Lo que circula por los medios

2 de junio de 2016

Jubilaciones en peligro?




https://es.scribd.com/doc/314601272/Proyecto-de-Reparacion-Historica-a-Jubilados


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Jubilados y Pensionados
Pensión Universal para Adultos Mayores
¿Quiénes tendrán derecho a la Pensión Universal?
Las personas que tengan 65 años o más
Los argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud
Para extranjeros, se requieren 20 años de residencia.


¿Qué características tiene la prestación?
Es vitalicia
No se puede tener otro beneficio previsional o retiro en el país o en el Exterior, ni planes sociales, ni cobrar la asignación por Desempleo.
El titular debe mantener residencia en el país.


¿Si fallece el titular, genera pensión?
No, pero el cónyuge o conviviente podrá pedir la pensión para sí mismo si le corresponde.
Si hubiera hijos con discapacidad pueden tramitar la pensión por invalidez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social


¿Cuánto será el monto de la Pensión Universal?
El 80% de la jubilación mínima o sea $ $3.967


¿Y cómo se aumentará?
Cada vez que aumente la jubilación mínima por la Ley de Movilidad.


¿Tendré otros beneficios adicionales por obtener esta pensión Universal?
Sí, tendrás derecho a los servicios del PAMI
Las mismas asignaciones familiares que tienen los jubilados contributivos: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge, etc.


¿Qué pasará con la gente que hasta ahora se jubilaba por moratoria?
La moratoria actual, Ley 26.970, tal como lo dice la Ley, vence en septiembre; pero la Ley 24.476 NO SERÁ DEROGADA y permite reconocer servicios autónomos hasta 1993.
Se le agregará a esa moratoria dos características nuevas que son tomadas de la Ley 26.970: a) habrá control socio-económico y b) las cuotas se actualizarán cada vez que se aumente la jubilación.
Las mujeres entre 60 y 64 años que no accedan a la jubilación, podrán obtener a los 65 años la pensión universal.


¿Si obtengo la Pensión Universal puedo seguir trabajando?
Sí, de forma tal que posteriormente, logres obtener los años de servicio para obtener un beneficio contributivo.


¿Cuál es la inversión social asociada a esta medida?
Se trata de unos $3.011 millones previstos para el primer año.

http://www.anses.gob.ar/prestacion/pension-universal-para-adultos-mayores-207
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MIÉRCOLES 01 DE JUNIO 2016
Cinco cláusulas polémicas del proyecto para saldar las deudas con los jubilados
Por: Leonardo Tagliabúe ltagliabue@infobae.com

La iniciativa para reajustar los haberes incluye algunos criterios que podrían generar discusiones. Por ejemplo, la pensión universal estará disponible sólo durante tres años y habrá un cambio sensible en la única moratoria vigente

La Anses busca ponerle fin a los juicios por reajustes de haberesLa Anses busca ponerle fin a los juicios por reajustes de haberes
La iniciativa presentada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada contiene algunos ítems que generaron ciertas dudas en el ámbito de la seguridad social, el fuero donde hoy se tramitan los juicios por reajustes de haberes. Infobae repasó con especialistas los puntos más discutidos.



Pensión universal, sólo por tres años
La pensión universal para los mayores de 65 años anunciada por el gobierno nacional como parte del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados estará vigente sólo durante tres años, según surge del proyecto que ingresó anoche al Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo prevé que durante ese lapso un consejo especial elaborará un nuevo régimen previsional que contemplará un beneficio social similar para los trabajadores que no tienen los aportes necesarios para jubilarse.

Especialistas consultados por Infobae cuestionaron la técnica legislativa utilizada por Cambiemos. Es que en caso de que el Congreso no cumpliera con el plazo de tres años establecido para sancionar la nueva ley, muchas personas que hoy tienen menos de 62 años podrían quedarse sin cobertura.



Ojo con los topes
El artículo 5 prevé que los haberes reajustados de las personas que accedan voluntariamente al pago ofrecido por el Gobierno no podrán superar los topes establecidos por ley. Esta restricción podría perjudicar a una gran porción de jubilados que tienen derecho a percepciones mucho más altas.

Del mismo modo que existe una jubilación mínima -hoy $4.949-, la ANSES establece todos los años un techo para los haberes más altos. La resolución 28/2016 fijó ese límite en $36.330,32, una cifra que usualmente es superada en las sentencias que dicta la Justicia federal.

El programa lanzado por la administración nacional se instrumentará a través de acuerdos transaccionales que deberán ser homologados por los mismos tribunales que hoy consideran que los topes de ley son inconstitucionales, por lo que resulta improbable que terminen aceptando la propuesta realizada por el macrismo en el proyecto de ley.

El artículo 5 además fija mecanismos técnicos para redeterminar el haber inicial y su movilidad que también podrían ser discutidos en sede judicial, estiman los abogados previsionalistas.

Impuesto a las Ganancias
Si bien el artículo 8 del proyecto estipula que se eximirá del Impuesto a las Ganancias el importe que corresponde abonar por la actualización del capital, continúa vigente la quita sobre el retroactivo, que es el pago más importante que tendrán los jubilados. Podría representar una poda de hasta 35% para los beneficiarios. En este punto no hay cambios con lo que sucede actualmente con el pago de las sentencias.



La moratoria será menos inclusiva
En la Argentina para jubilarse hay que cumplir la edad legal (60 años las mujeres, 65 los hombres) y acumular 30 años de aportes. En un mercado laboral con alta informalidad, este segundo requisito se ha tornado de difícil cumplimiento para gran parte de la población.

Con el objetivo de extender la cobertura social a la mayor cantidad posible de personas, el Congreso sancionó dos normas que le permiten a un trabajador "comprar" los aportes faltantes. En septiembre está previsto el vencimiento de una de estas moratorias. La que continuará vigente surge de la ley 24.476 y abre la posibilidad de que un empleado regularice los aportes no ingresados desde sus 18 años hasta el 30 de septiembre de 1993.

De aprobarse la ley impulsada por el macrismo, se introducirá un cambio que no es menor: la Anses comenzará a analizar la situación socioeconómica del solicitante y evaluará si se justifica la aplicación del beneficio, criterio que hasta ahora sólo se utilizaba en el plan que vence este año.

En definitiva, se podrán comprar años correspondientes a un período más acotado que antes por el vencimiento de una de las moratorias y sólo podrán completar aportes las personas que justifiquen una determinada situación socioeconómica.

Aquellas personas que no tengan los aportes necesarios y no puedan ingresar a la moratoria, deberán esperar hasta los 65 años para acoger la pensión universal. Cobrarán el 80% de un haber mínimo.



El pago será en cómodas cuotas
Una vez homologado el acuerdo, el Estado cancelará un 50% de la deuda en una cuota y el restante 50% será prorrateado en 12 pagos trimestrales, iguales y consecutivos, que serán actualizados; pero la norma no especifica con qué criterio de movilidad




http://www.infobae.com/2016/06/01/1815545-cinco-clausulas-polemicas-del-proyecto-saldar-las-deudas-los-jubilados

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viernes 27 de Mayo de 2016
Es el 80% de la jubilación mínima

Pensión Universal a la Vejez hoy sería de $ 3.967
El Gobierno nacional lanzará una Pensión Universal a la Vejez para los trabajadores que no realizaron los aportes necesarios que equivaldrá al 80% del haber mínimo. Según los números actuales, la jubilación más baja alcanza a $ 4.959, por lo que la PUV llegaría hoy a $ 3.967,20.

El presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha del subsidio para "aquellos que llegan a los 65 años, no se pueden jubilar y tienen derecho a una prensión".

La Anses informó que la pensión "será vitalicia" para quienes "no tengan otro beneficio social o perciba uno cuyo monto sea inferior, debiendo optar por uno u otro".

Además, la entidad señaló que el beneficio estará atado a la Ley de Movilidad jubilatoria, por lo que se actualizará dos veces por año, en marzo y septiembre. Las personas que podrán acceder deben tener 65 años o más, ser argentinos naturalizados con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud o extranjeros con 20 años de residencia.

"La Pensión Universal habilitará el cobro de las mismas Asignaciones Familiares que perciben hoy los jubilados y permitirá acceder a los servicios del INSSJyP (PAMI). Quienes reciben esta pensión podrán seguir trabajando hasta lograr los años de servicio para obtener su jubilación", sostuvo en el comunicado oficial.

Por último, el organismo previsional destacó que inversión social llegará $ 3.011 millones para el primer año.

Durante el acto, el mandatario también informó que se pagarán todas las jubilaciones ajustadas por el fallo Badaro, el envío de una ley para cancelar las deudas por los juicios previsionales con sentencia firme y en trámite y la apertura de otro blanqueo de capitales no declarados de argentinos en el exterior.

Según aclaró luego el titular de la Anses, Emilio Basavilvaso, estas medidas benefician a 2,5 millones de jubilados, a los que se les recompone el haber y se les empieza a "pagar bien" por decreto. A los que hicieron juicio y tienen sentencia se les pagará el retroactivo fijado y a los que están en juicio se les paga retroactivo de hasta 48 meses, lo que implicaría un 45% de aumento de haberes.

De acuerdo a lo informado desde la Anses, se pagará a unos 60 mil jubilados que cuentan con sentencia firme, a 380 mil que aún están en trámite y también quienes están en condiciones de iniciar acciones legales pero que aún no lo han hecho, unas 2 millones de personas. Se estima que el gasto total se estima en $ 250.000 millones. Los pagos serían un 50% contado y el resto en 12 cuotas trimestrales.

Basavilvaso aseguró que "hoy estamos dando el primer paso para un nuevo sistema jubilatorio, justo y equitativo" y explicó que con la PUV "se establece un piso mínimo para todos los argentinos".

"Todos los argentinos que lleguen a los 65 años tienen una pensión universal", afirmó, y agregó: "La instrucción del presidente Macri cuando inauguró las sesiones en el Congreso, fue solucionar el problema de los juicios y hoy estamos anunciando el plan para poder pagarlo. Se trata de un cambio de un grande, porque el Estado argentino no se puede financiará nunca más con la plata de los jubilados. Eso no lo vamos a permitir más. Teníamos jubilados que estaban esperando hace más de diez años los juicios que ganaron y cuentan con sentencia a su favor, no solo en sus juzgados sino de la Corte Suprema"



http://www.ambito.com/840984-pension-universal-a-la-vejez-hoy-seria-de--3967


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ANSES debe sumar 5 millones de trabajadores en blanco para evitar su desfinanciamiento


Las nuevas erogaciones del organismo previsional por el pago de la deuda a jubilados y pensionados pone de relieve el frágil equilibrio de sus cuentas. En el Congreso advierten que el blanqueo no proporciona garantías de ingresos, por lo que sospechan que el oficialismo podría apuntar a más cambios en el sistema previsional.

SÁBADO, 28 DE MAYO DE 2016
POR RANDY STAGNARO Y FELIPE YAPUR

El anuncio del presidente Mauricio Macri, de que por medio de un blanqueo de capitales financiará el pago de las deudas que mantiene el sistema previsional con los jubilados y pensionados, puso de relieve el continuo desequilibrio que presentan las finanzas de la ANSES. Dado que en el actualidad casi la mitad de los ingresos de ANSES provienen de impuestos, el aporte de una fuente de financiamiento sujeta a los vaivenes de las decisiones de las personas que quieran blanquear sus fondos no declarados abre un gran interrogante sobre la posibilidad de que ese fondeo se realice en tiempo y forma. Del mismo modo, queda de relieve que la actual política del gobierno de favorecer el despido de trabajadores en el sector privado y, por su parte, concretarlos en el sector público, reduce cada vez más las distancias entre los ingresos y los egresos de la ANSES. En este escenario, la pérdida del 15% de la recaudación impositiva derivada desde las provincias sólo profundiza la fragilidad del equilibrio de las cuentas del organismo previsional.
Según el diputado Diego Bossio, último titular de la ANSES del gobierno de Cristina Fernández, para que el proyecto de Macri funcione, se necesita que "se incorporen entre 4 y 5 millones de trabajadores en blanco para que no se desfinancie la ANSES". En diálogo con Tiempo, Bossio indicó que la ANSES "ya perdió el 15 % de las provincias. Ese es el talón de Aquiles del sistema previsional."
En la actualidad hay poco más de 9,7 millones de aportantes a la Administración Nacional de la Seguridad Social. El número refleja una caída de poco más de 100 mil aportantes entre diciembre y febrero de este año. Para los analistas, ese es el reflejo de los despidos generados en el verano aunque consideran que puede ser también un resultado de la mayor morosidad de parte de los empleadores.
La tendencia actual y que algunos analistas prevén que seguirá así hasta fin de año, es la de una pérdida de puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, un congelamiento de los mismos luego de llegar a un piso.
Es decir que una de las fuentes de financiamiento de la ANSES se encuentra en descenso y con pocas posibilidades de cambiar en lo que reesta del año.
"Si hubiera un blanqueo de los más de 4 millones y medio de trabajadores no registrados, la ANSES dejaría de tener la perspectiva de los problemas financieros en el horizonte", explicó a Tiempo Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad y especialista en el tema.
"Hoy hay un desequilibrio y, obviamente, la actual estructura de ingresos y egresos no es razonable. Para solucionar el problema de fondo de la seguridad social hay que modificar la estructura impositiva", afirmó Semino.
El ombudsman apuntó que además de los despidos, atenta contra los ingresos de la ANSES el pago de sumas no remunerativas, masificadas durante los últimos seis años, y la persistencia del trabajo en negro. "El 47% de los ingresos de la ANSES para el pago de jubilaciones son impuestos. Entre lo que se pierde por las sumas no remunerativas y el trabajo en negro, queda claro que el sistema no puede funcionar así", indicó.
El proyecto de ley que el gobierno nacional remitirá mañana al Congreso para saldar la "deuda histórica" demandará un esfuerzo fiscal de hasta 75 mil millones de pesos al año, en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, y otros $ 47 mil millones para el pago de retroactivos.
Estas cifras son las que plantean dudas acerca de las verdaderas intenciones del gobierno respecto del blanqueo de capitales, que no otorga seguridad de proveer los fondos necesarios para costear los nuevos desembolsos. Ahí es donde toman fuerza las versiones sobre posibles ventas de activos incluidos dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como las acciones de las grandes empresas en poder del Estado. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, desmintió esta posibilidad.
Hay otra versión. Ayer, el presidente Macri volvió a hablar del tándem blanqueo-deuda jubilatoria, y anticipó que el gobierno apunta "a pensar en el futuro y debatir y estudiar un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo". En algunos círculos preocupa la idea de que el gobierno podría estar estudiando la ampliación de la edad jubilatoria.
Estos condimentos estarán presentes en el debate que desarrollará el Congreso para tratar el proyecto del gobierno. Marcos Peña, jefe de Gabinete, aseguró ayer que "en las primeras conversaciones se observa que hay un espíritu de acompañamiento muy amplio" y que en el oficialismo están "dispuestos a dialogar".
Para la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT, Buenos Aires) la propuesta del gobierno "es una trampa porque lo presenta, una vez más, con un beneficio a todos aquellos que evadieron, con un blanqueo. Porque los trabajadores y los jubilados no pueden evadir porque la gran masa de impuestos que entra al Estado lo hace por el IVA y el impuesto a las ganancias. Esto es un beneficio para los que tienen fondos no declarados en Bahamas o Panamá."
En tanto, el diputado Adrián Grana (Nuevo Encuentro, Buenos Aires) aseguró que "nadie puede estar en desacuerdo con saldar la deuda con los jubilados. Lo que me preocupa es de dónde sale el dinero para financiar este pago porque no respaldaré un desfinanciamiento del Estado". «

"LOS FONDOS A BLANQUEAR DEBEN SER LÍCITOS"

Macri: "Vamos a pensar en el futuro y a debatir y estudiar un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo."
Por Felipe Yapur

Luciano Laspina preside la comisión de Presupuesto y Hacienda que, desde el jueves, llevará adelante la discusión, y la segura modificación, del proyecto de ley ómnibus que anunció el presidente Mauricio Macri con la modificación de los haberes jubilatorios y, sobre todo, el polémico blanqueo de capitales. Entusiasmado, se arriesga a calificar la iniciativa de "revolucionaria", aunque admite que el ingreso al Parlamento del texto normativo abrirá un intenso debate.

–Antes del anuncio, dijo que este es un proyecto revolucionario, ¿por qué?
–Es un anuncio que no recuerdo haber escuchado o visto en la historia argentina. Es una reivindicación histórica, no se licua con el tiempo.
–¿Todos estos incrementos anunciados quedarán atados a la ley de movilidad jubilatoria?
–Absolutamente. Porque ajusta hacia atrás lo que no se había hecho antes en base a los fallos de la Corte y, de ahí en más, se actualiza dos veces al año como plantea la ley. Incluso le va a ganar a la inflación; es un aumento real que van a recibir millones de jubilados.
–¿Eso corre también para la pensión universal a la vejez de los que no hicieron todos los aportes?
–(Piensa) Efectivamente, también estará contemplada por la ley de movilidad y está destinado a todos aquellos que cuentan con la edad jubilatoria pero no tienen los aportes necesarios. Ahora estará establecido por ley con el equivalente al 80% de la jubilación mínima
–¿Por qué sólo el 80%?
–Porque no hizo todos los aportes y el que sí lo hizo tiene derecho a una jubilación plena. Lo bueno es que queda por ley una pensión a la vejez.
–Esto implica una gran erogación del Estado, ¿corre riesgo el financiamiento de la ANSES que ya perdió, por ejemplo, el 15% que aportaban las provincias?
–Será un esfuerzo muy grande. Estamos dispuesto a tomar esta decisión porque debemos cumplir con la ley pero también consideramos que el sistema previsional de reparto tiene que continuar y tiene que ser, obviamente, evaluado a lo largo del tiempo para garantizar su sustentabilidad. –Pero para eso se necesita, además, que se incorporen entre 3 y 4 millones de trabajadores. Algo que no está sucediendo.
–Mire, nosotros vamos a trabajar en la formalización de ese 30 o 40% de trabajadores informales. Ese es el gran desafío. Nuestro compromiso está con esos trabajadores es imprescindible que se formalicen.
–En el mientras tanto está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). ¿De ahí saldrá el dinero?
–En principio, según nuestros cálculos, saldrá de los activos líquidos del FGS. Son unos 700 mil millones de pesos. Después será reforzado con los ingresos que produzca el blanqueo anunciado. Y si todo eso no alcanza se deberá poner del Tesoro.
–¿Cuando dice utilidades del FGS incluye a las acciones de las empresas que controla el Estado luego de estatizar las AFJP?
–Me refiero a la rentabilidad que dan los activos del FGS, incluyendo los dividendos de las empresas. No estamos pensando como condición sine qua non deshacernos de esas acciones. Esa es una discusión que deberá dar el Congreso. Esto está pensado sólo para la rentabilidad líquida y operativa del FGS.
–Usted sabe que la oposición buscará modificar el proyecto, ¿hasta dónde están dispuestos a corregir el texto?
–Estamos obligados y comprometidos para abrir la discusión. Estamos dispuestos a discutir y, espero, a mejorar.
–¿El blanqueo planteado no implica beneficiar a los evasores, como dijo el PRO en su momento cuando lo realizó el gobierno anterior?
–Como innovación se le genera un premio a los cumplidores. A los evasores se le da una oportunidad para que se vuelva a invertir, pero antes deberán pagar algo relativamente caro en comparación con los otros blanqueos. Pero además hay premio a los cumplidores.
–Prat-Gay dijo que los funcionarios pueden adherirse al blanqueo. ¿No es poco ético?
–Si es dinero declarado no es ilegal. Habrá que ver si en la letra del proyecto se les permite blanquear a los funcionarios que quieran hacerlo. Lo que dice Prat-Gay es que los fondos a blanquear deben tener origen lícito. Si hubiera un funcionario con 10 millones de dólares y con 10 mil pesos de sueldo, salvo que tenga una industria o un negocio y lo pueda demostrar, podrá blanquear, pero al otro día tendrá una investigación judicial por corrupción e incluso es posible que no pueda blanquear.
–El presidente podrá repatriar los fondos en el extranjero...
–El presidente no está alcanzado porque la plata que tiene está declarada. Después se discutirá si la trae o no al país.«

Críticas de economistas

Los economistas de la oposición creen que la iniciativa oficial de favorecer el blanqueo de capitales para cumplir con los juicios de las jubilaciones es, en realidad, un artilugio del gobierno para compensar la demora de las inversiones por las que vela desde su asunción en diciembre pasado.
Así lo plantearon a Tiempo, Agustín D’Attellis, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el ex titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, quienes cuestionaron la "ética" y el carácter "injusto" del blanqueo y desacreditaron las razones que esgrimió el presidente, Mauricio Macri, el viernes, cuando anunció el proyecto de ley que esta semana ingresará al Congreso de la Nación.
D’Attellis condenó el "lado ético inaceptable" de la medida y denunció que la articulación con el pago de las jubilaciones es un argumento "para justificar el blanqueo pero no es la intención real" del oficialismo: "de fondo hay una concepción ideológica del Estado y la voluntad oculta es la venta de las acciones privadas de la ANSES".
Pignanelli planteó a su turno que el blanqueo de capitales "siempre es injusto para el que cumple" e interpretó el proyecto oficial como una estrategia de un gobierno que "está débil" por la falta de inversiones: Confiaron mucho en una lluvia de fondos que no está sucediendo. Ellos mismos reconocen que fueron ingenuos como les pasó con los formadores de precios" al consumidor, sumó.
Los especialistas advirtieron que el Ejecutivo reculó con el objetivo numérico de la repatriación. D’Attellis recordó que Macri planteó un horizonte de U$S 70 mil millones, "una locura que reconocieron porque hoy La Nación y Clarín salen hablando de 20 mil millones", comparó.
Según esa interpretación, en Balcarce 50 "bajaron las expectativas" pero el número sigue siendo "una barbaridad" porque en la Argentina hoy no están dadas las condiciones para que el blanqueo resulte atractivo.
Pignanelli consideró en sintonía que la expectativa oficial, aún cuando bajó a U$S 20 mil millones, "es un fracaso" y vaticinó que las filas del macrismo podrán considerarse "hechas" si logran la llegada de unos "U$S 10 mil millones".
"Antes que nada hay que recordar que los funcionarios del gobierno actual fueron muy críticos de los blanqueos kirchneristas", apuntó el economista cercano a Sergio Massa. Pignanelli insistió con el pesimismo de los proyectos de repatriación si bien reconoció que "es una obviedad que el capitalista está más cómodo con Mauricio Macri que con Cristina Kirchner".
El ex BCRA sumó un argumento de orden internacional cuando recordó que a partir de 2017 Argentina deberá participar fluidamente del intercambio de información financiera en el marco de un acuerdo suscripto con la Organización Mundial de Comercio. Ese acuerdo propició que Chile haya hecho un blanqueo de capitales y, según Pignanelli, es la única variable que podrá ayudar a la administración nacional a reunir los 10 mil millones de billetes verdes.

RUIDOS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

Por Nicolás Eisler

"Blanqueo y jubilaciones son dos cosas que van juntas, pero son distintas. A los jubilados hay que pagarles lo que les corresponde y por otro lado necesitamos sincerar el sistema fiscal argentino", explicaron a Tiempo desde la Coalición Cívica. El blanqueo de capitales es un tema espinoso para las huestes de Elisa Carrió que cuestionó públicamente el blanqueo de capitales y la posible inclusión de funcionarios públicos en ese beneficio. No obstante, el espacio que lidera la dirigente chaqueña acompañará el proyecto que el macrismo envíe al Congreso. El combo que llegará al Parlamento le facilitará las cosas a los "Lilitos", ya que incluye dos normas que tienen amplio consenso, como el pago a los jubilados y aumentos en la Asignación Universal por Hijo.
Además, según analizan, hay atenuantes para apoyar el blanqueo. "Hay una circunstancia especial: el 1 de enero de 2017 empezará a regir el sistema de intercambio automático de información financiera en 48 países. Frente a esa novedad, los países tienen que adaptarse a esas medidas porque si no dejarían a muchos ciudadanos en una situación complicada", comentaron desde la CC.
Desde el gobierno defendieron la medida, incluso la participación de los funcionarios, que podrán traer al país el dinero que tuvieran en el exterior. "Los funcionarios pueden participar, los ex funcionarios también. Hasta cinco años después de pasar por la función pública, tienen que presentar sus declaraciones juradas públicas", comentaron en el PRO. "El funcionario que decida blanquear guita negra, para que ese blanqueo sea exitoso, tiene que presentarlo en su declaración jurada", agregaron.
-¿Van a tener que explicar algo sobre el dinero que traigan a la Argentina?, preguntó este diario.
-No tendrán que explicar nada, como cualquier otra persona. Pero seguramente van a tener un reclamo social que los otros no van a tener, aclararon.
Desde la CC analizaron que el blanqueo deberá llegar acompañado de otras modificaciones impositivas, como reajustes de Bienes Personales, algo que forma parte del paquete que Mauricio Macri mandó al parlamento.
Carrió había puesto límites al aval que está dispuesta a darle a la iniciativa oficial, al menos en el plano del debate público. La legisladora dijo que sólo estaría de acuerdo con el mecanismo en caso de que "tenga penalidades, un destino específico y que no comprenda a funcionarios públicos y a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno ni a los testaferros".
En el kirchnerismo prefirieron recordar las críticas que llovieron desde los partidos que hoy integran el oficialismo. "Eso supone que los 18 millones de pesos que tiene en Bahamas los va a traer", disparó con ironía Héctor Recalde, jefe del bloque del FPV en Diputados. "Me parece trascendente y medio contradictorio que el Presidente diga que es bueno que traigan los dineros que se llevaron afuera porque eso ayuda al país", agregó. «


http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57436/anses-debe-sumar-5-millones-de-trabajadores-en-blanco-para-evitar-su-desfinanciamiento


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Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller


El viernes el presidente Mauricio Macri presentó un plan con dos objetivos forzadamente conectados: por un lado, los pagos de juicios a los jubilados y un recálculo de haberes para unos dos millones de jubilados; por otro lado, un blanqueo impositivo, tan criticado en años anteriores por muchos funcionarios actuales.

La información brindada es muy general, y habrá que esperar que se presente el proyecto para poder evaluar mejor los alcances del mismo. No obstante, la propuesta nos lleva a varias reflexiones.

Siempre es importante que se atiendan los reclamos sociales, en especial de los jubilados, así como la creación de una Pensión Universal para el Adulto Mayor. El pago de los juicios entablados por los jubilados y una actualización para aquellos que están en condiciones de iniciar nuevos juicios mejorará la situación económica de unos dos millones de jubilados (del total de unas 6,5 millones de prestaciones que se pagan). En ese aspecto es positivo, pero no podemos dejar de preguntarnos por su costo fiscal a largo plazo, y cómo encararlo. Macri sostuvo: “necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo”. ¿Qué es lo que quiso significar con esta frase? Con un Estado que debe ser el “canchero”, preparando el campo de juego para que compitan los actores privados, es decir, un Estado mínimo, que reniega del gasto público y no está de acuerdo con el elevado nivel de presión tributaria: ¿cómo se va a lograr un sistema previsional sustentable? Los gobiernos de países que son tomados como ejemplo por los referentes de Cambiemos, como en el caso de España, están reduciendo jubilaciones y pensiones e incrementando la edad mínima para jubilarse. Prácticamente toda Europa (ese mundo al que Cambiemos dice haberse integrado) está con las mismas recetas de ajuste del sistema previsional. Cuando Macri habla de sostenibilidad y equidad previsional, ¿estará pensando en abrir las puertas a un sistema de capitalización en un futuro cercano? No puede descartarse.

Queda claro que la única forma de que un sistema previsional sea sustentable es con una gran cantidad de trabajadores registrados y un nivel de crecimiento económico tal que genere altos ingresos fiscales (y un gobierno que desee esos altos niveles de presión tributaria). Una orientación distinta a la del actual gobierno.

También resulta interesante cómo se utiliza esta medida positiva hacia los jubilados para intentar edulcorar una normativa que no posee una visión positiva en el seno de la sociedad: el blanqueo de capitales. Medida que a lo sumo puede incidir sólo marginalmente en el financiamiento de los beneficios previsionales, pero que se la presenta como una de las dos patas que harían posible sostener esos beneficios. Funcionarios han estimado los costos de los pagos de los juicios en $ 250 mil millones, y un costo anual a partir de 2017 de unos $ 75 mil millones. El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) oscila en los $ 750 mil millones. Con el Estado “canchero” que decidieron administrar, podría pensarse que utilizarían los fondos del FGS, en especial deshaciéndose de la participación del Estado en las acciones de las grandes empresas, una opción ideal para rendir pleitesía al círculo rojo que no sólo apoya a Macri sino que comparte su gestión y darle una pátina de “progre”. ¿Para qué se necesitan entonces los fondos del blanqueo?

Otra reflexión posible es que luego de la liberación del mal llamado “cepo”, en el primer trimestre de este año la “fuga” de capitales privados ascendió a U$S 6 mil millones, mucho más de los U$S 2.300 millones que salieron en el primer trimestre de 2015, cuando había regulación de las operaciones cambiarias. Ante este panorama de salida de capitales, atenuada en alguna medida por ingreso de capitales especulativos de corto plazo: ¿cuántos estarán dispuestos a volver definitivamente? Todo un dilema.

Respecto al blanqueo de 2013, Alfonso Prat-Gay comentó: “Esto demuestra que están desesperados y que al único que le pueden pedir prestado es al evasor.” (La Nación 15.05.13). En la misma nota, Gabriela Michetti sentenció: “El país necesita de normalidad, es necesario que las normas sean claras y se cumplan y esto avasalla todas las leyes. Necesitamos que el Gobierno reflexione estas barbaridades que está haciendo”. Para Carlos Melconian se trataba de una medida económica que “premia a los que nunca declararon sus ingresos” (Perfil, 08.05.13). En la misma publicación, Federico Sturzenegger expresó: “en medio del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar con una medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño”.

Quien también cambió radicalmente de opinión es el propio presidente Macri. Respecto al blanqueo de 2013, comentó: “es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley” y “algo violento para aquellos que cumplen”. (LN 15.05.13). El viernes pasado, expresó: “hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos” (Ámbito 27.05.16). También se refirió a las políticas de la OCDE, ONU y el Banco Mundial, que casualmente son organismos que sostienen que los fondos depositados en el exterior provienen en su gran mayoría de actividades ilícitas.

Habiendo “blanqueado” fondos en el exterior vía declaración jurada, dos días antes de anunciar el verdadero blanqueo y suponiendo que los actuales funcionarios, incluido el presidente, confían ahora en el Estado, ¿traerán los fondos que acaban de declarar que tienen depositados en Bahamas y otros lugares del exterior? ¿Escucharemos alguna vez la noticia de que Macri repatrió esos fondos y los invirtió en pesos en el sistema financiero argentino? Lo dudo.

Los costos los pagan los usuarios

En sintonía con la política contractiva que viene desarrollando el Banco Central, este decidió incrementar los encajes bancarios en junio y julio. Teniendo en cuenta que los encajes actuales se ubican en 11% sobre los depósitos en pesos, la medida significa llevarlos al 15%, es decir, aumentar un 36% los montos de los encajes. El comunicado del BCRA indica que se busca “que el esfuerzo de esta contracción sea compartido por todos los actores del sector financiero y no únicamente por la autoridad monetaria”.

Efectivamente, con estas medidas el BCRA, en vez de absorber pesos a través de las caras lebacs que son de colocación voluntaria (está pagando actualmente el 35,25% anual por las letras a 35 días y llegó a pagar durante dos meses el 38%), absorberá a través de los bancos en forma compulsiva y sin costo para la autoridad monetaria.

El aumento de encajes incrementa los costos de captación de los bancos, dado que deben tener una mayor proporción “encajada” en el BCRA sin rendimiento alguno. Pero, como lo han hecho habitualmente, no modificarán su ecuación de rentabilidad, por lo que el costo lo trasladarán a los tomadores de préstamos, tanto empresas como personas, vía mayores tasas, enfriándose por esta vía aún más a toda la economía.

Si efectivamente el BCRA deseara que el costo fuera compartido por todos los actores del sistema, debería echar mano a las herramientas que le otorga la carta orgánica vigente, regulando las tasas que cobran los bancos por préstamos a sus usuarios como se hizo el pasado año. Pero difícilmente las actuales autoridades intenten afectar la rentabilidad bancaria.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 29/05/2016


http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57395/para-justificar-el-blanqueo


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¿LOS FUGADORES VAN A SALVAR A LOS JUBILADOS QUE ANTES ESTAFARON?
Columna de opinión de Roberto Caballero
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SÁBADO, 28 DE MAYO DE 2016 POR ROBERTO CABALLERO
El presidente admite en su declaración jurada que tiene plata en un paraíso fiscal y un día después lanza una “amnistía fiscal” para los fugadores seriales de divisas como él y su familia. El anuncio, a su vez, lo enmarca en otro gran anuncio de alto impacto: el pago a jubilados con juicios contra el Estado por mala liquidación de haberes, en este caso con un impuesto que se les cobrará a los que repatríen sus capitales y, si hace falta, también con dinero disponible en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Es decir, habría una solución legal para los que desfinanciaron al fisco, produciendo el bache que perjudicó a los jubilados en los ‘90 y, en simultáneo, una supuesta reparación en cash para las víctimas, que será solventada por las arcas del Estado robustecidas por la supuesta recuperación de divisas. Visto así, en apariencia, cierra perfecto: los que tenían algo por cobrar lo van a cobrar –merecidamente- y la plata estará disponible, en teoría, porque sus anteriores victimarios la van a traer del exterior o van a introducirla al sistema financiero que antes evadían.

Estamos en presencia de un gran gesto confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando del Estado, ahora prometen subsanar el desaguisado por ellos mismos generado.
Después de seis meses de gobierno, Mauricio Macri pareciera ofrecer una solución práctica a un problema que aqueja en forma crónica al sector de jubilados y pensionados que debían cobrar más de la mínima y cuyas cajas fueron saqueadas por los funcionarios de la década neoliberal anterior y el sistema previsional que crearon con el Frankenstein de las AFJP mediante.

Pasaron diez o doce años. Hay juicios a montones. Con este proyecto, buena parte de los agredidos estarían en condiciones de resolver su pleito y cobrar lo que se les adeudaba. Ni el Panamá Papers, ni las mentiras del presidente en torno a sus empresas y cuentas off shore, todo quedaría mediáticamente en suspenso porque aparece algo finalmente de la plata robaba y la noticia oculta todo.

Todavía no se sabe si este plan será ejecutable, pero estamos en presencia de un gran gesto confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando del Estado que vapulearon con políticas de rapiña, ahora prometen subsanar el desaguisado por ellos mismos generado, si se les generan las condiciones para que no haya reclamo que los hagan desistir de su imprevista solidaridad.

La pregunta, detrás del anuncio que fue recibido con aplausos por los opinadores que ya conocemos y con alegría legítima por los litigantes, es si verdaderamente la plata la van a poner ellos, los fugadores, en un mea culpa de dimensiones históricas, o la seguirán poniendo los que siempre la ponen, aunque por otros canales. Independientemente del justo entusiasmo que envuelve a los beneficiarios, en su mayoría gente de edad que ha reclamado por lo propio mientras veían como les pasaba la vida, injusticia que no está en discusión, el universo en el que impacta la medida, estimable en casi dos millones de personas, aunque abultado, es minoritario en términos relativos si se piensa en la totalidad de los incluidos en el sistema previsional general.

No se tocan los haberes mínimos, sino aquellos que están entre los medios y los altos ingresos de la pirámide, que aunque son muchos, son los menos. El proyecto del oficialismo pretende cerrar así, con un anuncio explosivo, un capítulo del desfalco, pero no aclara ni dice de qué manera se resolverá en el futuro el pago de jubilaciones y pensiones si los presuntos repatriadores no lo hacen en volumen suficiente de dinero; o si el dinero que retorne, en vez de generar inversiones en producción, trabajo y nueva recaudación va a parar a la timba financiera eximida de tributos.

En el horizonte, lo que aparece, en verdad, es una amenaza solapada al FGS, integrado por las acciones de las empresas que el Estado tiene en su poder tras la estatización de las AFJP. La tentación oficial sería hacer líquido ese fondo, es decir, vender esas acciones y con eso liquidar, entre otras cosas, hay que decirlo, la deuda derivada por los juicios pendientes. Son 750 mil millones de pesos, siempre aproximadamente, contra 250 mil millones, que serían los pasivos judiciales a saldar.

Esa plata, hasta ahora, servía como reaseguro de las demandas generales del sistema, que se financia con aportes de activos pero también, y sobre todo, con dos impuestos, el IVA y Ganancias, que dependen del nivel de recaudación, que a su vez depende del funcionamiento positivo de las variables económicas.

El FGS sostenía la posibilidad de hacer frente a los aumentos semestrales del sistema de todos los beneficiarios, desconectándolo de los ciclos con altibajos de la economía. Es más, ese dinero fue, hasta la llegada del macrismo a la administración estatal, a fondear planes anticíclicos (el Pocrear, el Progresar, Procreauto, la AUH, el Ahora 12) que sostuvieron el nivel actividad, la tasa de empleo y la recaudación necesarios para pagar los haberes de la totalidad de los pasivos, los de más bajos ingresos y también los de mayores ingresos, garantizando previsibilidad y cobertura general: hoy, en la Argentina, el 97 por ciento de personas en condiciones de jubilarse recibe algún haber después de una vida de trabajo.

No estaba destinado, nunca lo estuvo, a pagar los juicios en su totalidad. Porque en la teoría y la práctica del gobierno anterior, que recompuso el sistema previsional hasta hacerlo sustentable, primaba la idea de la solidaridad intergeneracional y la intervención estatal para mantener la gallina de los huevos de oro, que no es ningún encaje bancario o la financiarización, sino altos niveles de producción, consumo y empleo.

Esta idea se la puede discutir largamente, porque en ella subyace algún grado de injusticia para con algunos, pero fue una idea que trajo beneficios al conjunto e hizo viable el sistema. La del macrismo, según su anuncio, es otra. Que viene a resolver los problemas de una parte (¿por qué habría desconocerse que alguien que tiene mal liquidado su salario, que fue saqueado en sus aportes, no tiene derecho a exigir una resolución favorable? En todo caso, el modo, si es virtuoso o no lo es, es lo que está en cuestión) y a generar imprevisión y hasta intemperie en el resto, aunque esto no lo diga nadie.

La sensación, en principio, es que el macrismo utiliza un reclamo justo como tapadera para disimular un mecanismo de blanqueo de dinero, que siempre tiende a generar rechazo entre los pagadores de impuestos en tiempo y forma. El uso de la resolución de los pleitos judiciales como escudo ante las críticas por el beneficio a los evasores es casi una obviedad, aunque no haya sido el enfoque de las coberturas periodísticas mayoritarias en la radio y la TV. La promesa de eliminación en tres años del único impuesto a la riqueza vigente, el de Bienes Personales, lo más parecido a un tributo de nación desarrollada, va en un único sentido: garantizarle al fugador arrepentido que el dinero que traiga al circuito legal no será importunado por la AFIP, porque el marco tributario será rediseñado de tal forma como para que sea lo suficientemente laxo a las pretensiones históricas del sector que fuga las divisas bajo mil excusas, y que el presidente tan bien representa.

Saldada la deuda con el sector litigante de los jubilados, lo que habría que plantearse es qué ocurre con el resto, que depende de la recaudación en una economía que tiende a reprimarizarse, a estancarse y a recaudar cada vez menos impuestos. Del mismo modo que habría que indagar sobre cuál sería el beneficio de los empoderados circunstancialmente con la actualización de sus haberes, en un contexto de devaluación y alza de tarifas que recortan sus capacidades reales de consumo y ahorro, en un país que vuelve a trazar una línea entre incluidos y excluidos a niveles noventistas.

Sin ánimo de ignorar que toda buena noticia merece ser festejada por los alcanzados en sus beneficios, lo que se tiende a avizorar, si se analizan las medidas del macrismo como un todo, es que hay en mente una nueva política previsional donde retornarían con fuerza las ideas que procuran derechos a los que individualmente puedan proveérselos y se margina a los que no. En teoría, claro. El sistema de AFJP comenzó así, supuestamente empoderando a los que individualmente podían pagarse una jubilación mejor y dejando al resto a la deriva.

Lo que pocos recuerdan es que todo terminó siendo una estafa, el gran negocio de un pequeño grupo de empresas y bancos, y que el único que estuvo ahí cuando quebraron y se quedaron con la plata de los abnegados aportantes al paraíso jubilatorio que prometían, el único que estuvo ahí para garantizarles un ingreso fue el Estado, financiado, entre otros, por los impuestos que también pagaban los excluidos con el 21% de IVA, mientras los fugadores seriales llevaban su plata a Bahamas. Esa que dicen, ahora, que van a retornar, para devolverles a los jubilados una parte de lo que les robaron. «
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57424/los-fugadores-van-a-salvar-a-los-jubilados-que-antes-estafaronr

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SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Ley 26.425

Régimen Previsional Público. Unificación.

Sancionada: Noviembre 20 de 2008.

Promulgada: Diciembre 4 de 2008.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

TITULO I

Sistema Integrado Previsional Argentino

CAPITULO I

Unificación

ARTICULO 1º — Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley.

ARTICULO 2º — El Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPITULO II

Afiliados y beneficiarios

ARTICULO 3º — Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al régimen previsional público.

ARTICULO 4º — Las beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la presente, sean liquidados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serán pagados por el régimen previsional público. El importe de las prestaciones de los actuales beneficiarios de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del régimen de capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 1° de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008. Estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

ARTICULO 5º — Los beneficios del régimen de capitalización previstos en la Ley 24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.

ARTICULO 6º — Los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de "imposiciones voluntarias" y/o "depósitos convenidos" y que aún no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la Administración Nacional de la Seguridad Social para mejorar su haber previsional conforme lo determine la reglamentación o a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad.

El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas pertinentes a esos fines.

TITULO II

De los recursos del sistema

ARTICULO 7º — Transfiéranse en especie a la Administración Nacional de la Seguridad Social los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley 24.241 y sus modificatorias, con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo 6º de la presente ley. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto creado por el decreto 897/07.

ARTICULO 8º — La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

En los términos del artículo 15 de la Ley 26.222 el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social.

En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo 74 de la Ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.

Queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior.

ARTICULO 9º — La Administración Nacional de la Seguridad Social no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema.

ARTICULO 10. — La totalidad de los aportes correspondientes a los trabajadores autónomos financiará las prestaciones del régimen previsional público, modificándose, en tal sentido, el artículo 18, inciso c), de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

TITULO III

De la supervisión de los recursos

ARTICULO 11. — La Administración Nacional de la Seguridad Social, entidad actuante en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gozará de autonomía financiera y económica, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

Dicha comisión estará integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.

Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.

ARTICULO 12. — Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema y estará integrado por:

a) Un representante de la ANSES;

b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;

c) Dos integrantes del Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSES;

d) Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas;

e) Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas;

f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;

g) Dos representantes del Congreso de la Nación, uno por cada Cámara.

Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las entidades y organismos respectivos.

TITULO IV

Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

ARTICULO 13. — En ningún, caso las compensaciones que pudieran corresponder a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el Estado nacional, de corresponder, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a emitirse por la República Argentina, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos para evitar afectaciones a la cotización de los mismos, permitiendo, asimismo, que la Administración Nacional de la Seguridad Social tenga derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos.

ARTICULO 14. — A través de las áreas competentes, en los supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo dispuesto por la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, se realizarán todos los actos necesarios para garantizar el empleo de los dependientes no jerárquicos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que opten por incorporarse al Estado nacional en cualquiera de sus dependencias que éste fije a tal fin, con reconocimiento de la antigüedad a los efectos del goce de las licencias legales o convencionales.

La incorporación al Estado se efectuará en los términos del artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo.

ARTICULO 15. — El personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias será transferido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la proporción y oportunidad que sea necesario para su funcionamiento, conforme lo determine el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A los efectos relativos a la antigüedad en el empleo del personal que sea transferido, se considerará como tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación con el organismo cedente. Asimismo, deberán transferirse los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las comisiones médicas.

Los gastos que demanden las comisiones médicas y la Comisión Médica Central serán financiados por la Administración Nacional de la Seguridad Social y las aseguradoras de riesgos del trabajo, en la forma y proporciones establecidas en la reglamentación.

TITULO V

Régimen general

ARTICULO 16. — Los afiliados del Sistema Integrado Previsional Argentino tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 17 de la Ley 24.241.

El haber mensual de esta prestación se determinará computando el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) por cada año de servicios con aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino en igual forma y metodología que la establecida para la prestación compensatoria.

Para acceder a esta prestación los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 23 de la citada ley.

A los efectos de aspectos tales como movilidad, prestación anual complementaria y otros inherentes a la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen para la prestación

compensatoria.

ARTICULO 17. — Deróganse el inciso e) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y el artículo 113 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

ARTICULO 18. — La Administración Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y derechos que la Ley 24.241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.

TITULO VI

Disposiciones transitorias

ARTICULO 19. — La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá adoptar las medidas necesarias para hacer operativa la presente ley en lo relativo a la recepción de los aportes y el pago de los beneficios por jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento en el plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 20. — La presente ley es de orden público, quedando derogada toda disposición legal que se le oponga.

ARTICULO 21. — La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA, SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.425 —

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

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