Lo que circula por los medios

17 de abril de 2016

La ilegalidad de las sociedades offshore


Domingo, 17 de abril de 2016
INGRESAR|REGISTRARSE EDICIONES ANTERIORES BUSQUEDA AVANZADA CORREO
INDICE EL PAIS ECONOMIA SOCIEDAD LA VENTANA EL MUNDO ESPECTACULOS DEPORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA


EL PAIS › OPINION
Sobre la ilegalidad de las sociedades offshore






Por Ricardo Augusto Nissen *
La aparición de los Panama Papers reavivó en Argentina una polémica que pensábamos terminada en 2004, cuando el 29 de diciembre se produjo la tragedia de Cromañon, oportunidad en que el ciudadano se enteró que la utilización de las sociedades offshore no era una cuestión meramente académica, sino una forma muy sofisticada de violar la ley y frustrar los derechos de terceros, permitiendo a quienes se esconden detrás de ellas evitar el cumplimiento de sus obligaciones, no solo en el plano fiscal, sino en todos los órdenes de la vida. En el caso particular de Cromañon, la titularidad del lugar donde se produjo la tragedia estaba a nombre de la sociedad Nueva Zarelux SA, una típica SAFI, constituida en el Uruguay bajo la por entonces vigente ley 11.073, derogada hace algún tiempo por el ex presidente Tabaré Vázquez. Detrás de ella se escondía un empresario argentino, que recurrió a ese mecanismo de simulación para evitar responder con su patrimonio por las consecuencias de una actividad que se estimaba de alto riesgo.

Las sociedades offshore encontraron en Argentina un enorme cauce para la evasión fiscal y para consumar el fraude laboral, societario, concursal, conyugal y sucesorio, llegándose incluso a utilizar este mecanismo para frustrar ese magnífico principio de derecho patrimonial nacional conforme al cual el patrimonio del deudor constituye la garantía de sus acreedores, inserto en el derogado Código Civil y ahora reiterado por el vigente Código Civil y Comercial de la Nación. Vale la pena recordar que, allá por 2003, había mas de 16.000 propiedades inmuebles, en las zonas mas elegantes y caras de la Ciudad de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Inmobiliario a nombre de sociedades provenientes de paraísos fiscales, que ni siquiera se habían inscripto en el por entonces denominado Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia. Bien es cierto que en Argentina, las sociedades offshore hicieron su aparición en el 1970, en el célebre caso de la Compañía Swift de la Plata SA –con suerte adversa para los estrategas de ese fraudulento proceso concursal y beneplácito de los verdaderos acreedores de la empresa– pero nadie puede negar que en la década del 90, y merced a la ideología económica imperante en esas épocas, este tipo de compañías campearon en todo su esplendor, siendo incluso recomendado su uso por importantes estudios contables y jurídicos, así como escribanías de nuestra Ciudad de Buenos Aires.

Precisamente, por tratarse de instrumentos de fraude, en perjuicio del fisco y de terceros generalmente de buena fe, la Inspección General de Justicia, mediante la Resolución General nº 2/2005 del 16 de febrero de ese año, a pocos días de ocurrida la tragedia de Cromañon, prohibió directamente la inscripción, en el Registro Público de Comercio, en los términos de los artículos 118 y 123 de la Ley 19.550, de las sociedades constituidas en el extranjero que carecieran de capacidad y legitimación para actuar en el territorio de su creación, esto es y concretamente a las sociedades offshore. Es importante destacar que en los considerandos de esa resolución, que hoy se encuentra mantenida por las Resoluciones Generales nº 7/2005 y 7/2015, se incluyeron muy duras consideraciones respecto de aquellas afirmaciones que intentaron justificar la actuación de esta clase de compañías foráneas, destacándose fundamentalmente que el anonimato accionario y las extrañas condiciones de inexpugnable confidencialidad que caracterizan el accionar off shore, garantizan prácticamente su impunidad, favoreciendo un estado de cosas que es absolutamente intolerable, tanto jurídica como moralmente y que erosiona los valores superiores de la Justicia y de la convivencia social.

Pero mas de diez años después de toda la batería de resoluciones de la Inspección General de Justicia contra esos instrumentos –que reemplazaron en estas épocas al antiguo testaferro de carne y hueso, que podía quebrarse en sede judicial- la historia ha vuelto a repetirse, a través de un verdadero escándalo mundial, que compromete seriamente a nuestro presidente de la Nación, quien como consecuencia de una investigación realizada por un gran número de periodistas, ha incurrido habitualmente en la denominada “operatoria off shoring”, en su dilatada carrera empresaria. Basta al respecto recordar el caso Opalsen Sociedad Anónima, resuelto por la Cámara Federal Penal de San Martín en 1994, de cuyas consecuencias pudo nuestro actual primer mandatario salir indemne, merced a la tristemente célebre “mayoría automática” de la “Corte de los Milagros” de la época menemista, así como su intervención en las compañías caribeñas Fleg Trading Ltd. y Kagemusha, para afirmar, sin temor de equivocación alguna, que esa actuación clandestina no le era para nada ajena.

Descubierto este affaire, muchas voces, provenientes de los mismos sectores que defendieron con alarmante pobreza argumental a las sociedades offshore ante la cruzada iniciada por la Inspección General de Justicia en 2003, salieron de inmediato en defensa de nuestro presidente, con argumentos que no merecen la menor consideración lógica ni jurídica. En especial sorprenden aquellas voces que predican la licitud de las mismas, exhibiendo una total ignorancia sobre el mismo fundamento de su existencia, que no es otro que la ilicitud, el ocultamiento y la impunidad. Bien sostuvo Mempo Giardinelli en este mismo diario el viernes 8 de abril que la operatoria en cuestión no implica otra cosa que haber actuado o intervenido, en secreto, en las mismas cloacas financieras de ladrones, evasores, estafadores, corruptos y narcotraficantes de todo el planeta, y ello de por sí es de suma gravedad.

Las utilización de las sociedades offshore en Argentina no es una actividad lícita. Lo ratifican los artículos 19 y 124 de la Ley 19.550, los artículos 333 a 337 de nuestro unificado Código Civil y Comercial, que tratan sobre la simulación y fundamentalmente la Resolución General Nº 7/2015, en su artículo 218, que prohíbe la inscripción de sociedades de esta naturaleza en la Inspección General de Justicia.

Pero además resulta contrario al giro ordinario de las cosas que quien pretenda intervenir en el tráfico mercantil de un determinado país, omita inscribirse en sus registros de comercio. Estos existen por la necesidad de que los terceros conozcan la actuación documental de esa sociedad, así como los datos relativos a sus fundadores, accionistas, composición y suficiencia de su capital social, objeto social, y la integración de sus órganos sociales, optando por registrar la misma en un paraíso fiscal, que asegura total opacidad e impunidad. En nuestro país, toda sociedad constituida en el extranjero, salvo para la realización de actos aislados, debe cumplir con esa carga registral, cuyo incumplimiento afecta el orden público, y si toda la actividad de esa sociedad foránea se desarrolla en la República Argentina, ella ha sido considerada como sociedad constituida en fraude a la ley, reprimida por el artículo 124 de la ley 19.550.

No he conocido, en toda mi actuación profesional, docente, académica, ni como funcionario público, un solo ejemplo de una sociedad proveniente de paraísos fiscales que no haya causado perjuicios, ni he conocido tampoco a personas que se dediquen a coleccionar estos instrumentos, adquiriendo la totalidad de acciones al portador de una compañía de esta naturaleza, para nunca utilizarlas, como hoy increíblemente argumentan algunos de las personas comprometidas en el manejo de estas sociedades, intentando con ello eximirse de toda responsabilidad. Como es conocido, estas compañías requieren del empleo de contadores u otros profesionales de su país de origen, a los fines de “mantenerlas”, actualizando sus actas de asambleas o directorio, designando nuevos apoderados, renovando directorios etc., y todo ello cuesta dinero, traducido generalmente en un canon anual, de cuya sumatoria viven con holgura los estudios que fundan, patrocinan y colaboran con la creación y funcionamiento de estos engendros societarios.

Tampoco es argumento atendible aquel que sostiene que la participación en sociedades offshore fue declarada al fisco nacional, pues tal afirmación es totalmente incompatible con el fundamento mismo de su existencia, en tanto las sociedades off shore se crean y funcionan precisamente para ocultar la verdadera titularidad de sus acciones, sus dividendos o remuneraciones percibidas en carácter de director o autoridad de las mismas. Sostener lo contrario –esto es, la supuesta declaración impositiva de una tenencia accionaria en una sociedad offshore, como argumento justificante de esa participación– implica incurrir en un oxímoron, esto es, una contradicción en sus propios términos y, lo que es peor, tomar por idiotas a los ciudadanos argentinos, incluso a aquellos que están dispuestos a exculpar sin reservas a nuestro presidente, por el mero hecho de compartir con éste una misma ideología, como lamentable ha sucedido con nuestra titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tan rápida en justificar a Mauricio Macri, que ni siquiera se dio tiempo, antes de opinar, de estudiar toda esta fenomenología, que tanto daño causa a la economía y a la población mundial.

Y finalmente, no menos admisible en derecho es el argumento de legitimar la creación y funcionamiento de estas sociedades, invocando no haber participado en su acto constitutivo o carecer de acciones en la misma, pues en estas compañías lo que menos importa son los personajes que figuran en sus papeles como titulares de su capital social, toda vez que es conocido por todos que las sociedades offshore emiten sus acciones al portador, y que ellas son transferidas por sus socios fundadores, vinculados laboralmente con los estudios que se dedican a estos menesteres –en forma casi inmediata y por supuesto sin papeles– a sus verdaderos controlantes. Por el contrario, participar en el directorio o ser apoderado de las mismas es un importante hilo conductor que nos puede conducir –entre otros indicios– a descubrir la identidad de los verdaderos dueños de dicha sociedad, pues a diferencia de sus accionistas, los directores o sus apoderados –que cuentan por lo general con infinitas facultades de administrar y disponer del patrimonio de estas compañías– son quienes manejan efectivamente el patrimonio de ellas, y que, por lo general, no se pone en manos de desconocidos testaferros.

La cuestión es preocupante, como lo es también el alarmante silencio o la carencia de toda objetividad exhibida por los grandes medios de comunicación cuando tratan el tema, teniendo en cuenta –fundamentalmente– que por la misma razón ya han renunciado importantes funcionarios en otros países del mundo, comprometidos por la aparición de los Panama Papers. Pero es una incontrastable realidad que en la República Argentina y en especial para la clase empresaria o dirigente, el delito económico y en especial la evasión impositiva no origina las mismas reacciones que la violencia callejera, pese a que los perjuicios y las consecuencias que aquellos provocan en la sociedad son infinitamente superiores, dejando en nuestra sociedad secuelas muy difíciles de superar.

* Ex inspector de la Inspección General de Justicia.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297182-2016-04-17.html


***************************************************

Domingo, 17 de abril de 2016



EL PAIS › LA POSIBLE VINCULACION ENTRE LA EMISION DE UN BONO PORTEÑO Y LA OFFSHORE QUE MANEJO NESTOR GRINDETTI
Tras los pasos del tango en Suiza y Panamá
En 2010 el entonces ministro de Hacienda porteño comandó la polémica colocación de los bonos Tango Serie 8. Los Panama Papers revelaron que poco después empezó a manejar una sociedad fantasma y una cuenta en un banco suizo. Leandro Santoro pedirá mañana a la Procelac que investigue si hay relación entre ambos hechos.


Por Santiago Rodríguez
Grindetti es uno de los hombres de confianza de Mauricio Macri, a quien Santoro también pedirá que investiguen.
La pregunta quedó planteada cuando se hizo la operación: por qué, siendo jefe de Gobierno, Mauricio Macri apresuró en 2010 la emisión de los bonos Tango Serie 8 para financiar obras que entonces la ciudad no estaba lista para poner en marcha y por qué pagó por ello al Credit Suisse y a KBR Corporate Finance comisiones ocho veces más caras que las que pedían otros agentes financieros. La respuesta podría llegar ahora de la mano de los Panama Papers. De allí surgió que fue entonces que Héctor Grindetti, en ese momento ministro de Hacienda porteño y hombre de confianza del actual Presidente, quedó a cargo del manejo de Mercier Internacional SA, una empresa de dueños desconocidos radicada en Panamá, y también de una cuenta en un banco suizo vinculado con esa colocación de deuda. El dato reavivó las sospechas de que detrás de aquel endeudamiento por 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado de dinero que luego fue destinado a financiar la actividad política del PRO, como señala el ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria Leandro Santoro en una denuncia que mañana presentará ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que Macri y Grindetti sean investigados.

Según los documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, Grindetti tuvo un poder para manejar la firma Mercier Internacional SA entre 2010 y 2013. En ese lapso el ahora intendente de Lanús también figura como apoderado de la empresa para el manejo de una cuenta en el banco Clariden Leu AG, con sede en la ciudad suiza de Zurich.

La vinculación de Grindetti con una offshore quedó en parte eclipsada por la revelación sobre la participación del propio Macri en dos empresas radicadas en paraísos fiscales: Fleg Trading, la firma creada en Bahamas en 1998 en la que el Presidente fue director, y Kagemusha, constituida en Panamá en 1981, y que según el Registro Público de ese país tiene a Macri como vicepresidente.

La deuda

Grindetti no dio hasta ahora explicaciones sobre su relación con Mercier Internacional SA y la cuenta en Suiza, pero su aparición en los Panama Papers vuelve a poner el foco sobre la emisión de los bonos Tango Serie 8. Esa colocación de deuda se realizó entre marzo y abril de 2010 y estuvo envuelta en sospechas. El gobierno de Macri justificó la emisión de los títulos en la necesidad de financiar las obras de extensión de las líneas de subterráneo A, B y H, pero cuando obtuvo los 475 millones de dólares la mitad de las obras no habían sido licitadas y terminó utilizando el dinero para otros fines.

Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación. El Credit Suisse cargó con la mayor parte de la tarea, pero del total de nueve millones y medio de dólares de la comisión se llevó el 0,75 por ciento. La mayor tajada, 1,25 por ciento, se la quedó KBR Corporate Finance. Entre los directores de esa empresa estaba Edgardo Srodek, quien fue jefe de campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005, aportó a la campaña del macrismo en 2007, y cuyo hermano Jorge era entonces diputado provincial por ese espacio político.

“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, denunció entonces Ricardo López Murphy. Martín Hourest, por aquellos días legislador porteño por Igualdad Social, también advirtió sobre el pago de “una comisión absolutamente desproporcionada”. Otras provincias que se endeudaron en la misma época consiguieron hacerlo a menores tasas de interés. Y, según se supo, hubo bancos que ofrecieron hacer la operación por una comisión ocho veces menor a la que se finalmente se pagó.

El gobierno de Macri no sólo tuvo que lidiar con las denuncias políticas: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) llevó el tema al terreno judicial, donde acusó a Grindetti y también al entonces director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.

Entre las presuntas irregularidades de la operación que la ACIJ denunció ante la Justicia, además de lo excesivo de la tasa de interés y las comisiones, citó el hecho de que el gobierno porteño no hizo con los fondos lo que había sido autorizado por la Legislatura. Los 475 millones de dólares que se consiguieron por la colocación de deuda fueron pesificados y se convirtieron en 1843 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos fueron destinados a la compra de Letras del Banco Central (Lebacs) y 1243 millones de pesos quedaron depositados en el Banco Ciudad con un rendimiento anual del 6,5 por ciento. Según se calculó, ambas decisiones habrían significado una pérdida para la ciudad superior a los 30 millones de pesos en virtud de la diferencia entre la tasa de 12,5 por ciento pagada a los inversores del bono y el rendimiento obtenido por las Lebacs y el plazo fijo.

Las sospechas sobre aquella operación financiera ahora cobran más fuerza. Santoro destaca en la presentación que hará en la Procelac que si bien el juez Mauricio Zamudio sobreseyó a Grindetti y Semhan, los datos que surgen de los Panama Papers ameritan abrir una investigación porque dan cuenta de la posible comisión de otros delitos diferentes a los que se investigaron en su momento. Hay coincidencias temporales y hechos que respaldan esa suposición.

Las coincidencias

La emisión de los bonos Tango Serie 8 concluyó en abril de 2010. Los documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) revelan que Grindetti recibió menos de tres meses después, el 2 de julio de ese año, el “poder especial” que le confirió Mossack Fonseca para manejar Mercier Internacional SA. Ese instrumento legal le dio al entonces ministro de Hacienda porteño la atribución de “administrar la sociedad sin limitación alguna, tanto mediante actos de simple administración, así como los de disposición; celebrar o llevar a cabo en nombre de la sociedad contratos o actos de toda clase y descripción y más específicamente pero sin limitarse a las facultades expresadas a continuación”.

El estudio de abogados panameño dedicado a la creación de empresas fantasma le cedió a Grindetti el manejo de Mercier Internacional SA a partir de instrucciones que vía mail recibió del Estudio Chadicov, que desde Uruguay se ocupa también de brindar servicios a clientes que buscan constituir sociedades offshore. Diez días más tarde, Grindetti obtuvo el poder para operar la cuenta del Clariden Leu AG en Zurich. Según consigna Alejandro Giuffrida en el sitio web Artepolítica, Mercier Internacional SA había sido creada poco tiempo antes, el 19 de mayo de 2010, y los directores de Mercier Internacional SA que firmaron el poder en favor de Grindetti fueron José Jaime Melendez, quien también participa en la dirección de otras 802 sociedades, y Jaqueline Alexander, director también en 8627 empresas más.

En su denuncia ante la Procelac, Santoro destaca de los datos conocidos ahora se desprendería que las acciones de la Mercier Internacional SA “son al portador y que se dividen en dos mitades”. “Ello –agrega– es un dato relevante ya que el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño de las mismas.”

A la coincidencia temporal entre la emisión de los bonos Tango Serie 8 y el surgimiento del vínculo entre Grindetti y Mercier Internacional SA se suma el hecho de que el banco suizo donde estaba radicada la cuenta que el intendente de Lanús fue autorizado a operar haya sido el Clariden Leu AG. Esa entidad bancaria fue creada en el año 2007 a partir de una asociación entre el Clariden Bank y el Credit Suisse. Cinco años después, el Credit Suisse anunció la fusión definitiva de ambos bancos bajo su nombre.

El gobierno de Macri eligió contratar al Credit Suisse a pesar de que, asociado con KBR Corporate Finance, pedía comisiones mucho más caras de las que ofrecían cobrar otros agentes financieros, y a pesar también de que a esa altura ese banco ya había aparecido involucrado en maniobras de lavado de dinero. Uno de esos casos tuvo lugar en Brasil en 2007 y derivó en la detención de un empleado del Clariden Leu AG, el banco con el que justamente Grindetti terminaría operando en Zurich. Dos años después, el Banco Central brasileño estableció reglas bancarias más estrictas y obligó a varios grandes grupos internacionales a cerrar oficinas que ofrecían ilegalmente servicios de banca privada. La medida se produjo tras el arresto de ejecutivos de Credit Suisse y otras entidades. El Credit Suisse y su unidad Clariden Leu AG cerraron entonces sus sucursales representativas en ese país.

La denuncia

Más allá de considerar “relevante la relación que une a Grindetti con el Credit Suisse”, Santoro pone también énfasis “la relación directa del mismo con Macri y el Grupo Socma”. Al respecto señala que no sólo los une el hecho de que haya sido ministro de Hacienda porteño, sino que “son varias las situaciones que permiten sospechar la sociedad o el vínculo de dependencia entre ambos”. Recuerda que Grindetti fue “uno de los funcionarios de mayor confianza de Macri” durante su gestión en la ciudad. “Su amistad con el actual Presidente es públicamente conocida, pero además también es de público conocimiento su intervención en el Grupo Socma”, añade Santoro, sin pasar por alto que el actual intendente de Lanús “arrancó a trabajar como cadete y llegó al directorio” del holding de empresas de la familia Macri.

Santoro sostiene que al margen de que en el caso de la emisión de los bonos Tango Serie 8 “existió un apartamiento de la administración porteña de aquel entonces que habría respondido a alguna motivación ajena al interés general”, ahora hay indicios de la posible “existencia de lavado de activos” y que Grindetti actuó “en ambos lados del mostrador”. “Por un lado, era Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma, por el otro apoderado de una empresa para operar en un banco que llamativamente antes de otorgarse el poder había cobrado un porcentaje importante en una operación. En otras palabras, era el funcionario competente con poder de decisión en la emisión de deuda y, tiempo después, actuaba como apoderado para actuar en el mismo banco que cobraba la comisión de tal operación”, explica.

El ex candidato a vicejefe de Gobierno porteño por el FpV subraya, además, que “existen elementos para suponer que parte del producido por las maniobras de lavado sospechadas pudo haber sido destinado a la campaña electoral”. En este punto, se detiene en un dato “que –afirma– no puede sino generar sospechas sobre el financiamiento de campaña de 2013 por parte del PRO”: que “el 14 de marzo de 2013 Macri, junto con Grindetti, viajan a Panamá. Sin perjuicio de que dicho viaje se hizo con los fines de obtener un crédito, no debe perderse de vista que se realiza meses antes de las elecciones nacionales, ya que las PASO legislativas se realizaron en agosto y las elecciones definitivas en octubre del mismo año”. Macri informó que aquel viaje, del cual participó también Rogelio Frigerio se hizo para pactar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras en la ciudad. Eso fue a mediados de marzo de 2013 y los tres estuvieron en Panamá poco más de dos días. El poder de Grindetti para manejar la offshore radicada allí expiró en junio de ese año.

En relación con el posible financiamiento ilegal de la campaña del macrismo, el referente de la agrupación Los irrompibles recuerda también en su denuncia la participación de Srodek en la operación de emisión de los bonos Tango Serie 8 y manifiesta: “Se trata de una hipótesis que cobra más relevancia, entre otras circunstancias, por el aporte económico que algunos de los implicados en las maniobras efectuaron también en la campaña electoral del espacio político PRO en las elecciones legislativas de 2015, como lo es el caso de Grindetti que si bien llamativamente no figura como aportante directo, si sospechosamente sus empleados.” Al respecto, precisa que los colaboradores del entonces funcionario porteño “contribuyeron con 700.000 pesos; y eligieron hacerlo con 30.000 pesos 13 de ellos; y tres trabajadores con 25.000, 45.000 y 50.000 pesos”.

“La aparición del poder otorgado a Néstor Grindetti, un hecho nuevo que no se conocía allá por el 2010, pone de manifiesto su vinculación con operaciones dudosas de las que Macri no puede ser ajeno”, afirma en su denuncia Santoro, tras advertir que la creación de sociedades offshore no tiene otro fin que cometer alguna actividad ilícita, para hacerse luego una pregunta: ¿Por qué el ocultamiento por parte de los involucrados?

Grindetti hasta ahora no ha respondido. Santoro tiene su explicación: “Porque el ocultamiento es la base de todas las maniobras que tienen que ver con el lavado de activos o la evasión fiscal.” Desde mañana será tarea de la Justicia encontrar la respuesta definitiva.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297168-2016-04-17.html


***************************************************************

Domingo, 17 de abril de 2016
INGRESAR|REGISTRARSE EDICIONES ANTERIORES BUSQUEDA AVANZADA CORREO


EL PAIS › EL GOBIERNO PORTEÑO AVANZA CON SU INICIATIVA DE FAVORECER A LAS OFFSHORES EN LA CIUDAD
En línea con la política que fijó Macri
La administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó un recurso para que se levante la cautelar que le impide concretar su objetivo, luego de que una jueza subrogante dictara un fallo a favor de las pretensiones del Presidente.



Por Nora Veiras
Favorecer el uso de sociedades comerciales offshore en el ámbito porteño estuvo en el centro de las preocupaciones de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. A punto tal que a poco de asumir impulsó la creación de un registro de inscripción y fiscalización paralelo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Una medida cautelar presentada por la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó frenó la iniciativa que ahora, con Macri en la Casa Rosada, una jueza subrogante después de ocho años desestimó. Página/12 informó la semana pasada sobre la oportunidad del fallo que da vía libre al nuevo organismo y está apelado por la fiscalía. Haciendo caso omiso de esa instancia judicial y con la idea de ganar tiempo, el Gobierno de la Ciudad presentó el jueves 14 un recurso para que se levante la medida cautelar y así poder concretar su objetivo. Los Panama Papers pusieron en evidencia que Macri y gran parte de sus colaboradores son afectos a los emprendimientos offshore. El escándalo internacional no parece hacerles mella en su estrategia.

La IGJ dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación estableció normas rigurosas para habilitar y fiscalizar sociedades comerciales nacionales y extranjeras, incluidas las offshores, durante la gestión de Ricardo Nissen (2003-2005). “Esas normas implican una limitación reglamentaria para los negocios realizados en el país a través de offshore, pagarían un costo alto sacándolas, les es más útil crear un nuevo organismo a medida de los negocios que quieren hacer”, explica un experto en los artilugios de ingeniería financiera usados para evadir impuestos, responsabilidades y ocultar manejos non sanctos.

El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Gils Carbó, entonces fiscal general ante la Cámara Comercial, cuestionó la constitucionalidad de la norma que avanzaba sobre la ley de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que reserva la jurisdicción del Registro Inmobiliario y de la IGJ en la Nación. La actual Procuradora que desde entonces acumula desencuentros frontales con Macri presentó además una medida cautelar para impedir la puesta en práctica del nuevo organismo. Durante ocho años, el expediente se demoró en distintas instancias hasta que a fines de febrero la jueza subrogante Nacional de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo Federal Número 12, Macarena Marra Giménez, consideró que la Fiscalía no tiene legitimidad para cuestionar la vigencia de la ley sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de la norma porteña. La actual fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda apelaron el fallo.

Una línea de conducta

Antes de que los fiscales presenten los argumentos de la apelación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del letrado apoderado Fernando José Conti reclamó ante el juzgado que se deje sin efecto la medida cautelar. De esa forma, entraría en vigencia la ley que permite la creación del nuevo organismo. El escrito, al que accedió Página/12, funda su urgencia en que “el Estado Nacional no ha apelado, quedando firme la sentencia”. En la demanda original la IGJ también había cuestionado la ley porteña, pero el cambio de signo político que puso en ambas jurisdicciones a los dirigentes de Cambiemos hizo que el Estado se desentendiera del caso.

El argumento encendió el alarma entre los fiscales que consideran que es obligación de ese poder apelar un fallo que le recorta competencias a la IGJ sin que se haya sancionado una ley nacional que delegue esas facultades en la comuna.

La presentación del Gobierno porteño se anexó al expediente que se tramita en el 5 piso de Carlos Pellegrini 681 pero desde el juzgado no informaron a los fiscales. Este diario pudo saber que se abrió un trámite aparte. De pronto, empezó una carrera contrarreloj para agilizar la puesta en marcha del nuevo organismo.

En esa carrera contrarreloj también juegan los tiempos de la jueza Marra Giménez para seguir a cargo de la causa. El 28 de octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, presidida por Jorge Eduardo Moran, le prorrogó la subrogancia a la jueza hasta el 28 de febrero para que resuelva, entre otras, la causa por la creación del registro porteño. Sobre el filo de ese plazo, Marra Giménez fallo por la incompetencia de la Fiscalía. Con la sentencia terminó la vigencia de su subrogancia, es decir de su suplencia a cargo del juzgado. Sin embargo, la jueza no se desprendió del expediente apelado y ahora el Gobierno porteño apura el levantamiento de la cautelar para allanarle el camino al registro local.

“La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”, escribió Gils Carbó en 2009. Los Panamá Papers resignificaron esa descripción y los riesgos de la renovada urgencia con que el macrismo aspira a fijar los criterios de creación y control de las sociedades que se radiquen para operar en territorio porteño.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297163-2016-04-17.html

0 comentarios:

Entrada destacada

¿No se crearon puestos de trabajo en los últimos 4 años?

Víctor Hugo transmitió en vivo. 9 de septiembre a las 8:50 · Facebook Mentions · Es #falso que en los últimos años no se creó #emple...

Blog Archive

Etiquetas