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14 de febrero de 2017

"EL INTERÉS PÚBLICO NO HABRÍA SIDO PROTEGIDO DE FORMA ADECUADA”



14 de febrero de 2017
Pagina12 | El país | Los negocios de la familia Macri
"EL INTERÉS PÚBLICO NO HABRÍA SIDO PROTEGIDO DE FORMA ADECUADA”
Macri y Aguad imputados por el curro del Correo
El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió investigar al Presidente y al ministro de Comunicaciones por presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado con la empresa Correo Argentino, que implica una condonación de la deuda al Grupo Macri. Argumentó que se observa “un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado”.


(Imagen: Facebook Oscar Aguad)
El fiscal federal Juan Pedro Zoni hizo lugar a dos presentaciones penales por el escandaloso acuerdo firmado entre le Gobierno y la empresa Correo Argentino SA y decidió imputar al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa.

Las denuncias tomadas por Zoni son las realizadas por el partido Nuevo Encuentro y por el abogado Daniel Igolnikov. Ahora el pedido de abrir la investigación deberá ser definido por el juez federal Ariel Lijo, a quien el fiscal solicitó una serie de medidas de prueba que no dio a conocer al disponer el secreto de sumario para el expediente. El dictamen completo.

El fiscal pidió "iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas" en el marco del acuerdo que implica una quita del 98,87 por ciento de la deuda de la empresa del Grupo Macri y da un plazo de pago en cuotas hasta 2033 que representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos.

"Se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”, advirtió Zoni y destacó los dictamenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien solicitó el rechazo del acuerdo por "ruinoso", "abusivo" e "inadmisible".

El representante del Ministerio Público colocó bajo la lupa “el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo", por el cual "se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal". También recordó que ese acuerdo "se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, en referencia a Mocoroa, quien puso la firma a la propuesta de la empresa de los Macri.

“Dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, remarcó Zoni en su dictamen.

En Comodoro Py hay tres denuncias más por el acuerdo con la empresa de Franco Macri: el juez Rodolfo Canicoba Corral tiene a su cargo una presentación de otro abogado particular y una del Frente para la Victoria, mientras al juez Marcelo Martínez De Giorgi le tocó la denuncia de la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA).
https://www.pagina12.com.ar/20176-macri-y-aguad-imputados-por-el-curro-del-correo

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14 de febrero de 2017
Pagina12 | El país
LA ESCANDALOSA HISTORIA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL CORREO ARGENTINO PROTAGONIZADA POR EL GRUPO MACRI
Despidos y mucha deuda, el sello de los Macri
Mauricio Macri siempre buscó que se olvidara la gestión de su grupo en el Correo. En Gobierno prometían una rueda de prensa.

La del Correo Argentino fue una de las últimas privatizaciones del gobierno de Carlos Menem.
La del Correo Argentino fue una de las últimas privatizaciones del gobierno de Carlos Menem.
Por Werner Pertot
Quizás una de las facetas más perjudiciales para el Gobierno del escándalo del Correo Argentino es que trae a la memoria una de las peores historias asociadas al apellido Macri: la privatización del Correo Argentino. El presidente Mauricio Macri cuando ingresó a la actividad partidaria luchó durante años para quitarse la mochila que traía su apellido. ¿A qué memorias le huía? A la de los despidos, la suba exorbitante de los precios postales y la gestión que fue deficitaria hasta el punto de caer en el concurso de acreedores. Un breve repaso por la historia de la concesión indica que el Grupo Macri solo pagó el canon el primer año. El resto del tiempo peleó para eludir sus obligaciones con el Estado.

Mientras el Gobierno prometía dar hoy en Olivos una conferencia de prensa en la que se volverán a referir al tema y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, planteaba reunirse en el Congreso, pero sólo con los diputados oficialistas, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda anunció que presentará un amparo en el fuero contencioso administrativo para frenar el acuerdo por la deuda del Correo. Se trata del pacto que la fiscal Gabriela Boquin consideró ruinoso para el Estado, dado que implica una quita del 98,87 por ciento sobre el valor actualizado. Aguad, además, le envió una serie de documentos a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que hasta ahora no se pronunció sobre el escándalo (ver recuadro).

Negocios con el Estado
Aunque era una privatización tardía del menemismo –el entonces presidente Carlos Menem la concedió el 26 de agosto de 1997–, comenzó como todas las otras: con la promesa de un futuro mejor. “Macri se propone transformar una ineficiente compañía estatal”, titulaba por ese entonces el Wall Street Journal. “Llevo 40 años reviviendo empresas”, sostenía el padre del actual presidente.

Pagadios. Para ganar la licitación por 30 años, se había comprometido a pagar un canon de 51 millones de pesos por semestre, una oferta un 40 por ciento superior al resto de los que participaron de la licitación. Una vez que se hizo con el negocio, el Grupo Macri buscó dejar de pagar ese canon. De hecho, sólo llegó a abonar el primer año al Estado. El resto fueron idas y venidas con los distintos gobiernos. El de Menem le condonó aportes patronales por unos 10 millones de pesos-dólares anuales y amagó también con perdonarle el canon. Menem llegó a tener preparado un decreto para condonarles el pago de las obligaciones por los 30 años de la concesión, pero el escándalo que generó finalmente frenó la firma. En 2000, cuando la Alianza le reclamó por las deudas que ya iba a acumulando, Franco Macri amenazó con dejar la concesión y consiguió que postergaran los reclamos. En 2001, Franco Macri llegó a proponer estatizar la deuda privada de todos los empresarios (él incluido) porque “enfrentaron intereses absurdos y situaciones absurdas”.
Suba de tarifas. Para conseguir la concesión, el Grupo Macri –del que el actual presidente siguió formando parte hasta 2009– prometió no aumentar las tarifas del Correo. Luego, por supuesto, hizo todo lo contrario: el servicio pasó a estar entre los más caros del mundo. En contrapartida, un informe de la Defensoría del Pueblo nacional indicaba en 2000 la “pérdida de calidad operativa” del Correo, dado que “promociona servicios caros y de dudosa eficacia”. Advirtió, además, sobre el perjuicio a los usuarios que había implicado el cierre de sucursales en distintas provincias.
Inversiones y despidos. También prometieron inversiones. En lugar de esto, emprendieron una política de reducción de la planta, que implicó más de cinco mil de despidos y el cierre de más de 100 sucursales. En los dos primeros años, eliminaron el 25 por ciento de toda la planta. El entonces director ejecutivo, Jorge Irigoin, se quejaba de que había un “exceso de delegados sindicales” y promovió políticas de desafiliación entre los empleados. La presión llegó al punto de que algunos sindicatos denunciaron al Grupo Macri por práctica desleal y consiguieron fallos favorables. Hoy Irigoin está de vuelta en el Correo, designado por el presidente. En 1999, la empresa consiguió que el Gobierno menemista le computara como “inversiones” 126 millones de pesos en indemnizaciones a los empleados que aceptaron un “retiro voluntario”. La resolución los libró del plan de inversiones para los primeros cinco años fue firmada por el secretario de Comunicaciones menemista, Germán Kammerath. Habían prometido invertir 25 millones por año en mejorar el equipamiento y la tecnología, pero en lugar de eso “invirtieron” en dejar personas sin trabajo.
A cambio, la empresa no se volvió más exitosa: la participación de la empresa en el mercado cayó hasta el 33 por ciento. Cuando la recibieron, era del 38 por ciento. Fue deficitaria hasta que se declaró en convocatoria de acreedores en 2001.

La rescisión
Cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, no estaba en los planes rescindirle el contrato a Franco Macri (que, por otra parte, llegó a mostrarse oficialista del Gobierno kirchnerista, como con todos los anteriores). Pero las incipientes negociaciones que iniciaron con el empresario no llegaron a buen puerto y finalmente el entonces presidente firmó un decreto el 19 de noviembre de 2003 en el que dio por concluida la privatización “por culpa de la concesionaria”. El decreto detalló pormenorizadamente los motivos que llevaron a este resultado:

Indicó que el pago del canon solo tuvo “normal cumplimiento respecto del primero y segundo semestres de la concesión” y que “el desarrollo posterior de la relación contractual se vio afectado por constantes reclamos e incumplimientos de diversa índole por parte de la empresa concesionaria”.
“A poco de iniciada su gestión, la concesionaria comenzó sistemáticamente a cuestionar y condicionar su obligación de pagar el canon con diversas argumentaciones y manifestaciones que fueron modificándose y ampliándose en el tiempo”, advirtió.

Señaló que el Grupo Macri pidió “una serie de compensaciones por créditos derivados de servicios prestados al Estado Nacional; exigencia que luego modificó, condicionando el pago del canon a la satisfacción de dichos créditos”. Advirtió que en 2000 se formó una comisión que estudió el contrato de concesión y rechazó todas las pretensiones del holding de la familia del presidente.
“El Estado Nacional se presentó a verificar su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma de 296.205.376,49 pesos”, indica el decreto. Se trata de la cifra que el Gobierno actual busca cobrar sin actualización por los 16 años de juicio transcurridos. El decreto además menciona una “deuda postconcursal en concepto de canon” de otros 206 millones de pesos de capital nominal.
Además, destacaron que se comprobaron “incumplimientos vinculados a los precios del Servicio Postal Básico Universal, que implicaron la generación de perjuicios para los usuarios, constituyendo una actitud que conspiró directamente contra los objetivos y finalidades del servicio concesionado”.
En 2002, hubo un aumento de los precios postales internacionales sin aprobación del Estado, lo que derivó en una multa de 100 mil pesos.

“Se extrae con certeza la realización de actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario afectado a la prestación del servicio público, con grave peligro para su continuidad y regularidad”, denunciaron. Por último, el decreto menciona que se le dieron diversas oportunidades para seguir prestando el servicio y que en la última oferta en diciembre de 2002 propusieron cambiar el monto del canon y la cobertura geográfica del Correo Argentino.
El Grupo Macri argumentó que era inconstitucional el decreto firmado por Kirchner y se presentó ante el Poder Judicial, en una causa que sigue hasta hoy y en la que, según advirtió la fiscal Boquín, ahora reclaman un monto mayor al que arreglaron por la deuda del Estado y con una tasa de interés superior. El resultado podría ser que el Grupo Macri termine pagándole al Estado con su propio dinero e incluso haciendo una nueva ganancia por la privatización menemista, a más de 16 años de concluida.

Al ser eyectado de la concesión, Franco Macri aseguró que le dejó “al Estado una empresa moderna y rentable”, pese a que había terminado con un juez decretando la quiebra. Luego el Grupo Macri apeló y la causa siguió su derrotero –gracias a un oportuno fallo de la Cámara revirtiendo esa decisión– hasta la controversia actual.

https://www.pagina12.com.ar/20090-asi-se-forjo-el-curreo

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14 de febrero de 2017
Pagina12 | El país
EL ESCÁNDALO POR EL ACUERDO SOBRE EL CORREO ARGENTINO
Marcos Peña: "Es una cuestión técnico judicial"
Una semana después de conocido el intento por condonar la deuda del Grupo Macri, el jefe de Gabinete fijó la posición del Gobierno. Trató de restarle importancia al tema y buscó dejar a salvo al Presidente. Aseguró que "no hay conflicto de intereses" y que "para nada es un tema político".


(Imagen: Télam)
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que “no hay un conflicto de intereses” en la condonación de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri impulsa a favor de la familia Macri por la falta del pago de los cánones del Correo Argentino, y además, anunció que el Poder Ejecutivo pedirá a la Cámara Federal que "aborde de manera integral" ese caso. Además, dijo que se le solicitará a la Auditoría General de la Nación que se expida al respecto, antes de la firma de un acuerdo. Este escándalo, dijo, “para nada” es parte de “un problema político” sino, más bien, un tema “de índole técnica y judicial”.

Durante una conferencia de prensa en Olivos, el jefe de ministros anticipó que el Gobierno solicitará “una audiencia de carácter urgente” a la Cámara para pedirle que “aborde la problemática de manera integral” y que investigue, además, los motivos por los cuales los sucesivos gobiernos desde 2002 no llegaron a un acuerdo con el Grupo Macri por el Correo.

En este sentido, el funcionario echó mano al repertorio PRO de la "pesada herencia" y deslizó que la idea es que se investigue el rol de los gobiernos del Frente para la Victoria, "luego de 12 años de desidia y de no resolución" del conflicto.

A esa medida judicial se le sumará un pedido a la Auditoría General de la Nación, para que elabore “un análisis técnico” del caso antes de que se concrete una eventual firma del acuerdo entre el Poder Ejecutivo con el grupo empresarial encabezado por Franco Macri, padre del Presidente. “Esto es para evitar cualquier duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses, que no creemos que lo hubiera”, subrayó Peña, quien durante la conferencia estuvo acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

En su intento de despegar a la gestión de Macri de un posible conflicto de intereses con el grupo empresario -que él integró hasta 2009 y del que siguen participando su padre, sus hermanos y sus hijos-, Peña insistió varias veces en que el Estado es uno más de los tantos acreedores que tienen los ex dueños del Correo Argentino. “No es un acuerdo entre el Estado y la empresa” sino con “600 acreedores, entre los cuales está el Estado”, dijo. No obstante, quien impulsa la condonación que implica una quita del 98,87 por ciento de la deuda es el Estado, representado por el Ministerio de Comunicación y en manos de Macri.

Aguad, por su parte, intentó reforzar la idea de que el primer mandatario no tuvo nada que ver en nada. Dijo que “el Presidente jamás se interesó por ese tema” y aseguró que lo único que les pidió fue “que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado”. Pasó por alto su condición de subordinado del Presidente, quien de un momento para otro puede desplazarlo de su cargo en caso de que no le guste lo que hace.

“¿Cuál fue el rol que tuvo Macri, entonces?”, le preguntaron. “El Presidente no ha intervenido en este tema sino que lo hicieron el Ministerio de Comunicaciones y su Dirección de Asuntos Jurídicos”, respondió Peña, según quien el tema llegó a los despachos de Casa de Gobierno “una vez que empezó el debate político” y no antes. Lo que se conversó fue “para ver cómo se planteaba un mecanismo institucional” que pudiera sacarlo de la controversia dijo y repitió: “En el proceso del acuerdo nosotros no intervenimos” desde la política porque “es un debate técnico judicial”.

El ministro coordinador señaló, por otra parte, que tanto el pedido de urgencia a la Cámara Federal como así también la intervención de la AGN antes de la firma de un eventual acuerdo fueron propuestas hechas “por indicación del Presidente”. En la presentación a la Cámara se solicitará que se revisen las “actas firmadas con el gobierno anterior que finalmente no prosperaron” y que hablan de que “el tema no se resolvió en 12 años”.

A la Justicia no solo se le pedirá que amplíe la investigación del tratamiento de la deuda del Grupo Macri durante las anteriores administraciones, sino también que en el caso se “incorpore en el análisis los juicios que la empresa Correo Argentino le hizo al Estado”. El derrotero de las acciones del grupo y de los sucesivos gobiernos fueron publicados en la edición de hoy de Página/12.

Hasta ahora, el órgano comprometido a iniciar un análisis integral del caso es la Oficina Anticorrupción, en manos de la macrista Laura Alonso. Para Aguad, sin embargo, la intervención de este organismo no se justifica: “Es un tema que nada tiene que ver con la corrupción”, elucubró.

Aguad también se mostró dispuesto a dar explicaciones de todo ante el Congreso. De hecho, asistirá esta tarde a una reunión con diputados aunque sin la presencia de los integrantes de la oposición. Lo explicó de manera escueta: “Me ha convocado el bloque del oficialismo y voy a ir”.


https://www.pagina12.com.ar/20155-marcos-pena-es-una-cuestion-tecnica-y-judicial

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