Veintitres
Mauricio Macri, radiografía de gestión: las zonas ocultas de la política veredista
"Falsas PROmesas", por revista Veintitrés
04-09-2008 / En diez meses publicitó su versión devaluada del modelo Cacciatore. Pero detrás de los carteles amarillos se esconden contrataciones irregulares, amiguismo empresario y sub-ejecución de partidas presupuestarias. Los demoledores informes de la Auditoría.
Mauricio Macri
Por Luz Laici
Mauricio Macri podría calzarse el traje de uno de los personajes de la famosa Batman. Su sonrisa, claro, no amerita para que sea el Guasón. Tampoco tiene los aires de héroe del murciélago. Más bien su perfil podría fundirse con el de Harvey, dos caras, un abogado con personalidad doble o múltiple, que luchó por el bien de Ciudad Gótica pero se dejó tentar por el sabor del mal. Y si de algo sabe Mauricio es de rostros dobles: mientras anuncia arreglo de veredas y bacheos con bombos y platillos, recorta becas, despide empleados y aumenta el salario de sus propios funcionarios, entre otras actividades que ya merecieron severos informes de los organismos de control.
Uno de ellos refiere a la intervención de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA). A través del decreto Nº 20/08, Macri metió mano en la institución “para desregularla y reorganizarla” y disolvió el directorio, conformado por dirigentes de Sutecba. Al frente de la ObsBA designó a Jorge Andrés Rey, quien tiempo atrás trabajó para IECSA, una empresa perteneciente al grupo SOCMA, controlado por el clan Macri.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, la intervención dio de baja a 418 empleados y efectuó 30 designaciones por contrato a plazo fijo y locación de servicios con una erogación mensual de casi 190 mil pesos. El detalle: la intervención tercerizó diversos servicios y, por lo tanto, se contrataron a empresas que tienen más empleados de los que se echaron.
“Toda la intervención es una estafa”, asegura Diana Maffia. La legisladora de la Coalición Cívica iba a ser una de las integrantes de la Comisión Tripartita que controlaría la intervención desde el parlamento porteño. Pero pegó el portazo: “Rey nunca nos llamó para conformarla. El interventor arregló con el sindicato y dejó en evidencia que no existe voluntad política para defender el derecho de los afiliados”, explica.
Maffia denuncia que “Rey contrató a un equipo privado, vinculado al grupo Macri, para realizar una auditoría de corte y ya lleva gastado 300 mil pesos en ese equipo”.
Ciudad basura. La basura siempre preocupó a Macri. Siendo diputado nacional, fue uno de los que controló la implementación de la ley de Basura Cero, sancionada por la Legislatura porteña en noviembre de 2005 con el aval de la organización Greenpeace. En plena campaña electoral, Macri aseguró: “Estoy de acuerdo con los contenedores porque es el sistema más adecuado para combatir la suciedad. Pero hay que colocarlos en toda la ciudad y hacer un plan de concientización para que entendamos cómo hay que separar”.
Claro que, del dicho al hecho…
Aunque los contenedores se instalaron en la ciudad, el Pro pretende desprenderse del plan y anunció que quitará los cestos diferenciados de circulación. Según el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, los vecinos “no saben separar los residuos”. Desde Greenpeace respondieron: “Es apresurado cancelar el sistema cuando no se realizó una campaña pública educativa”. Un dato avala esa afirmación: del dinero destinado a la difusión para la utilización de los contenedores, la gestión de Piccardo dejó 15 millones de pesos sin ejecutar.
Como contrapartida, la gestión Pro apunta a implementar un nuevo contrato de recolección de residuos a partir de 2009, extendiendo la concesión del servicio de cuatro a diez años y cambiando el criterio de facturación de las empresas de “área limpia” a “pago por tonelada”.
“El tema de la basura es un caso paradigmático del doble discurso”, explica el legislador por la CTA, Martín Hourest. “Macri sostiene que la ciudad es una mugre, como si fuera un turista, pero presenta una reconsideración presupuestaria de los contratos. Es decir: no se hace cargo de la suciedad en el espacio público pero sí de los aumentos por el pago de servicios para los privados”.
En agosto de este año, el gobierno presentó un proyecto para modificar el presupuesto para el ejercicio 2008, aprobado por Ley 2.571, que contempla un aumento de 411 millones de pesos para la recolección de residuos. O sea: un incremento del 40 por ciento respecto de 2007.
En ningún caso se advierte que el gasto en ese rubro se multiplicó siete veces desde 2002 hasta la fecha, con un servicio de mala calidad y un incremento aún mayor durante 2007 y 2008.
Según un informe presentado por Hourest en la Legislatura, el gobierno “no aportó información que justifique este aumento. Por lo que dice el proyecto, ciento sesenta millones corresponden a una reconsideración de precios. Si la situación de los proveedores de la ciudad es similar a la de Integra (N. del R.: la única concesionaria que cuenta con balances disponibles porque cotiza en Bolsa y tiene una rentabilidad del 22,1 por ciento), se trataría de transferencias de renta injustificada”.
Por su parte, días atrás María Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, denunció que “Macri propone volver al viejo sistema de recolección de pago por tonelada, lo que significa un claro retroceso y una abierta oposición entre un sistema que busca la reducción en la generación de residuos y el desvío hacia sistemas de reciclado y recuperación, y el negocio de las empresas recolectoras que cobrarán cuando más basura se genere”.
Pero Macri, a través de su ministro Piccardo –ex gerente de Isenbeck, que está imputado en una causa que tramita la jueza Mónica Berdión por el delito de defraudación por administración fraudulenta en la empresa– no planea apostar por la gestión de residuos reciclables. Y anunció como contrapropuesta el “Plan de inclusión de cartoneros”, grupo que tiempo atrás intentó expulsar de la ciudad con métodos represivos. Ahora, sin embargo, serán los encargados de recolectar los materiales reciclables y estarán empadronados en la Dirección de Reciclado del ministerio porteño.
Ciudad ilustrada. Por cierto, la inclusión no es una regla Pro. Semanas atrás, el titular de la cartera de Educación, Mariano Narodowski, anunció el recorte de becas escolares: este año apenas se entregaron veinte mil sobre un total de sesenta mil solicitudes.
El recorte asistencial disparó la toma de colegios por parte de los alumnos secundarios que, en algunos casos, estuvieron acompañados por sus padres. En defensa de la postura oficial, Narodowki explicó: “En los últimos años, las becas eran de 250 y 400 pesos y se entregaban a todos los que las solicitaban. Para nosotros, la beca no es un subsidio universal. La cuestión central es mejorar el nivel de becas”.
Macri, por su parte, anunció que no negociaría mientras las instituciones estuvieran ocupadas, sugirió que se recuperarían los días de clase perdidos “los sábados o durante diciembre” y, con obsesión policíaca, envió una circular para que los directores identificaran y remitieran los nombres de los estudiantes que participaron de la protesta.
Junto con el conflicto por las becas, la administración macrista enfrentó un nuevo paro docente por el reclamo de un aumento salarial de entre el 18 y 20 por ciento. Sin embargo, el ingeniero refutó que “no hay más plata” y que “los maestros porteños son los que tienen los mejores sueldos del país”. Aseveraciones doblemente desmentidas. Por un lado, el intendente sí tuvo dinero para incrementar el staff de “contratos temporarios” –a través del decreto 2075/07 estableció que él mismo dispondría de 25 mil pesos mensuales para pagar sueldos de asesores– y anunció que las dietas del personal jerárquico subirían alrededor del 20 por ciento. Por otro lado, la ONG Cippec demostró que un maestro porteño gana 1752 pesos, lo que los ubicaría novenos en un hipotético ranking de ingresos docentes a nivel nacional.
Francisco Nenna, dirigente de UTE–Ctera, sostuvo que “la opinión del jefe de Gobierno marca un doble discurso. Macri dice que hay que incluir, pero restringe las becas y aumenta los impuestos sin especificar si hará inversiones en educación”. En este último punto, los pronósticos son pesimistas. Si bien el Ejecutivo solicitó aumentos presupuestarios para destinarlos a infraestructura educativa, hasta el momento sólo se utilizó el 6 por ciento de los 150 millones destinados a las escuelas.
Facundo Di Filippo, legislador por la Coalición Cívica, explicó que “la Legislatura votó el otorgamiento extra de ese dinero porque consideró la situación de emergencia en la que se encontraban muchas escuelas. Pero aun cuando se venía el invierno y había que arreglar, por ejemplo, muchas instalaciones de gas, los macristas decidieron lavarle la cara a los colegios con pintura y arreglos de albañilería”.
Ciudad de hormigón. A diferencia de los revoques educativos, Macri profundizó su modelo veredista. Bajo el lema “La ciudad trabaja”, el ingeniero desplegó cuadrillas destinadas a arreglar las veredas, hacer bajadas para los discapacitados y rellenar los baches de las calles. La ciudad planea invertir 490 millones en cemento y baldosas para cumplir con la versión devaluada del faraónico intendente de facto Osvaldo Cacciatore, quien en su momento ordenó la construcción de ocho autopistas e ideó el megaproyecto de Interama, un enorme parque de diversiones que derivó en costoso fracaso.
“Es un estilo compartido por todos los gobiernos conservadores –aseveró el legislador Hourest–. Vacían la política de contenido y la rellenan con cemento”.
Sin embargo, hay cuestiones que ni la pintura, ni los ladrillos ni el yeso pueden tapar. Como el visto bueno a las torres en el barrio de Caballito, donde ya colapsaron servicios públicos como el de las cloacas. Antes de viajar a Beijing por los juegos olímpicos, Macri vetó parcialmente la ley que limitaba la altura de las construcciones en las seis manzanas que rodean al Hospital Durand. Una norma que había sido sancionada por unanimidad, incluso por el bloque del Pro, tras una audiencia pública en la que participaron las organizaciones vecinales de la zona.
Ciudad de elite. “Hay una contradicción clave en la gestión de Macri y tiene que ver con la utilización del espacio público”, sostiene Di Filippo. Y continúa: “Hacen una defensa irrestricta del desalojo de los cartoneros o de las familias que toman edificios, como los vecinos que vivían en el restaurante Mala Perla de Costanera Sur, pero no tienen la misma lógica con los privados”.
Un caso resulta paradigmático: este año, el gobierno porteño extendió por dos años la concesión de Punta Carrasco. Así lo estableció con el decreto 993/028. No existió, claro, llamado a licitación pública ni mucho menos control de los establecimientos que forman parte del complejo. Según Di Filippo, “hay salones, boliches y restaurantes dentro de ese lugar que no cuentan siquiera con habilitación para funcionar”.
En 2007, la Auditoría observó, entre otras cuestiones, que:
l El uso para el cual se otorgaron los permisos de concesión no es compatible con la zonificación prevista por el Código de Planeamiento Urbano del predio afectado.
l La concesionaria ha incurrido en graves incumplimientos de las disposiciones contractuales sin que haya podido comprobarse la aplicación de las sanciones pertinentes.
l Se identificó la realización de un relleno de la costa no autorizado que duplica el área originariamente concesionada (esto significa un uso no autorizado de 54.000 metros cuadrados en donde la concesionaria ha localizado explotaciones comerciales).
l La empresa paga un canon inferior al estipulado.
Macri, que asegura que “no se negocia el espacio público”, tampoco consideró este informe al momento de extender por decreto la explotación del predio.
Pero avanzó, en cambio, con su plan de erradicar las villas de la ciudad. Y armó otro negocio: a través de un convenio firmado con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) –que ahora intenta convertir en ley– en febrero de este año le otorgó a la Corporación del Sur la urbanización de las barriadas de emergencia. El traslado de competencias implicó, también, el de las partidas presupuestarias correspondientes: alrededor de 200 millones de pesos. “Así una empresa que puede contar con hasta el 49 por ciento de capital privado tiene en sus manos una función indelegable del Estado”, cuestiona Di Filippo.
Otra polémica habitacional gira en torno a Casa Amarilla, donde el ex intendente Jorge Telerman había dispuesto la construcción de 1400 viviendas. Pero a pesar de que los vecinos presentaron amparos para que se construyan, Macri logró evitarlo con diversas apelaciones con la intención de que el lugar quede en manos del club de sus amores: Boca Jr.
Ciudad insalubre. Durante los últimos días de campaña, Macri resumió en una frase su idea acerca del manejo presupuestario de la salud: “Es muy importante, pero se utiliza mal”. Ya como intendente denunció “bolsones de corrupción” en los hospitales y centralizó la compra de insumos en la órbita del Ejecutivo porteño. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respondió con paros y denunció desabastecimiento. Pero el avance macrista no se detuvo. En abril anunció el cierre de los hospitales psiquiátricos Borda y Moyano “porque están ediliciamente abandonados”. Aunque el ingeniero advirtió que su desaparición podría tardar “un año, dos, tres o no concretarse nunca”.
En concreto, el Pro pretendía levantar negocios inmobiliarios en los predios de los neuropsiquiátricos. Mientras tanto, en esos hospitales no se renuevan cargos y se retiran muchas camas a diario. La diputada radical Silvana Giudici habla de “intereses mezclados”: “Las tierras del Moyano y el Borda se revalorizaron en el último tiempo y empiezan a ser miradas con otra finalidad. La existencia del Borda impide que el barrio se siga desarrollando y por eso quieren tirarlo abajo”.
Es que nada parece detener al veredismo político. Esa mezcla de discursos de amianto y cara de hormigón.
Informe: Bruno Lazzaro y Deborah Maniowicz
http://www.elargentino.com/Content.aspx?Id=4787
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Domingo, 28 de Septiembre de 2008
EL PAIS › CRISIS POR FALTA DE INSUMOS EN LOS HOSPITALES PORTEÑOS
Desabastecidos en salud
La decisión del macrismo de centralizar las compras produjo graves trastornos. En el Argerich suspendieron las operaciones programadas. En el Hospital de Niños piden toallas por la radio. En el servicio de traumatología del Alvarez estuvieron un mes sin analgésicos.
Por Laura Vales
El hospital Argerich debió suspender sus operaciones programadas por falta de insumos. Desde hace dos semanas sólo realiza las de urgencia. “En un día normal, acá hacíamos 40 cirugías. Hoy hicimos tres”, confirma su director, Donato Spaccavento. El Argerich es uno de los centros de atención de mayor consulta de la ciudad y tal vez por eso el lugar donde estalló una crisis que afecta con distinta intensidad a los 32 hospitales de Buenos Aires, todos con problemas de insumos.
–¿Qué falta?
–Varía según el día o el movimiento. Este hospital tiene 3500 renglones de insumos. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos al límite con la gasa. Se hace el pedido, dicen que van a mandar, se demoran..., con todo es así. El gobierno de la ciudad no entiende ni la complejidad de los insumos que necesitamos, ni el nivel de producción de servicios que tenemos.
La recorrida por otros centros tiene resultados similares. En el hospital Rivadavia, Rodolfo Arrechea denuncia que “intervenciones simples como una operación de vesícula están pasando para el año que viene por falta de insumos”. En el hospital Alvarez, del barrio de Flores, Iván Sotomayor, jefe de enfermeros de la guardia, apunta que en la sala de traumatología estuvieron un mes sin analgésicos. “Los tuvieron que comprar los propios pacientes.”
Arrechea es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y al contar el problema hace introducción: un mes atrás, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, les pidió a todos los directores de los hospitales la renuncia. La dirección de los hospitales es todavía un cargo político, no concursado, por lo que las renuncias se presentan siempre que hay un cambio de gobierno. En este caso habían sido elevadas en diciembre, y el jefe de Gobierno se las volvió a pedir. Macri inició de esta manera un proceso de renovación de las autoridades, en el que junto al ministro de Salud, Jorge Lemus, decidirá si ratifica o renueva a los directores. Un consejo de especialistas propondrá cinco candidatos para cada hospital, de los que Macri y Lemus elegirán a quién nombrar. Esta situación de limbo en que quedaron los directores, esperando la ratificación o el desplazamiento, ha mantenido a la mayoría en un silencio que poco tiene que ver con la salud, concluye Arrechea. Las denuncias se están haciendo por debajo, desde los sindicatos, algunas asociaciones de profesionales, o los pacientes. Es viernes, y en la radio habla una voluntaria del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pide donaciones de toallas, “aunque sean usadas, las que tengan medio viejitas”, dice, porque “hay muchos chicos internados que no tienen”.
Sin stock
Los hospitales sufren una crisis estructural, de arrastre: falta de equipamiento, de personal, una demanda que los supera y que crece cada vez que aumenta la pobreza. Pero este panorama, que parecía difícil que se pusiera peor, se agravó con el cambio en el sistema de compras de los insumos implementado por el macrismo en el mes de junio cuando, tras denunciar la existencia de sobreprecios, el gobierno de la ciudad les quitó la facultad de hacer sus compras y las centralizó, poniéndolas a cargo del Ministerio de Hacienda.
Con este sistema, a los hospitales se les fue terminando el stock. A los tres meses de implementado y en medio de quejas generalizadas, el propio gobierno de la ciudad admitió su error y les devolvió la facultad de hacer una parte de sus compras. Así quedó un sistema mixto: las compras generales, de los insumos de mayor uso, siguen centralizadas, mientras que las específicas, destinadas a prestaciones de mayor complejidad, son realizadas por cada hospital. El cambio, sin embargo, no alcanzó para solucionar las cosas.
La suspensión de las cirugías programadas, o su reprogramación, es uno de sus efectos. Otra consecuencia (de la falta de insumos sumada a la falta de personal) es que hay mayores demoras en la atención médica. Según Arrechea, los pacientes están esperando en promedio cuatro meses para un turno, de acuerdo a la especialidad. El secretario adjunto de ATE señala que las demoras afectan “de manera cíclica distintas áreas. Pero, en todos los casos, dejaron lejos las promesas de campaña de Macri de que no iba a haber más espera en los hospitales”.
El macrismo reconoce la crisis por los insumos, pero asegura que quedará superada antes de fin de año. “Cada vez que se cambia el modelo de compras hay dificultades, hasta que el procedimiento está aceitado. En este caso el problema no está en el presupuesto, sino en la prontitud con que llegan los insumos”, dice Néstor Pérez Baliño, director de la Región Sanitaria nº 1 y designado por el Ministerio de Salud porteño para responder sobre el tema. “Como funcionarios y como médicos, nos da ansiedad que esto pase, pero estamos trabajando en que vuelvan a crecer los stocks, y lentamente nos vamos recuperando. El problema es más que nada de reposición, hay que conseguir que logística distribuya rápido en los hospitales lo que se va comprando.”
Del lado de afuera
Con la escasez de recursos, todos los problemas se agravan. Las colas son más largas, la cantidad de enfermos que quedan sin atención es mayor y la relación entre el hospital y los pacientes no es de cooperación sino de guerra. En algunos centros, los pacientes parecen ser considerados como una especie invasora a la que es necesario mantener a raya. En el Hospital Ramos Mejía, este invierno las autoridades pegaron en la puerta una resolución: “Se informa al público en general que a partir del lunes se encuentra totalmente prohibido el ingreso del mismo a formar fila y/o sacar turnos en el interior del hospital antes de las 5.30 hs. Toda persona que desee ingresar deberá formar fila y esperar del lado de afuera, manteniendo el orden y turno de llegada”. ¿Se le puede pedir a un enfermo al que se le hace hacer una cola de cinco o seis horas para ser atendido que además espere en la calle, en pleno invierno?
Los sindicatos señalan que un factor que agrava las demoras para otorgar turnos es la falta de personal, un problema acentuado desde que el macrismo implementó un incentivo que se jubilen 5000 agentes; al parecer, otra medida de ahorro. “Falta personal, y aunque los cargos ya están concursados y designados, los nuevos nombramientos no se concretan.”
En algunos lugares como el Alvarez, los problemas de falta de personal se agudizaron al punto de que este año, en Semana Santa, durante cinco días no se internó a ningún paciente. No había enfermeras para atenderlos. Nunca antes había ocurrido algo así.
En contraste con la lenta toma de decisiones para enviar insumos o nombrar al personal faltante, Macri acaba de concretar la privatización del sistema de facturación y cobranza con que los hospitales recuperan los servicios prestados a quienes tienen obra social o medicina prepaga. La medida ilustra en qué lugar se pone el acento.
Spaccavento advierte sobre los riesgos de privatizar el sistema de facturación: “Todas las experiencias del mundo en esta dirección terminaron impulsando la privatización del hospital. Las empresas facturadoras estimulan a los médicos y el personal a internar y hacer bien los papeles de quienes tienen obras sociales o prepagas. Son empresas que ganan más si el hospital factura más, ganan en función de un canon que se les da por lo que consiguen facturar por encima del promedio histórico. Así, como ya pasó con el Hospital de Clínicas, los hospitales terminan teniendo salas maravillosas para aquellos sectores a los que se les puede facturar, esto es lo que sucedió con el PAMI, y otras de segunda que son para los pacientes del sistema público”.
Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-112406-2008-09-28.html
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AJUSTE PRO
Macri echa al personal mayor de 60 años
Dejó cesantes a los hombres de más de 65 años y a las mujeres de más de 60 que trabajan como contratados. La oposición, "escandalizada".
29.09.2008
Adiós sin culpa. No se sabe la cantidad de empleados que cesanteará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ningún funcionario quiso explicar las razones de la resolución.
El Gobierno porteño dispuso rescindir los contratos del personal de la administración pública de la Ciudad que supere 60 años entre las mujeres y 65 entre los hombres, se informó mediante una notificación oficial. La oposición se levantó con duras críticas.
La comunicación, según la agencia de noticias DyN, establece el cese a partir del 31 de agosto de los contratos vigentes del personal de todas las reparticiones públicas que superen esas edades tope. "De conformidad con instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, cada jurisdicción deberá proceder a la rescisión de los contratos vigentes que estuvieren celebrados bajo las disposiciones del decreto 948/2005 y resolución 959/2007", subraya la nota.
Esta medida alcanza al personal contratado, que no integra la planta permanente. Muchos de los futuros cesanteados prestaban sus tareas habituales bajo ese status laboral y a la espera de ser confirmados en sus cargos, una promesa incumplida por las sucesivas administraciones de la Ciudad y que hoy los encuentra fuera del sistema de trabajo al que les será difícil volver a reintegrarse.
Ningún funcionario del gobierno porteño quiso explicar las razones de la resolución y ni siquiera cuántas son las personas que cesarán en sus funciones al caer los contratos.
SORPRESA Y RECHAZO DE LA OPOSICIÓN.
La decisión del Jefe de Gobierno tomó "por sorpresa" a la oposición, que evalúa reunirse con los dos gremios estatales porteños -SUTECBA y ATE Capital- para analizar el impacto que tendrá en los trabajadores, confirmaron a la mencionada agencia voceros de los bloques.
La legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti calificó de "indignante" la decisión del gobierno porteño y advirtió que "pone en la calle sin indemnización o compensación, y sin previo aviso, a personal con 15 años o más de relación de dependencia" con la Ciudad. "Muchos se están enterando por los medios que no cobrarán su sueldo de septiembre, dado que la medida rige desde el 31 de agosto", explicó la diputada del Frente para la Victoria.
Cerruti consideró que "lo lógico hubiera sido que este grupo de personas, que difícilmente pueda reinsertarse en el mercado laboral por la edad, pasara a planta permanente, para luego invitarlos a acogerse a la jubilación" .
http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=11607
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PREGUNTA DESDE REGISTROMUNDO: EL DETERORIO, EDUCATIVO PASA POR LOS CONTENIDOS O POR LA DISCONTINUIDAD QUE GENERA EL RECLAMO SALARIAL...???
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