Para saber más: El sector rural...El nuevo sujeto agrario... La opción brasileña...
Domingo, 31 de Agosto de 2008
“El sector rural...”
Por Roberto Navarro
El titular de la AFIP, Claudio Moroni, anunció en una entrevista exclusiva a Cash, la primera que brinda a un medio gráfico desde que reemplazó a Alberto Abad, que en dos semanas comenzará a asistir técnica y financieramente a las provincias para que aumenten de manera sustancial la recaudación del impuesto inmobiliario rural. También señaló que se viene un fuerte cruce de información entre monotributistas y sus consumos y que se va a comenzar a controlar a las mutuales, que ya manejan el 12 por ciento de los depósitos del sistema financiero. Moroni estima que aún existe un porcentaje de evasión en el IVA de aproximadamente un 19 por ciento. Porcentaje que significa alrededor de 40 mil millones de pesos anuales que se pierden de recaudar.
¿Qué nivel de evasión existe en la actualidad?
–La estimación para el 2007 de la evasión en IVA es de aproximadamente un 19 por ciento. Sigue bajando respecto del dato de los últimos años. En cuanto a Ganancias, el porcentaje es muy fluctuante porque depende de un montón de supuestos de carácter subjetivo. No obstante, es imposible que siga una tendencia distinta a la del resto de los impuestos.
¿Cuáles son los planes para reducir la evasión?
–Tenemos que trabajar fuerte en el monotributo, que, conceptualmente, se desmadró. No me interesa lo que se deja de tributar, sino que me preocupa que en ese impuesto tenemos una ruptura de la red de información. Entre fin de año y principios de 2008 vamos a armar una red de control muy fuerte sobre el monotributo. Pero en forma inteligente. No tiene sentido molestar al propietario de un kiosquito. O sea, tenemos que detectar profesionales, cruzar con consumos, propiedades. Vamos a tener un cruce de información fuerte. Con esto no vamos a dar vuelta la recaudación, pero vamos a empezar a rearmar una red de control que había entrado en una vía muerta.
¿Cuáles son los sectores con mayor nivel de evasión?
–El sector rural es un rubro duro en todo el mundo y en Argentina en particular. Trabaja mucho en la informalidad. Es un sector disperso no sólo geográficamente, sino en cantidad de unidades económicas, de difícil fiscalización. Por eso es un sector complejo para la administración tributaria. Luego no hay un sector en particular que ocupe el segundo lugar, sino que existen nichos.
¿Cuáles son dentro del campo los sectores que menos pagan?
–En el campo hay cadenas de informalidades que van del productor hasta los intermediarios, los medios de transporte y en algunos casos –que incluso tenemos algunos procesos penales– los corredores de cereales que están habilitados en las bolsas. Es decir, lo que tenemos son cadenas completas de informalidad. Porque el productor solo no puede colocar su producción en negro, requiere de algún mecanismo para que esa producción en algún punto se blanquee. En algún punto todo lo que va a exportación se registra, con lo cual tiene que haber una cadena que permita ese blanqueo. Y lo que va a mercado interno, si no se blanquea es porque hay una cadena completa que llega hasta el consumidor. Es lo que pasa con pequeños frigoríficos locales, donde existe una cadena completa que llega al consumidor sin nunca haberse formalizado.
¿Los grandes pools también evaden?
–Sí, hay un montón de realidades distintas. Tenemos pools con oferta pública, otros que son simplemente cuasi-sociedades de hecho sin tener oferta pública. A veces encontramos un pool perfectamente organizado, pero existen irregularidades en el arrendamiento. También detectamos pools que distribuyen utilidades a monotributistas por un monto que supera su categoría fiscal. Puede ser que el estado fiscal del pool sea perfecto, pero la cadena alrededor del pool está llena de irregularidades.
¿Es habitual que no se declaren los contratos de arrendamientos?
–Sí. Primero tendrían que empezar por pagar el impuesto inmobiliario. En menos de 15 días vamos a presentar un programa de asistencia a las provincias. Hemos cambiado el enfoque. Vamos a brindar asistencia en materia de registro y propiedad de inmuebles y catastro a las provincias. Cuando se analiza la situación impositiva general del mundo respecto de la renta de la tierra, el primer impuesto, que es el más fácil de capturar, que es absolutamente local, es el impuesto a la tierra. Cualquier país que tenga una producción agropecuaria importante, el primer impuesto que captura muy bien es el inmobiliario.
¿Cómo sería esa asistencia?
–Será técnica y financiera. Las provincias diseñarán sus programas dentro de los objetivos que vamos a plantear. Existen casos en provincias con 800 mil hectáreas cultivadas que recaudan apenas 10 millones de pesos al año de impuesto inmobiliario rural. Ese monto es igual a nada. Entonces una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver con el agro –y esto sí es federalismo, porque ese impuesto lo capturan las provincias– es que el primer impuesto que deberían pagar es el inmobiliario. Hoy la tierra pasó a ser, y va a seguir siendo por mucho tiempo de acuerdo a todas las proyecciones económicas, un factor de renta muy importante en la Argentina.
¿Por qué la AFIP tiene los nombres de los dirigentes agropecuarios que evaden y no los difunde?
–Nunca va a salir de la AFIP nada que tenga que ver con información fiscal de una persona física. De nadie. Hay ciertas cuestiones que son estratégicas, no de un gobierno, sino de una política de administración tributaria: el secreto fiscal. Además, la AFIP, pese a lo que dice algún dirigente agrario, no es una agencia de persecución. Trabaja en base a un programa de fiscalización. No es un programa que diseña el administrador, sino que lo diseñan cada una de las direcciones, trabaja en base a pautas racionales.
En la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya publica los nombres en Internet.
–Son dos criterios de administración distintos. No voy a opinar sobre la bondad de uno u otro. Pero la verdad que creo que el mantenimiento del secreto fiscal y este esquema de políticas de administración que se estuvo llevando en la AFIP fueron exitosos, con lo cual lo último que se me ocurriría es cambiarlo.
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Domingo, 31 de Agosto de 2008
CHACAREROS CONVERTIDOS EN RENTISTAS
El nuevo sujeto agrario
La Federación Agraria ya no representa a los “gringos” arrendatarios, sino que expresa la irrupción de rentistas que tienen iguales intereses objetivos que la oligarquía.
Por Alberto J. Lapolla *
Muchos economistas han señalado que la Renta Diferencial Pampeana basada en la fertilidad de nuestras pampas dificulta la industrialización. Así, a diferencia de los países del Primer Mundo, en la Argentina los industriales se vuelven terratenientes y no al revés, como enseña la economía clásica. Esa renta genera que los costos de producción agropecuaria sean notablemente inferiores a los de otros países productores de alimentos. No incidieron en ese proceso sólo las condiciones ecológicas pampeanas, sino las sucesivas derrotas del proyecto industrial. Llama así la atención que la Federación Agraria, nacida en 1912 al calor de una rebelión chacarera de “gringos” arrendatarios, se haya aliado sólidamente a los planteos de la Sociedad Rural. El carácter rentístico que la sojización ha producido en los antiguos chacareros pampeanos explica este raro fenómeno de mímesis.
La burguesía terrateniente ha poseído un nítido rasgo parasitario en su concepción económica. En Estados Unidos, en cambio, usaban ropa sencilla hecha por sus telares, mientras destinaban su renta agraria generada por la distribución democrática de la tierra –entre blancos– a crear un gran mercado interno, que le permitió industrializar su nación con recursos y tecnología propios. Mientras Argentina, con mejores condiciones ecológicas, destinaba la fertilidad pampeana a ser “la granja británica”, modelo agroexportador reivindicado hoy por las “cuatro entidades del campo” y su aliados, incluidos muchos propagandistas mediáticos, ignorantes de nuestra historia y de la historia económica mundial.
En ese país agroexportador sólo cabría “un habitante por cada cuatro vacas”, según expresaran varios presidentes de la SRA. En la nueva versión, la Argentina debería ser un país agroindustrial-exportador, dando cabida sólo al 40 por ciento de su población, cifra correspondiente al empleo generado por toda la cadena agroindustrial. A partir de 1976 la renta agraria, que el peronismo había nacionalizado para industrializar el país, volvió a la oligarquía, tanto en capital como en tierra. Así, si en los ‘60 gracias a los Planes Quinquenales, a las leyes de Arrendamientos y del Peón Rural había 650.000 productores agropecuarios, hoy sólo restan 330.000. La oligarquía recuperó así tierras que debió vender o arrendar durante los años del peronismo, restituyendo su monopolio sobre la propiedad del suelo. Monopolio que tiene expresión concreta: el 49,7 por ciento de la tierra pertenece a 6900 familias-empresas, 936 terratenientes poseen 35,5 millones de hectáreas, cifra equivalente a toda la superficie sembrada en 2007.
Si bien en el proceso de concentración influye la mejora tecnológica, son las políticas reaccionarias implementadas desde 1976, agudizadas durante la sojización, las que lo exacerban. Así, a partir de 1995, cuando el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá autorizó la propagación de la soja transgénica, la eliminación de pequeños productores y la depredación del ecosistema se aceleraron, eliminando unos 200.000 productores, la mayoría de ellos afiliados a la FAA, que pasó de tener 400.000 miembros a sólo 100.000, concentrando el poder de los productores pampeanos atados al monocultivo sojero. De los 330.000 productores restantes en todo el país, sólo 110.000 poseen más de 100 hectáreas –cifra límite para hacer soja–, mientras que unos 220.000 que poseen menos de 100 hectáreas son los verdaderos chacareros y campesinos pobres. De los 110.000 productores que poseen más de 100 hectáreas, sólo 80.000 hacen soja. Así todo el conflicto por las retenciones refería en última instancia a unos 80.000 productores, que proyectados a una familia tipo no alcanza al 1 por ciento de la población nacional. Sin embargo ese sector ha asumido de manera notable el parasitismo histórico de la oligarquía terrateniente, que sólo en la campaña 2004-2005 recibió por arrendar sus campos 3000 millones de dólares, sin invertir, trabajar, ni arriesgar nada.
La sojización modificó la estructura de clases rural y la mentalidad del antiguo chacarero productor de alimentos. Ya no sólo no es arrendatario de la oligarquía y necesita de una organización que lo defienda como en 1912, sino que ahora es propietario de una fortuna. Una hectárea en la Pampa Húmeda vale de 12.000 a 20.000 dólares. Un propietario de 100 hectáreas posee un capital cercano a los 2 millones de dólares. La brutal destrucción de mano de obra que produce la sojización explican el escaso empleo agrícola y que sólo un tercio del mismo sea legal. Esta situación –y la no intervención del Estado– hizo altamente rentable y previsible la sojización, permitiendo el ingreso del capital financiero a través de los pools de siembra. El viejo chacarero de la FAA ha devenido en terrateniente rentista al igual que su antiguo patrón oligarca. Por eso están juntos en las asambleas y piquetes. Sus intereses son los mismos, aun cuando posean escalas y problemáticas diferentes. La sojización ha hecho que desde el punto de vista de la estructura de clases sean lo mismo. Por eso Eduardo Buzzi inaugura la muestra de la SRA y Alfredo De Angeli se junta con Mauricio Macri. Los chacareros ya no son los humildes campesinos del imaginario social y tienen mucho tiempo libre para salir a cortar rutas junto a sus socios más grandes de la SRA y CRA, para impedir que el Estado toque su renta extraordinaria para utilizarla en aras del desarrollo colectivo.
* Ingeniero agrónomo.
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Domingo, 31 de Agosto de 2008
BUENA MONEDA
La opción brasileña
Por Alfredo Zaiat
Brasil, socio mayor del Mercosur y líder regional, reúne esa atracción ambivalente de competencia y reconocimiento de sus vecinos por esa convicción de atribuirse la histórica promesa de alcanzar la categoría de potencia mundial, como la ya lograda en el fútbol. Su intenso recorrido en materia económica brinda argumentos tanto a ortodoxos como a industrialistas para que cada uno divulgue, en defensa de su propia comarca, la recomendación de imitar a la nación verdeamarelha.
Durante la década del noventa, de predominio de la estrategia neoliberal de desestructuración productiva, los críticos de esa etapa destacaban que Brasil no cometió la torpeza de bombardear su base industrial pese a la hegemonía de la ideas del Consenso de Washington.
Ahora, luego del estallido de ese modelo de ajuste y atraso cambiario, en una etapa de impulso neodesarrollista con un dólar alto, los censores desde la ortodoxia a esa vía de crecimiento enfatizan que el esquema económico de Lula de tipo de cambio apreciado y tasas altas permiten un sendero de estabilidad de precios, ingresos de capitales y confianza de los mercados. En unos y en otros se trata de una utilización interesada de un proceso económico-político complejo como el de Brasil, país inmenso y con contrastes mayúsculos, con el objetivo de sumar consenso a su propuesta para el tránsito esquivo del desarrollo argentino. Pero como enseña la historia de los países exitosos, éstos consiguieron ingresar en ese lugar distinguido, en un proceso de prueba y error, aprendiendo de experiencias ajenas para adaptarlas a la propia.
Por eso mismo es una tarea saludable evitar la confusión de las críticas al actual ciclo de crecimiento sostenido de la economía argentina confrontado con la evolución del programa brasileño, que para la city es virtuoso y consistente. A esta altura, resulta evidente que el plan basado exclusivamente en el dólar alto tiene debilidades y hoy se encuentra en una encrucijada por el alza de precios domésticos, pero su superación no es el retroceso de abrazar la opción brasileña. Alternativa que se basa en diseñar un esquema de apreciación del tipo de cambio y tasas altas como ancla de las expectativas inflacionarias, a las que se subordinan todos los otros objetivos de política económica. Ese esquema es aplaudido por el sistema financiero y padecido por el industrial, como lo reflejan los más recientes indicadores de la economía de Brasil.
El sector bancario fue el que obtuvo las mayores ganancias entre las empresas de capital abierto de ese país en el primer semestre del año, según un estudio de la consultora Economática. En el primer semestre del año los 25 bancos más importantes del mercado encabezaron la lista con ganancias de 10.234 millones de dólares, 13,1 por ciento más que en el mismo período de 2007, cuando habían ganado 9047 millones. En tanto, dos de cada tres empresas brasileñas que compiten con productos importados redujeron su participación en el mercado nacional, y la mitad de las exportadoras perdió espacio debido a la fuerte valorización del real, de acuerdo a una encuesta realizada por la Confederación Nacional de la Industria. “La valorización del real redujo la competitividad de los productos brasileños y provocó daños a la posición de mercado de las industrias”, afirma en un documento la poderosa CNI. El impacto fue especialmente fuerte en textil, indumentaria y calzados.
El plan brasileño alienta un fuerte ingreso de capitales especulativos que aprovechan las tasas de interés en dólares, que se anotan entre las más elevadas del mundo. También registra una entrada intensa de dólares por exportaciones agropecuarias y mineras, beneficiadas por los altos precios de las materias primas, en un sorprendente proceso de reprimarización de sus despachos externos. La estrategia del Banco Central, conducida desde enero de 2003 por el ex director general del BankBoston, Henrique Meirelles, mimado del mercado financiero internacional como el líder en el combate mundial contra la inflación, como lo definió un reciente artículo del The Wall Street Journal, redujo la paridad real-dólar de casi 4,0 a fines de 2002 a 1,6 de la actualidad. Tasas reales muy positivas, que en los últimos meses subieron al 13 por ciento anual, permiten rentas financieras extraordinarias.
Ese modelo que tanto seduce a la ortodoxia, entusiasmo que se entiende por quienes son los ganadores, se traducirá en que Brasil registrará déficit de la balanza comercial en este año y aumentará considerablemente el saldo negativo de la cuenta corriente, que se financiará con ingreso de capitales especulativos e inversiones extranjeras en áreas de negocios vinculadas a materias primas (petróleo, minería, agro y biocombustibles). Estos desequilibrios macroeconómicos, bien conocidos en la Argentina de la década del noventa y del período de la dictadura militar con Alfredo Martínez de Hoz, advierten sobre riesgos de corto y mediano plazo. Pese a ello, Brasil tiene una consideración muy buena en la evaluación de inversores, de bancos, organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo, selecto grupo de analistas que son implacables en cambio con otras experiencias.
Como el proceso brasileño es complejo sería un error caer en exámenes lineales y simplistas, tan usuales en los economistas de la city, sobre la probabilidad de su éxito o fracaso. La aún poderosa base industrial y de infraestructura, el desarrollo de grandes firmas nacionales estatales (Embraer y Petrobras) y privadas (JBS-Friboi, Camargo Correa, Odebrecht, Santista) y la presencia activa de un banco de desarrollo (Bndes) que financia a las empresas constituyen una estructura de soporte que le permite eludir por ahora los obstáculos de la apreciación del tipo de cambio. Condiciones de las que carece la economía argentina, aspecto esencial para reflexionar cuando se realiza cualquier tipo de similitudes entre ambos países. Esto implica que la opción brasileña de atrasar el dólar con tasas altas para contener la inflación puede servirle a Lula, pero para la Argentina es el conocido camino que tarde o temprano termina guiando a la economía a una crisis.
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