Lo que circula por los medios

Registro de una época...

6 de septiembre de 2008

LA CONFIANZA, LA DEUDA, EL PAGO Y LA LICUADORA


Miércoles, 03 de Septiembre de 2008


EL PAIS › OPINION

La confianza



Por Alfredo Zaiat

La controvertida cancelación total de la deuda con el Club de París provoca la particular coincidencia en la crítica de representantes del conservadurismo y de la denominada centroizquierda. Los primeros apuntan a cuestiones de forma y los otros a ciertos aspectos de fondo.
La ortodoxia reunida en la oposición se resiste a aplaudir ese pago millonario a las potencias económicas del mundo en crisis porque, en realidad, le incomoda como herida en el alma narcisista que semejante iniciativa sea instrumentada por la administración kirchnerista, de la que abominan.

Con cualquier otro gobierno, como podría haber sido el de Fernando de la Rúa o el de Carlos Menem, cuando la hegemonía política estaba en esa otra vereda, habría provocado expresiones de júbilo de economistas del establishment y de los mercados financiero y bursátil. Pero si se trata de peronistas “populistas” aliados de Hugo Chávez quienes realizaron el giro al exterior de 6700 millones de dólares, expresa “debilidad política y un uso arbitrario de recursos”. Ese grupo de analistas debería estar buscando algún disfraz para ocultar sus recientes pronósticos de un próximo default de la Argentina, economía que estaba y está tan lejos de la cesación de pagos que puede permitirse destinar el 14 por ciento de las reservas para saldar el pasivo con el Club de París.

Las observaciones de un sector del progresismo que se siente cómodo en la oposición señalan la crítica obvia acerca de que ese dinero podría haber tenido otro destino más justo que pagar deuda externa. Así dicho parece razonable, pero la cuestión es un poco más compleja que la demagogia.

Un programa de reindustrialización o mejorar la distribución de la riqueza fue rápidamente planteado como alternativas, aunque con pocas precisiones, en una singular posición puesto que la expresaron los mismos referentes que votaron en contra de los Derechos de Exportación móviles para cuatro cultivos clave, medida que era una herramienta –no un plan– para trabajar en el sentido de esos objetivos.
El superávit fiscal tiene entre otros destinos el pago de la deuda –salvo que se la quiera repudiar–, y ese excedente podría haberse aumentado con las retenciones móviles que intervenían en rentas extraordinarias. No mencionan, además, que no existen normas legales que permitan la utilización de reservas para financiar planes productivos o de inclusión social. La actual titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, había propuesto como diputada modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central para ampliar el marco de utilización de reservas, sin reunir apoyo ni del gobierno ni de gran parte de la oposición. Además no evalúan, por ejemplo, el impacto negativo en el frente monetario y en el de precios que tendría si se inyectara semejantes cantidad de recursos en el mercado doméstico de una vez, como se ha instrumentado el pago al Club de París. O sea, uno y otro destino a las reservas puede ser más o menos simpático a conciencias sensibles, pero esto no significa que ese dinero pueda ser utilizado indistintamente sin generar costos en el funcionamiento de la economía.

Ahora bien, el Gobierno presentó la cancelación de ese pasivo, menor dentro de la deuda pública global (equivale apenas al 4,6 por ciento del total), como parte de su política de desendeudamiento, iniciada con el canje de los bonos en default y seguida por el pago de la factura completa al FMI, en diciembre de 2005. Sin embargo, cada uno de esos pasos se concretó en un contexto local e internacional diferente del actual y con objetivos también distintos.
El plan de quita de capital de los títulos en cesación de pagos vino a normalizar la relación con el mercado de deuda y aliviar el horizonte de pagos futuros. Se concretó en un sendero de recuperación de la economía luego del estallido de la convertibilidad y con una fuerte caída de la tasa de interés internacional en una plaza con abundante liquidez.

En tanto, el pago del FMI se efectivizó con una economía que ya había ingresado en un período de crecimiento, proceso que estaba siendo bombardeado por la tecnocracia de ese organismo. Esa medida permitió ganar indudables grados de autonomía para el manejo de la política económica con un panorama externo favorable.
Ahora, el pago al Club de París se realiza en el marco de un programa económico que está en una encrucijada por el ciclo de alza de precios internos, un tipo de cambio que pierde competitividad y el avance de la restauración conservadora de la mano del sector del campo privilegiado. El contexto externo sigue siendo positivo con las materias primas, pero en el financiero los países desarrollados están enfrentando la peor crisis bancaria desde el crac del ’29. Ese escenario global ha derivado en un reflujo de capitales que se observa en la dificultad que tiene el Banco Central para recuperar los casi 3400 millones de reservas perdidos desde el comienzo del lockout agropecuario.

Ese panorama más complejo abonó el terreno para la embestida de la ortodoxia y de bancos de Wall Street junto a calificadoras de riesgo. El pago al Club de París intenta aflojar la presión en el frente financiero, con el silencioso aval de los miembros de esa cofradía de países poderosos a través del BID y el Banco Mundial. Estos dos organismos internacionales han amenazado con obstruir el financiamiento al país, situación que se estaba verificando en estas semanas.
Para sortear ese obstáculo el Gobierno ha traducido que el pago al Club de París va tras la meta de “ganar confianza”. Pero como la lógica de buscar la aprobación de esa abstracción denominada “mercado” es previsible, la evaluación inmediata de la city será que ha sido un paso importante aunque insuficiente para conquistar la voluntad de los inversores. El escalón siguiente para limitar la actual gestión se expresará en el pedido de la reapertura del canje para los bonista que quedaron fuera de la reestructuración. Y el anterior ha sido el reclamo de eliminar el control al ingreso de capitales –que hoy está suspendido–, como ya lo ha exigido la Bolsa de Comercio. En ese gaseoso concepto “la confianza” se encuentra la trampa de esa medida porque esa zanahoria la city siempre la ubicará en un lugar inalcanzable. Aunque si ese deseo de recuperar el favor del capital financiero es solamente retórica discursiva para frenar el embate de organismos, consultoras y bancos internacionales y ganar así espacio para retomar el control de la política económica, puede ser que entonces el pago al Club de París sea un primer paso en ese objetivo y no una estrategia de avanzar a los panzazos.


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EL PAIS › OPINION

Como antes pero distinto



Por Mario Wainfeld

El cronista le pedirá algo al lector, a sabiendas de que es un esfuerzo de imaginación o de abstracción o hasta de negación. Supongamos que los recientes 30 o 45 días hubieran sido el comienzo de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Pasemos lista a las acciones más relevantes de esa “luna de miel que no fue”. Jubilaciones móviles y reestatización de Aerolíneas Argentinas con intenso debate en el Congreso. Pago al Club de París, a la façon del anterior al FMI: taca-taca y sin aceptar condicionalidades. Diálogo con varios gobernadores, un jefe de Gabinete locuaz y sonriente. La conferencia de prensa, un día de esos. Y Néstor Kirchner en segundo plano, se comenta que buscando oficinas y mobiliario para Unasur.

El promedio daría un gobierno parental con el de Néstor Kirchner, pero con mayores sesgos al diálogo, a la institucionalidad y a una módica convergencia con la oposición y “el mundo”. Con la relatividad que asumen tales encuadres en Argentina frente a un gobierno peronista podría insinuarse un viraje de estilo, menos decisionismo, más juego parlamentario... una pátina socialdemócrata, si se registra adónde ha caído la socialdemocracia en la aldea global.

Si se rememoran las señales que emitieron los Kirchner, digamos entre octubre y diciembre de 2007, ese escenario era ambicionado por ellos. Cuanto menos, iban en pos de todas sus piezas, incluidas “honrar la deuda” con el Club de París. Tanto que la Resolución 125 se pensó como un medio indoloro para juntar fondos a ese efecto.

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Pero a principios de septiembre, el gobierno de la presidenta Cristina no arranca desde el piso alto que le dejó su predecesor, sino que transita una segunda fase, cuesta arriba. La primera estuvo sellada por el conflicto con “el campo”, que (entre otras consecuencias) debilitó al Gobierno, pateó el hormiguero de la oposición, fortaleció a las corporaciones patronales agrarias y activó un festivo estado de asamblea entre los compañeros justicialistas.

En ese contexto se interpretan (y se deciden, más vale) acciones que quizá podrían haber ocurrido igual. Pero desplegadas en otro ambiente son diferentes a lo que pudieron ser.

Lo que otrora pudo parecer decisión libre, ahora se traduce como reflejo no deseado ante la debilidad. Antes, amén de las cuestiones de fondo, se recriminaba a los Kirchner sus modales y su talante. A veces más que las medidas.

Ahora se pone en tela de juicio si están convencidos de lo que hacen, si no obran a contragusto.

En ambos casos, cree el cronista, las lecturas subestiman demasiado lo que se hace (real y tangible) en eras de explorar subjetividades (modales antaño, designios ahora).

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Desendeudar sin someterse a condicionalidades es un clásico K, un calco de la praxis aplicada con el FMI, aunque contando ahora con un colchón de reservas sensiblemente mayor. Un déja vu dispara, por derecha y sobre todo por izquierda, discusiones ya escuchadas.

Cancelar deuda ante tempus es una medida anticíclica. La cofradía de economistas sistémicos las reclama, aunque quizá esta vez no reconozca a su criatura.

Son, por esencia, medidas ortodoxas. Néstor Kirchner las aplicó sin tapujos en combo con otras (superávits gemelos colosales), pero encuadradas en una política económica con interesantes aplicaciones heterodoxas. Fueron un paso más para acrecentar el poder de decisión de su gobierno y del Estado.

En 2008, el Club de París tenía menos incidencia en la economía doméstica que el Fondo años ha. Saldar la deuda era un reclamo de dicho organismo, de las potencias del G-7 y de encumbrados empresarios locales. Entre estos no hay microemprendedores ni dueños de Pymes. Las empresas que se decían damnificadas por el estancamiento de las negociaciones son las que toman crédito en el extranjero o cotizan en Bolsas internacionales. Despotricaban cada vez más alto en más despachos oficiales porque se les hacía carísimo cualquier crédito internacional o porque sus acciones en bolsas primermundistas caían en tirabuzón. Hablamos de grandes industriales, de bancos privados de postín, aún del mayor multimedios del país. El Gobierno decidió darles alivio, facilitarle acceso a los mercados.

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La resolución se amasó durante el fin de semana en El Calafate. Sólo la mesa (cada vez más) chica la conocía, digamos, el martes: los dos Kirchner, Carlos Zannini.

No fue improvisación, explican ocupantes de lindos escritorios en la Casa Rosada.El tema se había discurrido con Martín Redrado, Carlos Fernández y Sergio Massa. Ninguno se oponía, ninguno se cree capaz de determinar una decisión en la cúpula... pero el presidente del Banco Central fue el que planteó (la expresión viene a cuento) más reservas. No da la impresión de que sea una cuestión ideológica, sino adscripción a su rol.

El oficialismo cree que su gesto drástico diluirá los (de por sí delirantes) rumores sobre posible default, relajará a los países acreedores y mejorará la reputación argentina en “el mundo”.

El recurso a la sorpresa en el anuncio habla de otro objetivo: volver a hacerse dueño de la iniciativa. Al fin y al cabo, desde la derrota en el Senado, el Gobierno recuperó trabajosamente su capacidad de hacer agenda. No es sencillo lograrlo con las reglas actuales, con un mapa de contrapoderes políticos que Kirchner pudo saltearse, con un esfuerzo adicional para construir mayorías y plácemes. Pero el oficialismo se coloca de nuevo en el centro del ring.

Burla burlando, reorganiza la economía con medidas controvertidas pero para un país capitalista exportador, en buena medida inevitables. Aumentos de tarifas muy retrasadas, regularización con los acreedores públicos externos. Un día de estos, quién le dice, se acuerdan de la inflación, su mayor (y más negado) desafío en el corto y mediano plazo.


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Sábado, 06 de Septiembre de 2008

EL PAIS › OPINION

Plan económico y plan de exterminio


Por Carlos Slepoy

En nuestro país se están celebrando juicios y se han dictado sentencias de gran trascendencia en relación con los crímenes cometidos por la última dictadura militar. En casi todas las causas, los afectados son miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Existen unos pocos funcionarios o civiles imputados, pero en todos los casos por su implicación directa en delitos contra la vida y la integridad física. No me referiré a ellos en este artículo ni a otros responsables civiles que en distintas formas colaboraron con los golpistas ni al genocidio económico y social que, por una planificación consciente de la miseria y la exclusión, tiene su comienzo en la dictadura y su continuidad durante el gobierno de Carlos Menem. Voces más autorizadas que la mía, como la del eximio abogado argentino Alberto Pedroncini, han denunciado en foros judiciales y de otra naturaleza que las políticas que lo provocaran deben ser consideradas como violatorias de derechos humanos económicos, sociales y culturales fundamentales y sus responsables deben en consecuencia ser sometidos a la acción de la Justicia.

Me limitaré a fundamentar que igual responsabilidad criminal que a los ejecutores directos del exterminio les cabe a quienes concertaron con ellos el plan económico de la dictadura. Y que por ello deben ser juzgados.

El 13 de julio de 2000 fue dictada sentencia por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 de la Capital Federal a cargo de Jorge Ballesteros en la célebre causa impulsada por Alejandro Olmos. Esta resolución señaló los múltiples delitos que cometieron los responsables del área económica. Entre otros, que con avales del Estado se contrajeron préstamos de empresas privadas que, a su vencimiento, fueron pagadas con fondos públicos sin que se intentara recuperar lo abonado; que el endeudamiento del sector privado se hizo público a través del régimen de seguro de cambios; que se contrajeron deudas a nombre de empresas estatales que nunca ingresaron a sus patrimonios; que no existen registros de las supuestas deudas. La deuda externa de la Nación –concluye– “... ha sido groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los distintos métodos utilizados... que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

Como es conocido, la fraudulenta deuda externa pasó de 7815 millones de dólares en marzo de 1976 a 45.087 millones de dólares en diciembre de 1983. El incremento de esta deuda durante los gobiernos constitucionales y el pago de intereses, sin que nada se haya hecho para deslindar la deuda legítima de la ilegítima, tiene hipotecado desde entonces al país y condiciona su soberanía.

En el primer “gabinete” de la dictadura todos los ministerios estaban a cargo de militares, con excepción de los relacionados con el área económica. Al frente de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz; de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein; de Hacienda, Juan Ernesto Alemann. Estos y los que les fueron sucediendo implementaron el plan económico en connivencia con la cúpula militar. Los delitos cometidos por unos y otros son jurídicamente inescindibles. La dictadura se implantó, entre otros motivos, para hacer posible el plan económico y éste no podría haberse implementado sin el plan de exterminio.

Surge de la resolución judicial la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina, de la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, de los directores de empresas públicas y de los funcionarios de jerarquía superior de los organismos de control y fiscalización que estuvieron dirigidos –además de los ya nombrados– por Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Roberto Alemann, Christian Zimmerman, Domingo Felipe Cavallo, Julio Gómez, Julio González del Solar, José Machinea, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Francisco Soldati, Enrique Forcioni y Manuel Solanet, entre otros.

Algunas de las numerosas empresas, grupos de empresas y entidades financieras beneficiarias del plan económico a que la sentencia se refiere fueron Celulosa Argentina, Macri, Techint, Bridas, Pérez Companc, Acindar, Ford, Ledesma, Astarsa, Mercedes-Benz, Alpargatas, Papel Prensa, Banco de Italia, City Bank, First National Bank, Chase Manhattan Bank y Bank of Boston. Muchos de los directivos de estas empresas prestaron además una eficiente y conocida colaboración para que miembros de cuerpos de delegados, comisiones internas y activistas sindicales fueran secuestrados y torturados. Muchos de ellos han sido asesinados o están desaparecidos.

La sentencia, clara y contundente en los hechos que consideró acreditados –producto de un enorme caudal probatorio– y en sus conclusiones, es desoladora en cambio en su pronunciamiento: entendió que estaba prescripta la acción penal y, en consecuencia, no había lugar a exigir responsabilidades criminales al único imputado –José Alfredo Martínez de Hoz– ni al resto de los responsables. Resolvió en consecuencia remitir las actuaciones judiciales al Congreso para que determinara si acaso pudieran caberles a los implicados responsabilidades políticas. De este modo –al igual que ocurría hasta entonces con los ejecutores directos del exterminio–, los responsables de la conducción económica quedaban en la impunidad. En síntesis, no es que no existieran hechos delictivos sino que no podían ser juzgados porque la acción penal estaba prescripta.

En el año 2000, cuando se dictó la sentencia, no existía ninguna resolución judicial que calificara a los crímenes cometidos por la dictadura como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Hoy la situación es radicalmente distinta. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida han sido anuladas por contrariar normas fundamentales del Derecho Internacional y de la Constitución Argentina, y la Corte Suprema ha declarado que los delitos cometidos durante y por la dictadura son imprescriptibles.

La Convención Internacional para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 –a la que la Argentina se adhirió mediante el Decreto-Ley 6286/1956 del 9 de abril de 1956– incluye como conductas sancionables el genocidio, la asociación para cometer genocidio y la complicidad en el genocidio, y dispone que serán castigados quienes lo cometan, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. En igual sentido, la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, incluido el genocidio, del 26 de noviembre de 1968 –aprobada por la Argentina el 23 de noviembre de 1995– dispone que se entenderán como responsables los representantes de la autoridad del Estado y los particulares que participen como autores o cómplices en su comisión. No existe por lo tanto obstáculo legal alguno para procesarlos y juzgarlos por su responsabilidad criminal en los distintos delitos económicos que se han reseñado. Pero además, y fundamentalmente, porque se asociaron para cometerlos con quienes por la fuerza tomaron el poder, implantaron el terror generalizado y destruyeron múltiples grupos sociales, sindicales, políticos, religiosos, culturales para cometer el genocidio. Son coautores del mismo.

¿Nos hemos de resignar a que queden impunes? Hasta ahora ni uno solo de estos responsables ha sido sometido a la Justicia. Les cabe una especial responsabilidad en este cometido al Gobierno nacional y al Ministerio Público, que deben impulsar la acción judicial. La mayor parte de los males que hoy padecemos tiene su origen en aquella época siniestra. No hay candidez en este planteo ni ignorancia de las fuerzas en pugna, sino la convicción de que una iniciativa de esta naturaleza –como la que tuvo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner cuando impulsó en el Parlamento la nulidad de las leyes de impunidad–, además de profundizar en la lucha por la Justicia, contará con el caluroso apoyo de vastos y mayoritarios sectores del pueblo argentino, aunque soliviante a los implicados y a distintos y poderosos grupos de presión. Como ha de ocurrir con toda medida que recupere para el patrimonio nacional las empresas y riquezas naturales que le fueron ilegalmente sustraídas.



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/2001/01-12/

SOCIALIZACION DE DEUDAS PRIVADAS POR MILES DE MILLONES
¡Oh no, lo hizo de nuevo!

Por tercera vez, Cavallo usa el corte del financiamiento externo y los temores populares para imponer una salida que concilie al capital trasnacional y a los mayores grupos económicos locales. El mismo decreto que encerró los depósitos permite pagar deudas bancarias a valor nominal con papeles que valen tres veces menos. Un regalo de casi 5.000 millones.

Por Horacio Verbitsky

Como en 1982 y 1991, el ministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a aprovechar el corte del financiamiento externo para proponer una salida que reconcilie los intereses del capital transnacional y los de los grupos económicos con alguna base en el país. Como entonces, vuelve a contar con que el miedo al apocalipsis paralice a los sectores populares, sobre cuyas espaldas se celebraron aquellos y se celebran estos acuerdos. Mientras a unos se les promete que no habrá devaluación, a los otros se les licuan las deudas, de modo que las absorba el resto de la sociedad. Los decretos de emergencia que Cavallo hizo firmar al estupefacto presidente Fernando de la Rúa propician una transferencia de ingresos de miles de millones de dólares a las empresas de capital más concentrado, en distintos sectores de la economía. De los primeros 50 deudores sólo seis tenían problemas de solvencia. Los restantes 44 son empresas con alta capacidad de pago, que tenían sus créditos al día. La licuación de esas deudas dispuesta por el gobierno nacional hace una semana implicará un subsidio a esas empresas próximo a los 5.000 millones de pesos, más de lo que el Estado calcula ahorrar con la reducción de intereses de la deuda pública y tanto como el superávit comercial que se obtiene a costa de una recesión sin precedentes en su duración y profundidad. En realidad el subsidio podrá ser hasta diez veces mayor, porque se extiende a la totalidad de los 70.000 millones de pesos en deudas bancarias, que se saldarán con un tercio. Claro, siempre que cada acreedor lo acepte, cosa que no será tan simple en el caso de los menos pesados. Esta prodigalidad explica el portazo en la cara del Fondo Monetario Internacional, cuando todavía no se ha acordado el canje de deuda pública con los prestamistas externos.

Los miedos

En 1982, al terror por las desapariciones, las torturas y los asesinatos clandestinos se sumó el efecto deprimente de la guerra perdida contra Gran Bretaña. La consecuencia de la Primera Aparición de Cavallo, como fugaz presidente del Banco Central en el último tramo de la dictadura militar, fue la estatización de la deuda privada, que pesa como rueda de molino colgada al cuello de toda la sociedad.
En 1991, al terror residual por las atrocidades de la dictadura se agregó el más fresco miedo a la hiperinflación, en cuyo desencadenamiento el propio Cavallo actuó como gatillo. Con el desguace del Estado resultante de su Segunda Aparición, como ministro de Economía de Carlos Menem, se consolidaron las asociaciones entre bancos acreedores, empresas transnacionales y grupos locales, que hicieron superganancias en pocos años. La crisis actual se debe, precisamente, a la ruptura de esa coalición y los mayores esfuerzos oficiales procuran recauchutarla. Las transnacionales que adquirieron las empresas prestadoras de servicios públicos pugnan por la dolarización que las aseguraría contra cualquier depreciación de sus activos. Los grupos económicos, que a partir de 1995 vendieron sus participaciones en esas empresas, presionan por una devaluación que valorice sus activos financieros colocados en el exterior y mejore la rentabilidad de las exportaciones primarias de los establecimientos en que invirtieron la parte no fugada de sus ganancias. Las marchas y contramarchas oficiales, con cambios diarios de orientación, responden a la dificultad para encontrar una fórmula que contemple ambos intereses contradictorios. En la pintoresca entrevista concedida el jueves al corresponsal del New York Times, Clifford Krauss, Cavallo dijo que la dolarización ya estaba en marcha y que los argentinos evitarían la devaluación eligiendo usar y gastar dólares en vez de pesos. “Si los argentinos lo deciden, se llegará virtualmente al uso de un 100 por ciento de dólares”, dijo. Como acto fallido, vale: cada día más el dólar es una moneda virtual en la Argentina. Pero la afirmación del ministro no puedetomarse en serio. Uno de los principales problemas de la economía argentina bajo su conducción es que no genera la cantidad suficiente de dólares genuinos para sostener el modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la fuga de capitales. Por eso, aun cuando un acto de magia borrara el stock acumulado de deuda, no podría funcionar sin nuevos préstamos del exterior o (como hoy ocurre) mediante una contracción brutal de la actividad que reduce esa demanda de divisas. Este año, por ejemplo, el comercio exterior arrojará un superávit próximo a los 5.000 millones de dólares, un saldo tan atractivo como incompatible con la reactivación que muchos dicen ansiar pero que las políticas oficiales no inducen.
En 2001, sobre el miedo a la represión y a la hiperinflación sedimenta otra capa geológica, el pánico al desempleo masivo y la indigencia irreparable. En los tres casos los miedos fueron racionales, basados en hechos tangibles, como las decenas de miles de detenidos-desaparecidos por la dictadura militar, los miles por ciento de inflación con que concluyó el anterior gobierno radical y los más de cinco millones de desocupados, subocupados y sobreocupados actuales. No puede decirse lo mismo de las salidas propuestas, que desde el punto de vista del interés colectivo de la sociedad son por completo irracionales.

Menú de conveniencias

Como en 1982 y 1991, Cavallo imaginó ahora un menú de conveniencias para los dos sectores hegemónicos, una vez más a expensas de los trabajadores y del resto de la sociedad. Cada sector busca maximizar su propio beneficio, sin haber logrado una síntesis política, de modo que el jefe de gabinete Chrystian Colombo se introduce en el laberinto de la denominada concertación (bendecida por la Iglesia y asistida por el delegado de las Naciones Unidas), sin haber alcanzado acuerdo alguno entre los actores reales. El Fondo Monetario Internacional, según revelación del ministro del Interior Ramón Mestre reclama para aflojar algún desembolso la aprobación del presupuesto 2002 (que el gobierno ni siquiera pudo enviar al Congreso con sus números reales dada la magnitud descomunal del ajuste que propicia) y la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, que consagrará una reducción de casi 10 millones de pesos por día en los ingresos de las provincias.
Bajo el asombroso nombre de Ley de Competitividad, Cavallo ya había ofrecido al sector financiero una suculenta expansión de sus negocios, con el uso obligatorio de cheques en todas las transacciones superiores a mil pesos. La otra ley que impuso como condición para sacrificarse por la Patria autorizó al Ejecutivo a modificar leyes por decreto. Hace poco más de un mes, el decreto 1387 invocó esas facultades para fijar las condiciones en las que se realizaría la denominada “reducción voluntaria del costo de la deuda pública”. Mientras se sigue negociando cuáles serán el mix entre devaluación y dolarización y la forma de imponerlo, la licuación de deudas privadas se derrama como un bálsamo sedante sobre los nervios de los grandes grupos económicos locales y las transnacionales productoras de bienes y servicios, entre ellas las privatizadas en la década anterior.

Licuación de deudas

La licuación había sido pedida en alta voz por el prohombre de la Patria Contratista Franco Macri, cuya seducción personal produce efectos tan notables con los ministros de economía como con las mujeres jóvenes. El artículo 1º del decreto 1387 modificó el Código Civil, de modo de favorecer la compensación de deudas entre las empresas y el Estado, un viejo reclamo del Correo Argentino, de Aeropuertos 2000 y de otras empresas privatizadas. El artículo 27 permitió a toda sociedad anónima capitalizar sus deudas con el fisco, entregando acciones en pago de impuestos. Esto implica al menos una postergación en el cobro de deudas por unos 15.000 millones. Los artículos 30 y 39 dispusieron que esas sociedades anónimas y todas aquellas que no adeuden impuestos a la AFIP podrán pagar sus deudas a todos los bancos con títulos públicos a valor técnico. A su vez, los bancos podrán convertir esos títulos en préstamos o bonos garantizados con recursos públicos, incluyendo todo tipo de tributos por su valor nominal. Es decir, se les permite comprar títulos a precios de mercado, que hoy ronda en el 35 por ciento de su valor, y descargarlos al cien por ciento al Estado. La licuación asciende así a dos tercios de las deudas bancarias, que es la diferencia entre el valor nominal y el de mercado de los títulos públicos. Este beneficio sólo se acordó a aquellas deudas bancarias “que se encuentren en situación 3,4,5 ó 6”, lo cual en septiembre de este año implicaba sólo al 11,3 por ciento de lo adeudado. Grandes estudios contables recibieron urgentes pedidos de algunos clientes de maquillar su contabilidad con fuertes pinceladas de colorete rojo, que les permitiera acogerse al nuevo régimen.
Las categorías 5 y 6 corresponden a Carteras Irrecuperables. Si se trata de créditos comerciales, los pagos han sido suspendidos luego de reiteradas refinanciaciones de capital e intereses, se ha decretado la quiebra o ésta ha sido solicitada por el propio cliente. En el caso de carteras hipotecarias de vivienda o consumo son aquellas en las que el atraso en los pagos supera el año. En la situación 6, además, el deudor tiene atrasos de más de 180 días en sus pagos a ex entidades financieras. La situación 4 se denomina también con Alto Riesgo de Insolvencia en la cartera comercial y de Difícil Recuperación en la hipotecaria. Se aplica al cliente con alto nivel de endeudamiento al que se ha solicitado la quiebra o la convocatoria de acreedores por obligaciones de al menos el 5 por ciento de su patrimonio. Ya ha refinanciado capital e intereses y el banco ha debido hacerle quitas de capital y aceptar bienes en parte de pago. En cartera hipotecaria, los atrasos del cliente van de los seis meses al año. La situación 3 también se llama Con Problemas, para la cartera comercial, y de Cumplimiento Deficiente, para la hipotecaria. Con un progresivo deterioro en su flujo de fondos, el cliente tiene problemas para atender normalmente sus compromisos. Paga los intereses pero refinancia una y otra vez el capital. Mantiene convenios judiciales y extrajudiciales homologados a vencer, de los cuales ha cancelado menos del 30 por ciento. En cartera hipotecaria, tiene atraso en sus pagos de entre tres y seis meses.
Hasta ahí, la disposición podía entenderse como un rescate de empresas en dificultades, de moderadas a gravísimas, y que sólo implicaba subsidiar con una quita del 66 por ciento uno de cada diez pesos adeudados. Pero hace una semana el decreto 1570 firmado el 1º de diciembre con el alegado propósito de frenar la corrida bancaria y encerrar todos los depósitos en un corralito que sirva como antesala del matadero, incluyó un artículo 6º, por completo ajeno al tema, que extiende el beneficio del decreto anterior a la totalidad de las deudas empresarias con el sistema financiero. Ese artículo excluye a los deudores en situación 3 de la automaticidad del beneficio, es decir que para licuar su deuda “deberán requerir la previa conformidad de la entidad acreedora”, lo cual devuelve a los bancos parte del arbitrio confiscado por la redacción anterior. Pero además extiende la misma posibilidad de socialización de pasivos a los deudores en situación 1 y 2, es decir a aquellos al día o con mínimos atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. La situación 1 o Normal, corresponde a los clientes que atienden en forma puntual sus compromisos y tienen alta capacidad de pago. Para la cartera hipotecaria, sus atrasos no superan el mes. La situación 2 también se denomina Con Riesgo Potencial en la cartera comercial o de Cumplimiento Inadecuado, en la hipotecaria. El cliente en esa categoría puede atender sus compromisos, pero su flujo de fondos tiende a deteriorarse. Presenta atrasos reducidos y ocasionales y cancela por lo menos el 30 por ciento de sus convenios judiciales y extrajudiciales. Si se trata de cartera de consumo y vivienda, sus atrasos oscilan entre el mes y los tres meses.
Hace un par de meses, los deudores comerciales en esta categoría fueron divididos en dos subsectores, como parte de un intento oficial por impedir el desplome de un gran número de ellos a la Situación 3, de la que la experiencia indica que muy pocos vuelven. El presidente del Banco Central, Roque Maccarrone, aceptó flexibilizar los requisitos, considerando que se trataba de créditos otorgados después del tequila, de acuerdo con las estrictas reglas Basilea y luego de considerar el análisis de dos calificadoras de riesgo distintas. La primera subcategoría es En Observación, es decir con atrasos de hasta 90 días. El banco debe previsionar el 3 o el 5 por ciento del crédito, según cuente o no con garantías preferidas. La segunda subcategoría es En Negociación o Con Acuerdos de Refinanciación. Comprende a los deudores que están negociando o ya alcanzaron acuerdos de refinanciación y a aquellos que antes de los dos meses de mora comunican su intención de refinanciar sus deudas.

Iguales sólo ante la ley

De este modo la posible licuación se extiende a la totalidad de los 71,8 mil millones de pesos en deudas bancarias, de los cuales dos terceras partes en cartera comercial y un tercio en hipotecaria. La extensión del beneficio a todas las deudas se obtuvo invocando por cierto la sacrosanta igualdad ante la ley. La nómina de los primeros cincuenta deudores privados no financieros, tal como la registró el Banco Central en septiembre, es impresionante. Sólo cinco de ellos tenían deudas en categoría 4, o Alto Riesgo de Insolvencia (Correo Argentino, Compañía General de Combustibles [Soldati], Yoma, Victorio Gualtieri y Productos Sudamericanos SA). Uno tenía créditos en situación 2, o Riesgo Potencial (Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA). Los créditos de los 44 restantes estaban en Situación 1, es decir alta capacidad de pago y cumplimiento puntual. En la lista de quienes podían pagar pero recibieron el favor oficial figuran todos los nombres imaginables: Pérez Companc, Repsol, Telecom, Telefónica, Socma, Arcor, Coto, Aguas Argentinas, Siderar y Tecpetrol (de Techint), Pescarmona, Sideco, Acindar, CTI, las empresas editoras de los amistosos matutinos Clarín y La Nación, CTI, American Express, Iveco, Roche, AEC, Metrogas, Irsa, varias concesionarias de rutas y transportadoras de gas (ver aparte nómina completa). Sus principales acreedores eran los bancos de la Nación de la provincia de Buenos Aires, y los privados Río, Galicia, Francés, del Lavoro, HSBC, Citi, Boston, ING, todos de capitales estadounidenses y europeos, salvo el Galicia. Tampoco es de extrañar que la simultaneidad del default externo y la garantía estatal para la licuación de deudas privadas con el sistema bancario haya provocado la seca respuesta del Fondo Monetario Internacional. Los acreedores externos no constituyen un sector al que pueda hacerse a un lado sin dificultad.

Caso por caso

La conformidad del banco acreedor requerida por el decreto, abre la vía a la negociación caso por caso e incluye en el jubileo al sector financiero. El poder de veto conferido al banco en el caso de los créditos en mejor situación insta a los acuerdos privados entre deudores y acreedores, según la ley de la calle: “Te acepto los títulos si me das un porcentaje de tu ganancia”. La relación de fuerzas en cada caso determinará qué parte del 70 por ciento licuado mejorará la rentabilidad de la empresa o la del banco. Un límite claro para este mecanismo es la necesidad de los bancos de conservar liquidez, por lo que no les conviene resignar el dinero líquido que pueden recibir de sus mejores deudores, a cambio de préstamos o bonos garantizados. Pero un ingrediente adicional a la negociación es que los grandes deudores del sistema financiero son al mismo tiempo sus mayores depositantes, de modo que podrán mantener sus depósitos a cambio de un mayor puntaje en la licuación de sus deudas. Lo único seguro es que así como la socialización de la deuda externa hace dos décadas y el remate a precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas hace una, este clavo vuelve a hundirse en la sufrida carne del pueblo argentino. Y una triste constatación: aunque lo estábamos mirando, el muy canalla lo hizo de nuevo.



http://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-09/pag11.htm

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