Lo que circula por los medios

15 de marzo de 2016

Prestamos de herencia



Sábado, 12 de marzo de 2016 | Hoy

ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Plan B

Por David Cufré
El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria demuestra que no es cierto lo que dicen los funcionarios. No solo existen caminos alternativos a la banca extranjera y a la emisión de títulos públicos para concretar proyectos trascendentes, sino que están vigentes. Son una herencia de la administración anterior, que dejó pactados créditos por unos 30.000 millones de dólares para continuar su profuso plan de obras públicas.

El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del kirchnerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca internacional. El gobierno anterior no fue a pedirle al JP Morgan, HSBC, Citibank y otras entidades miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el más destacado en cinco décadas. No dependió de ellos para finalizar Yacyretá, estatizar YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA, renovar ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas, extender gasoductos, redes eléctricas y de fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar en autopista las rutas 14 y de Rosario a Córdoba, entregar computadoras a todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas del país o montar una red de televisión digital abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el Banco Popular de China, facilitado por organismos estatales superavitarios como la Anses y con recursos propios del sector público. También recaudó de bancos y compañías de seguros en el mercado local, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos y fondos a créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la nueva conducción del Banco Central.

Tampoco obras que identifican al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el entubamiento del Arroyo Maldonado, el metrobús y las bicisendas, tuvieron como fuente colocaciones en mercados internacionales. Lo mismo ocurre en Córdoba con el entubamiento del canal Los Molinos, la obra pública más importante en años, que se realiza con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recursos provinciales. Esta es una constante que se repite por el país.

Es decir, contra lo que plantea Peña, no hay un único camino para desarrollar los proyectos. El mismo debate se dio antes de la primera reestructuración de la deuda en 2005, cuando los sectores ortodoxos, ahora en el poder, decían que no habría forma de conseguir préstamos para obra pública si no se mejoraba la oferta a los holdouts, dejando al país aislado del mundo.

Contra ello, la realidad refleja que fue posible, por ejemplo, rescatar edificios como las ex Bodegas Giol, en Palermo, para levantar un Polo Científico y Tecnológico del que participan el Ministerio de Ciencia y el Conicet, sin tomar un solo dólar de la banca internacional ni de los mercados de deuda. El financiamiento fue negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro Nacional. En todo caso, el jefe de Gabinete debió aclarar que el Gobierno pretende cambiar de estrategia y que en función de ello aspira a arreglar con los fondos buitre. Pero eso es una decisión política, no una imposición de la realidad.

El gobierno de Macri heredó del kirchnerismo un convenio marco con el Banco Mundial que le asegura créditos por 1200 millones de dólares anuales hasta 2018. También siguen programas con el BID por 5000 millones de dólares a ser desembolsados los próximos cuatro años. La cartera de créditos en ejecución con la Corporación Andina de Fomento llega a 20.942 millones de pesos (unos 1350 millones de dólares). De estos préstamos, están pactados 6397 millones de pesos para el sector vial, 4692 millones para el energético, 3694 millones para el de agua y saneamiento, 2291 millones para educación, 2062 millones para los municipios, 1741 millones para infraestructura en comunicaciones y 73 millones para el fortalecimiento institucional.

La CAF es el mismo organismo que financió el proyecto Arsat-1, que permitió a la Argentina ser el primer país de América latina en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia, formando parte de un grupo de ocho países que manejan esa tecnología de punta.

El BID concedió créditos para la finalización de Yacyretá, la represa que tardó 40 años en construirse. También para el tendido de líneas de alta tensión al NOA y al NEA, dentro del programa Norte Grande, y a Chubut.

El Banco Mundial, a su vez, financió 1965 escuelas y jardines en todo el país, la cifra más alta desde el primer peronismo. Otro proyecto importante es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con préstamos en ejecución por 13 mil millones de pesos (unos 840 millones de dólares). Además, hay desembolsos previstos para otros 25 programas en diversas áreas, como vial, de prevención de inundaciones, hídrica y obras en municipios.

El kirchnerismo también estableció acuerdos con otro gran financista externo para proyectos de infraestructura: China. El Banco Popular y otras entidades de ese país comprometieron 4700 millones de dólares para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, 5000 millones para la cuarta central nuclear y otros 7000 millones para la quinta central. También hay convenios firmados para la central térmica Belgrano, en Zárate, por alrededor de 1000 millones de dólares. En materia ferroviaria, ya se firmó el acuerdo para un nuevo desembolso de 2400 millones de dólares para el Belgrano Cargas, aunque queda pendiente la entrega de recursos de otro tramo igual pactado en 2013. La renovación de los ramales urbanos del área metropolitana involucró más de 1000 millones de dólares.

En resumen, entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y China hay pactados créditos para los cuatro años del mandato de Macri por 30.000 millones de dólares. Peña no debe haber reparado en este dato cuando dijo que no hay plan B para financiar obra pública si no se acuerda con los buitres. Por otra parte, al mismo tiempo que el gobierno muestra urgencia para cerrar con los buitres recibe quejas de gobernadores e intendentes por la paralización de proyectos en distintos puntos del país; YPF reduce su nivel de inversiones 25 por ciento este año y Aerolíneas Argentinas cancela rutas.

El profesor Aldo Ferrer dejó escrito que un eventual entendimiento con los fondos buitre no necesariamente conlleva una baja importante de la tasa de interés para colocaciones de deuda, ya que las calificadoras de riesgo luego exigirán “un plan económico y financiero respaldado por el FMI”. El palo con la zanahoria del financiamiento a tasas bajas se va corriendo, como lo saben bien los argentinos que vivieron los ‘90 y los 2000: siempre faltaba un nuevo ajuste, una nueva privatización, una nueva ley de flexibilización laboral para que los mercados aceptaran prestar más barato. Como esas políticas hundían al país en recesión y caían los ingresos, los reclamos de ajuste se hacían más pesados. El círculo vicioso que se generó la última vez terminó con el presidente en helicóptero.

Ferrer también aportó otro elemento indispensable en este debate: “Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit de comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres”.

Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una necesidad de sectores concentrados de la economía que buscan dolarizar ganancias sin límites y fugarlas del país, pretendiendo repetir una experiencia como la de los 90, que dejó a la Argentina sobreendeudada, con tasas de desocupación record y un notable atraso en la infraestructura pública. Ese es el plan que manda a la Argentina a la B.


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294381-2016-03-12.html



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Domingo, 13 de marzo de 2016 | Hoy

EL PAIS › LOS PRIVILEGIOS ENTREGADOS A LOS BUITRES MAS AGRESIVOS
A los pies de Singer
Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto. Menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo.


Por Alfredo Zaiat
Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina, obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo. Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:

- Argentina reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.

- Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.

- Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

- En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.

- Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.

- La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.

- Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.

Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”. Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”. El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.

El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.

Tomo todo

El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York. Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”. “La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.

El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.

Pagar la cuenta

Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.

El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.

El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento. Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina. También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley. O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.

Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa. Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.

azaiatpagina12.com.ar


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294456-2016-03-13.html


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Domingo, 13 de marzo de 2016 | Hoy
EL PAIS › LEY PRO BUITRE
No es conveniente


Por Alfredo Zaiat
Opinión

Es importante abordar algunas cuestiones históricas-conceptuales de la relación de la Argentina con el endeudamiento, para encuadrar el debate sobre el litigio con los fondos buitre y la propuesta oficial que se está tratando. El litigio con los fondos buitre está íntimamente ligado con el endeudamiento. Por eso, cuando uno escucha a funcionarios del gobierno o a interesados en este tema, inmediatamente aparece la propuesta del endeudamiento: la posibilidad de salir a colocar deuda, tanto el sector privado como el sector público nacional y provincial, luego de cerrar el capítulo de los buitres. Por lo tanto, es muy relevante hacer un marco histórico para comprender la importancia de la decisión de reiniciar un ciclo de endeudamiento creciente. Resulta fundamental entonces conocer cuál ha sido el recorrido de la deuda externa argentina porque ha tenido rasgos similares a lo largo de toda su historia. Desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el Megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, que fue la última estación previa al default.

Las características históricas del endeudamiento argentino fueron:

1. El pago de sobre-tasa en la tasa de interés.

2. Operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios.

3. Definición de cláusulas de condicionalidad de la política interna por parte de bancos acreedores primero, y del FMI después, organismo que actuó como auditor de los acreedores.

4. El desvío de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitarlos.

5. La aplicación irregular de los recursos obtenidos.

6. Ser el canal para la especulación financiera y la fuga de capitales.

El último ciclo de endeudamiento iniciado en la dictadura militar en 1976, y que ahora se quiere reiniciar, ha servido para implementar una reestructuración económica y social del país en forma regresiva. Definió un cambio estructural de la redistribución del ingreso, con dos sectores perjudicados: los trabajadores y los empresarios nacionales (pequeños y medianos). El endeudamiento del último cuarto del siglo XX dejó el siguiente aprendizaje:

1. El financiamiento internacional fue funcional a las necesidades de los acreedores.

2. El endeudamiento externo, lejos de contribuir al desarrollo productivo, sirvió para reestructurar deudas, transferir utilidades de las multinacionales, formar oligopolios o monopolios, facilitar la compra de activos nacionales por capitales del exterior, y acelerar la fuga de capitales.

3. La imposición de condiciones de ajuste económico para garantizar el repago de la deuda, que condujeron a un profundo deterioro socio-laboral.

El endeudamiento es necesario para financiar la expansión de infraestructura y mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, en la Argentina se ha demostrado que el endeudamiento creciente ha servido fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. ¿Se quiere recomenzar un nuevo ciclo de endeudamiento para financiar la fuga de capitales?

Presentado este encuadre histórico, voy a ser sincero y empezar por la conclusión. Este acuerdo con los fondos buitre, que sería el puntapié inicial para reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento creciente, no es conveniente. No es conveniente tal como ha sido presentado. Significará más costos que beneficios. Y cuando hablo de más costos que beneficios no hablo con la lógica de costo financiero. Porque esta decisión no se tiene que tomar con la lógica financiera sino con la del desarrollo nacional.

Como les decía, este acuerdo no es conveniente. ¿Por qué?

1. No es cierto que si no se aprueba este acuerdo necesariamente haya que hacer un ajuste mayor. En política económica no existe una sola receta. La inevitabilidad del ajuste, como era inevitable la megadevaluación, es una decisión de política económica, en base a una concepción ideológica y política. Queda claro, y ya no porque lo digamos en la Argentina, que este acuerdo es impresionantemente favorable a los fondos buitre. Lo dicen todos los medios financieros internacionales; no los locales. Se dice que si no se aprueba esta ley viene un mega ajuste. “Es el acuerdo o el caos”. En este caso, sería más ajuste. Es conocida esa estrategia extorsiva que se desplegó con intensidad durante décadas pasadas. Había que aprobar las leyes de privatizaciones, si no... el caos. Había que aprobar la ley de flexibilización laboral, si no... el caos. Había que aprobar la ley de déficit cero, si no... el caos. Y paradójicamente, todas esas leyes fueron aprobadas para la salvación y el saldo fue un caos económico, político y social.

2. No es cierto que habrá una lluvia de dólares y recuperación de la confianza. No hay que hacer mucha historia. Los economistas, los expertos en finanzas, hablan primero en términos técnicos para después señalar algo que no es fácil de medir que es la confianza. “Esto va a generar confianza”, afirman. Y digo que no hay que hacer mucha historia en relación a ese factor gaseoso de la confianza porque el desarrollo del mercado de cambios de los últimos tres meses es una prueba contundente que ese shock positivo no se registró. Por el contrario, se perdieron 2500 millones de reservas y no hubo una lluvia de dólares fruto de ese shock de confianza. Y eso pasó en los mejores meses de un nuevo gobierno: luna de miel con la sociedad, apoyo empresario, respaldo de los mercados.

3. Cualquier nuevo ciclo de endeudamiento externo es para atender el sector externo, la restricción externa, no es para aliviar el déficit fiscal. El sector externo necesita dólares. Las cuentas públicas, nacionales y provinciales, necesitan pesos. Además, endeudarse en dólares para cubrir gastos corrientes, como seducen a las provincias, es la peor estrategia de endeudamiento. Es el adelanto de una crisis de insolvencia.

4. No es cierto que se baje sustancialmente la tasa de interés. Seguirá en niveles elevados, como el que está previsto del 7,0 al 7,5 por ciento anual para el nuevo endeudamiento. Si existiera ese shock de confianza, si el mercado se aliviara porque se va a cerrar el conflicto con los fondos buitres, ¿por qué cobran esta tasa tan elevada?

5. El debate no es si hay que terminar el litigio con los fondos buitre o no, sino en cómo cerrar ese capítulo. Argentina había avanzado mucho y los buitres no estaban cobrando. Lo dicen todos los medios financieros internacionales. Acá no hubo una negociación.

6. El acuerdo deja abierta la posibilidad de nuevos juicios. No hay una prueba contundente acerca de que no habrá riesgos de nuevos juicios. Entonces, ¿cómo se puede sentenciar que con esta ley se termina el litigio con los fondos buitre? ¿O que se termina el hostigamiento de los fondos buitre a la economía argentina?

7. Se dice que se cierra el capítulo de litigios. Pero solo están incluidos el 85 por ciento de los buitres que estaban en litigio. ¿Y el resto? ¿Se va a hacer otra ley cerrojo para el resto cuando ahora se cuestiona la actual? ¿Qué es lo que se va a decidir sobre el resto que no acepte?

8. Este acuerdo violenta la soberanía nacional. Cada uno puede tener un concepto más estricto o más liviano sobre soberanía nacional. Pero podemos llegar a un acuerdo acerca de algunas cuestiones simples. Las decisiones soberanas de un país son violentadas cuando se fijan las condiciones o son impuestas por un juez que no es de este país, el juez Griesa, quien antes ordenaba lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo, y ahora dice lo que tiene que hacer el Congreso Nacional fijando plazos y a la vez definiendo que el acuerdo con los buitres estará vigente sólo si el Congreso deroga dos leyes (Cerrojo y Pago Soberano).

9. La emisión de los bonos reitera un error de gobiernos anteriores en emisión de deuda: la cesión de la soberanía jurídica. ¿No se aprendió nada después de todo lo que ha padecido la Argentina para que la nueva deuda para pagarle a los fondos buitre sea emitida bajo legislación de Nueva York? La excusa es la tasa de interés. Es una excusa. En los últimos años hubo colocaciones de deuda con legislación argentina y no había diferencia con la tasa de interés de un bono similar con legislación extranjera.

10. Por último, el Congreso queda en una situación de subordinación. No es un debate justo y equitativo. El gobierno ya tiene cerrado el acuerdo con los fondos buitre y pide su aprobación al Congreso solo contra promesas de un futuro mejor. Confiar en las finanzas globales para mejorar las condiciones de vida de la población, de los sectores más vulnerables, es inocente, o una decisión deliberada para beneficiar al mundo de las finanzas.

El acuerdo buitre es oneroso, no evita el ajuste, incrementará los costos de financiamiento, someterá a la política económica, significará abrir la puerta para el regreso del Fondo Monetario para auditar la economía nacional y establecerle condicionalidades, y se perderán márgenes de autonomía de la política económica.

Por eso, para cerrar, creo, humildemente, que no es un acuerdo conveniente para el desarrollo de la economía argentina.

* Exposición realizada en la reunión de la Comisión Conjunta de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, en el marco de la discusión del proyecto de ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público, realizada el lunes en el Congreso Nacional.



http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/294456-77024-2016-03-13.html

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Domingo, 13 de marzo de 2016 | Hoy

EL PAIS › ITALIANOS Y ACCIONES DE CLASE “BRECHER”
No se sabe quiénes son

Por Alfredo Zaiat
En los acuerdos alcanzados con la liga de banqueros y lobbistas que dicen representar bonistas italianos y con los abogados que impulsan la acción de clase denominada “Brecher” Argentina pagará los gastos necesarios para “individualizar” quiénes son los acreedores demandantes. No se sabe los nombres de los titulares de los bonos en default ni los montos que poseen cada uno. Igual está en curso las demandas contra Argentina. Pese a la debilidad de estos casos, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, suscribió un acuerdo que se les reconoce el derecho a cobrar, y además se comprometió a colaborar monetariamente para identificarlos.

El equipo económico de Alfonso Prat-Gay no informó cuál es la justificación de reconocer “gastos administrativos necesarios para individualizar a aquéllos acreedores que se encuentran comprendidos en la clase” Brecher. Queda en evidencia que esa demanda de clase fue presentada para especular con representar más bonistas (que ni siquiera están identificados), para aumentar los honorarios de los abogados que inician este tipo de acciones y para aumentar su poder de extorsión. Argentina ahora se hace cargo de los gastos para identificarlos. Es cómo si el país destinara recursos para facilitar la especulación con bonos en default. En el acuerdo suscripto no se precisan cómo se calculan esos gastos.

Un aporte similar comprometió Prat-Gay con los bonistas italianos, que se estiman en 50 mil agrupados en la Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini (TFA), pero que no se sabe quienes son y si son tantos. Pero reclaman 2500 millones de dólares, iniciando la demanda en el tribunal de Thomas Griesa y luego en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). Argentina pagará la cuenta para identificar a esos bonistas que ni tienen una sentencia a favor.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/294456-77025-2016-03-13.html

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