Lo que circula por los medios

30 de diciembre de 2015

"Si el Gobierno no cumple con mi medida estarían cometiendo un delito"



0.12.2015 / Tras la medida judicial

"Si el Gobierno no cumple con mi medida estarían cometiendo un delito"
El Juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata que frenó el DNU que modifica la Ley de Medios dialogó con la prensa y aseguró que "la modificación de una ley por decreto está prohibida por la Constitución".


Luego de dictar una medida precautelar que frena el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de dar lugar al pedido de amparo que el directorio de la AFSCA realizó para que no se lleve adelante la intervención del organismo, Luis Arias habló con la prensa.

"Queremos evitar el agravamiento del daño, decidimos que no se vulnere la Ley de Medios. Si el Gobierno no cumple con mi medida estarían cometiendo un delito", afirmó Arias en diálogo con el programa “La Vuelta de Zloto”, emitido por Radio Del Plata. Además, agregó que "la modificación de una ley por decreto está prohíbida por la Constitución".

Consultado por su fallo, Arias explicó que "la precautelar implica la anulación del decreto que se anunció a la mañana".

Escuchá la entrevista completa




http://www.politicargentina.com/notas/201512/10804-si-el-gobierno-no-cumple-con-mi-medida-estarian-cometiendo-un-delito.html

Sanz dice que a Cambiemos "no le temblará la mano" para gobernar por decreto



Rumbo al balotaje
Sanz dice que a Cambiemos "no le temblará la mano" para gobernar por decreto

Ernesto Sanz y Mauricio Macri.
El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, posible ministro de Justicia de Cambiemos, si Mauricio Macri es electo, aseguró que no les "temblará la mano" para aplicar DNU (decretos de necesidad y urgencia) para gobernar.

"Nosotros en principio vamos a trabajar con leyes, ahora si algo es urgente y necesitamos decretos de necesidad y urgencia para gobernar los vamos a usar y no nos va a temblar la mano", afirmó Sanz en diálogo con el diario Clarín.

Con esto, Sanz dio nuevas señales de los lineamientos que tendría un eventual gobierno de Mauricio Macri, al asegurar que Cambiemos está dispuesto a gobernar por decreto si el Congreso no avala sus propuestas legislativas, una impronta de gestión que marcó en especial a la gestión menemista.

Cabe recordar que durante su presidencia, Carlos Menem firmó 574 DNU, lo que implica un promedio de 55 por año mientras ocupó la Casa Rosada. En línea, Fernando de la Rúa utilizó esa herramienta 73 veces y su sucesor tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde, la usó en 154 oportunidades.

En ninguno de estos casos los decretos pasaron por el Congreso Nacional para ser ratificados, incumpliendo así lo que manda la Constitución Nacional. Hay que recordar que un DNU es una norma que aunque es sancionada de forma directa por el Poder Ejecutivo, cumpliendo con los ejes de necesidad y urgencia, tiene validez de ley. Pero una vez promulgado el DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente o no.

En cambio, los decretos firmados por la presidente Cristina de Kirchner sí cumplieron con el trámite legislativo para ser ratificados por el Parlamento. Entre los DNU de la actual mandataria hay apenas 29 (13 en el primer mandato y 16 en el segundo), que corresponden a designaciones ministeriales y pagos de deuda, entre otras cuestiones.

En cuanto a la gobernabilidad, Sanz afirmó: "No le tengo miedo, pero respeto la magnitud de los problemas que vamos a enfrentar y la expectativa generada respecto al cambio. Pero no tengo miedo al mito de la ingobernabilidad".

Por otro lado, el senador desmintió que haya problemas en el reparto de cargos al interior de Cambiemos. "No hay ninguna pelea de cargos y yo he sido testigo de esto en la Provincia. Hay una complementariedad. El radicalismo aporta como también lo hace el PRO y la gente que se pueda ir sumando de afuera".

Por último, Sanz habló del posible ministro de Economía en un gobierno de Macri: "Mauricio ha dicho que no adelantará el Gabinete antes del balotaje y me parece bien. En temas económicos ha elegido como voceros a Alfonso Prat Gay y Rogelio Frigerio y me inclinaría en pensar que alguno de ellos para el Ministerio de Economía".

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=815040

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Domingo, 08 de Noviembre de 2015 16:05 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Sanz cambia, ahora dice: "No nos va a temblar la mano para aplicar decretos si hace falta" (video)
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El diputado Ernesto Sanz cambió. Ahora dice: "No nos va a temblar la mano para aplicar decretos si hace falta". En el año 2010 sostenía: No se gobierna con decretos, se gobierna con ley con el parlamento abierto".




Sanz cambió, se olvidó... lo que decía...
El presidente de la UCR y posible ministro de Justicia de Mauricio Macri, si es electo, Ernesto Sanz, en entrevista con el Diario Clarín "Nosotros en principio vamos a trabajar con leyes, ahora si algo es urgente necesitamos decretos de necesidad y urgencia para gobernar los vamos a usar y no nos va a temblar la mano".

Sin embargo en el año 2010, en el marco del DNU firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el pago de vencimientos con reservas, Sanz sostenía lo contrario: "Esa no es manera de gobernar, no hay necesidad, no hay urgencia. El parlamento está abierto. Ella misma dice que hay que debatir los grandes temas. No se gobierna con decretos, se gobierna con ley con el parlamento abierto".

Ernesto Sanz en el año 2010: "No se gobierna con decretos"



Sin precisiones
En cuanto al gabinete que acompañaría a Macri si gana el ballotage del 22 de noviembre, Sanz expresó "Mauricio ha dicho que no adelantará el Gabinete antes del balotaje y me parece bien. En temas económicos ha elegido como voceros a Alfonso Prat Gay y Rogelio Frigerio y me inclinaría en pensar que alguno de ellos para el Ministerio de Economía".

Video completo año 2010 - voces en contra y a favor DNU




Entre los DNU de la actual mandataria hay apenas 29 (13 en el primer mandato y 16 en el segundo), que corresponden a designaciones ministeriales y pagos de deuda, entre otras cuestiones.

CANCION ASOCIADA... El camaleón


LaPistaOculta/GN

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/politica/item/7262-sanz-aplicar-decretos.html

29 de diciembre de 2015

Un juez a cargo de escuchas por decreto: “Es inconstitucional; con esto vuelve la gente de Stiuso”



10:03 hs. — Martes 29 de diciembre de 2015
Un juez a cargo de escuchas por decreto: “Es inconstitucional; con esto vuelve la gente de Stiuso”



El presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas telefónicas a la Corte Suprema con un decreto de necesidad y urgencia para restarle poder y controlar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en línea con la estrategia oficial para hacerla renunciar.

El decreto 256/15 hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas junto “con la totalidad del personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio afectados al Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones”.

El Presidente continúa sin llamar a sesiones extraordinarias al Congreso y se maneja a decretos.

La medida señala que “la Corte Suprema dictará el reglamento de funcionamiento del actual Departamento; dicho organismo estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco años”.

La fiscal Cristina Caamaño, ex secretaria de Seguridad, consideró que el decreto que transfiere las escuchas a la Corte “es incostitucional” y advirtió que “con esto vuelve la gente de Stiuso”, en referencia al ex director de Operaciones de la antigua Secretaría de Inteligencia, desplazado por la ex presidenta Cristina Kirchner a fines de 2014, cuya declaración es clave en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Es un mamarracho jurídico porque es un DNU y éstos no pueden versar sobre investigaciones penales”, aseveró en declaraciones a radio Del Plata, al conocerse este martes el decreto 256/15 que hace efectiva la transferencia de la tarea de las escuchas telefónicas, a cargo de Caamaño, a la Corte Suprema.

Para la fiscal, con esta decisión, “vuelve la gente de (el ex espía Antonio “Jaime”) Stiuso y vuelve la promiscuidad entre algunos jueces y los servicios de inteligencia”, ya que -entre los considerandos de la medida- “dice que se faculta a solicitar los servicios del personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)”.

La fiscal explicó que, durante el trabajo de todo este año, “se recibieron casi 200 agentes de Inteligencia y los devolvimos, y actualmente la gente es de la Procuración”.

“Yo no voy a permitir que se trasladen las personas como si fuesen bienes o muebles, son personas que tienen su contrato en la Procuración y con mucho trabajo y empeño formamos el equipo”, aseveró Caamaño para quien, con el nuevo decreto, “cualquier juez va a poder realizar escuchas desde cualquier lado”.

La funcionaria judicial anticipó que los jurídicos de la Procuración “realizarán una presentación, pero no hoy, sino cuando termine la feria en febrero” en rechazo del decreto de necesidad y urgencia.

Por último, la hasta este martes titular del Dicom también se pronunció en contra del otro decreto conocido esta mañana, que suspende la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1 de marzo próximo.

“Hay una ley que dice que se pone en vigencia y por un DNU se anula una ley, es una locura. Es una vergüenza que tengamos un código penal pero por un decreto se voltee la ley”, indicó.


http://diariopulse.com/un-juez-a-cargo-de-escuchas-por-decreto-caamano-es-inconstitucional-con-esto-vuelve-la-gente-de-stiuso/14544

De jefe de Gobierno procesado, a Presidente sobreseído












Martes, 29 de diciembre de 2015

09:38 › CAUSA POR ESCUCHAS ILEGALES
De jefe de Gobierno procesado, a Presidente sobreseído
El juez federal Sebastián Casanello revocó el procesamiento de Mauricio Macri por entender que no hay pruebas que lo involucren en la causa por escuchas ilegales contra su cuñado y familiares de víctimas del atentado contra la AMIA. El fallo del magistrado está en sintonía con el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien inicialmente había acusado el Presidente pero dictaminó a su favor cuatro días después de que triunfara en el ballotage.



El fallo de Casanello echó por tierra la acusación de Sergio Burstein, de la agrupación 18J de familiares de AMIA, y Néstor Leonardo, excuñado de Macri, ambos víctimas de escuchas ilegales, quienes habían solicitado que el Presidente fuera enviado a juicio. Burstein había recusado a Casanello por prejuzgamiento pero la Cámara Federal rechazó el pedido y lo confirmó al frente de la causa.

La defensa de Macri, a cargo de los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, sostuvo que fueron parciales los pedidos de las querellas porque no tuvieron en cuenta la declaración del exministro de Justicia y Seguridad porteño y actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro, quien aseguró que Mauricio no participó del proceso de selección de "pinchaduras" concretadas por Jorge “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, y porque tampoco la empresa Ackerman Group informó que la contratación para investigar a Leonardo la hizo Mauricio.

Casanello valoró los testimonios de Montenegro y del exjefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quienes explicaron que Macri “no había seleccionado antojadiza y unilateralmente a Palacios al frente de la Policía Metropolitana ni había tenido injerencia en los nombramientos de los aspirantes –tal el caso de Ciro James-, lo que lo ubica en una situación de ajenidad respecto de la presunta existencia de una empresa criminal montada en el seno de su gobierno”.

El fallo indica que “las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal, pues lo afirmado hasta aquí no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno”.

“Ninguna de las acusaciones –ni la pública ni las privadas- especificaba siquiera una prueba directa para sostener que Macri había requerido u ordenado espiar a Néstor Leonardo y a Sergio Burstein. Tampoco existía prueba directa para adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino”, insistió el magistrado


http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-289217-2015-12-29.html

El Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas judiciales a la Corte Suprema




Oficial: el Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas judiciales a la Corte Suprema
Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial después de la confirmación del ministro de Justicia, Germán Garavano
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 • 04:02
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El Gobierno hizo oficial los decretos del presidente Mauricio Macri con reformas sobre la Justicia. Como lo había confirmado a LA NACION el ministro de Justicia, Germán Garavano, el Decreto 256/2015 que transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia y el Decreto 257/2015, que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que estaba prevista para el 1° de marzo próximo, fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial.

Con la primera medida, el Gobierno le resta poder a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que hasta hoy ejecutaba las escuchas judiciales desde el Ministerio Público en el área que era conocida en la ex SIDE como la "Ojota", y que hoy se llama Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).

http://www.lanacion.com.ar/1857916-oficial-el-gobierno-suspendio-la-aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-y-traspaso-las-escuchas-judiciales-a-la-corte-suprema


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Política
Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
Martes 29 de Diciembre | 08:39
Pasarán de la órbita de la Procuración a la del máximo tribunal, con el argumento de que las intervenciones telefónicas requieren un "control judicial" por fuera del Ministerio Público para "asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".
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Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
Con otro DNU, el Gobierno transfirió las escuchas a la Corte
El gobierno nacional, a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, transfirió hoy las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal, que encabeza Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema de Justicia, por considerar que dichas intervenciones requieren un "control judicial" por fuera de la Procuración para "asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".

Según el decreto 256/2015, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y todos sus ministros, "resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación", en referencia al Ministerio Público, que si bien "tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado".

Además, la norma dictada considera que "el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud", por lo que, según el Poder Ejecutivo, "resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación".

Por eso, indica el Gobierno, "deviene esencial que la ejecución de la intervención de las comunicaciones se halle bajo la órbita de un órgano distinto de las partes intervinientes". Y agrega que "si bien la tarea de administrar y gestionar los pedidos de intervención de las comunicaciones no es estrictamente jurisdiccional, la actuación judicial en esta materia se torna necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".

También considera, sin dar mayores precisiones, que "lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 25.520, sustituido por la Ley N° 27.126, implica también un avance sobre las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contrario al régimen institucional que consagran los artículos 1°, 5°, 121, 122 y 129 de la Constitución Nacional".

Por estos motivos, el Ejecutivo considera que el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones debe quedar bajo el ámbito de la Corte, a la que corresponderá "el dictado, a la mayor brevedad posible, de un reglamento que verse sobre las nuevas funciones que por este acto se le otorgan en el que se garanticen los principios arriba reseñados, a cuyo efecto aquél deberá establecer que la dirección de ese organismo se encuentre a cargo de UN (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo, por el plazo de UN (1) año, sin poder ejercer nuevamente tal función hasta transcurrido un período de CINCO (5) años".

En la parte resolutiva, el decreto transfiere "el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO a la órbita de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, que será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente"


http://www.infonews.com/nota/273046/con-otro-dnu-el-gobierno-transfirio-las

28 de diciembre de 2015

Los secretos de la canciller Malcorra



ESCÁNDALO EN LA ONU | Los secretos de la canciller Malcorra
WALTER GOOBAR 27/12/2015 1390 VISUALIZACIONES 49 COMENTARIOS
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ESCÁNDALO EN LA ONU | Los secretos de la canciller Malcorra
El papel de la actual jefa de la diplomacia argentina, Susana Malcorra, en el ocultamiento de los abusos sexuales perpetrados por las fuerzas de paz en la República Centroafricana.

Citando una investigación interna de Naciones Unidas, la influyente revista estadounidense Foreign Policy en su última edición, fechada el 17 de diciembre revela el nefasto papel jugado por la actual canciller argentina, Susana Malcorra, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El veredicto de un panel de tres jueces independientes nombrado por Ban Ki-moon –al que ha tenido acceso Miradas al Sur–, responsabiliza a Malcorra –entre otros funcionarios de alto rango– del ocultamiento de un caso de abuso sexual a menores perpetrado por Cascos Azules de la ONU y de la persecución sufrida por el funcionario sueco Anders Kompass, quien filtró la noticia a las autoridades francesas para poner fin a los abusos.

El 29 de abril de 2015, el mundo se enteró de los sistemáticos casos de abusos sexuales perpetrados contra menores por las fuerzas de paz de Guinea Francesa, Chad y Guinea Ecuatorial en un campamento de refugiados en la República Centroafricana (RCA). Los testimonios, que habían sido recogidos casi un año antes por personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Unicef, fueron filtrados al diario británico The Guardian. El artículo incluyó el testimonio de Anders Kompass, un especialista en Derechos Humanos de Suecia con más de 40 años de experiencia, que había sido suspendido y estaba siendo investigado por la ONU por haber alertado al gobierno francés sobre los abusos.

Hasta ahora, Anders Kompass ha guardado silencio sobre su papel en este asunto, pero la semana pasada un
5 malcorra
panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció la inocencia del funcionario sueco que sólo intentaba que cesaran los abusos contra menores, y concluyó que varios funcionarios de alto rango –entre los que se menciona a la actual canciller argentina, Susana Malcorra, que en ese momento se desempeñaba como jefa de Gabinete de Ban Ki-moon, estaban más preocupados en concertar esfuerzos para silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass que en proteger a los niños del peligro en que se encontraban o de sancionar a los abusadores.

El 19 de mayo de 2014, un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, luego lo violó, y le dio galletas y dinero en efectivo. El chico dio una descripción detallada del soldado y afirmó que podría identificarlo, pero no se tomó ninguna medida, ni siquiera una advertencia a los soldados, no se hizo ningún esfuerzo para evitar el abuso en curso, ninguna alerta fue expedida a las decenas de miles de adultos desplazados en el campamento. El personal de Unicef reportó casos de sexo oral forzado y violación anal de los niños de 8 a 15 años y no se tomó ninguna acción. En total, las entrevistas documentan el abuso sexual de 13 niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz: 11 eran franceses, tres de Chad, y dos de Guinea Ecuatorial. Otros siete Cascos Azules actuaron como cómplices. El informe implica a 23 soldados en total.

A mediados de julio de 2014, la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos en curso. En ese contexto, el funcionario sueco Anders Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que solicitaron una copia del informe con el fin de iniciar una investigación. El 30 de julio recibió una respuesta del gobierno francés, que le informaba que una investigación estaba en curso.

Tres meses más tarde, cuando el secretario general presentó su informe anual sobre la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales de 2014, no contenía mención alguna de las denuncias de abuso sexual infantil en la República Centroafricana.

En lugar de preocuparse por los casos de abuso infantil, la jefa de Gabinete de Ban Ki-moon quería silenciar el escándalo y para eso concertó con otros funcionarios de alto rango de la ONU una estrategia para obligar a Kompass a que renunciara.

La jefa de Gabinete Susana Malcorra organizó una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, Zeid Ra’ad Al Hussein; la alta comisionada adjunta, Flavia Pansieri; el subsecretario general (USG) para OSSI, Carman Lapointe; y el director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Kompass: si la negligencia para combatir los abusos sexuales por parte de los Cascos Azules, se hacía pública, la ONU enfrentaría preguntas para las que no había respuestas razonables.

Como resultado de la reunión realizada en Turín, el grupo integrado por Malcorra continuó tramando una manera de silenciar a Kompass. Dos semanas más tarde, el 9 de abril de 2015, Zeid solicitó formalmente una investigación sobre Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana.
Durante toda la investigación, las víctimas no aparecen mencionadas en las declaraciones, ni existen expresiones de inquietud o curiosidad sobre su bienestar. Nadie menciona el apoyo prestado a los niños víctimas; esas omisiones ni se observaron ni explicaron. El enfoque único de atención concertada es en la supuesta “filtración” de Anders Kompass.

Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de su negativa a renunciar, Kompass fue suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina. Susana Malcorra, que ocupaba una de las posiciones más poderosas en el sistema de la ONU como jefa de Gabinete del secretario general, declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Esto era un caso flagrante de prejuzgamiento.

Kompass fue perseguido y hostigado por altos cargos de la ONU hasta que un tribunal de apelación ordenó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que levantara inmediatamente la suspensión laboral del funcionario humanitario sueco. El juez Thomas Laker dijo que la decisión de la ONU de suspender a Kompass, quien se desempeñaba como director de Operaciones de Campo para la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fue “prima facie ilegal” (desde primera vista ilegal).

Frente a la dimensión que tomaba el escándalo, el 3 de junio de 2015, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, anunció la formación de un panel independiente, compuesto por tres jueces, para realizar una revisión externa para examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana.

Lo que ocurrió en la República Centroafricana era una atrocidad, pero el hecho de que la ONU se quedara en silencio durante casi un año después de su propio descubrimiento era una atrocidad mucho mayor que lindaba con el encubrimiento y la impunidad para los perpetradores.

Cuando uno lee el lapidario veredicto de los jueces dado a conocer la semana pasada sobre el triste papel jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a la ONU, pero no precisamente para encabezar la diplomacia argentina.
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/12/27/revista/escandalo-en-la-onu-los-secretos-de-la-canciller-malcorra/

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UN aid worker suspended for leaking report on child abuse by French troops
Anders Kompass said to have passed confidential document to French authorities because of UN’s failure to stop abuse of children in Central African Republic
French soldiers on patrol in Bangui. A report into sexual abuse of children by some French peacekeepers has been leaked to French prosecutors
French soldiers on patrol in Bangui. A report into sexual abuse of children by some French peacekeepers has been leaked to French prosecutors. Photograph: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images
Sandra Laville
Wednesday 29 April 2015 11.02 BST Last modified on Thursday 30 April 2015 00.20 BST
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A senior United Nations aid worker has been suspended for disclosing to prosecutors an internal report on the sexual abuse of children by French peacekeeping troops in the Central African Republic.

Sources close to the case said Anders Kompass passed the document to the French authorities because of the UN’s failure to take action to stop the abuse. The report documented the sexual exploitation of children as young as nine by French troops stationed in the country as part of international peacekeeping efforts.

Kompass, who is based in Geneva, was suspended from his post as director of field operations last week and accused of leaking a confidential UN report and breaching protocols. He is under investigation by the UN office for internal oversight service (OIOS) amid warnings from a senior official that access to his case must be “severely restricted”. He faces dismissal.

The treatment of the aid worker, who has been involved in humanitarian work for more than 30 years, has taken place with the knowledge of senior UN officials, including Zeid Ra’ad Al Hussein, the high commissioner for human rights, and Susana Malcorra, chef de cabinet in the UN, according to documents relating to the case.

Analysis France's poisoned legacy in the Central African Republic
Latest mission to the former colony in 2013 was to protect people displaced by sectarian conflict – now French troops are accused of engaging in child abuse
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The abuses took place in 2014 when the UN mission in the country, Minusca, was in the process of being set up.

The Guardian has been passed the internal report on the sexual exploitation by Paula Donovan, co-director of the advocacy group Aids Free World, who is demanding an independent commission inquiry into the UN’s handling of sexual abuse by peacekeepers.

It was commissioned by the UN office of the high commissioner for human rights after reports on the ground that children, who are among the tens of thousands displaced by the fighting, were being sexually abused.

Entitled Sexual Abuse on Children by International Armed Forces and stamped “confidential” on every page, the report details the rape and sodomy of starving and homeless young boys by French peacekeeping troops who were supposed to be protecting them at a centre for internally displaced people in Bangui, capital of the Central African Republic.

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Donovan said: “The regular sex abuse by peacekeeping personnel uncovered here and the United Nations’ appalling disregard for victims are stomach-turning, but the awful truth is that this isn’t uncommon. The UN’s instinctive response to sexual violence in its ranks – ignore, deny, cover up, dissemble – must be subjected to a truly independent commission of inquiry with total access, top to bottom, and full subpoena power.”

The UN has faced several scandals in the past relating to its failure to act over paedophile rings operating in the Democratic Republic of Congo, Kosovo and Bosnia. It has also faced allegations of sexual misconduct by its troops in Haiti, Burundi and Liberia.

The treatment of Kompass, a Swedish national, threatens to spark a major diplomatic row.

This month, the Swedish ambassador to the United Nations warned senior UN officials “it would not be a good thing if the high commissioner for human rights forced” Kompass to resign. The ambassador threatened to go public if that happened and to engage in a potentially ugly and harmful debate.

The abuses detailed in the internal report took place before and after Minusca was set up last year. Interviews with the abused children were carried out between May and June last year by a member of staff from the office of the high commissioner for human rights and a Unicef specialist. The children identified represent just a snapshot of the numbers potentially being abused.


Sex abuse poses 'significant risk' to UN peacekeeping, says leaked report
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The boys, some of whom were orphans, disclosed sexual exploitation, including rape and sodomy, between December 2013 and June 2014 by French troops at a centre for internally displaced people at M’Poko airport in Bangui.

The children described how they were sexually exploited in return for food and money. One 11-year-old boy said he was abused when he went out looking for food. A nine-year-old described being sexually abused with his friend by two French soldiers at the IDP camp when they went to a checkpoint to look for something to eat.

The child described how the soldiers forced him and his friend to carry out a sex act. The report describes how distressed the child was when disclosing the abuse and how he fled the camp in terror after the assault. Some of the children were able to give good descriptions of the soldiers involved.

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In summer 2014, the report was passed to officials within the office of the high commissioner for human rights in Geneva. When nothing happened, Kompass sent the report to the French authorities and they visited Bangui and began an investigation.

It is understood a more senior official was made aware of Kompass’s actions and raised no objections. But last month Kompass was called in and accused of breaching UN protocols by leaking details of a confidential report, according to sources.

Kompass’s emails have been seized as part of the investigation into the alleged leak. One senior UN official has said of Kompass that “it was his duty to know and comply” with UN protocols on confidential documents.

Bea Edwards, of the Government Accountability Project, an international charity that supports whistleblowers, condemned the UN for its witch-hunt against a whistleblower who had acted to stop the abuse of children.

“We have represented many whistleblowers in the UN system over the years and in general the more serious the disclosure they make the more ferocious the retaliation,” said Edwards. “Despite the official rhetoric, there is very little commitment at the top of the organisation to protect whistleblowers and a strong tendency to politicise every issue no matter how urgent.”

UN sources confirmed an investigation by the French was ongoing – in cooperation with the UN – into allegations of a very serious nature against peacekeepers in the Central African Republic.

On Wednesday the French government confirmed that authorities in Paris were investigating the allegations. A statement from the defence ministry said the government “was made aware at the end of July 2014 by the UN’s high commission for human rights of accusations by children that they had been sexually abused by French soldiers.”

An investigation was opened shortly after by Paris prosecutors, it said.

“The defence ministry has taken and will take the necessary measures to allow the truth to be found,” the statement added. “If the facts are proven, the strongest penalties will be imposed on those responsible for what would be an intolerable attack on soldiers’ values.”

The ministry said the abuse was alleged by around 10 children and reportedly took place at a centre for internally displaced people near the airport of the capital Bangui between December 2013 and June 2014.

The ministry said that French investigators had gone to the CAR from 1 August last year to begin their inquiry.

A spokesman for the UN office of the high commissioner for human rights confirmed an investigation was under way into the leaking of confidential information by a staff member.

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/un-aid-worker-suspended-leaking-report-child-abuse-french-troops-car


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Miércoles, 16 de diciembre de 2015 | Hoy

EL PAIS › CABLES SECRETOS SOBRE LA GESTION Y LOS CONTACTOS DE SUSANA MALCORRA EN LA ONU
Malcoleaks
Según una serie de cables diplomáticos de EE.UU. filtrados por el sitio Wikileaks, la canciller argentina se comprometió a nombrar a ciudadanos estadounidenses en puestos clave y no siempre pudo alcanzar sus objetivos en la ONU.







Por Santiago O’Donnell
Como subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas a cargo del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT), con un presupuesto anual de miles de millones de dólares para dar apoyo logístico y administrativo a 120 mil civiles, policías y militares en cerca de treinta misiones de paz alrededor del mundo, la recientemente designada canciller argentina Susana Malcorra no siempre logró cumplir con objetivos que ella misma y su organización se habían trazado. No pudo en el arranque de la misión en Darfur, Sudán, donde la ONU interviene desde el 2007 para frenar un conflicto armado que derivó en una limpieza étnica con miles de muertos y millones de desplazados. Se trata de una misión prioritaria para Estados Unidos y lo fue sobre todo durante el tramo final del gobierno de George W. Bush (2007/2008) debido a un viejo interés en Sudán de los grupos evangélicos que apoyaban a su gobierno conservador.

La ONU había asignado una fuerza de 26.000 efectivos para imponer la paz en Darfur, pero la falta de coordinación entre los países que se habían comprometido a mandar tropas y los países que se habían mostrado dispuestos a transportarlas hizo que el plan original de colocar el 80 por ciento de esos efectivos en el terreno durante el primer año de la misión pronto tuviera que descartarse y desaparecer de los discursos y documentos de la ONU por no coincidir con la realidad. A tal punto llegó la frustración y desconfianza en el área gestionada por Malcorra que un militar británico le sugirió a un funcionario estadounidense que quizás era mejor saltearse la intermediación de las Naciones Unidas para trabajar directamente con los países que proveían las tropas que había que transportar.

A pesar de los problemas logísticos y administrativos de las distintas misiones de paz pero sobre todo la de Darfur, Malcorra supo mantener durante sus años al frente de la DAAT una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos. Tal es así que cuando funcionarios de ese país le sugirieron que nombre a ciudadanos estadounidenses en puestos clave bajo su organigrama administrativo. Malcorra se mostró más que dispuesta a complacer dichos requerimientos.

Todo esto aparece en los veinte documentos del Departamento de Estado estadounidense fechados entre los años 2008 y 2009 que mencionaba a Malcorra, quince de ellos originados en la sede de la ONU en Nueva York, cuatro en la capital sudanesa de Jartum y uno en el Departamento de Estado en Washington, filtrados en 2012 por el sitio Wikileaks. Los cables no dicen que Malcorra hizo mal su trabajo. Los diplomáticos estadounidenses que los escriben no la critican y el secretario general de la ONU Ban Ki- moon la premió con un ascenso en el 2012 al convertirla en su jefa de gabinete. La propia Malcorra reconoció deficiencias en la burocracia del organismo. En 2009 fue coautora de un informe que recomienda cambios en la planificación y ejecución de las misiones de paz y al año siguiente la CAAT presentó un detallado plan de reforma ante la Asamblea de la ONU. Cinco años más tarde el tema se sigue discutiendo y los distintos proyectos de reforma de las misiones de la ONU, que datan del año 2000 en adelante, se siguen apilando en los archivos de la organización. El año pasado Ban ki-Moon nombró un Grupo Independiente de Alto Nivel para continuar con el tema. Y este año Malcorra dejó Nueva York para volver a la Argentina, con la expectativa de volcar su amplia experiencia y nutridas relaciones al servicio del país.

El primer cable de la serie, clasificado “confidencial” y fechado 12 de mayo del 2008 da cuenta de la importancia que le daba la delegación estadounidense al puesto al que acababa de ser asignada Malcorra, justamente en reemplazo de otra funcionaria estadounidense, Janet Holl Lute, que dejaba la organización multilateral para asumir como vicedirectora del Departamento de Seguridad Interior de su país.

El del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT) trabaja junto al Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (DOMP). Con un presupuesto global anual de U$S siete mil millones en operaciones de paz, es importante que Estados Unidos retenga su presencia en los puestos más importantes de la DAAT...El Secretario General recientemente nombró a Susana Malcorra de Argentina como la nueva Subsecretaria General para la DAAT.

El siguiente cable “confidencial “ desde Naciones Unidas, esta vez del 7 de agosto del 2008, relata una reunión del grupo de “Amigos de la Misión de ONU en Darfur” (Amigos de Unamid) para evaluar un pedido de apoyo logístico que días atrás había presentado Malcorra.

Malcorra solicita transporte aéreo y una fecha cercana para realizar la operación. La mayoría de los estados representados, con la excepción de Canadá, Reino Unido y Alemania, parecían no estar interesados en apoyar el pedido de Malcorra.

Para no dejarla sola, el cable concluye con un pedido de apoyo de la delegación militar estadounidense en la ONU al Departamento de Estado para que las embajadas estadounidenses convenzan a más países de ayudar a Malcorra.

Pedido de acción: El Comité de Personal Militar de Estados unidos-ONU sugiere que el Departamento considere instruir a capitales de los Amigos de UNAMID para alentar a esos países a que provean el apoyo requerido por la Subsecretaria General/DAAT Malcorra.

Otro cable “confidencial” desde Nueva York, pero del tres de septiembre del 2008, detalla la “frustración de varios países” con los obstáculos burocráticos que presentaba la misión en Darfur y la dificultad para cumplir con el pedido de Malcorra. Según el cable, aún los países que más apoyaban la misión_Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos_ expresaron dudas acerca del presupuesto y el plan a largo plazo que ella les había presentado. Hablando de los representantes australianos, el cable dice:

Sus preguntas con respecto a la lista de Malcorra –sobre su planificación a largo plazo y el gasto del presupuesto acordado– reflejó las que previamente habían expresado en reuniones Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los Australianos sugirieron que una contribución adicional de Estados Unidos podría provocar que su país también contribuya.

A su vez el representante alemán fue muy duro, criticando al gobierno sudanés, pero aún más a la misión de la ONU.

Alemania ha intentado aportar transporte aéreo y personal para Unamid, y ha expresado frustración con los obstáculos que le han presentado el gobierno de Sudán y el Secretariado. El coronel Ralph Scholtz explicó “que Naciones Unidas tiene un entendimiento claro de los problemas pero no de las soluciones, que su burocracia los mata y que responden con una falta de flexibilidad que es desconcertante, y que la misión en Darfur sufre de falta de experiencia”. Alemania ofreció cincuenta asesores militares a Unamid, pero la ONU sólo aceptó diez. Estos militares, junto con otros expertos e ingenieros alemanes, tuvieron problemas con sus visas que obstaculizó su despliegue en Darfur. En los últimos seis meses, un solo asesor alemán ha sido desplegado.

El representante italiano no sólo no se quedó atrás sino que subió la apuesta. Dijo que la misión en Darfur era el peor despliegue de tropas en la historia militar de toda la humanidad.

Italia también había ofrecido desplegar tropas. La ONU al principio rechazó la oferta pero cambió de opinión meses después dejando a los italianos dudando del cambio de actitud, lo cual llevó a su comentario de que “la ONU no está trabajando de la mejor manera en esta situación.” El general Giuliano Ferrari agrego que el de la misión en Darfur es “el peor plan de despliegue en la historia militar.”

Los dinamarqueses también ofrecieron aviones de transporte militar, dice el cable, “pero la oferta fue recibida de manera confusa y no se supo más nada.”

Sin embargo, de todos los consultados, el más crítico del trabajo de la ONU en Sudán fue el asesor militar de Reino Unido, refleja el cable. El militar británico directamente opinó que a esa altura del partido quizás era mejor transportar las tropas a Darfur sin pasar por el laberinto burocrático que implicaba la mediación de la ONU.

El asesor militar de Reino Unido tenía una perspectiva aún más pesimista. El teniente coronel Nicholas Slinger expresó su frustración con el Secretariado por el punto muerto burocrático que había experimentado. Nos informó que ya no habría dinero fresco de Reino Unido sobre la mesa, pero sugirió que los Amigos deberían enfocarse en apoyar a los Países Aportantes de Tropas directamente, y evitar los canales de Naciones Unidas para que las cosas se hagan.

El despacho diplomático que sigue, fechado en Nueva York el ocho de septiembre del 2008, narra una reunión entre Malcorra y la diplomática estadounidense Rosemay Di Carlo, entonces la número dos de la delegación norteamericana en la ONU. Según el cable, en esa reunión Di Carlo le dijo a la argentina que no era realista seguir hablando de una efectividad del ochenta por ciento en el despliegue de tropas en Darfur y que convenía revisar esa cifra para abajo para mantener la credibilidad de la ONU.

Malcorra reconoció que el objetivo expresado por la DAAT de 80 por ciento de despliegue a fines de diciembre no podría ser alcanzado y reconoció que 6065 por ciento sería más realista, con el 80 por ciento alcanzable en el primer trimestre de 2009. Di Carlo alentó a Malcorra a discutir con sus colegas de la ONU el hacer pública esa información, haciendo notar que si la ONU continúa manteniendo en público la figura de 80 por ciento, el fracaso en lograr este objetivo en diciembre restará credibilidad a la misión. Malcorra estuvo de acuerdo.

Para tranquilizar a su interlocutora, la diplomática argentina se ofreció a dar explicaciones por la demora, si fuera necesario, en el Capitolio y en la Casa Blanca.

Indicando que aprecia el énfasis que Estados Unidos le pone a lograr una misión exitosa en Darfur, Malcorra ofreció viajar a Washington para informar a funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, si fuera necesario.

Dos meses más tarde, otro cable “confidencial”, fechado siete de noviembre de 2008 desde Nueva York, blanqueaba que aún la meta reducida de 60 por ciento de despliegue sería muy difícil de alcanzar.

En una reunión con el teniente coronel Tim House del Servicio de Generación de Fuerzas (SGF) de la ONU, representantes estadounidenses (funcionario político, asesor militar y Asesor Principal para la oficina del Enviado Especial) discutieron la actualidad del despliegue de la misión en Darfur (Unamid) después de la reunión de Amigos de la Unamid con la Subsecretaria General Malcorra el 30 de octubre. El funcionario de la SGF dijo que la oferta pendiente de Estados Unidos de proveer transporte aéreo es “vital” y que el objetivo de la ONU de despliegue del 60 por ciento de Unamid antes del fin de 2008 no será alcanzada sin el aporte estadounidense de transporte aéreo.

Un mes más tarde, el 19 de diciembre de 2008, Malcorra presentó un informe sobre la situación en Sudán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dice un cable fechado el 24 de ese mes. En la reunión del Consejo la diplomática a cargo de la DAAT puso en duda el nuevo objetivo anunciado por la ONU de ochenta por ciento de despliegue de cascos azules en Darfur al término del primer trimestre del 2009. Malcorra atribuyó las nuevas demoras a los países de la Unión Africana que debían mandar tropas.

Malcorra alertó que el objetivo de 80 por ciento de despliegue a fines de marzo depende de que los Países Donantes de Tropas estén listos para hacerlo en ese plazo. Ella urgió a los Países Donantes de Tropas a comenzar operaciones pre-despliegue lo más pronto posible.

El 11 de febrero Malcorra se reunió con la entonces embajadora estadounidense ante la ONU, hoy Consejera de Seguridad Nacional del gobierno de Obama, Susan Rice. De esa reunión habla uno de los cables más jugosos de la serie, fechado en el mismo día en que la reunión tuvo lugar. En dicho encuentro Rice le pide a Malcorra que nombre a funcionarios estadounidenses en distintos puestos de la DAAT, y la diplomática argentina da a entender a su colega estadounidense que los deseos de Washington serán satisfechos.

En una reunión introductoria el 11 de febrero Subsecretaria /DAAT Malcorra le dijo a la Embajadora Rice que el ciudadano estadounidense Tony Banbury era su candidato preferido para subsecretario General Adjunto en el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno. Malcorra dijo que tenía un alto concepto de Banbury del tiempo que pasaron juntos en Programa Mundial Alimentario y que actualmente estaba en la “lista corta de un solo nombre” para ocupar el puesto. La Embajadora Rice dijo que la ONU tendría muchas dificultades para encontrar a un candidato mejor calificado. Rice le dijo a Malcorra que Estados Unidos también estaría interesado en ver a un fuerte estadounidense en el puesto de Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU en la Misión de Asistencia en Afganistán. Malcorra respondió que el proceso de selección para ese puesto ya había empezado, con un candidato estadounidense, Richard Wilcox, en la lista corta. Ella dijo que otros nombres podrían ser considerados si el Gobierno de Estados Unidos deseaba proponerlos pero que “tenemos que movernos rápido” si ese fuera el caso. Malcorra también se mostró dispuesta a considerar candidatos estadounidenses para llenar cuatro vacantes a nivel de director en su departamento: recursos humanos, logística, tecnología y finanzas.

Finalmente un cable fechado en Jartum el 23 de febrero de 2009 describe una reunión tripartita que había tenido lugar cinco días antes en esa capital entre la ONU, la Unión Africana y el gobierno de Sudán para tratar de solucionar los distintos problemas que enfrentaba la misión en Darfur. El despacho contiene elogios para Malcorra de dos militares estadounidenses que asistieron al cónclave, el coronel Noddy Stafford y el coronel James Davey.

Safford y Davey elogiaron a Malcorra por sus esfuerzos personales para mantener la reunión en un tono amistoso. Stafford caracterizó su actuación como “muy constructiva y afirmativa” e hizo notar que había estado en Jartum menos de 30 horas con reuniones casi continuas. Señaló que la reunión no hubiera sido exitosa sin Malcorra.

santiagoodonnell.blogspot.com


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Lo que viene después de la devaluación



Lunes, 28 de diciembre de 2015

ECONOMIA › TEMAS DE DEBATE: CONSECUENCIAS DE LAS PRIMERAS MEDIDAS ECONOMICAS DE MACRI

Lo que viene después de la devaluación
Los grandes grupos empresarios respaldaron los anuncios económicos de Macri, pero la pérdida de poder adquisitivo que vino de la mano de la suba de precios abre un escenario de conflictividad social y fuerte incertidumbre.


Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

Disciplinamiento social

Por Sergio Arelovich *
Días antes de la asunción presidencial advertíamos que los anuncios previos al 10 de diciembre habían creado un mar de incertidumbre. Se había empezado a construir un nuevo escenario en la distribución del ingreso, sirviendo el banquete para exportadores, conglomerado de empresas formadoras de precios y el sistema financiero, entre otros. Señalábamos que el pato de la boda serían los sectores de ingresos fijos: asalariados, jubilados, pensionados o beneficiarios de programas sociales diversos, aun con la implementación de mejoras nominales absorbidas con creces por el proceso inflacionario. Y que en consecuencia se trataba de la creación de un escenario de caos con el propósito de establecer condiciones para el disciplinamiento social. Los primeros días del nuevo Gobierno comenzaron a dar luz sobre la intensidad y también respecto de las prioridades en materia de política económica, ratificando aquellas expectativas.

A partir de la construcción normativa contenida en decretos, resoluciones, comunicaciones y otro tipo de instrumentos de jerarquía indiscutiblemente inferior a la supremacía jurídica de leyes, códigos de fondo y la propia Constitución Nacional, el gobierno de Mauricio Macri generó en el plano económico –aunque no reducido a este– un conjunto de modificaciones, esencialmente en materia cambiaria y aduanera. Atribuir jerarquía de plan económico a este conjunto heterogéneo de medidas sería darle demasiado crédito. Por el contrario, se trata de la intervención del Estado nacional y no de su prescindencia, para generar una transferencia de ingresos desde un sector mayoritario de la sociedad hacia otro sector reducido compuesto por un puñado de empresas locales y extranjeras.

Los 120 días que fijó el nuevo titular del Indec, Jorge Todesca, como plazo para la regularización de dicho organismo, deberían poner énfasis en los cambios producidos en la Cuenta de Generación del Ingreso derivadas de lo ocurrido en la economía argentina a partir del 23 de noviembre de 2015 y en el comportamiento intersectorial de los precios mayoristas. ¿Cómo hizo el dólar oficial para crecer 9,80 a 13,95 del 16 al 17 de diciembre? Validando la primera operación cursada en torno del nuevo precio. En español: con la intervención del BCRA para que el dólar alcance su nuevo nivel. No se trata del mercado sino de la acción del Estado nacional, en este caso administrando la flotación del tipo de cambio desde un nuevo piso.

Se trata siempre de un Estado presente y no de un estado ausente. La cuestión es presente para qué y para quienes. Si se le diera un orden de importancia a las modificaciones normativas entre el 11 y el 24 de diciembre, podríamos destacar las Comunicaciones A 5850, hasta la A 5855 del BCRA, el Decreto 133/2015 y la Resolución General de AFIP 3823. Se trata de la homologación del proceso devaluatorio que se expresaba en el marginal mercado negro, de las modificaciones al funcionamiento del mercado único libre de cambios, del tratamiento de las posiciones en divisas de las entidades financieras, de un nuevo programa de emisión de letras del tesoro (en pesos y en dólares), de la reducción a cero o disminución de las alícuotas de los derechos de exportación para un conjunto de posiciones arancelarias, del cambio del régimen dentro de las licencias automáticas y no automáticas de importación.

La transferencia de ingresos a favor del núcleo duro que representa el poder económico en Argentina es obscena en comparación con las necesidades de amplias capas de la población sumidas en situación de pobreza. La única medida en sentido contrario ha sido la de otorgar exiguos 400 pesos para un conjunto de programas sociales vigentes. Los trabajadores del sector estatal y del sector privado reclaman una compensación frente a la pérdida del poder de compra, derivada del crecimiento exponencial de los precios. El Gobierno nacional sólo tiene incumbencia en la órbita del sector público homónimo.

¿Cuánto mide un doble aguinaldo extra para los trabajadores activos del Estado nacional? Una cifra similar a la que no pagarán –en concepto del impuesto a las ganancias– los magistrados y funcionarios del poder judicial para el ejercicio 2016 o un tercio de la reducción de contribuciones patronales vigente para las empresas no residentes en Capital Federal o un tercio del Impuesto a las Ganancias que no pagará una parte de la renta financiera constituida por los intereses sobre los títulos públicos y los depósitos a plazo fijo. La única respuesta clara a las demandas de los trabajadores no ha sido económica sino el envío de la Gendarmería.

* Docente de la Universidad Nacional de Rosario.

Ajuste y endeudamiento

Por Igal Kejsefman *
Las promesas de campaña de Mauricio Macri adelantaron la disolución de todos los mecanismos de control cambiario una decisión que implica una devaluación, la transferencia de ingresos a los exportadores, más inflación y la caída del salario real. La pregunta que se abrió luego del 10 de diciembre consistía en saber si estas medidas adoptarían la velocidad del shock o del gradualismo. La victoria por un escaso margen y la capacidad de condicionamiento de los sectores populares hizo suponer a muchos analistas que el nuevo gobierno adoptaría la segunda forma. Pero la política suele ser contraintuitiva. Una hipótesis es que se eligió el shock especulando con que una devaluación más lenta podría terminar neutralizada –en términos reales– en un contexto de rápido crecimiento de los precios y con las paritarias en puerta.

Sin dudas implicaba una fuerte apuesta y eran pocos los que no auguraban una corrida cambiaria luego del repentino levantamiento de las restricciones a la compraventa de divisas. La primera operación se transó a 13,90 pesos (un salto del 44 por ciento en el tipo de cambio), pero pasada una semana el tipo de cambio se ubicó más cerca de los 13,30 pesos. ¿A qué responde? En primer lugar, el Gobierno todavía no habilitó a los importadores a cubrir deudas por 5 mil millones de dólares, además las empresas extranjeras no comenzaron a remitir utilidades y los exportadores empezaron a liquidar el stock de granos. A ese listado se suma que el Banco Central subió las tasas de interés en pesos, los bancos privados ofrecen importantes tasas en dólares y el Gobierno espera la entrada de dólares financieros en un corto plazo. Estos elementos ponen de manifiesto la cooperación de industriales, multinacionales, agroexportadores, banqueros y organismos internacionales, es decir, el interés conjunto de la clase dominante por garantizar una devaluación exitosa.

La adjetivación puede resultar confusa: “Exitosa”, ¿en qué sentido? ¿Para quién? Al advertir la caída del salario real podría pronosticarse una recesión basándose en análisis subconsumistas (si menos gente compra, menos se produce, menor empleo). No obstante, si se abandona el debate binario entre una economía “tirada por demanda” o “empujada por oferta”, la caída del salario real puede resultar efectiva para restablecer la ganancia de los capitalistas y por lo tanto reimpulsar exitosamente la acumulación. Sin olvidar la cantidad de supuestos presentes en la argumentación, no es posible descartar un escenario de caída del salario real y desempleo moderado con crecimiento del PIB, como sucedió en los primeros años de la convertibilidad.

Para hacerse de la ganancia se requiere que alguien compre la mercadería; sin embargo, en el escenario anteriormente planteado no podrían ser los trabajadores locales. ¿Y entonces quién? Durante los 18 días desde la asunción, el Gobierno dejó algunas pistas. Montado sobre una estructura productiva que dinamiza la economía local a partir del ingreso de divisas –que el kirchnerismo heredó del neoliberalismo y no modificó–, Macri creó el Ministerio de Agroindustria, en la Conferencia de la UIA propuso dejar atrás el debate entre el Estado y el sector privado, entre el Agro y la Industria, prometiendo premiar a los exportadores y propuso pasar de ser el granero al supermercado del mundo. Su discurso emula las recomendaciones del brasileño Bresser Pereira y muestra al neodesarrollismo como un consenso de época que trasciende a tal o cual gobierno.

Resulta imprescindible considerar una arista adicional: el Gobierno parece tener la venia “por arriba”, pero el éxito del plan económico –en el sentido anteriormente considerado– requiere también la construcción de legitimidad “por abajo”. En caso contrario, el gobierno se expondría al incremento de la conflictividad social y el fracaso de la implementación del plan.

No existen motivos para que los trabajadores acepten ni legitimen la caída del salario real sin mediar una derrota. La administración de esta tensión se manifiesta en la combinación entre ajuste, desfinanciamiento del Tesoro, represión –para los que se niegan al cauce institucional–, concesiones y proyectos de infraestructura financiados con endeudamiento externo. La experiencia en Boca y en la Ciudad de Buenos Aires parece situar a Macri más como un populista de derecha que como un liberal clásico, que tiene en la mira el “voto cuota” que viablizó la victoria de Menem en el ‘95. En este contexto, erosionar la legitimidad del ajuste y del ciclo de endeudamiento requiere una voz que se apoye en los núcleos de buen sentido que deja la experiencia kirchnerista para, desde allí, trascenderla y construir una alternativa al macrismo.

* Economista (UBA/Conicet). Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289111-2015-12-28.html

El Gobierno frenará por decreto el nuevo Código Procesal



El Gobierno frenará por decreto el nuevo Código Procesal
Lunes 28 de Diciembre | 13:46

El Gobierno anunció dos nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en torno al Poder Judicial. Las medidas llegan luego de la polémica en torno al intento de designación de jueces de la Corte Suprema por esa misma vía.

Según anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, uno de los DNU prorrogará la aplicación del Código Procesal de la Nación y el otro trasladará las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema.


"Deseamos que los jueces y fiscales que tuvieron un protagonismo excesivo con procesos binarios dieran un paso al costado"
El funcionario hizo el anuncio durante el brindis de fin de año con la prensa que se realizó en el Ministerio de Justicia. "Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", adelantó el ministro.

Sobre las escuchas, Garavano explicó que "no tiene lógica que los fiscales estén a cargo, cuando son los jueces los únicos que pueden autorizarlas". También insistió que la procuradora general Alejandra Gils Carbó debería dejar su cargo.

"Deseamos que los jueces y fiscales que tuvieron un protagonismo excesivo con procesos binarios dieran un paso al costado", manifestó sobre el cierre del brindis.

http://www.infonews.com/nota/272875/el-gobierno-frenara-por-decreto-el-nuevo


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a norma fue consultada a través de InfoLEG, base de datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA

Ley Nº 24.430

Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994).

Sancionada: Diciembre 15 de 1994.

Promulgada: Enero 3 de 1995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1º.- Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994) que es el que se transcribe a continuación:




CAPÍTULO TERCERO

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.

2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.

6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.

7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.

8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.

10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.

12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.

13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla.

14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.

15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.

16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El Presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.

17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos.

18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.

20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

CAPÍTULO CUARTO



http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm



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REGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACION LEGISLATIVA Y DE PROMULGACION PARCIAL DE LEYES

Ley 26.122

Regúlase el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo.

Sancionada: Julio 20 de 2006

Promulgada: Julio 27 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina reunidos en Congreso,

etc. sancionan con fuerza de

Ley:

REGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA, DE DELEGACION LEGISLATIVA Y DE PROMULGACION PARCIAL DE LEYES

TITULO I

Objeto

ARTICULO 1º — Esta ley tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo:

a) De necesidad y urgencia;

b) Por delegación legislativa;

c) De promulgación parcial de leyes.

TITULO II

Comisión Bicameral Permanente

Régimen jurídico. Competencia

ARTICULO 2º — La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos:

a) de necesidad y urgencia;

b) por delegación legislativa; y

c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional.

Integración

ARTICULO 3º — La Comisión Bicameral Permanente está integrada por OCHO (8) diputados y OCHO (8) senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

Duración en el cargo

ARTICULO 4º — Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y pueden ser reelectos.

Autoridades

ARTICULO 5º — La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser reelectos. La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.

Funcionamiento

ARTICULO 6º — La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación.

Quórum

ARTICULO 7º — La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

Dictámenes

ARTICULO 8º — Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente.

Reglamento

ARTICULO 9º — La Comisión Bicameral Permanente dicta su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de previsión en el reglamento interno y en todo aquello que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.

TITULO III

Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación

Legislativa y de Promulgación Parcial de

Leyes

Capítulo I

Decretos de Necesidad y Urgencia

Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente

ARTICULO 10. — La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.

Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.

Capítulo II

Delegación Legislativa

Límites

ARTICULO 11. — Las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo.

Elevación

ARTICULO 12. — El Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.

Dictamen de la Comisión Bicameral

Permanente

ARTICULO 13. — La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio.

Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.

Capítulo III

Promulgación parcial de las leyes

Despacho de la Comisión Bicameral Permanente

ARTICULO 14. — La Comisión Bicameral Permanente debe expendirse acerca de la validez o invalidez del decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso.

Insistencia de ambas Cámaras

ARTICULO 15. — Las disposiciones de esta ley y el curso de sus procedimientos no obstan al ejercicio por el Congreso de sus potestades ordinarias relativas a la insistencia respecto de normas legales total o parcialmente vetadas.

Capítulo IV

Trámite Parlamentario de los decretos: de

necesidad y urgencia, de delegación legislativa y

de promulgación parcial de leyes.

Aplicación

ARTICULO 16. — Las normas contenidas en este capítulo son de aplicación para el trámite de los decretos:

a) de necesidad y urgencia;

b) de delegación legislativa; y

c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo en los términos de los artículos 99, inciso 3 (párrafos 3º y 4º); 76; 80; 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional y de las normas contenidas en esta ley.

Vigencia

ARTICULO 17. — Los decretos a que se refiere esta ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil.

Incumplimiento

ARTICULO 18. — En caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete.

Despacho de la Comisión Bicameral Permanente

ARTICULO 19. — La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la Comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los Capítulos I, II, III del presente Título.

Tratamiento de oficio por las Cámaras

ARTICULO 20. — Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Plenario

ARTICULO 21. — Elevado por la Comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.

Pronunciamiento

ARTICULO 22. — Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.

Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.

Impedimento

ARTICULO 23. — Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Rechazo

ARTICULO 24. — El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Potestades ordinarias del Congreso

ARTICULO 25. — Las disposiciones de esta ley y el curso de los procedimientos en ella establecidos, no obstan al ejercicio de las potestades ordinarias del Congreso relativas a la derogación de normas de carácter legislativo emitidas por el Poder Ejecutivo.

Publicación

ARTICULO 26. — Las resoluciones de las Cámaras que aprueben o rechacen el decreto de que se trate, en los supuestos previstos en esta ley, serán comunicadas por su presidente al Poder Ejecutivo para su inmediata publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 27. — La Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el artículo 20 de la Ley 25.561, sólo mantendrá la competencia prevista por el artículo 4º de la Ley 25.790.

ARTICULO 28. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.122—

ALBERTO BALESTRINI-JOSE J. B. PAMPURO- Enrique Hidalgo-Juan H. Estrada


http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118261/norma.htm

27 de diciembre de 2015

Sturzenegger vuelve a estar procesado por el Megacanje





Domingo 27 de diciembre de 2015

Megacanje: la Corte volvió a procesar a Federico Sturzenegger
Néstor Espósito

27 de Diciembre de 2015 | 12:00



El máximo tribunal desestimó una apelación y dejó firme la decisión de la Cámara de Casación, que dispone además un embargo sobre los bienes del actual presidente del Banco Central en el marco de una causa que investiga a ex funcionarios del gobierno de la Alianza por la operación financiera.


La Corte Suprema confirmó la investigación por los presuntos delitos económicos por el denominado "Megacanje", que involucra –entre otros- al actual presidente del Banco Central, Federico Adolfo Sturzenegger. El fallo significa, en los hechos, que Sturzenegger vuelve a estar procesado como "partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". Así lo había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de diciembre de 2013. Esa resolución, que ahora vuelve al centro de la escena, disponía además un "embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos".


El procesamiento dictado por Ramos fue revocado por la Sala Segunda de la Cámara Federal el 5 de junio de 2014. Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun dispusieron directamente los sobreseimientos de Sturzenegger, Carlos Federico Molina, Guillermo Eduardo Mondino, Jacobo Julio Dreizzen, Norberto Mauricio López Isnardi, Horacio Tomás Liendo, Ernesto Alberto Marcer y Jorge Amadeo Baldrich. En todos los casos, la Sala Segunda –considerada la más independiente durante el gobierno anterior- aclaró que para todos los imputados "la formación de este proceso en su contra no debe afectar el buen nombre y honor de que gozaren".

El sobreseimiento dejó en segundo plano un pedido de Sturzenegger para que la investigación por el Megacanje fuera declarada "prescripta".

El fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes, uno de los impulsores de la "Marcha de los Paraguas", en la que el 18 de febrero pasado miles de personas reclamaron "justicia" ante la muerte del ex titular de la UFI Amia, Alberto Nisman.
Moldes escribió en su apelación que "el marco probatorio permite acreditar que los agentes públicos involucrados en la maniobra denominada 'Megacanje'", entre ellos Sturzenegger, "desde sus funciones actuaron de manera venal, distrayendo la atención que requería el negocio público en detrimento de su correcta instrumentación y éxito". Más aún: "En la causa hay un frondoso caudal probatorio, que demuestra con solvencia que tras una decisión de política económica del Estado, hubo una maniobra de funcionarios públicos que en nombre del Estado, favorecieron a sus amistades". Y advirtió que de confirmarse los sobreseimientos "quedarían desvinculados varios funcionarios públicos responsables de esa maniobra delictiva".
El 29 de abril pasado, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, anuló los sobreseimientos. Catucci sostuvo que las resoluciones judiciales "deben estar fundadas y esa garantía constitucional no fue observada en el frágil pronunciamiento atacado de desincriminación que adolece pues de una correcta evaluación". El sobreseimiento, entonces, fue "prematuro, y sin los fundamentos necesarios para llegar a ese tipo de conclusión".
El juez Riggi sostuvo que el sobreseimiento "carece de la debida motivación exigible a los fallos judiciales". Y Ana María Figueroa lo descalificó: "Si se acepta como verdadera una conclusión, necesariamente antes deben ser expresadas las razones por las cuales se acepta tal conclusión, razones que no son otra cosa -en el proceso- que pruebas suficientes para llegar a la certeza de dicha conclusión."
Algunos de los imputados –Liendo y Molina- llevaron el caso hasta la Corte Suprema. Y el máximo tribunal, en una resolución firmada el 15 de diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, desestimó la apelación. "El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la queja."
El fallo deja firme la decisión de la Cámara de Casación, que anuló los sobreseimientos y dispuso "remitir las actuaciones a su origen, previo paso por la Sala Segunda de la Cámara Federal, para que tome nota de lo decidido, a fin de que se continúe, sin demoras, con la sustanciación del proceso".
Así, hoy está vigente el fallo del juez Ramos. Aquel que dispuso los procesamientos y los millonarios embargos. «

Millonario negocio para los bancos
El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue una operación financiera que el entonces flamante ministro de Economía Domingo Cavallo llevó al presidente Fernando de la Rúa. La operación, planeada por el amigo del ministro David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston, implicó para la Argentina un aumento de la deuda externa y para los siete bancos que participaron una ganancia de 150 millones de dólares en comisiones (20 de ellos, para Mulford).
En el juicio no se hurgó sobre la medida político-económica definida por el gobierno de la Alianza (un canje de 37 tipos de bonos cuyos vencimientos, por el momento del país, eran imposibles de cumplir por parte del Estado), sino por el supuesto beneficio –las comisiones– que en aquella colocación obtuvieron los bancos que intervinieron.
La investigación busca conocer la responsabilidad que tuvieron ex funcionarios, entre ellos Sturzenegger (ex secretario de Política Económica), en esa operación que le costó millones al Estado y le rindió también millonarias ganancias a los bancos. Sturzenegger está procesado como presunto "partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

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27.12.2015 / Por la causa del canje de bonos en la gestión de la Rúa

La Corte volvió a procesar a Federico Sturzenegger por el Megacanje
El máximo tribunal desestimó una apelación y dejó firme la decisión de la Cámara de Casación, por lo que el actual presidente del Banco Central volverá a estar procesado. Además, los bienes del economista serán embargados por 5 millones de pesos.





Según confirmó la Corte Suprema a Tiempo Argentino, se investigarán los presuntos delitos económicos del denominado "Megacanje", que involucra, entre otros funcionarios al actual presidente del Banco Central y ex secretario de Política Económica cuando se realizó la polémica operación, Federico Sturzenegger.

El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue una operación financiera que consistió en un canje de 37 tipos de bonos cuyos vencimientos, por el momento del país, eran imposibles de cumplir por parte del Estado. La operación fue liderada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y significó para la Argentina un importante aumento de la deuda externa, mientras que los siete bancos que participaron de la operación se llevaron 150 millones de dólares en comisiones.

Así, con el nuevo fallo de la Corte, Sturzenegger vuelve a estar procesado como "partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". De este modo lo había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de 2013, quien además había ordenado un "embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos".

La decisión de Ramos había sido revocada por la Sala Segunda de la Cámara Federal el 5 de junio de 2014, que sobreseyó a Sturzenegger y a otros funcionarios imputados. Sin embargo, el fallo fue apelado por el fiscal general Germán Moldes.

"En la causa hay un frondoso caudal probatorio, que demuestra con solvencia que tras una decisión de política económica del Estado, hubo una maniobra de funcionarios públicos que en nombre del Estado, favorecieron a sus amistades", escribió el fiscal en su apelación.

El 29 de abril pasado, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, anuló los sobreseimientos. Algunos de los imputados llevaron el caso hasta la Corte Suprema, pero el máximo tribunal, en una resolución firmada el 15 de diciembre por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, desestimó la apelación.

La Corte, además de pedir que "se continúe, sin demoras, con la sustanciación del proceso", desestimó el pedido de los acusados y por lo tanto con esta decisión vuelve a estar vigente el primer fallo del juez Ramos.

http://www.politicargentina.com/notas/201512/10724-la-corte-volvio-a-procesar-a-federico-sturzenegger-por-el-megacanje.html

La suba del tipo de cambio oficial de 9,8 a 13,50 pesos y la eliminación de retenciones



Domingo, 27 de diciembre de 2015

Riqueza cuatro, pobreza cero
Uno de los objetivos definido por Mauricio Macri para su gobierno empezó mal. Las principales medidas económicas implementadas y las próximas anunciadas aumentan la pobreza en lugar de disminuirla.

Por Alfredo Zaiat
El presidente Mauricio Macri planteó en la campaña electoral, en el discurso de asunción de gobierno en la Asamblea Legislativa y en cada una de sus primeras presentaciones públicas uno de los principales objetivo de su gestión: Pobreza Cero. Es una meta aspiracional convocante que debe ser acompañada con iniciativas económicas y sociales para alcanzarla. El aspecto más destacado en las dos primeras semanas del gobierno de Macri es que el saldo de las medidas económicas implementadas y las próximas anunciadas van en dirección opuesta a esa ambiciosa promesa socioeconómica. En lugar de reducir la pobreza, es posible estimar que la ha aumentado calculada por nivel de ingresos, independientemente de la cifra absoluta subestimada por el Indec hasta que dejó de publicarla o del número sobreestimado de la Universidad Católica Argentina. Una menor capacidad de compra por la fuerte devaluación y modificación en el régimen de retenciones ha empujado a grupos vulnerables a caer por debajo de la línea de pobreza. Además la prevista eliminación de subsidios con aumentos de tarifas, la limitación de la negociación paritaria incluyendo el criterio de productividad y la apertura importadora implicará otro golpe a los ingresos de sectores populares y, por lo tanto, un fortalecimiento de la tendencia de sumar más pobres. En esta primera etapa del gobierno de Macri, el resultado de la política Pobreza Cero es una derrota por goleada.

La suba del tipo de cambio oficial de 9,8 a 13,50 pesos y la eliminación de retenciones al trigo, maíz y girasol han provocado un shock inflacionario que derivó en una caída del poder adquisitivo. En el último bimestre del año la tasa de inflación sumaría del 6 al 9 por ciento, con alza promedio de más del 20 por ciento en bienes de la canasta básica de alimentos. Es un porcentaje impactante para salarios y jubilaciones sin ninguna actualización. El exiguo bono de 400 pesos para la Asignación Universal por Hijos y haberes mínimos es un paliativo temporario (en 2010 esa ayuda extraordinaria había sido de 500 pesos), e impacta más en los niveles de indigencia que en los de pobreza. En enero, los precios seguirán en los elevados niveles actuales o un escalón más alto, y esos ingresos adicionales no estarán. Las previsiones privadas acerca de la evolución de los precios (por ejemplo, alzas en servicios privados) son poco alentadoras para el primer trimestre del año.

Más pobres

La magnitud del incremento de la pobreza a partir de las medidas dispuestas por Mauricio Macri será mayor que la registrada luego de la devaluación de enero de 2014 instrumentada por el entonces ministro Axel Kicillof y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Ese movimiento traumático del tipo de cambio fue cerca de la mitad del actual, no hubo otras medidas que alimentaran la inflación y durante el año se aplicó una política de ingreso compensadora. Pese a todo, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA-Yasky calculó que “la reducción del nivel de pobreza fue sistemático hasta 2014, año en que la devaluación y su acelerado impacto en el proceso inflacionario (38,7 por ciento en ese año) provocó un aumento del nivel de personas en situación de pobreza de más de 2 puntos porcentuales: del 18,0 por ciento en 2013 al 20,6 por ciento en 2014”.

El gobierno de CFK instrumentó medidas compensadoras por el lado de la política de ingreso: recomposición salarial, aumentando 3 puntos porcentuales en términos reales vía paritarias, significativas actualizaciones de la AUH, jubilaciones y salario mínimo, y una estrategia de control de precios que derivó en una desaceleración de los aumentos de la tasa de inflación. De ese modo, la pobreza retomó su sendero descendente a partir de la segunda mitad de 2014, para alcanzar el 19,7 por ciento en el segundo trimestre de 2015, según Cifra-CTA (las estimaciones de este centro de estudios, como las de la UCA, fueron utilizadas en los últimos años por los grandes medios amarillos para contrastarlas con las estadísticas del Indec).

Con este reciente antecedente, teniendo en cuenta que las condiciones macroeconómicas son similares (utilización de capacidad industrial instalada y nivel de empleo) y que la devaluación de Macri ha tenido una velocidad de traslado más rápida a precios, el aumento de la tasa de pobreza podría ser de varios puntos más que a comienzos de 2014, y sin una estrategia visible para revertirlo. Aquí surgirá la controversia sobre el valor absoluto de ese indicador. La responsabilidad política de haber sumergido en un mar de confusiones y tergiversaciones el análisis de la pobreza en Argentina es del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Primero el Indec subestimó la cantidad de pobres y después directamente dejó de publicar ese índice, desmesura amplificada por la intervención del Indec ordenada por Macri. El economista Jorge Todesca que pasó a conducir el instituto de estadísticas públicas directamente decidió suspender la difusión de todos los indicadores, incluyendo el de precios en meses donde la inflación se disparó. Este despropósito Todesca lo acompañó con otro más provocativo al equiparar lo que ha sucedido en el Indec con una dictadura y la violación a los derechos humanos. Las estadísticas no se merecen tanto castigo de unos y otros.

Justificar el ajuste

Pese a lo que se dice incansablemente sin más información que la percepción individual y la sesgada encuesta de la UCA, la presente situación sociolaboral ofrece elevados niveles relativos de ingresos y de mejoras de las condiciones materiales de los grupos sociales vulnerables. Es una explicación para entender porqué el shock inflacionario de Macri no está generando por ahora un estado de insatisfacción generalizado. El contexto es diferente a la hiperinflación del 89 (Alfonsín) y 90 (Menem) y al del estallido de la convertibilidad (De la Rúa y Duhalde), cuando había pobres y desempleados en cantidad. Igualmente, de acuerdo a la encuesta de expectativa de inflación de la Universidad Torcuato Di Tella, existe señales de que la sociedad está en estado de alerta: el saldo de ese relevamiento (del 1 al 9 de diciembre) muestra que la inflación esperada por la población (sectores de ingresos altos y bajos, y en todas las regiones del país) para los próximos doce meses subió 10 puntos porcentuales al ubicarse en el 30 por ciento, siendo el aumento mensual más alto de la serie histórica.

El informe “La naturaleza política y la trayectoria económica de los gobiernos kirchneristas” de Cifra-CTA, el centro de estudios coordinado por el economista Eduardo Basualdo, aborda la diferencia del estado socioeconómico del final del kirchnerismo respecto al de otros gobiernos democráticos desde 1983. Indica que la paradoja del resultado electoral adverso (al kirchnerismo) no se condice con una situación económica que en la vida de los argentinos no generó zozobras ni desasosiego como en anteriores traspasos de gobierno. Señala que tanto es así que “la crisis” para justificar el ajuste y las recetas ortodoxas de los neoliberales que desembarcaron con Macri, es más virtual que real. Para advertir que incluso las caprichosas cifras de pobreza con que se quiere generar el clima de final de función con fracaso kirchnerista son totalmente tendenciosas, “tal como lo demuestra el informe de Cifra de noviembre de 2015”. Apunta que desde el bloque dominante tratan de demostrar que nada cambió ni nada mejoró para los sectores populares, y “para ello dibujan índices de pobreza y estadísticas siempre desalentadoras avalados por los datos de las consultoras que ellos mismos digitan”.

El informe de pobreza de Cifra mencionado previene acerca de algunas estimaciones que tienden a sobreestimarla. Mauricio Macri, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, sostuvo que hay al menos 13 millones de pobres, incluso su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, elevó la cifra a 14 millones, inflando los cálculos realizados por la Universidad Católica Argentina (28,7 por ciento en 2014, que representaría alrededor de 12,3 millones de personas).

Sobreestimar la cantidad de pobres no es inocente políticamente, ya no sólo para confundir sobre la cuestión social durante el kirchnerismo, sino por la evaluación que se realizará de la información que el interventor Todesca difundirá en su momento. Cuánto más elevada sea la cifra de pobres publicitada hoy, menor será el impacto de las medidas económica regresivas de los primeros meses del gobierno de Macri en las estadísticas de pobreza. Quienes se indignaron durante años por lo que denominaron manipulación de las estadísticas del Indec por parte del kirchnerismo tendrán la oportunidad de mantener ese estado de agitación con el macrismo. Será una prueba de coherencia para los guardianes de la pureza de las estadísticas públicas.

Por ello es que resulta pertinente presentar la última estimación de Cifra de modo de identificar la cantidad de personas en situación de pobreza e indigencia, así como su evolución durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. Vale aclarar que estas estimaciones están basadas en el índice de precios minorista “IPC 9 provincias” desde 2007 en adelante (no el informado por el Indec) para definir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (determina el nivel de indigencia) y la Canasta Básica Total (define el alcance de la pobreza). En ese cálculo está incorporado el índice de precios de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (del gobierno macrista). Precisadas las cuestiones de la metodología para alejar los desbordes emocionales que empezaron a provocar las estadísticas a partir de la crisis del Indec, el documento de Cifra informa que la pobreza se ubicó en 19,7 por ciento en 2015 (datos correspondientes al primer semestre del año). Ese porcentaje equivale a 8,4 millones de personas aproximadamente. Se trata de una reducción de 30 puntos porcentuales respecto del existente en 2003, cuando la pobreza había trepado al 49,7 por ciento como resultado de la traumática crisis del neoliberalismo y la megadevaluación de 2002 (alrededor de 18,4 millones de personas). Es decir que durante las gestiones kirchneristas alrededor de 10 millones de personas pudieron salir de la situación de pobreza. Es un saldo extraordinario en relación a experiencias locales y de otros países, como lo han reconocido la Cepal, el Banco Mundial, la FAO y la Unesco, pero que ha quedado en una nebulosa por la desmesura kirchnerista en el Indec.

La brecha

Otra forma de analizar las condiciones sociales de la economía que dejó el ciclo político del kirchnerismo es la “brecha de pobreza”. El reporte anual del centro de estudios Idear Desarrollo, dirigido por el economista Matías Kulfas, se ocupa del tema. Un documento elaborado por Guido Zack explica que las tasas de pobreza e indigencia son indicadores que captan la incidencia (población pobre o indigente como porcentaje del total), pero no la profundidad (cuán lejos están las familias pobres o indigentes de dejar de serlo). El resultado de ese análisis refleja una muy fuerte reducción de esa brecha durante el kirchenerismo siguiendo una evolución similar a las tasas: una muy importante disminución hasta el tercer trimestre de 2006, para luego seguir descendiendo aunque a un ritmo menor hasta 2013, cuando revierten la tendencia.

Los economistas de Cifra brindan las causas para comprender esa menor intensidad en la disminución de la pobreza. Dicen que no sólo fue el menor crecimiento económico de los últimos años, sino también el hecho de que a medida que se contraen los valores de pobreza, indigencia y desocupación, la reducción de cada punto es más compleja, más aún en un escenario dominado por una intensa puja distributiva y la consiguiente aceleración del proceso inflacionario. Por su parte Zack señala que “estos indicadores son también muy ilustrativos de la magnitud del problema de la pobreza e indigencia en términos del ingreso”. Para agregar que hacia 2003 era necesario una transferencia equivalente de alrededor del 14 por ciento del ingreso total para eliminar la pobreza y del 2,4 por ciento para la indigencia. Al segundo trimestre de 2015, esos porcentajes habían bajado sustancialmente: 2,5 y 0,3 por ciento, respectivamente.

Ahora, con las recientes y próximas medidas económicas de Macri, lo más probable es que vaya a ensancharse esa brecha. No sólo más personas habrían caído en la pobreza por el shock inflacionario, sino que quienes eran pobres por ingresos se habrían alejado de ese umbral para dejar de serlo. Más aún cuando el objetivo final de la estrategia económica del macrismo es imponer un nuevo estadio en la distribución de la riqueza de carácter regresivo disminuyendo la carga salarial (en pesos y en dólares) en los costos de las empresas. Macri ha erosionado de ese modo uno de los ejes rectores planteados para su gestión: Pobreza Cero ha quedado más lejos del punto de partida desde donde inició su gobierno.

azaiat@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289088-2015-12-27.html

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