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5 de noviembre de 2015

Duran Barba procesado por campaña sucia. La causa prescribió. El delito quedó impune



En las elecciones de 2011 para alcalde porteño, empresas vinculadas a Duran Barba ejecutaron un plan para desprestigiar a Filmus, candidato del FPV
Campaña sucia: la causa contra el gurú de Macri se frenó en la Ciudad
Gabriel A. Morini 22 de Julio de 2013 | 12:00
Pese a que el consultor y los otros dos acusados no pudieron objetar las pruebas, el expediente se paralizó desde que en 2012 pasó a la órbita de la justicia porteña por decisión de la Corte. En diciembre corre el riesgo de prescribir.


A dos años de la primera denuncia, la causa por la denominada "campaña sucia" en contra del candidato del Frente para la Victoria a la jefatura de Gobierno, Daniel Filmus, es un ejemplo de cómo las maniobras dilatorias en la justicia permiten que un expediente se diluya, y deje la mayoría de los delitos investigados al borde de la prescripción.
Mientras el consultor estrella del PRO, el ecuatoriano Jaime Duran Barba, y sus socios Guillermo Garat y Rodrigo Lugones están procesados por haber orquestado una serie de encuestas telefónicas en 2011 con el objetivo de confundir al electorado, existe otro expediente abierto por el presunto trabajo de inteligencia que llevó a cabo la Policía Metropolitana a vecinos de la Comuna 12, que está en la Justica Federal.
En septiembre próximo, la investigación principal caerá por el paso del tiempo, pese a que las pruebas centrales no pudieron ser objetadas por las defensas. Pese a estar reunidos todos los elementos necesarios para el comienzo de un juicio oral, la causa está empantanada en cuestiones procesales que han impedido su esclarecimiento, lo que plantea la posibilidad cierta de que en diciembre se llegue a la prescripción.
Connectic SRL, Tag Continental, Opinión Confidencial y Call and Contact Center son algunas de las consultoras que fueron investigadas por la campaña de difamación contra Filmus, antes de que se realizaran las elecciones porteñas, hace casi dos años. La operación consistió en hacer una supuesta encuesta en la que se brindó a los porteños información falsa sobre el padre del candidato kirchnerista, vinculándolo con Sergio Schoklender, en pleno escándalo por el presunto desvío de fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

CAUSAS. Hoy existen dos expedientes judiciales: uno por la campaña sucia, que por decisión de la Corte Suprema se tramita en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad; y otro por presunta "violación de secreto", que está bajo la órbita de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en la que investiga la confección de una base de datos de 4000 vecinos de la Comuna 12, donde –con nombre, apellido, domicilio, y número de teléfono– se los clasifica como "Aliados potenciales" o de "Alto riesgo", material que tenía por destino la Metropolitana. Esa causa no registró mayores avances desde fines del año pasado, más allá de declaraciones testimoniales de algunas de las víctimas de los informes en los que se los rotulaba en base a sus opiniones con respecto al gobierno PRO.
En septiembre de 2012, la Corte le quitó a Servini de Cubría el expediente principal y lo traspasó al juez porteño Carlos Bentolilla, bajo el argumento de que los sucesos investigados no correspondían a la Justicia Nacional Electoral sino que "tuvieron lugar en ocasión de una campaña electoral local y prima facie aparecen dirigidos contra un candidato a un cargo público electivo, también de carácter local".
Servini –a diferencia de lo que sucedió luego– había dado impulso a la investigación, recolectó gran cantidad de prueba y dictaminó, el 19 de junio de ese año, el procesamiento de Duran Barba, Lugones y Garat por la infracción del artículo 140 del Código Electoral, que establece que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo". Según la jueza, el objetivo de la maniobra fue influir en el ánimo de los votantes, lo que pudo también haber tenido consecuencias en las elecciones nacionales. El entonces procurador interino Luis González Warcalde compartió el criterio de que el expediente debía quedar en manos de la Justicia Federal, pero la Corte ordenó que la causa pase a la Ciudad. Desde entonces, los avances fueron nulos.

DESIDIA. Los únicos pasos que dio la justicia porteña fueron resolver una cuestión de competencia –la defensa pretendía que le remitieran también la causa que quedó en federal sobre violación de secretos, lo que no prosperó–, y la celebración de una audiencia en noviembre de 2012 por la nulidad de un allanamiento, también a pedido de la defensa. Los abogados objetaron uno de los primeros operativos hechos en julio de 2011, en Libertad 1240, sede de Duran Barba y Asociados, y un año más tarde aportaron una cámara de seguridad, donde afirman que se aprecian irregularidades en el secuestro de material. Pidieron una pericia de la filmación, algo que comenzó recién en junio pasado y debió ser aplazado debido a la feria judicial. De acuerdo a la querella que encabeza Matías Novoa, en representación de Filmus, hoy en carrera para renovar su banca de senador, el trámite es inconducente: ninguno de los elementos secuestrados de esa oficina fue utilizado en la causa, ni forman parte de la prueba.
En la justicia porteña, la causa es instruida por el fiscal Ángel Carestia, pero en la práctica, la lleva adelante su par María Lorena Tula del Moral. La cabeza del Ministerio Público Fiscal porteño al que responden los fiscales es Germán Garavano, de estrecho vínculo con el jefe de gobierno Mauricio Macri. Si la fiscalía no impulsa el expediente y promueve su cierre para un futuro juicio oral, el delito prescribirá y la acusación caerá.

LA PRUEBA. Los elementos que comprometen al consultor estrella del macrismo fueron recolectados durante la instrucción de Servini y nunca pudieron ser desvirtuados por los defensores. Por un lado, los servidores alojados en la empresa IPLAN, en cuyo interior se encontraron tanto las grabaciones utilizadas en las encuestas difamatorias como otro material utilizado también con el fin de confundir al electorado, vinculando a Filmus con personajes controvertidos. A su vez, los testigos que recibieron las llamadas con la encuesta anónima ratificaron sus dichos en sede judicial. A ello se sumó la información de las compañías telefónicas que corroboraron que a esas personas les fueron cursadas llamadas desde un número genérico utilizado para paquetes de servicios telefónicos vía Internet. Ese servicio en Telecom USA estaba contratado por Tag Continental. La dirección IP correspondía con la que Connectic había contratado a Iplan, por lo que se ordenaron allanamientos simultáneos y se cerró el círculo sobre el entorno del consultor y estratega del macrismo.
En los allanamientos a las firmas, se encontró un "Acuerdo de confidencialidad y no competencia", fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Lugones, por una parte; y Garat, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo, por otra. Como prueba se incorporaron dos cheques por 100 mil y 150 mil pesos a favor de Tag Continental SRL y Call and Contact SRL, respectivamente, librados por la cuenta que el PRO tiene en el Banco Ciudad. El apoderado del macrismo en esa campaña fue el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. El mismo funcionario que negó vínculo alguno con las empresas investigadas pero que firmó la Resolución 296-MJGGC/10, donde le entregó a Connectic un contrato por 1.334.000 pesos para la adquisición de "un servicio de sistema de llamadas automáticas con resultados georreferenciados por un año". «

domicilios en común

Entre las pruebas que se incorporaron también al expediente están los nexos tanto de los acusados entre sí, como de los trabajos que realizaron para el gobierno de la Ciudad. Duran Barba, Garat y Lugones comparten no sólo la titularidad de otras consultoras, sino también el domicilio. En la oficina 33 de Libertad 1240 están registradas las firmas Informe Confidencial y Duran Barba y Asociados; mientras que en el tercer piso de Talcahuano 446 funcionaban Tag Continental y Connectic SRL. Tiempo Argentino reveló la mayoría de los hallazgos en el expediente, entre los que se cuenta que cinco ministerios porteños utilizaron los servicios de las consultoras. La Jefatura de Gabinete, la Secretaría General, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Planeamiento de Medios y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público son las reparticiones desde las que el macrismo contrató a las consultoras. También descubrió que el mismo gobierno porteño financió con fondos públicos el desarrollo informático que permitió a Connectic implementar una plataforma idéntica a la que se utilizó para realizar las encuestas contra Filmus, a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo Económico. En total, fueron $ 118 mil, de los cuales $ 52 mil fueron Aportes no Reembolsables. De acuerdo a las pruebas que se recopilaron, el grupo económico que conformaban las empresas vinculadas a Duran Barba, conforme surge de la investigación judicial en curso, podría haber recibido del gobierno porteño y el PRO la suma de $ 5.996.749,31. Sobre la campaña de afiches anónima de tono difamatorio, no hubo avance alguno. Lo mismo sucedió con una página web apócrifa, que fue dada de baja mientras Filmus hacía pública su denuncia.

El caso

5-07-11: Filmus denuncia una campaña difamatoria a través de una falsa encuesta telefónica. Hay allanamientos, se secuestra documentación y se hacen peritajes.
9-06-12: Duran Barba, Lugones y Garat son procesados por Servini de Cubría, acusados de intentar influir en el voto de los porteños.
19-09-12: La Corte Suprema de Justicia saca el expediente de la justicia electoral y lo deriva a la contravencional porteña. Desde entonces no se produjeron avances en la causa.

Textual
El mensaje
El mensaje que desató la denuncia: "Si se prueba que el padre de Filmus es arquitecto en la empresa de Schoklender, ¿esto va a afectar negativamente su candidatura?"

http://tiempo.infonews.com/nota/92625/campana-sucia-la-causa-contra-el-guru-de-macri-se-freno-en-la-ciudad


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Martes 18 de Agosto de 2015
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Contra Daniel Filmus
En 2012, Durán Barba ya fue procesado por "campaña sucia"
El macrismo ya tuvo serios problemas judiciales en el pasado por acusaciones de "campaña sucia", tal como ahora denuncia el precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. En 2012, el jefe de campaña de Mauricio Macri, el publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba, fue procesado junto a dos socios por acciones contra el excandidato porteño Daniel Filmus.

El Frente para la Victoria presentará ante la Dirección Nacional Electoral una denuncia por "difamación" contra el frente Cambiemos que lidera Mauricio Macri, al que acusa de lanzar una "campaña sucia" al utilizar por las redes sociales fotografías e imágenes falsas para perjudicar la imagen de Scioli.

"La campaña de difamación incluye fotos de catástrofes ocurridas en países de Centoamérica o de situaciones que sucedieron hace años, ediciones de imágenes falsas de Daniel Scioli y de Karina Rabolini en lugares paradisíacos y con un sólo objetivo: difamar al candidato presidencial oficialista que ganó las últimas PASO en Argentina", señala la presentación.

Se refiere así en imágenes difundidas desde cuentas de Twitter y Facebook que luego fueron viralizadas y potenciadas por dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y Laura Alonso, detectadas y posteadas entre las 20 y las 21 del 12 de agosto.

Tres años atrás, la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubria procesó y embargó por 130.000 pesos a cada uno, a Durán Barba, José Garat y Rodrigo Lugones, imputados de violar el artículo 140 del Código Electoral que prevé hasta dos años de prisión a quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".

La campaña sucia, dijo la magistrada en su fallo, tuvo "una clara intencionalidad de sobrepasar el pequeño ámbito de la elecciones local de autoridades vecinales, para lograr influir en la intención de voto del electorado a nivel de la próxima elección presidencial".

La investigación se inició por la denuncia de una falsa encuesta telefónica realizada durante la campaña electoral para renovar jefe de gobierno porteño, en julio del año pasado, en la que se vinculaba al padre de Filmus con el exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

"Los nombrados organizaron y realizaron una campaña tendiente a inducir el voto mediante engaños, a una cantidad indeterminada de ciudadanos" porteños a favor de Macri y en contra de Filmus, sostuvo Servini en el fallo en el que también consideró que la operación "sobrepasó" el ámbito comunal.

Según Servini de Cubría se buscó "sembrar dudas sobre la idoneidad de un candidato del mismo signo político de quien fuera candidata a la presidencia de la nación por la coalición gobernante".

El engaño denunciado por Filmus consistió en informar falsamente que su padre octogenario, Salomón Filmus, era arquitecto del plan Sueños Compartidos, tras lo cual el mensaje preguntaba si igual lo votaría.

Pero en otros 17 archivos de audio encontrados durante la investigación y citados en la resolución, la campaña hacía otras preguntas del debate nacional que incluyeron los que Servini denominó una "simulación de origen".

"Te estamos llamando de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano. Con Cristina hemos recuperado la dignidad y ya es hora que la ciudad de Buenos Aires se sume al proyecto nacional", decía uno de esos llamado apócrifos.

Otro mensaje falso señalaba que "Hugo Moyano ha dado su apoyo a Daniel Filmus a cambio de lugares en la lista de legisladores y futuros cargos" y preguntaba si esos cargos eran suficientes o deberían ser más.

"¿Usted votaría a un candidato a jefe de gobierno que quiere garantizar un derecho de protesta de los piqueteros?" o "¿Usted sabía que Pitu Salvatierra, la persona que lideró la toma del Parque Indoamericano en diciembre pasado es empleado de la candidata a legisladora kirchnerista Rachid y al mismo tiempo protegido de Daniel Filmus?", figura entre los mensaje emitidos.

La campaña fue enviada a unos 600.000 usuarios telefónicos tanto en Capital como en el conurbano por el call center Tag Continental, según informaron las prestadoras telefónicas a la justicia. Simultáneamente la misma información falsa fue distribuida mediante masivos envíos de twitter.

El publicista negó tanto en declaraciones de prensa como en un escrito presentado ante la jueza toda responsabilidad en el episodio, además de poner en duda que el procedimiento fuera un delito.

Tras la denuncia de Filmus, Servini ordenó el allanamiento de las empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, vinculadas a Lugones y Garat, quien son socios de Durán Barba.

Las pericias técnicas realizadas por la Gendarmería sobre una treintena de computadoras secuestradas en esos procedimientos concluyeron que desde ellas se realizaron los llamados a través de servidores ubicados en Estados Unidos.

En el mismo edificio donde estaban las empresas también se encuentra la consultora Opinión Confidental, propiedad de Durán Barba y Asociados, en la que Garat y Lugones son socios.

Fuentes de la causa, en la que Filmus fue patrocinado por el ex camarista federal y ex ministro de Justicia, León Arslanian, dijeron que es la primera vez que se aplicó este artículo del Código Electoral.
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=803738

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