Lo que circula por los medios

5 de mayo de 2017

DEMANDAN A MACRI POR HIPOTECAR LOS RECURSOS NATURALES COMO GARANTÍA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERN





A este panorama de indudable colonialismo económico, deben sumársele dos agravantes; el primero de ellos, que junto con la concertación de deuda se ha enajenado nuestra soberanía jurisdiccional y legislativa.
POR DECRETO, EL GOBIERNO HIPOTECÓ LAS RIQUEZAS NATURALES COMO GARANTÍA DE LA DEUDA EXTERNA
Por Eduardo S. Barcesat

Se ha resignado, por el Gobierno Macri, la inmunidad soberana del Estado sobre este universo de recursos y riquezas naturales, que es comprometer los inmensos yacimientos de minerales estratégicos para el desarrollo científico (sílice, litio, tungsteno, entre otros), a las resultas de una deuda pública, externa e interna, que ha crecido desaforadamente en los 16 meses del gobierno macrista (ciento diez mil millones de dólares estadounidenses).




Por Eduardo S. Barcesat*

Mucho más que dos





No satisfecho el Presidente Ingº Mauricio Macri con la ruinosa negociación con los fondos buitres, tal como surge del informe elaborado por los peritos de la CSJN en la Causa Nº 2752/2016, informe que fuera retomado por el Fiscal Federal Dr. Federico Delgado (26/11/2016) para solicitar las primeras indagatorias, ahora el Ingº Macri ha profundizado el endeudamiento y la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los endeudamientos pactados en el curso del año 2017 (Decretos 29, 231 y sus resoluciones derivadas), como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales, que de conformidad con las dos cláusulas iniciales de los Pactos Internacionales de derechos Humanos de la ONU, que integran la Ley Suprema de la Nación (art. 75, incº 22º, C.N.), son de titularidad de los pueblos; no de los Estados, ni de los Gobiernos, sino de los pueblos –todos nosotros-.



Se ha resignado, por el Gobierno Macri, la inmunidad soberana del Estado sobre este universo de recursos y riquezas naturales, que es comprometer los inmensos yacimientos de minerales estratégicos para el desarrollo científico (sílice, litio, tungsteno, entre otros), a las resultas de una deuda pública, externa e interna, que ha crecido desaforadamente en los 16 meses del gobierno macrista (ciento diez mil millones de dólares estadounidenses).



A este panorama de indudable colonialismo económico, deben sumársele dos agravantes; el primero de ellos, que junto con la concertación de deuda se ha enajenado nuestra soberanía jurisdiccional y legislativa.



En efecto, se pacta la jurisdicción de tribunales extranjeros que no aplican la ley ni la doctrina argentinas, prosiguiendo así la “doctrina” Martínez de Hoz impuesta durante la dictadura cívico-militar (Art. 1º del Cód. de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, que no ha sido anulado ni derogado, hasta aquí).



El segundo agravante es que durante el gobierno macrista se ha incrementado notablemente la fuga de capitales desde la Argentina. Según Tax Justice Network, prestigiosa ONG especializada en el tema fuga de capitales, la Argentina lleva acumulados cuatrocientos cuarenta mil millones de dólares estadounidenses, refugiados en cuevas fiscales, al amparo de sociedades “off shore” y de legislaciones bancarias secretas; esto es, el equivalente a uno de los mejores años de producto bruto interno.



En lugar de ocuparse de repatriar esa inmensa masa de divisas, el gobierno macrista se ha encargado, solamente, de dictar una normativa exculpatoria para aquellos que sinceraron los capitales fugados, sin repatriarlos, y pagando un interés inferior al que hubiere correspondido, sin computar moratorios ni punitorios. Y todavía se congratulan de esta “patriada”.



De allí la pertinencia del pedido de investigación, por mal desempeño y posible comisión de delitos que se ha radicado, por un importante número de Diputados, para oportunamente formalizar el juicio político tendiente a su remoción. Debemos tener presente que el derecho del pueblo argentino, de resistir a la opresión, está consagrado por el art. 36 de la C.N.




* Profesor Titular Consulto, Fac. de Derecho, UBA

* Directivo del Instituto Arturo E. Sampay


http://nacionalypopular.com/2017/04/20/por-decreto-el-gobierno-hipoteco-las-riquezas-naturales-como-garantia-de-la-deuda-externa/




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28 de abril de 2017 | Economía
RIQUEZAS NATURALES OFRECIDAS COMO AVAL DE LA DEUDA EXTERNA. RENUNCIA A LA INMUNIDAD SOBERANA
Denuncian a Macri por abuso de garantías
Por dos decretos de este año, el Ejecutivo habilitó a que las riquezas y recursos naturales puedan ser considerados como garantía del pago de la deuda externa. Tres letrados denunciaron al Presidente por defraudación y abuso de autoridad.
Luis Caputo, ministro de Finanzas. También fue involucrado en la denuncia de Barcesat, Corti y Cholvis.
Luis Caputo, ministro de Finanzas. También fue involucrado en la denuncia de Barcesat, Corti y Cholvis.
(Imagen: DyN)

Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos. Los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti sostienen que esa posibilidad quedó habilitada por los decretos 29 y 231 de 2017. “Son precisamente esos recursos y riquezas naturales los que resultan la garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación”, advierten los letrados en el texto de la denuncia que realizaron contra el presidente Macri por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. La demanda, que recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría, también alcanza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de Finanzas, Luis Caputo. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, advirtió el bloque de diputados del Frente para la Victoria ayer a través de un comunicado.

“La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos, y sólo sirve para financiar la fuga de divisas”, advierten los abogados denunciantes. El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos sobre activos argentinos de fondos buitre expusieron los costos de la cesión de soberanía jurídica. Los fondos buitre pudieron hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos o Inglaterra.

La misma lógica fue replicada por el Gobierno cuando, a comienzos de año, habilitó la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares. En ese decreto, las autoridades habilitan a “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y/o Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”.

El texto de la norma precisa que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación”. Entre los diez ítems mencionados figuran los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Barcesat, Cholvis y Corti explican en su presentación judicial que “los bienes individualizados por el artículo 234 del Código son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes al dominio público, como ser el mar territorial, aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos; ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables; islas que se formen en el mar territorial; el espacio aéreo supra yacente al territorio y aguas jurisdiccionales; las calles, plazas caminos, canales, puentes; etc”.

Los denunciantes remarcan que el decreto “deja expresamente al margen el principio de la inmunidad soberana con respecto a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial, que son los bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal”. Entre los bienes contemplados en ese artículo figuran “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería” y “los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. Por eso, los denunciantes consideran que “claramente quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”. Los denunciantes advierten, además, que las normativas con las cuales el gobierno salió al mercado habilitaron la ejecución de bienes localizados en el territorio nacional, una situación que estuvo bloqueada durante la disputa con los buitres.


https://www.pagina12.com.ar/34475-denuncian-a-macri-por-abuso-de-garantias








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EXCLUSIVO: DEMANDAN A MACRI POR HIPOTECAR LOS RECURSOS NATURALES COMO GARANTÍA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
Por Mucho Más Que Dos |
EXCLUSIVO: DEMANDAN A MACRI POR HIPOTECAR LOS RECURSOS NATURALES COMO GARANTÍA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
Por Mariano Beristain

Los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos que intervinieron este año en las operaciones de deuda acusándolos de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago.

La presentación advierte que si la Argentina, por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londrés (Reino Unido) y Suiza y, de ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores.

En un escrito que publicó en exclusiva Mucho Más que Dos, Barcesat había anticipado los argumentos centrales de la presentación judicial al afirmar que “no satisfecho con la ruinosa negociación con los fondos buitres (…) ahora el Ingº Macri ha profundizado el endeudamiento y la sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los endeudamientos pactados en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos de servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales”.

La operatoria gubernamental que denuncian los jurisconsultos es sencilla. El 11 de enero de 2017, a través del decreto 29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta U$S 20.000 millones o su equivalente en otra moneda y definió la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres. Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago. Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda. El 6 de abril Macri informó, a través del Boletín Oficial, que el Gobierno tomará deuda por 3.000 millones de francos suizos bajo similares condiciones a las de la operatoria del 11 de enero, decreto que también lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.

El artículo 236 del Código Civil y Comercial refiere a los bienes del dominio privado que pertenecen al Estado Nacional, Provincial o municipal entre los que se encuentran los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias fósiles (petróleo, carbón y gas), según lo normado por el Código de Minería. Pero también incluye a los lagos no navegables y todos los bienes adquiridos por el Estado Nacional.

“Es decir que quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”, puntualiza, en uno de los párrafos, la demanda que presentaron Cholvis, Cortis y Barcesat contra el presidente Macri.
La demanda contra Macri ingresó el viernes último en el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría.

Según se desprende del escrito existe la presunción de tres delitos: lucro indebido para sí o para terceros, fraude a la administración pública, y dictar resoluciones en contra de la Constitución. Todos estos delitos están previstos en los artículos 173 (inc 7), 174 (inc 5) y 248 del Código Penal. Las penas previstas son de hasta seis años de prisión para este tipo de delitos pero Barcesat precisó que, si se comprueba el cometido de “traición a la patria”, a Macri y a los funcionarios involucrados podría caberles una condena de hasta 15 años.
Una de las interrogantes que se planteó Barcesat es el escaso acompañamiento político que ha tenido esta denuncia entre los legisladores del oficialismo y la oposición. “A excepción Dario Martínez (FpV-PJ Neuquén) y Guillermo Carmona (FpV-Mendoza) los legisladores se hicieron a un lado. Nosotros iniciamos este caso el 2 de febrero de este año y nos ofrecimos como patrocinantes pero no hemos podido conectar el apoyo de los diputados”, se lamentó Barcesat.
Cholvis, Corti y Barcesat también iniciaron, a mediados de marzo del año pasado, una demanda contra Macri y su equipo económico por el “ruinoso” acuerdo con los fondos buitres, al considerar que este convenio podría disparar demandas por U$S 384.000 millones o el equivalente a la deuda argentina por parte de los bonistas que participaron de los canjes del 2005 y 2010 y cobraron menos que los buitres.

La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, supone los delitos de “traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. A propósito de este juicio, a fines de noviembre del 2016, el fiscal Federico Delgado llamó a indagatoria a Eva Cattaneo, subgerente de Normas de Exterior y Cambios del Banco Central y a Pedro Ignacio Lines, director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC, al detectar irregularidades en el pago a los fondos buitres que ordenó Macri. En los últimos 16 meses el sector público tomó deuda por casi U$S 90.000 millones, más de U$S 80.000 millones correspondientes a la Nación y alrededor de U$S 9.600 millones de los estados provinciales.

En este marco, Barcesat deja entrever que el sobreendeudamiento podría derivar, en un futuro cercano, en la declaración de un default que habilite a los acreedores a litigar contra el país poniendo en peligro los apetecidos recursos naturales.

No se trata de una quimera. La Argentina aún tiene fresca las heridas de la crisis de deuda del 2001-2002 y las apetencias de los buitres por apropiarse de los recursos naturales están más latentes que nunca. “En su momento, Paul Singer le dijo a la Argentina que si no tenía dinero pagara con las acciones de Vaca Muerta”, recordó Barcesat a Mucho Más que Dos. Sin embargo, más allá del carácter judicial, las causas por los holdouts y el endeudamiento con hipoteca de los recursos naturales contra Macri tienden un cono de sombra sobre la verdadera intencionalidad de Cambiemos, un gobierno encabezado por funcionarios que hasta hace 16 meses revistaban como ejecutivos de multinacionales, entidades financieras extranjeras y grandes empresas locales.

Un escenario de crisis de deuda similar al 2001-2002 no sólo pondría en jaque la gobernabilidad de la administración de turno sino que dejaría totalmente vulnerable al Estado respecto del control de nuestros recursos naturales.


http://www.muchomasquedos.com.ar/exclusivo-demandan-a-macri-por-hipotecar-los-recursos-naturales-como-garantia-del-pago-de-la-deuda-externa/

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