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17 de agosto de 2008

COTEJANDO LECTURAS


LECUTRAS: ¿Golpe o porrazo? por Ernesto Tenembaum - De ley por Horacio Verbitsky - El golpe en etapa de maduración por Rubén Dri - La tristeza de los nuevos ricos Por Alberto Müller -Mercados a futuro por Alfredo Zaiat

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Viernes, 8 de Agosto de 2008 Hoy
EL PAIS › OPINION

¿Golpe o porrazo?

Por Ernesto Tenembaum
“Nada nos hace creer más que el miedo,
la certeza de estar amenazados.”
(De El Juego del Angel, de Carlos Ruiz Zafón)

Durante los cuatro meses que duró la crisis entre el Gobierno y el “campo”, la propaganda oficial difundió que, más allá de la discusión sobre una medida impositiva puntual, en el fondo estaba en juego la democracia: se trataba de la defensa de un gobierno popular amenazado por fuerzas golpistas, comandos civiles, grupos de tareas, etcétera. El tiempo permitirá percibir si esas afirmaciones eran disparatadas o correctas. A estas alturas, alguna gente cree que constituían una mera construcción publicitaria, otras personas opinan que era una mezcla de eso con una convicción sincera –paranoica pero sincera–, y otro sector que, efectivamente, existía un movimiento “destituyente”. En defensa del Gobierno, hay que decir que –de haber sido simplemente una mentira– no fue una mentira original: en el casi cuarto de siglo de vida democrática ininterrumpida que lleva la Argentina, al menos media docena de veces la defensa de la democracia fue invocada para lograr consenso en favor de medidas menos trascendentes o más innobles.

Los lectores jóvenes quizá no recuerden un episodio que ocurrió en octubre de 1985. El presidente se llamaba Raúl Alfonsín. La democracia recién nacía, asediada por el poder militar, cuyas cúpulas estaban siendo juzgadas, en un contexto de fragilidad institucional y económica. En aquel mes, el gobierno enfrentaba su primera elección. Las encuestas lo favorecían. El peronismo iba dividido. Pese a eso, unos días antes de los comicios, el gobierno denunció la existencia de una conspiración golpista, encabezada por doce personajes, a los que les podría haber cabido tranquilamente la sospecha. Se decretó el estado de sitio. A algunos de ellos se los detuvo. Y la situación generó una polarización que aumentó la diferencia electoral a favor del alfonsinismo. Se trataba de estar con la democracia, o no. Días después de las elecciones, se supo que el gobierno no tenía ninguna prueba sobre la supuesta conspiración. Tuvieron que liberar a los pocos detenidos y, más tarde, indemnizarlos. Pero no importaba: ya habían ganado las elecciones. El que estaba con la democracia debía votar al gobierno, fue el mensaje.

La gente les creyó.

Pero era una mentira.

Un episodio casi calcado se había producido unos meses antes, en la última semana de abril. El 22 comenzaba el juicio a las juntas militares. Era perfectamente creíble que, en ese marco, los militares estuvieran conspirando para derrocar al gobierno democrático. El día 21, el entonces presidente Raúl Alfonsín convocó a la Plaza de Mayo para defender la democracia. La cita sería el jueves 26. Naturalmente, la concurrencia fue masiva. La gente esperaba que Alfonsín denunciara a los instigadores del golpe en marcha. “Ay, ay, ay, que se muera Alsogaray (y Julita)”, era el cantito de moda. La sospecha recaía en el líder de la UCeDé y en el ya octogenario Arturo Frondizi. Sin embargo, Alfonsín sorprendió a la multitud con un discurso en el que, en lugar de defender la democracia, anunciaba la puesta en marcha de un plan de “economía de guerra” que luego se conocería con el nombre de “Austral”, por una moneda que fue barrida por los acontecimientos posteriores.

La democracia está en riesgo, se decía, para ganar elecciones.

La democracia está en riesgo, se decía, para defender un plan económico.

Ese tipo de argumentación alcanzó ribetes delirantes en enero de 1989. En este caso, el autor de la manipulación no fue el gobierno radical, sino un pequeño grupo liderado por ex guerrilleros del ERP –Enrique Gorriarán Merlo, el más notable– que se llamaba Movimiento Todos por la Patria. En la segunda semana de enero de ese año, los líderes del MTP realizaron una conferencia de prensa para denunciar la existencia de un golpe de Estado en marcha, cuyos cabecillas serían el entonces jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, y el coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín. El 23 de enero, los militantes de esa organización intentaron tomar por las armas el cuartel de La Tablada, argumentando que lo hacían para defender la democracia. La investigación posterior reveló los componentes del delirio: habían inventado la conspiración –-en un contexto que la hacía creíble– para justificar la toma del cuartel donde presuntamente se llevaba a cabo la asonada golpista, y lograr, de esa manera, apoyo popular para marchar hacia la Casa Rosada y tomar el poder.

Así de arltiano como suena: como la democracia está en riesgo, se decía, la gente debe apoyar la toma de un cuartel.

El triste final de Fernando de la Rúa fue explicado por su gente como un “golpe de Estado” conducido por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. El triste final de Adolfo Rodríguez Saá fue explicado por sus seguidores como un “golpe de Estado” encabezado por Eduardo Duhalde. Y el triste final de Aníbal Ibarra fue explicado por sus seguidores como un golpe de Estado “institucional” encabezado por Mauricio Macri. En los tres casos, se decía, no estaba en juego la continuidad de un gobierno sino la del sistema democrático. Las tres versiones coincidían en el mismo mecanismo: ni De la Rúa, ni Rodríguez Saá, ni Ibarra cayeron arrastrados por situaciones que, en gran medida, sus propios gobiernos generaron, ni fueron reemplazados por los mecanismos que la Constitución prevé para estos casos. Al contrario, se explicó, fuerzas oscuras conspiraron para derrocar no solo a sus gobiernos sino al propio sistema democrático. En la línea de Rodríguez Saá, De la Rúa e Ibarra, hasta Roberto Porreti podría alegar que fue víctima de un golpe de Estado. Naturalmente, los historiadores debatirán hasta el cansancio cuáles fueron los componentes que terminaron con las caídas de esos tres gobiernos. Pero, por ejemplo, en los casos de Ibarra y De la Rúa está claro que esas caídas no se hubieran producido de no haber ocurrido la tragedia de Cromañón o la pésima administración de la crisis del 2001. Y tampoco es discutible que, en los tres casos, fue la dirigencia democrática –con sus miserias y virtudes– la que se hizo cargo de la situación.

No estaban en juego ni la democracia ni la libertad.

Durante la gestión K se le agregó un elemento nuevo a este tipo de manipulación: el magnicidio, la denuncia según la cual se había atentado contra la vida de importantes personalidades del gobierno. Muchas personas habrán olvidado el siguiente episodio. La primera elección posterior a la asunción de Néstor Kirchner se produjo en Misiones. Allí se pelearon dos viejos aliados: Ramón Puerta y Carlos Rovira. Los K apoyaban a este último, un clásico caudillejo del interior, desprovisto de talento y escrúpulos. En un momento, el gobierno nacional denunció que Alicia, la hermana del Presidente, había sufrido en Misiones un atentado contra su vida; supuestamente, le habían aflojado las ruedas a la camioneta donde debía trasladarse. El hecho tuvo mucha repercusión, pero fue olvidado una vez que terminaron las elecciones. No era un episodio menor: habían intentado asesinar a la hermana del Presidente. Luego de los comicios, el kirchnerista Rovira se adueñó de la provincia. No volvió a hablar del tema. ¿Era mentira? ¿Habían mentido en un tema tan serio? ¿Por qué no lo investigaron después? El año pasado, durante la huelga docente que sacudía a Río Gallegos, un hombre con serios desequilibrios se adueñó de un camión con acoplado, dio un largo derrotero por la ciudad y finalmente chocó contra la vereda de la mansión que los Kirchner habitaban en su ciudad. El gobierno trató de convencer a la población de que los huelguistas habían intentado atentar contra la vida del presidente. No lo dijo exactamente así. Pero desde el Ministerio del Interior se difundió que el supuesto agresor había participado de asambleas docentes. “No se trata de un loquito”, advirtió el ministro del área, días antes de que el Hospital de Río Gallegos difundiera el estudio médico que afirmaba, exactamente, lo contrario. Era un loquito. No había existido ningún atentado.

¿Por qué se agitan tanto estos fantasmas?

En la novela citada al comienzo de esta nota, hay un personaje diabólico que intenta crear una nueva religión. Andrea Corelli se llama. Y dice: “La mayoría de nosotros, nos demos cuenta o no, nos definimos por oposición a algo o a alguien más que a favor de algo o alguien. Es más fácil reaccionar que accionar, por así decirlo. Nada aviva la fe y el celo del dogma como un buen antagonista. Cuanto más inverosímil mejor... Una de las funciones de nuestro villano debe ser permitirnos adoptar el papel de víctimas y reclamar nuestra superioridad moral. Proyectaremos en él todo lo que somos incapaces de reconocer en nosotros mismos y demonizamos de acuerdo con nuestros intereses particulares...”.

Luego, agrega: “Nada nos hace creer más que el miedo, la certeza de estar amenazados. Cuando nos sentimos víctimas, todas nuestras acciones y creencias quedan legitimadas, por cuestionables que sean. Nuestros oponentes, o simplemente nuestros vecinos, dejan de estar a nuestro nivel y se convierten en enemigos. Dejamos de ser agresores para convertirnos en defensores. La envidia, la codicia o el resentimiento que nos mueven quedan santificados, porque nos decimos que actuamos en defensa propia. El mal, la amenaza, siempre está en el otro. El primer paso para creer apasionadamente es el miedo”.

Golpes de Estado que nunca existieron.

Conspiraciones arteras que sirven para ocultar los propios fracasos.

Intentos de asesinatos que nunca se investigan.

El ejercicio del poder suele incluir ese tipo de maniobras. No siempre es fácil identificarlas, porque –en realidad– existen las conspiraciones y, siempre, aun en las democracias avanzadas, la oposición política y las corporaciones fastidiadas intentan debilitar o condicionar a los gobiernos. Además, a veces, la democracia realmente está en juego. No siempre es una mentira.

En cualquier caso, si se trata de una maniobra, algunos episodios sugieren tomar precauciones. No abusar de ella, por ejemplo, porque pierde efectividad. No repetirla mecánicamente, porque puede ser que la gente, a veces, no esté dispuesta a creer todo lo que dice un gobierno. Y, sobre todo, no creer las mentiras que uno dice, porque eso puede generar un diagnóstico errado sobre los riesgos reales que un gobierno enfrenta y, por lo tanto, una respuesta inapropiada.

Y, entonces, en lugar de recibir un golpe, uno puede darse un flor de porrazo.

No es grave, si uno es capaz de aprender de la propia experiencia.

Pero, a veces, ocurre.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-109294-2008-08-08.html

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Domingo, 29 de Junio de 2008 Hoy
EL PAIS › EL JUEVES SE APROBARIA EN DIPUTADOS

De ley

Con más concesiones a los productores medianos, el gobierno podría aprobar el jueves en Diputados las retenciones móviles fijadas en marzo: compensaciones para productores de hasta 750 toneladas, aunque tengan deudas impositivas, estén inscriptos como monotributistas y la soja no sea su actividad principal. Pero no es seguro que esta flexibilidad oficial desactive un conflicto de inocultable contenido político.



Por Horacio Verbitsky

Los diputados del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista confían en alcanzar 134 o 135 votos, es decir seis más de la mayoría absoluta, para mantener las retenciones móviles en los niveles en que las fijó el Poder Ejecutivo el 10 de marzo. Trabajan sobre este cronograma tentativo: entre mañana y el martes se terminarían de discutir las modificaciones al proyecto en el bloque propio, el martes o miércoles se aprobarían los dictámenes en las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda, el mismo miércoles comenzaría el debate en el recinto y el jueves se votaría.


Las concesiones

El 27 de marzo, cuando la Coalición Cívica Libertadora, la UCR, el Frejuli y el PRO intentaron derogar la resolución 125, la posición oficial fue sostenida por 132 diputados. El Frente para la Victoria cree que las listas publicadas en los diarios sojeros sobre disidentes que no votarían el proyecto oficial provienen de una sugerencia que la señora Patricia Bullrich, por ahora en la Coalición Cívica Libertadora, les hizo a los miembros de la mesa de enlace de entidades patronales, de prescindir del diálogo con las autoridades del bloque y concentrar la presión sobre los legisladores más dubitativos, tratando de cortar la cadena por sus eslabones más débiles. De ahí a atribuirles una decisión de voto rebelde hay un trecho que el bloque que preside Agustín Rossi no da por recorrido. Hasta ahora sólo tres diputados cordobeses y tres entrerrianos han anunciado un proyecto propio, que disminuye las alícuotas. Pero como no han conseguido apoyos ni siquiera es seguro que ellos deserten a la hora de la votación. En consulta permanente con el Poder Ejecutivo, Rossi cree que es posible incluso mejorar el resultado obtenido en marzo. Para lograrlo, aceptaría abrir el proyecto en varios puntos:

1
Las compensaciones creadas en el artículo 2c de la resolución 284, que dejan las retenciones en el 35 por ciento para un sector de productores de menor envergadura, se pagarían a quienes cosechan hasta 750 toneladas de soja y girasol y no hasta 500, como decía el texto original. (En las reuniones con los diputados las corporaciones reconocieron que el 80 por ciento de los productores, que concentran el 20 por ciento de la producción, están en la franja que llega hasta las 500 toneladas por cosecha; que del 50 al 60 por ciento de la producción se concentra en 2000 grandes productores entre propietarios, pools y fondos agropecuarios y que el 20 o 30 por ciento restante corresponde a quienes producen entre 500 y 3000 toneladas. Si las retenciones quedaran en 35 por ciento para las primeras 1000 toneladas de ese grupo, el impacto en el sector sería fuerte. Esos productores de 500 a 3000 toneladas, hombres de 30 a 50 años, que siembran en campos propios y arrendados, son profesionales universitarios o hicieron tecnicaturas agropecuarias, constituirían el nuevo sujeto social dinámico que emergió como sostenedor de los piquetes durante el conflicto. La presidente CFK atendió el argumento pero fijó el límite en 750 toneladas, con este razonamiento: en cualquier caso se está hablando de un sector de las clases medias que defiende sus niveles de rentabilidad, mientras en el país hay millones de personas que carecen de lo elemental, y que constituyen los verdaderos pequeños por los que el Estado debe velar).

2
Se eliminaría el requisito del punto 2e, que negaba la compensación a quienes tuvieran deuda líquida y exigible por Declaraciones Juradas presentadas y por pago de impuestos a la AFIP. (La Federación Agraria trabó las negociaciones con el Poder Ejecutivo al exigir que el reintegro se pagara incluso a los productores que operan en negro, para lo cual ideó ingeniosos mecanismos con intervención de la entidad y de las cooperativas. El gobierno fue inflexible en este punto, que hace al propio Estado de derecho. Excluyó a los evasores pero aceptó beneficiar a los deudores impositivos. Lo que resta fijar es el mecanismo por el cual al momento de recibir el reintegro cancelarían toda o parte de la deuda con la AFIP).

3
Se agregaría un inciso que también permitiera cobrar el beneficio a quienes estuvieran inscriptos como monotributistas.

4
También se eliminaría del punto 2c de la Resolución 284 el requisito de que el beneficiario de las compensaciones tenga el cultivo de soja o girasol como actividad principal.(Este punto fue propuesto por los diputados y cuenta con la aceptación del jefe de gabinete Alberto Fernández, pero todavía no fue aprobado por la presidente).


La leche y el aceite

La Federación Agraria también desearía que se convirtiera en ley el acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre precio pleno del trigo exportado una vez asegurado el abastecimiento interno. Sobre esa misma línea, el Poder Ejecutivo prosigue negociaciones con los distintos sectores. La lechería, cuya capacidad instalada es de 15 mil millones de litros, podría proseguir su actividad sin retenciones a sus ventas externas y con precios más elevados al tambero si la industria se comprometiera a mantener sus precios fijos para los consumidores locales. Bien entrada la noche del jueves, CFK acordó con la cámara de productores de aceite un mecanismo diferente de regulación entre mercados interno y externo. El Estado dejará de pagar compensaciones a una actividad que es líder en el mundo (se exporta el 65 por ciento de la producción de aceite de girasol y el 95 por ciento de la de aceite de soja), y las empresas se comprometieron a abastecer el mercado local con un precio 30 por ciento inferior al actual, que estará estampado en la botella para que las cadenas de supermercados no puedan hacer diferencia remarcándola. Las compensaciones se pagarán de un fondo fiduciario constituido por las propias aceiteras, de modo que el subsidio al precio para el consumo interno se prorratee entre todas ellas, tanto las que colocan toda su producción en el exterior, que son la mayoría, como aquellas que además abastecen el consumo interno, como Molinos y General Deheza).


La realidad provocadora

Algunos proyectos complementarios requerirán más tiempo para llegar al recinto. El más notorio es el de arrendamientos rurales. Hay uno del kirchnerista bonaerense Luis Ilarregui, otro de la caleidoscópica tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, uno de Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad, apoyado por el Partido Socialista, y otro del socialista santafesino Lisandro Viale. Todos coinciden en elevar el plazo mínimo del arrendamiento de 3 a 5 años. El del SI fue elaborado por la Federación Agraria y tiene 130 artículos. Cuando Vilma Ibarra convocó a discutirlo en la comisión que preside, de Legislación General, lo defendió el coordinador del Departamento Gremial de la Federación Agraria, Luis Contigiani. Pero el economista jefe de la Sociedad Rural, Ernesto Ambrosetti, y su representante en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), Abel Guerrieri, se opusieron. Antes del comienzo formal de la reunión uno de los representantes de la Sociedad Rural dijo que el proyecto terminaría con la figura del arrendamiento rural y que no se había discutido en la mesa de enlace. Sus otros puntos principales son:

-Contratos escritos y no de palabra, con los que prevalecen los más fuertes.

-Regulación de precios.

-Contratos agrarios que permitan asociarse y participar en las ganancias.

-Contrato promovido, como el que se usa en Europa. Alienta a los propietarios a arrendar su tierra a los pequeños productores mediante beneficios impositivos a ambas partes. No pueden aspirar a las desgravaciones en IVA y ganancias los grandes capitales o los pools de siembra.

-Promoción de buenas técnicas agrarias para proteger el medio ambiente, como la rotación de cultivos, y respetuosas de la biodiversidad, la conservación y renovación de los recursos. El contrato podría rescindirse si alguna de las partes incurriera en prácticas que deterioren los suelos. El SI también tiene dos proyectos de recreación de las juntas nacionales de cereales y de carne. La ley de arrendamientos fue reclamada por Eduardo Buzzi a la presidente en la primera reunión posterior al lockout. “No tengo problemas si las cuatro entidades están de acuerdo”, respondió CFK. Mario Llambías respondió que Carbap no lo estaba. Desde Alcorta, Buzzi dijo que había sido una “provocación” presidencial porque las entidades “podemos estar juntas en contra de algo, pero es imposible que hagamos un proyecto común”. Más allá de la impertinencia machista con que Buzzi se permite calificar a la presidente, su confesión también ayuda a entender la dificultad de la mesa de enlace para alcanzar un proyecto unificado y su apuesta limitada a quebrar el proyecto oficial en el Congreso.


Detrás de escena

Detrás de escena hay intereses políticos que intentan utilizar el conflicto como ariete desestabilizador. En su conferencia de prensa de la semana anterior, Kirchner exculpó al ex senador Eduardo Duhalde. Sin embargo, al día siguiente, Duhalde se reunió con el ex gobernador de Córdoba José De la Sota, y con el vocero mediático de las cámaras patronales agropecuarias, Alfredo De Angeli, en la quinta de su colaborador Antonio Arcuri, a quienes se sumó, por teléfono, Felipe Solá. Después de ese encuentro, De Angeli anunció el levantamiento de las medidas de fuerza y aclaró que no cejaban en la protesta, sólo cambiaban de estrategia. De Angeli vive sus quince minutos de gloria, como los que ilusionaron a otros emergentes de la antipolítica, como Aldo Rico y Juan Carlos Blumberg. En cambio Duhalde y De la Sota son avezados en operar con discreción e imaginar las consecuencias de los actos que otros realizan. De la Sota fue el introductor en la política partidaria del economista socialcristiano Domingo Cavallo y, luego, del aceitero Roberto Urquía, quien esta semana cedió su cargo para no enfrentar un debate en el que oficialismo y oposición lo tomarían como blanco. Había ofrecido su renuncia cuando comenzó el conflicto y la entregó sin dilación cuando se lo solicitaron los senadores Miguel Pichetto y Nicolás Fernández. Es posible que recale al frente de la Comisión de Obras Públicas. Durante el proceso electoral de 1989, Cavallo, con el respaldo de De la Sota, viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Banco Mundial, a quienes advirtió que si brindaban el financiamiento pedido por el gobierno de Raúl Alfonsín la fórmula presidencial de su partido en la que Duhalde acompañaba a Carlos Menem desconocería esos compromisos. Ésa fue la señal de largada que precipitó la hiperinflación, aseguró la victoria electoral justicialista y luego forzó el acortamiento del mandato de Alfonsín por medio de los saqueos producidos en los cordones urbanos de Buenos Aires y Rosario. En 1996, cuando Menem no había cumplido un año de su segundo mandato, Duhalde intentó una maniobra similar en su contra. Temía que la alta desocupación estropeara su candidatura presidencial y pensó en una convulsión social que acelerara los tiempos. “Cualquier día una mujer tira una papa en la Matanza y el estruendo llega hasta acá”, decía entonces uno de sus confidentes. El secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y Julio César Aráoz conversaron sobre la eyección anticipada de Menem con varios dirigentes sindicales, entre ellos el camionero Hugo Moyano, que denunciaba la política neoliberal. “Esto termina mal. A Menem lo va a mandar preso la justicia. No hay cómo defenderse, porque por imponer este modelo destruyó el partido, las estructuras sindicales y la unidad política en el parlamento”, dijo Anzorregui durante una de esas reuniones. La idea era que Carlos Rückauf o Antonio Cafiero asumieran en forma interina el Poder Ejecutivo y convocaran a elecciones presidenciales anticipadas (“Caída libre. Duhalde quiere acortar el calvario y forzar una crisis que adelante las elecciones presidenciales”, 20 de octubre de 1996). Pero Menem pudo retener el control partidario y desbarató la operación. En 2001, Duhalde concibió aplicar el mismo esquema al presidente radical Fernando De la Rúa, cuya posición se tornó insostenible con la derrota en los comicios de octubre de 2001, luego de cuatro años de recesión. Según los acuerdos entre Duhalde y el ex presidente Raúl Alfonsín el senador misionero Ramón Puerta asumiría la presidencia y convocaría a elecciones, en un proceso que contaba con la bendición del Episcopado. Cuando la fuga de capitales financiada por el FMI forzó al gobierno a establecer el corralito, ante la primera protesta Fernando De la Rúa no tuvo mejor idea que decretar el estado de sitio y ordenar la represión, que causó 31 muertes. La mayoría justicialista anunció que iniciaría el procedimiento para destituirlo por juicio político y el presidente renunció. Fue la negativa de Adolfo Rodríguez Saa a convocar a elecciones en tres meses y el caos producido por la devaluación salvaje lo que forzó a Duhalde a asumir en forma interina el Poder Ejecutivo. Estos antecedentes son insoslayables ahora. Duhalde no oculta su juego. Lo anunció hace un año, cuando los mismos sectores justicialistas que ahora se alinean contra el gobierno, le pidieron apoyo para presentar una candidatura alternativa a la de CFK. Dijo entonces que era imposible impedir su victoria, pero que había que prepararse para las situaciones críticas que sobrevendrían por la inexperiencia de CFK. El objetivo de máxima es forzar su renuncia, como ocurrió con Alfonsín y De la Rúa. Duhalde sabe que no será fácil, porque a diferencia del último presidente radical, Cristina dispuso no reprimir ni siquiera la protesta ilegal, pero enfrentarla con medios políticos. Por eso, el objetivo de mínima es desgastar a su gobierno para batirlo en las elecciones de 2009, con lo que comenzaría otra etapa.


Votos y/o consensos

El vicepresidente Julio Cobos planteó que el gobierno no debería buscar votos sino consensos. Éste es un consenso generalizado entre quienes no tienen votos. Con distintos grados de buena fe plantean que si el gobierno se limitara a imponer el número la crisis no se cerraría porque, como ya anticiparon diversos líderes patronales, de aprobarse la resolución 125 dispondrán el regreso a las rutas. Para evitarlo, algunos diputados sostienen que sería necesario elaborar un consenso para que la votación del Congreso fuera por una mayoría tan amplia como para aislarlas y disuadir su beligerancia. El gobierno piensa, en cambio, que luego de dos semanas de discusiones en las que todos pudieron expresarse con absoluta libertad, corresponde que el Congreso vote y decida. Éste debería ser el principal consenso de quienes aspiran a vivir en democracia.




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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106896-2008-06-29.html
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El golpe en etapa de maduración

OPINION

Por Rubén Dri


*Hay un sagrado temor a decir las cosas por su nombre. No se puede decir “corporaciones agrarias”, sino “campo”, que es la palabra correcta. No se puede decir que quienes han desabastecido al país y han empleado la violencia contra todos los opositores atentan contra la democracia, porque el “campo” es democrático; no se puede decir que llevan un proceso golpista que ya se encuentra en su última fase, porque ello sería ser llevado de las narices por un presidente chantajista.Bueno, hay que ser claro. El sometimiento del Estado a las corporaciones, que eso y no otra cosa es el golpe, está en su última fase. Por supuesto que quienes han votado con la Sociedad Rural, eso no sólo no lo pueden ver, sino que no existe ni nunca existió. Han simulado que se debatía nada más que las retenciones, proponiendo retenciones segmentadas, cuando desde hace mucho ése no era, ni es, ni nunca fue el problema, sino que siempre fue y sigue siendo eminentemente político.El núcleo del problema siempre fue si el Estado ha de regir la política nacional y, en consecuencia, ha de intervenir en el mercado, o si son las grandes corporaciones las que han de ser rectoras sin límites. En una palabra, si se vuelve al más agresivo neoliberalismo o si éste será por lo menos atemperado mediante intervenciones del Estado.Esta denominada “nueva derecha”, que es la de siempre, la que lideró todos los golpes de Estado, pero con métodos nuevos, es por esencia golpista o, para decirlo con palabras que no hieran tanto los castos oídos de tantos ciudadanos democráticos, siempre fue, es y será alérgica a todo lo que sea respeto por las instituciones democráticas.En ese sentido se comete un error cuando se la piensa en términos electorales y se teme, por ejemplo, que arrasen en las próximas elecciones legislativas. Se ignora, o se pretende ignorar, que a esa derecha, la de la Sociedad Rural y demás corporaciones denominadas eufemísticamente “el campo”, no les preocupan las elecciones. Por otra parte, los candidatos que podrían tener son realmente impresentables.No les interesan las elecciones, porque no es allí donde se disputa el poder. Ellas lo disputan en serio y saben cómo ejercerlo y lo están haciendo a la vista de todos. Si hay que cortar rutas, las cortan; si hay que desabastecer, lo hacen; si hay que agredir a quienes ven como contrarios lo hacen. Tienen todos los grandes medios de comunicación a su disposición. Nunca les va a faltar un Joaquín Morales Solá o un Mariano Grondona.No tienen que esforzarse en organizar un partido político. Cuando necesiten intervenir en el Poder Legislativo nunca les faltarán candidatos dispuestos a seguir sus instrucciones. Siempre habrá un Cobos esperando las órdenes necesarias.* Filósofo, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-108169-2008-07-20.html

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La tristeza de los nuevos ricos

Martes, 01 de Julio de 2008

Por Alberto Müller

*Es difícil decir algo original, a esta altura, sobre el tema del conflicto entre ruralistas y Gobierno. Se han acumulado fundadas opiniones (en particular en este diario) que coinciden en destacar el relativo fundamento del reclamo y la inaceptable extorsión de las formas del reclamo. Pero también la forma negativa en que el Gobierno ha hecho política en estos años, lo que ha constituido el material explosivo subyacente que el conflicto ha detonado. Ahora que la fase aguda del enfrentamiento parece haber cedido, ante la instancia de la apertura del debate parlamentario, cabe ensayar alguna reflexión a más largo plazo.Mucho se ha dicho acerca de la paradoja que representa un reclamo de esta envergadura y animosidad, por parte de un sector al que le ha ido más que bien a partir de la devaluación.

La Nación, un medio claramente embanderado con el “campo”, ha destacado recientemente la impresionante valorización de los inmuebles urbanos de las localidades del interior pampeano. Hay datos concretos además acerca de cómo se han incrementado los valores de las tierras afectadas a la producción. Todo esto no se explica, sino por los suculentos excedentes rurales. Es importante descifrar este cuadro, porque revela nuevas actitudes políticas e incluso culturales que pesarán a futuro. Se trata de la presión que ejercen personas de situación económica acomodada y que se perciben a sí mismas como con capacidad y autoridad para ello.

Que grupos económicos con poder actúen extorsivamente no es nuevo. La expresión “golpe de mercado” fue acuñada por el periodismo financiero para hacer referencia al episodio hiperinflacionario de 1989, que en definitiva gatilló las tan ansiadas “reformas estructurales” noventistas. Ahora no es el sistema financiero.

Ahora es el “campo” el que actúa de esta forma, blindado por los recursos que los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto le brindaron. Es el reclamo de personas que se sienten ricas, que viven la burbuja sojera y que quizá temen que termine como todas las burbujas. Es el reclamo del poderoso –y no del marginado– frente al Estado. Es la tristeza de los nuevos ricos. No es otra cosa lo que puede explicar la hasta ahora impensable alianza de la Federación Agraria con los sectores más concentrados de la propiedad de la tierra.Pero además el trasfondo político y cultural es peculiar, y merece ser analizado, para diferenciarlo de episodios donde las finanzas estaban en el primer plano.

El clamor se asocia con antiguos mitos autóctonos, tales como aquel de que la auténtica Argentina es la que reside en el interior; no lo es una ciudad portuaria, que otea siempre hacia ultramar. El mito se completa con la idea de que es el interior rural el depositario de la verdadera riqueza argentina, rapiñada por ociosos habitantes urbanos.Esta dualidad permanece en la conciencia social más allá de que los hechos evidencien realidades bastante más ricas, que no se prestan a maniqueísmos.

El campo no lo es todo en la Argentina: su producto bruto es la mitad del producto industrial. Un cálculo que ha circulado y que sostiene que el campo y la actividad conexa representa el 40 por ciento del empleo total no es más que un sofisma: contabiliza por ejemplo las panaderías como parte indisoluble de la agroindustria, siendo que ellas existen también en Hong Kong, por ejemplo, donde seguramente no hay producción agrícola. Por otro lado, la industria no vinculada al agro ha duplicado sus exportaciones desde los ’90, representando hoy día más del 30 por ciento de lo vendido al exterior. La industria, además, dista de ser un fenómeno metropolitano: se ha expandido más allá de los límites de la región pampeana.

La Argentina es hoy un país cuya actividad productiva se funda en una combinación de recursos naturales, capacidad manufacturera y desarrollo de determinados servicios. Una combinación característica, por lo demás, de cualquier economía medianamente desarrollada, que inevitablemente se torna compleja. Y en el caso argentino, una economía que requiere un tipo de cambio diferencial.Ningún movimiento político trascendente fue capaz de apuntar a una superación de este esquematismo cultural porque su rentabilidad electoral es elevada, sobre todo cuando el desempeño de los gobiernos provinciales suele ser medido en términos de cuántos recursos le extraen a la Nación.

En definitiva, pagamos con este conflicto las consecuencias del enriquecimiento de un estrato social que en los ’90 mayormente cortaba clavos y que ahora vive bien; de rentas, en más de un caso, sin involucrarse en el proceso productivo. Pero pagamos también las consecuencias de una práctica política que ha fragmentado y que no ha sido capaz de aglutinar en torno de un proyecto común una sociedad territorialmente diversa y con una mitología particular a cuestas. Y desde ya pagamos también las consecuencias de un gobierno que no ha percibido la necesidad de ampliar un espacio de consenso no cooptado.La pregunta es qué hacer. Los problemas estructurales tienen la mala costumbre de estallar como crisis agudas, donde lo urgente supera lo importante. Y ninguna crisis es de administración fácil, sobre todo cuando la autoridad del Estado es puesta en duda.

Se necesitará razón, temple y paciencia, sobre todo por parte del Estado. Todo ello aun cuando el costo pueda ser la erosión coyuntural del apoyo de la opinión y aun del nivel de actividad, que inevitablemente se resentirá si este cuadro persiste. En definitiva, cualquier persona razonable sabe que una sociedad no puede funcionar con individuos que deciden a su albedrío quién puede circular y quién no. Hasta ahora, el Gobierno ha sido el único que ha revisado su posición, introduciendo modificaciones acertadas a la normativa original sobre retenciones. Lo razonable sería que esto ocurriera lo más pronto posible. Pero los colectivos sociales no son necesariamente razonables. Los caceroleros pudientes que muestran cacerolas supuestamente vacías, vacías por la acción de los mismos ruralistas que ellos apoyan, son una buena demostración.

* Profesor FCEUBAPermalink:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/107006-33756-2008-07-01.html

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ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO

Sábado, 31 de Mayo de 2008

Mercados a futuro

Por Alfredo Zaiat

El análisis más seductor y a la vez simplista es que las partes en conflicto no dialogan en forma civilizada como lo hace un matrimonio cuando busca superar una pelea o como dos adultos que tienen que dirimir sus diferencias. Ese abordaje de la crisis con un sector del campo está revestido de un tono no-ideológico, como si fueran cuestiones personales lo que está en disputa y no intereses materiales. Pero esa lectura es indudablemente ideológica aunque no parezca o quien la formule piense que no lo es. Si fuera una hostilidad de pareja, con las agresiones verbales que ya se han cruzado, La Guerra de los Roses sería un dibujito animado inofensivo, y no habría posibilidades de seguir negociando. En cambio, pese a que no son públicas, se mantienen los canales de comunicación subterráneos entre diferentes actores de la contienda.

El enfrentamiento de una parte del campo con el Gobierno por el tema retenciones no tiene las características de una agresión de cónyuges, aunque juegan indudablemente en esa tenida la personalidad de los protagonistas.

Hoy se trata de una colisión en el área de la política precipitada por problemas en la esfera económica. Por lo tanto, su comprensión requiere de un esfuerzo mayor que el de un terapeuta familiar porque, si bien resulta evidente que existe hastío en la mayoría de la población, en esta puja se dirime un aspecto que en las últimas décadas ha sido naturalizado por la sociedad: que el Estado tiene que allanarse a los intereses corporativos.

Un ejemplo sirve como antecedente: si el gobierno de Eduardo Duhalde hubiera resistido las presiones del sector financiero, de industriales, de ahorristas y deudores, con apoyo de gran parte de los medios de comunicación que reclamaba con vehemencia resolver como sea los efectos de la megadevaluación en el sistema bancario, la economía argentina se hubiera evitado cargar la pesada carga de deuda adicional que implicó la injusta pesificación asimétrica.

Medida que satisfizo con creces el interés de cada uno de los grupos involucrados. Cada momento histórico tiene sus particularidades, en ese caso la situación desesperante de ciertos deudores (hipotecarios y pymes) y ahorristas (jubilados y pequeños inversores) y el descalabro social de esos meses, pero vale como crónica sobre el costo que significa para el resto de la sociedad cuando el Estado se subordina a demandas corporativas.

El diálogo con un sector del campo, en los términos en que se presenta, se traduce en que el Estado debe aceptar el reclamo sectorial con el argumento de que un gobierno tiene mayor responsabilidad institucional o porque está sufriendo un desgaste “político”. Esto no significa que en otras ocasiones la administración kirchnerista no haya quedado atrapada por reclamos corporativos y respondido a esos intereses. Pero lo que ahora intenta es no quedar totalmente subordinada a lo que ha emergido como un nuevo bloque de poder económico con eje en la trama multinacional sojera. Esa resistencia gubernamental tiene su origen en que a lo largo de tres meses de lockout agropecuario ha cedido en la negociación pese que se siga sosteniendo lo contrario en el afinado coro mediático. Y en los exabruptos del variopinto elenco de dirigentes del campo. Las últimas medidas así lo revelan.

Una de esas concesiones fueron las compensaciones a los pequeños productores sojeros y otros granos, ampliadas en los últimos anuncios, que debilitan uno de los objetivos fundamentales del sistema de retenciones móviles, que era intervenir en el esquema de rentabilidades relativas en el agro para frenar el avance de la sojización. Si fuera necesario aportar fondos directos al campo para mejorar la situación relativa de productores de la rica zona de la Pampa Húmeda, los elegidos deberían ser los tamberos y ganaderos para que continúen en su actividad y no para que se pasen o sigan en la rentable y ahora también compensada producción de soja.

Otro de los retrocesos del Gobierno que desvirtúa en parte el mecanismo de retenciones móviles como instrumento de estabilización del sensible mercado de alimentos es la propuesta de modificar la escala de alícuotas para que vuelva a funcionar el Mercado a Término. Las dos plazas a futuros de granos que funcionan en el país son la de Buenos Aires (Matba) y la de Rosario (Rofex), donde se negocian entre el 15 y el 20 por ciento de la producción total de commodities agrícolas del país. En un documento explicativo de esta última entidad se señala que “los inconvenientes que se generaban en la comercialización de commodities de producción estacional dieron lugar, a lo largo de la historia, al desarrollo de múltiples modalidades de contratación que culminaron con la creación de los mercados de futuro”. Expone el ejemplo de cereales y oleaginosas, de producción anual, cuyo ciclo se caracteriza por una abundante oferta durante la época de cosecha, una progresiva disminución de las existencias a medida que transcurren los meses y una escasez de mercadería en el período inmediato anterior a la nueva recolección. Dicho proceso, además, se ve afectado por los factores climáticos y de acopio y transporte de los granos, “lo que generaba grandes incertidumbres acerca de los precios tanto en el comprador como en el vendedor”, apuntan.

Un especialista del sector, el ingeniero agrónomo Alejandro Meneses, del área de Economía de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), explicó el funcionamiento de los mercados a futuro en un Seminario de Comercialización de Granos, publicado en la revista de esa entidad: “La estrategia especulativa más fácil es quedarse cruzado de brazos esperando que los precios de los granos suban. Sin embargo, cuando un productor de trigo sabe que necesita, por ejemplo, 120 dólares por tonelada para cubrir sus costos, pero estima que al momento de cosecha el precio de este cereal no superará los 100 dólares, puede entonces valerse de herramientas especulativas para intentar obtener ganancias o al menos cubrir los costos. Estos instrumentos también pueden utilizarse para intentar elevar los márgenes de ganancias. Pero cuanto más fuerte sea la apuesta, mayores serán los riesgos”.

Para agregar que “las estrategias especulativas para el productor van siempre combinadas con las de cobertura, nunca en forma independiente”, y luego precisa que “un productor de soja no necesariamente debe especular con el mismo cultivo que produce, sino con el que presente más variaciones de precios. Sucede que muchos productores suelen creer que sólo se puede especular con el cereal que producen. Esto no es así: yo podría estar cubierto con trigo y especular en girasol para agregarle precio al trigo”.Las retenciones móviles diseñadas por el ex ministro Martín Lousteau quitaban volatilidad al mercado, puesto que la variación del precio neto se aplanaba por las alícuotas diferenciales según la evolución de la soja, maíz, trigo y girasol.

Eliminaba la especulación con alimentos. Con ese sistema se buscaba acotar lo máximo posible la posibilidad de que cambios violentos en los precios internacionales provocaran alteraciones de igual magnitud en el precio del mercado local. La menor oscilación también reduciría la brecha entre el valor corriente de mercado y el valor futuro. Así, las transacciones a futuro perderían atractivo tanto para los que operan con producción propia –los pequeños productores no intervienen, en general, en esa actividad– y con la ajena, en la búsqueda de hacer buenos negocios financieros.La especulación frenética en el mercado a futuro a nivel internacional, opción que el Gobierno restableció a nivel local como parte de la negociación con un sector del campo, es lo que ha provocado un alza especulativa de los alimentos en el mundo. La crisis financiera e inmobiliaria en Estados Unidos y Europa derivó a grandes fondos de inversión especulativos a destinar parte de sus recursos a la plaza internacional de commodities. En la de los cereales y también en la del petróleo, lo que explica en gran medida que los granos se dispararan y el barril haya trepado arriba de los 130 dólares. En los últimos nueve meses de 2007, el volumen de capitales invertidos en los mercados especulativos agrícolas se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete en Estados Unidos, según precisó Dominique Baillard en “Estalla el precio de los cereales”, en Le Monde Diplomatique, en la edición de mayo pasado.

Los empresarios agropecuarios necesitan cobertura para su negocio por el carácter estacional de su producción y por la vulnerabilidad que tienen a factores climáticos e internacionales. Pero una cosa es protección que debe proveer el Estado, como la dispuesta en la depresión del ’30 del siglo pasado, creando a pedido del campo las juntas nacionales de carnes y de granos, y otra bien distinta es alentar la especulación con operaciones que en la jerga se denominan put, call, compra y venta de strangle. Ese mercado financiero posee una débil regulación a nivel internacional y, por lo tanto, también en la plaza doméstica, lo que está generando dramáticos desequilibrios en los últimos meses en el sensible mundo de los alimentos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-105220-2008-05-31.html

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ver las relacionadas en: http://registromundo.blogspot.com/2008/07/de-ley-detras-de-escena-antecedentes.html

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