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15 de noviembre de 2015

MACRI VETO EN 2010 LA CREACION DE UNA OFICINA CONTRA LA TRATA



Domingo, 22 de enero de 2012 | Hoy

EL PAIS › MACRI VETO EN 2010 LA CREACION DE UNA OFICINA CONTRA LA TRATA E IMPLEMENTO UN COMITE MAS ACOTADO Y SIN PRESUPUESTO PROPIO
El veto de la trata
El proyecto era de una diputada macrista, que lo presentó después de que pasaran dos años sin que el Ejecutivo creara la autoridad de aplicación de la ley de trata. El PRO defiende la tarea del Comité y muestra un refugio como principal logro. Los opositores critican la falta de presupuesto y de eficacia.


Por Werner Pertot
La denuncia de Lorena Martins sobre un presunto financiamiento de la campaña de Mauricio Macri por parte de una red de trata de personas puso la lupa sobre las políticas del gobierno porteño contra el tráfico. El jefe de Gobierno vetó en 2010 una ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas, integrada por los tres poderes. La autora de la ley era una legisladora del PRO. En su lugar, Macri creó un Comité contra la Trata que no tiene presupuesto propio y que coordina la tarea entre los ministerios. Desde la gestión PRO, sostienen que su mayor logro fue la creación de un refugio para víctimas de la trata, a comienzo de 2011. Los opositores cuestionan su ineficacia y que no destine recursos de la Agencia de Control a inspeccionar lugares que funcionan como prostíbulos.

La ciudad aprobó en 2008 una ley que garantiza la asistencia a las víctimas de la trata de personas y le impone al Gobierno la obligación de “favorecer la detección de casos”. En su artículo 4, dejaba en manos del Ejecutivo la creación de una autoridad de aplicación. Como pasaron dos años y la gestión PRO no la reglamentaba, la diputada macrista María Eugenia Rodríguez Araya presentó un proyecto de ley para crear una Oficina contra la Trata de Personas. En su página web, había criticado un informe técnico negativo de la Subsecretaria de Derechos Humanos y señaló que “la necesidad de crear una oficina por un proyecto de ley es que perdure en el tiempo. En cambio, un programa se cae cuando termina una gestión”.

Su proyecto, que fue aprobado por la Legislatura, disponía la creación de una comisión permanente integrada por cinco representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, además de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La oficina debía contar con una planta profesional y un presupuesto propio.

Esta ley fue vetada por Macri –en uno de sus más de 90 vetos– el 21 de enero de 2010. Allí consideró que se debía salvaguardar “el principio de división de poderes” y que se iba a adoptar un “enfoque multidisciplinario e interinstitucional”. El veto lo firmaron el jefe de Gobierno y su entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. El 27 de enero –seis días después– Macri creó, en lugar de la Oficina, un Comité contra la Trata de Personas que no contaba con presupuesto propio y que componían un representante de los ministerios de Desarollo Social, Justicia, Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Los otros poderes, Legislativo y Judicial, y la Defensoría del Pueblo fueron excluidos. El decreto que reemplazó la ley vetada dejó bien en claro que “no implicará gasto adicional alguno al ejercicio presupuestario en curso y los gastos que demande su implementación se imputarán a las partidas” de cada área.

Sin presupuesto...

En la gestión PRO, defendieron la decisión de que no tuviera presupuesto para no crear “estructuras burocráticas”. Al tener esta forma incorpórea, se hace difícil conocer cuánto dinero le destinó el gobierno de Macri a combatir la trata de personas. Así lo comprobaron en el equipo de Diana Maffía durante su presidencia de la Comisión de la Mujer de la Legislatura. Sus asesoras hicieron un seguimiento de las distintas partidas que podrían intervenir. Así, el programa de Asistencia a la Víctima de violencia contaba en 2011 con 16 millones de pesos, aunque no se discriminaba cuánto fue utilizado contra la trata. La dirección de Asistencia a la Víctima, que atiende distintos tipos de casos, contaba con otros 70 millones. Lo más cercano que pudieron encontrar al presupuesto del Comité fue una mención a la trata en una partida de la Subsecretaría de Derechos Humanos: en 2011 esa partida contaba con 9.096.049 pesos. En el presupuesto de este año –según comprobó este diario– tiene 9.892.680. Si bien ningún funcionario macrista quiso responder a Página/12 sobre las tareas del Comité, varios explicaron off the record cuál fue su desempeño. Aunque es inhallable en el organigrama del gobierno porteño, desde la gestión PRO indicaron que funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. Ex dirigente de la DAIA, es el mismo al que Sergio Burstein acusa de haberle mentido sobre el nombramiento de Jorge “Fino” Palacios frente en la Metropolitana. Lo hizo, según Burstein, para evitar un discurso crítico en un acto.

Las acciones del Comité son algo nebulosas. Guadalupe Tagliaferri, quizás la funcionaria macrista que más activa se mostró, dejó su lugar en la Dirección de la Mujer a Beatriz Bitas, una persona que reporta al legislador Sergio Bergman. Todavía están en la transición. Desde Desarrollo Social, informaron que el Comité “mantiene un estrecho vínculo con el Ufase” (la unidad fiscal destinada a la trata) y que, como la trata es un delito federal, sus acciones se circunscriben a la atención de víctimas y a prestar colaboración ante eventuales denuncias.

Como principal medida, señalaron la creación de un refugio para mujeres víctimas de la trata, que se inauguró en 2011 y tiene capacidad para 18 personas. En ese momento, Macri dijo que se trataba de “un delito aberrante que configura una verdadera forma de esclavitud” y que iban a “librar una batalla contra el flagelo”. En Desarrollo Social, informaron que para la creación del refugio, asesoró la Fundación de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. No aportaron estadísticas de cuántos casos resolvió el Comité, aunque un ex integrante señaló que el año pasado colaboraron en “unos 70 casos”. También recordó que hicieron un programa para las escuelas, llamado “los derechos no tienen recreo”, e iban a dar charlas a un colegio por semana. Otro macrista que intervino en el Comité admitió que “falta trabajar en prevención”.

...pero con críticas

“Resulta sospechoso que gobierno de Macri vete una ley de una diputada propia. Y que no tenga ningún tipo de organización en el Gobierno para enfrentar la trata. Esto se junta con la sospecha actual sobre el financiamiento de campaña”, indicó el auditor porteño Eduardo Epszteyn, quien consideró que el gobierno porteño “ha hecho poco y nada en relación a combatir la trata de personas. Lo evidencian las actas de la Agencia de Control Gubernamental, que además no integra este comité”. “Macri debería dar explicaciones más claras, por la gravedad de la denuncia. Dijo que no lo conoce a (Raúl) Martins, pero lo conoce a (Gabriel) Conde. Mientras Nilda Garré descabeza comisarías, el gobierno local no hace nada: la Agencia de Control no tiene nada que ver, hay una ley y la vetan”, cuestionó.

En tanto, la legisladora ibarrista María Elena Naddeo presentó un proyecto para modificar la autoridad de aplicación. “Ese comité interministerial es muy poco eficaz, porque se diluye la responsabilidad. Me parece que la Dirección de la Mujer podría tener un rol más protagónico, para superar la inercia del Comité y las corruptelas de la Agencia de Control Comunal”, dijo. “Ahí propuse que se releven bares y whisquerías con la Agencia y la Dirección de la Mujer, para llegar a las personas que están en esos lugares”, sostuvo Naddeo. La legisladora estimó que “el Comité interministerial sinceramente no cumplió un rol eficaz, porque no tiene poder de policía”. También criticó que Avruj “no es una persona que tenga conocimiento sobre el tema. Es todo muy incipiente y ya tiene cuatro años la ley contra la trata”.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-185995-2012-01-22.html


VETO de la LEY Nº 3.369
DECRETO Nº 102/010
BOCBA N° 3349 del 27/01/2010

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.

VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.369, las Leyes Nacionales N° 25.632 y 26.364, la Ley N° 2.781 y los Expedientes N° 11.934/09 y 17.938/10, y

CONSIDERANDO:

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3 de diciembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se crea la Oficina contra la Trata de Personas (en adelante, la Oficina) dependiente orgánica y funcionalmente del área con competencia en materia de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el artículo 2º del proyecto de Ley en estudio define como autoridad de aplicación de la Ley N° 2.781 a la Oficina señalada en el artículo anterior;

Que el artículo 3º hace referencia al marco establecido en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” adoptando una definición de trata de personas;

Que el artículo 4º, citando nuevamente la Convención señalada, define los supuestos en que existe explotación de personas;

Que los artículos 5º y 6° establecen las funciones y atribuciones de la mentada Oficina;

Que el artículo 7º determina que la Oficina será asesorada por una comisión permanente, fijando su composición con integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Legislatura;

Que mediante el artículo 8º se asegura a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la materia, participación en la elaboración de estrategias de políticas públicas;

Que los artículos 9º y 10 establecen los requisitos e inhabilidades para integrar la planta profesional de la Oficina, apartándose del régimen general de empleo público vigente en la Administración;

Que el 11º determina el financiamiento de la Oficina con el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos;

Que la trata de personas es un fenómeno complejo que incluye aspectos relacionados con la violación de los Derechos Humanos, la pobreza, las desigualdades socio-económicas –dentro de cada país y entre los distintos países–, las desigualdades por razones de sexo, las políticas de migraciones y la lucha contra la delincuencia organizada;

Que en ese marco es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, que tenga en cuenta todos estos aspectos y en el que participen todas las partes involucradas, creando mecanismos de cooperación nacional e internacional entre el lugar de origen, el de tránsito y el de destino;

Que la cuestión de fondo con la que se vincula el proyecto de Ley en estudio se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la “Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y su “Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” –aprobados por Ley Nacional N° 25.632– y de la Ley Nacional N° 26.364;

Que en el ámbito específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el marco jurídico básico es la Ley N° 2.781, que expresamente indica en su artículo 1° que “… La Ciudad de Buenos Aires garantiza la asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños“;

Que, recogiendo el espíritu de la Ley Nacional N° 26.364, la Ley N° 2.781 establece con detalle las obligaciones de la Ciudad en la de prevención de los casos de trata y la protección a los damnificados por tales delitos;

Que dicha normativa se enmarca en los Derechos Humanos fundamentales consagrados por la Carta Magna nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que de conformidad con lo normado por el artículo 102 de la Ley Fundamental local, el Jefe de Gobierno tiene a su cargo la Administración de la ciudad, la planificación general de la gestión, la aplicación de las normas, la dirección de la administración pública y la reglamentación de las leyes, entre otras atribuciones y deberes;

Que consecuentemente, el Poder Ejecutivo –a través del Expediente N° 11.934/09– está tramitando el dictado del decreto reglamentario de la Ley N° 2.781, en base a un protocolo anexo ya consensuado entre las diferentes áreas competentes en la materia (Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Derechos Humanos y Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) que comprende las actividades que el proyecto de Ley citado en el Visto asigna a la Oficina;

Que la proyectada reglamentación de la Ley N° 2.781 se ha elaborado con la participación e intervención de todas las instancias involucradas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, obteniéndose como resultado un Protocolo de intervención integral, completo y funcional, enmarcado en los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas;

Que habida cuenta de las múltiples competencias de los diferentes organismos de gobierno comprometidos con la materia, que se traducen en una diversidad de acciones propias de cada dependencia, se considera conveniente establecer una autoridad de aplicación compartida en cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 2.781;

Que conforme al artículo 4° de la Ley N° 2.781 corresponde al Poder Ejecutivo definir la Autoridad de Aplicación;

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 104, inciso 9), se encuentra entre las atribuciones y funciones de la Jefatura de Gobierno la de establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;

Que en el ámbito del Poder Ejecutivo, y conforme al Anexo III del Decreto N° 1.150/09, la responsabilidad primaria de promover y articular políticas contra la trata de personas y brindar atención integral a los damnificados por tal delito compete a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que cuenta con un área específica para el tema (Resolución N° 280/SSDH/09);

Que la determinación de cómo debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es competencia del Poder Ejecutivo, debiendo ser resguardado el principio de división de poderes que surge del sistema republicano consagrado por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por otra parte, el proyecto de Ley en consideración reitera definiciones o conceptos que fueran ya establecidos por la legislación federal, por lo que resulta redundante que se incluyan en la norma local so riesgo de incurrir en contradicciones o errores;

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, expresando sus fundamentos;

Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un verdadero control de legalidad y razonabilidad;

Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.369, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009.

Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Social y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal a/c
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/dvl3369.html




Los 21 vetos realizados en el 2010, son:

3247 Becas Educación Superior – Programa.
3267 Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
3268 Registro de Ex Presos Políticos Total.
3269 Modificación de la Ley del Instituto de Vivienda.
3274 Prohibición de uso de sopladoras.
3298 Creación del Comité contra la Tortura.
3299 Subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
3300 Modificación Ord. 47046 – Feriante Plazoleta Joaquín Sánchez y Plaza Dorrego.
3335 Subsidio. Premio Raquel Liberman.
3356 Subsidio al Museo Argentino del Títere.
3332 Libreta Sanitaria de Niños, Niñas y Adolescentes.
3369 Oficina contra la Trata de Personas.
3348 Permiso de Uso Precario del Inmueble de la Multisectorial de San Cristóbal.
3374 Modificación del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
3385 Modificación de la Ley 1075 (Subsidios a ex Combatientes de Malvinas).
3329 Subsidio a Abuelas de Plaza de Mayo.
3360 Tratamiento de la Violencia en los medios de comunicación..
3378 Permiso de Uso Precario del Inmueble a la Cooperativa Liberación.
3391 Publicidad Oficial.
3296 Prevención y la rehabilitación del Síndrome de Desgaste Laboral Crónico.
3362 Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.


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