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29 de diciembre de 2015

El Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas judiciales a la Corte Suprema




Oficial: el Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas judiciales a la Corte Suprema
Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial después de la confirmación del ministro de Justicia, Germán Garavano
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 • 04:02
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El Gobierno hizo oficial los decretos del presidente Mauricio Macri con reformas sobre la Justicia. Como lo había confirmado a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano, el Decreto 256/2015 que transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia y el Decreto 257/2015, que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que estaba prevista para el 1° de marzo próximo, fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial.

Con la primera medida, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota", y que hoy se llama Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).

http://www.lanacion.com.ar/1857916-oficial-el-gobierno-suspendio-la-aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-y-traspaso-las-escuchas-judiciales-a-la-corte-suprema


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Política
Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
Martes 29 de Diciembre | 08:39
Pasarán de la órbita de la Procuración a la del máximo tribunal, con el argumento de que las intervenciones telefónicas requieren un "control judicial" por fuera del Ministerio Público para "asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".
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Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
El gobierno nacional, a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, transfirió hoy las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal, que encabeza Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema de Justicia, por considerar que dichas intervenciones requieren un "control judicial" por fuera de la Procuración para "asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".

Según el decreto 256/2015, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y todos sus ministros, "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación", en referencia al Ministerio Público, que si bien "tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado".

Además, la norma dictada considera que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud", por lo que, según el Poder Ejecutivo, "resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación".

Por eso, indica el Gobierno, "deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes". Y agrega que "si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".

También considera, sin dar mayores precisiones, que "lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la Constitución Nacional".

Por estos motivos, el Ejecutivo considera que el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones debe quedar bajo el ámbito de la Corte, a la que corresponderá "el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".

En la parte resolutiva, el decreto transfiere "el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente"


http://www.infonews.com/nota/273046/con-otro-dnu-el-gobierno-transfirio-las

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