Lo que circula por los medios

28 de marzo de 2016

Ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y gasto público



Domingo, 27 de marzo de 2016 | Hoy
EL PAIS
La transparencia del sigilo
El gobierno sólo difundió los títulos de los acuerdos firmados. Washington los describió con más detalle pero también retuvo su texto. Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sin diferenciar seguridad y defensa; asistencia en la Triple Frontera; misiones militares en Africa; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; Centros de Fusión de Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear a espaldas de Brasil y apertura comercial irrestricta.


Por Horacio Verbitsky
Aunque el gobierno declama la transparencia, su práctica es opaca: la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo publicaron en sus respectivas páginas el título de los acuerdos firmados durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama. Dicen poco y nada sobre su contenido: Acuerdo sobre Incremento de la Cooperación para Prevenir y Combatir los Delitos Graves, declaración conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de Desplazamiento, acuerdo referente al Emplazamiento de Oficiales de Seguridad a Bordo y acuerdo marco en materia de comercio e inversión. Se acordó también una declaración conjunta de cancilleres en apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “La firma de estos acuerdos forma parte de un paquete que incluye, entre otros, el Memorándum de Entendimiento para prevenir el lavado de dinero.” Ni una palabra más. Para descorrer un poco el velo hay que recurrir a la página de la Casa Blanca. Así es posible saber que:

- para que la Argentina pueda incrementar el tamaño de sus unidades militares desplegables y participar en misiones de paz en Africa, Estados Unidos fortalecerá sus capacidades, incluyendo el entrenamiento y la modernización de la flota aviones de transporte y carga C-130.

- la Argentina recibirá un número significativo de refugiados, incluyendo personas desplazadas por la guerra en Siria (es decir corridos por Daesh y por los bombardeos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, sus aliados y Rusia. Ellos tiran las bombas y la Argentina recibe a los que escapan, con financiamiento que conseguirá Estados Unidos).

- para el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos asistirá a las fuerzas argentinas de seguridad sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Funcionarios argentinos se capacitarán en la Academia Internacional de Policía, realizarán viajes de estudios a Estados Unidos y recibirán capacitación de la DEA y el FBI.

- el FBI también ayudará a montar una red de Centros de Fusión de Inteligencia (sic) para detectar y golpear al terrorismo y el crimen organizado (en esos Centros de Fusión, creados luego de los ataques de septiembre de 2001 por el Ministerio de Seguridad Nacional, comparten información agencias de Inteligencia como la CIA, organismos policiales como el FBI, las Fuerzas Armadas y los gobiernos, nacional, estadual y local. En 2012 una comisión bipartidaria del Senado publicó un informe demoledor sobre la inutilidad, dispendio y riesgo para las libertades civiles de estos Centros, que puede verse aquí http://foreignpolicy.com/2012/10/03/senate-report-says-national-intelligence-fusion-centers-have-been-useless/)

- en mayo, el Pentágono realizará el primer encuentro de trabajo con las Fuerzas Armadas argentinas desde 2009, con una agenda que incluirá operaciones de paz, preparación y respuesta ante desastres y “cooperación en defensa hemisférica”.

- el Comando Sur se propone compartir información con el Ministerio de Seguridad argentino, mediante oficiales de enlace ante su Fuerza de Tareas Sur. El Pentágono también invitó a la Argentina a participar en un programa de cooperación con la Guardia Nacional. (En todos estos casos Estados Unidos propone y la Argentina acepta borronear los límites entre las tareas de Seguridad Interior y Defensa Nacional, separadas en forma nítida por tres leyes y un decreto suscriptos a lo largo de tres décadas por los gobiernos de Alfonsín, Menem, Fernando de la Rúa y Kirchner).

- el acuerdo sobre delitos graves, la cooperación de seguridad y combate al terrorismo firmado por el Ministerio argentino de Seguridad con sus pares estadounidenses de Seguridad Nacional y de Justicia, facilitará el intercambio de información sobre potenciales y conocidos delincuentes y terroristas. Para mejorar la seguridad se adoptarán medidas de protección de aviones argentinos, con un programa de funcionarios a bordo (no se explica si estadounidenses o argentinos) y la oficina estadounidense de aduana y protección fronteriza ayudará a mejorar la seguridad en las fronteras argentinas. Estos pasos mejorarán la eligibilidad argentina para el programa de ingreso a Estados Unidos sin visa. Por ahora se eximirá de visa a los argentinos menores de 16 y mayores de 65 años y la Argentina dejará de cobrar la tasa de reciprocidad de 160 dólares que deben pagar los turistas estadounidenses (aunque la redacción es oscura, se entiende que los argentinos seguirán pagando su parte de esta curiosa reciprocidad).

- el acuerdo sobre comercio e inversiones facilitará el diálogo sobre propiedad intelectual y acceso a los mercados, combatiendo las “barreras no científicas al comercio”. (Es decir, mayor apertura y pago de royalties).

- la Argentina enviará al Congreso para su ratificación el Acuerdo de Facilitación del Comercio aprobado por la Organización Mundial de Comercio en 2013. Ambos países desarrollarán un programa aduanero de ventanilla única, para simplificar los trámites. (Esto se entiende mejor si se sabe que el año pasado la Argentina tuvo un déficit comercial con Estados Unidos de 4.200 millones de dólares, es decir el 140 por ciento del déficit total de 3000 millones, o dicho de otro modo la Argentina tiene déficit con Estados Unidos y superávit con el resto del mundo considerado como un todo. Lejos de disminuir el déficit, este paso lo aumentará).

- entre la asistencia técnica que Estados Unidos proveerá en apoyo de las reformas de Macrì, estará la política de telecomunicaciones, incluyendo consultas con la Comisión Federal de Comunicaciones, sobre manejo del espectro y regulación (es decir aquello que Macrì eliminó por decreto en cuanto asumió).

- Estados Unidos facilitará visitas de funcionarios argentinos a los lugares donde se desarrollan fuentes de energía no convencionales, para mejorar la seguridad energética y el desarrollo responsable de gas y petróleo (el desempeño de Chevron en Ecuador provee un buen ejemplo del cuidado por el medio ambiente que aquí se pregona).

- también incrementarán la cooperación en el desarrollo y la seguridad nuclear (según el Grupo Convergencia, integrado por académicos y especialistas en cuestiones de política exterior, Seguridad y Defensa, el gobierno nacional analiza la posibilidad de suscribir un protocolo adicional al sistema de salvaguardas que la Argentina mantiene con los organismos internacionales en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Este sería el certificado de defunción del sistema argentino-brasileño de garantías y salvaguardias que desde 1991 ha permitido el uso de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos, mediante el control recíproco, sin renunciar al desarrollo tecnológico propio como exige la megapotencia mundial y contribuyendo al mantenimiento de la paz en toda América).

Más ruido que nueces

Según Macrì estas concesiones ocultas tendrían como contraparte un diluvio de inversiones estadounidenses, lo cual no pasa de una expresión de deseos. El principal objetivo de Obama en la Argentina, afirma el think tank Inter-American Dialogue, fue apoyar los esfuerzos de Macrì por “normalizar la economía y abrir el país al comercio y las finanzas globales”, de modo que se convierta “en uno de los más estrechos socios de Estados Unidos en la región”. Esa organización, cuyos copresidentes son la ex representante comercial de Estados Unidos Carla Hills y el ex presidente de México Ernesto Zedillo, destaca el levantamiento de los controles cambiarios y comerciales y, “sobre todo”, el acuerdo con los holdouts “o fondos buitre, como son conocidos en la Argentina”. Al enumerar el saldo de la visita, el Dialogue menciona los acuerdos de colaboración contra el narcotráfico y el terrorismo “incluyendo equipamiento y capacitación para las fuerzas de seguridad” y “el deseo de Estados Unidos de trabajar con la Argentina para desarrollar los significativos yacimientos de gas y petróleo convencional, que son de los mayores del mundo. Chevron ya está operando en asociación con la estatal YPF”. Se comprende mejor la pérdida de la virginidad política de Laura Alonso.

El Dialogue también consignó que en materia de comercio e inversiones “se lanzaron pocas iniciativas concretas” y lo que se acordó es crear un grupo de trabajos para resolver las barreras administrativas al comercio, mientras los empresarios estadounidenses “prometieron incrementar la inversión en la Argentina en los próximos cuatro años en varios miles de millones de dólares”. La exultación de Macrì por el cariño que Obama demostró por él y su esposa debería moderarse: los anuncios de inversiones formulados en la Sociedad Rural por parte de empresas estadounidenses no pasan de 13.800 millones de dólares durante el mandato de Macrì y de 2.300 millones en el próximo año y medio. Estas promesas de inversiones por no más de 4.000 millones de dólares al año son una gota en el océano que no compensa ni en forma remota la merma de la inversión pública dispuesta por el gobierno y el nuevo endeudamiento que comenzará dentro de dos semanas, con un primer saque de 12.500 millones de dólares para pagarles a los fondos buitre. Esto permite avizorar que la recesión será más profunda y duradera de lo que se preveía, porque constituye el único instrumento para atenuar la inflación que sigue en aumento y ya ronda el 5 por ciento mensual. Además, parte del dinero que pueda ingresar no se destinará a inversión productiva sino a la adquisición de empresas preexistentes, a precios de liquidación por la desvalorización del peso y la caída de la actividad. La secretaria de Comercio de Obama, Penny Pritzker, encomió la valentía de Macrì por “resolver la disputa con los acreedores, reducir los controles de capitales y las retenciones a las exportaciones agrícolas y los subsidios a la distribución eléctrica”. Miguel Angel Broda agregó que el acuerdo con los buitres no sustituye el ajuste fiscal. A la consigna de Macrì y Prat-Gay: dunga-dunga o ajuste brutal/hiperinflación, el reaparecido gurú opone una más simple y realista: dunga-dunga y ajuste. “Este año necesitamos colocar 40 mil millones de dólares de deuda. Es una oferta muy grande, la mitad de todo lo colocado en el mundo emergente en 2015. Esto sin duda le pone un piso alto a la tasa de interés que pagará el Gobierno. No estoy tan seguro de que podamos colocar esa deuda y además no estoy tan seguro de que podamos hacer un programa de metas de inflación riguroso”, agregó Broda, para quien “las necesidades de financiamiento del país deberían incluir préstamos del FMI”. Obama dijo algo parecido con más elegancia: “A veces el dolor del corto plazo y el tener que tomar sanciones decisivas en una etapa tan temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana”.

De acuerdo con los buitres

Una de las principales críticas que los Senadores escucharon al acuerdo con los fondos buitre que se aprobará el miércoles se refirió a la dolarización y fuga de activos que, dentro o fuera del país, se sustraen del sistema financiero. Sus principales expositores fueron Eduardo Basualdo, quien junto con el Secretario Adjunto Pedro Wasejko expuso en nombre de la CTA, y el experto en finanzas e impuestos Jorge Gaggero. Basualdo recordó que la dictadura de 1976 inauguró un patrón de acumulación de capital que produjo una redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, inédita por su profundidad, con una política económica de corte monetarista que inicio una profunda desindustrialización. En ese patrón de acumulación, tanto el Estado como el sector privado oligopólico contrajeron deuda en el exterior. Con esos recursos, el sector privado efectuó colocaciones en activos financieros en el mercado interno para valorizarlos, dado el diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la internacional, para luego fugarlos al exterior. “La deuda externa dejó de ser un instrumento para financiar la inversión productiva o el capital de trabajo, para ser un medio de obtención de renta financiera. Su contracara fue la fuga de capitales, que exhibieron una elevada correlación: en 2001 tanto la deuda externa total cuanto el stock de capitales locales en el exterior, es decir la fuga de capitales locales, alcanzaron aproximadamente los 140 mil millones de dólares. Estoy hablando del pasado pero también del futuro porque ese es el proceso que va a instalar este arreglo con los fondos buitre: endeudamiento externo y fuga. Lo que se fuga no fue ni será el consumo de los sectores de altos ingresos sino la inversión y eso fue lo que impulsó e impulsará la desindustrialización. Este acuerdo le plantea a los sectores populares un horizonte signado por un nuevo ciclo del endeudamiento externo, un recrudecimiento de la fuga de capitales locales al exterior y la consecuente reducción de la inversión productiva, un crecimiento del desempleo vinculado a un bajo o negativo crecimiento manufacturero, un incremento de la pobreza y de la indigencia”.

Gaggero graficó en un trabajo de 2007 sobre la fuga de capitales esos datos de Basualdo. Como se ve en el cuadro las líneas de endeudamiento y fuga son perfectas paralelas. Además entregó a los senadores copia de dos informes fundamentales terminados en diciembre pasado: el de la Comisión Bicameral Permanente sobre la Deuda Externa, Ley 26.984, y el de la Comisión Investigadora de los Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la Evasión de Tributos y las consecuentes Salidas de Divisas del país. Uno describe la vía del endeudamiento, con el rol de las calificadoras de deuda y los fondos buitre. El otro, conocido por el “Caso HSBC”, analiza la contraparte de esa deuda que escaló exponencialmente entre 1976 y 2001: la fuga de capitales, “dos curvas que casi se tocan y empinan hasta el pico del 2001”. Del cotejo de ambos informes surge con claridad que los mismos bancos que prestan o que gestionan el endeudamiento son los que canalizan la fuga. La versión taquigráfica no describe la expresión de los senadores, cuando Gaggero dijo que los funcionarios que traen la propuesta al Congreso “expresan la vieja y frustrada experiencia nacional en los dos procesos perversos e interconectados que he descripto: el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger), procesado aún por el caso del Megacanje, o sea la vía del endeudamiento irresponsable, y el Ministro de Hacienda y Finanzas (Alfonso de Prat-Gay), también mencionado en una causa que lleva la AFIP por el caso HSBC, como administrador de fortunas y facilitador de la fuga de esos recursos hacia el exterior sin cumplir las obligaciones fiscales ni otras regulaciones, cuando aún existían”. Gaggero concluyó con un ejemplo sobre la visión sesgada o la miopía de los medios de comunicación. “Estamos viendo todo el tiempo el proceso de lavado de dinero y fuga que estaría en cabeza del empresario Lázaro Báez, pero no se menciona el caso en que está implicado el Ministro de Hacienda y Finanzas, que en montos se parecen: en el de Baez se habla de 50 millones de euros, en un proceso de varios años. Un solo caso, el de la familia Fortabat, en cabeza del Ministro en tanto gestor de estas fortunas transnacionalizadas, valió 68 millones de euros”.

Otro de los expositores que advirtió sobre la inconsistencia de las afirmaciones oficiales fue Alejandro Olmos Gaona, cuyo padre Alejandro Olmos investigó y denunció el endeudamiento y su estatización fraudulenta durante la dictadura. Como historiador, refutó el argumento de que el acuerdo con los buitres abriría la puerta a la inversión. “Lo dijo Bernardino Rivadavia en 1824 con el empréstito Baring; lo hizo el ministro Martínez de Hoz durante la dictadura militar; lo volvió a repetir el ministro Cavallo en 1993 cuando firmó el Plan Brady; también se dijo lo mismo en el año 2001 y así estamos. Toda esa parafernalia discursiva de que tenemos que solucionar esto porque van a llover las inversiones, en la realidad no se dio”. También mencionó la crisis de 1890 y las instrucciones diplomáticas que el ministro Juan José Romero le dio al representante argentino en Londres, Luis Domínguez, quien debía pedir una moratoria por diez años de la deuda: “Ni se le ocurra pedir nuevos créditos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota”. Eso es “lo que ha hecho la Argentina sistemáticamente desde la dictadura hasta hoy”. Olmos Gaona señaló, como también lo había hecho Basualdo, la “enorme cantidad de imprecisiones” del proyecto oficial: en el mensaje de elevación se habla de una deuda de 20.000 millones de dólares; después, menciona acuerdos por 7.553 millones de dólares; también dice que hay una enorme cantidad de bonistas desconocidos, en Londres, Japón, Alemania, en Francia y además, existen 3.000 millones de dólares que no se sabe dónde están y que no han accionado. “Me alarma que no haya precisiones específicas sobre qué se va a emitir, qué tasa de interés se va a comprometer y entiendo que para una solución integral de este problema tendríamos que tener las cifras exactas para que el Congreso decida si efectivamente esto soluciona el problema o puede llegar a agravarlo”.

Está por verse

El Inter-American Dialogue, cuya evaluación es entusiasta pero no ingenua, concluye que “está por verse” si las reformas de Macrì tendrán éxito en producir el crecimiento de la Argentina. “La inflación sigue siendo extremadamente alta, los sindicatos están expresando su oposición a algunas de las medidas de Macrì y el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Por ahora, sectores moderados del peronismo, en especial gobernadores provinciales, están colaborando con el presidente. Esto podría cambiar si la economía se deteriorara aún más y los altos índices de Macrì en las encuestas comenzaran a caer”. Además Macrì enfrenta el desafío de mostrar que el país no está ante “un retorno a las políticas neoliberales y al alineamiento automático con Washington que la Argentina siguió en la década de 1990 y que la mayoría de los argentinos aún asocia con el colapso económico de 2001”. Nadie podrá decir que no lo avisaron.



La página web de la Casa Blanca y la del ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295548-2016-03-27.html

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Domingo, 27 de marzo de 2016 | Hoy


ECONOMIA › OPINION
La ola


Por Alfredo Zaiat
El Sindicato de la Industria Lechera acuerda suspensiones rotativas de trabajadores sin el cobro de salarios. Smata negocia retiros voluntarios de varias terminales. UPCN se desentiende del despido de miles de trabajadores del Estado, mientras que ATE se moviliza, protesta y busca un canal de negociación para lograr algunas reincorporaciones. El presidente Mauricio Macri afirmó que existen 1,5 millón de trabajadores estatales de más sin que los interlocutores ocasionales en un reportaje en la televisión pública consideraran necesaria una repregunta. El gremio metalúrgico informa que están en riesgo 10 mil puestos y el de la construcción también actúa como cronista para detallar que el sector perdió más de 50 mil. Miles de petroleros están bajo la amenaza de suspensiones y despidos. Delegados de base y sus dirigentes combativos que antes recibían el calor de corporaciones mediáticas para informar sobre conflictos laborales puntuales hoy ya no son convocados para conocer sus opiniones acerca de la ola de despidos. Autopartistas, textiles, medios de comunicación, comercio, alimentación, frigoríficos siderurgia, servicios son otros sectores donde las suspensiones, despidos y el retraso en un par de meses en el pago o dividir en cuotas el salario se despliegan con una intensidad impensada hasta antes del comienzo del nuevo gobierno.

El avance sobre las condiciones materiales de los trabajadores estuvo acompañado con una modificación sustancial de la respuesta estatal al conflicto social. Es habitual la represión a marchas de despedidos y desde el mes pasado la criminalización de la protesta ha tenido otro impulso con la aprobación del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.

El salario real ha registrado un retroceso muy fuerte por el shock inflacionario provocado por la megadevaluación. Los precios de la canasta básica subieron mucho mientras que los ingresos no se han actualizado. El gobierno propone un techo a las paritarias del 25 por ciento, mientras que los sindicatos no han reclamado un aumento de emergencia previo al comienzo de las negociaciones. En ese contexto de muy rápido retroceso del mercado laboral y de las condiciones materiales de los trabajadores, ¿dirigentes sindicales y fuerzas políticas de la oposición aliadas al oficialismo mantienen como principal reivindicación la demanda por el Impuesto a las Ganancias que alcanza a una minoría en relación de dependencia? ¿El manejo de la caja de las obras sociales (la Superintendencia de Servicios de Salud) entregado por el gobierno a gremialistas vitalicios es más importante que el destino laboral de miles de afiliados a los sindicatos? La masiva movilización del 24 de marzo exhibió una necesaria ruptura de ese cerco con la confluencia de gremios de la CTA-Yasky y CGT para la defensa del empleo, manifestando que estos dirigentes son conscientes acerca de qué es lo que realmente está en juego con el nuevo régimen económico del macrismo.

La caída del salario por el golpe inflacionario y el aumento del desempleo por decisión deliberada del Estado y por las políticas recesivas son las variables elegidas para avanzar en el disciplinamiento de los trabajadores y en el debilitamiento del movimiento sindical. La producción de las pymes industriales bajó 4,8 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, indicó el último reporte de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El tarifazo eléctrico, con la promesa de otra vuelta en el segundo semestre, y el próximo de gas más la apertura importadora orienta al sector privado a reducir su plantilla para reducir costos y por la caída de la demanda interna.

La consultora Tendencias Económicas relevó que en los dos primeros meses del año se registraron 110 mil despidos en el sector público y en el privado. El titular de la firma, José Luis Blanco, destacó que esa cifra es récord desde 1985 cuando empezaron a registrar despidos, suspensiones y huelgas, al indicar que se multiplicó por 70 en relación al bimestre del año pasado. Agregó que desde entonces nunca había habido en tan corto período tantos despidos y suspensiones. El Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma calculó que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo pasado hubo 68.563 despidos colectivos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado. La diferencia con el número proporcionado por Tendencia Económicas es explicada porque “es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales y tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente”.

En los últimos años, el mercado laboral estuvo bajo tensión por la crisis internacional y las limitaciones de la economía argentina debido a la irrupción de la restricción externa. La respuesta estatal fue ampliar la cobertura social en los sectores vulnerables, desplegar el programa Repro que subsidia parte del salario de trabajadores de empresas en crisis (alcanzó a 500 mil trabajadores entre 2009 y 2014), y presionar a las empresas para que no despidan ni recorten planes de producción a cambio de medidas de protección de mercados. La política económica y laboral del gobierno de Macri tiene un signo opuesto: despidos, persecución ideológica y control social.

La ola de despidos en el sector público abre las puertas para que se sumen a ese movimiento los privados. Bajo el disfraz de la modernización emprendieron el desmantelamiento de áreas estatales, reducción hasta la insignificancia de otras y vaciamiento de programas de políticas públicas específicos, además de desplegar una estigmatización de los trabajadores estatales (grasa militante, ñoquis, vagos) acompañada de una persistente discriminación ideológica.

El bloque de poder económico (grupos locales y extranjeros y la banca) ha convergido tras la meta de redefinir el modo de distribución de la riqueza, que un gobierno “populista” ponía en debate en forma permanente. Detrás del conteo del despidómetro se descubre el objetivo de determinar otra forma de organización socioeconómica que se fue construyendo en los últimos doce años. Retroceso del salario real y debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos es la estrategia para reconvertir una sociedad que “se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró la concepción macrista el productor agropecuario y ministro Ricardo Buryaile.

Las tensiones que hoy se detectan en el mundo de la ortodoxia por la disputa acerca de quien es más fanático del ajuste refleja la puja al interior de ese bloque de poder. Luego de conseguir el desplazamiento del “populismo” de la gestión de gobierno, empiezan a divergir las diferentes facciones (la oligarquía agropecuaria, los grupos económicos, el capital extranjero radicado en el país y el capital financiero) “en determinar de qué manera se distribuye el excedente expropiado a los trabajadores con las actuales políticas económicas”, como se precisa en el último documento Cifra-CTA “La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos”.

El objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía: desregulación cambiaria, del comercio exterior, de la fijación de precios, de los incentivos a la inversión privada y de sectores de actividad (financiera), para que el libre juego de la oferta y la demanda del mercado determine la orientación de la economía. Es un retroceso del activismo del Estado en la economía para delegar esa regulación en los grupos privados dominantes. Esto es consistente con la ola de despidos de empleados estatales. Los economistas macristas y sus colegas de la city, a quienes se les nota mucho la desesperación por conseguir contratos de asesoramiento en dependencias públicas, comisiones varias o puestos decorativos en la estructura estatal para llegar a fin de mes desahogados, afirman que los “desequilibrios macroeconómicos” se deben al exceso de consumo interno impulsado por los altos salarios y el elevado gasto público. Para abordar esos “desequilibrios” la ola de despidos es clave. La propuesta oficial es disminuir el salario real y el gasto público que fue alimentado por los excesos del intervencionismo estatal.

El ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y gasto público-dimensión del Estado pretende restaurar el “equilibrio”, al que consideran condición suficiente para que se radiquen nuevas inversiones y se impulse el crecimiento económico. “Esta visión desatiende las causas estructurales de la restricción externa tales como el tipo de crecimiento industrial y la elevada fuga de capitales al exterior”, advierte el mencionado documento de Cifra-CTA. Para observar que “las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra que intentarán utilizar para disciplinar a la clase trabajadora. Sin embargo, el escenario no está cerrado y su resultado depende de las relaciones de fuerzas y la activación de las organizaciones sindicales”. La confluencia de la CTA-Yasky y un sector de la CGT en la movilización del 24 de marzo es un oportuno ensayo para frenar la ola.

azaiat@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-295544-2016-03-27.html

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