Lo que circula por los medios

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9 de septiembre de 2008

MACRI Y EL ARTICULO 36 DE LA CONSTITUCION NACIONAL


Jueves, 4 de Septiembre de 2008 Hoy

EL PAIS › ALLANARON OFICINAS DEL GOBIERNO PORTEñO POR ORDEN DE ROBERTO GALLARDO

Un juez tocó la puerta de Macri

Fue por el caso del bebé muerto en el centro de evacuados donde se alojan los ex habitantes de Villa Cartón. Buscaban documentos para demostrar que la administración macrista no garantizó la atención médica a quienes allí viven.


Por Werner Pertot

Los funcionarios de Mauricio Macri se encontraron ayer con una visita inesperada: un grupo de policías que llegaron con una orden de allanamiento. Siete dependencias del gobierno porteño fueron requisadas por orden del juez Roberto Andrés Gallardo, quien dispuso secuestrar documentos que apuntan a demostrar que la administración macrista no acató la orden judicial de garantizar la atención médica a un centro de refugiados donde sobreviven los ex habitantes de Villa Cartón. En ese lugar falleció un bebé por falta de asistencia médica, por lo que Su Señoría citó a Macri y a varios de sus ministros a dar explicaciones a una audiencia que se hizo el martes sin que se presentara ninguno de ellos. A raíz de esto, el jefe de Gobierno y varios de sus funcionarios fueron denunciados penalmente.

La Policía Federal allanó el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Salud porteño, el de Desarrollo Social, las sedes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Corporación Sur y los hospitales Piñero y Pirovano. En la sede de la Jefatura de Gobierno hubo ataques de histeria de funcionarios de segundas líneas, que amenazaron con denunciar al juez por “abuso de autoridad”. No entregaron la documentación, ya que adujeron que no se encontraba allí, pero aseguraron que se la alcanzarán al juzgado. En los otros casos, secuestraron documentos sobre las condiciones en las que el gobierno porteño mantiene a cerca de 440 familias evacuadas luego del incendio de Villa Cartón, en el que perdieron todas sus pertenencias.

En febrero de 2007, cuando fue el incendio, el gobierno porteño primero destinó a las familias que vivían bajo la AU7 a un conjunto de carpas. Luego de que una de las refugiadas muriera durante una tormenta, los trasladó al Parque Roca. Era supuestamente en forma transitoria, hasta que el IVC les construyese viviendas definitivas, que deberían haber estado listas hace más de un año. Olvidadas por el olvido, las familias sobreviven cerca del Riachuelo en viviendas precarias, sin iluminación, sin gas, sin agua, sin sistema de cloacas y sin asistencia médica. Un asentamiento creado por el Estado.

Ante un pedido de un defensor oficial, Gallardo concedió un amparo en diciembre del año pasado, en el que ordenó que hubiera médicos en el lugar “las 24 horas”. Sin embargo, el 13 de agosto pasado falleció allí Javier, de cuatro meses. Cerca de las 10 de la mañana, su madre lo encontró “morado” y, como no había médicos, ni existe ningún transporte que llegue hasta allí, tardó más de una hora en llegar al Hospital Piñero, donde el bebé murió antes del mediodía.

El juez citó para dar explicaciones a Macri, al ministro de Salud, Jorge Lemus; a la ministra de De-sarrollo Social, María Eugenia Vidal; al procurador, Pablo Tonelli; al titular del IVC, Roberto Apelbaum; y a Humberto Schiavoni, que conduce la Corporación Sur. Ninguno fue. Sólo se presentó un abogado de la Procuración, Marcelo Wagnszld, quien aseguró que los médicos no estaban para asistir al bebé porque “con motivo de la inseguridad hubo una orden de que no fueran más”.

–¿Quién dio la orden? –quiso saber el juez.

–No, en realidad, dejó de obligárselos a ir –sostuvo el funcionario PRO, quien no pudo presentar ningún documento que respaldara sus dichos.

A raíz de esto, la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, y el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez presentaron una denuncia penal contra Macri y los funcionarios citados por “desobediencia” e “incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
Los allanamientos de ayer tenían como fin secuestrar la documentación que probaría que no cumplieron con la orden judicial y que existía una guardia permanente de tres policías que permitía la asistencia de los médicos. Hoy la policía le entregará los documentos requisados al juez.

Luego de los allanamientos, decir que había malhumor en el gobierno porteño es poco. “¡Gallardo reaccionó histéricamente, como una mina, e hizo esos allanamientos ridículos!”, se escuchó cerca de Macri. “Si lo hubiera pedido, se lo hubiéramos dado nosotros –aseguró a PáginaI12 el procurador porteño Pablo Tonelli–. Fue innecesario el allanamiento. Fue un espectáculo para los medios y una muestra de su enojo por el fracaso de la audiencia. Está claro que Gallardo actúa políticamente.”

“Había citado al jefe de Gobierno y a no sé cuántos funcionarios. No fue nadie, como corresponde. No le vamos a celebrar una reunión de gabinete en su despacho”, sostuvo el funcionario, que va a pedir una serie de nulidades en la causa. “Lo escandaloso no son los allamientos, sino que existe un barrio creado por el Estado que está siendo desatendido por todos los ministerios”, le respondió la asesora tutelar, Laura Musa.



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MACRI Vs. GALLARDO
El Pro va por un juez contra
El gobierno porteño inicia el juicio político al magistrado que había citado a Mauricio por la muerte de un bebé en Parque Roca.

09.09.2008

Polémica.

Gallardo quiso indagar a los funcionarios porteños y el gobierno replicó con el pedido de apartamiento.


Después de recusarlo en más de cuatrocientos expedientes, el gobierno porteño decidió iniciar juicio político contra el juez Roberto Gallardo por “abuso de autoridad”.

La medida fue anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, tres horas después de una conferencia de prensa en la que Gallardo denunció “el avasallamiento” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. La puja se desencadenó después de la muerte de un bebé en el centro de evacuados de Villa Cartón, debido a la falta de asistencia médica en el lugar.

El sitio elegido por Gallardo fue la Legislatura. Allí, en el mismo edificio donde juró diez años atrás, el juez denunció que el gobierno porteño lo desplazó de su función “a través de una maniobra procesal, antecedente para cualquier intento de intervención federal”. Sus palabras estuvieron acompañadas por diputados de todo el arco político opositor a Mauricio Macri, referentes del sector judicial, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

“Es muy grave que un juez se aleje de los expedientes y acuda a una casa política como la Legislatura para ofrecer una conferencia”, consideró horas después Montenegro, sentado en el microcine de la sede municipal junto al procurador general porteño, Pablo Tonelli.

Además de insistir en “la intencionalidad política” de la denuncia de Gallardo, el ministro adelantó la decisión de pedir su juicio político. “Vamos a investigar las distintas actitudes contra esta administración y gobiernos anteriores debido a que ha incurrido reiteradamente en abuso de autoridad”, aseguró.

En cuanto a las razones del juicio político, sólo consignó posibles irregularidades en la medida cautelar a través de la cual el juez dispuso, un mes atrás, la suspensión de la millonaria licitación del mobiliario urbano.

Por la mañana, un grupo de abogados, encabezado por Eduardo Barcesat, había denunciado a Macri y a Tonelli de “injerencia en la administración de justicia ya que la recusación masiva constituye un obrar antijurídico que violenta la división de poderes”.

Aunque Montenegro subrayó que “de parte de este gobierno nunca hubo intromisión en el Poder Judicial”, Gallardo consideró que la recusación de todos los amparos y las medidas cautelares a cargo de su juzgado es “el comienzo de una política de disciplinamiento” dirigida al resto de los jueces porteños.

La denuncia por “daños y perjuicios” que motivó la ola de recusaciones de parte de la Procuración se presentó el 3 de septiembre último, el mismo día en que Gallardo citó a Macri y a otros funcionarios a una audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Javier, un bebé de cuatro meses que vivía en el centro de evacuados de Parque Roca.

“Ese lamentable episodio no tiene nada que ver con la demanda ni con las recusaciones”, desligó Tonelli por la tarde y explicó que fue “sólo una casualidad de fechas”.

La Defensoría General y la Asesoría Tutelar de la Ciudad habían presentado un amparo para que el gobierno porteño garantizara la presencia de un médico y un pediatra en el centro donde residen más de mil personas “hacinadas, sin acceso a agua potable y sin otros servicios”, según denunció Gallardo. “No hay seguridad”, fue el argumento de la gestión PRO que nunca cumplió con la orden judicial.

Una reforma judicial en carpeta

Mientras la oposición acusa al Gobierno porteño de “interferir” en la independencia del Poder Judicial, los legisladores del PRO tienen en carpeta una profunda modificación de la Justicia porteña que incluye la posibilidad de recusar sin causa a los jueces de la Ciudad.

Así lo confirmó a Crítica de la Argentina el diputado Martín Borrelli, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña. El legislador macrista, autor del proyecto, explicó que “se podría hacer una sola vez y sólo al principio del proceso. Proponemos que, si el juez es recusado, la causa pase por sorteo al nuevo juez y no a dedo. La oposición dice que es para elegir el juez que nos guste, pero no es cierto. Es para evitar que algunos jueces que puedan tener una relación conflictiva en alguno de los casos estén lejos del punto de discordia, como el caso de Gallardo”. La modificación del Código Contencioso Administrativo que impulsa el PRO también limita la presentación de amparos, al obligar a que se ofrezca una “contracautela”, que implica responder con su patrimonio.

http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=11496
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Lunes, 8 de Septiembre de 2008 Hoy 16:19 › "ES EL COMIENZO DE UNA POLITICA DE DISCIPLINAMIENTO"

Para el juez Gallardo, Macri "avanza sobre la ruptura del orden constitucional de la ciudad"
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, afirmó hoy que el avasallamiento sobre el Poder Judicial de parte del gobierno de Mauricio Macri es "un antecedente para cualquier intento de intervención federal".

"Y el jefe de Gobierno lo tiene que saber, porque sus decisiones avanzan sobre la ruptura del orden constitucional local y eso esta claramente prescripto en la Constitución Nacional primera parte", afirmó el magistrado en una conferencia de prensa que brindó este mediodía en la Legislatura porteña.
Para Gallardo lo que hizo Macri "es el comienzo de una política de disciplinamiento y esto podría ponerlo incurso en el artículo 36 de la Constitución Nacional".
Todo comenzó cuando la semana pasada Gallardo citó a Macri y algunos de sus funcionarios en el marco de una causa en la que se investiga la muerte por falta de atención médica de un menor de 4 meses en un centro de evacuados de Villa El Cartón, ubicado en Villa Lugano.
Ante esta situación y en el marco de otra medidas del juez, el procurador de la ciudad, Pablo Tonelli, decidió recusarlo y como medida preventiva envió todos los expedientes que tramitaban allí a otros juzgados.
"Vengo a decirles a los legisladores que el juez designado hace diez años, sin un proceso constitucional de remoción, comienza a ser un juez virtual", afirmó Gallardo.
Gallardo indicó que "resulta muy clara la orden política que dice que `como no podemos enjuiciarlo porque no queremos pagar ese costo entonces lo dejamos sin expedientes y se va a quedar regando las plantas del despacho`".
Gallardo recordó que "hubo una situación puntual como fue el incendio hace un año y medio de Villa Cartón, luego del cual el gobierno creó un centro de evacuados que "cumple con todas las condiciones para violar todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina es signataria".
"Allí hay hacinamiento, desnutrición, falta de acceso a la educación y a la vivienda, falta de agua potable, falta de servicios de salud, etcétera", dijo el juez.
En este contexto dijo que "hace unos días murió un menor, Javier, de 4 meses de edad sin asistencia médica, pero 5 meses antes de que naciera el tribunal le había encomendado al gobierno el establecimiento de un servicio médico pediátrico y clínico, permanente en ese lugar".
"Pero la argumentación del gobierno fue que no había seguridad para los médicos. Imaginen la gravedad de semejante afirmación, que el gobierno diga que en su propio ámbito carece de seguridad para dar asistencia médica", ironizó el magistrado.
En este sentido Gallardo sostuvo que "como es lógico, ante la muerte de Javier, el ministerio público quiso que el gobierno explicara qué había pasado y exigió un responsable, un sumario, que cesara ese estado de impunidad".
"Pero no vino nadie a la audiencia que fue convocada a esos efectos. Enviaron solamente un abogado que balbuceó ante la madre y la abuela del chico que no estaban dadas las condiciones de seguridad", afirmó el juez.
La conferencia de prensa se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, la que estuvo colmada por diferentes organizaciones sociales como Libres del Sur, Vecinos de los piletones, barrio Piedrabuena, entre otros.
Estuvieron diputados de la oposición Juan Cabandié, Gabriela Alegre, Gonzalo Ruanova, Verónica Goméz, Julián D'Angelo, Diana Maffía, Martín Hourest y Liliana Parada.
También estuvo el titular del gremio de los judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-111209-2008-09-08.html

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Martes, 09 de Septiembre de 2008
EL PAIS › EL JUEZ GALLARDO ACUSO AL EJECUTIVO PORTEñO Y LE RESPONDIERON CON UN POSIBLE JUICIO POLITICO
“Es un avasallamiento del Poder Judicial”


Gallardo denunció “una maniobra procesal” del macrismo para apartarlo de 400 causas. El ministro Montenegro y el procurador Tonelli negaron la intención de separarlo de los expedientes, pero amenazaron con iniciarle un proceso de juicio político.

Por Sebastian Abrevaya

En una conferencia de prensa realizada ayer en la Legislatura porteña, el juez Roberto Gallardo denunció al Ejecutivo porteño por desplazarlo de su función “a través de una maniobra procesal”. El magistrado, que fue recusado por la Procuración General de la ciudad en aproximadamente 400 causas, denunció “el avasallamiento sobre el Poder Judicial” y le pidió al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la renuncia del procurador Pablo Tonelli.

Pocas horas después, en otra conferencia de prensa, el ministro de Justicia de la ciudad, Guillermo Montenegro, y el propio Tonelli le respondieron que “en ningún momento es intención del gobierno apartar a un juez de sus expedientes” y anticiparon que analizan todas sus actuaciones para iniciarle un proceso de juicio político.

Legisladores de la oposición estudiaban pedir la interpelación del procurador, mientras que asociaciones de abogados y colegas del juez le manifestaron su apoyo y criticaron la actitud del macrismo.

Al comenzar la conferencia de prensa, el juez Gallardo relató que el gobierno porteño, “mediante un artilugio”, le “armó” un juicio por daños y perjuicios. La acción se inició el miércoles pasado, el mismo día en que, por otro caso, Gallardo había allanado siete oficinas públicas y citado a una “audiencia de explicaciones” a Macri y parte de su gabinete. Al día siguiente, comenzaron a llegar los cientos de pedidos de recusación al juzgado.

“El jefe de Gobierno tiene que saber que sus decisiones avanzan hacia la ruptura del orden constitucional local y eso está claramente prescripto en la Constitución”, sentenció Gallardo. Y agregó que sienta “un antecedente central para cualquier intento de intervención federal”.

Para el gobierno porteño, el juez es responsable de la pérdida de intereses por 136.876 pesos, generada por un embargo que Gallardo dispuso para la construcción de viviendas sociales en el predio de Casa Amarilla. Según los vecinos del lugar, Macri planea la venta de esos terrenos al club Boca. Ahora, tanto el juez como los que reclamaban las viviendas fueron querellados.

“Es un tema en el cual no está ni probado el error judicial ni acreditada la ilegalidad de mi decisión, sino todo lo contrario”, sostuvo Gallardo. Consideró que se trata de una “muy clara orden política” para dejarlo sin expedientes.

El juez, que le trajo más de un dolor de cabeza a Macri con sus intervenciones, aseguró que el desencadenante de las recusaciones masivas fue la investigación que lleva adelante por la muerte de un bebé de cuatro meses en el centro de evacuados de Villa el Cartón.

Ese lugar cumple hoy con todos los requisitos para violar la mayoría de los derechos humanos de los cuales nuestro país es signatario. Hacinamiento, desnutrición, problemas de acceso a la educación, falta de agua potable, falta de servicios de salud.
Hay centenares de personas en total indignidad”, dijo Gallardo, quien agregó que esa situación la venían denunciado el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de la ciudad hace aproximadamente un año. Tras la muerte del bebé, el juez citó a los funcionarios porteños para que explicaran por qué desconocieron las intimaciones y no enviaron un solo médico al lugar donde viven 335 familias.

“Ese episodio no tiene nada que ver con la demanda que le hemos interpuesto al juez Gallardo ni con las recusaciones, es un caso que está fuera de discusión”, respondió Tonelli. “El hecho es, por supuesto, lamentable”, aclaró. Ante la acusación de vaciamiento del juzgado, el ministro de Justicia advirtió que las recusaciones se tratan de “un remedio procesal” que poseen las partes y que el magistrado “no puede ampararse en ello para llevar adelante una conferencia de prensa política”.
Además, el procurador agregó que el magistrado fue recusado “solamente en los juicios de amparo y en las medidas cautelares que deben ser unos 400 expedientes”. Según el funcionario, todavía debe tener otros 10 mil expedientes, en cuya mayoría el gobierno porteño es parte. “No lo hemos recusado, por ejemplo, en las ejecuciones fiscales”, completó.

Sin embargo, la respuesta del macrismo apuntó a las supuestas posiciones políticas del magistrado. “Un juez debe hablar a través de sus expedientes y no en una conferencia de prensa”, dijo Montenegro, quien le recomendó que si tiene aspiraciones políticas se presente a elecciones. El ministro de Justicia también apuntó contra los legisladores de la oposición que acompañaron a Gallardo en su conferencia. “Lo grave es que, so pretexto de la división de poderes, se están entrometiendo en el Poder Judicial.” El mensaje fue para los diputados porteños Martín Hourest, Gonzalo Ruanova, Verónica Goméz, Julián D’Angelo, Diana Maffía, Liliana Parada y Juan Cabandié.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-111249-2008-09-09.html

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agregado_

Martes, 09 de Septiembre de 2008

UN ABOGADO LO DENUNCIO POR RECUSAR EN FORMA MASIVA AL JUEZ GALLARDO EN CAUSAS DE LA CIUDAD

Acusan a Macri de vulnerar la independencia judicial

El presidente del Frente Grande Capital, Alejandro Otero y el legislador Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, coincidieron en acusar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de vulnerar la independencia judicial al recusar al juez Roberto Gallardo.

El juez Roberto Gallardo denunció al Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, por haberlo recusado en “forma masiva” para que actúe en todas las causas sobre la ciudad de Buenos Aires.


Buenos Aires (Télam)

Con el mismo motivo, el constitucionalista Eduardo Barcesat denunció ayer a la mañana penalmente a Macri por delitos de acción pública, violación de deberes de funcionario público, en concurso con abandono de personas, instigación a cometer delitos, atentado y resistencia contra la autoridad y desobediencia.
Macri busca librarse de toda forma de control popular y democrático, por eso postergó comunas, vació a los organismos de control y quiere recusar a los jueces que se animan a investigarlo”, expresó Otero.

El dirigente del Frente Grande afirmó que Gallardo dio “más de una muestra de independencia de criterio” y recordó a Macri “que los jueces no están bajo su tutela”.“La Justicia de la Ciudad es un poder independiente del estado autónomo que toda fuerza democrática debe respetar y defender”, añadió.
Por su parte, Hourest señaló que Macri “no puede elegir qué ley cumple y qué juez lo juzga”, en declaraciones que formuló tras la conferencia de prensa que brindó Gallardo en la Legislatura.

El diputado del bloque Igualdad Social exigió al jefe de Gobierno porteño la remoción del Procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli y dijo que “si Macri insiste en vulnerar la independencia del Poder Judicial, le caben las causales de juicio político”.

Barcesat recordó en su denuncia penal que, por orden de Macri, el procurador Tonelli y otros funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo porteño promovieron “un desplazamiento masivo de causas en trámite” a cargo del juez Gallardo.
El denunciante consideró que esa medida fue en represalia por el allanamiento dispuesto por Gallardo en dependencias de la Jafatura de Gobierno de la ciudad.

Podrían intervenir la CiudadBuenos Aires (Télam)El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, afirmó ayer que el avasallamiento sobre el Poder Judicial de parte del gobierno de Mauricio Macri es “un antecedente para cualquier intento de intervención federal”.
Y el jefe de Gobierno lo tiene que saber, porque sus decisiones avanzan sobre la ruptura del orden constitucional local y eso esta claramente prescripto en la Constitución Nacional primera parte”, afirmó el magistrado en una conferencia de prensa que brindó este mediodía en la Legislatura porteña.Para Gallardo lo que hizo Macri “es el comienzo de una política de disciplinamiento y esto podría ponerlo incurso en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=nota&idn=32288&ref=hoy

relacionadas 1:

Art. 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.


Art. 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

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