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19 de abril de 2017

LOS FRÁGILES ARGUMENTOS CONTRA CFK EN LA CAUSA POR LAS OBRAS EN SANTA CRUZ



19 de abril de 2017 | El país
LOS FRÁGILES ARGUMENTOS CONTRA CFK EN LA CAUSA POR LAS OBRAS EN SANTA CRUZ
Una causa judicial con un obvio objetivo político
Las defensas de los acusados como integrantes de una supuesta asociación ilícita refutaron ante la Cámara Federal los argumentos de los fiscales Pollicita y Mahiques para procesarlos, en los que se ven los hilos de una causa armada.

(Imagen: Leandro Teysseire)

Por Raúl Kollmann
No hay pruebas de obras no hechas o no terminadas normalmente. No hay tramos de obras que se hayan cobrado de forma irregular en Santa Cruz. El mismo nivel de concentración de obras en una empresa (el Grupo Báez) se verifica en casi todas las provincias argentinas porque las empresas se hacen fuertes en sus distritos. No hay una sola demanda de competidores por licitaciones mal convocadas o mal adjudicadas. No hay evidencia de rutas construidas con sobreprecios, salvo un cálculo general y con un error grosero hecho por las autoridades del macrismo en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Estos son los argumentos centrales que todas las defensas presentaron ayer y en días anteriores ante la Sala I de la Cámara Federal –Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia– para responder al procesamiento por la obra pública vial dictado por el juez Julián Ercolini contra Cristina Fernández de Kirchner y buena parte de sus funcionarios. Las defensas consideran que toda la investigación es un armado político dibujado a las apuradas por el gobierno de Mauricio Macri en connivencia con los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y algunos medios. Las defensas, que contestaron detalladamente todas las acusaciones, sostienen que no hay irregularidades y reclaman una pericia judicial, no en base a informes del macrismo, algo básico en cualquier expediente, sino con ingenieros independientes y con control de las partes. Si van a acusar a alguien por un sobreprecio en una obra se debe hacer una pericia que lo pruebe. Si le dieron una extensión en el tiempo a esa obra debe probarse si fue justificado o no. El recurso será tratado ahora por la Sala I, pero la realidad es que en Comodoro Py rige la ley del conglomerado judicial-mediático-político que está en línea con la Casa Rosada. En los pasillos ya se habla de que los camaristas confirmarán los procesamientos.

Las defensas están encabezadas por Carlos Alberto Beraldi, por Cristina Fernández de Kirchner; Fernando Díaz Canton, por el ex titular de Vialidad, Nelson Periotti; Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, por Lázaro Báez; Lucio Simonetti por el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; Alejandro Rúa y Graciana Peñafort por Carlos Kirchner (primo del fallecido ex presidente) y muchos letrados más. Es que en total se imputa a unos 30 ex funcionarios por una descomunal asociación ilícita.

Acusación
A la causa por la obra pública se le caen por todos lados las evidencias de que fue un armado político.

El 12 de enero de 2016 Mauricio Macri designó al nuevo titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel.
Al día siguiente, el 13 de enero, por la resolución 1 de Iguacel, se ordenó una auditoría únicamente en la provincia de Santa Cruz. O sea, no le interesó ningún otro distrito y, menos todavía, las provincias en las que se adjudicaron obras Angelo Calcaterra o a Nicolás Caputo, primo y “hermano de la vida” del actual presidente. El objetivo fue, desde el inicio, político. Iguacel había sido candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento.
A los ingenieros auditores se les dieron 15 días hábiles para que concluyan el informe, que abarca 81 obras. Es decir, que debían revisar casi cuatro obras por día, teniendo en cuenta que abarcaban centenares de kilómetros, decenas de contratos y obras a enormes distancias.
El 15 de marzo, los tres ingenieros encargados presentaron el informe. Justo Romero, Ramón Martínez Oria y Marcelo Bianchi coincidieron en que no tuvieron tiempo de hacer un informe real, pero además no encontraron irregularidades relevantes.
Aun así, el 26 de abril, Iguacel presentó una denuncia que quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
Taiano pidió la realización de una pericia amplia –con la intervención de las partes– en la que no sólo se investigaría a Lázaro Báez sino también a las demás empresas contratistas de obras viales. Orientó su investigación primero a ver si había irregularidades en las obras, verificar qué pasaba con todas las empresas en cada obra y recién después iba a establecer si los funcionarios incurrieron en irregularidades.
No bien pidió esas medidas amplias de investigación, que por supuesto llevarían su tiempo, el juez desplazó a Taiano con una maniobra procesal y le dió la investigación a Pollicita y al fiscal especial, Ignacio Mahiques, hermano del secretario de Relaciones del Ministerio de Justicia con el Poder Judicial.
Los fiscales, sólo dos días más tarde, pidieron la declaración indagatoria de CFK y los demás ex funcionarios kirchneristas.
Está claro que Taiano quería investigar qué pasó en las obras. El viraje consistió en sacar a Taiano y poner a quienes estaban listos para la acusación política, en especial contra CFK y los ex funcionarios kirchneristas.

La acusación en sí misma es asombrosa. Que Cristina, Máximo y luego también Florencia fueron los jefes de una asociación ilícita integrada por decenas de funcionarios que convocaron licitaciones, hicieron las adjudicaciones, verificaron las obras e hicieron los pagos. Buena parte de esos funcionarios dependían de la provincia de Santa Cruz, pese a lo cual no fue acusado ninguno de los gobernadores. También hubo redireccionamiento de los presupuestos, firmados por los jefes de Gabinete, que tampoco fueron acusados. Y las obras fueron planeadas y aprobadas por el Congreso Nacional, sobre lo cual se hacen menciones que, insólitamente, rozan la responsabilidad de diputados y senadores.

Obras
El primer obstáculo que encontró la acusación es que la auditoría hecha por el macrismo, a las apuradas por necesidades políticas, consignó que: “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”. Pero, además, los tres ingenieros que hicieron el informe a pedido del Gobierno declararon en la causa como testigos. González Oría fue categórico: “lo que figuraba como pagado estaba hecho”. Romero coincidió: “No conozco a ningún funcionario de Vialidad, sea nacional o provincial, en la Provincia de Santa Cruz, que haya participado en alguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago de Vialidad Nacional”. Y Romero invocó también el trabajo de auditoria firmado por los tres ingenieros: “si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1%, también es que podemos decir que, pese a sus escasos recursos, los supervisores obtuvieron un correcto resultado de su tarea, lo cual tiene que ver, estimo yo, con el celo profesional de los mismos”.

Sobreprecios
La lógica en cualquier imputación por sobreprecios es que se haga una pericia, con participación de las partes, en la que se verifiquen los presupuestos, se comparen con otras obras similares y en lugares comparables, ya que la construcción en zonas inhóspitas es muy distinta a las zonas con climas templados. Ninguna pericia se hizo y ni siquiera fue pedida por los fiscales. Todas las acusaciones se basan en datos provistos por la administración macrista de Vialidad.

Lo curioso es que los fiscales hicieron un cálculo de sobreprecios que, según las defensas, incurre en un error básico y bochornoso, que exhibe también el caracter político del expediente. Dicen Pollicita y Mahiques que tres tramos de la realización de la Ruta 3 son el ejemplo de los sobreprecios. Sostuvieron que los presupuestos de las empresas de Báez totalizaban 2.800 millones de pesos y, en cambio, con las nuevas licitaciones, las empresas que ganaron con sus ofertas presupuestaron 1900 millones. De eso, los fiscales concluyeron que Báez tenía un sobreprecio de 928 millones de pesos, es decir, un sobreprecio del 64 por ciento.

Sin embargo, las defensas, en especial la del ex director de Vialidad, Nelson Periotti, les marcó que se olvidaron de un dato elemental: las empresas de la actualidad no tienen que hacer la totalidad de los tres tramos, sino que parte ya fue hecha por las empresas de Báez. Lo que el constructor facturó por esas partes ya hechas suma algo más de 803 millones de pesos y esas obras por supuesto que no entraron en la nueva licitación porque ya fueron hechas. Es decir que no existe el sobreprecio de 928 millones, sino que la diferencia es 125 millones. Pero las defensas ni siquiera convalidan para nada esa diferencia: sostienen que está dibujada mediante actualizaciones y cálculos sin ningún control, hechas por el macrismo.

Sur
Uno de los argumentos de los fiscales es que la prueba del delito es que se le adjudicó a Santa Cruz el 12 por ciento de las obras viales, “más que cinco provincias sumadas”. El enfoque demuestra el carácter político de la acusación ya que los presupuestos fueron votados en el Congreso y reflejan el objetivo de reforzar obras en las provincias con menos rutas. Pero, además, Santa Cruz ocupa casi el 11 por ciento del territorio, lo que muestra que la asignación no era desproporcionada.

El ex administrador general de Vialidad, Nelson Periotti, agregó un dato que no había surgido hasta ahora: “durante mi gestión, la provincia de Buenos Aires tuvo 455 obras, Córdoba 167, Santa Fe 139, Entre Ríos 129, Río Negro 104, Mendoza 102, Salta 99, Chubut 88, Santa Cruz 83, Santiago del Estero 82, Catamarca 82, etc. En todo el territorio nacional se concretaron 2310 contratos de obra desde el 2003 hasta 2015, dato que figuraba en el link del sitio web de Vialidad y que desapareció misteriosamente”.

Licitaciones
Los fiscales aducen que Néstor y Cristina Kirchner encabezaron una asociación ilícita cuyo objetivo fue beneficiar a Báez. Por lo tanto, le adjudicaron 52 de las 80 obras de Santa Cruz.

Las defensas sostienen que el mismo fenómeno se da en numerosas provincias en las que hay empresas que cuentan con el personal y las maquinarias para hacer las obras y por lo tanto consiguen más adjudicaciones que las otras. No es casual que Báez no haya ganado prácticamente ninguna licitación fuera de Santa Cruz. En un largo dossier presentado por Periotti se remarca que “JCR es dominante en Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos; la firma Sapag en Neuquén y Río Negro; las empresas Lossi, Pitón, Pietroboni en Entre Ríos y Santa Fe; Codi-Conevial en Neuquén; Dos Arroyos en Tierra del Fuego; Roggio en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy; Iecsa –del primo del presidente Macri– en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba”. Se entregó un largo listado, provincia por provincia.

Pero, además, las defensas señalan que a nadie se le impidió entrar en las licitaciones. En el largo enumerado de las obras de Santa Cruz se verifica que participaron de los concursos otras empresas como Petersen, Thiele y Cruz, Equimac, Contreras y Esuco. En los 12 años no hubo ninguna demanda presentada por alguna empresa a la que se le hubiera impedido entrar en una licitación ni tampoco denuncias por una adjudicación irregular. Periotti se pregunta: “¿por qué algunas de las empresas de otras zonas no se presentaron en obras de Santa Cruz? Básicamente porque, frente a las locales, tienen un alto costo por la distancia, el desconocimiento del terreno, inexperiencia frente las inclemencias del tiempo, la nieve, el barro, el viento y las características específicas que tienen que tener las obras”.

En el procesamiento, se aduce que desde Buenos Aires debieron controlarse algunos aspectos que Pollicita-Mahiques consideran decisivos.

En primer lugar, por qué hubo demoras en las obras. En esencia en algunos casos se trató de demoras que debieron justificarse en el respectivo expediente y en otros hubo una extensión del tiempo. Por ejemplo, licitaciones que tenían un plazo de dos años para terminar la obra y luego ese plazo se extendió a dos años y medio o a tres o a más.

Las defensas argumentaron que eso ocurrió en todo el país y la razón es que hay obras a las que se le agregaron más elementos, aparecieron obstáculos del terreno; obras en las que se pidieron extensiones por razones climáticas y un largo listado de otras razones. Por ejemplo, que la provincia no expropió a tiempo los terrenos, que el lugar fue ocupado por pobladores con casas precarias. Esto fue lo que declaró González Orla, uno de los tres ingenieros de Vialidad, ya con gestión macrista. “Un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en la provincia de Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto”.

Más allá de la controversia, lo que corresponde es una pericia, con participación de las partes, para evaluar obra por obra.

Valores
Los fiscales sostuvieron en su acusación que casi todas las obras tuvieron aumentos sobre los presupuestos originales de las licitaciones. El mismo ingeniero Bianchi, propuesto como testigo por la gestión macrista, sostuvo que “los montos de contrato de una obra pueden sufrir variaciones en su cuantía, principalmente por dos grandes motivos: modificaciones de obra propiamente dicha o redeterminaciones de precios. La redeterminación de precios es un sistema mediante el cual se ajustan los precios de cada uno de los ítems de obra por el transcurso del tiempo, en función del incremento de determinados costos, teniendo la metodología específica para su cálculo. Todo plan fue necesariamente ajustado, atento a las modificaciones en los plazos de la obra y en las curvas de inversiones”. Los tres auditores designados por el macrismo coincidieron en no dar un dictamen ni sobre el atraso ni sobre los mayores costos porque eso requiere un estudio de cada uno de los contratos. Eso es lo que dicen las defensas: no hay diagnóstico posible sin una pericia de cada obra.

Finalmente, los fiscales objetan que Báez tenía un mismo director técnico en 18 obras, el ingeniero José Carlos Pistán. Las defensas afirman que eso está expresamente permitido en el Pliego FTN, que es el que rige todas las contrataciones del Estado. También las otras empresas, como Petersen o Esuco tenían en Santa Cruz un único director técnico en las distintas obras.

Pollicita-Mahiques señalan que las empresas de Báez no certificaron las maquinarias y que utilizaban las mismas en distintas obras. Las defensas contestan que eso no está comprobado técnicamente y que Austral tiene una de las más grandes dotaciones del país. El propio Estado está pretendiendo quedarse con las 986 máquinas de Austral, una cantidad más que suficiente –dicen los defensores– para las obras que le fueron adjudicadas. Igualmente se cuestionó que las empresas de Báez no tenían certificados de capacidad de contratación. La respuesta es que la propia auditoría de Vialidad demostró que las obras se hicieron, con problemas sólo en el 0,1 por ciento del total, y en todo caso debería demostrarse con una pericia. Finalmente, los fiscales afirman que sólo Austral se benefició con una especie de pronto-pago, pero las defensas contestan que el sistema de pronto-pago está establecida en todos los pliegos y que implica que el contratista cobra el certificado de obra rápidamente, pero se le descuentan intereses. Las defensas afirman que todas las obras licitadas en 2016, ya bajo el macrismo, también tienen esa cláusula.

Política
Como suele suceder en los últimos tiempos en los tribunales de Comodoro Py, el objetivo de la causa sobre la obra pública consiste en involucrar a la ex presidenta –ahora con el agregado de sus hijos– como supuesta jefa de una gigantesca asociación ilícita integrada por 30 personas o más. La realidad es que en las operaciones de obras viales participaron decenas de funcionarios a lo largo de 12 años y en ningún momento hubo demandas de otros empresarios ni de la Cámara de la Construcción.

Las defensas se presentaron ante la Cámara Federal reclamando la nulidad del procesamiento dictado por Ercolini. Respondieron punto por punto a las acusaciones y ahora habrá que esperar la resolución de los camaristas, seguramente durante mayo.

El macrismo pudo haber hecho un estudio general sobre la obra pública y luego una pericia judicial como corresponde, con todas las partes participando y supervisando. Sin embargo, la urgencia del conglomerado judicial-mediático-político era conseguir la tapa de los diarios y una condena lo antes posible.

raulkollmann@hotmail.com

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16 de abril de 2017

Bicicleta...



16 de abril de 2017 | Cash
Bicicleta...



Por Santiago Fraschina *
Cuando el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció el fin del denominado “cepo” había prometido una lluvia de dólares resultado del shock de confianza que el gobierno de Macri estaba generando. En esas semanas, cuando viajó a Davos junto al presidente, quien fue acompañado de Sergio Massa, aseguró que había una gran cantidad de empresas deseosas de invertir en el país ante el nuevo contexto nacional. Para el gobierno, la nueva gestión y las señales positivas que se estaban generando permitiría una cantidad enorme de inversión extranjera que luego se traduciría en un “efecto derrame” al conjunto de la población. Nada de eso sucedió.

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Claves
especulación
También habían dicho que el shock de confianza generaría que buena parte de los activos dolarizados que los argentinos había fugado retornarían al sistema para generar más producción y trabajo. En los hechos ha sucedido todo lo contrario: el Banco Central tiene que subir las tasas de interés para que los ahorros de los argentinos no se dolaricen aún más.

En un mercado cambiario totalmente desregulado y con una histórica tendencia a la dolarización de los excedentes, si el Banco Central baja las tasas de interés habría más propensión a comprar dólares que a depositarlo en el sistema bancario o comprar Lebac. Las altas tasas de interés es el termómetro de la inexistencia de ese publicitado shock de confianza. Además, las altas tasas como resultado del encarecimiento del crédito tienen consecuencias negativas en la economía real .

Lo que sí está ingresando al mercado local son dólares pero no en forma de inversión extranjera directa (es decir, la instalación de una empresa como habían prometido), sino como inversión especulativa de corto plazo. Elevadas tasas de interés más la baja expectativa de una nueva devaluación en el corto plazo provocó que un fuerte ingreso de dólares para valorizarlos financieramente.

Esto es, en lugar de venir empresas para instalarse en la Argentina, están viniendo fondos especulativas de corto plazo en busca de una alta y segura renta especulativa alimentando de esta forma una “burbuja financiera” en forma peligrosa para la estabilidad de la economía. Esta política no es un shock de confianza y sí, en cambio, es el armado de un esquema macroeconómico que permite altas rentabilidades financieras seguras y de corto plazo. Es más, no sólo no se produjo un ingreso masivo de inversión extranjera directa, sino que aumentó la remisión de utilidades por parte de las multinacionales ya instaladas en el país.

Deuda
La famosa lluvia de dólares se generó también vía endeudamiento externo del Estado nacional. El arreglo con los fondos buitre le permitió al gobierno de Macri volver nuevamente al sistema financiero internacional. La baja deuda que posee el Estado en relación al Producto), como resultado del proceso de desendeudamiento durante la etapa kirchnerista, le da un gran potencial al gobierno para tomar deuda en el extranjero. De esta manera, comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento externo con la colocación de un bono por 16.500 millones de dólares, de los cuales el 75 por ciento no ingresaron al país porque fueron para pagar la cuenta de los fondos buitre y a los pagos atrasados con de bonistas que habían participado de las reestructuraciones de la deuda en el 2005 y 2010. Ese contexto, llevó a que provincias y empresas del sector privado inicien una ola de endeudamiento externo para conseguir más dólares.

Es decir, que el shock de confianza no es una masiva entrada de empresas que vienen a invertir al país generando puestos de trabajo, sino más bien es la entrada de dólares especulativos de corto plazo (generando un grado alto de inestabilidad debido a que así como entran también se van) y vía endeudamiento externo generando nuevamente una dependencia creciente del país al sistema financiero internacional.

Fuga
Por otro lado, el shock de confianza generado por el macrismo se puede observar en la fuga de capitales. Es decir, no sólo que no hay una desesperación de los argentinos por traer sus dólares anteriormente fugados, sino que a partir de la eliminación de la regulación cambiaria (“cepo”) hay un recrudecimiento de la fuga de capitales. Estos dólares que se fugan además no son conseguidos por un superávit comercial ni por la mayor inversión extranjera, sino que provienen de la especulación financiera de corto plazo y el endeudamiento externo. Además, si el Banco Central bajara las tasas de interés, la compra de dólares y la fuga de capitales serían aún mayor.

El shock de confianza entonces es deuda externa, especulación financiera de corto plazo, aumento de la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, fuga de capitales y altas tasas de interés. Es la construcción de una “burbuja financiera” peligrosa para la estabilidad de la economía.

* Economista integrante de EPPA.

https://www.pagina12.com.ar/32099-cultura-y-educacion

LA eliminación del “impuesto a los servicios de Comunicación Audiovisual



16 de abril de 2017 | Cultura y Espectáculos
OPINIÓN
Cultura y educación


Por Luis Puenzo *
En la página 44 del “Documento de Trabajo” No 123 de la “Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas”, FIEL, titulado “El Sistema Tributario Argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo” se aconseja la eliminación del 10 por ciento incluido en las entradas de cine según la Ley 17.741 que integra aproximadamente un 40 por ciento del Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. (Ver el link http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1440549015218.pdf).

Ante la alarma de la industria, los ministros Avelluto y Dujovne aseguraron que “ese 10 por ciento no se va a eliminar” sin hacer ninguna mención a otra acción aún más grave, también aconsejada por FIEL en el renglón siguiente del mismo documento: la eliminación del “impuesto a los servicios de Comunicación Audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad”. Es decir, la eliminación del canon que pagan las empresas que explotan comercialmente la radiodifusión y la televisión abierta y por cable en Argentina, desde la privatización de dichos medios, por hacer uso de las frecuencias que pertenecen al país. Y si bien esto excedería sobradamente a la cinematografía, desde la promulgación de la denominada “Ley del Cine” parte de este impuesto constituye el restante 60 del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Cabe señalar que pese a que la Ley le ordena al Incaa ser custodio y garante de nuestro cine, tampoco se manifestó públicamente al respecto. Sin embargo, dos meses después de aquella alarma, el presidente del Instituto fue removido de su cargo con una celeridad inusitada, por la supuesta causa de acusaciones vertidas en una lastimosa operación de prensa, hechos que en la práctica se parecen a una intervención.

Según Avelluto, el presidente del Incaa fue desobediente. Según Alejandro Cacetta, no aceptó cometer actos espurios. Así que coinciden. Pero dichos actos más otros posibles motivos de la renuncia siguen siendo oscuros. Y es improbable que el propio damnificado los aclare. Completa el cuadro de este conflicto interno de Cambiemos la noticia de que la Oficina de Anticorrupción y el Ministerio de Cultura se sumarían a la Asamblea Federal, autoridad máxima del Instituto, al Consejo Asesor, y al sub-Director en ejercicio de la Presidencia una vez que lo designe el Poder Ejecutivo (el triunvirato que “gobierna y administra” el Incaa, según la Ley) para trabajar juntos en la anunciada “reforma integral” que sería el inicio de “una nueva etapa”. Es de suponer que la Asamblea y el Consejo Asesor tendrán que pronunciarse a breve plazo.

Tengamos presente que el Incaa es un “ente público no estatal”, característica que lo distingue en términos legales. Que es autárquico. Que legalmente no es posible modificar impuestos por decreto. Que la Ley hace cargo al Instituto de la administración del Fondo de Fomento, y prevé que las sumas a transferirse al Fondo “solo pueden ser variadas por el Poder Ejecutivo únicamente en el supuesto de modificarse los gravámenes previstos, en cuyo caso la variación del porcentual deberá ser tal que el valor absoluto de las sumas a transferir sea igual al existente al momento de la modificación”.

Hace años teníamos un Ministerio “de Cultura y Educación”. Porque se entendía que la cultura y la educación deben ir juntas.

* Director y productor.

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15 de abril de 2017

Sin un horizonte claro para la producción industrial, para la demanda interna y para la inversión



15 de abril de 2017 | Economía
PANORAMA ECONÓMICO
La era del hielo



Por David Cufré
La suba de la tasa de interés por parte del Banco Central en una economía donde la utilización de la capacidad instalada industrial se encuentra en un mínimo en catorce años, entre otras múltiples señales de la persistencia de una recesión galopante, puede resultar tan perniciosa para el nivel de actividad como lo fue la creación de Precios Transparentes para el consumo. Haber eliminado las cuotas sin interés después de más de un año de caída de la demanda fue una decisión que agravó la contracción de las ventas. El Gobierno imaginó que esa medida provocaría una disminución de la inflación al empujar hacia abajo los precios al contado. El resultado fue el que cualquiera que no viva en el laboratorio donde habitan los funcionarios podía imaginar. Un desastre. Lo mismo puede decirse del tarifazo de la luz, el gas, el agua y el transporte el año pasado luego de producida la devaluación y la quita de retenciones. El fundamentalismo ideológico de los economistas de Cambiemos les impidió advertir que ese violento ajuste en las boletas dispararía todavía más la inflación y agrandaría la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Otro ejemplo es el impacto de la apertura importadora sobre la producción fabril, de por sí castigada por el achicamiento del mercado interno y la ausencia de un canal de alivio por vía de la exportación. El tarifazo y la apertura se sostienen este año y seguirán presentes hasta 2019 como parte de la política oficial, según ratifican a cada paso el Presidente y los ministros. El alza de las tasas, de igual modo, operará en sentido negativo para la inversión productiva. Es obvio. Lo dicen hasta las consultoras de la city que han declarado a la Argentina como campeona del mundo de la bicicleta financiera, donde puede obtenerse una rentabilidad extraordinaria en dólares jugando sobre seguro al rulo de posicionarse primero en instrumentos en pesos, con intereses alocados, y volver después a comprar divisas con la cotización planchada. El mensaje para cualquiera que posea capital es que intente multiplicarlo por canales financieros, que es y seguirá siendo el negocio más fácil, con un nivel de ganancias que otros proyectos en la economía real difícilmente puedan empardar. Por último, entre las decisiones estructurales que han configurado un escenario de crisis, la presión de las autoridades nacionales para imponer un techo a las paritarias que inhiba cualquier recuperación del salario por sobre la inflación atenta contra la reanimación del consumo.

Sin un horizonte claro para la producción industrial, para la demanda interna y para la inversión, las respuestas que da el equipo económico, comandado desde el Banco Central por Federico Sturzenegger, lo vuelven cada día más oscuro, o más claro, como se quiera interpretar. Cada vez es más evidente que el negocio no es producir sino importar, no es comprar una máquina sino Lebacs. El Gobierno avanza con el modelo clásico de la derecha argentina, montado sobre la actividad agropecuaria –los agro negocios en particular– y la valorización financiera, por ahora con atraso cambiario y seguramente más adelante con otra devaluación que haga girar la rueda de ganancias monumentales para un sector acotado de la población y pérdidas para las mayorías.

La sustentabilidad política de un proyecto semejante, que excluye a una porción creciente de la sociedad, forma parte de otro debate. Cambiemos ha tenido éxito primero en convencer a un 51 por ciento para que lo vote, con la promesa de que no habría pérdidas de los derechos conquistados y de que todos vivirían mejor, con pobreza cero y revolución de la alegría, y después ha logrado imponer la interpretación de que nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario, por culpa de la pesada herencia y porque se robaron todo. Frente a ello, de cara a las elecciones de octubre se abren distintas posibilidades. Una es que el oficialismo gane y potencie su fuerza política para encarar reformas de fondo en los campos laboral, previsional e impositivo con perfil neoliberal, es decir, quitando derechos a los trabajadores y a los jubilados y favoreciendo aún más la concentración de la riqueza. El ex viceministro de Economía Roberto Feletti planteó como interrogante si en ese marco de reformas Cambiemos no apelará al proyecto que se le frustró a la banca extranjera en 2001, ante la debacle de De la Rúa: primero la devaluación y después la dolarización. Otra alternativa es que el oficialismo pierda las elecciones por poco margen e intente hacer lo mismo pero de manera más moderada, dependiendo de la negociación que logre entablar con un sector de la oposición. Y una tercera chance es que pierda con claridad, lo cual lo pondría entre la espada y la pared, con la presión social para que cambie de política económica de un lado y la presión de los mercados por otro, de quienes depende para financiar el déficit fiscal y el externo.

Si el macrismo ha fracasado de manera estrepitosa en conducir una economía que se encontraba en un estado que Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Néstor Kirchner hubieran deseado cuando les tocó asumir, las perspectivas ante un agravamiento de la situación con una derrota contundente en los comicios son también oscuras, o bastante claras, como se quiera interpretar. Es lo que dicen el FMI, las calificadoras internacionales y los bancos de inversión extranjeros cuando advierten que el éxito del plan en marcha depende de un espaldarazo electoral, y que mientras tanto las inversiones no llegarán –salvo las de especulación financiera– por el “riesgo a que vuelva el populismo”. En rigor, en su caso no es más que el mecanismo habitual de condicionar una supuesta mejora para los sectores populares que nunca llegará a que se sometan a perder salario y calidad de vida. Siempre faltará algo para que lleguen las inversiones, para que el derrame los alcance, mientras los que quedan de pie disfrutan de la fiesta de los viajes de compras al exterior. Es decir, una economía para pocos avalada por el voto popular. Ese es el cambio que Macri resume con el sí se puede.

A corto plazo, el escenario de estanflación –estancamiento con inflación– se acentúa con decisiones como el aumento de las tasas de interés que dispuso el Banco Central. “Tarifazos, incremento de las importaciones, altas tasas de interés y retraso cambiario, sin políticas activas que fomenten la producción industrial ni el poder adquisitivo, configuran un panorama que hunde más la economía y no consigue disminuir la inflación por debajo de la media de los últimos años”, advierte el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. “A esta altura el año pasado la mayoría de los consultores seguía diciendo que el PIB crecería 1 por ciento o a lo sumo tendría una caída marginal, y finalmente retrocedió 2,3 por ciento según el Indec. Ahora el consenso es que en 2017 habrá una expansión de 2,8 por ciento. Puede haber un crecimiento anémico en comparación con las bases deprimidas de 2016, pero no mucho más”, contradice. Como en otras etapas de la Argentina, cuando referentes de la ortodoxia económica decían que había que pasar el invierno, con Macri y Sturzenegger lo que se ha instalado es una nueva era, la era del hielo.


https://www.pagina12.com.ar/31961-la-era-del-hielo


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15 de abril de 2017 | Economía
LA INDUSTRIA NO LOGRA RECUPERARSE Y LAS PROYECCIONES SON NEGATIVAS
Camino a otro año complicado
Los especialistas coinciden en que los “sectores sensibles”, como metalmecánica, textil y calzado, volverían a caer. Sólo se prevé una mejora en autos y sectores vinculados al repunte de la obra pública.
La industria textil cayó 16,8 por ciento en el primer bimestre.
La industria textil cayó 16,8 por ciento en el primer bimestre.
(Imagen: Télam)

Por Javier Lewkowicz
A pesar de las proyecciones iniciales de muchos economistas acerca de una recuperación de la industria este año, el avance sería en el mejor de los casos muy modesto y concentrado en sectores vinculados a la obra pública, mientras que metalmecánica, textil y calzado, los que peor la pasaron en 2016, volverían a caer. El principal punto a favor de la industria es una base de comparación baja del 2016. Sin embargo, la apuesta del Gobierno para reducir la inflación en detrimento del mercado interno, la mayor inserción de las importaciones, la apreciación cambiaria y la economía de Brasil que no repunta atentan contra la recuperación. PáginaI12 consultó sobre este tema a economistas de diverso color ideológico.

La industria cayó 6 por ciento interanual en febrero y en el primer bimestre acumula una merma de 3,5 por ciento, según el Indec. En los dos primeros meses del año hubo caídas en todos los sectores salvo en el automotor (11 por ciento). La industria textil bajó 16,8 por ciento, seguida de edición e impresión (-9,5), siderurgia (-9,4), insumos de la construcción (-6,8), papel y cartón (-5,9), tabaco (-5,6), metalmecánica (-5,1), refinación de petróleo (-4,6), caucho y plástico (-4,3), industria alimenticia (-3,1) y sustancias y productos químicos (-1,8). La utilización de la capacidad instalada está en el 60 por ciento, por debajo de 2016.

“Hay que diferenciar el aspecto estadístico del económico. Más allá de los números del primer bimestre, se espera que a nivel estadístico la industria muestre una mejora este año a partir de la comparación con un 2016 que fue muy malo. En ese sentido, en marzo puede haber crecimiento de la actividad manufacturera tirada por el acero y el cemento, que vienen dando bien en términos relativos. Sin embargo, a nivel económico la industria enfrenta un panorama muy pobre. En primer lugar, una macroeconomía que no ayuda, con contención del mercado interno, apreciación cambiaria y apertura comercial. Encima hay problemas estructurales que se arrastran de años que fueron agravados con esta gestión vinculados a elevados costos logísticos, crediticios y en algunos casos también laborales y además Brasil no repunta. Pero incluso si la economía nacional mejora, a la industria no le va a ir bien porque el esquema macroeconómico no tracciona a la manufactura”, explicó a este diario Mariano De Miguel, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET-Citra. En relación al aumento de la tasa de interés, consideró que “el impacto no es demasiado significativo por el lado del costo crediticio. Desde el punto de vista macroeconómico, induce a las colocaciones en pesos y a la apreciación del tipo de cambio y puede desacelerar la inflación”.

“La economía va a crecer pero menos de lo que se esperaba, porque llueven dólares pero el Gobierno prioriza la baja de la inflación por sobre el consumo de corto plazo, lo que enfría el mercado interno. Los sectores exportadores están complicados y el panorama tampoco es bueno para los que venden al mercado local, porque si bien el atraso cambiario los favorece porque se recupera el ingreso, hay alguna apertura importadora y parte del consumo se realiza en el exterior”, indicó a PáginaI12 Marina Dal Poggetto.

“Por ejemplo, la venta de autos muestra dinamismo pero la producción va bien por detrás, porque Brasil no levanta. El sector textil, calzado y en general los asociados a demanda doméstica difícilmente muestren aumentos en el nivel de actividad frente a 2016. La molienda anduvo bien el año pasado porque recibió medidas de estímulo con la devaluación y la quita de retenciones, pero eso define una base de comparación alta, con lo cual es probable que este año el sector no crezca. Para la petroquímica se espera que haya mayor disponibilidad de gas, lo cual es positivo y en siderurgia la base de comparación es realmente muy baja. Las ventas de asfalto están creciendo mucho asociadas a la obra pública, así como también el cemento a granel. Hay que ver cómo funcionan los créditos hipotecarios para estimular la construcción residencial. Por otro lado, la suba de la tasa de interés incentiva a liquidar los stocks para hacerse del dinero, lo cual es otro estímulo negativo”, agregó Dal Poggetto.

Orlando Ferreres consideró que “los números del primer bimestre son malos porque en el mismo período del año pasado hubo crecimiento impulsado por la molienda de cereales y oleaginosas, aquel fue un primer bimestre atípico por esa razón. Creo que para este año en la industria hay dos o tres sectores que no son competitivos que van a sufrir, como los textiles y calzado. Para ellos no creo que mejore la situación. Ahí se mezcla una falta de competitividad permanente y el tipo de cambio atrasado termina de matarlos. El resto, dependiendo de la demanda, pueden andar. La obra pública hasta ahora no tuvo gran éxito, pero hay que ver”.

“Yo no veo que vaya a haber ningún rebote de la industria. Algunos nichos pueden tenerlo, pero no van a traccionar al conjunto del sector. La industria va a seguir cayendo. Continúa el aumento de costos por subas de tarifas y no se frenó la caída de las ventas, que van a estar complicadas si el Gobierno impone su pauta de 18 por ciento con una inflación de 25 por ciento. Además, está el aumento de las importaciones, que es la única política antiinflacionaria del Gobierno, y el incremento de la tasa de interés”, analizó Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda (Undav).


https://www.pagina12.com.ar/31959-camino-a-otro-ano-complicado

13 de abril de 2017

Michetti logró que Lijo la sobreseyera



13 de abril de 2017 | El país
LA CAUSA QUE INVESTIGABA EL ORIGEN DEL DINERO SIN DECLARAR QUE LE ROBARON DE SU CASA
Michetti logró que Lijo la sobreseyera
El juez dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta sin haberle tomado indagatoria. Tomó la decisión en base a sus declaraciones espontáneas y las de una veintena de testigos que ella misma ofreció para explicar la procedencia del dinero.
Sin siquiera pasar por una indagatoria, Gabriela Michetti se sacó un problema de encima.
Sin siquiera pasar por una indagatoria, Gabriela Michetti se sacó un problema de encima.
(Imagen: DyN)

Por Irina Hauser
En base a una veintena de testimonios ofrecidos por ella misma, Gabriela Michetti fue sobreseida por decisión del juez federal Ariel Lijo en la causa en la que investigaba el origen dudoso de los 245.000 pesos y 50.000 dólares robados de su casa el día del ballottage en 2015. Los testigos, afirma el fallo, avalaron el argumento que planteó la vicepresidenta: que los pesos eran producto de una colecta de donaciones en efectivo que hizo para la cena solidaria de fin de año de la fundación SUMA, que preside, y los dólares provenían de un préstamo de su pareja para pagar un posgrado de su hijo fuera del país. Las explicaciones de Michetti fueron volcadas en presentaciones espontáneas que hizo en la causa, ya que nunca fue llamada a indagatoria. La resolución de Lijo, además, archiva la pesquisa sobre el financiamiento de otras cuatro fundaciones vinculadas a dirigentes de Cambiemos (Fundar, Creer y Crecer, Formar y Pericles).

Todo empezó el 22 de noviembre de 2015, día del desempate por las elecciones presidenciales. Cuando Michetti volvió a su casa, le faltaba mucho dinero que había dejado en efectivo. El episodio, sin embargo, se conoció casi ocho meses después, cuando lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino. En el ínterin había sido responsabilizado por el robo un custodio de la vicepresidenta, David Cruzado, pero a partir de que el hecho fue público surgieron las dudas: ¿Cómo es que tenía tanto dinero en efectivo en su casa? ¿Estaba declarado? ¿O de dónde venía? En el juzgado de Lijo confluyeron denuncias del abogado Leonardo Martínez Herrero y del diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailadhe.

La reacción pública de Michetti fue decir que no se había dado a conocer el hecho porque involucraba a su custodia y dijo que era plata de “donaciones” recibidas por la fundación SUMA. Ahí se armó un gran revuelo porque las fundaciones no pueden recibir donaciones en efectivo, por disposiciones de la AFIP. Todo debe estar bancarizado, además de declarado. La gran explicación que encajó con ese panorama fue que había salido a hacer una especie de vaquita entre amigos y conocidos porque había poca plata disponible en SUMA y tenían que hacer la cena solidaria de todos los años. De ahí, por ejemplo, que en respaldo de Michetti, el senador Federico Pinedo –que también es parte de la fundación– dijera que fue todo informal “porque Gaby es así”.

La resolución de Lijo repasa que, siempre de acuerdo a los testimonios y a la propia Michetti, los “encargados de recaudar las contribuciones dinerarias efectuadas por terceros fueron Silvina Michetti (su hermana), Federico y Santiago Riobó (su colaborador)”. Ellos dijeron que juntaron aportes de 5000 a 15.000 pesos cada uno aproximadamente, muchos entre dirigentes de Cambiemos, funcionarios y amigos. Más de veinte aportantes ofrecieron relatos estandarizados de cómo había sido la colecta y a casi todos les parecía normal que no les dieran recibo, aunque algunos dijeron que lo esperaban para más adelante.

Lijo sostuvo que es una desprolijidad que no les hayan dado recibo, pero que no hace a la cuestión investigada y no representa ningún delito. A todos les tomó la palabra sobre la existencia de las donaciones que refirieron y el origen lícito de los aportes (porque dice que se correspondían con los ingresos de todos ellos). Se quedó conforme con que todo cerraba con la explicación que dio Michetti en presentaciones que hizo por iniciativa propia. El abogado denunciante Martínez Herrero señaló a PáginaI12: “Nunca se corroboró si los aportantes declararon las sumas de su donación, no hay un solo recibo, no se bancarizó, se la sobreseyó sin citarla a indagatoria en lugar de archivar la denuncia. Al ser un sobreseimiento es improbable que el fiscal (Guillermo Marijuán) apele, las posibilidades de que continúe la causa son ínfimas”.

El otro plano de la investigación era el que apuntaba al papel de las fundaciones manejadas por dirigentes de Cambiemos. Además de SUMA, estaban incluidas en la causa: Fundar Justicia y Seguridad, dirigida por el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco; Formar, a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Creer y Crecer, fundada por Mauricio Macri en 2001 y disuelta en 2015 cuando la comandaba el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; y Pericles, a cargo del abogado de confianza de Macri y de Clarín, Fabián Rodríguez Simón. El diputado Tailadhe había denunciado junto con esas fundaciones al grupo inmobiliario Farallón que se habría beneficiado con contratos. Lijo finalmente analizó la composición de las fundaciones y las operaciones declaradas junto con informes de la Unidad de Información Financiera y concluyó: “no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita”. Cerró de este modo una puerta a la posibilidad de investigar a fondo el financiamiento ilegal de la política.

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11 de abril de 2017

El Indec de Macri subestima la inflación



09 de abril de 2017 | Cash
OPINIÓN > LAS PONDERACIONES DEL IPC NO REFLEJAN EL CONSUMO REAL DE LOS HOGARES
El Indec de Macri subestima la inflación
El actual indicador de precios falla al captar los cambios en los hábitos de consumo a partir de los reajustes tarifarios desde 2016 y la pérdida de poder adquisitivo. Mide una variación menor a la real. Así se discuten paritarias a la baja.


Por Santiago Fraschina y Federico Cagnani *
En 2016 la inflación se ubicó en 41 por ciento, la más alta en catorce años. La política inflacionaria del gobierno afronta varias contradicciones. En primer lugar, las herramientas para combatir el avance de precios se reducen actualmente al manejo de la tasa de interés, una herramienta ortodoxa cuyo trasfondo supone que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario. Aun así, la variación de la base monetaria se encuentra actualmente en el orden del 37 por ciento, un valor similar al promedio del último año de gestión kirchnerista.

Dada la adopción del esquema Metas de Inflación, la desregulación normativa relativa a requisitos para la operatoria de los bancos y la entrada de capitales especulativos, en el último año el sistema financiero se volvió más volátil y expuesto a shocks externos. El objetivo del Banco Central es apaciguar la inflación por medio de la utilización –casi exclusiva– de la tasa de interés como instrumento de política. La decisión de la autoridad monetaria, explicitada innumerables veces por su titular, Federico Sturzenegger, implica una respuesta inmediata ante los cambios en las expectativas de inflación futura, de modo tal que los ahorristas no pierdan interés en invertir en pesos. Este factor es fundamental para sostener la virtud del sistema, evitando desvíos.

Cuando en una economía enteramente abierta, los incentivos a invertir en la moneda local se atenúan, ocurre un desplazamiento de los capitales hacia activos nominados en moneda extranjera. Si, a su vez, se incorpora el condimento de la elevada nominalidad de la economía argentina (producto de la alta inflación de los últimos años), entonces el resultado puede ser aún más pernicioso: se favorece un marco económico y financiero apropiado para la valorización financiera y fuga de capitales, a partir del diferencial de tasa respecto al resto del mundo y la baja devaluación esperada.

Si se acepta la importancia de un cabal conocimiento sobre la trayectoria inflacionaria para el régimen de Metas de Inflación, entonces también resulta crucial conocer fehacientemente su evolución, a partir de un indicador lo más adecuado posible. En el esquema actual, con el propósito de sofisticar el “instrumento de navegación” implementado para evaluar los resultados, el Indec de Macri realizó amplias modificaciones metodológicas sobre el índice de precios que publica.

Cuando se pone la lupa sobre el diseño técnico del actual IPC, lo primero que se observa es que este indicador partió de la base de validar la Encuesta de Gastos 2004 y 2005, realizando leves modificaciones y adaptaciones. Entre otras cuestiones, esta decisión es criticable debido a la notable alteración de precios relativos del último año. Es que, producto de los saltos tarifarios en una gran cantidad de bienes y servicios públicos, la canasta de las familias cambió su composición, y el diferencial de gastos entre estos ítems y el resto de los productos, también se vio alterado.

La única respuesta de los técnicos que definieron este nuevo diseño es que, en todo índice de cantidades fijas, las ponderaciones no son estrictamente inmutables, sino que se van adecuando de acuerdo a los ponderadores implícitos, que captan parte de las modificaciones de precios relativos. No obstante, no es menos cierto que, en entornos de alteraciones muy pronunciadas, la corrección por cambio de precios relativos no responde con la velocidad suficiente.

Tarifazo

Más aún, en contextos cercanos a saltos profundos –por los fuertes incrementos tarifarios– el índice subestima marcadamente la inflación real. Por otro lado, existe un aspecto no menor de que el actual indicador falla al captar los cambios en los hábitos de consumo a partir de los reajustes tarifarios desde 2016 y la pérdida de poder adquisitivo. En otras palabras, no ha captado correctamente la amplia volatilidad del último año en relación al “efecto sustitución y efecto ingreso”.

Las ponderaciones del índice IPC-Indec no parecen reflejar correctamente el consumo de los hogares. Así, por ejemplo, una familia promedio, que pague una tarifa de gas, luz o agua de 200 pesos, debería tener ingresos de casi 22.000, 57.150 ó 62.500 pesos, respectivamente. Por su parte, un matrimonio que destine 6000 pesos al alquiler de un departamento, debería tener un ingreso de alrededor de 82.400 pesos, de acuerdo a la ponderación de 3,65 por ciento de alquiler de viviendas en la confección del indicador de precios oficial.

Independientemente de los aspectos técnicos, en la práctica el proceso de desinflación en 2017 del corriente año no se viene desarrollando a la velocidad que enuncia el gobierno. De hecho, de un sencillo relevamiento de los casi veinte institutos, centros y consultoras que miden evolución de precios, se desprende que en ningún caso la inflación anualizada –en función al acumulado del primer bimestre del año– se encuentra dentro del objetivo marcado por el BCRA.

No llama la atención que el BCRA haga cada vez más énfasis en mirar sólo la inflación núcleo, o sea aquella “neta” del efecto de incrementos en precios regulados. Tampoco asombraría que, eventualmente, transiten un viraje retórico y pasen a fijar objetivos en función de la inflación núcleo. No sería la primera vez que Sturzenegger da un fuerte giro: sin ir más lejos, en 2016 el objetivo inicial de precios se situaba en el rango de entre 20 y 25 por ciento. Cuando a mitad de año se volvió inalcanzable, argumentó sobre una supuesta etapa “de implementación informal”, como puente a una supuesta “etapa formal” en 2017.

En el mundo real, las consecuencias de la inflación siguen su curso. El poder adquisitivo de los salarios en el año pasado se redujo entre 8 y 12 por ciento, aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso y más de un millón y medio de personas pasaron a ser pobres.

En meses de discusión paritaria, la dinámica inflacionaria gravita como un factor fundamental para las perspectivas económicas del corriente año. Un segundo año con salarios a la baja, por estar fijados en base a un índice distorsionado, podría constituir la tormenta perfecta sobre una economía que no repunta si no hay mercado interno, a pesar de que cambien las ponderaciones

* Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), integrantes de EPPA.

https://www.pagina12.com.ar/30550-el-indec-de-macri-subestima-la-inflacion

Los Sauces, una causa muy creativa



09 de abril de 2017 | El país
EL ARMADO POLÍTICO Y MEDIÁTICO EN EL EXPEDIENTE DE PROCESAMIENTO DE LA EX PRESIDENTA
Los Sauces, una causa muy creativa
Los Kirchner son una “banda”. El embargo es seis veces superior a los alquileres supuestamente ilegales; Florencia es culpable por cosas que pasaron cuando tenía doce años; los contratos serían truchos aunque haya inquilinos de verdad... y después del escrito para salir en los diarios, el juez se declara incompetente.

(Imagen: Leandro Teysseire)

Por Raúl Kollmann
El juez Claudio Bonadio dejó al descubierto que la causa Los Sauces fue un armado político, un expediente-colectora ilegal, en el que no pudo encontrar evidencia de delito. Pese a que el juez sostiene que los alquileres no eran alquileres sino coimas, no detectó ni un solo edificio en el que no hubiera inquilinos; no encontró ni un alquiler con sobreprecios y no pudo contrarrestar el hecho de que todos los movimientos de Los Sauces se hicieron con cheques y esos cheques se depositaron en los respectivos bancos. No hubo movimientos de dinero en efectivo.

Por supuesto que el magistrado hizo lo habitual, procesó a todos los imputados con alguna relación con el gobierno anterior, pero al final tiró la toalla: declaró que no puede seguir investigando porque hay otros jueces que investigan lo mismo.

Todo el caso Los Sauces plantea numerosas preguntas, algunas de las cuales no tienen respuestas:

1 ¿Qué es Los Sauces?
Es una de las dos empresas de la familia Kirchner que se dedica a la compra y alquiler de inmuebles. En la página 292, Bonadio se despacha con una frase insólita: “En cuanto al delito aquí investigado tenemos la formación de una sociedad inmobiliaria por parte de la familia presidencial, ‘Los Sauces S.A.’ –también Hotesur S.A.– cuando nunca habían incursionado en el rubro”. Los Kirchner compraron en 1977 su primera propiedad para alquilar, en la calle Brasil 520 de Río Gallegos. En 1979 ya tenían cinco propiedades y en 1981 once, que alquilaban. Cuando Néstor Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos, su primer cargo público de relevancia, los Kirchner tenían 23 propiedades, casi todas en alquiler. Todo eso surge de la investigación hecha por el juez Julián Ercolini, quien sobreseyó a la pareja de ex presidentes en el delito de enriquecimiento ilícito.

Los Sauces tiene en total catorce propiedades. Para alquilar, dos condominios de cuatro departamentos cada uno en Río Gallegos, dos oficinas en Puerto Madero y un pequeño hotel en El Chaltén. Hay tres propiedades que no se alquilan: las viviendas de CFK en Río Gallegos y de Florencia Kirchner en Capital y un terreno en El Calafate.

2 ¿Cuál es la hipótesis delictiva por la que el juez acusa a los Kirchner?
En palabras de Bonadio, “el hecho investigado se circunscribe a la creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles, y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”.

“La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”, señala el juez.

Lo que dice el magistrado, en concreto, es que los alquileres no eran alquileres, sino coimas a cambio de obra pública adjudicada a Lázaro Báez y licencias de juego otorgadas a Cristóbal López.

La respuesta de las defensas es bastante sencilla: Maximiliano Rusconi, en nombre de Báez, señaló que el constructor alquilaba unas 400 propiedades en Santa Cruz porque el 40 por ciento de sus empleados –especialmente arquitectos, ingenieros y especialistas– provenían de otras provincias. Báez mencionó que le alquiló inmuebles a las ocho inmobiliarias existentes en Río Gallegos. Los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, a través de sus abogados Fernando Castejón y Sebastián Maggio, detallaron uno por uno los 493 alquileres de sus empresas. Todos señalaron que no puede ser delito alquilar y menos todavía que eso los incluye en una asociación ilícita.

3 ¿Hay indicios de que los alquileres de Los Sauces fueron simulados?
Una de las formas para demostrar que los alquileres no eran alquileres sino coimas sería probar que las operaciones eran simuladas. Sin embargo, el juez Bonadio realizó cuarenta allanamientos y en todos los casos encontró inquilinos en los inmuebles.

El defensor de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, razonó que si se tratara de alquileres simulados habría que pensar que los inquilinos vivían gratis en esos inmuebles. El juez no sostiene nada parecido. En las 392 páginas del procesamiento admite que los inmuebles estaban ocupados por inquilinos. Aún así dice que “si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea ilegal y como devolución de esas concesiones de obras públicas”. Y no aporta ninguna otra explicación. Es un razonamiento difícil de convalidar: si el alquiler es real, el intercambio de dinero por el uso de una propiedad, no puede ser una coima.

4 ¿Hay indicios de sobreprecios en los alquileres?
Sería la otra variante posible para que el alquiler no sea un alquiler sino que tenga una parte de coima: si el valor estuviera muy por encima del precio de mercado se estaría haciendo una transferencia a los Kirchner que podría adjudicarse a una coima. Bonadio no aporta nada sobre eso, no lo señala como un argumento y no encontró ni un solo caso de sobreprecios.

La defensa del grupo Indalo acompañó los contratos firmados por tres de sus empresas –Oil Combustibles, Oil M&S y CPC– con los precios de alquileres que pagan por oficinas en Puerto Madero o en Catalinas, las zonas de mayor valor comercial de la ciudad de Buenos Aires, similar a los dos departamentos alquilados a Los Sauces. En las cuatro oficinas alquiladas se pagaron 34 dólares por metro cuadrado y por mes, 32 dólares, 29 y 30 dólares por metro cuadrado y por mes. En las dos que se le alquilaron a Los Sauces se pagaron 29,20 y 30,50 por metro cuadrado y por mes. Como se ve, precios de mercado, similares en todos los casos.

O sea que se trata de alquileres en los que había inquilinos y en los que se pagaron precios de mercado.

5 ¿Alquileres de favor?
Un argumento que se podría esgrimir es que las propiedades eran difíciles de alquilar y que por lo tanto los empresarios le hicieron un favor a los Kirchner alquilando esos inmuebles. La realidad es que, por ejemplo, las dos propiedades de Puerto Madero, antes que a Indalo fueron alquiladas a dos mutuales que entre sus actividades tenían el préstamo a jubilados. Como se sabe, el gobierno de CFK cortó esa modalidad porque consideró altísimos los intereses que se cobraban en créditos que tenían total seguridad de cobranza porque las cuotas se descontaban directamente de los pagos mensuales de cada jubilado. O sea que se trató de propiedades alquilables, que tuvieron otros inquilinos, e incluso alguno a los que el gobierno de CFK perjudicó en su negocio.

Más allá de estos detalles, lo cierto es que tampoco Bonadio pudo argumento esto para sostener que no se trató de alquileres sino coimas.

6 ¿Se cuestionan las propiedades de Los Sauces?
No es el ángulo principal del juez y en rigor plantea algunos debates que son más bien contables. Respecto de los inmuebles de Río Gallegos, fueron comprados en los años 70 por los Kirchner, pero se le hicieron refacciones para convertir las dos propiedades en ocho departamentos. Están declarados como dos condominios y Bonadio señala que deberían ser declarados como ocho departamentos.

La defensa de los Kirchner considera absurdo el cuestionamiento a la compra de la vivienda donde hoy vive Florencia. Bonadio dice que no se sabe de dónde viene el dinero y que se movió en efectivo. Beraldi, en cambio, señala que la documentación y los testimonios de los gerentes del Banco Nación atestiguan que el dinero estaba en un plazo fijo, que el propio banco lo cambió por Cedines –el instrumento para operaciones inmobiliarias que estaba vigente den 2011– y que esos Cedines se le entregaron al vendedor. No hubo dinero en efectivo y la plata provino de un plazo fijo bancario.

Un dato curioso es que el magistrado objeta las reformas que se hicieron en las dos propiedades de Río Gallegos. Las obras fueron hechas por una empresa de Báez y el juez dice que se pagó demasiado: unos 400.000 pesos demás en las dos reformas. Se trataría de lo contrario de la hipótesis que él mismo trazó: dinero de los Kirchner a los Báez, o sea una coima al revés.

7¿Por qué acusa Bonadio a CFK en relación a las licencias por las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo?
La cuestión es sorprendente. Bonadio dice que los alquileres de las dos propiedades de Indalo en Puerto Madero son en compensación por la extensión de la licencia en el Hipódromo. Sin embargo, esas licencias fueron extendidas por Néstor Kirchner, no por CFK. Luego hubo una causa judicial y el juez Julián Ercolini decretó el sobreseimiento en el caso, con el visto bueno del fiscal Gerardo Pollicita. Lo asombroso es que Bonadio argumenta que la ex presidenta debió revocar esa licencia. Es como imputar a un mandatario por no revocar lo que hizo otro. Si un juez considera que tomar deuda en Nueva York es delito, se acusará a su sucesor por no revocar lo que decidió su predecesor. La defensa de CFK sostiene que hubiera sido incluso ilegal tomar una resolución de esa naturaleza, ya que la justicia había dicho que no hubo delito en la extensión de la concesión.

8 ¿Es delito alquilarle a un contratista de obra pública o a un concesionario del Estado?
Los Kirchner ya afrontaron una acusación de ese estilo cuando se los acusó por alquilarle el hotel Los Sauces a Juan Carlos Relats, un contratista de obra pública. El juez Ercolini sostuvo que los mandatarios tienen derecho a administrar sus bienes, que los movimientos tienen que tener cierta lógica de mercado, o sea que no sean excepcionales, y que si se saca una norma para contratistas debe ser para todos por igual y que no favorezca en especial al que alquiló. Los Kirchner fueron sobreseídos por Ercolini, también con el visto bueno del fiscal.

El tema está en discusión en el mundo entero, actualmente tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, pero antes por las incompatibilidades de Macri o las de Sebastián Piñera. Se trata de otras dimensiones ya que ninguno de esos tres empresarios-presidentes se dedican a alquilar una docena de propiedades sino que mueven decenas, centenares e incluso miles de millones de dólares en operaciones personales, en algunos casos directamente con el Estado.

Como surge de todas las declaraciones testimoniales e indagatorias, CFK no se ocupó de las inversiones familiares y no tuvo relación con ninguno de los empresarios. Desde la muerte de Néstor Kirchner y hasta que dejó el gobierno, la ex mandataria se vio con Báez una sola vez. Y tampoco hubo vínculo cercano entre los empresarios con Máximo Kirchner y menos aún con Florencia. Pese a todo, Bonadio ubica a los tres integrantes de la familia como jefes de una asociación ilícita. Un experimentado juez, consultado por este diario, sostiene que hoy en día el lavado de dinero y la asociación ilícita son como la sal: van bien con todas las comidas. O sea que cuando no hay una buena acusación, se recurre a esas figuras para condimentar alguna imputación.

En el caso Los Sauces se incluyó en la supuesta asociación ilícita a los escribanos, a los empleados que firmaron o depositaron cheques y se sindicó como una de las jefas a Florencia Kirchner, que tenía 12 años en 2003 y 16 cuando se fundó Los Sauces. La hija presidencial no tiene relación ni mando, ni siquiera conoce a la inmensa mayoría de los imputados. Como señala Beraldi, a cualquier grupo de personas se la acusa de asociación ilícita y el propio juez, con visible intencionalidad política, le da la peyorativa denominación de banda, apuntando de esa manera a la tapa de los diarios.

Algo parecido sucede con el lavado de dinero. Las defensas afirman que es irracional acusar por ese delito a quienes realizaron operaciones con cheques y depósitos bancarios. Si el delito consiste en blanquear dinero negro, lo cierto es que el dinero en Los Sauces siempre pasó de un banco a otro, o sea ya estaba en blanco.

9 ¿Pueden ser los alquileres una coima por la obra pública o las concesiones de juego?
El juez precisa exactamente cuánto fueron los alquileres en los siete años de existencia de Los Sauces: 25.975.868 pesos. A eso hay que descontarle el IVA, de manera que quedarán unos 23.800.000 en los siete años. Como ya se ha dicho, esa cifra no guarda la menor proporción ni con la obra pública ni con ninguna licitación de juego. Sólo en Santa Cruz, a Báez se le adjudicaron obras por más de 20.000 millones de pesos.

Hasta ahora, la hipótesis de las coimas por obra pública tiene un obstáculo: a los Kirchner no se les encontró ni una cuenta ni una sociedad ni un movimiento en el exterior ni bóvedas ni dinero en efectivo ni bienes no registrados.

10 ¿Cómo sigue ahora la causa Los Sauces?
Como hizo en otros casos en los que se imputó a funcionarios del anterior gobierno, Bonadio procesó a todos. Un dato llamativo es que trabó un embargo por 130 millones de pesos cuando la totalidad de los alquileres rondó los 23 millones. Las defensas sostienen que eso demuestra el show político del magistrado.

Pero la mayor “confesión” del juez es que al final de las 392 páginas se declaró incompetente para seguir investigando porque los alquileres de Los Sauces tienen conexidad con Hotesur y con la obra pública y con la investigación sobre la existencia de una asociación ilícita. De esa manera, sin pruebas, le mandó el expediente a otro magistrado, Julián Ercolini. Es una evidencia de lo que se le cuestionó desde el principio: que Bonadio armó una causa colectora, un expediente duplicado, sólo para realizar una acusación política.

El magistrado estuvo a cargo de Hotesur, el expediente que incluía todos los alquileres de Los Sauces, pero fue desplazado por la Cámara Federal por graves irregularidades: convocó a testigos sin notificar a las partes, no permitía ver el expediente y terminó ordenando una pericia a la que no convocó a las defensas. Una vez que lo eyectaron de Hotesur, a través de una maniobra procesal en la que participó Margarita Stolbizer, Bonadio armó la causa paralela Los Sauces. Las defensas denunciaron varias veces la maniobra, recusaron al magistrado, pero la Cámara lo convalidó. Ahora él mismo reconoció su incompetencia. En la apelación, es casi seguro que todas las partes –ya lo hizo Beraldi– señalarán que el fallo de un juez incompetente es nulo.

Como vienen las cosas en Comodoro Py, con el pleno dominio de la alianza político-judicial-mediática manejando los hilos contra el gobierno anterior, es improbable que nulifiquen el fallo. Pero habrá una audiencia en que las defensas expondrán sus argumentos. Habrá que ver cómo hacen los camaristas para dejar en pie un fallo que sólo se puede explicar en función de la persecución política.

raulkollmann@hotmail.com

https://www.pagina12.com.ar/30733-los-inventos-del-doctor-bonadio

10 de abril de 2017

No se le pega a un maestro



Pegarle a un maestro
VIERNES 06 DE ABRIL DE 2007


Lo sabe un chico de cuatro años, de salita celeste, que ni siquiera sabe hablar correctamente.

Lo sabe un chico de seis años, que ni siquiera sabe escribir.


Lo sabe un chico de doce años, que desconoce todas las materias que le deparará el secundario.

Lo saben sus padres.

Lo saben sus abuelos.

Lo sabe el tutor o encargado.

Lo saben los que no tienen estudios completos.

Lo sabe el repetidor.

Lo sabe el de mala conducta.

Lo sabe el que falta siempre.

Lo sabe el rateado.

Lo sabe el bochado.

Lo sabe hasta un analfabeto.

No se le pega a un maestro.

No se le puede pegar a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Lo sabe un chico de cuatro años, de seis, de doce, de diecisiete, lo saben los repetidores, los de mala conducta, los analfabetos, los bochados, sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe, pero no lo saben algunos gobernadores.

Son unos burros.

No saben lo más primario.

Lo que saben es matar a un maestro.

Lo que saben es tirarles granadas de gas lacrimógeno.

Lo que saben es golpearlos con un palo.

Lo que saben es dispararles balas de goma.

A los maestros.

A maestros.

Lo que no saben es que se puede discutir con un maestro.

Lo que no saben es que se puede estar en desacuerdo con lo que el maestro dice o hace.

Lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla.

Pero no se le puede pegar a un maestro.

No se le pega a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Y no lo saben porque son unos burros.

Y si no lo saben que lo aprendan.

Y si les cuesta aprenderlo que lo aprendan igual.

Y si no lo quieren aprender por las buenas, que lo aprendan por las malas.

Que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos, que lo repitan como loros hasta que se les grabe, se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y no se lo olviden por el resto de su vida; ellos y los que los sucedan, ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de cuatro años, de seis, de doce, los adolescentes de diecisiete, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudios completos:

Que no se le pega a un maestro.

No se le puede pegar a un maestro.

No debo pegarle a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto, aunque les cueste porque siempre están distraídos, presten atención y métanselo en la cabeza: los maestros son sagrados.

Por Mex Urtizberea Para LA NACION





4 de abril de 2017

Un chat después de la hora señalada



04 de abril de 2017 | El país
LA PERIODISTA NATASHA NIEBIESKIKWIAT DECLARÓ EN LA CAUSA POR LA MUERTE DE ALBERTO NISMAN
Un chat después de la hora señalada
La periodista de Clarín confirmó que mantuvo un diálogo por WhatsApp con el fiscal después de que Diego Lagomarsino se fuera del departamento de Le Parc.
Nisman chateó con la periodista hasta las 21.17 del 17 de enero de 2015.
Nisman chateó con la periodista hasta las 21.17 del 17 de enero de 2015.
(Imagen: Télam)

Por Raúl Kollmann
Un intercambio de mensajes por WhatsApp dejó prácticamente probado que Alberto Nisman estaba con vida a las 21.17 del sábado 17 de enero de 2015, cuando ya el informático Diego Lagomarsino hacía rato que había abandonado el edificio Le Parc y en momentos en que entraba al complejo en el que vive, en Martínez, lo que fue nítidamente captado por las cámaras de seguridad de ese complejo. El dato surgió nuevamente ayer a raíz de la declaración de la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, quien chateó con el fiscal desde las 21.03 hasta las 21.17. En ese momento, la cronista recibió el último ok del fiscal. También declaró en la causa una vecina de las torres Le Parc que atestiguó que ese sábado bajó en el ascensor, desde el piso 13, donde vivía Nisman, junto con una persona de sexo masculino en la que no percibió ningún nerviosismo. Eso ocurrió cerca de las 20.30. El testimonio de la vecina, además de las cámaras del edificio, demuestran que Lagomarsino se fue a esa hora. A las 21.17 ya estaba en Martínez.

La hipótesis de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, es que Lagomarsino participó del supuesto asesinato del fiscal. Para que eso hubiera ocurrido, Nisman debería haber muerto en el horario en el que Lagomarsino estaba en Le Parc, pero la prueba de ayer, junto con otras en el expediente, demuestran que cuando el informático se fue del edificio Nisman estaba con vida.

El testimonio de Niebieskikwiat no fue pedido ni por quien investiga el caso, el fiscal Eduardo Taiano, ni por los abogados de Arroyo Salgado o de la madre de Nisman. Fue una prueba reclamada por la defensa de Lagomarsino, encabezada por los abogados Gabriel Palmeiro y Martín Chasco.

Niebieskikwiat relató su vinculación con Nisman a partir de su trabajo en Clarín. La periodista contó que el diálogo con el fiscal era cotidiano y que en ese fin de semana lo que buscaba era un relato de lo que Nisman iba a decir en su visita al Congreso. Dijo que vio entusiasmado a Nisman, que no percibió indicios de que se pudiera suicidar, aunque sí desbordado por las llamadas de la prensa y alguna preocupación por la rotunda desmentida de su denuncia por parte de Interpol, a través de su ex secretario general, el norteamericano Ronald Noble.

Más allá de esas evaluaciones personales, Niebieskikwiat empezó diciendo que le habían borrado los datos del diálogo por WhatsApp del celular, pero luego de una búsqueda más precisa realizada por los abogados presentes en la audiencia aparecieron los archivos y el chat de aquel 17 de enero. Dado que la periodista se tenía que ir (volverá a declarar) se consolidaron las conclusiones con capturas de pantalla de los diálogos con Nisman. Lo concreto es que quedó probado que el fiscal chateó con Niebieskikwiat a las 21.17 cuando Lagomarsino se había ido de Le Parc 43 minutos antes.

El abogado de la madre de Nisman, Pablo Lanusse, pidió que quedara consignado que la supuesta última conversación fue por chat, con lo que intenta dejar en pie una hipótesis parecida a la de Arroyo Salgado: Lagomarsino estuvo en el homicidio, se fue del edificio y dejó en el departamento a un cómplice que habría sido el que le contestó el chat a Niebieskikwiat. Será difícil de probar, en primer lugar porque chatear tantos minutos (14) sin conocer la relación con la periodista no es fácil, en segundo lugar porque no habría ninguna razón para contestar y tampoco para que un cómplice haya quedado en el departamento. Menos explicación todavía tiene que en el baño haya quedado la pistola que Lagomarsino le prestó a Nisman: sería como dejar la firma, dado que la Bersa estaba a su nombre.

En la causa también existe una pericia forense, firmada por 13 médicos, que sostiene que Nisman murió el domingo a la mañana, no el sábado al anochecer. Ese estudio ya desestima la presencia de Lagomarsino en la escena de la muerte. Por otra parte, la pericia criminalística dice que nadie transitó por el baño, es decir que Nisman estaba solo cuando disparó. Además está el testimonio del custodio Néstor Durán, que habló con el fiscal a las 20.36 y un minuto después hubo un chateo entre Nisman y el periodista Toti Pérez Izquierdo de Infobae, con quien se cruzó comentarios irónicos. A esa hora, Lagomarsino ya había abandonado Le Parc: las cámaras del edificio lo muestran del lado de afuera a las 20.34.

raulkollmann@hotmail.com


https://www.pagina12.com.ar/29717-un-chat-despues-de-la-hora-senalada

3 de abril de 2017

Trolls y fondos públicos






POLITICA TWITTER Y POLÍTICA
Trolls y fondos públicos: así se gesta el relato 2.0 en la era Cambiemos
Acusaciones a la Casa Rosada por realizar campañas difamatorias en redes sociales y el precio de generar opinión.

31|03|17

19:50

Facebook
Twitter
Gplus
Los trolls son utilizados para generar una falsa tendencia en redes sociales
Los trolls son utilizados para generar una falsa tendencia en redes sociales Foto:Cedoc
Para entender cómo se crea el relato 2.0 en la era Cambiemos hay que comprender, inicialmente, el término "Trolls". Los trolls son perfiles falsos en redes sociales que fueron creados para enviar mensajes de manera masiva simulando ser un usuario común y corriente. En política, son programados para intentar marcar tendencia y generar opinión pública sobre una idea dentro de plataformas como Facebook o Twitter.

En nuestro país, tuvieron su auge durante una campaña sucia en redes sociales en 2015 –pleno año electoral– pero continúan entre nosotros con mayor protagonismo. Tuvo sus inicios en la era del kirchnerismo a punto tal que un informe del programa Periodismo para todos reveló la actividad de un grupo de usuarios de Twitter que, mediante el uso de perfiles falsos, publicaban comentarios a favor del Gobierno de Cristina Kirchner. Incluso, los administradores de diferentes cuentas de funcionarios K comenzaron a cobrar relevancia, como ser Anita Montanaro o Mariano Feuer, entre otros.

Relato M 2.0. La reciente presentación en la Cámara Federal contra la vicepresidente Gabriela Michetti y el asesor Jaime Durán Barba realizada por un dirigente considerado denunciante serial contra el Gobierno vincula directamente a la Casa Rosada con el uso de trolls en campañas difamatorias (ya sea metiéndose en la pelea entre kirchneristas y antikirchneristas así como también involucrando a figuras reconocidas).

Uno de los casos más recordados tiene como protagonista al conductor Marcelo Tinelli quien fue señalado como "mercenario K" en Twitter.
Un análisis especializado reveló que el hashtag #TinelliMercenarioK no tenía patrones naturales que permita explicar su evolución y remarcó que hubo una administración deliberada sobre los contenidos contra el conductor de Showmatch.

Esquema. Es el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien lidera un grupo de entre cuarenta y sesenta jóvenes y coordina el manejo de las cuentas de la Casa Rosada, la de Macri personal y las campañas de políticas públicas. Según revista Noticias, al listado se suma el nombre de Guillermo Riera, ex La Nación y ex militante de la Ucedé, actual subsecretario de Vínculo Ciudadano quien –desde el segundo piso de la Casa Rosada y el edificio Somisa– gesta el relato 2.0.

Claro esta que para poder llevar adelante esta infraestructura se necesita un importante suma de dinero. Hoy, la denuncia de Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, sugiere que la red de trolls oficialistas es presuntamente financiada con fondos públicos del Senado.

Hasta agosto del 2016, el equipo de redes de Cambiemos contaba con un presupuesto de $163.289.111 pesos donde 87 millones eran para pauta, 51 millones en servicios, capacitación y tecnología y 24 millones en sueldos.

Google y Facebook se ubicaron, además, entre los grupos de medios más beneficiados por el Gobierno durante el 2016 al recibir cifras de $48.572.990 y $33.603.500 de pesos respectivamente.

http://www.perfil.com/politica/trolls-y-fondos-publicos-asi-se-gesta-el-relato-20-en-la-era-cambiemos.phtml


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