Lo que circula por los medios

15 de febrero de 2017

Estafadores imputados



Estafadores imputados
Por LAURA MANFREDI | 14 de febrero de 2017

El presidente, Mauricio Macri, el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y el director general de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio, Juan Carlos Mocoroa, fueron imputados por haber condonado una deuda millonaria del Correo Argentino. La denuncia de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública fue presentada por Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella a raíz de una publicación exclusiva de Nuestras Voces.



Mauricio Macri, Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa fueron imputados hoy por el acuerdo millonario de condonación entre el gobierno y el Correo Argentino S.A, en manos del propio presidente. La presentación estuvo a cargo del fiscal federal, Juan Pedro Zoni, por perjuicio al Estado y surgió a partir de una denuncia presentada por Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, y por otra interpuesta por el abogado, Daniel Jaime Igolnikov. El fiscal pidió “iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas” en el marco de este acuerdo.

El 9 de febrero Cerruti y Sabbatella, tras la difusión de una investigación publicada en el Nuestras Voces, denunciaron penalmente al presidente y a dos de sus funcionarios por favorecer económicamente a la familia Macri con la condonación de la deuda del Correo. Mauricio Macri está involucrado por ser el máximo responsable de la administración de los bienes del Estado Nacional, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue señalado por tener bajo su órbita el cobro de la deuda de Correo Argentino y el director general del área de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio, Juan Carlos Mocoroa, fue denunciado por oficiar como representante del Estado y acordar la quita de la deuda que la empresa de Macri mantenía con el Estado.

Los delitos que se les imputan son fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del C.P.) Los motivos ya son de dominio público: la condonación del 98,82% de una deuda que la familia Macri -Correo Argentino- posee con el Estado y que se encuentra en litigio desde hace más de quince años. La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez, Ariel Lijo.

Los delitos que se les imputan son fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del C.P.)
Mocoroa defendió el acuerdo y afirmó en diálogo con las radios Nacional y El mundo: “No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses”. También aseguró, diferenciándose de las declaraciones de la fiscal Gabriela Boquín, que no existió ninguna condonación. Sin embargo, Cerruti y Sabbatella sostienen en su escrito que “resulta imposible creer que el letrado actuó por cuenta propia y sin instrucciones expresas de sus superiores. No resulta creíble que alguien decida arbitrar entre las partes Correo de Macri y Gobierno de Macri, sin instrucciones de Macri”.

Las denuncias de Cerruti y Sabbattella se suman a las presentadas por el bloque del Frente para la Victoria contra Macri y Aguad por los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También denunciaron por esta causa a Macri y a sus funcionarios, el abogado, Daniel Igolnikov y el dirigente peronista, Juan Ricardo Mussa.

Ayer, Cerruti y Sabbatella ampliaron la denuncia penal con nuevos datos que probarían que los denunciados sabían que estaban perjudicando al Estado.

La estafa del Correo

Cuando Franco Macri adquirió la concesión del Correo, el gobierno de Menem le había prometido sacar una ley para prohibir el correo privado y los motoqueros, y poder así unificar los gremios. Había más de ochenta gremios y la famiglia, acostumbrada a trabajar con la poderosa Unión Obrera Metalúrgica o con la Unión Obrera de la Construcción, descubrió el entramado del Estado, donde convivían los gremios propios de la actividad con los sindicatos de los trabajadores estatales.

“Yo entonces era presidente de Boca”, insiste Mauricio, “no tuve nada que ver…”. Sin embargo, tal como menciona Gabriela Cerrutti en su libro El Pibe, Mauricio era miembro del directorio del Correo y, la estructura del negocio, fue definida en su casa de Barrio Parque donde se llevaron adelante buena parte de las reuniones con los empresarios socios y con el gobierno menemista, en las que se decidió la concesión.

“La privatización del Correo era uno de los grandes objetivos del grupo Macri desde que comenzaron a participar del gobierno menemista. La reconversión de Sideco había dado impulso a las empresas de comunicaciones dentro del grupo, que se habían planteado como objetivos estratégicos los aeropuertos, los medios de comunicación y el correo”, afirma Cerruti en su publicación.

El desembarco de los Macri en el Correo fue breve y escandaloso. El trámite fue confuso y complejo y terminó en un fraude económico y financiero por el cual el Estado debió volver a hacerse cargo de la empresa casi en quiebra y luego de que ésta incumpliera con todos los términos del contrato, según relata Cerruti.

Un ejemplo de ello, fue el plan de despidos masivos de trabajadores que llevaron adelante a través de un programa de retiros voluntarios por el que el Correo redujo su dotación en 10.000 empleados. Para eso, utilizaron los fondos que se habían comprometido en el contrato de concesión a aportar como inversión de capital. En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión 100 millones de dólares que había usado en realidad en el despido del personal.

En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión 100 millones de dólares que había usado en realidad en el despido del personal.
La resolución 18.496 emitida por la Secretaría de Comunicaciones el primero de julio de 1999 lo avaló. Como el consorcio Macri se había comprometido a invertir 25 millones por año, con esto quedaba cubierta la inversión de cuatro años. La investigación El Pibe afirma también que aquella resolución no mencionaba los despidos, sino que englobaba la inversión en “bienes intangibles”. Macri presentó un dictamen de la consultora internacional Price Water house-Cooper & Lybrand que apoyaba el criterio, señalando que la erogación efectuada elevaba el valor de la empresa y era considerada por lo tanto una inversión en bienes intangibles.

Germán Kammerath, Secretario de Comunicaciones en aquel entonces durante el gobierno menemista, fue procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público -al aceptar el pago de las indemnizaciones como parte de la inversión requerida a la familia Macri-. Sin embargo, ocurrió cuando había pasado ya tanto tiempo que no existían penas por cumplir.

El Correo poseía más de 6.500 oficinas y una excelente red de distribución a lo largo y ancho de todo el país. “Era la única organización con capacidad para llegar a todos y cada uno de los argentinos, al menos —en promedio— una vez al año. Si en esos contactos, a lo largo de un año, se les pudiera vender ‘algo’ por diez pesos, con ese algo, multiplicado por 35 millones de habitantes, teníamos un potencial de ventas incalculable. Era, verdaderamente, un desafío intelectual, un acicate a nuestra creatividad”, afirmó Orlando Salvestrini según publica Cerruti en su libro. Salvestrini era en ese momento gerente y tesorero de Boca Juniors, hombre con puestos claves intercalando los negocios gerenciados por Franco y Mauricio Macri y diversos cargos durante el menemismo.

El Correo fue la primera privatización en la que la familia Macri debió hacerse cargo de gestionar una empresa estatal, con su infraestructura y su personal. Gabriela Cerruti aclara en su investigación que tanto en el caso de peajes como en el del gas, lo único que debieron hacer fue trasladar sus empresas de infraestructura a ese nuevo cometido, pero no “heredaron” trabajadores estatales.

El viceministro de Trabajo, José Uriburu, se encargó de darle el primer gran negocio al Correo. Apenas otorgada la concesión, el Ministerio de Trabajo contrató al nuevo correo privado para que abonara los planes sociales que se manejaban desde ese Ministerio. No sólo se realizó una contratación directa donde debía realizarse una licitación sino también que ante los dictámenes del Ministerio que ordenaban llevar adelante una compulsa de precios para garantizar que el Estado contratara a quien hiciera la mejor oferta, Uriburu decidió que el Correo debía seguir cobrando las tarifas fijadas con anterioridad hasta tanto se realizaran “informes técnicos”, los que nunca se concretaron.

De acuerdo con el informe de la Oficina Anticorrupción que analizó el tema, la sucesión de delitos constituía un fraude a la administración pública además de incumplimiento de deberes de funcionario público, mismas causas por las que ayer fueron denunciado el presidente y sus funcionarios.

El libro de Cerruti, detalla todavía una situación más insólita. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era notoriamente más elevado que el promedio que se venía registrando. Por expediente se le solicitó a la empresa una explicación, pero sostuvo que “en función del fuerte impacto que ese reintegro le generaría a la empresa, solicitaba se le concediera un plazo de financiamiento de 36 meses para efectivizarlo”. El Ministerio no reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos con lo cual el gobierno y el Correo estipulaban que los beneficios impagos eran del mismo monto que lo que el Ministerio le debía a la empresa por servicios postales, por lo que dieron por cancelada la deuda.

Este acuerdo, fue el que dio la vía libre a los Macri, quienes creyeron encontrar la fórmula ideal para no afrontar el pago del canon de 51.600.000 millones semestrales estipulados por el contrato de concesión. Correo Argentino se presentó ante la Secretaría de Comunicación reclamando que se le compensara el pago del canon por las deudas que el gobierno tenía en diferentes reparticiones y por las condiciones “asimétricas¨ del convenio colectivo de los trabajadores de su empresa con los de otras empresas privadas del mercado postal.

Sin embargo, la empresa OCA se presentó ante la justicia y logró que se le ordenara al gobierno de Carlos Menem no hacerse eco del pedido, aduciendo que lo que se pretendía era otorgar a Correo Argentino un privilegio indebido.

En cuatro años de gestión, el Grupo no cumplió con ninguno de los puntos acordados en el contrato de concesión. Macri le debía al Estado casi 1.000 millones de pesos: 408 millones de canon; 60 millones en préstamos del Banco Nación, y 528 millones en concepto de aportes patronales evadidos frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero, además, acumulaba causas judiciales por diversos motivos.

El Correo fue a la quiebra, el gobierno de Néstor Kirchner decidió su reestatización y lo convirtió en un paradigma de la forma en que se llevaron adelante los negocios en la década menemista.

@malaumanfre


http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/estafadores-imputados/

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La clave para entender el caso “Correo Argentino”
Viernes, febrero 10, 2017
La aceptación por parte del gobierno nacional de la propuesta del grupo Macri para liquidar el concurso preventivo de “Correo Argentino S.A., ha convulsionado la política argentina. Desde distintos medios periodísticos se hacen conjeturas sobre el desenlace del caso que tiene en ambos extremos a Macri padre y a Macri hijo. Hoy existe un antecedente judicial que resulta calve para poder entender si el acuerdo es o no abusivo para el Estado Nacional y altamente beneficioso para el grupo empresario, propiedad del presidente de la República.

La quiebra de Correo Argentino

En 2001, la empresa entra en convocatoria de acreedores y el Estado nacional era uno de ellos. Luego de varias incidencias procesales, recién en 2003 se pudo verificar el monto del crédito (a favor del Estado). La deuda a la que el Estado nacional tiene derecho son 296 millones de pesos, equivalentes a 296 millones de dólares. En julio del año pasado, en una audiencia pedida por el representante del Estado Nacional, la empresa hace una oferta: 300 millones de pesos pagaderos en 15 años con un interés anual del 7%. En la misma audiencia y sin mediar siquiera un estudio pormenorizado de la oferta, el representante del gobierno acepta la oferta y se le propone al juez que homologue el acuerdo.

la posición de la fiscal

Según la fiscal de cámara Gabriela Boquín, que interviene representando al Estado Nacional, el ofrecimiento realizado en junio por la empresa de Franco Macri debe considerarse “abusivo” porque implica una quita de más de 4.000 millones de pesos en la actualidad y de más de 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

La fiscal llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), que tomó como base la fecha en que se inició el concurso, el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar, y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.

La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático que arrojó como resultado que al año 2033 esa deuda de 296 millones de pesos, actualizada con índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000 millones de pesos, con lo cual la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado implica una quita del 98 por ciento

En su dictamen, la fiscal Boquín advirtió que “uno de los principios fundamentales de las finanzas establece que ‘un peso hoy vale más que un peso mañana’. De ahí surge el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad del dinero puede calcularse según el interés que se devengaría si ese dinero hubiese estado invertido por el beneficiario. Otro factor a tener en cuenta es la licuación del capital que se produce por la desvalorización de la moneda durante un lapso prolongado”, indicó. El Gobierno decidió hacer de cuenta que esa depreciación nunca existió

Para entender mejor el caso, debemos señalar que la resolución definitiva sobre el caso lo tiene la Cámara de Apelaciones en lo Comercial B de Capital Federal, juzgado que debe aceptar o no, la propuesta de homologación del acuerdo al que han llegado los funcionarios del gobierno nacional y el grupo Macri.

El tema de fondo es si se deben o no, aplicar intereses a la deuda que la empresa Correo Argentino tiene con el Estado Nacional y como deben computarse. Por tratarse de una deuda que se originó en el año 2001, (15 años) el computo de intereses resulta decisivo para entender quién se beneficia con el acuerdo

La misma Cámara de Apelaciones en marzo del año pasado, en un caso muy parecido, dictaminó en la quiebra de la empresa Capital Food: que “Corresponde rechazar la propuesta de pago efectuada, en tanto resulta abusiva porque implica, para los acreedores, una quita del 90% del capital y del 100% de los intereses que se devengaron desde la mora y no contempla el pago de intereses posconcursales. 2. Coadyuva a tal solución, que la sociedad haya cesado en la explotación de su negocio, circunstancia que conlleva a la inexistencia de “empresa comercial”, elemento suficiente -en tanto no existen empleados cuya fuente de trabajo deba ser resguardada- para negar la homologación (CNCom, Sala B, in re, “CAPITAL FOOD SA S/ QUIEBRA. Díaz Cordero – Piaggi. Cámara Comercial: B. Fecha: 2016-03 -18.

Hoy los tribunales ya han marcado con reiterada jurisprudencia, que no puede aplicarse literalmente el artículo 19 de la ley de quiebras que establece que la deuda original se congela al momento de decretarse el concurso preventivo; sobre todo en deudas que al momento de pagarse representan una verdadera licuación del valor del crédito, como es en este caso.

Este fallo es más que claro para poder entender que es lo que está pasando en el caso Correo Argentino. La licuación del crédito que tiene el Estado Nacional, obliga al tribunal a computar intereses y a rechazar el acuerdo. La aceptación implicaría una quita del 98 % del valor del crédito con un claro perjuicio para el Estado Nacional, o sea todos nosotros.



http://www.laciudadweb.com.ar/la-clave-entender-caso-correo-argentino/



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12 de febrero de 2017
Pagina12 | El país
El Correo, con cartas marcadas
El gobierno de Mauricio Macri condona, licuándola, una deuda del Grupo Macri. Las excusas de Aguad. La jurisprudencia y la ley aplicables. El conflicto de intereses, sin intervención de los órganos de control. La historia del Correo Argentino, el tendal que dejó, las posibilidades de lucrar que le abre el acuerdo. Algo sobre política, corrupción, mala praxis y delito.


(Imagen: Leandro Teysseire)
Por Mario Wainfeld
La producción de bienes materiales disminuye día tras día. En reemplazo, el Gobierno incrementó la de escándalos, una de sus labores predilectas. El problema, que viene in crescendo desde el segundo semestre, es que muchos lo salpican o enchastran o desnudan: ya no son solo (o no son) los atribuidos al populismo que lo antecedió.

En contados días se filtraron escuchas violando leyes y protocolos que tutelan las libertades básicas. Hasta ahí, el macrismo podía respirar (según sus laxas y gánicas reglas): las pinchaduras divulgadas aspiraban a complicarle la vida al enemigo estratégico (el kirchnerismo) y a un operador judicial macrista (Daniel Angelici) con el que el Grupo Clarín parece tener un conflicto táctico por la televisación del fútbol.

La degradación del sistema de garantías quedó opacada como noticia cuando se conoció el acuerdo judicial con el Correo Argentino Sociedad Anónima (“el Correo”, en adelante) propiedad del Grupo Macri cuya homonimia con el presidente Mauricio no es casualidad.

Se conoció, gracias al riguroso y valiente dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que el Estado concedió a la empresa concursada una condonación descomunal. Eso sí, en silencio y sin cumplir los mínimos requisitos exigibles.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, alegó que el acuerdo no es, apenas, bueno sino formidable. Según “el milico” Aguad, la deuda concursal se congela por los siglos de los siglos.

La visión de Aguad concuerda con el ideario del gran empresariado nacional o afincado en estas pampas. Resumamos alguno de sus puntos esenciales.

Quebrar es un gran negocio.
Transformar los créditos de los acreedores en monedas es otro.
Evadir impuestos o lavar dinero es un filón, porque ya vendrá un blanqueo para premiar esas picardías.
No pagar las cargas sociales es lucrativo porque puede llevar a la quiebra y jamás se sanciona.
Descuidar la protección de la vida o la salud de los trabajadores aumentando la accidentalidad es negocio porque se puede alegar que aumenta la litigiosidad, con ella los “costos laborales”. Ya llegará una ley de Riesgos del Trabajo que minimice esos costos, sin abordar los otros aspectos, tan enojosos y cargantes.
Cien etcéteras en consonancia.
Regresemos a la causa judicial y a los debates que suscita.

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Plata quemada: El Grupo Macri fue uno de los beneficiarios de las escandalosas privatizaciones menemistas. Administró mal el Correo, dejó de pagar el canon (su única obligación en dinero) en 1999, dejó un tendal de deudas, despidió miles de trabajadores.

En 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió la re estatización de la empresa. Lo hizo a contragusto porque el objetivo no estaba en su hoja de ruta. Durante su mandato se revocaron contadas concesiones, en casos específicos y bochornosos. Las grandes estatizaciones, las más importantes y meritorias con el sistema jubilatorio, YPF y Aerolíneas Argentinas a la cabeza, llegarían durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Se iniciaron acciones legales contra el concesionario que cantó quiero retruco con demandas en otros juzgados.

El concurso comercial, como es regla, hibernó en los tribunales del Fuero, que es corpo friendly, más pensado para proteger a los capitalistas que al interés colectivo. De los trabajadores, ni hablemos. Puede haber mediado mal manejo del kirchnerismo que no invalida ni habilita dolo o torpeza del oficialismo actual.

El Grupo Macri ofreció arreglos misérrimos que el Estado rehusó, con toda razón. La ecuación cambió cuando la famiglia se acodó en los dos lados del mostrador.

El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, asistió a una audiencia en la que se repitió una propuesta pésima. Mocoroa regateó un cachito. Un cuarto intermedio bastó para que la concesionaria mejorara la oferta, por decirlo con fantasía.

El Estado aceptó. En Cámara, Boquin apela y reserva el derecho de acudir a la Corte Suprema si se convalida el pacto espurio.

El argumento del Gobierno es que la deuda original, cerca de 300 millones de pesos-dólares, queda congelada hasta la eternidad porque así lo dispone la Ley de Quiebras. Cualquiera podría hacer una cuenta de bolichero y calcular que, conforme la cotización de la divisa, el crédito estatal andaría por 4800 millones. La cifra no corresponde a los criterios legales porque la deuda se pesificó pero da una idea aproximativa del valor real del rojo que dejó el Grupo Macri.

En aquel momento, Franco Macri debió concurrir al Congreso y explicó que no le pagaba al Estado poniendo en práctica una particular visión de la justicia social: se había gastado todo su dinero en indemnizar a los laburantes que puso de patitas en la calle.

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La letra y el espíritu: Mocoroa asegura que no le rebajó “un mango” a la corporación Macri. Aguad lo ratifica, basándose en una interpretación literal y falaz de la ley concursal. En efecto, se estipula que el crédito reconocido no se indexa ni corren intereses. Pero no es exacto, porque no es equitativo que el deudor quebrado pueda librarse de su carga abonando el monto histórico. La quiebra “suspende” que corran intereses durante determinadas etapas de su trámite: no los borra ni perdona.

Por lo pronto, existen criterios generales. La ley no protege el ejercicio abusivo de los derechos ni cobija a quien invoca su propia torpeza. Ya en el especializado marco de las quiebras o concursos la jurisprudencia fija que no se debe convalidar una propuesta que implique una licuación salvaje de la deuda aunque se hayan cumplido los requisitos formales para su aprobación. La Corte Suprema sentenció así en la causa “Arcangel Maggio S.A. s/concurso preventivo”.

Los comercialistas Ricardo Nissen y Eduardo Favier Dubois lo explicaron en este diario el viernes pasado. Los debates entre juristas lo comprueban: aún los macristas culposos que cita el diario La Nación confiesan a regañadientes que hacerlo es injusto.

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(Des) intereses y favores: Conceder financiación a quince años es otra irregularidad. Los intereses pactados son, para colmo, muy inferiores a los que perciben los bancos oficiales, en créditos a las empresas o a particulares. El Gobierno actúa como filántropo con quien no lo merece. Achica su crédito sin ningún motivo imaginable, que no sea favorecer al Correo.

El emprendimiento familiar, ya se comentó, mantiene pleitos contra el Estado, en otros tribunales. En convenios como los que suscribe Aguad una regla de oro es que la concursada desista, como contrapartida, de esos reclamos. No hacerlo posibilita (o fomenta) la perspectiva de enriquecimiento del fallido, que paga sus deudas jibarizadas y podría llegar a percibir créditos indexados. Boquin detectó que el Correo amplió su demanda ni bien firmó el pacto con el representante del Gobierno. Ya que estamos, exige intereses mayores a los que pagaría en la quiebra. El lucro es redondo, la mala fe patente. Los funcionarios, por lo menos, le abrieron esa puerta.

Vaya una explicación somera de la lógica de las quiebras o concursos procesales. Se formulan excusas anticipadas a lectorxs profanxs por la aridez y a especialistas por simplificar. Tales procesos buscan disminuir el valor de las deudas en pos de que las empresas puedan saldarlas y salvar lo que se pueda. De ahí que el acreedor no tenga derecho de demandar sus créditos actualizados. Tal el argumento del Correo y el Gobierno. Pero esta potestad no es absoluta. El acreedor, sobre todo si sus créditos son elevados, dispone de la facultad de negarle el acuerdo. Es una tratativa, una relación de poder en el fondo.

El Estado, acreedor mayoritario, tiene la “llave” de la quiebra del Correo. Con esa baza en su mano, puede exigirle que abone una cifra razonable, proporcional al riesgo causado. El congelamiento de la deuda, como el de los intereses, no es un perdón anticipado e irrevocable.

Los negociadores oficiales disponen de recursos para conseguir una contraprestación mayor. Si la renuncian, de facto, es su responsabilidad.

Hasta acá la parte comercial. Hablemos de la responsabilidad de los funcionarios, de los conflictos de intereses, de la calidad institucional.

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El espíritu de las leyes: El sentido de las leyes se comprende interpretando (no repitiendo como loro) su texto y contemplando su “espíritu”. La palabra entrecomillada es cita de clásicos del Derecho y designa a los objetivos que se tuvo en mira al legislar. Vale tanto para la adecuación del valor del crédito como para el método de la transacción.

Un conflicto de intereses tan evidente que atañe al presidente, no debió ser resuelto, de parado, por un funcionario de tercera línea como Mocoroa. Nada hay de personal en la descripción: alude a su ubicación en la escala jerárquica y por ahí exagera a su favor. El Gobierno no dio a conocer directivas escritas o dictámenes previos. Los organismos de control debieron ser consultados o involucrarse de oficio. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción anunció anteayer, con enorme delay, que su repartición empezará a estudiar el asunto.

Más allá de Aguad y Mocoroa, la “cadena de mandos” debe ser investigada.

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Conflictos, ventajas y puertas giratorias: El conflicto de intereses acompaña al equipazo de Macri, como la sombra al cuerpo. Muchas de las medidas que tomó enriquecieron directamente a integrantes del Gabinete nacional. Repasemos dos, entre muchas.

La baja o supresión de las retenciones a productos agropecuarios mejoró el patrimonio del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

Los tarifazos en servicios públicos al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Este alega que le quedan pocas acciones de Shell, reconociendo que algunas tiene.

Además, los CEOs de corporaciones mantienen sus vínculos con ellas y es lógico predecir que muchos volverán a su lugar de origen o a actividades vinculadas. Su performance en gestión, todo lo indica, influirá en sus nuevas relaciones. “Puertas giratorias” llama la izquierda española a ese rotar de lo público a privado, adivinen en detrimento de qué sector.

Las medidas aludidas, cabe consignar, forman parte del ideario de Cambiemos y, todo lo indica, su finalidad principal es otra… el enriquecimiento indebido no deja de serlo.

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Pobre Franco: Aguad arguye que hizo lo único posible porque fue nociva la actuación judicial del kirchnerismo. Este aspecto es opinable y poco interesante el parecer de un protagonista parcial e iletrado. De cualquier forma, en la coyuntura, el deber estatal era preservar los intereses públicos sin conceder franquicias exorbitantes. Mantener al Correo en quiebra lo ponía a raya. Entregarle por monedas el crédito, constituye un favor de aquéllos.

Toda la oposición le cayó encima, Aguad ofrece “charlemos un ratito” a los parlamentarios.

Tal vez el gobierno retroceda como en tantas ocasiones en que intenta burlar las leyes o atacar derechos y le sale mal. Tal vez porfíe. Uno de los más divertidos argumentos de Aguad es que el deudor no tiene recursos. No usaremos esta columna para pedir una colecta para el Clan Macri. Dejamos esa tarea a su elenco de gestión, sus aliados, a sus opineitors e intelectuales orgánicos.

mwainfeld@pagina12.com.ar

https://www.pagina12.com.ar/19752-el-correo-con-cartas-marcadas


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El 30% del canon que Correo Argentino no pagó estaba destinado a ANSES
Desde que Correo Argentino S.A dejó de pagar el canon al Estado por la concesión del servicio postal, se desencadenó el reclamo de la empresa por el cambio de la condiciones del contrato, el pedido de concurso preventivo, la quiebra y la reestatización. El 30% de lo que la sociedad de Franco Macri no pagó era para la ANSeS.



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La historia del servicio postal argentino entre los´90, cuando se define su privatización, y 2004, cuando se reestatizó, muestra una trama de decretos a la medida de la empresa concesionaria.

Desde que se convocó a la licitación para la concesión, en 1997, cambiando la composición accionaria de la vieja Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), para reducir la participación del Estado, el servicio postal fue administrado durante seis años por Correo Argentino S.A., del Grupo SOCMA.

En 2003, el contrato a 30 años fue rescindido y la prestación reestatizada. Entre otras cuestiones, Correo Argentino S.A. no cumplió con el pago del canon anual de $103 millones, que se abonaba en dos veces: marzo y noviembre. El incumplimiento se produjo con acuerdo del gobierno desde marzo de 2000, cuando la empresa no pagó los $ 36,5 millones de la primera cuota semestral. Entre otras cosas, la compañía de Franco Macri quería rediscutir el canon ya que consideraba que el sueldo y los beneficios de sus empleados eran más altos que los de la competencia; la compensación de las facturas impagas por servicios prestados al Estado y la exclusividad para la emisión de cartas-documento y para la impresión de estampillas.

El 30% del canon que Correo Argentino no pagó era para ANSES.

En 2001, la empresa se presentó en concurso preventivo y en diciembre de 2003, el juez comercial Eduardo Favier Duvois decretó la quiebra de la sociedad comercial. Desde entonces, mantiene la deuda del canon con el gobierno, que no se resolvió en 15 años.

Breve reseña normativa:

En 1989, la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696) facultó al Poder Ejecutivo Nacional a privatizar los servicios de gestión estatal y habilitó la privatización, desregulación y liberalización del mercado postal en Argentina en la década del ´90.

En 1992, el decreto 214 creó la entonces Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT) como autoridad de aplicación del marco regulatorio de toda la actividad postal alcanzada por la Ley 20.216 y le otorgó las potestades de fiscalización y control. También, se creó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA), titular de los derechos y obligaciones atribuidos por la Ley 20.216, representada por un capital social, como mínimo, del 51% de las acciones con derecho a voto a favor del Estado Nacional; el 14% para los empleados, a través de un programa de propiedad participada, y el 35% se adjudicaría a otras empresas de correos (privadas).

En 1993, a través del Decreto 1187, se desmonopoliza la actividad postal y se crea el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, con la libre fijación de precios del mercado local e internacional.

Cuatro años después, en 1997, el Decreto 265, establece la convocatoria a Licitación Pública Nacional para privatizar por concesión los servicios del Correo Oficial. El procedimiento licitatorio estuvo a cargo de ENCOTESA y se otorgaron sólo cinco meses para presentar ofertas. Además, la normativa derogó el artículo 9 del Decreto 214/1992, que fijó la integración y participación accionaria de ENCOTESA, y quedó como única alternativa la privatización por concesión, que es lo que disponía la Ley 23.696 antes del decreto reglamentario.

A través del Decreto 840, se adjudicó por 30 años a la empresa C.A.S.A. la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía de ENCOTESA.

Seis años después, en 2003, a través del Decreto 1075, se rescinde el contrato con C.A.S.A, por culpa del concesionario, y se fija plazo para una nueva convocatoria a licitación para la concesión del servicio de correos.

Finalmente, en 2004, a través del Decreto 721, se constituye el Correo Oficial de la República Argentina S.A. como responsable de la prestación.

http://www.minutodecierre.com/nota/2017-2-9-el-30-del-canon-que-correo-argentino-no-pago-por-la-concesion-era-para-anses

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