Lo que circula por los medios

24 de abril de 2016

Hipotecando el futuro



Domingo, 24 de abril de 2016


ECONOMIA › DUDAS EN EL ESTABLISHMENT POR LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA. EL GOBIERNO SE ABRAZA AL SALVAVIDAS DE CAPITALES ESPECULATIVOS
La gran apuesta
El Gobierno espera que la inversión privada se convierta en el motor del crecimiento. El ajuste deprime el mercado interno y el contexto internacional es desfavorable. La opción oficial es que el pago a los buitres convoque a capitales especulativos.



Por Alfredo Zaiat
Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del gobierno de Mauricio Macri. La definición de “funcionar” la refieren a ubicar a la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es que extrañan lo que despectivamente mencionan como “populismo”. Conseguido el objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al repudiado “intervencionismo estatal” en la dinámica de la actividad privada, empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan “sinceramiento” que recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica, es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.

La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central, cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo financiero y disminuido el acceso a préstamos.

Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el Banco Central restringió.

La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la pronunciada recesión brasileña.

Inversión

Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su desarrollo. Con una estrategia económica “populista” crecía su actividad pero no tenían “libertad”; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la “herencia recibida” es de corto trayecto político y sólo podrán seguir manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión Limitada).

Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad de compra del salario.

Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son muy alentadores en ese sentido.

El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29 por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en el salario real en apenas cuatro meses.

Tarifazo

El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe “la necesidad de que el gobierno vaya mostrando ‘senderos’ que permitan a los empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión”. En áreas del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario (Sturzenegger). Esa falta de coordinación –”senderos” para Rocca– en la gestión de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda vuelta.

La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas. Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y naftas) no pueden calificarse de “graduales” (estima que en forma directa suma 8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500 millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible, que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas (por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las tarifas eléctricas.

Deuda y atraso cambiario

En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía. No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia. Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización. ¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.

Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido, no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal –una parte se atenderá con adelantos del BCRA– será entonces con emisión de deuda en pesos y en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y externa.

El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país –la tasa de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda–. Si bien en otro contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.

Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares, información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran parte de las ganancias la fugan.

El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de sectores gremiales.

azaiat@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297739-2016-04-24.html



omingo, 24 de abril de 2016

ECONOMIA › OPINIONES SOBRE EL PAGO A LOS FONDOS BUITRE Y SUS CONSECUENCIAS
“Van a hipotecar el país”
Horacio Rovelli señaló que Argentina volverá a quedar sujeta a las condiciones que imponen el FMI y el capital internacional. Alejandro Otero advirtió que es “una buena nueva para bancos globales y fondos buitre”, pero no para los sectores populares.


“Igual que pasó en la década de los 70 con los petrodólares, existe en el mundo desarrollado un fuerte excedente de liquidez que no condice con una economía en estado vegetativo; eso explica por sí solo por qué fue importante la oferta de divisas en la licitación de bonos que realizara en los mercados de Estados Unidos y en Londres el gobierno de (Mauricio) Macri, máxime cuando las tasas de corte superan en 12 veces las de la Reserva Federal (Estados Unidos) y en 8 la tasa Libor (Londres)”, explicó el economista Horacio Rovelli, de EPA (Economía Política para la Argentina), los resultados de la colocación de deuda del 18 y 19 de abril, que el gobierno nacional presentó como un éxito y una demostración de “confianza” en el país. “Igual que (José Alfredo) Martínez de Hoz, van a utilizar la deuda para hipotecar al país, sujetarlo al monitoreo del FMI y el capital internacional”, apuntó, en referencia a las consecuencias económicas y políticas de esta operación, comparada con la ejecutada entre 1976 y 1980 por el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

Para las autoridades del gobierno, tanto desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en palabras del Presidente, esta cancelación con los fondos buitre significa cerrar una etapa nefasta y abre una perspectiva económica muy auspiciosa, y así lo celebró. Rovelli, sin embargo, advirtió que “Argentina dejará abierta la posibilidad a los otros fondos que aún no han pactado, para que puedan ingresar a futuro a la propuesta de pago realizada, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense o donde se dirima, en relación al universo del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podrían seguir litigando. Ello sin contar el riesgo cierto de los fondos que sí entraron al canje de deuda (2005 y 2010), que litiguen ante el trato dispar, ya que ellos cobran con una quita del 65 por ciento del capital y a plazo, y los beneficiados por Macri, al contado efectivo y la suma que ellos quieren.”

Rovelli, de EPA, hizo un comentario adicional para señalar lo inequitativo que resultará esta política de endeudamiento. “Para asegurar la colocación de los nuevos títulos de deuda, el gobierno se supera a sí mismo y permite que los argentinos que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación puedan hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos, con lo cual cierra el circuito. Para los argentinos de a pie: inflación, tarifazos, altas y leoninas tasas de interés en créditos inaccesibles, paritarias inciertas, flexibilización laboral y el fantasma de la desocupación y la marginalidad. Para los bancos y sus principales clientes, la posibilidad de superar la compra de dos millones de dólares por operación para hacer un gran negocio financiero”.

El economista de EPA, con amplia experiencia en cuentas nacionales y presupuesto, explicó además que se le va a pagar “generosamente a los fondos buitre una parte del nuevo endeudamiento, 12.500 millones de dólares, y los 4000 millones restantes lo convertirán en pesos, al tipo de cambio oficial, para que el Estado con esa plata pague deuda interna, su déficit provocado por la eliminación y reducción de las retenciones a la exportación, que es un sesenta por ciento de esa suma en un año”. Esa transferencia, que en consecuencia irá a las arcas de los sectores exportadores más concentrados, “serán fugados al exterior en el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que son las más grandes, las que más ganan y más facturan, y a través de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.

A su vez, Alejandro Otero, economista y dirigente del Frente Grande, al referirse a la oferta por más de 60 mil millones de dólares recibida por Argentina, para una demanda de dinero de 15 mil millones (inicialmente), señaló que “es como si convocaras a una fiesta y la cola para entrar da tres vueltas a la manzana; la fiesta es un éxito, pero hay que preguntarse qué ofreciste para semejante convocatoria, y la explicación, en este caso, es la tasa de interés del 7,2 por ciento, que es una tasa espectacular para una situación de exceso de liquidez en el mercado, cuando no hay quien quiera tomarla, porque la economía mundial está planchada”. Otero recordó que, “en el medio, además, aparecen los grandes bancos colocadores, el HSBC, JP Morgan, Citi, Santander y otros, embolsando importantes comisiones por obrar de intermediarios. Para estos bancos, y para los fondos buitre que cobran, esta aparición de Argentina en el mercado es una buena nueva, mientras que para otros, los sectores más vulnerables internamente, las noticias no son tan buenas, con medidas tardías e insuficientes, como la devolución del IVA y el refuerzo a las asignaciones a desempleados”.

Otero, especialista en temas fiscales (acaba de publicar, junto a Alfredo Iñíguez, el libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina), subrayó que, de los 16.500 millones de dólares que se captó con la emisión de deuda, “hay 12.500 millones que nunca van a entrar al país, porque se acreditan directamente a favor de los buitres”. El resto se destinaría a cubrir déficit y a un plan de inversiones en obra pública. “No se explicó en qué proporción ni a qué obras, pero se da a entender que no va a haber más ajustes por este año, ni reducciones de gasto público ni eliminación de subsidios. Y que con la obra pública quizás sea posible reactivar la economía, para salir del estado de estancamiento con inflación en el que existe el riesgo de estar entrando, que es el escenario más temido de cualquier gobierno”.

Al ser consultado sobre si esta inyección de dinero le daría al gobierno la chance de frenar el proceso inflacionario, y tener en el segundo semestre del año un horizonte de mayor estabilidad como asegura el ministro Alfonso Prat-Gay, Otero advirtió que “la política antiinflacionaria del gobierno no es el endeudamiento, sino la recesión”. Explicó que el brutal aumento de precios de los artículos de consumo, los tarifazos, la devaluación y el impacto de los despidos y suspensiones sobre el ingreso de los trabajadores, “va a tener por consecuencia una caída del consumo, y de esta forma el gobierno espera ponerle un freno a la inflación. Pero a un alto costo social, que quizás sea un problema más grave que la propia inflación”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297740-2016-04-24.html

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Domingo, 24 de abril de 2016

EL PAIS › LAS EMPRESAS CON LAS QUE LAVARON EL ROBO DE BIENES A LOS DESAPARECIDOS
Marinos offshore
Inmobiliarias, financieras, contratistas de juegos de azar y de servicios son parte de la red de firmas que incluye nombres como Egea, Vildoza y Cavallo. Lo que descubrió la UIF antes de que el macrismo bloqueara la investigación.



Por Alejandra Dandan
Las investigaciones sobre los Panama Papers reactivaron un capítulo del botín saqueado a los desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada. Los archivos de acceso público consultados por este diario muestran sociedades offshore aún activas a nombre de integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA, hermanos de ellos y civiles asociados a las Armada. Hay registros en Panama, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, el marino contador de ESMA, investigada por el robo de bienes en Argentina. También aparecen sociedades a nombre de uno de sus viejos socios: Miguel Angel Egea. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior “inyectan” dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Al entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos, pidieron información a los organismos financieros de esos países y a la Justicia que avanzara en una investigación.

Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos. La investigación de la UIF de José Sbatella había logrado organizar por primera vez la información sobre el robo de bienes, después de casi cuarenta años de reclamos, e introducir una hipótesis eficaz sobre la profusión de sociedades creadas por la Marina. En ese sentido, también parece un camino posible para entender el uso actual de estas guaridas fiscales en las operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.

Sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado. Hay un dato que parece destinado a clausurar la historia: como si fuera parte de una conspiración dramática, la sección fúnebre del diario La Nación señaló el 26 de marzo que “El Colorado” Miguel Angel Egea, uno de los ejes de la trama de estos negocios oscuros de la Armada, murió en Miami justamente el último 24 de marzo.

Activos

A nombre de Ricardo Miguel Cavallo existe una sociedad offshore registrada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Según el sitio de open data denominado opencorporates.com la compañía se llama Mari USA LLC y figura actualmente activa. El agente es Larson Accounting & Consulting Service LLC. A nombre de un Jorge E. Acosta, nombre del jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan, Connecticut y Michigan. A nombre del hijo de Jorge Vildoza, segundo del GT de la ESMA, llamado Jorge Ernesto Vildoza y también ex marino, existe una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.

Cavallo, Acosta, Radice y Vildoza son algunos de los nombres asociados históricamente al robo de bienes de la ESMA. Cavallo, Acosta y Radice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look tuvo asignada la entrega de registros de la Ciudad de Buenos Aires. Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la UIF cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.

La destreza de los represores en el robo y lavado de bienes tiene su origen en la dictadura. En el centro clandestino de la ESMA funcionó una imprenta que fraguaba documentos de identidad, pasaportes, credenciales, registros de conducir y títulos de propiedad. El GT montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de “Juan Ríos”, alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz. Radice pasó de la ESMA a las oficinas de la calle Cerrito donde Emilio Massera llevó adelante su campaña política cuando se preparaba para ser candidato a presidente. Ese núcleo de nombres cercanos al primer Estado Mayor de la Armada de la dictadura desarrolló una serie de sociedades con dimensiones aún desconocidas. La investigación de la UIF en 2014 dio una primera dimensión de sus actividades cuando detectó que el Banco Central señalaba que entre 2001 y 2013 sus compañías –con balances generalmente negativos– llevaban inyectados 19.008.513 pesos. Las nuevas pistas que provienen de la búsqueda colaborativa de ex investigadores y periodistas en registros de acceso público con acceso a empresas offshore ubicadas en distintos lugares del mundo, permiten comprender mejor los alcances de esa irradiación.

Si Adelita se fuera con otro

Dos de los nombres que emergen con fuerza de la investigación sobre las offshore son Norma Radice y Miguel Angel Egea. Ambos aparecen asociados a los marinos desde los años 80 en distintas sociedades creadas en Buenos Aires. Egea es un hombre de la derecha peronista, a quien Eduardo Luis Duhalde sindicó como fundador de los grupos de la Triple A en la provincia de Córdoba. Empresario, lobbista y ligado al mundo del juego durante el gobierno de Carlos Menem, fue asociado más tarde al Casino de Buenos Aires. Dada su presencia constante en las sociedades de los marinos en Buenos Aires, la UIF entendió que estas dos figuras eran una suerte de cobertura civil para los integrantes de la Armada cuando comenzaron a ser investigados en las causas judiciales.

Como su nombre lo indica, el Registro Público de Panamá, que tan famoso se hizo desde el estallido de los Panama Papers, es de acceso público. Allí aparece una sociedad muy simbólica en términos históricos y poco conocida en estas causas. Su nombre es Adela Compañía de Inversiones SA, un consorcio creado por capitales norteamericanos en 1966 para inyectar dinero en América Latina en el marco de la Guerra Fría. Según el registro panameño, Adela tiene duración “perpetua” y está “activa” con un capital declarado curiosamente importante: 10.000.000,00 dólares, un número poco frecuente en los archivos de otras sociedades offshore de ese país que muestran usualmente cifras de 1.000 dólares. El “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro, es Miguel Angel Egea, que a la vez aparece como su “representante”. En el directorio están Norma Beatriz Radice y otros nombres asociados a ellos en otras empresas de Buenos Aires como Darío Jesús Orozco Acuña.

Carlos Schwartz es un periodista argentino radicado en España, especialista en flujos financieros, que siguió durante años el caso. “Adela era un instrumento imperialista apadrinado por el Banco Mundial para el saqueo de América latina”, dice. “Adela fue (y puede que siga siendo, hasta que se demuestre lo contrario) un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años sesenta, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company. Es un consorcio tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Se suponía, y se la acusaba de ello, que Adela había inspirado los movimientos golpistas de los años 60 en América latina a través de sus profundos lazos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y su relación personal con Henry Kissinger”.

Los marinos y sus socios argentinos desembarcaron allí en 1988 de la mano de un estudio de abogados llamado Arias, Fábrega & Fábrega, a quienes los diarios de Panama mencionan como parte de los estudios dedicados a crear y facilitar estos negocios. Por los papeles que surgen de las cuentas, Schwartz cree que “Egea, Radice y Orozco compraron Adela de Inversiones, que había sido abandonada por sus anteriores accionistas. Las fechas más o menos coinciden –dice–. Los abogados panameños dejan ‘durmiendo’ las compañías que suspenden actividad y cuando pueden las venden”. Pero tampoco eso es seguro: “En Argentina, Adela fue favorecida por el ministro de economía de Juan Carlos Onganía, Krieger Vasena –sigue Schwartz–. Es un misterio como esa sociedad cayó en manos de los marinos de la dictadura. ¿La compraron a un despacho de abogados de Panama? ¿O los socios antiguos siguieron como socios de los marinos depredadores?”

La presencia de ellos puede suponer, entonces, la salida de los propietarios anteriores, pero sigue siendo por lo menos curiosa la selección de un espacio vacante que en su origen estuvo dedicado a sostener las dictaduras del cono sur.

Adelita y después

En 2014, la UIF ya había detectado el nombre de Adela Compañía de Inversiones (Panamá) SA en el flujo de dinero de los marinos. Adela aparecía como aportante en tres empresas de Buenos Aires: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. No era la única offshore que lo hacía: también recibían dinero de Puerto Margarita SA y Fedycor SA.

Norma Radice y Miguel Angel Egea también son los nombres que aparecen como accionistas y representantes de las empresas de Buenos Aires que recibían dinero de ellos mismos desde afuera: Long Regent SA y Martiel. De esta manera, los papeles de los registros de acceso público confirman aquí la hipótesis de la UIF.

“Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos –decía la UIF en 2014 sobre esa maniobra y similares–, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”.

La sorpresa sin embargo no termina ahí. Florida también tiene un registro público de datos de empresas. En ese caso, aparece una expansión extraordinaria de otros nombres asociados a este misterio: Miguel Angel Egea, ahora muerto, y su esposa Bárbara Franz. Ella es norteamericana. De acuerdo al sitio opencorporates.com Barbara Franz está vinculada a 132 sociedades en Florida. Cuando los nombres de esas empresas se ingresan a la base de datos de Florida, aparece asociadas a las mismas empresas los datos de su marido.

Una breve muestra de estos se desarrolla a continuación:

- London Clubs Investment SA, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada 18 de septiembre de 2007 y aún activa.

- Long Regent Holdings, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 18 de septiembre de 2007 y aun activa. Integrada por Egea.

- Lexington Equity Holdings, INC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 22 de diciembre de 2004 y aún activa. En la que Egea y Barbara Franz se suceden como director, agente, vicepresidente y director.

- Mora Ranch CR, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 12 de mayo de 2009, aún activa, integrada por ambos.

- Elatar Ar, INC, que parece tener códigos cifrados. La sociedad, que se creó el 10 de mayo de 1993 y ahora está inactiva, está integrada también por Bárbara Franz y Egea. Pero lo curioso es el nombre del agente oficial: no se llama Juan Pérez, sino Juan H. Pérez.

Quienes trabajaron en la UIF y ya no están, creen que lo más importante que surge de la profusión de nombres de sociedades es el indicio de posibles movimientos de capital propio o de otras empresas. Pero entienden que hay que investigar. Respecto del total de las empresas y la confirmación de las hipótesis, también creen que las acciones podrían continuar y avanzar aún con la muerte de Egea. Como dice Nicolás Hernán Gómez, ex analista de la UIF: “Creo que se puede aplicar el artículo 305 del Código Penal y que por más que Egea haya muerto –en virtud de esa norma– se puede decomisar sin condena el producto del delito si se prueba el origen ilícito. Y ese dinero podría ser destinado a la reparación para las víctimas”.

Entre lo pendiente, falta saber si las sociedades que están a nombre de Acosta efectivamente son del jefe de inteligencia de la ESMA. También si Cavallo sigue activo en Miami. Y entender los estados contables de las sociedades. La investigación realizada por UIF en 2014, con la constatación de los ingresos de dinero desde afuera, puede servir de modelo en cambio para otras investigaciones pendientes sobre los poderosos del mundo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297741-2016-04-24.html

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