Lo que circula por los medios

26 de abril de 2016

Ahora piden la flexibilizan laboral



la hora exige modernizar la legislación laboral
Debiera tenerse en cuenta que la puerta que se busca cerrar para evitar despidos es la misma por la que dejarían de ingresar nuevos empleados

MARTES 26 DE ABRIL DE 2016


Desde esta columna editorial, el 14 del actual señalamos la inconveniencia de dar curso a proyectos de ley que propiciaban tanto la prohibición del despido como la doble indemnización en el marco de una emergencia ocupacional. Las comisiones parlamentarias que los trataron en la Cámara de Diputados y en el Senado aprobaron tales iniciativas para su discusión en el recinto. Sólo los miembros del oficialismo votaron negativamente, sin alcanzar a impedir la continuación del trámite. El presidente Mauricio Macri ha hecho saber que ejercería su poder de veto si una ley con ese propósito fuera sancionada. Algunas entidades empresariales y también otras profesionales, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, han emitido declaraciones para llamar la atención sobre los efectos negativos que una prohibición de despidos provocaría en la inversión y en la creación de empleos. Y, en las últimas horas, el Frente Renovador, de Sergio Massa, abogó por un proyecto superador que no contemple prohibiciones e incluya incentivos fiscales para las Pyme.

La cuestión laboral merece una revisión más amplia que la referida al despido. La legislación de las últimas siete décadas se ha movido en el sentido de un deterioro de la productividad del trabajo y un aumento del costo laboral. En consonancia con los intereses del gremialismo, se ha tendido a proteger a quienes ya están trabajando formalmente, pero creando mayor riesgo empresario y, por lo tanto, haciendo más dificultoso encontrar trabajo a quienes están desocupados. La flexibilización laboral y la tercerización, que crean modalidades atractivas para generar nuevo empleo, son demonizadas en los ambientes sindicales y políticos. Se descalifican esas formas como "contratos basura" o como mecanismos de esclavización, y ya ha habido cambios legislativos para impedirlos.


La centralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo entre un sindicato único por actividad y la representación sectorial empresaria tiene el sello de la Carta del Lavoro de Mussolini, de 1927. Responde a la concepción corporativa que eligió Juan Domingo Perón en su primer gobierno. Esa centralización de las negociaciones se ha mantenido en la Argentina desde entonces.

Dentro de esa concepción corporativa, la central obrera única, la CGT, fue incorporada en su momento a la propia estructura del Partido Peronista. La aparición posterior de otras centrales respondió a opciones ideológicas o políticas de gremios ya existentes. Lo que muy rara vez se permitió fue la descentralización de las negociaciones laborales para llevarlas a nivel de empresa, o al menos privilegiar los acuerdos a ese nivel por sobre los alcanzados en paritarias entre las cúpulas gremiales y empresarias.


El poder de los sindicatos se reforzó con el dominio de las obras sociales. Esta concesión no fue del peronismo, sino del gobierno encabezado por el general Juan Carlos Onganía, mediante la ley 18.610, elaborada en los finales de su gestión de facto, en 1970. Los intentos de permitir la libre elección del seguro de salud entre obras sociales de gremios distintos al del propio trabajador tuvieron un progreso limitado a partir de la presidencia de Carlos Menem. Las dificultades financieras de muchas de estas organizaciones, como consecuencia de malos manejos y corrupción, fueron recurrentemente resueltas con el auxilio de fondos públicos. Puede decirse que la fortaleza política de las dirigencias sindicales permanece incólume con pocas excepciones. También permanecen inalterados sus postulados en materia de política laboral, apartados de lo reclamado por una economía moderna y en desarrollo. Se entiende así la perduración del manejo centralizado de las paritarias, que es una prenda de sostenimiento del poder sindical.

Esta nueva etapa política argentina exigirá competitividad, atracción de inversiones y creación de empleos en el sector privado. No será con la prohibición de los despidos ni con la duplicación de las indemnizaciones como eso se logrará. Tampoco ayudarán las modificaciones de la legislación del trabajo logradas por el incansable diputado Héctor Recalde, que más allá de sus expresados propósitos han encarecido el costo y el riesgo laborales. Muchas inversiones y miles de puestos de trabajo han quedado en los papeles por esos y otros desalientos ocurridos en los últimos años.

sagrada flia
En las paritarias sectoriales prevalecen los factores macroeconómicos y políticos. Los incrementos salariales toman como referencia la inflación ocurrida y contemplan factores y reclamos de carácter general que no necesariamente son aplicables a cada una de las empresas del sector. Algunas podrán afrontar lo acordado; a otras, no les resultará posible. El sistema centralizado de paritarias retransmite y apalanca la inflación.

En las negociaciones descentralizadas a nivel de empresa los empleados conocen los límites, al igual que los empleadores. La capacidad negociadora de los trabajadores se preserva mediante el derecho de huelga. Las condiciones de trabajo que están ligadas al equipamiento y a la productividad serán determinantes de cada arreglo. La conflictividad laboral se reduce al haber convergencia de intereses en estos objetivos esenciales. Puede, además, incorporarse un mecanismo de arbitraje como el adoptado en Chile, en el cual el árbitro no puede proponer posiciones intermedias. La consecuencia es que muy rara vez se recurre al arbitraje, ya que ninguna de las partes quiere arriesgar la totalidad de la diferencia.

Las cargas e impuestos sobre el trabajo formal deberían reducirse para disminuir el peso del empleo informal en nuestro país. La flexibilización laboral y la no prohibición del despido ni su encarecimiento deberían complementarse con un seguro de desempleo ágil y razonablemente remunerado. Estos postulados hoy están en las antípodas de las propuestas de las representaciones gremiales y de gran parte del espectro político. Sencillamente, porque sancionar los proyectos aprobados la semana última en las comisiones legislativas cerraría la puerta para el despido de trabajadores, pero también para el ingreso de nuevos trabajadores.

El difícil proceso de corrección de la desastrosa situación heredada reclama cambios de fondo. Las dirigencias política, sindical y empresaria deben aceptarlos superando sus propios intereses en beneficio del país, que no puede darse la alternativa de un nuevo fracaso.
http://www.lanacion.com.ar/1892772-la-hora-exige-modernizar-la-legislacion-laboral

25 de abril de 2016

Lavagna: "Todavia queda un 3 por ciento no resuelto" de la deuda



Lavagna criticó el "festejo bastante tonto" del Gobierno. "Cuidado con el endeudamiento"



Roberto Lavagna criticó el "festejo bastante tonto" del Gobierno por la salida del default
El ex ministro de Economía advirtió: "Cuidado con el endeudamiento"
SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016 • 12:43

Roberto Lavagna. Foto: Archivo
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El ex ministro de Economía Roberto Lavagna criticó hoy el "festejo bastante tonto" de los funcionarios nacionales por el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda abiertos en 2005 y 2010, y advirtió: "Cuidado con el endeudamiento".


"Las primeras dos reestructuraciones implicaron reducir la deuda, ésta última ha implicado aumentar la deuda", consideró Lavagna, y agregó que la negociación que llevó adelante el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, derivó en "un cierre todavía no del todo, quedan todavía posibles litigantes".

En este sentido, cuestionó el "festejo bastante tonto" de los funcionarios nacionales "por haber salido del default, porque salir pagando lo que se pagó...", reflexionó el economista, en relación al monto cercano a los 10.500 millones de dólares que efectivizó el Estado a los holdouts.


Según Lavagna, "ese cierre tan oneroso crea el riesgo de volver a entrar en la etapa del endeudamiento", porque -puntualizó en diálogo con radio Mitre- "lo que aplauden los mercados financieros son sus negocios".

Agencia DyN
http://www.lanacion.com.ar/1892187-roberto-lavagna-critico-el-festejo-bastante-tonto-del-gobierno-por-la-salida-del-default

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Lavagna: "Todavia queda un 3 por ciento no resuelto" de la deuda

“Fútbol y evasión fiscal, los dos deportes nacionales en Argentina”



Jueves, 7 de abril de 2016 | Hoy

ECONOMIA › REPERCUSIONES EN LA PRENSA INTERNACIONAL POR MACRI EN LOS PANAMA PAPERS
En la boca de todo el mundo
La aparición del presidente argentino en dos empresas offshore en Panamá llegó a la primera plana de The New York Times. Lo consideró uno de los acusados más comprometidos. La cadena de noticias CBS tituló “Anillo de corrupción” y eligió el rostro de Macri para ilustrar.



El diario The New York Times consideró que el caso del presidente argentino Mauricio Macri representa una de las “acusaciones más graves” reveladas por la investigación denominada Panama Papers. El artículo del diario estadounidense resaltó que tanto el mandatario argentino como otros altos líderes políticos usaron los paraísos fiscales para “proteger su vasta riqueza”. El eco argentino del megaescándalo internacional también fue cubierto por otros medios de diferentes países.

En una nota firmada por Liam Snack el diario estadounidense respondió al interrogante sobre cuáles son las acusaciones más graves hechas por los artículos, y destacó que casi 215 mil empresas ficticias y 14.153 clientes estaban atados a Mossack Fonseca, se unieron 143 políticos, sus familiares y estrechos colaboradores, incluyendo 12 líderes políticos de alto rango, a la utilización de paraísos fiscales para proteger su dinero. “Entre los nombrados se encontraron el presidente de Argentina Mauricio Macri, el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el premier de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, el primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif, el rey Salman de Arabia Saudita, el antiguo emir de Qatar Hamad bin Khalifa al Thani, y su ex primer ministro Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, además de la estrella de fútbol argentino Lionel Messi”.

También la cadena CBS colocó a Mauricio Macri en el podio de las acusaciones, al poner su foto junto a la de Poroshenko y a la del rey de Arabia Saudita, bajo el título: “Anillo de corrupción”.

Por otro lado, el portal francés Liberation también focalizó en la responsabilidad del presidente argentino en una nota titulada “Fútbol y evasión fiscal, los dos deportes nacionales en Argentina”, en la que asegura que los argentinos no “han podido reaccionar” ante el hecho de que “su flamante presidente, quien se proclama portavoz de la lucha anticorrupción” haya aparecido en los Panama Papers.

Por su parte, con una manifestación de millonarios con pancartas que dicen “Je Suis Panamá”, la revista satírica Charlie Hebdo se burló del escándalo mundial tras la revelación de miles de documentos confidenciales que difundió el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Ya en el plano de la ironía, la casa de apuestas Paddy Power propuso anticiparse a la decisión de los políticos involucrados en el escándalo y apostar para ver quién renuncia primero. Y el favorito resultó ser el presidente Mauricio Macri, que paga 8 a 1. Lo siguen el primer ministro de Paquistán Nawaz Sharif (10 a 1), y el presidente de Ucrania Petro Poroshenko (12 a 19. El cuarto es el primer ministro del Reino Unido David Cameron, que al igual que Macri utilizó a su padre para argumentar su inocencia. Los siguen los presidentes de Francia Fraçois Hollande, de Rusia Vladimir Putin (aunque quien figura en los Panamá Papers es un colaborador suyo), y de China, Xi Jinping, con 33 a 1.

En Estados Unidos The New York Times y en Francia Liberation apuntaron contra el presidente argentino.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-296400-2016-04-07.html

24 de abril de 2016

Capitalismo y subjetividad



Sábado, 23 de abril de 2016 | Hoy

INDICE EL PAIS ECONOMIA SOCIEDAD LA VENTANA EL MUNDO ESPECTACULOS DEPORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA


EL PAIS › OPINION
Capitalismo y subjetividad






Por Jorge Alemán *
Cualquiera que sea la posible caracterización del capitalismo, en su mutación neoliberal, hay un hecho que se impone: el carácter ilimitado del mismo. El capitalismo se comporta como una fuerza acéfala, que se expande ilimitadamente hasta el último confín de la vida. Esta es precisamente la novedad del neoliberalismo, la capacidad de producir subjetividades que se configuran según un paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia. Es la “violencia sistémica” del régimen de dominación neoliberal: no necesitar de una forma de opresión exterior, salvo en momentos cruciales de crisis orgánicas y en cambio lograr que los propios sujetos se vean capturados por una serie de mandatos e imperativos donde los sujetos se ven confrontados en su propia vida, en el propio modo de ser, a las exigencias de lo “ilimitado”.

Desde muy temprano las vidas deben pasar por la prueba de si van a ser o no aceptadas, si van a tener lugar o no, en el nuevo orden simbólico del mercado. El mercado funciona cómo un dispositivo que se nutre de una permanente presión que impacta sobre las vidas marcándolas con el deber de construir una vida feliz y realizada, la creciente expansión del fenómeno de la autoayuda da testimonio de ello, construcción imposible ya que lo “ilimitado” de las exigencias del capital están hechas para impedir la realización plena que se demanda. Es una explotación sistemática del “sentimiento de culpabilidad” que formalizó Freud en “El Malestar en la Cultura”.

De este modo, las epidemias de depresión, el consumo adictivo de fármacos, el hedonismo depresivo de los adolescentes, las patologías de responsabilidad desmedida, el sentimiento irremediable de “estar en falta” el “no dar la talla”, la asunción como “problema personal” de aquello que es un hecho estructural del sistema de dominación, no son más que las señales de que el capitalismo contemporáneo nace tal como lo confirma la cultura norteamericana con la primacía del yo y los distintos relatos de autorrealización formulados para sostenerla.

Las exigencias de lo ilimitado del Capital no van sin la propagación de la autoayuda, la inflación de la autoestima cuyo reverso obsceno esconde la peor condena de la propia existencia. Hasta el extremo de provocar en los sujetos un sentimiento de culpabilidad por el hecho de la propia finitud. La dominación de lo ilimitado necesita colaboradores culpables y deudores de algo imposible de satisfacer.

Ya no se trata de la clásica alienación, esa parte extrañada de uno mismo, ahora el neoliberalismo se propone fabricar un “hombre nuevo”, sin legados simbólicos, sin historias por descifrar, sin interrogantes por lo singular e incurable que habita en cada uno. Todo esta dimensión de la experiencia humana debe ser abolida al servicio de un rendimiento, que esta por encima de las posibilidades simbólicas con las que los hombres y mujeres ingresan al lazo social. En este aspecto hay que recordar que la experiencia del amor, de lo político, de la invención poética y científica, exigen siempre de la referencia al límite. Lo que hace pensar que el carácter ilimitado de la voluntad del capital por perpetuarse, expandirse y diseminarse por doquier, introduce una inevitable pobreza de la experiencia. Que significa pensar, hacer política, desear transformar lo real, operaciones siempre limitadas cuando se enfrenta al poder ilimitado del capital. Esta condición ilimitada, y por tanto sin salida, no es el viejo panóptico ni el Leviatán, es una mezcla de Matrix con Alien, una voluntad que “se quiere a si misma” en una reproducción ilimitada que se presenta cómo un fin de la historia catastrófico.

Cabe preguntarse qué tipo de santidad laica debe abrirse ante nosotros, para salir del circuito culpabilizante de la “salud mental” neoliberal y no ceder a los designios del “consumidor consumido” con las que se regodea el tiempo histórico que nos toca vivir. Aunque sea metafóricamente, intentamos hablar aquí de un nuevo tipo de militancia.

* Psicoanalista y escritor.

Hipotecando el futuro



Domingo, 24 de abril de 2016


ECONOMIA › DUDAS EN EL ESTABLISHMENT POR LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA. EL GOBIERNO SE ABRAZA AL SALVAVIDAS DE CAPITALES ESPECULATIVOS
La gran apuesta
El Gobierno espera que la inversión privada se convierta en el motor del crecimiento. El ajuste deprime el mercado interno y el contexto internacional es desfavorable. La opción oficial es que el pago a los buitres convoque a capitales especulativos.



Por Alfredo Zaiat
Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del gobierno de Mauricio Macri. La definición de “funcionar” la refieren a ubicar a la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es que extrañan lo que despectivamente mencionan como “populismo”. Conseguido el objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al repudiado “intervencionismo estatal” en la dinámica de la actividad privada, empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan “sinceramiento” que recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica, es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.

La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central, cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo financiero y disminuido el acceso a préstamos.

Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el Banco Central restringió.

La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la pronunciada recesión brasileña.

Inversión

Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su desarrollo. Con una estrategia económica “populista” crecía su actividad pero no tenían “libertad”; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la “herencia recibida” es de corto trayecto político y sólo podrán seguir manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión Limitada).

Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad de compra del salario.

Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son muy alentadores en ese sentido.

El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29 por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en el salario real en apenas cuatro meses.

Tarifazo

El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe “la necesidad de que el gobierno vaya mostrando ‘senderos’ que permitan a los empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión”. En áreas del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario (Sturzenegger). Esa falta de coordinación –”senderos” para Rocca– en la gestión de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda vuelta.

La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas. Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y naftas) no pueden calificarse de “graduales” (estima que en forma directa suma 8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500 millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible, que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas (por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las tarifas eléctricas.

Deuda y atraso cambiario

En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía. No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia. Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización. ¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.

Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido, no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal –una parte se atenderá con adelantos del BCRA– será entonces con emisión de deuda en pesos y en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y externa.

El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país –la tasa de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda–. Si bien en otro contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.

Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares, información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran parte de las ganancias la fugan.

El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de sectores gremiales.

azaiat@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297739-2016-04-24.html



omingo, 24 de abril de 2016

ECONOMIA › OPINIONES SOBRE EL PAGO A LOS FONDOS BUITRE Y SUS CONSECUENCIAS
“Van a hipotecar el país”
Horacio Rovelli señaló que Argentina volverá a quedar sujeta a las condiciones que imponen el FMI y el capital internacional. Alejandro Otero advirtió que es “una buena nueva para bancos globales y fondos buitre”, pero no para los sectores populares.


“Igual que pasó en la década de los 70 con los petrodólares, existe en el mundo desarrollado un fuerte excedente de liquidez que no condice con una economía en estado vegetativo; eso explica por sí solo por qué fue importante la oferta de divisas en la licitación de bonos que realizara en los mercados de Estados Unidos y en Londres el gobierno de (Mauricio) Macri, máxime cuando las tasas de corte superan en 12 veces las de la Reserva Federal (Estados Unidos) y en 8 la tasa Libor (Londres)”, explicó el economista Horacio Rovelli, de EPA (Economía Política para la Argentina), los resultados de la colocación de deuda del 18 y 19 de abril, que el gobierno nacional presentó como un éxito y una demostración de “confianza” en el país. “Igual que (José Alfredo) Martínez de Hoz, van a utilizar la deuda para hipotecar al país, sujetarlo al monitoreo del FMI y el capital internacional”, apuntó, en referencia a las consecuencias económicas y políticas de esta operación, comparada con la ejecutada entre 1976 y 1980 por el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

Para las autoridades del gobierno, tanto desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en palabras del Presidente, esta cancelación con los fondos buitre significa cerrar una etapa nefasta y abre una perspectiva económica muy auspiciosa, y así lo celebró. Rovelli, sin embargo, advirtió que “Argentina dejará abierta la posibilidad a los otros fondos que aún no han pactado, para que puedan ingresar a futuro a la propuesta de pago realizada, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense o donde se dirima, en relación al universo del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podrían seguir litigando. Ello sin contar el riesgo cierto de los fondos que sí entraron al canje de deuda (2005 y 2010), que litiguen ante el trato dispar, ya que ellos cobran con una quita del 65 por ciento del capital y a plazo, y los beneficiados por Macri, al contado efectivo y la suma que ellos quieren.”

Rovelli, de EPA, hizo un comentario adicional para señalar lo inequitativo que resultará esta política de endeudamiento. “Para asegurar la colocación de los nuevos títulos de deuda, el gobierno se supera a sí mismo y permite que los argentinos que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación puedan hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos, con lo cual cierra el circuito. Para los argentinos de a pie: inflación, tarifazos, altas y leoninas tasas de interés en créditos inaccesibles, paritarias inciertas, flexibilización laboral y el fantasma de la desocupación y la marginalidad. Para los bancos y sus principales clientes, la posibilidad de superar la compra de dos millones de dólares por operación para hacer un gran negocio financiero”.

El economista de EPA, con amplia experiencia en cuentas nacionales y presupuesto, explicó además que se le va a pagar “generosamente a los fondos buitre una parte del nuevo endeudamiento, 12.500 millones de dólares, y los 4000 millones restantes lo convertirán en pesos, al tipo de cambio oficial, para que el Estado con esa plata pague deuda interna, su déficit provocado por la eliminación y reducción de las retenciones a la exportación, que es un sesenta por ciento de esa suma en un año”. Esa transferencia, que en consecuencia irá a las arcas de los sectores exportadores más concentrados, “serán fugados al exterior en el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que son las más grandes, las que más ganan y más facturan, y a través de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.

A su vez, Alejandro Otero, economista y dirigente del Frente Grande, al referirse a la oferta por más de 60 mil millones de dólares recibida por Argentina, para una demanda de dinero de 15 mil millones (inicialmente), señaló que “es como si convocaras a una fiesta y la cola para entrar da tres vueltas a la manzana; la fiesta es un éxito, pero hay que preguntarse qué ofreciste para semejante convocatoria, y la explicación, en este caso, es la tasa de interés del 7,2 por ciento, que es una tasa espectacular para una situación de exceso de liquidez en el mercado, cuando no hay quien quiera tomarla, porque la economía mundial está planchada”. Otero recordó que, “en el medio, además, aparecen los grandes bancos colocadores, el HSBC, JP Morgan, Citi, Santander y otros, embolsando importantes comisiones por obrar de intermediarios. Para estos bancos, y para los fondos buitre que cobran, esta aparición de Argentina en el mercado es una buena nueva, mientras que para otros, los sectores más vulnerables internamente, las noticias no son tan buenas, con medidas tardías e insuficientes, como la devolución del IVA y el refuerzo a las asignaciones a desempleados”.

Otero, especialista en temas fiscales (acaba de publicar, junto a Alfredo Iñíguez, el libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina), subrayó que, de los 16.500 millones de dólares que se captó con la emisión de deuda, “hay 12.500 millones que nunca van a entrar al país, porque se acreditan directamente a favor de los buitres”. El resto se destinaría a cubrir déficit y a un plan de inversiones en obra pública. “No se explicó en qué proporción ni a qué obras, pero se da a entender que no va a haber más ajustes por este año, ni reducciones de gasto público ni eliminación de subsidios. Y que con la obra pública quizás sea posible reactivar la economía, para salir del estado de estancamiento con inflación en el que existe el riesgo de estar entrando, que es el escenario más temido de cualquier gobierno”.

Al ser consultado sobre si esta inyección de dinero le daría al gobierno la chance de frenar el proceso inflacionario, y tener en el segundo semestre del año un horizonte de mayor estabilidad como asegura el ministro Alfonso Prat-Gay, Otero advirtió que “la política antiinflacionaria del gobierno no es el endeudamiento, sino la recesión”. Explicó que el brutal aumento de precios de los artículos de consumo, los tarifazos, la devaluación y el impacto de los despidos y suspensiones sobre el ingreso de los trabajadores, “va a tener por consecuencia una caída del consumo, y de esta forma el gobierno espera ponerle un freno a la inflación. Pero a un alto costo social, que quizás sea un problema más grave que la propia inflación”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297740-2016-04-24.html

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Domingo, 24 de abril de 2016

EL PAIS › LAS EMPRESAS CON LAS QUE LAVARON EL ROBO DE BIENES A LOS DESAPARECIDOS
Marinos offshore
Inmobiliarias, financieras, contratistas de juegos de azar y de servicios son parte de la red de firmas que incluye nombres como Egea, Vildoza y Cavallo. Lo que descubrió la UIF antes de que el macrismo bloqueara la investigación.



Por Alejandra Dandan
Las investigaciones sobre los Panama Papers reactivaron un capítulo del botín saqueado a los desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada. Los archivos de acceso público consultados por este diario muestran sociedades offshore aún activas a nombre de integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA, hermanos de ellos y civiles asociados a las Armada. Hay registros en Panama, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, el marino contador de ESMA, investigada por el robo de bienes en Argentina. También aparecen sociedades a nombre de uno de sus viejos socios: Miguel Angel Egea. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior “inyectan” dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Al entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos, pidieron información a los organismos financieros de esos países y a la Justicia que avanzara en una investigación.

Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos. La investigación de la UIF de José Sbatella había logrado organizar por primera vez la información sobre el robo de bienes, después de casi cuarenta años de reclamos, e introducir una hipótesis eficaz sobre la profusión de sociedades creadas por la Marina. En ese sentido, también parece un camino posible para entender el uso actual de estas guaridas fiscales en las operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.

Sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado. Hay un dato que parece destinado a clausurar la historia: como si fuera parte de una conspiración dramática, la sección fúnebre del diario La Nación señaló el 26 de marzo que “El Colorado” Miguel Angel Egea, uno de los ejes de la trama de estos negocios oscuros de la Armada, murió en Miami justamente el último 24 de marzo.

Activos

A nombre de Ricardo Miguel Cavallo existe una sociedad offshore registrada en Orlando, Florida, Estados Unidos. Según el sitio de open data denominado opencorporates.com la compañía se llama Mari USA LLC y figura actualmente activa. El agente es Larson Accounting & Consulting Service LLC. A nombre de un Jorge E. Acosta, nombre del jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan, Connecticut y Michigan. A nombre del hijo de Jorge Vildoza, segundo del GT de la ESMA, llamado Jorge Ernesto Vildoza y también ex marino, existe una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana, registrada el 30 de septiembre de 2010 y dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.

Cavallo, Acosta, Radice y Vildoza son algunos de los nombres asociados históricamente al robo de bienes de la ESMA. Cavallo, Acosta y Radice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look tuvo asignada la entrega de registros de la Ciudad de Buenos Aires. Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la UIF cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.

La destreza de los represores en el robo y lavado de bienes tiene su origen en la dictadura. En el centro clandestino de la ESMA funcionó una imprenta que fraguaba documentos de identidad, pasaportes, credenciales, registros de conducir y títulos de propiedad. El GT montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de “Juan Ríos”, alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz. Radice pasó de la ESMA a las oficinas de la calle Cerrito donde Emilio Massera llevó adelante su campaña política cuando se preparaba para ser candidato a presidente. Ese núcleo de nombres cercanos al primer Estado Mayor de la Armada de la dictadura desarrolló una serie de sociedades con dimensiones aún desconocidas. La investigación de la UIF en 2014 dio una primera dimensión de sus actividades cuando detectó que el Banco Central señalaba que entre 2001 y 2013 sus compañías –con balances generalmente negativos– llevaban inyectados 19.008.513 pesos. Las nuevas pistas que provienen de la búsqueda colaborativa de ex investigadores y periodistas en registros de acceso público con acceso a empresas offshore ubicadas en distintos lugares del mundo, permiten comprender mejor los alcances de esa irradiación.

Si Adelita se fuera con otro

Dos de los nombres que emergen con fuerza de la investigación sobre las offshore son Norma Radice y Miguel Angel Egea. Ambos aparecen asociados a los marinos desde los años 80 en distintas sociedades creadas en Buenos Aires. Egea es un hombre de la derecha peronista, a quien Eduardo Luis Duhalde sindicó como fundador de los grupos de la Triple A en la provincia de Córdoba. Empresario, lobbista y ligado al mundo del juego durante el gobierno de Carlos Menem, fue asociado más tarde al Casino de Buenos Aires. Dada su presencia constante en las sociedades de los marinos en Buenos Aires, la UIF entendió que estas dos figuras eran una suerte de cobertura civil para los integrantes de la Armada cuando comenzaron a ser investigados en las causas judiciales.

Como su nombre lo indica, el Registro Público de Panamá, que tan famoso se hizo desde el estallido de los Panama Papers, es de acceso público. Allí aparece una sociedad muy simbólica en términos históricos y poco conocida en estas causas. Su nombre es Adela Compañía de Inversiones SA, un consorcio creado por capitales norteamericanos en 1966 para inyectar dinero en América Latina en el marco de la Guerra Fría. Según el registro panameño, Adela tiene duración “perpetua” y está “activa” con un capital declarado curiosamente importante: 10.000.000,00 dólares, un número poco frecuente en los archivos de otras sociedades offshore de ese país que muestran usualmente cifras de 1.000 dólares. El “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro, es Miguel Angel Egea, que a la vez aparece como su “representante”. En el directorio están Norma Beatriz Radice y otros nombres asociados a ellos en otras empresas de Buenos Aires como Darío Jesús Orozco Acuña.

Carlos Schwartz es un periodista argentino radicado en España, especialista en flujos financieros, que siguió durante años el caso. “Adela era un instrumento imperialista apadrinado por el Banco Mundial para el saqueo de América latina”, dice. “Adela fue (y puede que siga siendo, hasta que se demuestre lo contrario) un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años sesenta, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company. Es un consorcio tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Se suponía, y se la acusaba de ello, que Adela había inspirado los movimientos golpistas de los años 60 en América latina a través de sus profundos lazos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y su relación personal con Henry Kissinger”.

Los marinos y sus socios argentinos desembarcaron allí en 1988 de la mano de un estudio de abogados llamado Arias, Fábrega & Fábrega, a quienes los diarios de Panama mencionan como parte de los estudios dedicados a crear y facilitar estos negocios. Por los papeles que surgen de las cuentas, Schwartz cree que “Egea, Radice y Orozco compraron Adela de Inversiones, que había sido abandonada por sus anteriores accionistas. Las fechas más o menos coinciden –dice–. Los abogados panameños dejan ‘durmiendo’ las compañías que suspenden actividad y cuando pueden las venden”. Pero tampoco eso es seguro: “En Argentina, Adela fue favorecida por el ministro de economía de Juan Carlos Onganía, Krieger Vasena –sigue Schwartz–. Es un misterio como esa sociedad cayó en manos de los marinos de la dictadura. ¿La compraron a un despacho de abogados de Panama? ¿O los socios antiguos siguieron como socios de los marinos depredadores?”

La presencia de ellos puede suponer, entonces, la salida de los propietarios anteriores, pero sigue siendo por lo menos curiosa la selección de un espacio vacante que en su origen estuvo dedicado a sostener las dictaduras del cono sur.

Adelita y después

En 2014, la UIF ya había detectado el nombre de Adela Compañía de Inversiones (Panamá) SA en el flujo de dinero de los marinos. Adela aparecía como aportante en tres empresas de Buenos Aires: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. No era la única offshore que lo hacía: también recibían dinero de Puerto Margarita SA y Fedycor SA.

Norma Radice y Miguel Angel Egea también son los nombres que aparecen como accionistas y representantes de las empresas de Buenos Aires que recibían dinero de ellos mismos desde afuera: Long Regent SA y Martiel. De esta manera, los papeles de los registros de acceso público confirman aquí la hipótesis de la UIF.

“Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos –decía la UIF en 2014 sobre esa maniobra y similares–, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”.

La sorpresa sin embargo no termina ahí. Florida también tiene un registro público de datos de empresas. En ese caso, aparece una expansión extraordinaria de otros nombres asociados a este misterio: Miguel Angel Egea, ahora muerto, y su esposa Bárbara Franz. Ella es norteamericana. De acuerdo al sitio opencorporates.com Barbara Franz está vinculada a 132 sociedades en Florida. Cuando los nombres de esas empresas se ingresan a la base de datos de Florida, aparece asociadas a las mismas empresas los datos de su marido.

Una breve muestra de estos se desarrolla a continuación:

- London Clubs Investment SA, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada 18 de septiembre de 2007 y aún activa.

- Long Regent Holdings, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 18 de septiembre de 2007 y aun activa. Integrada por Egea.

- Lexington Equity Holdings, INC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 22 de diciembre de 2004 y aún activa. En la que Egea y Barbara Franz se suceden como director, agente, vicepresidente y director.

- Mora Ranch CR, LLC, radicada en Bay Harbor Island de Miami, creada el 12 de mayo de 2009, aún activa, integrada por ambos.

- Elatar Ar, INC, que parece tener códigos cifrados. La sociedad, que se creó el 10 de mayo de 1993 y ahora está inactiva, está integrada también por Bárbara Franz y Egea. Pero lo curioso es el nombre del agente oficial: no se llama Juan Pérez, sino Juan H. Pérez.

Quienes trabajaron en la UIF y ya no están, creen que lo más importante que surge de la profusión de nombres de sociedades es el indicio de posibles movimientos de capital propio o de otras empresas. Pero entienden que hay que investigar. Respecto del total de las empresas y la confirmación de las hipótesis, también creen que las acciones podrían continuar y avanzar aún con la muerte de Egea. Como dice Nicolás Hernán Gómez, ex analista de la UIF: “Creo que se puede aplicar el artículo 305 del Código Penal y que por más que Egea haya muerto –en virtud de esa norma– se puede decomisar sin condena el producto del delito si se prueba el origen ilícito. Y ese dinero podría ser destinado a la reparación para las víctimas”.

Entre lo pendiente, falta saber si las sociedades que están a nombre de Acosta efectivamente son del jefe de inteligencia de la ESMA. También si Cavallo sigue activo en Miami. Y entender los estados contables de las sociedades. La investigación realizada por UIF en 2014, con la constatación de los ingresos de dinero desde afuera, puede servir de modelo en cambio para otras investigaciones pendientes sobre los poderosos del mundo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297741-2016-04-24.html

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22 de abril de 2016

¿Qué puede hacer el Congreso si Macri veta la ley que prohíbe los despidos?



¿Qué puede hacer el Congreso si Macri veta la ley que prohíbe los despidos?

En esta nota, la alternativa que le da la Carta Magna al Poder Legislativo para ratificar el proyecto que cuenta con amplio respaldo opositor. Las probabilidades de que esto ocurra.

El macrismo se opone a prohibir despidos
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22 DE ABRIL 2016
DyN
El gobierno ya adelantó, por vías informales, que tiene lista la lapicera presidencial para vetar la ley antidespidos si esta logra ser aprobada por el Congreso. Los dos proyectos en danza, uno en el Senado y otro en Diputados, no cuentan con el aval de Mauricio Macri, que ayer cuestionó duramente la iniciativa. Si bien aun le queda a los proyectos un largo camino por recorrer, la oposición ya podría pensar qué alternativa tiene en esa eventualidad.

La Constitución establece qué hacer en caso de que un proyecto de ley aprobado por el Congreso sea vetado por el Ejecutivo. Si bien la posibilidad de ratificar la iniciativa es muy difícil, no sería imposible, en principio.

De acuerdo a lo que establece la Carta Magna, si el presidente tomara esa decisión, el Congreso puede ratificar un proyecto si vuelve al poder Legislativo y es aprobado por "mayoría absoluta de los presentes". O sea, dos tercios de quienes vayan a la sesión. La misma proporción debe obtenerse en ambas cámaras, Diputados y Senadores.

http://www.eldestapeweb.com/que-puede-hacer-el-congreso-si-macri-veta-la-ley-que-prohibe-los-despidos-n16733

20 de abril de 2016

CFK sobre la causa dólar futuro.




Cristina Fernandez de Kirchner
18 de abril a las 16:27 ·
Sobre la causa dólar futuro. Según la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas Negri y Pinedo, concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos. Se habla en la denuncia de Negri y Pinedo de “beneficios indebidos para terceros inescrupulosos”. Textual.
Hasta ayer, nada sabíamos sobre los “terceros inescrupulosos enriquecidos ilegítimamente" por la operatoria del dólar futuro, porque Bonadío no los individualizó, ni mucho menos los citó, como sí fuimos citados el ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex Presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, sus directores y quien suscribe. Al respecto, en la presentación judicial he manifestado en forma textual: "¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos?"
Ayer han trascendido algunos nombres de los “inescrupulosos compradores de dólar futuro”. Ustedes dicen que son todos K? Miren: la empresa Caputo S.A. compró en el Mercado a Término de Rosario 3.56 millones de dólares entre el 8 y el 27 de octubre de 2015 ¿Sabés quién es Caputo? Para los amigos: Nicky. Hombre de estrecha confianza de Macri -no solo fue el testigo de su casamiento sino que participa de las reuniones del Presidente con su JGM.
¿Sabés quién aparece también? La familia Macri, que mediante la empresa Socma-Chery compró 8 millones de dólares a precio futuro que luego se multiplicó, no como panes y peces, sino por la devaluación decidida entre otros por el Presidente del BCRA, el procesado Sturzenegger, quien pagó a pesar de haber sido su partido el iniciador de la causa.
Hay más “inescrupulosos”: el jefe de asesores del Presidente y apoderado del PRO a nivel nacional, José María Torello, el 27 de octubre compró 800 mil dólares en contratos de dólar futuro, que fueron cobrados en febrero. El Secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Farmacity Mario Quintana, uno de los ilustres negociadores del pago a los buitres, compró casi un millón y medio de dólares a mediados de septiembre pasado, a través de su fondo Pegasus.
Pero ojo, hay más “inescrupulosos”: empresas mediáticas. El diario La Nación compró 4 millones de dólares. La empresa de TV por cable del Grupo Clarín, Cablevisión, adquirió 11 millones de dólares que luego se multiplicaron por la devaluación. Sí, Clarín, en estas cosas, siempre está. Y no precisamente por ser un sol…
¿Quiénes se beneficiaron con la devaluación? Obviamente, los que decidieron devaluar, que parece ser, no están solamente en el BCRA… ¿Quiénes se perjudicaron con la devaluación? El pueblo argentino, como siempre. PREGUNTA: ¿cuando compraron esos millones de USD, sabían que de ganar las elecciones iban a devaluar, mientras el candidato lo negaba en TV?
Y ¿quién les autorizó el pago de esos millonarios contratos a futuro? Bonadío. ¿Quién si no?¿Qué hará la Cámara de Apelaciones ahora que han trascendido los nombres de los “terceros inescrupulosos enriquecidos ilegalmente”? ¿Le ordenará a Bonadío que los cite para que devuelvan la plata? ¿Y el Parlamento? ¿Y sus denunciadores? ¿Que harán los denunciantes respecto de los “inescrupulosos” de su mismo espacio político
Buscando la ruta del dinero K encontraron la ruta del dinero M en los Panamá Papers y las sociedades offshore de Macri, de sus parientes, de sus socios y de sus funcionarios… Y ahora investigando el dólar futuro se encontraron que los “inescrupulosos” compradores y beneficiados por la devaluación, también son PRO.
A 4 meses de gobierno queda expuesto un mecanismo de corrupción de quienes como “paladines de la moral”, llegaron a traer “transparencia”. Un escándalo sin fin. Una verdadera asociación ilícita que oculta sus negociados con cinismo e hipocresía.


https://www.facebook.com/CFKArgentina/posts/1154264504638083:0

Imputaron a Bonadio y Sturzenegger, por hechos ligados a la operatoria dólar futuro.



Dólar futuro: tras la denuncia del FPV, el fiscal Di Lello pidió investigar a Bonadio y a Sturzenegger
Es por por presunta "administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares" y "prevaricato"; Cristina pidió ser querellante
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016 • 16:07
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Tras la indagatoria a Cristina Kirchner en la causa del dólar futuro, llegó el contraataque judicial impulsado por el kirchnerismo. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy la apertura de una causa penal para investigar al juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger , por presunta "administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares", "prevaricato" y "abuso de autoridad", entre otros delitos.

Se trata de la denuncia realizada la semana pasada por un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria, en la que la ex presidenta Cristina Kirchner pidió ser querellante.


Ahora, el juez federal Sergio Torres deberá decidir si da o no impulso a la investigación, en la que el fiscal Di Lello solicitó, entre otras medidas, que se cite a prestar declaración testimonial a la ex mandataria y al ex ministro de Economía, Axel Kicillof , ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro.

De Lello pidió que se investigue a Bonadio y a Sturzenegger
De Lello pidió que se investigue a Bonadio y a Sturzenegger.Foto:Archivo
Además, en su requerimiento Di Lello pidió que se solicite a las entidades correspondientes "el listado completo de las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar a futuro entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre de 2015".

La segunda causa


De este modo, el fiscal dio curso a la denuncia presentada por legisladores del Frente para la Victoria la semana pasada, en el mismo momento en el que la ex presidenta Cristina Kirchner prestaba declaración indagatoria ante el juez federal Bonadio en el marco de la causa que investiga las operatorias de venta de dólar a futuro realizadas durante el 2015.

En ese contexto, los legisladores encabezados por el titular del bloque, Héctor Recalde, materializaron lo que, de alguna manera, fue planteado por la ex mandataria en el escrito que presentó ante Bonadio.

Click Aqui
De hecho, en ese texto se acusó a Bonadio de presunto prevaricato, es decir, de tomar decisiones como magistrado reñidas con la ley, y también apuntó contra Sturzenegger, titular del Banco Central.

Es que, tanto la ex mandataria como el ex ministro de Economía Axel Kicillof responsabilizaron en sus indagatorias ante Bonadio a la actual gestión, con Sturzenegger al frente del Banco Central, por las pérdidas generadas por las operatorias de venta de dólar a futuro, dado que las atribuyeron a la "mega devaluación" que, dijeron, se produjo desde fines del año pasado.

Además de Héctor Recalde, suscribieron la denuncia las diputadas del Frente para la Victoria Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García y sus pares de bloque Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

En tanto, en las últimas horas, el expediente sumó una presentación de la ex presidenta Cristina Kirchner en la que pidió ser tenida como parte querellante, planteo sobre el que, ahora, también deberá expedirse el juez federal Sergio Torres.
http://www.lanacion.com.ar/1891135-dolar-futuro-tras-la-denuncia-del-fpv-el-fiscal-di-lello-pidio-investigar-a-bonadio-y-a-sturzenegger


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Imputaron a Claudio Bonadio y Sturzenegger por el dólar futuro
El bloque de Diputados del FpV presentó la denuncia. El fiscal Jorge Di Lello requirió avanzar con la investigación. Los motivos.
20/04/2016 | 15:51
Avanza la causa impulsada por el kirchnerismo contra Bonadio y Sturzenegger
Avanza la causa impulsada por el kirchnerismo contra Bonadio y Sturzenegger |
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Cristina jugó una improbable y compleja carta para destituir al juez Claudio Bonadio
El fiscal Jorge Di Lello resolvió imputar al juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por diversos hechos ligados con la operatoria dólar futuro.

El fiscal requirió al juez Sergio Torres impulsar la investigación contra el magistrado y el funcionario del gobierno. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en este caso, algo que también quedará bajo resolución del juez federal.

El bloque de diputados del FpV precisó en su denuncia que Sturzenegger podría haber incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Bonadio fue acusado, en tanto, de prevaricato, “al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”.

El kirchnerismo denunció a Claudio Bonadio y Federico Sturzenegger
Para los legisladores hubo “administración infiel” en perjuicio de la administración pública porque se modificaron las condiciones en que fueron rubricados los contratos.

http://www.perfil.com/politica/Imputaron-a-Bonadio-y-Sturzenegger-por-la-causa-dolar-futuro-20160420-0038.html

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Miércoles, 20 de abril de 2016
14:43 › DESPUES DE LA DENUNCIA DE LOS DIPUTADOS DEL FPV EN LA QUE CRISTINA KIRCHNER PIDIO SER QUERELLANTE
Bonadio y Sturzenegger, investigados por el dólar futuro


El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la apertura de una causa penal en la que se investigue al juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad, entre otros delitos.

Se trata de la denuncia realizada la semana pasada por un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Diana Conti, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García, Marcos Cleri y Rodolfo Tahilade, quienes solicitaron que se investiguen y determinen las responsabilidades penales que puedan serle atribuidas en la causa al titular del BCRA, al juez federal y a toda otra persona que hubiera tomado participación en los hechos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-297439-2016-04-20.html

Cornejo anunció que Macri prorrogó la exención del impuesto a los vinos espumantes



Miércoles, 20 de abril de 2016 Actualizado a las 07:06
Cornejo anunció que Macri prorrogó la exención del impuesto a los vinos espumantes
"El instrumento no está claro, pero supongo que será un decreto que prorrogará la exención hasta fin de año", dijo el mandatario provincial.
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Redacción LA
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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció anoche que tras gestiones con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se resolvió extender la exención del impuesto a los vinos espumantes, que iba a caer el próximo 30 de abril, hasta fin de año.

El mandatario provincial hizo este anuncio en "calidad de primicia" dijo, durante la Cena de Gala de finalización del Campeonato del Mundo de Sommeliers, luego de una comunicación telefónica con el presidente Macri.


Las entidades vitivinícolas estaban muy preocupadas ante la inminencia del cumplimiento del plazo de suspensión del régimen fiscal que se iba a producir el 30 de abril, por lo que habían solicitado una audiencia con el presidente Macri para pedir "la urgente prórroga del decreto o la aprobación definitiva del Proyecto de Ley 1495/14 que ya tiene media sanción en el Congreso".

En diálogo, el gobernador Cornejo informó: "El instrumento todavía no está claro, pero supongo que será un decreto que prorrogará hasta fin de año la exención del impuesto a los espumantes". "Los detalles -agregó- seguramente los va a dar el jefe de gabinete Marcos Peña, pero se va a prorrogar la exención a los espumantes, y esa prórroga va hacer en las mismas condiciones de re inversion que teníamos con anterioridad".

"Ha sido una tarea muy peleada, en un momento en que hay que recortar gastos y aumentar ingresos, que el gobierno quiere bajar la inflación, y que además quiere reducir el déficit fiscal, por eso todos los impuestos son bienvenidos, entonces hemos explicado durante estas tres semanas al presidente que el espumante no es un artículo suntuario, que valía la pena exención por las re inversiones que hay detrás, y explicarle (a Macri) que muchas de las bodegas de Mendoza han creado sus marcas, han invertido en instalaciones, y no podemos dejar a la industria sin esta promoción tan importante", sostuvo. Sobre los plazos que tendrá vigencia, Cornejo dijo que en principio será a partir del primero de mayo y hasta fin de año.

"Fue muy esforzado expicarle en qué consistía exactamente, que venía del gobierno anterior pero que era buena esta medida, y que todo lo que se había hecho anteriormente no era malo", apuntó y agregó que "creemos que hay clima como para sacarlo por ley en los próximamente. Esa es la idea, pero no quiero adelantarme, ahora tenemos esto que es importante, luego veremos cómo avanzamos", sostuvo. "Marcos Peña recién esta noche me dijo que lo anunciara yo, que luego ellos una vez que se determine el instrumento, él y Alfonso Prat Gay lo iban a hacer oficial, pero me permitió anunciarlo y me pareció que esta era la cena indicada para hacerlo", explicó el mandatario provincial.

"La ley tiene media sanción en el Senado, mañana miércoles nosotros íbamos a estar en Diputados en una reunión para explicar esto a todos a toda la comisión de Labor Parlamentaria, pero ahora que se prorroga por decreto, seguiremos explicándolo pero ya no es urgente ir este mismo miércoles, no obstante eso tengo que ir al Club del Petróleo el jueves a Buenos Aires, y trataré de seguir con estas gestiones, pero ya no con la premura de que se vence el 30 de abril", sostuvo. "Son buenas noticias para el sector vitivinícola", subrayó Cornejo.

Los actores de la industria vitivinícola habían emitido la semana pasada un comunicado en el que advirtieron sobre el impacto económico negativo y el perjuicio que hubiera desencadenado el pago del gravamen (12%) por el sector de vinos espumosos en el marco de la Ley de Impuestos Internos, fundamentalmente, en cada uno de los eslabones de la cadena de valor del sector vitivinícola del país, y que se ponían en riesgo "miles de empleos, a cientos de productores y a empresas que generan valor agregado y trabajo en todo el oeste argentino".

En ese sentido, los productores sostenían que en la actualidad la producción y elaboración de espumantes genera de manera directa más de 1.900 puestos de trabajo, los cuales se verían seriamente comprometidos por la amenaza de la aplicación del impuesto. La exclusión del impuesto durante 10 años favoreció el desarrollo y la diversidad del sector, lo que se refleja en el crecimiento sostenido de la cantidad de litros de vino espumante despachados al mercado interno que pasó de 22 millones a 46 millones de litros.

También el sector registró el crecimiento de ventas de espumante de uvas blancas -del total de vino blanco que se produce anualmente en el país, el 18% tiene como destino vinos espumantes-, y la importante inversión tecnológica de las bodegas fraccionadoras que acompañaron este proceso.

https://www.losandes.com.ar/article/cornejo-anuncio-que-macri-prorrogo-la-exencion-del-impuesto-a-los-vinos-espumantes

Endeudarse para pagar gastos corrientes




Y si se cobran impuestos a los que más tienen en vez de sacarselos...


Miércoles, 20 de abril de 2016

ECONOMIA › EL GOBIERNO COLOCO BONOS POR 16.500 MILLONES DE DOLARES PARA PAGAR A LOS BUITRES Y CUBRIR GASTOS
Prat-Gay celebró un endeudamiento histórico
La emisión resultó “la más grande de la historia argentina”, según destacó el ministro de Hacienda y Finanzas. Fueron cuatro bonos a 3, 5, 10 y 30 años, con una tasa promedio del 7,2 por ciento. Esto eleva más del 40 por ciento la deuda en dólares con privados.



Por Cristian Carrillo
La Argentina volvió a una política de endeudamiento masivo. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, celebró ayer el regreso a los mercados financieros a partir de la colocación de bonos por 16.500 millones de dólares, divisas que en su mayoría irán a parar a las cuentas bancarias de los fondos buitre. El gobierno de Mauricio Macri recibió órdenes de compra por 69.000 millones de dólares para adquirir alguno de los cuatro títulos ofrecidos, con plazos de tres, cinco, diez y treinta años, y una tasa de interés que promedió el 7,2 por ciento anual. La demanda se explica por la decisión de los inversores de inflar las órdenes para asegurarse su cuota en la distribución a prorrata final. “Es la mayor demanda de la historia para un país emergente y es la colocación más grande de la historia argentina”, valoró Prat-Gay en conferencia de prensa. El funcionario insistió en que el endeudamiento es el único camino para evitar “un ajuste fiscal”, ignorando los aumentos de hasta 600 por ciento en tarifas de servicios públicos y el recorte de puestos de trabajo en el sector público y el privado. “Y ahora se viene la segunda etapa, que comienza cuando maduren los beneficios de esta primera etapa”, alentó el ministro.

El raudo camino que inició el gobierno para ingresar en la lógica del sistema financiero internacional y dar el puntapié inicial a un nuevo ciclo de endeudamiento tuvo ayer un primer capítulo con la colocación de 16.500 millones de dólares. La emisión es parte del arreglo alcanzado con un grupo de fondos buitre a fines de febrero y con varios holdouts que se fueron sumando a una generosa propuesta, que les significó a los más beligerantes ganancias de hasta 1600 por ciento por la compra de bonos defolteados en 2001 y el pago que recibirán pasado mañana. Del total recaudado en el mercado financiero, hasta el momento unos 9300 millones de dólares serán transferidos a las cuentas carroñeras, indicó Prat-Gay. El resto, tal como había anticipado este diario, será para cubrir gastos corrientes. “El gasto público equivale a casi el 3 por ciento del PIB, unos 15.000 millones de dólares. Los más de 7000 que restan cubren la mitad”, admitió el funcionario, quien ya dejó de lado el argumento de que los dólares se utilizarían para activar obras públicas.

La operación implicará un incremento del 41,25 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito, ya que el peso sobre el PIB pasará del actual 17 por ciento a un 24,1 por ciento. Si bien el perfil de vencimientos no se verá alterado debido a la holgada situación crediticia que heredó el macrismo, producto de la política de desendeudamiento de la anterior administración, el país deberá volver a cumplir con las condicionalidades explícitas e implícitas que imponga la comunidad financiera. Por caso, el Gobierno ya adelantó que vuelve a las revisiones anuales del FMI en el marco del artículo IV del acta constitutiva del organismo. También deberá dar continuas señales promercado para lograr que las calificadoras de riesgo le pongan la nota necesaria para continuar tomando deuda. PratGay afirmó que no habrá más colocaciones este año en mercados internacionales, pero que sí lo hará en la plaza local.

Globos amarillos

El ministro celebró la alta demanda de bonos argentinos por parte de los inversores. El total de ofertas fue por 68.600 millones de dólares. Es un monto significativo pero en buena medida responde a una práctica usual de los inversores y bancos colocadores (algunos cumplieron el doble rol) de inflar las órdenes de compra para asegurarse la cuota de títulos prevista de antemano. Esto suele suceder cuando se preestablece un monto a emitir y la adjudicación es a prorrata. Las entidades coordinadoras fueron los holdings Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, que recibirán 29,7 millones de dólares por sus servicios, mientras que BBVA, Citigroup y UBS serán los encargados conjuntos de los libros. El JP Morgan y el Deutsche fueron los empleadores del ministro PratGay y del secretario de Finanzas Luis Caputo. Estas entidades además se ven beneficiadas por el status de privilegio de adquirir los bonos al valor del mercado primario (directamente del emisor) respecto del precio que tiene en paralelo en el secundario. Por caso, el bono a diez años fue colocado con un rendimiento (que varia inversamente al precio) del 7,5 por ciento, pero en el secundario ya cotizaba con una tasa implícita (un mayor precio) de hasta un 7,05 por ciento. Esa diferencia representa una ganancia extra para esos bancos.

De acuerdo con el detalle que difundió Hacienda, la serie de bonos más demandada fue el cupón a diez años, con ofertas por 25.700 millones de dólares, seguida por el de treinta (17.900 millones), el de cinco (14.500 millones) y el más corto de tres años (10.500 millones). Los montos adjudicados fueron 2750 millones de dólares para el bono a tres años, 4500 millones a cinco años, 6500 millones a diez y 2750 millones a treinta años. Las tasa promedio fue de 7,14 por ciento, que se explica por un rendimiento de 6,25 por ciento anual para el título a tres años, de 6,87 a cinco años, 7,5 por ciento a 10 y del 7,62 por ciento a treinta años. Según explicó Prat-Gay, el 65 por ciento de la colocación fue adquirida por inversores estadounidenses, un 25 por ciento de países europeos y el restante 10 por ciento en partes iguales de naciones del Lejano Oriente y América latina. “Pudimos emitir el doble, pero no lo hicimos porque creemos que esa tasa se puede ir bajando. Tampoco queríamos ahogar el acceso al crédito a otros sectores, como el privado y gobiernos provinciales”, aseguró.

“El resultado de la emisión fue como matar tres pájaros de un tiro: se cierra el default de 2001, se resuelve el tema de los pagos embargados a los bonistas que ingresaron al canje y se recaudaron recursos importantes para el programa financiero de este año”, destacó el ministro. Pese a que la promesa del macrismo fue que la deuda que se tomara en los mercados internacionales tendría como destino obras de infraestructura, los más de 7000 millones de dólares que sobraban hasta ayer respecto de lo necesario para pagarle a los buitres irán a cubrir el déficit presupuestario. “La Argentina no puede crecer ni desarrollarse aislada del mundo”, fue el slogan que eligió el funcionario para justificar la política de endeudamiento. El ministro volvió a agitar el fantasma de la pesada herencia y de la necesidad de tomar crédito para evitar un mayor ajuste de la economía. “Sin acceso al crédito hubiésemos tenido que hacer un ajuste fiscal. Ahora tenemos una estrategia gradualista”, afirmó Prat-Gay. “No creemos en un derrame de esta decisión puntual (la deuda para pagar a los buitres) sino de todas las medidas que estuvimos tomando”, concluyó.

De Cromañon a Costa Salguero


Miércoles, 20 de abril de 2016
DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN LA HABILITACION
Un predio con historia
El ex legislador Facundo Di Filippo le presentó a Casanello un escrito con los aspectos cuestionables de la situación legal de Costa Salguero, que plantea desde 2009.



Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica, patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la habilitación del predio Costa Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Di Filippo viene bregando desde hace años contra la situación irregular de este complejo. En 2009 presentó el primer amparo, en el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo se basó en que el complejo está ubicado en terrenos con zonificación UP (urbanización parque) en el Código de Planeamiento Urbano. El código prohíbe expresamente toda actividad de explotación comercial en los predios con esta zonificación.

Consultado por este diario, Di Filippo recuerda: “En 2009 tuvimos un dictamen favorable. El juez fue Andrés Gallardo. Se probó que los locales comerciales no estaban habilitados, que habían funcionado así durante quince años. Entonces Gallardo los clausura. En 48 horas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les concede una habilitación exprés”.

Y aclara: “Los principales puntos de nuestra presentación ante Gallardo son tres. El primero es que si está en una zonificación UP tiene expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. El segundo es que no hay un camino de sirga (N. de R.: camino costero de cualquier curso de agua que debe ser de acceso libre al público), ya que la costa está obstaculizada por las terrazas de bares y restaurantes, como la del salón en el que festejó su casamiento el Presidente. Y el tercero, las habilitaciones truchas de los locales, que no las tuvieron en quince años y las consiguieron en 48 horas”.

Luego de innumerables obstáculos y chicanas judiciales, el único punto que tiene firme una resolución favorable es el del camino de sirga, aunque sigue sin respetarse la orden de abrirlo y mantenerlo libre. La cuestión de fondo, la prohibición de actividades comerciales en una zona UP, sigue planteada.

Para destrabar la situación, en 2014 presentó, junto al actual legislador Gustavo Vera y al ex Pablo Bergel, una nueva denuncia, esta vez por cuarenta concesiones ilegales en toda la Ciudad, incluyendo la de Costa Salguero SA. La causa pasó entonces al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (donde sigue hasta hoy, “durmiendo en algún cajón”) y la instrucción recayó en la fiscal Paula Asaro.

Di Filippo plantea: “Costa Salguero SA fue concesionada a Telemetrix, que es dueña de Emaco, una constructora que consiguió muchas licitaciones en la Ciudad. La concesión fue en 1992 por treinta años, o sea hasta 2022. Paga un canon irrisorio, de $260.000 pesos mensuales. Lo ridículo de la suma salta a la vista si se compara con lo que Telemetrix recibe de las subconcesionarias. Y hay además otra cuestión a tener en cuenta. Telemetrix consiguió la habilitación exprés para 23 espacios (el número 24 sigue sin habilitación al día de hoy. Es la estación de servicio que está a la entrada del predio. Esta sigue clausurada desde 2009). Ninguno de estos 23 espacios tiene habilitación para bailes o fiestas. Si la habilitación original no lo permite y no hubo reformas o modificaciones en los locales (en lo tocante a ventilación, suministro de agua y otras exigencias específicas), ¿por qué se concedió el permiso especial pedido por la empresa organizadora para esta rave?”.

“Costa Salguero es un predio de 17 hectáreas de tierras públicas ganadas al río y cuya zonificación está expresamente establecida como un parque, donde no se permite ninguna de las actividades que allí se desarrollan, por lo que jamás la fiesta electrónica debería haber obtenido una habilitación válida. Las irregularidades de la concesión de este predio se enmarcan en una situación general de manejo fraudulento de una gran parte de las concesiones que otorga el gobierno de la Ciudad”, resumió.

En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. “La incorporación de estos expedientes y el testimonio de Gallardo y Asaro le permitirían a Casanello ahorrar mucho tiempo de investigación. Por eso confío en que esta presentación tenga un curso favorable.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/297405-77445-2016-04-20.html



EL PAIS › LA FISCALIA PIDIO LA CITACION DEL PRESIDENTE DE COSTA SALGUERO, FUNCIONARIOS PORTEÑOS Y PREFECTOS
Una “vista gorda” para que siga la fiesta
La Prefectura estaba enterada de que los guardias privados habían decomisado drogas, pero no lo informaron hasta 12 horas después de las muertes. El fiscal pidió diez indagatorias más. Adrián Conci, organizador del evento, se encuentra prófugo.



Por Horacio Cecchi
El fiscal federal Federico Delgado pidió al menos una decena de indagatorias en la causa de la fiesta electrónica de Costa Salguero, entre las cuales figuran los nombres de Néstor Bogado, responsable de Costa Salguero, y Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; además de tres prefectos y al menos dos funcionarios de la polémica Dirección General de Fiscalización y Control porteña, y diferentes eslabones de la seguridad dentro de la fiesta. La decena de nombres fue presentada al juez federal Sebastián Casanello, quien ayer rechazó el pedido de eximición de prisión de Adrián Conci presentado por su abogado, Fernando Burlando. Conci, no se presentó ante la justicia como había prometido, para ser detenido, y quedó consignado como prófugo. Burlando aseguró que se presentará hoy aunque, junto con la promesa, entregó una apelación ante la Cámara buscando anular la orden de detención. Entre los detalles curiosos consignados en el dictamen de Delgado aparece descripta una bolsa llena de “pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”. El envoltorio fue entregado a las 3 de la madrugada del sábado por la seguridad privada de la fiesta a uno de los prefectos, como resultado de lo que se requisó a los jóvenes. La bolsa fue abierta recién el sábado a las 18 por los investigadores, 12 horas después de ocurridas las primeras muertes. Para Delgado el dato demuestra connivencia entre la seguridad privada y Prefectura, “‘que hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Mientras, tres de las víctimas siguen internadas en estado crítico.

Entre los primeros testimonios tomados por la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad encabezada por Diego Iglesias, aparece el de Alberto Gabriel Pandiani, prefecto que estuvo presente durante el evento de Costa Salguero. Pandiani declaró en aquel momento que se encontraba en el lugar contratado como “policía adicional”. Precisamente, durante los allanamientos realizados por Casanello, el lunes, a la Prefectura, halló un contrato por 30 mil pesos entre los organizadores de la fiesta y la fuerza de seguridad, para contratar “servicios adicionales de vigilancia”. Pandiani se encontraba en el lugar cumpliendo adicionales como supervisor de 19 uniformados más. El prefecto en cuestión declaró a la Procunar que “a las 3 a.m. se le acercó una persona a quien sólo conoce como ‘El Chino’ y le entregó una bolsa con lo que –le dijo– se les había extraído de la requisa a los concurrentes”. Según Pandiani, el Chino era el encargado de seguridad interna.

Delgado tomó la declaración testimonial de Pandiani como dato clave. “El prefecto refirió que un tal Sr. Garat (Carlos M., quien cumplía la función de nexo entre Prefectura y la organización del evento) le presentó a El Chino”, describió el fiscal. La bolsa, según la declaración de Pandiani, no fue abierta en ese momento, y la entregó para su custodia al cabo 2ª Ivana Gómez, uno de los 19 uniformados a su cargo. El prefecto agregó que la bolsa la entregó a su jefe, el subprefecto Adrián Alvarez, recién a eso de las 7 de la mañana, cuando se enteró de la muerte de dos de los jóvenes. Alvarez tampoco abrió la bolsa. Cuando intervinieron el juzgado de instrucción de Guillermo Caravajal, y la fiscalía de Sandro Abraldes, ordenaron a la División de Precursores Químicos de la Federal secuestrar todas las pruebas vinculadas a los sucesos. Recién a las seis de la tarde del sábado, es decir, 12 horas después de las dos primeras muertes ocurridas dentro del Complejo Costa Salguero, la justicia supo de su contenido: “gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”, enumeró Delgado en su dictamen.

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió una nota enviada a Casanello en la que hacía un descargo de la actuación de la Prefectura y señalaba una supuesta desidia de parte de funcionarios del juzgado de Casanello, que habrían ordenado a Prefectura no actuar en la fiesta (ver páginas 2 y 3). La declaración de Pandiani viene a desmentir a su ministra. Aunque Pandiani y sus superiores no hubieran abierto la bolsa, la seguridad interna sabía lo que había requisado y la Prefectura estaba enterada por el Chino. Delgado lo describió como “algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que ‘hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Delgado sostuvo que Pandiani debería haber actuado conociendo el contenido y no lo hizo, “una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias”. Como resultado, el fiscal pidió indagatorias para los tres prefectos mencionados y el Chino, una vez identificado.

Luego, Delgado informó que obtuvo el acta 19439/16, labrada el 15 de abril a las 19 por la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de fiscalización y Control del Gobierno porteño, el acta de apertura de la fiesta en la que se verifica que todo está correcto. El acta fue firmada por Néstor Bogado, titular de Costa Salguero; una firma no aclarada que Delgado supone que pertenece a Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; el mentado Pandiani por la Prefectura, el responsable de la seguridad privada, Ezequiel Venturino, de Siseg; Carlos Garat, responsable del plan de evacuación y mencionado por Pandiani; y los representantes de la DFyC porteña, un tal P.Fontanellas y otras firmas ilegibles. El fiscal pidió la urgente declaración indagatoria de todos ellos.

Delgado utilizó durante una entrevista radial una descripción coloquial muy gráfica para describir la escena de distribución de drogas durante la fiesta y la presencia de la Prefectura que ni siquiera llegó a placebo: “Todos los testigos cuentan que no había personas camufladas o santo y seña para conseguir pastillas, sino que era casi como comprar un choripán en la cancha”.

Ayer, mientras recibía los pedidos de indagatorias por parte de Delgado, Casanello rechazaba el planteo de exención de prisión que realizara Burlando por su defendido Adrián Conci. Según el abogado, Conci se iba a presentar durante el día. Pero no se presentó: ayer a última hora se encontraba con el incómodo sticker de prófugo de la justicia. Estrategias de abogados: Burlando apelará el rechazo de Casanello. “No se presentará a la Justicia ya que mañana (por hoy) vamos a apelar el rechazo a la eximición de prisión”, dijo Burlando. Mientras, sostuvo que Conci “no tiene nada que ver con los narcotraficantes” ni con que se cortara el agua, y agregó que posiblemente fuera responsable de alguna falla, pero no de una cuestión penal. “Los responsables son los narcos que hacen negocios millonarios”, dijo Burlando, emulando a Bullrich.

horaciolqt@yahoo.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297395-2016-04-20.html

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Miércoles, 20 de abril de 2016
EL PAIS › CASANELLO ACUSO A PATRICIA BULLRICH DE BUSCAR ENTORPECER LA INVESTIGACION SOBRE TIME WARP
Una ministra amiga de los prefectos
El juez allanó una dirección de la Prefectura y la ministra contestó con un escrito en el que aseguraba que dos secretarios de su juzgado habían ordenado a los prefectos “no molestar a los chicos”. Casanello la desmintió.



Por Irina Hauser
El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte, la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado, que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. En un escrito, Casanello desmintió rotundamente a la ministra, y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en otras anteriores.

Entre la documentación secuestrada en las oficinas de Prefectura, el personal del juzgado detectó que había contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, organizadora de las fiestas electrónicas, que se remontan al año 2010. El juzgado recibió ya decenas de testimonios de jóvenes que estuvieron en el lugar y que frecuentan estos eventos. Como declararan en función de la ley de estupefacientes, pueden hacerlo de manera reservada, es decir, queda preservada su identidad pero se le da valor testimonial al contenido de su relato. Esto ayuda a que hablen sin temor. La descripción común a la mayoría de los relatos hasta ahora es que dentro del complejo Costa Salguero había venta de drogas, que era evidente, y que hasta el personal de seguridad privada consumía. Los vendedores ofrecían keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman (esta última es de muy alta toxicidad). En el lugar faltaba ventilación, los baños estaban colapsados y había que hacer largas colas para acceder a una botella de agua. Facilitar el lugar para la comercialización también es un delito.

Después del procedimiento en Prefectura, el Ministerio de Seguridad presentó un escrito en el juzgado ayer a la mañana, firmado por Guillermo Soares Gache, subsecretario de articulación con los poderes judiciales y ministerios públicos. Relataba que el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del área que investiga Narcotráfico, se reportaron en los juzgado federales 6 (de Rodolfo Canicoba Corral) y 7 (de Casanello) que estarían de turno, uno hasta las 12 de la noche y el otro a partir de ahí. Como se realizaría la fiesta Time Warp querían recibir instrucciones.

La presentación dice que el secretario Gustavo Russo les dijo que “la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes” pero recomendaba “no molestara los chicos que van a divertirse” y que incluso jóvenes que trabajan en el juzgado asistirían. Ante una infracción a la ley de drogas, debían informar a la autoridad judicial. Según ese texto, la Prefectura asumía “la responsabilidad por la organización del operativo de seguridad externo al predio”. “Nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícito dentro.” El argumento es que a ellos nunca les avisaron lo que pasaba adentro de la fiesta.

Casanello decidió enseguida contestar con otro escrito. Más aún cuando vio que el de Bullrich había salido publicado, con el facsímil completo y todo, en una web de noticias. A lo largo de tres páginas, cita los testimonios de sus secretarios Russo y Martín Smietniansky, que negaron haber mantenido encuentro alguno con los prefectos Farrus y Verón. Si bien se presentaron dos hombres de Prefectura, sin decir quiénes eran, la instrucción que les dieron fue clara (luego se vio que no la cumplieron): intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen. La referencia a dejar a los chicos tranquilos dijeron que era “falsa”.

La actuación de los agentes, y la “filtración” periodística, según dejó sentado el juez, “puede significar el intento de entorpecimiento de la investigación”. Para el juzgado, el despliegue de Bullrich es una maniobra y “llamativamente acontece”, especifica, después del allanamiento a la fuerza, efectuado por el juzgado.

Prefectura Naval había mandado 20 efectivos de la policía adicional, que se sumaban a cuatro de Inteligencia que actúan en la zona del río de la Plata y dos patrulleros con tres efectivos a bordo de cada uno. Según los datos oficiales del gobierno porteño, en la fiesta había 10.900 personas.

Hay varios datos llamativos sobre cómo se movió la Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16 de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes. Y no fueron notificadas al fuero federal –que les había dado las instrucciones por las sospechas de comercialización de drogas– sino al de instrucción. Ni un juez ni un fiscal se pueden declarar incompetentes por teléfono, sino que todo lleva un acto burocrático hasta que se concreta. Así ocurrió acá: finalmente Sandro Abraldes pasó la causa a Comodoro Py.

Otro de los datos que compromete a la Prefectura, y a otros también, es que cuando la gente llegaba a Costa Salguero pasaba por un cacheo. En esa inspección, que hacía personal de la empresa de seguridad privada del predio, Siseg, todas las sustancias prohibidas que encontraba las iba poniendo en una bolsa. Ahí fueron juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana. Uno de los prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos de uno de los hombres de seguridad a quien dijo que sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa a una compañera, la cabo segunda Ivana Gómez, quien recién cuando se enteró de la muerte de dos personas, cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su jefe, Adrián Alvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el ínterin, nadie de Prefectura denunció nada.

El fiscal Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que “hicieron la vista gorda”. Ya pidió que sean indagados Pandiani, Gómez y Alvarez y que se identifique a El Chino. A última hora de ayer, y después de su cruce de cartas virulentas con Casanello, la ministra Bullrich dejó trascender que los prefectos más comprometidos fueron preventivamente separados de sus tareas.

Delgado reclamó además que declaren como sospechosos Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, el responsable de la organización y apoderado de Dell, Maximiliano Avila, el responsable de la seguridad privada Ezequiel Venturino (Siseg), Carlos Garat, quien estaba a cargo del plan de evacuación y representantes de la Dirección de Fiscalización y control. Casanello le negó el pedido de eximición de prisión a Adrián Conci, el organizador de la Time Warp, quien ahora se encuentra en condición de prófugo.

Desde el sábado hasta ayer hubo múltiples allanamientos. Entre ellos de Telemetrix, que explota Costa Salguero, tres domicilios vinculados a la provisión de Speed y otras sustancias, la de seguridad Siseg, y la de asistencia sanitaria, Semec, además –entre otras– de la dirección de habilitaciones del gobierno porteño. Todo apunta a que el predio sería un gran centro de venta de drogas sintéticas que no se consiguen en otros lugares, con la venia, en este caso, de la Prefectura Naval.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297405-2016-04-20.html

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martes 19 de abril

EL PAIS › OPINION
República Salguero

Por Eduardo Fabregat
¿Qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón? ¿Un matiz de estilos musicales? ¿Una cuestión de target socioeconómico? ¿Una simple, brutal, diferencia de cifras? Más de once años después de la maldita noche del 30 de diciembre de 2004, las muertes jóvenes volvieron a producirse por un idéntico esquema de desprotección al ciudadano. Un grupo de organizadores que incurrió en fallas imperdonables, y un Estado que no estuvo allí para controlar las condiciones de seguridad de un espectáculo público.

Y entonces: pasó Cromañón, y nada ha cambiado.

Si no fuera porque aquí ha habido muertes, sería motivo de risa escuchar a los prefectos decir que en la fiesta no había drogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tanto gusta de hacer declaraciones y tuits altisonantes y mostrarse en traje militar camuflado, prefirió primero hacer mutis por el foro y luego hablar únicamente de las drogas de diseño. Así como hubo que escuchar una y otra vez que “en muchos shows prendían bengalas”, ahora habrá que recordar que en las fiestas electrónicas suele haber sospechosos cortes de suministro de agua corriente, para favorecer un negocio de botellas de agua a precio de oro. El lugar estaba superpoblado, los testimonios y el informe del fiscal Federico Delgado hablan de una atmósfera irrespirable, ventanas cerradas, personal médico escaso y “puestos de hidratación” que a medianoche ya no hidrataban a nadie, pero los inspectores del Gobierno de la Ciudad –que, según el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, estuvieron allí e hicieron bien su trabajo– no encontraron ninguna irregularidad. Otra vez: ¿qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón?

Además de las muertes de cinco jóvenes y el riesgo que corren en estas horas otros cinco, lo que produce horror es ver cómo, después de tantas aseveraciones sobre la enseñanza que Cromañón dejaba en la sociedad y en los responsables de velar por su seguridad, no se aprendió nada. Pero en este hecho hay agravantes que producen aún más dolor: los responsables de controlar estos espacios públicos son los que impulsaron un juicio político al responsable de controlar los espacios públicos en 2004. El macrismo no dudó en desplazar a Aníbal Ibarra por no cumplir sus deberes como funcionario público. Horacio Rodríguez Larreta también incumple sus deberes como funcionario público.

Las muertes en Costa Salguero, además, se producen en un contexto sobre el que vale la pena detenerse. Hace ya un largo tiempo que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un plan sistemático de persecución a lugares de música en vivo, teatros independientes y centros culturales autogestionados, a los que se les exige cada día un requisito nuevo y contra los que se utilizan argucias tramposas, a veces en el borde del ridículo, para cruzarles una faja de clausura aunque tengan todo en regla. Pero Costa Salguero, como bien explicó Werner Pertot ayer en este diario (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html), no es un lugar cualquiera: ha sido una usina de negocios primero para el menemismo y luego para el macrismo. Cuenta con una protección estatal que se traduce en un canon ridículo y una ostensible vista gorda a la hora de controlar su funcionamiento y vigilar que no haya un ejército de dealers vendiendo basura adulterada. Tiene toda la protección política que supone el hecho de que en el directorio de la concesionaria aparece Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.

Ni en Cromañón existían tan claros vínculos entre el Estado y los responsables de organizar una fiesta que terminó en muerte. En tiempos de blindaje mediático a los desaguisados, cuentas panameñas y corrupciones del macrismo, ¿Costa Salguero será solo un incidente más? Ya sucedió con Beara, donde hubo dos muertes y más que sancionar a Martín Farrell se lo quiso premiar con un puesto de juez. Da la siniestra sensación de que la gravedad de los hechos solo se mide en cantidad de muertes. Pero si esta sociedad clamó por esclarecimiento y justicia con República Cromañón, y tantos años después vuelve a encontrarse indefensa frente al mismo esquema de corrupción y desidia, sería gravísimo que todo quedara en la excusa del narcotráfico, algunas declaraciones de ocasión, un par de debates televisivos sobre las peligrosas costumbres de la juventud y el pragmatismo de algunos hipócritas
que dijeron venir a cambiarlo todo, y ahora pretenderán seguir como si no hubiera pasado nada. La vida –y la muerte– en República Salguero.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

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Lunes, 18 de abril de 2016 | Hoy

SOCIEDAD › LA CONCESION IRREGULAR DEL PREDIO DE COSTA SALGUERO Y LOS VINCULOS EMPRESARIOS CON EL MACRISMO
Un negocio a costa de la Ciudad
La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.



Por Werner Pertot
Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.

En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar.

Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.

En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.

Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto.

No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”.

En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. “Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá”, destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.

Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.

En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html

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