Lo que circula por los medios

10 de abril de 2016

Macri impulsó instalación sociedades offshore



Domingo, 10 de abril de 2016

EL PAIS › COMO JEFE DE GOBIERNO Y PRESIDENTE IMPULSO LA INSTALACION DE LAS SOCIEDADES OFFSHORE EN LA CAPITAL. HASTA AHORA LO FRENO GILS CARBO
Macri, un ejemplo de coherencia


Cuando llegó a la Jefatura de Gobierno, Macri impulsó la aprobación de una ley que transformaba a la ciudad de Buenos Aires en un virtual paraíso para esas compañías. Lo frenó Alejandra Gils Carbó, a quien él ahora quiere echar. Apenas llegado a la presidencia volvió a la carga y ya consiguió una jueza que anuló lo actuado por la actual procuradora y revivió el proyecto pro offshores.



Por Nora Veiras
Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.

Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.

La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.

La tragedia de las offshore

La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los ‘90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. “Fui, firmé y me retiré”, le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.

Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. “En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque”, señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa “contabilidad creativa” que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.

“En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de ‘sociedades offshore o pantalla’ a disposición de sus clientes”, explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: “a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal”. “La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los ‘paraísos de la impunidad’”, advertía hace ocho años Gils Carbó.

La idea fija

Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido “director ocasional”. Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo “está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)”. Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.

La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Nissen ironiza: “No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley”.

La formación de un registro “mellizo” del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, sostuvo la fiscal y abundó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”.

La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.

La forma como pantalla

Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.

Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que “el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso” y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley “quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución”. Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.

El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez “tiene efecto suspensivo”. En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296625-2016-04-10.html


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Domingo, 10 de abril de 2016
EL PAIS › OPINION
Paraísos para pocos
El Gobierno frente a las revelaciones de Panama Papers. Las empresas off shore, su razón de ser. Las excusas de Macri. Franco Macri, el defensor sin legitimidad. Laura Alonso, una de twittera a stopper. Rebusques ingeniosos para tapar la información, jueces federales que cooperan.



Por Mario Wainfeld
La privatización de YPF fue más grave que las dádivas que pudieron haber recibido funcionarios o legisladores menemistas. La Reforma Laboral del presidente Fernando de la Rúa, más dañina que las coimas que “adornaron” a senadores peronistas. La corrupción, queremos decir, no es el núcleo de la historia o la política. Su centralidad en el debate público es, por lo general, un problema, acentuado por la creciente “judicialización de la política”.

Desde ya que las conductas atentatorias contra la la fe pública deben ser señaladas y llevadas a los tribunales. Nadie está exento o a cubierto. Ningún desempeño político (por virtuoso o popular que sea) “blinda” contra denuncias, investigaciones, juicios o condenas por delitos. Esas cuestiones graves afrentan a las gentes del común, lastiman la credibilidad en el sistema democrático, fomentan el descreimiento o la apatía política.

El deber del dirigente o el estadista es superior al de cualquier persona, su responsabilidad va en proporción directa. Sabiamente, las leyes fijan penas más severas para las autoridades públicas que para los particulares.

Las sospechas deben, entonces, pesquisarse. El deber de jueces y fiscales es ser diligentes y veloces dentro de lo factible. De cualquier forma, hay dos niveles de juzgamiento. El político que es expeditivo y depende de la opinión pública, sin supeditarse a los rígidos parámetros penales. Y el judicial, sometido a reglas, a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos constitucionales de todos los sospechosos, procesados y aún condenados.

De nuevo: la judicialización de la política es una tendencia nociva. La agrava la exorbitancia de los jueces.

Los abusos cometidos contra el ex Secretario Ricardo Jaime o el empresario Lázaro Báez apestan a intencionalidad política. Apresamientos espectaculares, con chalecos antibalas y cobertura mediática pactada vulneran las reglas del debido proceso.

Por si es necesario: Jaime es un personaje oscuro, pesa sobre él una condena justa por su responsabilidad en la tragedia de Once y acusaciones con cargos verosímiles en otros expedientes. Bueno es que avancen los trámites lo que no sanea un arresto sin derecho y sin respetar derechos esenciales, que todos los tenemos.

Algo similar rige para Lázaro Báez. El recuento procaz de parvas de billetes en una cueva activa sospechas firmes, que pueden ampliarse a otros protagonistas, si hay elementos sólidos. Su arresto cinematográfico ocupó las tapas de los diarios hegemónicos horas después de estallar el escándalo Panamá Papers. Una tapadera, precisamente para desplazar a Macri como tema central.

El juez Sebastián Casanello, rápido para los mandados, justificó una detención sin condena por el temor a que Báez se fugase o entorpeciera la investigación. Privar de la libertad a un inocente es un recaudo extremo, admisible solo como excepción. Las razones aducidas por Casanello sirven para un barrido como para un fregado. Vaya un ejemplo contrario, tomado de la vida real y cercana. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene procesamiento firme por un delito económico. Pocas posiciones mejores que la suya para potenciales interferencias en la causa. Es oficialista, poderoso, maneja la autoridad monetaria. Sería insensato exigir que se lo arreste, enchaleque y arrastre a una comisaría. No lo hacemos, pues, porque tratamos de evitar el doble standard que grita la inocencia del presidente antes de averiguar y condena prematuramente a sus adversarios políticos o a quienes se sindica como “empresarios K”.

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El desastre de Panamá: El fulbito tiqui tiqui entre el Gobierno, Comodoro Py y los grandes medios daría para un seminario internacional de comunicación de masas. Hacerlo en Panamá sería una ironía simpática.

La narrativa abunda en ejemplos de cómo tapar un hecho con otro o entre otros. Jorge Luis Borges imaginó en “La muerte y la brújula” tres crímenes distractivos como preludio y coartada necesarios del cuarto, el único que importaba. Edgard Allan Poe fabuló que es un gran rebusque esconder dentro de un conjunto visible de cartas una que fue robada. Gilbert K. Chesterton narró la historia de un general que mató a uno de sus oficiales y que camufló el crimen llevando a todo el ejército a una derrota sangrienta, con muchas bajas. Es tópico en cuentos y novelas, se ahorran otros para no fatigar o no anticipar el final.

Los relatos mediáticos del siglo XXI superan esas fuentes excelsas, por su arsenal de recursos y tácticas. La saturación informativa es uno, claramente descripto por el periodista Ignacio Ramonet.

Se “sobreinforma”, se discute, se coloca a tres especialistas de posturas divergentes y se los somete al formato de Intratables. La grita abruma sin esclarecer, enfurece sin dar pie a la reflexión, empacha sin alimentar.

Si Macri quedó expuesto, es momento para llenar la pantalla con imágenes de Lázaro o Jaime. La superposición sugiere un empate falaz.

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sobre los Panamá Papers son un escándalo internacional cuyas estribaciones no se conocen del todo.

Mauricio Macri es el vicepresidente de dos sociedades off shore: Kagemusha constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading Ltd, armada en las Bahamas en 1998. Las preside su padre, Franco. Los grandes diarios se ingeniaron para escurrir de sus tapas a la segunda.

El oficialismo trató de tapar el cielo gris con un arnero. “No pasa nada, no nos toca” es un primer reflejo típico de gobiernos ante una situación límite: no se puede acusar al macrismo de original en ese punto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, canchereó de entrada y quedó desairado, es un castigo automático por su rol.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, rebasó la medida por su compulsión al tweet precoz. No es abogada, papelón iniciático que podría suavizar estudiando o asesorándose. Alegó que participar de una empresa off shore no es “un delito por sí mismo”. Es verdad, a condición de no actuar como abog... militante de la defensa.

Casi ninguna conducta es delito por sí misma, aunque algunas den toda la impresión. Matar a dos personas puede constituir homicidio, sin embargo el juez federal Claudio Bonadio que lo hizo (con balazos en la espalda de uno de sus atacantes) fue declarado inocente por haber obrado en defensa propia.

Si usted ve a alguien baleando a otro humano, es sensato que advierta a las autoridades. Es factible que haya delito, aunque se reconocen excepciones. Salvando distancias, hay homología con las off shore. Lo habitual es que sean instrumentos para delitos de guante blanco. La evasión impositiva, para empezar, el lavado para seguir.

Macri es inocente en materia penal hasta que se acredite lo contrario, como cualquier persona. La necesidad de investigar su proceder es flagrante, tanto como la parcialidad de Alonso, carente de abuela y seriedad.

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¿Qué hiciste tú en el istmo, papá?: Ricos y famosos eligen cambiar de nacionalidad o de lugar de residencia para pagar menos impuestos. Tenistas, automovilistas, el actor francés Gérard Depardieu, entre muchos. La conducta arranca como poco ética y linda con lo delictual, la frontera es borrosa.

Las grandes empresas se valen de recursos más sofisticados y difíciles de detectar. Los “paraísos fiscales” y las empresas off shore ranquean en primer lugar. El economista francés Gabriel Zucman escribió un libro notable que las estudia, publicado en castellano el año pasado: La riqueza escondida de las naciones. Lleva como subtítulo “Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”. Zucman enseña que las off shore existen para evadir impuestos y que “el dinero de los paraísos fiscales no duerme, alimenta los mercados financieros internacionales”.

Nadie crea empresas así para tenerlas inactivas, adornando la vitrina. Su buena plata cuestan los papeleos, el secretismo, los grandes estudios.

El anonimato de las acciones al portador es un subterfugio clave. Zucman propugna, como académicos de todo el mundo, imponer la nominatividad de las acciones para que la responsabilidad no sea velada por la falta de información.

Bajo el cobijo del anonimato mencionado el presidente aduce que no posee acciones de las dos off shore caribeñas y que jamás cobró nada. En general nadie integra una sociedad encriptada para alardear o por hobby. Se las constituye para hacer negocios y no para la pereza, que es madre de todos los vicios. Es forzoso investigar.

El fiscal Federico Delgado imputó al presidente por haber omitido toda mención en sus declaraciones juradas y buscará averiguar si existió otra irregularidad o delito. Delgado a veces exagera su afán inquisitorio pero es un funcionario honesto que no se embandera políticamente, descripción que no se hace extensiva a Casanello que lleva la causa.

El Grupo Macri es conocido, nadie lo emparentaría con un colegio de monjas. Pregonar que las excusas del padre del presidente sirven como excusas (¡o pruebas!) judiciales es una tomadura de pelo, que sería cómica en un cuento de Fontanarrosa.

El intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, es otro devoto de las off shore. El economista Horacio Rovelli recuerda en un buen post publicado en “La Tecl@ Eñe” que toda la trayectoria de Grindetti en la actividad privada transcurrió en el Grupo Macri, detalle también subrayado en este diario.

Son indicios rotundos que contradicen la euforia de Alonso y Marcos Peña.

Macri se “puso a disposición de la Justicia” a su manera: amañó una presentación ante un juzgado civil. Delgado respondió, con derecho y razón, que la competencia apropiada es la penal, la civil es una pantalla, un simulacro. Otra vez la táctica de esconder el árbol plantando un bosque en su derredor.

“Plantar un juicio” contra Cristina forma parte de la estrategia oficial.

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Flojos de papeles: La ex presidenta está citada el miércoles 13 para declarar ante Bonadío** en la causa por el “dólar futuro”. El periodista de La Nación” Adrián Ventura la describe como la más floja iniciada en su contra. Se queda corto, pero rumbea bien.

La audiencia depende de lo que defina la Cámara sobre una recusación deducida contra Bonadío por otro acusado, Pedro Biscay. Según viene informando Página/12, la decisión se conocería mañana o pasado. Si prospera el pedido, el expediente cambiará de juzgado. La parcialidad de Bonadío es notoria, se denota apenas habla: el veredicto de la Cámara es incierto porque no todo es coherente en el fuero Federal.

Los cargos son confusos y mal fundados. Los debilita el pecado original de querer judicializar medidas de gobierno. Para peor, el efecto de las ventas a futuro es consecuencia de una decisión de Macri, negada en campaña: la maxi devaluación. Sin ese hecho, las consecuencias serían otras. Dicho en criollo, el escenario sería distinto si el ex hubiera ganado el ex gobernador Daniel Scioli o si Macri hubiera honrado sus promesas. La decisión popular era un hecho futuro, que distaba de ser inexorable.

Los funcionarios toman decisiones que comprometen intereses de los gobernados. Es alocado que cualquier movida, así arroje resultados negativos, se traduzca en persecución penal. Pensemos preventivamente en el ministro de Salud César Lemus, cuya campaña contra el dengue es criticada acerbamente por actores calificados como Médicos del Mundo. Han muerto personas por la epidemia, otras sufrieron daños severos ¿Cabría procesarlo por homicidio o lesiones graves si un magistrado cree que obró equivocadamente?

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Hacerle la venia al Comodoro Py: Mayoría no es unanimidad: sobreviven jueces federales dignos y decorosos, una proeza en un contexto adverso.

El mega poder de los magistrados que atienden en Comodoro Py se remonta al menemismo que los designó en banda, como protección. El poder político es temporario, el de los federales se autonomizó y sobrevive.

Un sistema procesal perverso les concede la prerrogativa de actuar como jueces y fiscales, a su criterio. Funcionalmente es un problema: quien se hace cargo de acusar estará menos inclinado a archivar, sobreseer o absolver. Incluso si mediara buena fe

En cualquier circunstancia, la acumulación de tareas conlleva exceso de poder. El manejo discrecional de los tiempos ahonda el problema: cajonear los juicios provee una amenaza latente que se puede reactivar a piacere. Los procedimientos espectaculares en primera instancia infligen daños irreparables que no reparan las revocaciones de las Cámaras.

El kirchnerismo, como todos los gobiernos, atravesó su luna de miel con Comodoro Py. El divorcio motivó reformas judiciales, correctas o infaustas. En todas faltó prestar atención a los litigantes del común, las personas que van a pleito una vez en la vida por problemas cotidianos y acuciantes: accidentes viales o de trabajo, despidos, conflictos familiares. Con la mira en las “grandes causas” se relega a quienes son los demandantes principales de un poder judicial democrático.

La reforma del Código de procedimientos penal estuvo entre las mejores acciones. Impone la oralidad, audiencias públicas, disminuye el papeleo y la proliferación de instancias que demoran procesos de por sí kafkianos. El sistema acusatorio aporta otra virtud: los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales, a quienes le cabe la carga de acusar.

El cúmulo de ventajas de la nueva ley explica la resistencia de los magistrados del Ancien régime: les quitarían facultades desmesuradas, poder.

El Gobierno demora la implementación, que no es sencilla. Es costosa, requiere inversión pública. Y provoca un casus belli con los Bonadío, Casanello y colegas semejantes.

La jubilación de Norberto Oyarbide sería una buena nueva si no aconteciera con un delay record. Debió ser removido en 2001 con un juicio político del que zafó con apoyo de la bancada de senadores peronistas. Escogieron el 11 de septiembre, ´día en que el mundo miraba a hacia Nueva York. La repercusión se mitiga también con un hecho más tremendo.

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Clamor de palcos y tribuna: Los palcos VIP y la tribuna de doctrina no se han saciado con las ventajas formidables concedidas a las cerealeras, la gran banca, los buitres y el multimedios. Ahora claman por “el fin de la impunidad”. Kirchnerista, por más señas.

Los catones de los medios llegan a expresar que “el pueblo votó para ver presa a Cristina”. Qué pocas demandas... Quizás ese reduccionismo vulgar explique por qué a los voceros M les importan tan poco las transferencias regresivas de ingresos, la baja del valor adquisitivo de los trabajadores y del consumo de carne, la suba de tarifas y de transporte público, los despidos, la recesión, los gritos de alarma de sindicatos y pymes.

En las últimas semanas al gobierno se le escapó de las manos la agenda pública. Medidas antipopulares, mal comunicadas para colmo. Y los Panamá Papers, cuya espuma no baja.

El Gobierno espera que vengan las inversiones para frenar la recesión y contener los despidos. Y pone sus fichas a la “agenda negra K”: la corrupción de los otros. Tiene de su lado a bravos jueces federales y comunicadores PROactivos. Les patean en contra indicadores sociales, económicos y laborales que empiezan a alarmar o meter miedo hasta a los macristas menos fanáticos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296602-2016-04-10.html

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Domingo, 10 de abril de 2016
PORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA


EL PAIS › B’NAI B’RITH NEGO HABER CREADO LA SOCIEDAD ANONIMA EN PANAMA QUE PRESIDE AVRUJ
Una coartada que se derrumba
Kalushy SA fue creada en 1992 y todavía figura vigente. El secretario de Derechos Humanos es su presidente y su esposa la tesorera. Avruj había dicho que había sido la entidad humanitaria la que constituyó la empresa pero la organización lo negó terminantemente.



Por Werner Pertot
La organización B’nai B’rith internacional desmintió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien aseguró que la sociedad anónima Kalushy, radicada en Panamá, fue creada por esa organización para “cumplir con la normativa laboral” de Panamá cuando Avruj fue director del distrito 23 área Caribe de B’nai B’rith. Este diario publicó la existencia de esa empresa en un paraíso fiscal, que figura a nombre suyo y de su esposa, y luego la aclaración que hizo Avruj. Sin embargo, consultado por este diario, B’nai B’rith Internacional indicó que “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá”. Incluso advirtió que esto es contrario a los principios de esa organización “cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario había revelado la existencia de esa sociedad anónima en un paraíso fiscal en la que figura Avruj como presidente. Según el Registro Público de Panamá, Kalushy SA fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera, aparece Elisa Alfie, esposa de Avruj, y como secretario Ramie Attie. Según los registros públicos continúa “vigente”. Antes de esta publicación, Página/12 intentó comunicarse con Avruj, que no respondió a los llamados.

La empresa de Avruj se sumó a otras radicadas en Panamá y otros países que se conocieron en estos días. La lista, aún incompleta, incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al de Vicente López, Jorge Macri; al titular de la AFI, Gustavo Arribas; y a los dos asesores y amigos del presidente, el empresario Nicolás Caputo y el presidente del Club Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici.

Luego de que se conociera la existencia de la empresa, la Secretaría de Derechos Humanos nacional emitió un comunicado de prensa que tituló: “Claudio Avruj nunca tuvo sociedades offshore”. En él, detalló que “Avruj trabajó en Venezuela para la organización B’nai B’rith, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó como su director internacional del distrito 23 área Caribe, en Panamá, entre los años 1992 y 1995”.

El comunicado indicó que “la organización constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país”. Es decir que, según afirmó el secretario de Derechos Humanos, fue la organización y no él la que creó la empresa. B’nai B’rith es una entidad humanitaria creada en 1843 que tienen como objetivo luchar contra el antisemitismo y las violaciones a los derechos humanos. Tiene sedes en más de cincuenta países, incluyendo a la Argentina.

“La firma creada oportunamente es una sociedad anónima local, de carácter perpetua, y de ninguna manera se compadece con los parámetros de una sociedad offshore, ni tuvo movimiento alguno desde su registro el 20 de julio de 1992”, aseguró en el comunicado, aunque no proveyó evidencia de estos dichos. “Es necesario aclarar que Claudio Avruj dejó de cumplir funciones en Panamá el 1º de enero de 1995 y, desde entonces, la sociedad permanece abierta por su condición constitutiva, pero sin movimiento alguno ni vinculación con la función del secretario”, indicó.

Página/12 se puso en contacto con las autoridades de B’nai B’rith Internacional en Wahington para verificar la explicación que dio el funcionario de Mauricio Macri.

En respuesta, en un correo enviado por el vicepresidente del área de Comunicaciones de la organización, Sharon Bender, B’nai B’rith Internacional formuló esta declaración oficial: “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamientos de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización caritativa, cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario intentó volver a comunicarse con Avruj para pedirle nuevas explicaciones sobre Kalushy SA, pero todos los celulares del secretario de Derechos Humanos se encontraban cerrados.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296629-2016-04-10.html



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Domingo, 10 de abril de 2016

Buenas para la ley, malas para el país
La apertura de sociedades offshore por grandes empresas, aun siendo legal, condenó al país al endeudamiento, al debilitamiento del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.


Por Raúl Dellatorre
El uso de las guaridas fiscales como herramienta de ocultamiento de activos o fuga de capitales tuvo un desarrollo creciente a partir de mediados de la década del 70, proceso que continuó en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Al punto tal que la cantidad de jurisdicciones reconocidas como “paraísos” o guaridas fiscales se multiplicó por cinco entre el inicio de los 80 y los primeros años del siglo actual. Más allá de la legalidad de ciertas operaciones (que sólo se puede entender por la generosidad de las leyes, que por lo general no miden intenciones), lo concreto es que la apertura de cuentas bancarias y empresas “fantasma” en lugares promocionados por su opacidad (secreto jurídico bursátil, secreto bancario y baja o nula tributación) ha redundado en enormes perjuicios económicos y sociales para los países que son víctimas de la fuga de capitales. La apertura de empresas offshore ha sido un generador muy fuerte del desfinanciamiento de los Estados periféricos en los últimos treinta años, una herramienta eficaz para crear las condiciones en favor del endeudamiento del país y una causa central del debilitamiento de las prestaciones que debe brindar el sector público. Algunas estimaciones señalan a la Argentina como uno de los países más afectados por la fuga de capitales de sus residentes en el mundo, tanto en términos absolutos como en la relación entre riqueza offshore y PBI. Sin sanciones legales ni sociales, la cúpula empresa argentina de las últimas décadas –a la par de los dueños de grandes riquezas– ha sido funcional a la profundización de la dependencia financiera del país, al debilitamiento progresivo del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Qué es una guarida fiscal

Algunas jurisdicciones (no siempre son países) se han dado, a sí mismas, la condición de distritos con condiciones ventajosas para los inversores, con facilidades para el movimiento de capitales desde esos distritos a cualquier parte del mundo. Esto último lo hace posible la intervención de entidades financieras con capacidad de operar en prácticamente todo el mundo (los bancos globales), que son los grandes artífices de estas prácticas. Básicamente, lo que ofrecen estos “paraísos” para la evasión es: secreto jurídico bursátil, lo que supone de parte del país anfitrión el compromiso de absoluta confidencialidad sobre la identidad del inversor o dueño de la sociedad radicada; secreto bancario, que significa compromiso de no revelar la identidad de titulares de cuenta; y baja o nula tributación, es decir que los activos financieros allí radicados no pagan impuesto a las ganancias o a la riqueza, o sólo en una proporción insignificante. El “combo” hace por demás atractiva la utilización de esas plazas para “triangular” operaciones: un negocio que se hace en otro lado, pero se “registra” a nombre de la empresa “fantasma” offshore para ocultar al titular y sus ganancias.

No es casualidad que las dos plazas financieras más importantes del mundo, Nueva York y Londres, estén señaladas como las promotoras de los “paraísos” offshore. Ni que esto haya ocurrido a mediados de los 70. El surgimiento de las guaridas fiscales fue funcional al despegue del neoliberalismo a nivel global. Por cuestiones prácticas (es decir, elegir plazas donde ya operaban), Londres eligió ex colonias británicas y Nueva York espacios en territorio estadounidense a los que se le otorgó un estatus especial. Así, los distritos de Nevada, Delaware o Wyoming funcionan como guaridas fiscales dentro de los límites del propio Estados Unidos.

En esa primera etapa, la función principal de esos “paraísos” era captar los capitales fugados de los países periféricos, para volcarlos como “inversión” en los países centrales. Del otro lado, los países víctimas de la fuga quedaban descapitalizados (la denominada “restricción externa”) y, consecuentemente, debían recurrir como solución al endeudamiento externo. Obviamente, prestarle a esos países a altas tasas se convirtió en un gran negocio para los capitales financieros de los países centrales.

Eran los años, los 80 y los 90, en los que en Argentina los grupos empresarios locales se enriquecieron con los contratos del Estado y las concesiones de servicios privatizados, o asociados con capitales extranjeros para explotar licencias de las marcas de estos últimos. El grupo Socma fue uno entre varios que luego se convertirían en empresas dominantes o directamente monopólicas en rubros fundamentales de la economía. Buena parte de las ganancias obtenidas por este núcleo de empresas se derivó a sociedades offshore o a cuentas no declarados en el exterior. Esta corriente de fuga, con particular aceleración en la segunda mitad de los 90 y en la década siguiente, de 2006 en adelante, sería un factor fundamental que condicionó las políticas públicas del país en estos años.

La crisis financiera mundial, que se disparó en 2008, cambió las condiciones para los países centrales, que empezaron a sufrir la fuga de capitales desde sus propios países. Para naciones periféricas como Argentina, la dinámica offshore no varió en demasía por la crisis. Siguió siendo el mecanismo mediante el cual las grandes empresas administran los fondos que evaden o desvían del país.

Lo que el presidente Mauricio Macri explica como una operación legal, la constitución de una empresa offshore declarada por su padre, es una maniobra habitual de las grandes empresas en Argentina. Pero su propósito no puede ser otro que el de eludir impuestos, evadir o radicar en el exterior ganancias derivadas de prácticas abusivas sobre el comercio exterior. Un ejemplo habitual es el de una exportación en la que la mercancía puede navegar en línea directa y sin escalas entre el puerto argentino y el país de destino, pero la documentación no. Hace escala en una empresa offshore, que compra la mercancía a un valor muy inferior al real, y luego revende a un precio mayor facturando servicios que nunca se prestaron. Así, la diferencia entre el precio de salida del puerto argentino y el precio real que paga el importador quedará radicado en la empresa offshore. Quien hace la maniobra se ahorra el impuesto y habrá fugado parte del valor, que quedará en el exterior sin siquiera estar declarado como propio.

Mientras estas operaciones no se puedan detectar y las guaridas fiscales sigan siendo paraísos para evasores, sólo se podrán conocer la parte “legal” de operaciones complejas, a través de las cuales grandes empresas e inmensas fortunas han estado sometiendo al país a sufrir las consecuencias de la denominada “escasez de divisas”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296623-2016-04-10.html

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