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27 de noviembre de 2021

No hay dólares para todes






 


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 Cómo asegurar los dólares sin afectar la producción 
El control de las importaciones
La administración comercial volvió a escena ante la escasez de divisas que aqueja a la economía nacional. No obstante, conlleva otros efectos colaterales, al afectar la producción, el abastecimiento y los precios, y generar malestar e incertidumbre.

Por Juan Manuel Padín y Leandro Ziccarelli
1 de noviembre de 2021 - 00:23

Producción: Javier Lewkowicz


Institucionalizar

Por Juan Manuel Padín (*)

Argentina tiene una larga y variada tradición vinculada a la administración de las importaciones. En la posconvertibilidad, por ejemplo, se destacan tres modalidades de distinta intensidad. La primera se produjo en consonancia con la crisis internacional de 2008, mediante el uso intensivo de un particular “kit de emergencia” conformado por las licencias no automáticas, las medidas antidumping y los valores criterios, destinado a preservar al mercado doméstico de la liquidación de excedentes de otros países.

La segunda modalidad tiene como origen la falta de disponibilidad de divisas (restricción externa) que signó los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. En ese marco, en el año 2012 se implementaron las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), abriendo paso hacia un control más exhaustivo sobre las operaciones de importación. La iniciativa desató múltiples críticas en el frente interno pero detrás de su derogación, a fines de 2015, otro factor resultó determinante: el revés ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio en un diferendo impulsado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

La tercera modalidad tuvo lugar bajo la Alianza Cambiemos, que si bien rechazaba toda medida de control sobre las importaciones, restableció y amplió el sistema de licencias; aunque lo aplicó sin la intensidad de los años previos. No obstante, luego de registrar un abultado déficit comercial en 2017 (8.293 millones de dólares) y otro resultado negativo en 2018 (3.701 millones de dólares), ya no fue necesario “administrar las importaciones”. De ello se encargó la crisis económica, que deprimió sustancialmente las compras externas en 2019.

En la actualidad, la administración comercial volvió a escena ante la escasez de divisas que aqueja a la economía nacional. Como vimos, la recurrencia a este tipo de intervención es usual dado que puede contribuir (en los márgenes) a lidiar con la restricción externa. No obstante, conlleva otros efectos colaterales, al afectar la producción (o ralentizarla), el abastecimiento y los precios, y generar malestar e incertidumbre en una miríada de actores y socios comerciales. Aunque con pericia se pueden evitar algunos contratiempos, es la propia estructura productiva nacional (y sus necesidades) la que complejiza verdaderamente esta tarea: históricamente, más de tres cuartos de las importaciones están conformadas por bienes de capital, bienes intermedios, piezas y accesorios de bienes de capital y energía.

En rigor, es preciso advertir que la dominancia de las necesidades macroeconómicas sobre la política comercial externa resulta un elemento inalterable desde el retorno de la democracia. Aquí no hay novedades. Lo que resultaría novedoso sería replantear sus objetivos y acciones bajo dos certezas: i) ningún programa económico es viable sin divisas, y ii) los compromisos externos de la Argentina producto de la política de endeudamiento macrista serán una constante los próximos tres periodos de gobierno, presionando sobre la disponibilidad de divisas.

En este escenario, el comercio exterior podría contribuir de manera virtuosa a la estabilización de la economía nacional mediante un incremento sustancial de las ventas externas. Para ello es imperioso quebrar la inercia existente y propiciar, entre otras cuestiones, la jerarquización institucional del rol del comercio exterior, incluyendo a la planificación y a la evaluación de las políticas públicas como rutinas de gestión; el incremento de los recursos destinados a las acciones comerciales y a la construcción de capacidades; la mejora en la articulación público-privada; y el fortalecimiento de la coordinación entre agencias abocadas a la temática. En suma, más allá de contar con “funcionarios que funcionen” y/o lanzar nuevos programas, es indispensable construir un sistema institucional acorde a un desafío de esta magnitud, el cual solo tendrá sentido si se enmarca en un decidido proceso de transformación productiva.

(*) Investigador UNQUI.

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No enamorarse de octubre
Por Leandro Ziccarelli (**)

Durante octubre el Banco Central compró unos 500 millones de dólares en el MAE (mercado donde se liquidan el grueso de los movimientos de divisas). Si bien esto puede parecer una buena noticia, y en parte lo es, vale reconocer que octubre es históricamente un mes de saldo negativo para la autoridad monetaria en el mercado de cambios. Como sabrán, la oferta y demanda de divisas en el país tienen un comportamiento estacional que lleva a octubre a ser uno de los peores meses del año. Sin ir más lejos, el año pasado el BCRA vendió en el mismo mes más de 1.000 millones en términos netos, mientras que el promedio para “los octubres” es de ventas por 1.300 millones de dólares.

La pregunta obligada, entonces es ¿qué hizo el BCRA para lograr este resultado en 2021? La respuesta es simple, aunque sus implicancias no tanto. Afinó la regulación de importaciones. En concreto, estableció que, sólo por el mes de octubre, aquellas empresas que hayan adelantado pagos de importaciones y aún no hayan traído la mercadería, no puedan seguir adelantando el giro de divisas y deban pasar a importar “a la vista” (pagando contra documento de embarque) o diferido (pagan después de que llegue la mercadería). Si bien esto afecta sólo a un 13 por ciento de los casos y tienen duración finita (vence a fines de octubre), la medida tuvo un impacto de corto plazo muy fuerte y permitió al BCRA recuperar su posición de comprador neto de dólares en un mes atípico. Vale destacar que, aunque el descalce entre pagado e ingresado no es significativo, durante los últimos meses esa brecha se venía ampliando y el “pago anticipado” estaba ganando lugar.

Para contextualizar, es importante mencionar que la situación del comercio internacional es delicada: demoras en las entregas, desajustes logísticos de varias índoles, falta de containers, etc. Esto genera un escenario complejo, donde los proveedores globales comienzan a priorizar los métodos de pagos para racionalizar los tiempos y stocks. Con esto apunto a que la medida puede ser beneficiosa financieramente en el corto plazo, pero generando problemas de abastecimiento en el mediano.

Para ser sinceros, no estamos en un escenario en el cuál el pago diferido de una importación sea viable en todas las cadenas de valor. Remarcamos esto mirando hacia adelante, dado que a la luz de los datos que veremos a continuación, podemos afirmar que –por el momento- la política de administración del comercio no ha generado escollo alguno al proceso de recuperación económica emprendido a mediados del año pasado.

En lo que va del año, las importaciones acumulan un crecimiento de 51 por ciento. Pero los rubros que apalancan esa suba hablan mucho del tipo de estrategia comercial que está aplicando la Secretaría de Comercio (en conjunto con el BCRA): mientras que las importaciones de bienes finales o de consumo crecieron sólo un 19 por ciento en relación a 2020, las de combustibles y bienes intermedios lo hicieron en 92 y 56 por ciento, respectivamente.

Esto marca, no solo una magnitud acorde al ritmo de recuperación económica (e incluso un poco más), sino también una clara vinculación de los rubros importados con usos internos para la producción. Ante una economía que está, en promedio, un 8 por ciento por encima del nivel del año anterior, una suba de la magnitud mencionada en las importaciones permite observar que (más allá del ruido que pueda existir en algunos sectores o casos puntuales) la política comercial no está generando cuellos de botella en la recuperación económica.

En este contexto, las últimas medidas mencionadas anteriormente, acotadas a algunos importadores y por el lapso de 1 mes, no parecen haber generado mayores inconvenientes. Sin embargo, y a modo de conclusión, sostener un esquema de este tipo en un contexto internacional como el que tenemos y con una economía que también crecerá el año que viene (entre 2 y 4 por ciento, según tomemos proyecciones del FMI, REM o presupuesto 2022) puede generar desajustes relevantes hacia adelante y problemas de abastecimiento en cadenas importantes para la recuperación. Tal es así, que el BCRA ya anticipó que para noviembre estas restricciones se flexibilizarán para los rubros de insumos y bienes de capital. Y claro. Por el momento va bien, pero no hay que enamorarse de este octubre.

(**) Integrante del CEPA.

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El otro lado de la restricción externa
Por Germán Pinazo *
13 de octubre de 2020 - 00:48

Luego de que a mediados de setiembre el Banco Central restringiera la compra de dólares para ahorro, la semana pasada el Gobierno Nacional ha anunciado una reducción a los impuestos a las exportaciones tendientes a incentivar a los exportadores a exportar (y liquidar) parte de la cosecha. En parte lo que sucedió es que, más allá de la reducción en la compra de dólar “ahorro”, la demanda de divisas continuó en aumento.

Hay un dato del Balance Cambiario (que registra la entrada y salida de divisas) del BCRA que llama la atención. Entre enero y agosto de 2020 se registraron pagos de importaciones por un total de 26 mil millones de dólares, un 24 por ciento más que en 2019, cuando, según el Balance de Pagos (que registra la entrada y salida de bienes y servicios) del Indec, en los primeros seis meses del año las importaciones cayeron casi un 24 por ciento con respecto al año anterior. ¿Qué está sucediendo con el pago de importaciones? ¿No estamos en recesión?


Es importante poner de manifiesto que para un número reducido de grandes empresas en la Argentina el comercio exterior se ha transformado en una herramienta más para la formación de activos en el exterior. En paralelo, el armado de estructuras societarias con empresas controlantes y controladas en el extranjero permite todo un conjunto de operatorias (diferir cobros, remitir utilidades, sobre-facturar importaciones y/o solicitar auto-préstamos) con importantísimos impactos sobre el mercado de divisas. Es interesante observar en línea con lo anterior que una parte importante de las grandes empresas que operan en el país y son “de origen nacional”, independientemente de si el grueso de sus actividades comerciales se ubican en el país, tiene sus casas matrices y/o empresas controlantes en el extranjero.

Uno de los costados que se preveían “positivos” de la crisis actual tenía que ver con la supuesta relajación del problema de la restricción externa, producto de una eventual caída en las importaciones asociada a la recesión. Pero, como vimos, los pagos por importaciones han aumentado y, entre enero y agosto, se han liquidado alrededor de 3 mil millones de dólares menos a lo que se ha exportado. Esto último no es nuevo, luego de la “crisis del campo”, entre 2009 y 2010, se liquidaron 4 mil millones de dólares menos que lo que se exportó (hasta que en 2011 se instrumentaron mecanismos para controlar las liquidaciones) y en los últimos dos años de la debacle liberal del Gobierno de Macri, esa discrepancia fue de 18 mil millones.

En paralelo encontramos que el último dato disponible del BCRA, de 2017, muestra que existía un total de casi 70 mil millones de dólares de deuda externa de privados, y que casi el 40 por ciento eran deudas con “empresas del mismo grupo”. Es decir, 26 mil millones de dólares de autopréstamos que hoy pretenden “volver” a un dólar preferencial, sin ningún control sobre cómo fueron utilizados (¿valorización a tasas del 80 por ciento?).

El problema de la falta de dólares es el principal problema de la economía argentina. Un reducido número de empresas tienen la capacidad de “vetar” la política pública a partir de su control sobre las divisas. Es fundamental que el Estado recupere controles sobre los puertos (hoy es difícil incluso saber cuánto efectivamente se exporta), el acopio de granos, la liquidación de divisas, la deuda privada y el pago de importaciones.

* Investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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Freelancers, en la mira del Gobierno: cómo afecta la Ley Penal Cambiaria a quienes no liquiden divisas
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Página/12 :: Economía :: Escasez de divisa
Escasez de divisas



 Por Alfredo Zaiat

La escasez de divisas es un rasgo estructural de la economía argentina, que fue atendido en diferentes períodos por endeudamiento externo, por la afluencia de inversiones extranjeras o por el superávit del comercio exterior. Esa falta de dólares establece límites a la dinámica del crecimiento. El frente externo se constituye entonces en el núcleo duro de resistencia en economías periféricas que tienen como meta el desarrollo. Es un problema que irrumpió en 2011 por la pérdida del autoabastecimiento energético, por la carencia de una estrategia consistente de sustitución de importaciones cuando se había lanzado el objetivo de recuperar la industria y por la persistente fuga de capitales. Pero esa restricción externa no es una característica particular del ciclo kirchnerista, sino que también la enfrentó el segundo gobierno de Perón, el desarrollismo, la política económica de la última dictadura militar, el gobierno de Alfonsín y el experimento devastador de la convertibilidad de Menem y la Alianza. Este recorrido histórico es un necesario recordatorio para todos aquellos que elaboran livianas interpretaciones de las actuales tensiones en el mercado cambiario y para los que se postulan para gestionar la economía a partir del año próximo. La devaluación y el endeudamiento, como se puede leer entrelíneas en las propuestas dominantes, es un atajo que no enfrentará la cuestión estructural de la escasez de divisas y sólo brindará ganancias extraordinarias a grupos concentrados y a sectores dolarizados, además de provocar inestabilidad social por el shock inflacionario y el consiguiente castigo al poder adquisitivo.

Economías como la argentina no dejan de crecer cuando tocan el límite de la capacidad productiva, alcanzan el pleno empleo o el capital se utiliza a plena capacidad, sino cuando hay escasez de dólares para seguir importando. Esa falta de dólares tiene su origen en cuestiones vinculadas con la estructura productiva. Un sector primario competitivo a nivel internacional orienta la economía a ser proveedor de materias primas del mercado mundial, convirtiéndose así en el principal aportante de dólares. A la vez, la fragmentación del aparato industrial exige una creciente necesidad de divisas para funcionar, porque demanda insumos importados, y también requiere de más dólares para acelerar la industrialización. Sin una estrategia planificada de sustitución de importaciones, la industrialización inducida por ese proceso puede ser cada vez más demandante de divisas, por el propio proceso de desarrollo del sector de bie-nes, que avanza hacia etapas más complejas de integración. Esto sucede cuando la sustitución de importaciones se despliega en productos de baja complejidad tecnológica, lo que no permite relajar la restricción externa porque la industria sigue pendiente de insumos de creciente valor por el progreso técnico.

Esta estructura productiva ha terminado condicionado al segundo gobierno de CFK, y lo seguirá haciendo en los próximos si no se consolida una orientación superadora y planificada de la sustitución de importaciones.

Las economías periféricas se topan con la restricción externa por cuestiones productivas, pero la Argentina enfrenta un desafío adicional que agudiza aún más la escasez de divisas: la fuga de capitales. La pérdida de ahorro doméstico refugiado en moneda extranjera, y depositado en el exterior, no es una característica propia de la Argentina, como ha quedado expuesto con las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra. Pero aquí tiene una intensidad mayor, lo que la constituye en un factor adicional para hacer más desestabilizadora la restricción externa.

La dolarización de la riqueza financiera es un fenómeno estructural construido por décadas, cruzando diferentes experiencias políticas y orientaciones económicas. Con inflación o baja inflación, con crecimiento o recesión, en democracia o en dictadura, con tasas de interés positivas o negativas, la fuga de capitales ha sido de una magnitud significativa. Y ha tenido la particularidad de ser mayormente en billetes o depósitos en el exterior con una rentabilidad mínima, cuando en otros países esos capitales fugados se dirigen a bonos, acciones o a la inversión en compañías del extranjero. Este destino del ahorro argentino fugado hacia el dólar billete tiene como resultado que la renta sea muy baja, lo que deriva en que ese atesoramiento no contribuya a la generación de nuevas divisas que podrían ingresar al país. Es un seguro más que una opción financiera de inversión.

El balance cambiario durante el kirchnerismo exhibe en el capítulo Formación de Activos Externos (fuga) uno de los motores perturbadores de la estabilidad económica, acelerando a más revoluciones en los gobiernos de CFK, y en especial en el segundo mandato. Así queda reflejado en las cifras por rubros de ese balance. Los dólares aportados por el saldo del comercio exterior (exportaciones menos importaciones) fue descendiendo desde los 15.041 millones en 2011 hasta los 8935 millones el año pasado, mientras que la demanda de divisas para cancelar intereses de la deuda retrocedió de 10.397 a 5713 millones de dólares en ese lapso. Los dólares acercados por la inversión extranjera directa pasaron de 3502 a 1672 millones de dólares, mientras que la remisión de utilidades descendió de 4141 a 1316 millones, de 2011 a 2014. El rubro servicios (que incluye turismo al exterior, fletes y giros netos de regalías, compensado parcialmente por ingresos netos por servicios empresariales, profesionales y técnicos) había contabilizado un saldo positivo de 127 millones de dólares en 2010 para subir a 9403 millones en 2013 y 5812 millones en 2014. Esa diferencia entre estos dos últimos años se explica por la posibilidad de comprar dólares (ahorro), que tiene un sobrecosto del 20 por ciento, menor al 35 por ciento aplicado para adquirir divisas para viajar al exterior. En el Banco Central estiman que una parte importante de la compra de dólar ahorro (2794 millones) fue utilizada para el turismo externo, canal elegido por la menor sobrecarga en la cotización.

Como se puede observar, en un marco de tensión externa, esas cuentas se van compensando en un sendero de deterioro del saldo del intercambio comercial por las cuestiones mencionadas de la estructura productiva, acercando las presiones que emanan de la restricción externa, pero sin ser un recorrido explosivo. El renglón del balance cambiario que introduce un factor inquietante es la Formación de Activos Externos. Es muy ilustrativo detallar los montos de cada uno de los años a partir de 2003 para comprobar cómo la fuga de capitales aceleró la irrupción de la restricción externa, en millones de dólares:

2003 -3.808

2004 -2.837

2005 1.206

2006 -2.939

2007 -8.872

2008 -23.098

2009 -14.125

2010 -11.410

2011 -21.504

2012 -3.404

2013 387

2014 -3.248

Fuente: Balance cambiario BCRA.

Sólo en el 2005 hubo un saldo positivo sin un régimen de administración de divisas más firme, que en su momento de mayor dureza en 2013 culminó con un resultado levemente favorable.

La experiencia histórica revela que ni con devaluación, endeudamiento externo o la fantasía de la “confianza” empresaria a un gobierno por ser amigable con el mercado financiero se ha podido neutralizar la dolarización de los excedentes financieros.

Es una prueba desafiante orientar la economía para superar la restricción externa (lo que es de por sí un proyecto de envergadura), la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial, pero aún más es encontrar el modo de atenuar la restricción interna cuya máxima expresión es la intensa y constante fuga de capitales.

azaiat@pagina12.com.ar
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-266118-2015-02-14.html

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La necesidad de diseñar una política económica con un régimen de control de cambios eficiente en función del bienestar general y del desarrollo
No hay dólares para todes
Macri abandonará la Casa Rosada dejando un desastre económico con un control de cambios improvisado. El próximo gobierno deberá convivir con la brecha cambiaria y la tensión de un imprescindible sistema de administración de divisas. 
Alfredo Zaiat
Por Alfredo Zaiat
<b>3 de noviembre de 2019 -</b> 

Mauricio Macri termina su gobierno con un control de cambios improvisado y desordenado. Es un régimen imprescindible para la economía argentina, debido a que es una que tiene una crónica escasez relativa de divisas. Pero él lo ha lanzado sólo con objetivos electorales. En principio para llegar con un dólar sin sobresaltos a la primera vuelta de la elección presidencial del domingo pasado, que perdió por amplio margen. Después, con la derrota consumada, para culminar su mandato sin una desborde mayor del mercado cambiario. No lo hizo por el pedido del presidente electo, Alberto Fernández, de cuidar las reservas. Más bien las dilapidó sin culpa y sin importarle el cuadro dramático que enfrentará el próximo gobierno. Lo hizo por el interés propio para mejorar su resultado electoral y para no terminar su mandato con un descalabro económico y financiero todavía más pronunciado. Esta estrategia no es inocente. Se presenta "responsable" para el período de la transición pero, en realidad, traslada el peligro de un derrumbe cambiario mayor hacia la fuerza política que pasará a ocupar la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

Transición
Antes, cuando fue oposición, y en estos últimos cuatro años, como presidente de la Nación, lo que se debería haber aprendido es a no confiar en la palabra de Macri. Cuando el macrismo habla de que está comprometido a realizar una transición "responsable" están haciendo todo lo contrario.


Varias medidas de estos días prueban ese comportamiento, que forma parte de la esencia de la alianza Cambiemos. A la semana siguiente de la derrota electoral, el gobierno habilitó aumentos de precios generalizados (combustibles, prepagas, no prorrogó el programa Precios Esenciales). La gobernadora María Eugenia Vidal convalidó otra ronda de tarifazos del servicio de electricidad, el mismo día que tenía agendada la primera reunión con el gobernador electo Axel Kicillof. En varias dependencias del Poder Ejecutivo nacional comenzó una carrera veloz de nombramientos de cargos políticos. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, rifó reservas en cantidad mientras dejaba trascender que se estaba ocupando de cuidarlas, para después de liquidarlas imponer restricciones más duras.

Esta conducta obscena quedó expuesta con el jefe de Gabinete y conductor de la estrategia de la mentira planificada del macrismo, Marcos Peña, impulsando a la prensa adicta a presentar una derrota contundente en las urnas como un éxito del oficialismo. El ejército de trolls del macrismo además no ha sido desarticulado por la Casa Rosada, sino que sigue operando con intensidad, para inventar que Alberto Fernández estaba internado cuando estaba cenaba con amigos en San Telmo.

Frente a esta forma de entender la política, las relaciones con el adversario y la gestión de la administración pública, la clave es no caer en el voluntarismo político o en la inocencia en el trato personal con quienes dejarán una devastación de las funciones básicas del Estado.

"Cepo"
Desde noviembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner comenzó su segundo mandato con un régimen de control y administración de divisas, la palabra "cepo" fue la elegida para descalificar la política del control de cambios. Se llegó al absurdo de postular que la libertad estaba en peligro por la "dictadura K" porque no se podía comprar dólares sin límites. Un sistema de cuidado de las reservas era señalado como un instrumento de tortura financiera y de avance sobre "el derecho de las personas a ahorrar en dólares".

La usina de críticas no estaba alimentada solamente por economistas ortodoxos y analistas conservadores; gran parte de la heterodoxia consideraba que el control de cambios era una mala política.

El argumento principal para desaconsejar los controles es que si existen restricciones no vendrán inversiones: si no pueden retirar los dólares no tendrían incentivos para ingresarlos. Lo que no se dice es que un sistema de administración de divisas puede ser diseñado para privilegiar a quienes traen divisas en lugar de fugarlas.

Los instrumentos de política económica, ya sean monetarios, cambiarios o fiscales, no son malos en sí, dependen de cómo se utilicen en función de objetivos pre establecidos y comunicados en forma explícita.

Con el régimen que duró cuatro años, de 2011 a 2015, y con el actual, lanzado en forma desesperada por Sandleris como aporte a la campaña electoral de Macri, se impone la necesidad de un debate riguroso acerca de cómo administrar las divisas.

El factor determinante 

para evaluar las restricciones para acceder a los dólares es la estructura productiva y financiera desequilibrada de la economía argentina. El régimen de administración y control de acceso a la moneda extranjera, resumido en el espacio público con cuatro letras de un aparato de tortura, no es el problema, sino una consecuencia.

Objetivos
El sistema cambiario del segundo gobierno de CFK fue impuesto con el objetivo de cuidar los dólares para garantizar el pago de las deudas, al tiempo que buscaba evitar una corrida.

El diseñado a las apuradas por Sandleris inicialmente tuvo un objetivo opuesto: garantizar que la mayoría de las personas y empresas que querían dolarizarse pudieran hacerlo, lo que derivó en un default parcial de la deuda, aceleró la corrida cambiaria y precipitó la bancaria sobre los depósitos en dólares (casi el 40 por ciento se fugó de los bancos). Queda claro que lo hizo así para privilegiar a la base electoral del macrismo, además de evitar una disparada de la paridad.

El día después de la derrota de Macri en la elección presidencial, el Banco Central revisó la prioridad del control de cambios. Pasó a privilegiar el pago de la deuda de bonos que no fueron alcanzados por el "reperfilamiento". Cerró entonces casi al máximo el torniquete de dólares para atesoramiento.

Sandleris exhibió de ese modo el desquicio que hace en la gestión de un área clave para la estabilidad financiera y económica. No desentona con el desastre realizado por la conducción de Federico Sturzenegger que, con la impunidad que ofrece ser parte del establishment, se lanzó a evaluar el fracaso de Macri sin hacerse cargo de lo que hizo para provocar el derrumbe económico.

Queda más en evidencia ahora el destrozo que hizo Sturzenegger por haber liberado en forma absoluta el mercado cambiario, habilitando además que los exportadores no liquidaran divisas. Si se quiere buscar el origen del actual descalabro cambiario y no caer en trampas de confusiones, hay que remontarse a esas medidas iniciales del gobierno de Macri para entender esta crisis.

Festejar el fin del "cepo", utilizado como una de las principales banderas de la campaña electoral 2015, tuvo como desenlace una de las peores crisis económicas argentinas, con un cierre de ciclo que impuso otro "cepo", aún más estricto del que había.

Brecha
El control de cambios genera una diferencia entre la cotización oficial y la paralela. Es una consecuencia previsible de las restricciones. En una economía bimonetaria como la argentina aparece el siguiente dilema: una mercado desregulado sin brecha pero muy inestable en términos económicos y financieros; o controles que generan una brecha con impacto negativo en las expectativas de devaluación, pero con la posibilidad de administrar la escasez de divisas en función de un proyecto consistente de desarrollo de mediano y largo plazo.

<b>Lo cierto es que el régimen de control de cambios hasta el 2015 careció de esa última condición y quedó atrapado de las presiones de los buitres y de las tensiones políticas que generaban en la minoría intensa que atesora dólares y viaja al exterior. Lo que sí evitó es una crisis de proporciones como la que se precipitó con un mercado totalmente desregulado.</b>

Una y otra experiencia han exhibidos sus propias limitaciones, aunque la liberación total genera costos más elevados que la existencia de la brecha cambiaria. Esto quedó en evidencia en estos años de economía macrista. La brecha que generan los controles es un costo menor respecto al impacto que un descontrol cambiario genera sobre la estabilidad de la economía y el bienestar de la población.

Los verdes
<b>A lo largo de décadas de inestabilidad cambiaria, los dólares eran aportados en algunos momentos por el superávit de la balanza comercial; en otros, por el endeudamiento externo y, en menor medida, por la inversión extranjera directa.
</b> Pero en ningún caso se logró el salto cualitativo en la estructura productiva y financiera para aliviar la escasez relativa de divisas o, en otros términos, contar con todos los dólares necesarios para responder a la demanda.

Esos dólares de la economía doméstica son disputados por diferentes sectores. Cada uno presiona con intensidad para obtenerlos porque considera que su pedido es prioritario sobre el resto. La puja por los dólares adquiere más fuerza cuando la escasez relativa se hace presente, ya sea por una merma en la provisión por las vías comercial o financiera, o por un aumento de la demanda por encima del promedio gatillado por crisis locales o internacionales.

<b>La pelea para capturar los dólares disponibles tiene los siguientes protagonistas:</b>

* Particulares que desean dolarizar sus ahorros, y dentro de ese grupo quienes también piden billetes para viajar al exterior.

* Importadores que requieren de dólares para comprar bienes y servicios.

* Multinacionales que quieren dólares para girar utilidades a sus casas matrices.

* El Estado, nacional y provincial, que necesita dólares para cancelar obligaciones externas.

* Empresas privadas que precisan divisas para abonar vencimiento de intereses y capital de deuda externa.

* El Estado nacional también busca dólares para acumular reservas internacionales con el objetivo de garantizar mayores grados de autonomía frente a corridas cambiarias y a crisis externas que pueden provocar situaciones de inestabilidad financiera.

¿Se puede satisfacer al mismo tiempo toda la demanda de dólares que pretende cada uno de esos sectores?

El recorrido histórico de la economía argentina muestra que se trata de un objetivo muy ambicioso, casi imposible, desde el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones en la década del ’40 e integración financiera al mercado mundial en la década del ‘70. Se requiere como condición básica para lograrlo modificar la estructura productiva desequilibrada.

Daño
El argumento de que el control cambiario no sería necesario si se aplicara un fuerte ajuste fiscal para que, con un gasto público reducido, disminuyera la inflación y, por lo tanto, se aliviaría la presión cambiaria porque se alejaría la restricción externa, es una muestra de un desconocimiento importante del funcionamiento de la economía argentina o de un fanatismo ideológico conservador.

El control de cambios en la economía macrista fue muy tardío. En realidad, no debería haberse eliminado el existente en 2015. Podía haberse pulido, adaptándolo a nuevas condiciones políticas. Pero no eliminarlo. Hacerlo provocó un daño muy grande a la estabilidad económica sólo por cumplir con un dogmatismo ideológico que ignora la presencia dominante de la restricción externa (la escasez relativa de divisas, que significa que no hay dólares para todos en todo momento y en la cantidad que se quiera).

Son tantas las experiencias de crisis derivadas de la insuficiencia de dólares en la historia de la economía argentina que resulta sorprendente que todavía existan economistas que postulen un esquema de desregulación total del mercado de cambios y de la cuenta capital. En realidad, detrás del velo del análisis académico, lo que defienden es que los sectores sociales entrenados en fugar capitales puedan seguir haciéndolo sin interferencias.

El saldo de esta apertura financiera, como sucedió con la realizada durante la última dictadura militar y en la década del '90 con la convertibilidad, fue un endeudamiento externo insostenible y una crisis inmensa. La economía macrista ha provocado una masiva transferencia de ingresos desde la economía real hacia el capital financiero, y este resultado no puede ser disociado del régimen monetario, cambiario y financiero impulsado desde el Banco Central.

Eliminar el "cepo" al comienzo del gobierno para terminar con uno más rígido deja en evidencia el daño innecesario y evitable de una medida demagógica del macrismo. A esta altura se sabe, y quien no lo sepa es porque no ha estudiado la dinámica de la economía argentina, que los dólares no alcanzan para hacer frente a la demanda del sector externo, el pago de la deuda y la fuga de capitales.

<b>El debate central a partir del próximo 10 de diciembre apuntará a determinar qué sector deberá limitar su capacidad de demandar dólares. No habrá billetes verdes para todes. Será una restricción que políticamente deberá aceptarse para luego saber explicarla.</b>

<b>El próximo gobierno tendrá que prepararse para transmitir que es conveniente adaptar los instrumentos económicos disponibles y graduar las respuestas posibles de política cambiaria, dado el conjunto de restricciones internacionales y locales, en función del bienestar general y del desarrollo nacional.</b>



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https://www.pagina12.com.ar/115310-macri-no-entiende

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 Eliminan obligación de liquidar divisas de exportaciones

EDICIÓN IMPRESA
02 Noviembre 2017
Eliminan obligación de liquidar divisas de exportaciones
En el marco de la idea reinante en la Casa Rosada de desburocratizar el Estado, el Gobierno decidió poner fin a la obligación de liquidar divisas por parte de los exportadores, como corolario de la serie de ampliaciones de plazo que fue realizando la administración de Cambiemos desde el inicio de la gestión.

Si bien las normativas que establecieron períodos máximos para ingresar las divisas se habían reglado en 2001, fue durante los años K que los plazos se fueron reduciendo hasta llevarlo a 15 días, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares y tratar de evitar que la escasez dispare el tipo de cambio. Esta imposición siempre fue criticada por las empresas que entendían que era de difícil cumplimiento al momento de concretar una venta en el exterior.

¿para beneficiarios de la  rg 4003, ganancias continua siendo un tributo anual?

¿Para beneficiarios de la RG 4003, Ganancias continúa siendo un tributo anual?
Cuando Mauricio Macri asumió, el plazo para la liquidación de divisas en el sistema financiero estaba en 30 días, límite que había impuesto el kirchnerismo en mayo de 2012. Durante 2016, el Gobierno fue prorrogando gradualmente el plazo de los 30 días a los 5 años.

En enero de este año, el tiempo para cumplir con la obligación de liquidar las divisas provenientes de ventas en el exterior se extendió a los 10 años con la intención de ampliar y mejorar la capacidad de financiamiento de los exportadores.

Ahora, mediante un decreto que se espera se publique hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno directamente eliminará la obligación al entender que "se había convertido en una carga" y para "estar en línea con lo que ocurre en el mundo", tal como explicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero.

Respecto a la posibilidad de que con esta medida ingresen menos divisas de las exportaciones y que consecuentemente una menor cantidad de dólares en el mercado local provoque un aumento del tipo de cambio, funcionarios analizaron que "en la práctica cuando llevamos el plazo a 10 años, ya no existía esta obligación" y agregó que "la tensión que pueda haber sobre el precio de dólar se va a corregir cuando alguien venda. Si hay alguna restricción, entonces el precio no es libre".

Como ejemplo del impacto negativo que significó esta imposición, en el Gobierno explicaron que con la administración anterior las pymes argentinas perdieron 23 mercados porque los compradores no podían cumplir con el exiguo plazo de 15 días para pagar.

Habrá que ver en la práctica como repercute esta disposición sobre los agroexportadores al momento de ingresar las divisas provenientes de las ventas de granos y derivados. Por caso, la semana pasada el campo liquidó 350,7 millones de dólares por sus ventas al exterior, con una baja del 30,7% en comparación con igual período de un año antes y un 2,4% con relación a la semana previa. De esta forma, el monto liquidado por los exportadores agrícolas desde comienzos de año asciende a 18.791 millones de dólares, lo que representa una baja del 10% período de 2016.

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El Gobierno eliminó la obligación a exportadores de liquidar divisas
A través del decreto 893/17, el Gobierno eliminó la obligación que tenían los exportadores de negociar -en plazos perentorios- sus divisas en el mercado oficial de cambios y que se controlaba a través del sistema Secoexpo del BCRA, aplicándose a los infractores la Ley 19.359 (ley penal cambiaria).

el jueves 02 de noviembre de 2017
A través del decreto 893/17, el Gobierno eliminó la obligación que tenían los exportadores de negociar -en plazos perentorios- sus divisas en el mercado oficial de cambios y que se controlaba a través del sistema Secoexpo del BCRA, aplicándose a los infractores la Ley 19.359 (ley penal cambiaria).

De esta forma, el exportador tendrá libertad para vender al exterior como desee, habiendo recuperando cuatro libertades perdidas durante tantos años. Ahora podrá:

Vender y facturar la exportación en pesos, si el comprador desea pagarle en nuestra moneda. Aunque suene extraño, nuestra propia moneda no era aceptada por la ley para cobrar nuestras exportaciones, salvo un régimen especial, muy poco usado, para vender a Brasil y Uruguay;

Darle a su comprador externo todo el plazo de pago que estime conveniente para lograr esa venta y -si finalmente éste no paga- no tener que rendir cuentas al Estado por ello ni sufrir fuertes multas y hasta penas de prisión;

Cobrar esas ventas en efectivo (billetes en moneda extranjera o en moneda nacional), en el país o en el exterior, lo que -increíblemente- estaba prohibido por esta legislación ahora derogada, ya que sólo podían cobrarse las exportaciones mediante transferencias bancarias emitidas desde el exterior en moneda extranjera y

Si vende en moneda extranjera, disponer libremente de estas divisas o billetes como desee: guardarlos, negociarlos en el país o en el exterior, por pesos o por otras monedas, cuando quiera, o dejarlas en cuentas en el país o en el exterior o darles el destino que estime oportuno.

Se cierra así un capítulo de la historia económica argentina, que comenzó en 1964 y que, salvo el interregno 1991-2001 (durante la convertibilidad), dificultó las exportaciones tanto por los exiguos plazos que imponía para cobrar las divisas al comprador del exterior y su negociación por pesos en el mercado de cambios como por el incremento de costos legales y de administración que imponía.



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Eliminan la obligación de liquidar las divisas por exportaciones
El Cronista - Tiempo de lectura: 1 minuto

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Eliminan la obligación de liquidar las divisas por exportaciones
El Gobierno derogó una serie de normas relativas al mercado de cambios, algunas de ellas vigentes desde hace 53 años.
Actualizado el 02/11/2017
El gobierno nacional eliminó la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas ingresadas al país producto de las exportaciones de bienes, servicios y materias primas, que rigió durante décadas en la Argentina, según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

La disposición fue dispuesta mediante el decreto 893/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La nueva disposición elimina el artículo 1° del decreto 2581/64, por el que “el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales debe ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación pertinente .

El Gobierno consideró al respecto que “resulta pertinente adecuar la normativa vigente relacionada con el mercado de cambios a las nuevas circunstancias que se dan en la materia, a fin de mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, flexibilizar las condiciones de financiamiento y mejorar la previsibilidad financiera .

Si bien el decreto original que estableció el régimen de liquidación de divisas se emitió en 1964, en 1991 se dejó sin efecto, en 2001 se restableció, en los primeros días de diciembre, cuando presidía el país Fernando de la Rúa.

El plazo máximo para la liquidación estaba hasta hoy en 10 años, modificación hecha por el actual gobierno en enero último, que con anterioridad la había extendido de 30 días a cinco años, en los primeros meses de 2016.

Hasta la semana pasada, el ingreso de divisas por exportación de granos registró u$s 18.791 millones, cifra 10% inferior a los ingresado en el mismo período de 2016.



26 de noviembre de 2021

Una trama de contrabando, evasión impositiva y pocas causas en la justicia


 

VIERNES 26 NOVIEMBRE 2021

Capital Federal


ECONOMÍA | PUERTOS DEL GRAN ROSARIO

Una trama de contrabando, evasión impositiva y pocas causas en la justicia

Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial. Son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que se estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década


Por Luciano Couso

POR LUCIANO COUSO

21-11-2021 | 13:21

Las 16 principales compaas del sector informaron el envo del 897 de los productos agroalimentarios argentinos al exterior

Las 16 principales compañías del sector informaron el envío del 89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior


Los puertos del complejo agroexportador más importante de América del Sur, enclavados en el Gran Rosario y por los que cada año sale el 80% de los envíos al exterior de granos y subproductos, son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria que un informe estima en alrededor de US$10.000 millones en la última década, que contrasta con la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereal como de estupefacientes.


Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná, en el Gran Rosario, se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial.


La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz almacenadas en un depósito de Campana, con destino a Uruguay.


El sábado, en un operativo realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) logró evitar una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor.


"La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir", dijo a Télam Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.


En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, un periodista que investigó este tipo de operatorias, afirmó que "se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas" ya que la actividad del sector se basa en "declaraciones juradas de las propias empresas".


"No hay manera de saber bien qué es lo que realmente se exporta", advirtió el legislador.


En los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.


La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron 28.086.928.631 dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio.


Un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) estimó que "cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país".


Para ello, comparó los registros de exportaciones "de productos del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur", con el valor declarado por las aduanas de destino.


"Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020) según los datos del Indec es de U$S 39.434 millones, mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos, el valor total declarado asciende a U$S 49.220 millones, lo que implica una diferencia de U$S 9.780 millones", sostiene el informe del IADE.


El mismo trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider, dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas (ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas transnacionales.


"Cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país", sintetiza el informe del IADE.


Peretti, en diálogo con Télam, sostuvo que "el comercio ilegal de granos abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances de las grandes compañías exportadoras".


"Por eso es tan importante medir y pesar todo lo que entra y todo lo que sale", remarcó Peretti, quien propone la creación de una Agencia de Pesos y Medidas, a las que considera como "cuestiones centrales para una política fiscal".


Las 16 principales compañías del sector 

https://www.telam.com.ar/notas/202111/575501-puertos-del-gran-rosario.html


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Los principales bolsones de economía en negro

Cómo es la evasión a gran escala

Construir una economía más equitativa en la pospandemia requerirá un Estado fuerte con más recursos y menos evasión fiscal. ¿Dónde se radican los principales focos de evasión de la economía argentina?

Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

22 de agosto de 2020 - 02:51

Controles de carga en los puertos bonaerenses (Fuente: ARBA)

Controles de carga en los puertos bonaerenses. Imagen: ARBA

Si la economía que se aspira a tener en la pospandemia es la de una distribución menos desigual que la existente al fin del mandato de Mauricio Macri, un requisito ineludible es que se necesitará un Estado muy presente. Otra condición a esta altura indiscutible, dada la experiencia reciente, es que el excesivo endeudamiento externo no es un método muy elogiable para obtener un "superávit de caja", con lo cual los recursos, en principio, deberán obtenerse fronteras adentro. ¿Y cómo se logra que el Estado cuente con recursos? ¿Gastando menos? No es eso lo que se espera del Estado en una etapa en la cual su aporte a mejorar los ingresos de la población será central. ¿Recaudando más? Sí, ante lo cual la pregunta siguiente es: ¿con más impuestos o con menos evasión?


La primera alternativa (más impuestos) está en discusión, la segunda (menos evasión) no merecería la más mínima duda. En todo caso, la cuestión es cómo. El asunto viene sobrevolando el espacio político económico en las últimas semanas. El "caso Vicentin", ¿no es una ventana para asomarse a la ineficiencia en el control fiscal sobre el comercio exterior? ¿No es una evidencia de la existencia de mecanismos de evasión y a la vez de fuga de divisas a gran escala? ¿Se trata solamente de Vicentin o es la conducta que siguen otros grandes exportadores, aunque no hayan quedado tan en evidencia?



Estos interrogantes le resultan incómodos a muchos, pero el tema esta ahí, pendiente, latente, bajo investigación en la Justicia y con alcances inimaginables. También hay evasión interna. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) acaba de dar una primera respuesta, esta semana, con la nueva fiscalización en los puertos de la provincia, donde controlarán la entrada y salida de camiones, origen y destino de la mercancía que transportan y la documentación respaldatoria. También se pesará la mercadería para verificar su correspondencia con los volúmenes informados en la documentación. Hay fundadas sospechas de que se trata de cantidades que, en general, suelen no coincidir. 


"Combatir la informalidad (operaciones "en negro") no es sólo controlar que se entregue ticket o factura en un comercio de barrio, porque la evasión en gran escala está en otros lugares de la economía", afirmó este viernes Cristian Girard, director de ARBA, estableciendo el blanco al cual apuntar en el combate a la evasión. 


"Lanzamos un amplio dispositivo para control de la mercadería en tránsito; la acción iniciada en los puertos, que arrancó por Dock Sud y Quequén, es sólo parte de un operativo más general", señaló Girard a Página/12 cuando se lo consultó sobre los objetivos que proyecta con esta acción. "Tenemos indicios de que hay mucha evasión en todo lo que forma parte de la actividad extractiva en la provincia, y vamos a centrarnos en eso, en los sectores más concentrados de la actividad extractiva, que no es sólo la compraventa de productos sino la contratación de personal que tiene que ver con la actividad. Es todo un sistema de economía paralela que necesitamos detectar", apuntó. 


El interés del gobierno provincial es recuperar recaudación sobre Ingresos brutos, pero si se detecta uina operatoria integral "en negro", eso va a ser en beneficio de las arcas fiscales de la Nación y los municipios. Le expresión de Girard, por otra parte, grafica otra condición de la inequidad: la mayor evasión está en los que burlan las cargas tributarias en gran escala, no en el pequeño comercio de barrio que vende "en negro". 


"Un camión cargado de piedra caliza, o de arena o cualquier otro producto mineral, que se extrae y se traslada sin ser declarado y se vende de igual manera, constituye toda una operatoria que encadena varias operaciones no registradas, pasando por las personas contratadas para la carga y descarga", señaló el titular de ARBA. 


Otro tanto puede ocurrir, por ejemplo, con la cosecha de granos que se almacena en silobolsas durante meses sin ser declarada. Cuando se vende esa cosecha, fraccionada,  podría pasar disimulada entre otras operaciones y ser destinada incluso a la exportación sin haber dejado registro de la misma. Fuentes oficiales revelan que se han detectado evasiones bajo ese mecanismo. 


En ARBA cuentan con lo que denominan "índice verde" de producción, un sistema de prefiscalización que, por intermedio de imágenes satelitales, recoge información especialmente en la "zona núcleo" sobre el volumen de los principales cultivos. Esa herramienta les da una estimación sobre la producción de cada grano en cada co

explicaron el año pasado, de acuerdo al ranking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del 89,7% de los productos agroalimentarios argentinos al exterior.


En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22 kilómetros al sur de Rosario.


"El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio", denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores.


Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación el funcionario fue trasladado a un destino de "castigo", relató el propio inspector del Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita regularmente un podcast para el ciclo "Conocer Nacional".


El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años.


Además del tema granos, el diputado Del Frade advirtió que los acuerdos internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera extranjera impiden que en la Argentina se controle "la carga de un barco en movimiento", lo que explica "los cargamentos grandes de cocaína" que en los últimos años "se han detectado en Europa".


Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90% de la producción exportable se embarca en flota paraguaya y solo el 2% por la marina mercante argentina.


El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833 expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia, comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera).


En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero, según un operador judicial consultado por Télam, "son causas menores que no involucran a la actividad de los puertos", sino el envío de narcóticos por correo desde otros países.


Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el del contrabando y la evasión impositiva "es un tema que no está abordado en esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una vergüenza, porque están los puertos más importantes del país".


Del Frade, por su parte, aseguró que las sospechas sobre un tráfico sistemático de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los años '90.


"El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la DEA (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de EEUU) hace el primer informe sobre narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirma que la mayor cantidad de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre ellos el de Rosario, el de San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos Aires", detalló el diputado, que escribió el libro "Ciudad blanca, crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe", en el que aborda el tema.


Para el legislador, el contrabando "es una matriz que la democracia recicla" y en la que "se suma cualquier tipo de cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de 40 años".


Voceros judiciales dijeron a Télam que han sido pocas las causas por ese delito en los últimos años, y recordaron la llamada "Narco Arroz", que en 2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito fiscal de Rosario y con destino al Exterior.


Del Frade planteó que "lo que es fundamental es tener el control, administración y planificación del comercio exterior argentino, a través del Paraná".


"Eso es lo que nos falta, hacer un ejercicio de descolonización mental, porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos (concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de juego", concluyó el legislador.

https://www.pagina12.com.ar/286772-como-es-la-evasion-a-gran-escala





21 de febrero de 2021

Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García































 Verbitsky 

 El viernes por la mañana Verbitsky había contado en su columna en El Destape Radio que buscó vacunarse contra el coronavirus tras nueve contagios en su familia, uno de ellos fallecido. 
 "Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro", relató. 
 "Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", señaló el periodista.  fuente: 


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Vizzotti anunció una "propuesta de monitoreo" sobre el sistema de vacunación y negó un "vacunatorio VIP" La flamante ministra de Salud aseguró que "de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud", ni un sistema de vacunación "paralelo", sino que se trató de una situación "excepcional y desaprobada". Fuente Telam


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El Ministerio de Salud de la Nación había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (estimados en un total de 763.000 personas), adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, y luego, adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas). Posteriormente, irían miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (estos dos grupos suman unas 500.000 personas) y de servicios penitenciarios, adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3, enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas) y personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 personas).

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27 de junio de 2020

Nunca intentaron beneficiar a los iraníes


26 de junio de 2020
Nuevo informe que demuestra que CFK y Timerman nunca intentaron beneficiar a los iraníes
Interpol enterró el corazón de la causa por el Memorándum con Irán: punto final a la historia de las alertas rojas
El juez Martínez de Giorgi recibió el escrito, insólitamente pedido por los propios querellantes que acusaban a la expresidenta y excanciller por traición a la patria. Con el informe de Interpol pretendían evitar que declare el extitular de ese organismo, Ronald Noble.

Por Raúl Kollmann


El extitular de Interpol, Ronald Noble, siempre dijo que la Argentina nunca pidió que se levante las alertas rojas contra los iraníes.
El 4 de diciembre de 2013, Interpol Buenos Aires le mandó un radiograma a la Secretaría General de Interpol, en Lyon: "Sólo el juzgado federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, tiene potestad para levantar las órdenes de captura con alertas rojas y por lo tanto esas alertas rojas están plenamente vigentes contra los prófugos de nacionalidad iraní". El texto consta en un amplio informe de 12 páginas que Interpol Argentina --seguramente con el visto bueno de Interpol mundial-- le hizo llegar al juez Marcelo Martínez de Giorgi en el que queda claro que, aún después de firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán, nunca hubo gestiones ni intención de levantar las órdenes de captura contra los sospechosos del atentado contra la AMIA. O sea que demuele la hipótesis de la acusación, pergeñada en Comodoro Py, de la causa sobre el Memorándum, en el sentido de que se buscó beneficiar a los iraníes. En el mismo informe figura también una notificación de la sección argentina a la Secretaría General de Interpol en 2008 donde se hace saber a la central que el fiscal Alberto Nisman "acepta con beneplácito futuras reuniones con Irán" para buscar un acuerdo para que los sospechosos declaren en la causa AMIA.

El informe de Interpol fue emitido por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina, que es la sección argentina de Interpol, aunque siempre los documentos pasan por el filtro de la conducción mundial de la central de policía. El texto está firmado por la subcomisaria Luz Marina Prieta, a cargo de la oficina de Interpol, que en verdad se limitó a transcribir la documentación que se corresponde con las comunicaciones entre Interpol Argentina y la Secretaría General de Lyon entre noviembre de 2006 y agosto de 2017.

El informe se le entregó a Martínez de Giorgi por pedido de los querellantes, dos familiares de las víctimas del atentado, ambos muy vinculados a la dirigencia de la comunidad judía y que tienen a su lado a la propia DAIA. Todos ellos, de la mano del juez Claudio Bonadío, llegaron incluso a acusar a Cristina Kirchner y Héctor Timerman por traición a la patria. La idea al pedir el informe de Interpol era demostrar que hasta el secretario general, Ronald Noble, estuvo en una especie de oscura maniobra para mejorar la situación de los prófugos iraníes. Los querellantes quieren evitar que Noble declare en el expediente porque saben que derrumba toda la acusación ya que él y Joel Sollier, encargado judicial de Interpol, eran los responsables de las alertas rojas y ya dijeron públicamente que nunca se intentó levantar las órdenes de captura con alertas rojas.

El resultado de las 12 páginas entregadas por Interpol es exactamente el contrario al que buscaban los querellantes: documenta en forma nítida que las órdenes de captura con alertas rojas no estuvieron sobre la mesa de negociaciones, que el único que las podía levantar era Rodolfo Canicoba Corral, juez de la causa; que el propio Nisman consideraba que había que establecer negociaciones y que durante todo el proceso el norteamericano Noble era una especie de héroe y amigo de Nisman, algo que cambió ni bien el exsecretario general le dio la razón al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman. "La acusación de Nisman contra la presidenta Kirchner y Timerman es falsa" fue la afirmación lapidaria de Noble en entrevista realizada por Página/12 y publicada el 18 de enero de 2015, el mismo día de la muerte del fiscal. Idénticas palabras le dijo Noble a The Wall Street Journal y las repitió innumerables veces.


Alertas
El extenso informe de Interpol Argentina, que obviamente tiene el visto bueno de la central en Lyon, deja en claro que todo lo que aseguró Timerman en su momento fue cierto.

*El Memorándum se firmó el 27 de enero de 2013.

*Pocos días después, en febrero, Timerman le escribió a Interpol pidiéndole que certifique por escrito que el Memorándum no alteraba el status de las alertas rojas.

*El 13 de marzo de 2013, el consejero general de Interpol declaró que "la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectadas por la firma del tratado con Irán".

*Esa vigencia fue reafirmada por lo que ahora se ve en el informe entregado a Martínez de Giorgi: con fecha 4 de diciembre de 2013, la oficina de Interpol de Buenos Aires vuelve a notificar a la secretaría general que "el juzgado federal criminal 6 es el único que tiene la potestad de dejar sin efecto las órdenes de captura internacionales libradas oportunamente en la causa AMIA, informando la plena vigencia de las capturas de Ahmad Vahidi, Ali Falajian, Ahmad Rezha Asghari, Mohsen Rezzai, Mohsen Rabbani, Imad Mugniyah y Samuel Salman El Reda".

*La categórica evidencia de que no se modificaron las alertas rojas es que siguen vigentes hasta hoy.

Revés
El informe de Interpol consigna que el 5 de marzo de 2015, cuando ya había muerto Nisman, su sucesor, Gerardo Pollicita, pidió que declare Noble. Es decir que por entonces, el secretario general de Interpol seguía siendo un testigo confiable. Es más, en sus textos Nisman sostuvo que Noble fue el héroe de la película porque se negó a bajar las alertas rojas.

Pero el problema fue que después se exhibió toda la documentación en la cual quedó claro que la Argentina nunca pidió anular las órdenes de captura y Noble sostuvo: "en ningún momento ni usted ni nadie del gobierno argentino trató nunca de bajar las alertas rojas", le escribió el norteamericano a Timerman.

Con esa postura, Noble pasó a ser considerado un enemigo de los acusadores de CFK y Timerman, al punto de tratar de involucrarlo en una especie de contubernio a favor de los iraníes, siendo que Noble no sólo fue un funcionario del más alto nivel de los Estados Unidos sino que hasta fue el jefe del Servicio Secreto de ese país. Los querellantes saben que si Noble declara, toda el expediente del Memorándum se derrumba y entonces buscaron involucrarlo en una causa armada por encubrimiento de los sospechosos iraníes. Es allí, en esa causa que instruye Martínez de Giorgi, que se agregó el informe de Interpol que exhibe un comportamiento nítido tanto del gobierno argentino como de Noble.

La causa del Memorándum nunca debió existir. Estaba muerta desde el arranque porque era una acusación sobre un tratado, votado por el Congreso Nacional, que encima nunca entró en vigencia porque los iraníes no lo quisieron y, un año y medio más tarde, en mayo de 2014, fue declarado inconstitucional en la justicia Argentina. O sea que si no entró en vigencia no pudo tener efectos jurídicos. Si la causa ya estaba moribunda, el informe la entierra más todavía, porque demuestra nuevamente que no se hizo la menor gestión a favor de los iraníes.

La tarea de Faurie
Los querellantes de la causa del Memorándum, junto a la dirigencia de la comunidad judía alineada con Cambiemos, intentaron sostener que una leyenda puesta después de la firma del Memorándum implicaba una mejora en la situación de los iraníes.


En el informe de Interpol entregado esta semana se reitera la fórmula que se puso a las órdenes de captura: "La Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27 de enero de 2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán, respecto del atentado de 1994, relacionado con la presente notificación de las órdenes de captura, con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática. El status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General".

En otras palabras, los dos miembros asociados de Interpol, Argentina e Irán firmaron un acuerdo para ver si, mediante una instancia diplomática, se lograba la declaración de los sospechosos iraníes. Pero que ese esfuerzo --que fue auspiciado por Interpol-- de ninguna manera cambiaba las notificaciones de las órdenes de captura con alertas rojas vigentes y aprobadas por la Asamblea General de Interpol. Es decir que el informe entregado a Martínez de Giorgio ratifica que no hubo cambios y que la leyenda no aliviaba la situación de los iraníes.

Los querellantes, la DAIA y Cambiemos --que ya estaba en el gobierno-- sostuvieron que el agregado fue pedido por la Argentina, pero nuevamente Interpol aclaró que la frase fue incluida por decisión de la secretaría general de Interpol, no por pedido argentino. La administración macrista siguió con la batalla y el entonces embajador en Francia y luego canciller, Jorge Faurie, fue hasta la central en Lyon y reclamó sacar la leyenda, con lo cual quería dejar en evidencia que el texto lo impulsó el gobierno kirchnerista. Interpol --que ya no tenía a Noble como secretario general-- se negó a cambiar la leyenda y la mantuvo, sólo que agregó un texto adicional en el cual se consignó que el Memorándum fue declarado inconstitucional en la Argentina y que Interpol no opina sobre ese acuerdo porque es un tratado entre los dos países.

El trasfondo de todas estas idas y vueltas es que Argentina e Irán son dos miembros de Interpol, una organización que suele lidiar con la búsqueda de terroristas, narcotraficantes, violadores, no con conflictos entre sus miembros. Al haber un choque entre dos socios, Interpol trata de que se sienten a negociar y busquen una solución al diferendo. Por eso en su momento Interpol auspició el diálogo, Nisman estuvo de acuerdo y hasta viajó a una reunión con los iraníes en 2010. Firmado el Memorándum, Interpol lo consideró un avance hacia una solución pacífica, por eso lo consignó, aunque siempre sosteniendo las órdenes de captura.

https://www.pagina12.com.ar/274695-interpol-enterro-el-corazon-de-la-causa-por-el-memorandum-co

21 de junio de 2020

Cinco preguntas claves para entender el conflicto en torno a Vicentin



Cinco preguntas claves para entender el conflicto en torno a Vicentin

Matías Longoni

20 Junio, 2020 12:54 pm | Tiempo de lectura: 9 minutos

Luego de haber anunciado su intervención y posterior expropiación, el Gobierno aceptó una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que implica desistir de la segunda de las medidas.
El plan del interventor gubernamental Gabriel Delgado y de Perotti es tomar el control de la administración de la compañía y, bajo la supervisión del juez que maneja el expediente, poner a funcionar sus estructuras industriales.
El escenario más probable hoy es que la familia Vicentin pierda no sólo el control de la compañía -investigada en la Justicia por los créditos recibidos por el Banco Nación- sino que no conserve siquiera una participación minoritaria.
Luego de haber hecho el anuncio de una intervención por decreto y posterior expropiación de los activos de Vicentin, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) ingresó estas 2 últimas semanas en un estado de deliberación interna y con el resto del arco político y empresario.

Lo que se discutía era si la intervención y expropiación serían la mejores opciones para el rescate de esta empresa agroexportadora, que ingresó en default en diciembre de 2019, o si había que buscar otra manera de hacerlo.

Finalmente, el 19 de junio último este debate parecería haberse zanjado cuando el Presidente aceptó una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (Frente de Todos), que implica desistir de la segunda de las medidas, es decir de la expropiación de los bienes, que se había anunciado que se concretaría con el envío de un proyecto de ley al Congreso, que nunca se mandó. A continuación, 5 claves para entender el conflicto en torno a Vicentin.

¿El Gobierno desistió de la expropiación?
Con la propuesta de Perotti, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no enviará finalmente al Congreso el proyecto para que los activos de la compañía cerealera pasen a manos del Estado y, a partir de ahora, concentrará sus esfuerzos en la intervención dentro del concurso de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, en el norte de Santa Fe, donde los Vicentin fundaron esta firma en 1929.

Esta decisión, en principio, evitará una colisión entre distintos poderes del Estado, que era el argumento más utilizado por quienes criticaban la constitucionalidad de la medida.

Uno de ellos es el abogado Daniel Sabsay, quien en esta nota de La Nación, junto a otros expertos en Derecho, recordó que Vicentin mal podía ser intervenida y expropiada, pues “ya está en un concurso que corre por vía judicial”.

Desistida la expropiación, a partir de esta definición tan reciente, el Gobierno nacional concentrará su poder de fuego respetando el ámbito judicial, sin plantear -en principio- un conflicto entre los poderes interesados en la compañía cerealera.

Lo hará en tándem con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, ya que el gobernador Perotti ordenó a la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia que solicite también la intervención judicial de la compañía.

La idea oficial es que el juez que lleva el concurso, Hernán Lorenzini, finalmente ceda el control de los activos a los interventores designados desde ambos gobiernos, el nacional y el provincial.

En su última decisión, el último viernes, Lorenzini había ordenado mantener ese rol en manos de los accionistas originales de Vicentin y limitó el papel de los interventores a ser simples “veedores” del proceso judicial.

Sin embargo, dejó abierta la puerta para revisar ese fallo en las próximas semanas al sostener que “la presente medida se entiende otorgada por un plazo de 60 días”.

¿Qué se discute en el concurso de acreedores?
En el concurso judicial, que se inició el 10 de febrero de 2020 por impulso de la propia compañía, diferentes acreedores le reclaman a Vicentin una deuda total de $ 99.345.263.086,50, equivalente a cerca de US$ 1.400 millones.

A fines de mayo último, el periodista rosarino Juan Chiummiento publicó en la revista de negocios Punto Biz un completo mapa interactivo (que surge de los datos de fallos judiciales) que permite identificar con claridad quiénes reclaman deudas a la empresa aceitera: en total son 2.638 acreedores, a los cuales Vicentin dejó de pagarles el 4 de diciembre de 2019, alegando una situación de “estrés financiero” que no pudo remontar.



Del total del pasivo concursado, el 64% ($ 63.962 millones) corresponden a deudas con el sistema financiero público y privado, y el 36% restante ($ 35.674 millones) se divide entre unos 2.600 acreedores comerciales. En el primer grupo, el mayor acreedor es el Banco Nación, que reclama US$ 300 millones de la deuda total de 1.400 millones.

En el segundo grupo, unos 1.900 productores agropecuarios que entregaron soja a Vicentin y no la cobraron son la mayoría, con acreencias por unos US$ 400 millones. La cuarta parte de esa suma corresponde a la mayor organización cooperativa del sector, llamada Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que reclama casi US$ 100 millones.

¿En qué consiste la opción santafesina que reemplazó la expropiación?
A partir de la decisión del gobierno de discutir esas deudas en el marco del concurso de acreedores, el plan del interventor Gabriel Delgado y el gobernador Perotti es tomar el control de la administración de la compañía y, bajo la supervisión del juez que instruye el expediente, poner a funcionar sus estructuras industriales para comenzar a saldar esos pasivos en los tiempos previstos dentro del concurso, que vencen sólo a mediados de 2021.

El salvataje oficial, sin embargo, podría incorporar una cancelación anticipada de las deudas que la aceitera mantiene con los productores más pequeños, para que éstos vuelvan a vender sus cosechas a la compañía aceitera.

A mediano plazo, el nuevo plan oficial implica llevar a cabo una renegociación de las deudas con el sector financiero, incluyendo al Banco Nación y a otras entidades públicas, para dar forma luego del concurso de acreedores a una nueva compañía que podría ser “mixta”, es decir que tendría tanto accionistas del sector público como del privado.

En el primer caso, la provincia de Santa Fe no descarta su participación en la nueva sociedad que suceda a Vicentin. En la Legislatura provincial ya se presentó un proyecto de ley del Frente Progresista (que gobernó la provincia hasta el año pasado y ahora forma parte de la oposición), acompañado por varios bloques, para comprar la acreencia de los pequeños y medianos productores y poder “capitalizar” una participación dentro de la nueva empresa que pueda surgir.

En el Gobierno nacional, en tanto, los interventores designados por el Poder Ejecutivo no descartan convertir en acciones los pasivos acumulados por Vicentin con el Banco Nación y otros organismos como la AFIP. Podría ser esa decisión la que habilite a futuro la participación en la nueva compañía de YPF Agro, la filial agropecuaria de YPF, como planteó originalmente el presidente Fernández.

Perotti y el interventor Delgado, por otro lado, han mantenido reuniones con representantes de las cooperativas agrícolas de Santa Fe, para tentarlas a que se integren de algún modo a la nueva estructura. La principal estructura es la de ACA (ligada gremialmente con Coninagro), que está formada por 147 cooperativas de primer grado, tiene presencia en 600 localidades y agrupa a unos 50 mil productores.

Pero también podría involucrarse otra importante organización cooperativa del sector, Agricultores Federados Argentinos (AFA), que históricamente tiene ligazón con la Federación Agraria, y dispone de 36 centros primarios de acopio donde remiten sus granos unos 36 mil chacareros.

¿Qué sucedería con los dueños originales de Vicentin?
Vicentin SAIC, la empresa aceitera concursada, es la principal firma del grupo Vicentin, cuyos principales accionistas (con 75% del paquete) son unos 90 descendientes de la familia fundadora reunidos en una firma llamada Vicentin Family Group.

La estructura societaria es muy compleja, pero a grandes trazos la intervención judicial ahora pesa sobre los negocios agrícolas de la compañía y no se extienden a otros rubros del sector alimentario, como una bodega en Mendoza, el frigorífico Friar de Reconquista (del cual la concursada tiene menos del 1%), la firma ARSA (mediante la cual Vicentin pasó a controlar parte de las plantas lácteas de SanCor) u otros activos.

Es decir que de este modo quedó descartada casi por completo la pretensión inicial que manifestó el presidente Fernández de expropiar no sólo los bienes de Vicentin SAIC, la empresa concursada, sino de sus empresas alimenticias satélites.

Esta situación, que fue justificada con el argumento de asegurar la “soberanía alimentaria”, sería no solo difícil de ejecutar sino que abriría múltiples frentes de conflicto en la Justicia.

Así, la ofensiva judicial -y la de la pretendida intervención- apuntaría sobre los activos de Vicentin SAIC enfocados en el negocio principal de la compañía, el procesamiento de granos y la exportación de los subproductos.

Es decir, se concentraría sobre la actividad industrial aceitera (tanto en Avellaneda como en San Lorenzo, cerca de Rosario), donde existe una capacidad de molienda de más de 20 mil toneladas de soja por día, sobre todo en manos de la firma controlada Oleaginosa San Lorenzo SA.

A esto habría que sumarle la participación minoritaria que le quedó a Vicentin (33%) en la sociedad Renova, que se inauguró en 2014 y es la mayor planta de procesamiento de soja del país y la región.

Allí, 2 días antes del default de diciembre de 2019, la multinacional Glencore le compró a Vicentin un 17% del paquete accionario por US$ 122 millones.

Estos activos no son nada despreciables. Mediante esta estructura Vicentin logró posicionarse en 2019 como una de las principales jugadoras en el negocio de la exportación de commodities agrícolas, con 8,4 millones de toneladas de granos y subproductos embarcados, el 9% del total nacional.

Esto la posicionaba en el sexto lugar en un negocio donde son líderes grandes multinacionales, como la china COFCO o la estadounidense Cargill.

En total, las empresas extranjeras manejan cerca del 70% de los embarques, según los últimos datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vicentin formaba parte de un pequeño lote de empresas de capitales argentinos (junto a AGD, Molinos Agro y las mencionadas ACA y AFA), que retenían el 30% de esas exportaciones.

Las filiales del grupo en el exterior (Europa, Uruguay y Paraguay), en general empresas sin instalaciones ni grandes dotaciones de personal, forman parte de este paquete, pues la aceitera es su principal controlante.



Fuente: documento del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, del 12/07/2020.

Los dueños originales de Vicentin, en este entorno, deberán hacer frente al multimillonario pasivo acumulado hasta diciembre de 2019 (constituye el mayor default privado en la historia de la Argentina), con una parte importante de sus activos acumulados, pero no con todos, ya que hay muchos bienes que no forman parte de esta estructura societaria y quedan a nombre de algunos de los 90 accionistas originales.

Aunque aun no se conoce una valuación en el marco del concurso, desde la intervención estimaron que todos los activos involucrados en el expediente judicial “no alcanzarían” para cubrir los pasivos acumulados por el grupo Vincentin.

El escenario más probable, en este entorno, podría ser que los integrantes de la familia Vicentin pierdan no sólo el control de la compañía agroexportadora sino que ni siquiera conserven una participación minoritaria en la empresa mixta que surge de ella.

¿Esta situación permite que se interrumpan las investigaciones judiciales sobre los accionistas?
La intervención del Gobierno nacional en el expediente Vicentin se justificó a partir de sospechas sobre irregularidades cometidas por la conducción privada de esa compañía.

El propio DNU sostiene que Vicentín ingresó en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, pero “antes de entrar técnicamente en cesación de pagos, la sociedad cedió para saldar deudas comerciales un tercio de su participación en la sociedad Renova al grupo Glencore, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa, perdiendo de esta forma Vicentin el control de una empresa estratégica dentro del grupo”.

Esta situación sospechosa para los funcionarios no ha habilitado todavía una investigación judicial. Al respecto, los dueños de Vicentin aclararon que esa venta se realizó efectivamente el 2 de diciembre, a horas del default, pero que del total de US$ 122.700.000 obtenidos por el 16% de las acciones de Renova, “el comprador descontó un total de US$ 26.300.000 para cancelar el capital, intereses, comisiones por pago adelantado y honorarios legales, de un préstamo con garantía de esas acciones en favor de Rabobank. El importe remanente que ascendía a US$ 96.400.000 fue utilizado para pagar a productores y proveedores de Vicentin SAIC”.

Otro flanco delicado de este proceso tiene que ver con los créditos otorgados por el Banco Nación, finalmente el mayor acreedor individual de la empresa aceitera.

Claudio Lozano (Unidad Popular), director designado por el gobierno en esa entidad crediticia estatal, fue el autor del “Primer Informe de Situación de la firma Vicentin”, en el que dio cuenta de presuntas irregularidades en los préstamos otorgados a esa empresa por parte de la gestión de Cambiemos, que dieron origen a una investigación penal por presunta “defraudación”. El caso es investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita a pedido del juez federal Julián Ercolini, pero recién está dando sus primeros pasos procesales.

En su informe, Lozano indicó que en el segundo semestre de 2019, “según informes de financiamiento electoral y partidario que entrega la Cámara Nacional Electoral, diferentes empresas del grupo (Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar) realizaron una donación total de $ 13,5 millones en concepto de aportes para la campaña de Mauricio Macri en las PASO”. El economista vinculó dichos aportes de campaña con un notable crecimiento de las líneas de financiamiento que esa empresa obtuvo del Banco Nación en los últimos meses del gobierno de Cambiemos, hasta días antes del default.

Según la respuesta de la propia empresa a esta acusación, “Vicentín SA es cliente de la sucursal Reconquista del Banco Nación desde hace 56 años. Y uno de sus principales deudores en los últimos 20 años”. Esta explicación añade que en agosto de 2013 ya disponía de líneas de créditos por US$ 170 millones, que durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya habían tenido un crecimiento del 240%. “El aumento de la calificación crediticia fue en línea con el aumento de la facturación y el patrimonio de la empresa, medida en dólares”, indicó el grupo aceitero.

Esta investigación en la justicia penal va por carriles paralelos a los del concurso de acreedores tramitado en la justicia civil y comercial.

https://chequeado.com/el-explicador/cinco-preguntas-claves-para-entender-el-conflicto-en-torno-a-vicentin/










https://www.youtube.com/watch?v=WnLYtWF7Gbo



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Constitución Nacional
Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.


Artículo 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

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EXPROPIACIONES

Modifícase el régimen actual.

LEY Nº 21.499

Buenos Aires, 17 de enero de 1977.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

Calificación de utilidad pública

ARTICULO 1º — La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

TITULO II

Sujetos de la relación expropiatoria

ARTICULO 2º — Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.

Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.

ARTICULO 3º — La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o privado.

TITULO III

Objeto expropiable

ARTICULO 4º — Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.

ARTICULO 5º —La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

ARTICULO 6º — Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.

Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

ARTICULO 7º — La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.

ARTICULO 8º — Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.

En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales.

Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotación efectuada por el expropiado.

En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el juez.

ARTICULO 9º — Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad en los términos del artículo 51, incisos b) y c).

TITULO IV

La indemnización

ARTICULO 10. — La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.

ARTICULO 11. — No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

ARTICULO 12. — La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

ARTICULO 13. — Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación para los bienes inmuebles, o las oficinas técnicas competentes que en cada caso se designarán, para los bienes que no sean inmuebles. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento.

ARTICULO 14. — Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del bien al expropiante.

ARTICULO 15. — No habiendo avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión será decidida por el juez quien, respecto a la indemnización prevista en el artículo 10 y sin perjuicio de otros medios probatorios, requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los noventa días.

Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble que se expropiará, se tasarán conforme a lo establecido para los bienes que no sean inmuebles.

ARTICULO 16. — No se considerarán válidos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la vigencia de la ley que declaró afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.

ARTICULO 17. — No habiendo avenimiento acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la intervención de las oficinas técnicas a que alude el artículo 13, deberá sustanciarse prueba pericial. Cada parte designará un perito y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

TITULO V

Del procedimiento judicial

ARTICULO 18. — No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.

ARTICULO 19. — El proceso tramitará por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.

Promovida la acción se dará traslado por quince días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicarán edictos durante cinco días en el diario de publicaciones legales de la Nación y en el de la Provincia correspondiente.

Si existieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el plazo que el juez estime prudencial debiendo tener presente lo dispuesto en los artículos 15 y 17.

Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computados desde que el Secretario certificare de oficio sobre la producción de la misma.

Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llamará autos para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro de los treinta días de quedar firme aquella providencia. El cargo de las costas del juicio, como así su monto y el de los honorarios profesionales, se regirán por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por las respectivas leyes de aranceles.

Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el mencionado Código.

ARTICULO 20. — La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión.

Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 22, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del efectivo pago.

En tal caso, los intereses se liquidarán a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.

Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.

ARTICULO 21. — Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será competente el juez federal del lugar donde se encuentre el bien a expropiar con jurisdicción en lo contencioso-administrativo. Tratándose de bienes que no sean inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

Los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, tramitarán ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal.

ARTICULO 22. — Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el juez respectivo el importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del bien.

ARTICULO 23. — El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no está embargado ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición de sus bienes.

ARTICULO 24. — La litis se anotará en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.

ARTICULO 25. — Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se determine por las oficinas técnicas mencionadas en el artículo 13.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 23.

ARTICULO 26. — Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.

ARTICULO 27. — La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilará en juicio por separado.

ARTICULO 28. — Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo gravamen.

ARTICULO 29. — El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas serán a su cargo.

Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.

ARTICULO 30. — Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización.

ARTICULO 31. — La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.

ARTICULO 32. — Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

TITULO VI

Plazo de la expropiación

ARTICULO 33. — Se tendrá por abandonada la expropiación —salvo disposición expresa de ley especial— si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica.

No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas.

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 25.811 B.O. 1/12/2003 se extiende a tres (3) años el plazo establecido en el presente artículo para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 25.549.

Prórroga anterior: Ley N° 24.640 B.O. 31/5/1996 )

ARTICULO 34. — Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.

En tal supuesto se aplicarán las siguientes normas:

a) El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y notificará al propietario el importe resultante.

b) Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse sólo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.

c) Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecido, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación del valor del bien, de conformidad con las normas de los artículos 10 y 11.

d) La indemnización será reajustada en la forma prevista en el artículo 10.

e) Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24.

f) Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si éste estuviera determinado. Con tal finalidad una vez firme dicho valor, será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expidan los Registros en relación con el inmueble afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos en este artículo, los escribanos que las autoricen deberán dejar expresa constancia del conocimiento por el adquirente de la afectación, o de su consentimiento del valor firme, según corresponda.

TITULO VII

De la retrocesión

ARTICULO 35. — Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computado desde que la expropiación quedó perfeccionada en la forma prevista en el artículo 29.

ARTICULO 36. — Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.

Tampoco se considerará que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignare uno complementario o que tiende a integrar y facilitar el previsto por la ley.

ARTICULO 37. — La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento.

ARTICULO 38. — La retrocesión no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o gestión administrativa.

ARTICULO 39. — Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el artículo 35, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le asigne al bien el destino que motivó la expropiación; transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignara al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obra aprobados, la acción de retrocesión quedará expedita, sin necesidad de reclamo administrativo previo.

Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo administrativo previo.

ARTICULO 40. — Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la expropiación, y por esa circunstancia quedare desvinculado de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.

ARTICULO 41. — Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.

ARTICULO 42. — Para que la retrocesión sea procedente se requiere:

a) Que la expropiación que la motive haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el artículo 29.

b) Que se de alguno de los supuestos que prevé el artículo 35 y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el artículo 39.

c) Que el accionante, dentro del plazo que fije la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de éste en concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere. Si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante. Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante.

ARTICULO 43. — Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.

ARTICULO 44. — Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.

ARTICULO 45. — La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.

ARTICULO 46. — La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante, o contra éste y los terceros a quienes hubiere sido transferido el bien.

ARTICULO 47. — El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión, y la naturaleza de la litis, serán los establecidos para el juicio de expropiación.

ARTICULO 48. — Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado.

ARTICULO 49. — La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión.

ARTICULO 50. — La acción por retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el artículo 29, al bien se le dio un destino ajeno al que la determinó, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieren transcurrido los plazos previstos en los artículos 35 y 39.

El trámite previsto en el artículo 39 suspende el curso de esta prescripción.

TITULO VIII

De la expropiación irregular

ARTICULO 51. — Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.

b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.

c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.

ARTICULO 52. — No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.

ARTICULO 53. — El que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa.

ARTICULO 54. — En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el artículo 10 y siguientes de la presente ley.

ARTICULO 55. — Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto fueren aplicables.

ARTICULO 56. — La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable la referida acción.

TITULO IX

De la ocupación temporánea

ARTICULO 57. — Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.

ARTICULO 58. — La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.

ARTICULO 59. — La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.

ARTICULO 60. — Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad.

ARTICULO 61. — La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Pública.

ARTICULO 62. — La ocupación temporánea normal apareja indemnización, siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación.

La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.

ARTICULO 63. — El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivó su ocupación.

ARTICULO 64. — Ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años; vencido este lapso, el propietario intimará fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de expropiación irregular.

ARTICULO 65. — El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al juicio de ocupación temporánea normal.

ARTICULO 66. — Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa no puede alterar la sustancia del mismo ni extraer o separar de éste elementos que lo integren, sin perjuicio del supuesto previsto en el artículo 62, última parte.

ARTICULO 67. — Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de éstos se harán valer sobre el importe de la indemnización.

ARTICULO 68. — Las cuestiones judiciales que promoviese el propietario del bien ocupado están exentas de reclamación administrativa previa.

ARTICULO 69. — La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante tomó posesión del bien.

ARTICULO 70. — La acción del propietario del bien ocupado para requerir su devolución prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante debió devolver el bien.

TITULO X

Disposiciones complementarias

ARTICULO 71. — Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro título, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa de mil pesos ($ 1.000), a cien mil pesos ($ 100.000), al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y resolver como corresponda. La multa se exigirá por vía ejecutiva.

ARTICULO 72. — La presente ley se aplicará exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su vigencia.

No obstante, en los juicios en trámite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento, en la forma prevista en el artículo 13.

ARTICULO 73. — Deróganse las leyes números 13.264, 17.484 y 19.973 y el artículo 10 de la Ley Nº 14.393.

ARTICULO 74. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

VIDELA.

Julio A. Gómez.

FE DE ERRATA

LEY Nº 21.499

Se hace saber que en la publicación de la mencionada ley, efectuada en la edición del Boletín Oficial del día 21/1/77, se deslizaron los siguientes errores de imprenta:

Artículo 10. — Donde dice: "valores efectivos". — Debe decir: "valores afectivos".

Artículo 24. — Donde dice: "Indisponibles". — Debe decir: "indisponible".

Artículo 26. — Donde dice: "quedarán los arrendamientos". — Debe decir: "quedarán resueltos los arrendamientos".

Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "daclaración". — Debe decir: "declaración".

Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "dispones". — Debe decir: "disponer".

Artículo 51, inc. c). — Donde dice: "el derecho del titular". — Debe decir: "al derecho del titular".

Artículo 71. —Donde dice: "que en virtud de la presente ley del Estado". — Debe decir: "que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado".


http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37292/norma.htm

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