13 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 40.- CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA.

La contratación con orden de compra abierta procede en el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado aproximadamente en el contrato, de manera tal, que el organismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente.

Artículo 4.- COMPRA DIFERIDA.

Se utiliza la compra diferida cuando, habiéndose fijado la cantidad de bienes o servicios en el contrato, se desea establecer diferentes plazos de entrega. Los pliegos de bases y condiciones particulares deben explicar dichos plazos o la forma en que los mismos se deben comunicar al adjudicatario.

Artículo 42.- COMPRA UNIFICADA.

Se utiliza la compra unificada cuando dos o más reparticiones desean adquirir un mismo tipo de bien o servicio y se presume que el costo total a pagar por la Administración será menor si se tramitan en forma conjunta, según establezca la reglamentación.

Las Unidades Operativas de Adquisiciones o bien el Órgano Rector, puede tomar la decisión de agrupar contrataciones.

(Conforme texto Art. 14 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 43.- CONTRATACIONES CON PRECIO MÁXIMO.

Las contrataciones son con precio máximo cuando el llamado a participar indique el precio más alto que puede pagarse por los bienes o servicios requeridos. Se debe dejar constancia en el expediente de la fuente utilizada para la determinación del precio máximo.

Artículo 44.- CONTRATACIONES LLAVE EN MANO.

Las contrataciones llave en mano se efectúan cuando se estime conveniente para el interés público concentrar en un único proveedor la responsabilidad de la realización integral de un proyecto.

Se aplica esta modalidad cuando la contratación tiene por objeto la provisión de elementos o sistemas complejos a entregar instalados o cuando comprenda, además de la provisión, la prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación, capacitación, coordinación o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o con otros existentes, mediante el uso de tecnologías específicas.

Los pliegos de bases y condiciones particulares deben prever que los oferentes acompañen la información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantía de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación.

Artículo 44 bis.- CONVENIO MARCO DE COMPRAS

El Convenio Marco de Compras es una modalidad de contratación mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

Las Unidades Ejecutoras podrán instar procesos de selección por bienes o servicios abarcados por un Convenio Marco de Compras, en caso de existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, demostrables y sustanciales para la Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

(Incorporado por el Art. 15 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 44 ter.- SUBASTA INVERSA

La Subasta Inversa es una modalidad de selección por la cual una Unidad Ejecutora adquiere bienes o contrata servicios, a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa que se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más ventajosa, luego de efectuada la compulsa interactiva de precios.

La reglamentación de la Ley establecerá el procedimiento aplicable a lo previsto en el presente.

(Incorporado por el Art. 16 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



TÍTULO CUARTO
DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (*)

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45.- DISPOSICIONES GENERALES.

Se rigen por las disposiciones del presente capítulo todas las enajenaciones de bienes inmuebles; y/o muebles registrables, cuya titularidad dominial pertenezca al sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 46.- EXCEPCIONES.

Están exceptuadas de las disposiciones del presente capítulo, salvo en lo que concierne a la aprobación de la venta de bienes inmuebles por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:

Las efectuadas, en el marco de sus fines, por el Instituto de Vivienda o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Las enajenaciones de bienes muebles registrables o no, declarados en desuso, abandonados o perdidos, las que se regirán por sus respectivos regímenes especiales.
Artículo 47.- BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.

El Banco Ciudad de Buenos Aires es el encargado de realizar el remate o subasta pública y de practicar las tasaciones de los inmuebles y/o muebles registrables sujetos a enajenación.

Artículo 48.- PRECIO BASE.

El precio base es el valor mínimo del bien a rematar y a partir del cual comienzan a realizarse las ofertas.

Dicho precio debe expresar el valor de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual tendrá una vigencia de hasta nueve (9) meses.

Artículo 49.- PUBLICACIÓN.

El remate o subasta pública debe publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires, y en uno de los diarios de mayor circulación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La publicación debe contener:

Fecha y lugar de realización del remate o subasta pública.
Los bienes a rematar, su estado de conservación, dominial y las deudas existentes.
El precio base del remate o subasta pública.
En caso de corresponder, las condiciones de las posturas bajo sobre.
La forma de pago.
En caso de inmuebles, su estado de ocupación.
La frase “venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
(Conforme texto Art. 18 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 50.- POSTURAS EN SOBRE CERRADO.

El órgano contratante puede disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, las cuales se llevarán a cabo conforme las condiciones dispuestas en la reglamentación del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 51.- PAGO DEL PRECIO.

Venta de bienes muebles registrables. El pago puede efectuarse a través de alguna de las siguientes modalidades:
La totalidad del precio, en el acto del remate, en efectivo o con cheque certificado.
La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta bancaria de titularidad de la jurisdicción o entidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo.
Venta de bienes inmuebles. El pago del precio puede efectuarse a través de alguna de las siguientes modalidades, según lo establezca el respectivo llamado:
La totalidad del precio, en el acto del remate en efectivo o con cheque certificado.
La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta bancaria de titularidad de la jurisdicción o entidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo.
El veinte por ciento (20%) del importe del bien, en concepto de seña, en el acto del remate, y el resto dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobada la operación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A opción del adquirente, el precio de las ventas efectuadas bajo los incisos a) y c) del artículo 58 también podrá ser pagado de la siguiente forma: un pago por el veinte por ciento (20%) al momento de suscribir el boleto de compraventa, y el saldo en hasta setenta y dos (72) cuotas mensuales y consecutivas, con garantía hipotecaria. En estos casos, la tasación deberá contemplar un precio de venta para el supuesto de pago al contado, y otro para el supuesto de pago en cuotas, incluyendo el interés en condiciones de mercado.
En todos los casos el adjudicatario debe abonar la comisión del martillero.

(Conforme texto Art. 19 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 52.- GARANTÍA.

Cuando el adjudicatario utilice la modalidad de pago prevista en el artículo 51, inciso II.c) debe constituir, una garantía:

Una caución real, o
Aval bancario u otra fianza constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
Artículo 53.- DE PAGO.

Transcurrido el plazo de cinco (5) días de notificada la aprobación de la operación sin que el adjudicatario integre la totalidad del pago pierde sin más trámite todos los importes abonados.

Artículo 54.- APROBACIÓN DE LA VENTA.

Las ventas de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo quedan perfeccionadas con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Artículo 55.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL.

Perfeccionada la venta, se procederá a inscribir en el Registro de la Propiedad del Inmueble o del Automotor, según corresponda, el cambio de titularidad dominial, en el plazo máximo de cinco (5) días.

Artículo 56.- FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La falta de perfeccionamiento del contrato, originado en la ausencia de aprobación de la operación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sólo genera para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de restituir lo pagado, sin que puedan reclamarse daños y perjuicios con motivo de esa falta de perfeccionamiento.

La falta de perfeccionamiento del contrato, originado en la ausencia de la aprobación de la operación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires generará la obligación de restituir el inmueble al Gobierno de la Ciudad por parte del particular, en caso de que este último hubiese tomado posesión del mismo.

En uno u otro caso, la obligación de restituir lo pagado o el inmueble según corresponda, debe efectivizarse dentro de los cinco (5) días de notificada la decisión.

Artículo 57.- COMPRA EN COMISIÓN.

El comprador que actuare en comisión tiene la carga de indicar, dentro del tercer día de realizado el remate o subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. Vencido el plazo se lo tendrá por adjudicatario definitivo.



CAPÍTULO II
PRIORIDAD DE COMPRA

Artículo 58.- PRIORIDAD DE COMPRA.

La jurisdicción o entidad que resuelva efectuar la venta de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede otorgar una prioridad de compra a:

Los ocupantes de inmuebles destinados a vivienda, cualquiera sea el origen de su título o condición legal, con exclusión de los que detentaren como consecuencia de un acto ilícito penal.
Los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios estatales cuyas dimensiones no resulten aptas para su uso.
Las Asociaciones y Fundaciones previstas en el artículo 33, párrafo 2°, inc. 1 del Código Civil, con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios por el término de diez (10) años a contar desde el perfeccionamiento de la venta, bajo pena, en caso de incumplimiento, de resolución de la venta.
Artículo 59.- EL PRECIO.

El precio del inmueble debe expresar el valor de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual tendrá una vigencia de hasta nueve (9) meses.

Artículo 60.- NOTIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE COMPRA.

La jurisdicción o entidad debe notificar, fehacientemente a los sujetos mencionados en el artículo 58, la opción de compra.

Artículo 61.- CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN.

La notificación debe contener el precio de venta, las formas de pago y la frase "venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires".

Artículo 62.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL USO DE LA OPCIÓN DE COMPRA.

Los ocupantes o propietarios deben, dentro del plazo improrrogable de treinta (30) días contados a partir de la notificación, manifestar la aceptación o rechazo.

Artículo 63.- RESTITUCIÓN DEL BIEN.

Cuando la oferta es rechazada o cuando vence el plazo sin que se manifieste la aceptación, el inmueble debe ser restituido, libre de toda ocupación.

(*) (Denominación del título conforme Art. 17 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



TÍTULO QUINTO (*)
CONCESIONES DE USO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 64.- CARACTERES.

Se rigen por las disposiciones de este Título, los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los inmuebles puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los pliegos de bases y condiciones particulares.

Exceptúase de las disposiciones de la presente Ley a las concesiones de obra pública y servicios públicos, las que se rigen por sus respectivos cuerpos normativos.

Cuando la concesión, o constitución de derechos sobre inmuebles de dominio público sean otorgados por mas de cinco (5) años, deberán contar con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establece el artículo 82, inciso 5) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

La modalidad de selección del contratista se ajustará a las previsiones del Título Tercero. En los casos de licitación, concurso, remate o subasta pública el llamado respectivo se anunciará mediante publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la pagina web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en un medio gráfico o digital por los plazos o anticipación que se fijare en la reglamentación.

(Conforme texto Art. 22 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 65.- CLÁUSULAS PARTICULARES.

Los pliegos de bases y condiciones particulares establecen, según correspondan: a) Plazo de vigencia del contrato. b) Plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definición de las bases y procedimientos a seguir para su fijación y su eventual reajuste. c) Presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión en los bienes afectados a la concesión. d) Condiciones y plazos relativos a entrega de los bienes y su habilitación por el concesionario. e) Trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario en los bienes afectados a la concesión. f) Garantías que se deberán presentar por los bienes del Gobierno de la Ciudad afectados a la concesión y por los daños que pudieran ocasionarse a terceros, o en su caso, fondo que se deberá integrar para reparaciones o reposiciones con retención porcentual sobre los pagos pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo el lapso de duración del contrato y sus eventuales prórrogas. g) Idoneidad técnica requerida al concesionario, y en su caso a sus reemplazantes, para la atención de la concesión. h) Limitación o acumulación de adjudicaciones similares a un mismo oferente, cuando existan razones previamente fundadas por autoridad competente. i) Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesión similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido. j) La valuación de los bienes otorgados en concesión.

(Conforme texto Art. 23 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 66.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL ESTADO.

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pudiera hacerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada, sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 67.- CANON.

Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se efectúan con canon base, salvo que la autoridad competente acredite su inconveniencia.

El canon base será establecido por tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires, conforme a los parámetros que en cada caso resulten apropiados. La reglamentación fijará el plazo máximo de antelación a la fecha de presentación de ofertas en que deberá haber sido efectuada la tasación.

(Conforme texto Art. 24 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 68.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el mayor canon.

Artículo 69.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

El concesionario es responsable en todos los casos de los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del sector público, afectados a la concesión, que no obedezcan al uso normal de los mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y bienes el adjudicatario no formula observaciones, se entenderá que los recibe en perfectas condiciones.

Artículo 70.- PROPIEDAD DE LAS MEJORAS.

Todas las mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier tipo que el concesionario introduzca en los bienes del sector público afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna.

Artículo 71.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del pliego de bases y condiciones particulares, el concesionario está obligado a: a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones que sean de aplicación, de acuerdo a la naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, tasas, contribuciones patentes y demás obligaciones que graven a los bienes de su explotación o actividad. b) Satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión.
c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los mismos. d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce, y en su caso, efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan. e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren. f) No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la dependencia contratante. g) Proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo. h) Entregar los bienes dentro de los diez (10) días corridos de vencido el contrato o de comunicada su rescisión, superado este plazo la autoridad competente según lo que establezca la reglamentación de la presente ley dispondrá la desocupación administrativa de los bienes respectivos. i) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los tres (3) días de notificado.

(Conforme texto Art. 25 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 72.- CAUSALES DE RESCISIÓN.

Son causales de rescisión por culpa del concesionario, sin perjuicio de otras establecidas en la presente ley, o en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares: a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido. b) Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa de su habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia contratante. c) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado. d) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en este Reglamento o en los pliegos de bases y condiciones particulares. e) Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión.

Artículo 73.- MULTAS.

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario, que no sean motivadas por la falta de pago, dará lugar a la aplicación de:

multas de hasta cien mil (100.000) unidades de multa o de hasta dos (2) veces el monto del canon mensual, el que resulte mayor.
multas conminatorias progresivas de hasta diez mil (10.000) unidades de multa aplicadas por cada día de demora en dar cumplimiento a disposiciones legales o contractuales.
La reglamentación de la presente Ley, o los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán las condiciones para su aplicación y su graduación.

Sin perjuicio de ello, los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más allá de las contempladas en el presente artículo.

(Conforme texto Art. 26 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 74.- FALTA DE RESTITUCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONCESIONARIO.

Si el concesionario no hubiese restituido los bienes en el plazo fijado en el inciso h) del artículo 71 de la presente ley, se lo intimará para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, una vez vencido el término para proceder al desalojo, se efectuará la desocupación administrativa, trasladándose los efectos que sean de propiedad de aquél al sitio que se designe, quedando establecido que en tal caso, el Gobierno de la Ciudad no es responsable por los deterioros o pérdidas que sufran los mismos, quedando a cargo del concesionario los correspondientes gastos de traslado y depósito.

Artículo 75.- SUBASTA DE EFECTOS.

Transcurridos tres (3) meses contados desde la desocupación administrativa, sin que el concesionario gestione la devolución de los efectos a que se refiere el artículo anterior se procede a la subasta pública de los efectos por intermedio de la entidad estatal interviniente, la que afectará el importe obtenido para resarcir los gastos que se originen como consecuencia de la subasta, quedando el excedente a disposición del concesionario, siempre que no existieran otras deudas que por cualquier concepto hubiere contraído el mismo.

Artículo 76.- PÉRDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA.

La rescisión del contrato por culpa del concesionario importa la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato en proporción al período que reste para su cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación, en su caso de las multas y sanciones que correspondieren, quedando obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados, que sean consecuencia de circunstancias imputables al concesionario.

Artículo 77.- CONTINUIDAD DE LA CONCESIÓN POR SUCESIÓN O CURATELA.

En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, si lo hubiera en razón de la naturaleza de la concesión, la entidad contratante tiene la facultad de aceptar la continuidad de la concesión siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido, sin aplicación de penalidades.

(*) (Conforme Art. 21 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



TÍTULO SEXTO (*)
PROCEDIMIENTO BÁSICO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 78.- PROCEDIMIENTO BÁSICO

El procedimiento establecido en este título será aplicable a todos los procedimientos de selección, cualquiera sea la clase o modalidad elegida, siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas contenidas en esta Ley o en la reglamentación para cada uno de ellos.

Los procedimientos de remate o subasta pública y de concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rigen por las normas establecidas en los Títulos IV y V, respectivamente de la presente ley, y su reglamentación, y supletoriamente por las normas del presente título.

(Conforme texto Art. 28 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 79.- COMUNICACIONES.

Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, debe efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites.

Artículo 80.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 81.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que no se refiera a lo establecido en esta ley, debe ser tramitada en forma incidental al expediente de la contratación, conforme las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.

Artículo 82.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 83.- INFORMATIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES.

Todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley, deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o contratación.

Los documentos digitales tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba de la información contenida.

La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones informatizadas.

(Conforme texto Art. 29 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 84.- PRECIO DE REFERENCIA.

El organismo licitante podrá solicitar al órgano rector la fijación de un precio de referencia, en los casos en que lo considere necesario.

El Órgano Rector podrá eximirse de suministrar el precio de referencia requerido, cuando exista imposibilidad material para ello o cuando razones fundadas impidan o dificulten su elaboración.

(Conforme texto Art. 30 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO II
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS

Artículo 85.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

El Órgano Rector es quien elabora y aprueba el pliego de bases y condiciones generales.

Artículo 86.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Los pliegos de bases y condiciones particulares deben contener los requisitos mínimos que indica el pliego de bases y condiciones generales e incluirán, si correspondiere, las especificaciones técnicas.

Cuando la complejidad o el monto del procedimiento de selección lo justifiquen, o en procedimientos en que no fuere conveniente preparar por anticipado las especificaciones técnicas o las cláusulas particulares completas, la autoridad competente para autorizar el llamado podrá dictar el acto administrativo que establezca la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para que los interesados formulen sugerencias y observaciones al mismo.

(Conforme texto Art. 31 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 87.- PARÁMETRO DE EVALUACIÓN.

En los pliegos de bases y condiciones particulares se establece el criterio de evaluación y selección de las ofertas, y la determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

Artículo 88.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las especificaciones técnicas deben consignar en forma clara, precisa e inconfundible, las características de los productos, procesos y servicios, los cuales deben cumplir con los estándares definidos por las normas correspondientes y contar con la certificación expedida por la entidad rectora en la materia.

No se deben formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos.

Artículo 89.- COMISIÓN DE ESTUDIOS Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS.

La Unidad Operativa de Adquisiciones puede solicitar el asesoramiento de una Comisión para el Estudio y Confección de Pliegos de Condiciones Particulares cuando la complejidad de la contratación lo amerite. Dicha Comisión se constituirá ad-hoc y ad-honorem cuya conformación se establecerá en la reglamentación de la presente ley.

Artículo 90.- AGRUPAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.

Los bienes y servicios a contratar deben agruparse por renglones afines o pertenecientes a un mismo rubro comercial. El reglón constituye una unidad funcional indivisible fundada en las características de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo y/o características similares que exijan su inclusión.

No se pueden incluir en un mismo renglón elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo o características similares que exijan la inclusión.

Con el objeto de estimular la participación de las cooperativas, micro y pequeñas empresas, y los talleres protegidos creados por Ley N° 778 al confeccionarse el pliego de bases y condiciones particulares puede distribuirse la cantidad total en diferentes renglones.

Artículo 91.- PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO.

Queda prohibido por disposición de la presente ley cualquier mecanismo para desdoblar el objeto de una contratación.

Se presume que existe desdoblamiento, del que son responsables los funcionarios que hubieran autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acto administrativo de la convocatoria, se realicen otra o varias convocatorias para adquirir los mismos bienes o servicios, sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen.

Se exceptúan de lo dispuesto las compras de bienes perecederos.

El funcionario que incurriere en la presente conducta, será pasible de las penalidades establecidas en el artículo 14 de la presente ley.

(Conforme texto Art. 32 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO III
PREPARACIÓN DEL LLAMADO INVITACIONES

Artículo 92.- AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO A CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE.

El llamado a selección del cocontratante debe ser autorizado por autoridad competente mediante acto administrativo, el que debe contener en todos los casos:

Indicación del encuadre legal.
Indicación del objeto de la contratación.
Fundamentación del tipo y modalidad del procedimiento de selección elegido.
Pliegos de bases y condiciones particulares.
Fijación de la fecha de apertura o delegación para que sea fijada por el organismo licitante.
Monto estimado de la contratación.
Valor del pliego.
El acto administrativo de autorización del llamado debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

(Conforme texto Art. 33 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 93.- INVITACIONES A PROVEEDORES INSCRIPTOS.

Las invitaciones a cotizar deben realizarse únicamente a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en el rubro objeto de la contratación.

Asimismo, podrán cursarse invitaciones a potenciales oferentes del rubro o clase a licitar los que deben estar inscriptos previo a la emisión del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación según corresponda al tipo de procedimiento de selección.

(Conforme texto Art. 34 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 94.- PRESENTACIÓN DE OFERENTES NO INVITADOS.

En todos los procedimientos de selección del cocontratante en que la invitación a participar se realizare a un determinado número de personas físicas o jurídicas, la Unidad Operativa de Adquisiciones debe considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados, los cuales deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente y estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

Artículo 95.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

Artículo 96. - PERSONAS NO HABILITADAS.

No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
Los cónyuges de los sancionados.
Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
Los inhibidos.
Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486).
Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.
(Conforme texto Art. 35 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO IV
PUBLICACIÓN DEL LLAMADO

Artículo 97.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PLIEGO

El organismo licitante debe publicar el pliego de bases y condiciones generales y particulares en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establezca la reglamentación de la presente.

(Conforme texto Art. 36 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 98.- PUBLICACIÓN DEL LLAMADO.

La publicidad del llamado de convocatoria a licitación o concurso, se efectúa mediante un aviso que contenga como mínimo los siguientes datos:

nombre de la unidad ejecutora requirente,
nombre de la unidad Operativa de Adquisiciones,
clase, tipo, número y objeto del procedimiento de selección,
número del expediente,
valor del pliego, lugar, plazo y horario donde puede consultarse, retirarse o adquirirse el pliego,
lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del acto de apertura de ofertas,
identificación del acto administrativo de autorización del llamado.
El organismo licitante instrumentará la publicidad y difusión del llamado a licitación y concurso en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio de internet del Gobierno. Cuando se trate de llamados a licitaciones y concursos internacionales además, deberá disponerse la publicación de avisos en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el que en el futuro lo reemplace o publicaciones en los países correspondientes en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

La cantidad de días de publicación y el plazo de antelación tendrán relación con el tipo de contratación y/o los montos previstos, los que serán computados a partir del primer día de publicación del aviso en la Sección Licitaciones, del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o la que en el futuro la reemplace.

A los efectos del cálculo, los días de publicación se consideran comprendidos dentro de los días de antelación.

Los plazos establecidos y los medios de publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo con la complejidad, importancia u otras características de la contratación.

Cuando se decida la publicidad en un medio gráfico y/o digital, éste debe ser de tal entidad que garantice una amplia difusión.

(Conforme texto Art. 37 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO V
GARANTÍAS

Artículo 99.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes y los adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez:

De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía debe ser no menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.
De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación.
Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en los pliegos.
De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.
De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.
De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la respectiva contratación.
Los porcentajes de las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato serán fijados en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.
(Conforme texto Art. 38 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 100.- FORMAS.

Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante.
Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación previa judicial.
Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del organismo contratante o licitante.
Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco Ciudad de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garantías.
Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición para su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado debe presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el pliego de bases y condiciones particulares respecto de la presentación de algún tipo de garantía en especial.

Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante.

Las garantías planteadas deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo licitante.

Artículo 101.- EXCEPCIONES.

No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato según corresponda en los siguientes casos:

Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra.
Cuando el monto de la orden de compra o instrumento contractual no supere las cien mil (100.000) unidades de compra.
En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del artículo 28, cuando así expresamente lo estableciera la reglamentación de la presente Ley.
Contrataciones de artistas y profesionales.
Contrataciones de avisos publicitarios.
En la adquisición de publicaciones periódicas.
Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración de la garantía de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo. En el supuesto de rechazo, el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento de contrato se cuenta a partir de la comunicación fehaciente del mismo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos rechazados quedan en caución y no pueden ser retirados por el adjudicatario sin previamente integrar la garantía que corresponda, siempre y cuando la Administración no deba proceder al decomiso de los elementos rechazados.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios deberán constituir las garantías respectivas, cuando así se disponga en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

(Conforme texto Art. 39 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO VI
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 102.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional y se presentan conforme los requisitos que establezca la reglamentación de la presente ley.

Artículo 103.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la misma.

(Conforme texto Art. 40 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 104.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos:

Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.
Si estuviere escrita con lápiz.
Si careciera de la garantía exigida.
Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere.
Si contuvieren condicionamientos.
Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el pliego de bases y condiciones.
CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 105.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (C.E.O.).

La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la que se constituye en el organismo licitante.

Su integración es determinada por el nivel del funcionario competente para emitir el acto administrativo de autorización del llamado a convocatoria para selección del cocontratante, conforme lo establezca la reglamentación de la presente Ley.

(Conforme texto Art. 41 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 106.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.

La Comisión de Evaluación de Ofertas emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual no tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el procedimiento.

Son contenidos mínimos de dicho dictamen:

Examen de los aspectos formales.
Aptitud de los oferentes.
Evaluación de las ofertas.
Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
El dictamen de evaluación de las ofertas consta de un acta, debiendo notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y forma que se fije en la reglamentación de la presente ley.

Artículo 107.- ANTECEDENTE JURISDICCIONAL.

A fin de determinar la elegibilidad de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas podrá consultarse la información obrante en base de datos de organismos públicos tanto nacionales como provinciales. Se desestimarán con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.

La reglamentación, establecerá de acuerdo al monto de la contratación la información a requerir, así como la modalidad de las certificaciones de los antecedentes establecidos en el presente artículo.

(Conforme texto Art. 42 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO VIII
ADJUDICACIÓN

Articulo 108.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.

Este margen sólo será otorgado a cada oferente una vez por ejercicio presupuestario, de haber resultado adjudicatario.

Para acceder al margen del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado establecido precedentemente, las cooperativas deben ajustarse a lo prescripto en la presente ley en lo que hace a la facturación para las micro y pequeñas empresas.

(Conforme texto Art. 43 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 109.- ADJUDICACIÓN.

La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación.

Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere indemnización alguna.

(Conforme texto Art. 44 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 110.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

El organismo licitante debe publicar la adjudicación en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en las condiciones que determine la reglamentación correspondiente.

(Conforme texto Art. 45 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 111.- RECURSOS.

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de adjudicación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



CAPÍTULO IX
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 112.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación.

Artículo 113.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente. Si el adjudicatario no integra la garantía en dicho plazo, se lo intimará en forma fehaciente, bajo apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el Art. 125.

(Conforme texto Art. 46 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



CAPÍTULO X
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 114. - ENTREGA.

Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones.

Artículo 115.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.

La recepción de los bienes y servicios tiene carácter provisional y los recibos o remitos que firmen los funcionarios designados quedan sujetos a la recepción definitiva.

(Conforme texto Art. 47 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 116.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Cada entidad debe designar el o los responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la única limitación de que esa designación no deba recaer, salvo imposibilidad material debidamente fundada, en quienes hayan integrado la Comisión de Evaluación de Ofertas.

A los efectos de la conformidad definitiva, debe procederse previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario y, en su caso, con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

(Conforme texto Art. 48 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 117.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.

Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede:

Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según corresponda.
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.
Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato.
Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas.
(Conforme texto Art. 49 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 118.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en su reglamento, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá:

El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosa la prestación a su cargo.
La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural.
Artículo 119.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO.

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho.

El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.
Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.

CAPÍTULO XI
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Artículo 120.- PRÓRROGA.

El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

(Conforme texto Art. 50 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 121.- REHABILITACION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de prórroga sin que se hubiera satisfecho la obligación contractual, se producirá la caducidad del contrato.

Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere otorgado, el adjudicatario puede pedir la rehabilitación por la parte no cumplida del contrato.

Esta rehabilitación puede ser aceptada por una sola vez, previo pago de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se rehabilita, el que debe cumplirse de acuerdo a las condiciones estipuladas en los pliegos.

Artículo 122.- REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR.

Cuando la autoridad contratante revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, éste último tiene derecho a que se le reconozca los gastos que probare fehacientemente haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para la financiación.

CAPÍTULO XII
DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES

Artículo 123.- PENALIDADES.

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades:

Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Rescisión del contrato por culpa del cocontratante.
La aplicación de las penalidades es facultad de las Unidades Operativas de Adquisiciones. A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad.

(Conforme texto Art. 51 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 124.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - DESISTIMIENTO DE OFERTAS.

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido conlleva la pérdida de la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía se pierde en forma proporcional.

Artículo 125.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA.

Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en la reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la adjudicación o de un monto equivalente a dicha garantía.

Artículo 126.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.

La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación.

Los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más allá de las contempladas en la presente ley.

Artículo 127.- AFECTACIÓN DE LAS MULTAS.

Las multas que se apliquen se afectan en el orden siguiente:

A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.
A los créditos del cocontratante resultantes de otros contratos de suministro o prestación de servicios no personales.
A la correspondiente garantía.
Ejecución Fiscal.
(Conforme texto Art. 52 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 128.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA O VENTA.

Queda rescindido el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de oferta, cuando éste rechace la orden de compra o venta dentro del plazo que fije la reglamentación.

Artículo 129.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.

Artículo 130.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE. PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL.

El incumplimiento de las prestaciones en que no sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más la pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe total de aquella.

Artículo 131.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - FRAUDE O NEGLIGENCIA.

Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar.

Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante y con las consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.

Artículo 132.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO.

Cuando el cocontratante transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

Artículo 133- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el cocontratante debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación.

Artículo 134.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Las penalidades establecidas en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo licitante.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor.

CAPÍTULO XIII
DE LAS SANCIONES

Artículo 135.- SANCIONES.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el artículo 105 de la presente ley, los oferentes o cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:

Apercibimiento.
Suspensión.
Inhabilitación.
A los efectos de la aplicación de las sanciones citadas, las Unidades Operativas de Adquisiciones deben remitir al Órgano Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieran aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes, con más los antecedentes referidos al desempeño del oferente o cocontratante durante la ejecución del contrato.

Las sanciones aplicadas a los oferentes o cocontratantes inciden en su aptitud para contratar en el futuro, debiendo ser registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

La imposición de las sanciones de suspensión e inhabilitación impiden la presentación del proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de las mismas.

Artículo 136.- APERCIBIMIENTO.

Procede la aplicación del apercibimiento cuando la misma se encuentra expresamente prevista en la reglamentación, y/o en el pliego de bases y condiciones generales.

Artículo 137.- SUSPENSIÓN.

Es sancionado con suspensión:

De un (1) mes a seis (6) meses:
El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 de la presente ley.
El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto.
El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año contando a partir de la imposición del primero de ellos.
De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento establecido en el artículo 129 de la presente ley.
De más de un (1) año y hasta dos (2) años, al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en los artículos 130, 131 y/o 132 de la presente.
Cuando concurran más de una causal de suspensión, los lapsos previstos en los incisos que anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

(Conforme texto Art. 53 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

Artículo 138.- INHABILITACIÓN.

Es sancionado con inhabilitación para contratar:

El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un lapso de cinco (5) años calendario;
El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el precedente artículo 137, inciso b), no haya efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía perdida, hasta tanto no efectúe el pago respectivo.
Artículo 139.- REHABILITACIÓN.

La inhabilitación será por un plazo de cinco (5) años contados desde la notificación. Transcurrido dicho plazo, el proveedor queda nuevamente habilitado para contratar con el sector público de la Ciudad, salvo en el supuesto del precedente artículo 138, inciso b).

Artículo 140.- COMPETENCIA MATERIAL.

El órgano rector, según lo normado en el presente ordenamiento, es el competente para imponer las sanciones administrativas previstas en el mismo.

(Conforme texto Art. 54 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

(*) (Conforme Art. 27 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)



TÍTULO SÉPTIMO (**)
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 141.- OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL.

Modifícase el artículo 10 de la Ley N° 1.218 (B.O. N° 1850), el que queda redactado de la siguiente manera: "El dictamen de la Procuración General es obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere el millón (1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la Administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad".

Artículo 142.- DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

A los efectos de contratar con el sector público de la Ciudad, se entiende por micro y pequeña empresa a aquellas definidas de tal forma en las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, y lo establecido en el siguiente cuadro:

Tamaño/sector Agropecuario Industria y Mineria Comercio Servicios
Microempresa

270.000

900.000

1.800.000

450.000

Pequeña Empresa /Cooperativas

1.800.000

5.400.000

10.800.000

3.240.000

Los valores consignados están expresados en unidades de compra.

Artículo 143.- UNIDADES DE COMPRA Y MULTA.

A los efectos de definir el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la presente ley, se estará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio en que se realice o aplique.

Artículo 144.- CONTRATACIONES EN TRÁMITE. FINALIZACIÓN.

Las contrataciones y/o Licitaciones que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, estuvieren en gestión, deberán ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del régimen de su instrumentación.

Artículo 145.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

(**) (Título incorporado por el Art. 55 de la Ley Nº 4.764, BOCBA N° 4313 del 08/01/2014)

CLÁUSULAS TRANSITORIAS.

Primera.- La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones informatizadas, la que deberá implementarse en un plazo no mayor de los cuatro (4) años corridos a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

Segunda.- El presente régimen entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2007 para las contrataciones que se dispongan a partir de esa fecha. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.296, BOCBA Nº 2650 del 22/03/2007).

Tercera.- A los fines de la cuantificación actual de la presente ley y como marco referencial, establécese en un peso (1$) el valor de las unidades de compra y en valor similar el de las unidades de multa.

Artículo 146.- Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA

ALICIA BELLO

LEY N° 2.095

Sanción: 21/09/2006

Promulgación: Decreto Nº 1.772/006 del 26/10/2006

Publicación: BOCBA N° 2557 del 02/11/2006

Reglamentación: Decreto Nº 408/007 del 14/03/2007 (Derogado por el Decreto Nº 754 del 20/06/2008, BOCBA Nº 2960 del 27/06/2008)

Publicación: BOCBA Nº 2658 del 04/04/2007

Reglamentación para la LCABA (Legislatura): Decreto Nº 8-VP/008 del 14/01/2008

Publicación: BOCBA Nº 2857 del 24/01/2008

Reglamentación para CABA (Ciudad): Decreto Nº 754/008 del 20/06/2008 (Derogado por el Art. 6º del Decreto Nº 095/014, BOCBA Nº 4355 del 11/03/2014)

Publicación: BOCBA Nº 2960 del 27/06/2008

Reglamentación: Decreto Nº 386/013 del 24/09/2013 (incisos 1), 2), 4) y 8) del artículo 28) (Derogado por el Art. 6º del Decreto Nº 095/014, BOCBA Nº 4355 del 11/03/2014)

Publicación: BOCBA Nº 4248 del 01/10/2013

Reglamentación: Decreto Nº 095/014 del 06/03/2014

Publicación: BOCBA Nº 4355 del 11/03/2014

Nota de Redacción: La Ley Nº 2.325, BOCBA Nº 2695 del 31/05/2007, aprueba un Plan de Transición para la implementación de la presente, hasta el 31/12/2007; prorrogado hasta el 30/06/2008 por el Art. 1º de la Ley Nº 2.551, BOCBA Nº 2838 del 26/12/2007.

Nota de Redacción: El Decreto Nro. 408/007 del 14/03/2007 y el Decreto Nº 754/008 del 20/06/2008, fueron publicados en BOCBA Nº 2658 del 04/04/2007 y BOCBA Nº 2960 del 27/06/2008, respectivamente.

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2095.html


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REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Decreto 1023/2001

Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias.

Bs. As., 13/8/2001

Ver Antecedentes Normativos

VISTO el expediente N° 004/2001 del Registro de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA dependiente de la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el cual tramita la aprobación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y la Ley N° 25.414, y

CONSIDERANDO:

Que por la ley citada en el VISTO el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta el 1° de marzo del año 2002, el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública.

Que, en todos los casos, las facultades delegadas tienden a fortalecer la competitividad de la economía o a mejorar la eficiencia de la Administración Nacional.

Que, conforme surge del artículo 1° apartado II inciso e) de dicha ley, ésta, entre otros aspectos, tiene por objeto dar continuidad a la desregulación económica, derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional que perjudiquen la competitividad de la economía.

Que el incremento de la eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales reviste un carácter estratégico por su impacto en el empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y en la competitividad sistémica.

Que el crecimiento competitivo en el actual contexto económico requiere que, tanto el sector público como el privado, adquieran, internalicen y utilicen de manera intensiva los nuevos conocimientos, metodologías y tecnologías.

Que durante los CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS sucedidos desde el dictado de la Ley de Contabilidad se fue poniendo de manifiesto, en forma creciente, su falta de adecuación a las cambiantes condiciones del contexto, siendo las circunstancias actuales sustancialmente diferentes a las existentes en la época de su entrada en vigencia.

Que, en este orden de ideas, resulta pertinente sustituir los artículos 55 al 63 del Decreto Ley N° 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley N° 14.467, vigente en función de lo establecido por el inciso a) del Artículo 137 de la Ley 24.156.

Que, tanto la evolución operada en dicho contexto, cuanto en las funciones propias del Poder Administrador llevaron, en su momento, al dictado de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, en la cual se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía presentar al Congreso un proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose presentado sucesivos proyectos de ley para regular las contrataciones públicas, no alcanzando ninguno de ellos sanción legislativa.

Que dado el tiempo transcurrido sin que se alcanzara el objetivo propuesto y habida cuenta de los propósitos que inspiraron el dictado de la Ley N° 25.414, resulta procedente el dictado de una norma superadora del texto contenido en el del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad adecuando, asimismo, el régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.

Que los artículos 55 a 63 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad, relativos a las contrataciones estatales, vigentes en función de lo dispuesto por el artículo 137 inciso a) de la Ley N° 24.156, resultan en diversos casos contrarios al objeto que deben cumplir dichas contrataciones en relación con el propósito de incrementar la competitividad global de la economía nacional.

Que las diversas previsiones del artículo 56 de la Ley de Contabilidad no posibilitan la utilización de métodos competitivos, afectando la transparencia de los procedimientos de selección.

Que los plazos de anticipación fijados por el artículo 62 de la Ley resultan harto exiguos e impiden una adecuada concurrencia y competencia.

Que a los efectos de dotar a la norma que se dicta de una amplia base consensual la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a través de la SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL, con el apoyo de la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES organizó una serie de consultas tanto en el ámbito de la Administración como en el del sector privado de la economía, así como también con los organismos internacionales con los que la Nación mantiene vínculos.

Que, con el propósito de adecuar la normativa a las posibilidades del desarrollo científico y tecnológico operado en materia de comunicaciones e informática, se ha incluido un capítulo destinado a posibilitar las transacciones electrónicas, abriendo el camino hacia la previsible evolución que tendrán dichas materias en un futuro cercano.

Que resulta necesaria la supresión de regímenes especiales aprobados por ley, a los efectos de dar uniformidad a los procedimientos de selección que emplean los distintos organismos, eliminándose así la limitación que significa, para la concurrencia de oferentes, la necesidad de conocer cada uno de los regímenes previo a la presentación de las ofertas, lo que encarece los costos de presentación y, en consecuencia, los precios que paga el Estado por los bienes y servicios que recibe.

Que dicha uniformidad debe comprender, también, a los sistemas de identificación de bienes y servicios utilizados por los diversos organismos, de manera que la misma información sea utilizada por los proveedores y todas las jurisdicciones y entidades, e incorporada de una única manera en el sistema integrado de información financiera.

Que el presente régimen de contrataciones tiene como meta acompañar la política de Estado en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Que el Servicio Jurídico Permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1° inciso II, apartado e) de la Ley N° 25.414.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

TITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

CAPITULO I

REGIMEN GENERAL

Artículo 1° — OBJETO. El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Art. 2° — AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

(Nota Infoleg: Por art. 26 del Decreto N°486/2002 B.O. 13/03/2002, se exceptúa al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto.)

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 3° — PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:

a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.

b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes.

c) Transparencia en los procedimientos.

d) Publicidad y difusión de las actuaciones.

e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.

f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

Art. 4° — CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos:

a) Compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

b) Obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Art. 5° — CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos los siguientes contratos:

a) Los de empleo público.

b) Las compras por caja chica.

c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Régimen cuando ello así se establezca de común acuerdo por las partes en el respectivo instrumentó que acredite la relación contractual, y las facultades de fiscalización sobre ese tipo contratos que la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones confiere a los Organismos de Control. (Inciso sustituido por art. 2° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

Art. 6° — PROGRAMACION DE LAS CONTRATACIONES. Cada jurisdicción o entidad formulará su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza sus actividades y a los créditos asignados en Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.

(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 7° — NORMATIVA APLICABLE. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda.

Art. 8° — OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme lo determine la reglamentación.

Art. 9° — TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Asimismo, teniendo como base el principio de transparencia, la apertura de las ofertas siempre realizará en acto público, siendo ello también aplicable a las contrataciones públicas electrónicas (Párrafo incorporado por art. 4° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003 Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 10. — ANTICORRUPCION. Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

Art. 11. — FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario:

a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección.

b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado.

d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.

e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes.

f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación

g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.

h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación.

i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato

Art. 12. — FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. La autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases condiciones, o en la restante documentación contractual.

Especialmente tendrá:

a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver, las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de éstas. Los actos administrativos que se dicten en consecuencia tendrán caracteres y cualidades otorgados por el artículo 12 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias.

b) La facultad de aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante.

c) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

d) La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

e) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

f) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que estén obligados a llevar los cocontratantes.

g) La facultad de prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. La misma no procederá si se ha hecho uso de la prerrogativa establecida en el inciso b) del presente artículo.

Se podrá hacer uso de esta opción por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial.

Cuando éste fuere plurianual, no podrá prorrogarse más allá de UN (1) año adicional, en las condiciones que se determinen en las normas complementarias.

(Artículo sustituido por art. 5° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 13. — FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el cocontratante tendrá:

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o impre visibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.

c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

Art. 14. — RESPONSABILIDAD. Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.

Art. 15. — CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

Art. 16. — ELEGIBILIDAD. La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 17. — SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Art. 18. — REVOCACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Art. 19. — CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

Art. 20. — PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades que determine la reglamentación.

Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cual quier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CAPITULO II

CONTRATACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS

Art. 21. — CONTRATACIONES EN FORMATO DIGITAL Las contrataciones comprendidas en este régimen podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente, utilizando los procedimientos de selección y las modalidades que correspondan. También podrán realizarse en formato digital firmado digitalmente los contratos previstos en el artículo 5° del presente.

Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 2° estarán obligadas a aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de contratación establecidos en este régimen, en formato digital firmado digitalmente, conforme lo establezca la reglamentación.

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital firmado digitalmente, en los procedimientos regulados por el presente.

Deberá considerarse que los actos realizados en formato digital firmados digitalmente cumplen con los requisitos del artículo 8° de la Ley N° 19.549, su modificatoria y normas reglamentarias, en los términos establecidos en las disposiciones referentes al empleo de la firma digital en el Sector Público Nacional, las que se aplicarán, en el caso de las contrataciones incluidas en los artículos 4° y 5° de este régimen, aun a aquellos actos que produzcan efectos individuales en forma directa.

Los documentos digitales firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

Art. 22. — REGULACION. La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular el régimen de publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, los procedimientos de pago por medios electrónicos, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

CAPITULO III

ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SELECCION DEL COCONTRATANTE

(Por art. 11 del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003 se incorpora el Capítulo III al Título I del cual forman parte los arts. 23 a 28 que anteriormente pertenecían al Capitulo I del Título II. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 23. — ORGANOS DEL SISTEMA. El sistema de contrataciones se organizará en función del criterio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa.

Los órganos del sistema y sus respectivas funciones serán:

a) El Organo Rector será la Oficina Nacional de Contrataciones o el organismo que en el futuro la reemplace, el que tendrá por función proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, ejercer la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de contrataciones y aplicar las sanciones previstas en el artículo 29, inciso b) del presente régimen; y

b) Las unidades operativas de contrataciones funcionarán en las jurisdicciones y entidades aludidas en el artículo 2° del presente y tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.

(Denominación del presente artículo "ORGANIZACION DEL SISTEMA" sustituida por "ORGANOS DEL SISTEMA" por art. 12 del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 24. — SELECCION DEL COCONTRATANTE. La selección del cocontratante para la ejecución de los contratos contemplados en el artículo 4° de este régimen se hará por regla general mediante licitación pública o concurso público, según corresponda, por aplicación del inciso a) apartados 1. y 2. del artículo 25.

La selección del cocontratante mediante subasta pública , licitación o concursos privados, o contratación directa sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 25, respectivamente.

Las contrataciones podrán realizarse con modalidades, conforme con su naturaleza y objeto, las que serán establecidas en la reglamentación.

En todos los casos deberán cumplirse, en lo pertinente, las formalidades establecidas por el artículo 11 del presente régimen, bajo pena de nulidad.

(Expresión " licitación o concursos abreviados" sustituida por " licitación o concursos privados" por art. 8° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 25. — PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. Los procedimientos de selección serán:

a) LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.

1 . El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.

2. El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.

b) SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:

1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior.

Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto por el apartado 2. del inciso d) de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que fije la reglamentación.

2. Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.

c) LICITACION O CONCURSO ABREVIADOS. La licitación o el concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el Organo Rector, conforme lo determine la reglamentación, y serán aplicables cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

d) CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación.

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.

La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

4. Cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasaren se deberá efectuar un segundo llamado, modificándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si éste también resultare desierto o fracasare, podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa previsto en este inciso. (Apartado sustituido por art. 6° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

6. Cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

8. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato. (Apartado incorporado por art. 1° del Decreto N°204/2004 B.O. 23/2/2004. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.)

9. Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL con las Universidades Nacionales. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha. (Apartado incorporado por art. 1° del Decreto N°204/2004 B.O. 23/2/2004. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.)

10. Los contratos que previo informe al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se celebren con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha. (Apartado incorporado por art. 1° del Decreto N°204/2004 B.O. 23/2/2004. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.)

(Párrafo derogado por Decreto N°204/2004 B.O. 23/2/2003, que abroga el Decreto N°2508/2002.)

Art. 26. — CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS PRIVADOS. Podrán efectuarse licitaciones y concursos públicos y privados de las siguientes clases:

a) DE ETAPA UNICA O MULTIPLE.

1. La licitación o el concurso públicos o privados serán de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.

2. Cuando las características específicas de la prestación, tales como el alto grado de complejidad del objeto o la extensión del término del contrato lo justifiquen, la licitación o el concurso público o privado deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La licitación o el concurso público o privado serán de etapa múltiple cuando se realicen en DOS (2) o más fases la evaluación y comparación de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas.

b) NACIONALES O INTERNACIONALES.

1. La licitación o el concurso serán nacionales cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto.

2. La licitación o el concurso serán internacionales cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extienda a interesados y oferentes del exterior; revistiendo tal carácter aquéllos cuya sede principal principal de sus negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el país.

(Artículo sustituido por art. 9° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.)

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)

TITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES APLICABLES A BIENES Y SEVICIOS

(Título del Capítulo I sustituido por art. 11 del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 29. — PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones:

a) PENALIDADES.

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Rescisión por su culpa.

b) SANCIONES. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1. Apercibimiento

2. Suspensión.

3. Inhabilitación.

A los efectos de la aplicación de las sanciones antes mencionadas, los organismos deberán remitir al Organo Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.

Art. 30. — OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. La reglamentación deberá prever cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal. Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha reglamentación.

Art. 31. — GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine.

Art. 32. — PUBLICIDAD Y DIFUSION. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital, deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.

La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos abreviados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación, y complementarse mediante la exhibición de la convocatoria, el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante, cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance que lo reemplace, en el sitio del Organo Rector, en forma simultánea, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el medio específico que se establezca en el presente o en la reglamentación, o desde que se cursen invitaciones, hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 3° de este régimen.

Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se difundirán por INTERNET, en el sitio del Organo Rector, las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente someta a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y toda otra información que la reglamentación determine.

Quedan exceptuadas de la obligación de difusión en todas las etapas del procedimiento, las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 y de difusión de la convocatoria las de los apartados 5, para los casos de emergencia, y 8.

CAPITULO II

OBRAS PUBLICAS

Art. 33. — MODIFICACION DEL ARTICULO 9° DE LA LEY 13.064. Modificase el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:

a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional.

c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable;

d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva;

e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad;

f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible;

g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en tanto no se opongan a las disposiciones del presente.

Art. 34. — MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 11 Y 17 DE LA LEY N° 13.064. Dispónese el reemplazo de los términos "remate" y "subasta" por la expresión "licitación pública" en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley N° 13.064.

Art. 35. — APLICACION DEL TITULO I. Las disposiciones del Título I del presente régimen serán aplicables a los contratos de Obras Públicas regulados por la Ley N° 13.064, en tanto no se opongan a sus prescripciones.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 36. — MODIFICACION DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 19.549 Y SUS MODIFICATORIAS. Modifícase el último párrafo del artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente."

Art. 37. — VIGENCIA. Este régimen entrará en vigencia a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial, para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha.

Art. 38. — DEROGACIONES. Deróganse los artículos 55 al 63 del Decreto Ley Nº 23.354 de fecha 31 de diciembre de 1956, ratificado por la Ley Nº 14.467, la Ley Nº 19.900, la Ley Nº 20.124 en lo que respecta a los contratos comprendidos en este régimen, el artículo 12 de la Ley Nº 22.460 y todos aquellos regímenes de contrataciones que se opongan al presente, con excepción de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias.

(Artículo sustituido por art. 14 del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 39. — REGLAMENTACION. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. El Poder Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un plazo similar. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes.

(Plazo prorrogado por TRESCIENTOS SESENTA (360) días hábiles, contados a partir del 15 de octubre de 2001, por art. 10 del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.)

Art. 40. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Carlos M. Bastos. — José H. Jaunarena. — Jorge E. De La Rúa. — Andrés G. Delich.



—FE DE ERRATAS—

Decreto 1023/2001

En la edición del 16 de agosto de 2001, donde se publicó el citado Decreto, se deslizaron determinados errores de imprenta, tanto en el inciso d), Punto 5 del Artículo 25, como en el inciso g) del Artículo 28, los que se transcriben a continuación, en forma correcta:

Artículo 25, inciso d)

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

Artículo 28

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.



Antecedentes Normativos

- Artículo 25, inciso d) último párrafo incorporado por art. 1° del Decreto N° 2508/2002 B.O. 6/12/2002; derogado por Decreto N°204/2004 B.O. 23/2/2003, que abroga el Decreto N°2508/2002.

- Artículo 25, inciso d), apartado 8, derogado por art. 7° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria;


http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm

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