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19 de julio de 2008

EL GOBIERNO DEROGO LA R.125, DE RETENCIONES MOVILES A LA EXPORTACION, PERO RATIFICO SU DERECHO A FIJARLAS- LA 1176


Sábado, 19 de Julio de 2008

EL PAIS › EL GOBIERNO DEROGO LA R.125, DE RETENCIONES MOVILES A LA EXPORTACION, PERO RATIFICO SU DERECHO A FIJARLAS
Lo que hay que hacer, mejor hacerlo rápido
En un trámite urgente, el Ejecutivo instruyó por decreto al ministro de Economía para derogar las retenciones móviles y las compensaciones a pequeños productores, y en un par de horas se concretó. Vuelven a ser fijas y al nivel del último noviembre.



Por Sebastián Premici

La decisión política para derogar la Resolución 125 llegó dos días después de la derrota en el Senado. El Poder Ejecutivo instruyó ayer al ministro de Economía, Carlos Fernández, para que limite la vigencia de las retenciones móviles y el sistema de compensaciones para pequeños y medianos productores y disponga nuevas partidas arancelarias para soja, girasol, trigo y maíz, tal como estaban en noviembre del año pasado.

Horas después, Fernández firmó las resoluciones dando origen a un nuevo régimen de retenciones fijas. “Primero llegó la decisión política para dar de baja la 125 y luego se procedió con las resoluciones técnicas, que estarán publicadas en el Boletín Oficial el lunes, junto al decreto presidencial”, afirmaron a PáginaI12 desde el Ejecutivo. Con la firma de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el decreto defiende las retenciones móviles, menciona las trabas que sufrió el oficialismo en el Senado y critica a los sectores patronales del campo. “No puede haber un sector que imponga al conjunto (de la sociedad) sus propios intereses de lucro”, se expresa en los fundamentos del decreto.

“Con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto (las retenciones móviles) para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.” Con estas palabras, el Poder Ejecutivo dejó clara su postura post-Senado. El lunes publicará en el Boletín Oficial el decreto presidencial con la decisión política de dar marcha atrás con la Resolución 125. Paralelamente, el Ministerio de Economía publicará tres resoluciones firmadas el viernes, dando de baja la 125 y otras dos estableciendo el nuevo régimen de derechos de exportación para soja, girasol, trigo y maíz.

Cuando estos decretos se publiquen en el Boletín Oficial, la soja pasará a tributar un 35 por ciento en concepto de derecho de exportación, el girasol un 32 por ciento, el trigo un 28 por ciento y el maíz un 25 por ciento. “Entre el 11 de marzo y el próximo lunes rigen las retenciones móviles y el sistema de compensaciones. Todo lo que se comercializó en ese período está sujeto a las retenciones móviles. No hay retroactividad en esta decisión política y el lunes arranca un nuevo sistema”, indicaron a este diario fuentes del Ejecutivo.

Luego de más de 120 días de conflicto con el sector agropecuario y tras la derrota política del oficialismo en el Senado, el Ejecutivo salió a fijar su posición, a través de la letra del decreto 1176, presentado ayer por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández. De esa manera, la Presidenta de la Nación defendió la facultad del Ejecutivo para fijar su política económica a través del sistema de las retenciones móviles, cuyo objetivo fue “estabilizar los precios internos a niveles convenientes y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional”. También reconoció las presiones sufridas durante todo este período, tanto las que vinieron desde algunos sectores del campo como el embate sufrido en el Congreso.

“Todo indica que la resolución del tema por la vía legislativa resulta imposible, dada la situación existente. Si bien la Cámara de Diputados pudo arribar a una expresión de esa voluntad, por mayoría absoluta, en el Senado existió un empate que hizo necesario el desempate por parte del señor vicepresidente de la Nación. Debido a esta situación, es el Poder Ejecutivo el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades, pues de otro modo ha sido imposible”, se establece en el decreto presidencial.

El Ejecutivo reconoció a través de este decreto su derrota legislativa. Sin embargo, ayer reunió a todos los legisladores que votaron por el proyecto oficial para comenzar el reacomodo del bloque K. El oficialismo en Diputados se tomará dos semanas para luego avanzar con las leyes de arrendamiento y emergencia agropecuaria, pendientes de la última sesión en la Cámara baja (ver aparte). “El ánimo del Gobierno sigue siendo mejorar la situación de los pequeños y medianos productores, por eso es probable que se evalúe algún proyecto legislativo integral”, señalaron desde Economía.

Con esta nueva situación política, cayeron todas las compensaciones a la soja y el girasol y a los fletes. También quedó sin efecto la creación de un Fondo Social de 4000 millones de pesos (aportados por las retenciones a los grandes pooles de siembra) destinado a la construcción de hospitales, escuelas, viviendas y el apoyo de la agricultura familiar. “Es probable que los grandes se apuren a exportar rápidamente al 35 por ciento de retenciones, porque más adelante podría establecerse un régimen que lleve las alícuotas al 39 o 40 por ciento”, indicaron a este diario desde el Ejecutivo.

Una vez que se conoció la decisión política de dar marcha atrás con la 125, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, avaló la medida pero rápidamente pidió por una segmentación de pequeños productores y un sistema que compense a los que producen menos de 300 toneladas, algo que se incluía en el proyecto que supo tener media sanción de Diputados, ahora desconocido por la Mesa de Enlace (ver aparte).

A través del decreto 1176, la Presidenta asumió el embate legislativo –y de alguna manera la victoria del sector agropecuario– pero no se privó de criticar con dureza el accionar de la Mesa de Enlace. “El uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional fue pretexto para un violento lockout, que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo como una manera de menoscabar la participación del Congreso”, sentenció el Ejecutivo.



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Textuales

Algunos puntos relevantes del decreto 1176

- Con una de las Cámaras (la de Diputados) a favor de la ratificación de la medida con mayoría absoluta y la otra en contra en virtud de aquel desempate, es este Poder Ejecutivo entonces el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades.

- No debe haber interés que pueda estar por encima del interés de la patria, no puede haber sector que imponga nuevamente al conjunto sus propios intereses de lucro. Con la convicción de la necesidad de tener derechos de exportación móviles, ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia.

- En la medida en que agresiones físicas, amenazas y presiones de distinta y diversa naturaleza –algunas imperceptibles– limiten o determinen de algún modo las voluntades de quienes legítimamente tienen la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada nuestra democracia y el nivel de la calidad de nuestras instituciones.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-108107-2008-07-19.html


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Anuncio de firma del Decreto 1176
viernes, 18 de julio de 2008
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, ALBERTO FERNANDEZ, ANUNCIA LA FIRMA DEL DECRETO 1176



ALBERTO FERNANDEZ.- Buen día. Estamos acá con el señor ministro de Economía, recién estuvimos con la señora Presidenta, quien ha firmado hace pocos minutos el Decreto 1176, fechado el día de hoy 18 de julio, que yo he rubricado y que simplemente les leeré para su conocimiento:

Buenos Aires, 18 de julio de 2008. Visto y considerando: Que la igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional, para que exista equidad distributiva y también territorial, es un eje sobre el que el Gobierno Nacional está dispuesto a insistir.
Que para poder dar solución a esos problemas, nuestro país tiene que procurar una mayor equidad en las relaciones económicas, de modo que ningún resultado podrá obtenerse sin que deba producirse una mejora en la distribución de los ingresos a favor de los que menos tienen al interior de nuestra economía.
Que en orden a la doble repercusión local del crecimiento del precio internacional de los alimentos, que por un lado mejora el ingreso de quienes los producen en proporciones geométricas y, por el otro, amenaza con alejarlos de la posibilidad económica de adquirirlos a los sectores populares que han venido incrementando su participación en el consumo del mercado doméstico, la situación presenta gran complejidad.
Que, ante ello, con la clara finalidad de estabilizar los precios internos a niveles convenientes, mantener un volumen de oferta adecuada a las necesidades del mercado interno y asegurar un máximo posibles del valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, se modificaron derechos de exportación vigentes para soja, girasol, maíz y trigo y sus derivados.
Que en consecuencia se dispuso que dichos derechos fueran móviles y se incrementaron para la soja y sus derivados y se disminuyeron para el trigo y maíz.
Que aquel uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones, fue pretexto para un violento lock out, que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del Honorable Congreso de la Nación.
Que, sin perjuicio de haberse dictado en uso de facultades regladas, para mayor institucionalidad y ejercicio de la democracia, se postuló la ratificación de las medidas y la transformación del Programa de Redistribución en un Fondo con Afectación Especial, por el Honorable Congreso de la Nación.
Que en la convicción de que nada es mejor para la institucionalidad que respetar más a las instituciones, se pretendía que el propio Poder Legislativo tome plena participación, discusión y decisión en un tema que válida y prácticamente -atendiendo a la realidad de las urgencias que siempre imponen las políticas económicas- había oportunamente y legítimamente delegado.
Que a nadie podía agredir que el Congreso de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo, se pronunciara en una materia en donde la discusión de intereses había cobrado inusitada virulencia.
Que, sin embargo, todo indica que la resolución del tema por esa vía resulta imposible, dada la situación existente. Si bien la Honorable Cámara de Diputados de la Nación pudo arribar a una expresión de esa voluntad, por mayoría absoluta, en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación existió un empate que hizo necesario el desempate por parte del Señor Vicepresidente de la Nación.
Que si bien los diputados pudieron acordar un proyecto que logró una mayoría parlamentaria suficiente, en la Cámara de Senadores sólo pudieron empatar en singulares condiciones y sin ningún consenso positivo, generándose una virtual imposibilidad de decisión oportuna del tema.
Que así, con una de las Cámaras a favor de la ratificación de la medida con mayoría absoluta y, la otra en virtud de aquél desempate, rechazando esa medida, no se ha podido resolver la cuestión, toda vez que deja el trámite inconcluso y al Congreso sin manifestación.
Que es este Poder Ejecutivo entonces el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades, pues de otro modo ha sido imposible.
Que corresponde tomar las medidas que posibiliten destrabar la situación, instruyendo al señor Ministro de Economía y Producción para que limite la vigencia de las normas que instrumentaron las retenciones móviles así como las que se destinaron a compensaciones, para que rijan retenciones iguales a las fijas que disponían las resoluciones 368 y 369 de este Ministerio de fecha 7 de noviembre de 2007 (conocidas como las del 35 por ciento), a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la República Argentina, en víspera de su Bicentenario, enfrenta una gran oportunidad de crecimiento si toma las medidas adecuadas en medio de esta verdadera crisis mundial provocada por el incremento de precios del petróleo y de los alimentos, impidiendo que ese crecimiento de los precios termine excluyendo a una mayoría de nuestra población.
Que mantener un adecuado nivel interno del precio de los hidrocarburos y de los productos que consume nuestro pueblo en lo económico y sujetarnos a la regla central de la democracia que es, en diversidad y pluralidad, respetar la voluntad popular, traducida en respeto a las instituciones es sustancial. Preservar la calidad institucional, permitirá encontrar mecanismos para la composición de los diversos intereses que componen la Patria.
Que no debe haber interés que pueda estar por encima del interés de la Patria, no puede haber sector que imponga coactivamente al conjunto sus propios intereses de lucro.
Que manteniendo las convicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro país de un sistema de derechos de exportación variables o móviles con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.
Que forzoso es decirlo, el debate mostró un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias y sus lugares de residencia, de una manera que es preciso desterrar de los comportamientos sociales y públicos para que en verdad exista cada vez más institucionalidad y más democracia.
Que en la manera en que esas agresiones físicas, amenazas y presiones de distinta y diversa naturaleza -algunas imperceptibles- limiten o determinen de algún modo las voluntades de quienes legítimamente tienen la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada nuestra democracia y el nivel de la calidad de nuestras instituciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional Argentina.
Por ello la Presidenta de la Nación Argentina decreta: Artículo 1º.- Instrúyese al señor Ministro de Economía y Producción de la Nación para que en uso de sus facultades limite la vigencia de las resoluciones Nº 125 de fecha 10 de marzo de 2008, su modificatoria 141 de fecha 13 de marzo de 2008, su derogatoria 64 de fecha 30 de mayo de 2008 y sus complementarias 284 y 285 del 18 de abril de 2008.
Artículo 2º.- Instrúyese al señor Ministro de Economía y Producción para que en uso de sus facultades disponga la vigencia de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) iguales a las dispuestas por las resoluciones ministeriales 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007, a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firma la señora Presidenta y rubrico yo. Muchísimas gracias, van a tener copia de este decreto.

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=4714

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