PREOCUPADOS POR LA SEGURIDAD... LA TV, EL EJE Y LA ESQUIZOFRENIA

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Lunes, 08 de Diciembre de 2008
EL PAIS › OPINION

El balance que faltará


Por Eduardo Aliverti

Debe hacerse un esfuerzo bastante grande para encontrar noticias más desconectadas entre sí que el fallo de la Corte contrario a la liberación de menores y el despido de Romina Picolotti. Sin embargo, hay un conector. Simbólico, si se quiere. Pero conector al fin.

La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.

La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia? Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito.

Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada.

La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha. ¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.

En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.

Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura. Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.

La democracia cumple un aniversario de esos redondos. 25. Habrá balances de cualquier tipo y factor, pero téngase la absoluta seguridad de que faltará uno: el de los medios de comunicación respecto de sí mismos.



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VER VIDEO: CLAUDIO MORGADO


http://www.youtube.com/watch?v=DOHw1Ps0Y0s

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TEMA DEL DOMINGO: MENORES Y DELITO

"Arreglar los Institutos de menores no da réditos políticos"


Carmen Argibay, ministra de la Corte, dice que no se hace nada para alejar del delito a los chicos. Reclama una ley para menores de 18 años. Y pide un plan al Gobierno. Su enojo con los medios.


Gerardo Young.
gyoung@clarin.com


La ministra Carmen Argibay, encargada en la Corte Suprema de Justicia de los asuntos de infancia, es la voz más autorizada del Poder Judicial sobre el drama de la violencia juvenil. Desde siempre enemiga de bajar la edad de imputabilidad de los menores -"no sirve para nada"-, la semana pasada sorprendió al declarar que los chicos detenidos en institutos pueden ser blancos móviles si se los devuelve a la calle. Fue en respuesta a las críticas que recibió un fallo de la propia Corte, que el martes impidió la liberación de un grupo de chicos de entre 14 y 16 años detenidos en uno de los institutos de la ciudad de Buenos Aires. En una charla con Clarín, Argibay se explica y se enoja con los políticos y con los medios de comunicación, que según cree la han puesto en el centro de "un tema que se ha magnificado". Para empezar, responde a las críticas que cuestionaron a la Corte por haber aceptado como legítima la vieja Ley de minoridad, de 1980, que permite mantener en el encierro a los menores de 16 años.

El problema es que el Estado tiene una responsabilidad y no se puede anular una ley (la de 1980) sin poner otra en su lugar. Punto dos: el doctor Emilio García Mendez (el que hizo el planteo), que es legislador, tiene que molestar a sus colegas para que cambien la ley. Punto tres: cuando una ley ha sido convalidada por el Congreso, como en este caso, ya no es más una ley de la dictadura, es una ley de la democracia.

Un problema que se plantea es que cada jurisdicción tiene su manual sobre el tema. ¿No hace falta un sistema homogéneo?

Claro que nos gustaría que haya una ley única, como hay un Código Penal único. Así es como debe ser. El sistema penal con respecto a los menores debería ser aplicable exactamente igual en todas las provincias.

¿Que ley que le gustaría?

Yo tengo ideas, pero no soy legisladora. Y formo parte de un tribunal colegiado. Además, nosotros estamos acostumbrados a no trabajar en abstracto. Trabajamos en casos concretos, sobre leyes concretas. Nuestra misión es examinar lo que hacen los legisladores y el Poder Ejecutivo. Esa es nuestra tarea.

¿Ustedes conocen la realidad de los institutos de menores?

Yo conozco la realidad de los institutos. Fui secretaria de un Juzgado de menores, fui secretaria de un Juzgado de Sentencia, Tutelar de menores. He recorrido todos los institutos. Incluso después, siendo juez de la Cámara del Crimen. Ha sido hace muchos años, pero sigo en contacto con los que trabajan en el tema y no dejan de contarme. Yo sé lo que pasa. Sabemos que a los Institutos de menores hay que mejorarlos, cambiarlos, hacerlos de nuevo. Pero lo que pasa es que cuando no se puede cortar la cinta y tener la foto, nadie hace nada. Arreglar un Instituto no da rédito político.

En muchos casos los encierran en calabozos...

Es terrible, son como presos. Pero dónde los ponemos. Eso es lo que yo quiero, una ley penal juvenil o llámenla Susanita, como quieran. Quiero una ley que resuelva qué se hace cuando entran en conflicto con la ley penal los menores hasta los 18 años, que son niños de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos la imputabilidad fijada en 16 años para arriba, entonces de 16 a 18 van a tener que tener un régimen especial, y de 16 para abajo otro distinto. Yo no sé cuál es el régimen ideal o el Instituto ideal. Y quisiera que no tuviéramos chicos en conflicto con la ley penal, pero para eso tendríamos que tener un sistema de prevención de los organismos del Estado. Que empieza por la educación, por la alimentación, por darles un hogar como la gente, darles una atención como la gente. Cómo puede una criatura aprender a querer algo, si a él no lo quieren. Si uno se pone delante de un bebé y juega y le sonríe y le habla y lo atiende, ese bebe está estimulado y va a aprender. Si uno lo tiene sentado en la silla y lo único que el chico ve es una cara adusta que le mete la cuchara con el alimento y le limpia la boca así nomás y no le contesta las sonrisas o el llanto, no va a tener la misma formación y las mismas posibilidades. Desde chiquititos hay que atenderlos. Y eso es deber del Estado.

¿Eso es deber del Estado?

Está en la Convención de los Derechos del Niño y en la Constitución. Hay que hacer planes de inclusión social para los padres, darles vivienda, trabajo, educación, sistemas de salud, para que los niños no tengan el día de mañana problemas con la ley penal.

La reinserción es responsabilidad del Estado y tampoco se cumple.

Ese es el problema. Cuando nosotros decimos que la ley se tiene que cumplir, nos acusan de meternos a gobernar. Nosotros no queremos gobernar, lo que hacemos es decir que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Si no, que no se comprometa.

Y si no, tampoco puede exigir.

No puede exigir, evidentemente. Le voy a contar una historia. Cuando se firmaron en Naciones Unidas los Pactos Internacionales, en los años cincuenta, se tuvieron que firmar dos pactos diferentes, uno sobre derechos civiles y otro sobre derechos sociales. Los países occidentales se comprometieron a cumplir el Pacto de los derechos civiles: libertad de expresión, libertad para elegir, perfecto. Pero el otro pacto, el social, ese dijeron que no, no podemos hacerlo, dar trabajo o casa depende del libre mercado. El otro lado del mundo hizo al revés. Dijeron nosotros le vamos a dar la casa a todos y trabajo. Pero los comunistas no firmaron el pacto de los derechos civiles. Ahí era el partido el que decidía. Por esa razón, los dos Pactos salieron por separado: por un lado los derechos civiles y por otro los sociales. Pero nosotros, Argentina, firmamos los dos Pactos. Y están en la Constitución. Entonces: si no vamos a cumplirlos, ¿para qué los firmamos?

¿Cómo ve a la sociedad parada frente a esto? ¿Por qué habló de una sociedad esquizofrénica?

Porque tenemos una sociedad que es esquizofrénica. La sociedad está queriendo cada vez más matar a todo el mundo, en vez de incluir. Y el periodismo está fomentando todo esto.

¿Se refiere a la cobertura del crimen del ingeniero Barrenechea?

Ese es uno de los temas que más me tiene precoupada. Veamos ese caso. ¿Cuántos eran? Parece que eran cien mil. ¿Todos estaban metidos? Que Brian, que Kitu, que el otro. yo ya perdí la cuenta, ya llevo como cinco o seis detenidos. Tengo la sensación de que hay alguno de más. Punto dos: a Kitu ¿quién lo encuentra? Sus vecinos. La policía no lo encuentra. Y sus vecinos lo entregan. ¿Qué pasa?

¿Pregunta para quién trabaja?

¿Para quién trabaja este pibe? Si la policía no lo encuentra, es porque lo está protegiendo. Y si lo está protegiendo, es por algo. Dos más dos son cuatro. Todavía no han logrado convencerme que son tres. Si la policía lo protege y el pibe sale a robar y no se hace rico, para quién trabaja. Los cafishios de los pibes son los que lo mandan a robar. Y los explotan porque saben que son menores y aún con esta espantosa ley, los menores tienen ciertas ventajas.

Usted culpa al periodismo, pero los medios muchas veces se hacen eco de lo que dicen los funcionarios. El ministro Carlos Stornelli (de Seguridad bonaerense) se refirió a uno de los sospechosos del crimen de Barrenecha como un "peligrosísimo delincuente"

Sí, es un lenguaje absolutamente inadecuado y me extraña que lo use el ministro Stornelli, que es un hombre que proviene del Poder Judicial. Porque nosotros llamamos delincuente a una persona que ha sido condenada. No por los medios, sino en un juicio.

¿Cree que hay mucha condena en los medios?

Hay muchísima condena en los medios. Es terrible. Y además fogonean. Y entonces la gente dice porque yo lo vi en los diarios, porque yo lo vi en televisión...

Quizás esa "condena" responda a la poca condena que hay en la Justicia. ¿No hace un poco de autocrítica?

Nosotros en el fallo (del martes pasado) hemos dicho: al Poder Ejecutivo que se ocupe de los institutos, a los legisladores que legislen y a los jueces de menores que controlen.

Pero los jueces no van a las cárceles.

Los jueces de menores van y los defensores de menores van mucho y se preocupan. ¡Y cómo! Claro que hay algunos que no, pero la mayoría sí se ocupa. La Defensora general ha llamado la atención de algunos. Yo recibo todos los meses infomes de los defensores de menores sobre lo que ven en las cárceles. Pero ojalá pudiéramos hacer las cosas más rápido. Y tener imaginación para poner a estos chicos en una situación de protección, pero que no tengan que estar encerrados. De repente, en una familia hay problema con uno de los chicos, al que los padres no pueden manejar. Pero de repente hay un tío que sí lo puede manejar, por sintonía o por lo que fuera. ¿Por qué no se lo podemos entregar al tío? Eso pasa en cualquier familia. Yo tengo una familia muy larga y de repente uno se siente mejor con uno que con otro. Entonces por qué se lo voy a dar a los padres si no lo pueden manejar y el tío lo quiere y lo puede manejar. Los jueces pueden hacer eso, pero a veces no se animan. Porque está la crítica, que los padres son sagrados, etc.

A qué se refirió cuando la semana pasada dijo que los chicos de los institutos corrían peligro si eran liberados? Habló de gatillo fácil.

¿Acaso no hay gatillo fácil? Todo el mundo lo sabe. Y gatillo fácil es la policía...

¿Infiere que casi todos estos chicos trabajan para la policía?

Yo infiero que casi todos estos pibes están marcados por la policía. Unos trabajan para la policía y los protegerán hasta el día que el pibe abra la boca y ahí lo matan. Hay que sacarlos del barrio, usar algún sistema tipo testigo protegido, cambiarles el nombre..

Pero acordar eso es imposible si los jueces no tienen una buena relación con el Ejecutivo.

Exactamente. Y si el Poder Ejecutivo no tiene un buen programa. Pero la pregunta es: ¿quiere el Ejecutivo tener un buen programa para los chicos que declaran en contra de la policía que depende del Poder Ejecutivo?

http://www.clarin.com/suplementos/zona/2008/12/07/z-01817602.htm

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Lunes, 08 de Diciembre de 2008
MITOLOGIAS › LA PAGINA DE ANALISIS DE DISCURSOS
El eje y la esquizofrenia

El eco sordo que dejaron las palabras de la jueza Carmen Argibay para explicar el fallo de la Corte sobre los chicos en conflicto con la ley penal.

Por Sandra Russo

La jueza Carmen Argibay habló fuerte la semana pasada. Su explicación sobre el fallo que evitó la libertad de sesenta chicos detenidos en institutos rasgó el telón del Truman Show. Bajo los efectos narcóticos del relato que tejen los medios y las declaraciones públicas de funcionarios del área de seguridad, e incluso bajo los efectos del otro relato, el alternativo, el que aborrece y denuncia las condiciones en las que están detenidos los chicos en conflicto con la ley penal, la medida de la Corte fue un baldazo de agua helada. Y Argibay, lejos de ponerles acondicionador a sus palabras, las erizó: habló de gatillo fácil, esbozó una vida real más allá del telón de la obra que representamos todo el tiempo como comunicadores o multiplicadores de un diagnóstico sobre seguridad.
“Esos chicos están marcados”, dijo.
“Si no vamos a cumplir los pactos internacionales sobre derechos civiles y derechos sociales, ¿para qué los firmamos?”, dijo.
“Si la policía protege a un pibe, el pibe sale a robar y no se hace rico, ¿para quién trabaja?”, dijo.
“El día que el pibe abre la boca, lo matan”, dijo.

Entonces lo que hay aquí es una jueza de la Corte Suprema de Justicia que no les pone acondicionador a sus palabras y que habla de una realidad que por un lado todos conocemos –¿o no? ¿O será que seguimos con el algo habrán hecho los pibes pobres? ¿O será que otra vez estamos en el limbo de no saber, de no sospechar, de lo ver lo que pasa acá enfrente?—, y por el otro negamos y encubrimos con vehemencia. “Es muy grave lo que dijo”, decía un analista de la televisión. “O sea que según la jueza hay gatillo fácil en la República Argentina”, decía otro, como si hubiera que anteponerle “república” a ese lugar en el que se tolera esta práctica: que la policía marca a los chicos con antecedentes, que los presiona para que salgan a robar para ella y les libera zonas para que operen, que los protege para que sigan actuando, y que si el chico quiere salirse de ese trato, lo matan.

La jueza Argibay corrió el eje del problema que tanto rédito les da a los grandes medios cuando lo abordan por otro lado. Cuando los crímenes que escandalizan en proporción al nivel socioeconómico de la víctima imponen el tema de la seguridad. Cuando los deudos de cualquier asesinado les regalan a las cámaras su desgarro, y las cámaras beben cada lágrima y ecualizan cada grito de dolor. Y entonces queda constituido un “nosotros” que somos los conductores del programa de televisión, sus espectadores, las víctimas de los asaltos, la policía, toda-la-gente-de-bien-que-quiere–vivir-en-paz y no puede porque están estos pibes, que son los nuevos malones que supimos conseguir.

Lo que está diciendo la jueza Argibay es que ese “nosotros” es falso, y que si lo aceptamos es porque somos esquizofrénicos. Porque está pasando lo que está pasando y no otra cosa, aunque lo diga la televisión. Porque es imposible que esos pibes salgan a la única escena que los espera y sobrevivan.

Y está diciendo que la policía extermina en silencio. Que hay un consentimiento, un equívoco social y discursivo que apaña a la policía, que la deja seguir exterminando en silencio. Tan brutal es lo que pasa, tan inenarrable es lo que se mantiene en silencio, que estamos cerca de hacer válida la pregunta que se hacían los españoles con los indios. Se preguntaban si tenían alma. Se preguntaban de qué orden eran esas criaturas tan distintas. ¿Los pibes pobres tienen alma? Si la respuesta es sí, lo lógico sería que pidamos justicia también para ellos, que hagamos marchas también para ellos, que nos duelan y nos arranquen sus muertes. Actuamos como si la respuesta fuera: no.




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Domingo, 7 de Diciembre de 2008 Hoy
EL PAIS

Progresismo



Por Horacio Verbitsky

Ni la doctora Carmen Argibay ni sus colegas de la Corte Suprema de Justicia han formulado denuncia alguna por la tremenda acusación con que la jueza justificó el fallo unánime que declaró constitucional el decreto de la dictadura que permite mantener a centenares de niños de cualquier edad privados de su libertad, sin proceso ni defensa, hayan cometido un delito o hayan sido víctimas de él. La fundadora de la asociación de mujeres juezas dijo que esos chicos estaban marcados y que si la Corte los dejaba en libertad iban a ser asesinados por el gatillo fácil policial. Mejor es que sigan en el instituto San Martín o en el Roca, vivos y al cuidado de la hija de detenidos-desaparecidos que dirigió uno y ahora dirige el otro.

La tradición argentina de ilegalidad consentida con sensibilidad y buenas intenciones llega así a extremos impensados. La Cámara de Casación había declarado inconstitucional ese decreto, dispuesto la libertad gradual de los chicos privados en forma ilegal de su libertad y otorgado plazo de un año al Congreso para sancionar un régimen ajustado a la Constitución y las Convenciones Internacionales. La Corte Suprema eliminó ese plazo, lo cual invita al Poder Legislativo a moverse con igual pragmatismo antijurídico que sus señorías. Otro miembro de la Corte, Raúl Zaffaroni, explicó con su habitual brillo académico en un reportaje para el Centro de Información del tribunal que “el régimen penal de niños y adolescentes que tenemos es inconstitucional”, es decir lo contrario a lo que firmó el día anterior. Como sospechaban quienes lo veían entrar y salir tan rápido de Tribunales, terminó por chocar consigo mismo. Lo único que falta es que en el fallo sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal cuya inminencia anunció Argibay, en lugar de la pena se establezca la internación médica compulsiva, por tiempo indeterminado, para proteger a esas pobres personas. ¿La sociedad es esquizofrénica?



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Miércoles de 3 de Diciembre de 200812:20 - POLITICA

Argibay dijo que dejar en libertad a menores los podría transformar en "blancos" del "gatillo fácil"

La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que eso se debe a que "están marcados".
En su defensa del fallo del máximo tribunal que se opuso a la libertad de menores de 16 años, sostuvo que "si los largamos sin averiguar dónde puede ir para estar seguros, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato".

La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay afirmó que dejar en libertad a menores delincuentes los podría transformar en "blancos móviles" del "gatillo fácil", porque "están marcados".Argibay defendió el fallo del tribunal que se opuso a la libertad de menores de 16 años implicados en causas penales, al sostener que "si los largamos sin averiguar dónde puede ir para estar seguros, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte".La ministra de la Corte hizo declaraciones al periodismo al término del acto celebrado esta mañana en la sede del máximo tribunal para la firma de un convenio cuyo objeto es la organización de un concurso de anteproyectos para la construcción de un nuevo edificio de la Morgue Judicial.En el acto también estuvieron presentes el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la jueza del tribunal Elena Highton, el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Daniel Silberfaden y autoridades del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, entre otros.Argibay fue consultada sobre la sentencia de ayer de la Corte que, al revocar una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, impidió que recuperaran la libertad alrededor de 60 menores en el Instituto San Martín.

La Corte consideró que la ley 22.278, en cuanto regula los casos de los menores no punibles, está en pugna con los derechos especiales que tienen los niños, ya que "los menores son privados de su libertad bajo calificaciones tales como ’dispuestos’, ’internados’, ’reeducados’ o ’sujetos de medidas cautelares’".

Por eso, el máximo tribunal requirió al Poder Legislativo que "en un plazo razonable" adecue las normas locales a las de los tratados internaciones sobre protección de los derechos de los niños."No podemos largar a los chicos a la calle sin averiguar qué pasa porque, sino, estamos ofreciendo blancos móviles", agregó esta mañana Argibay.

"Hay una cosa que yo creo todavía no se terminó en la Argentina desgraciadamente: que es el gatillo fácil y estos chicos están marcados. No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo", expuso la juez.

Argibay opinó que "la sociedad" es "esquizofrénica" cuando, por un lado organiza dos marchas en la localidad bonaerense de San Isidro, una para reclamar justicia contra los sospechosos del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea y otra por la inocencia de uno de los menores detenidos.

La magistrada recordó que la Constitución Nacional "dice que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", pero "eso no se demuestra en los canales de televisión, ni en las marchas, ni en los diarios ni en ninguna parte más que en un juicio".Para la ministra de la Corte, bajar la edad de imputabilidad o subir las penas "no sirve para nada", ya que "cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones, peor va a ser la vida social".

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=127056&id=265090&dis=1&sec=2

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Sobre la imputabilidad
La jueza Argibay pide protección para los chicos porque penalizarlos "no sirve para nada"

La jueza sostiene que la sociedad argentina es "esquizofrénica"

07-12-2008 / "Los jueces tenemos que tener más imaginación para hacer que los chicos estén protegidos", dijo la jueza de la Corte Suprema quien agregó que "no se hace nada" para alejar del delito a los chicos. Reclama una ley para menores de 18 años.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay aseguró que los institutos de menores deben cambiar, pero que no hay mejoras por cuestiones políticas. "Sabemos que a los Institutos de menores hay que mejorarlos, cambiarlos, hacerlos de nuevo. Pero lo que pasa es que cuando no se puede cortar la cinta y tener la foto, nadie hace nada. Arreglar un Instituto no da rédito político", aseguró.

Incisiva y firme en sus palabras, Argibay afirma que la sociedad es esquizofrénica. "La sociedad está queriendo cada vez más matar a todo el mundo, en vez de incluir. Y el periodismo está fomentando todo esto", sostuvo. .

En una charla con el diario Clarín, Argibay se enojó con los políticos y con los medios de comunicación porque, según cree, la han puesto en el centro de "un tema que se ha magnificado".

En materia de minoridad explica: "Nos gustaría que haya una ley única, como hay un Código Penal único. Así es como debe ser. El sistema penal con respecto a los menores debería ser aplicable exactamente igual en todas las provincias". Comentó que la misión de la Corte es examinar lo que hacen los legisladores y el Poder Ejecutivo, no crear leyes.

Nuevamente afirmó que está en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores porque "no sirve para nada".

Señaló que para evitar que los chicos sean tratados como presos hay que hacer planes de inclusión social para los padres, darles vivienda, trabajo, educación, sistemas de salud, para que los niños no tengan el día de mañana problemas con la ley penal.

"Nosotros no queremos gobernar, lo que hacemos es decir que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Si no, que no se comprometa", indicó.

http://www.elargentino.com/nota-19073-La-jueza-Argibay-pide-proteccion-para-los-chicos-porque-penalizarlos-no-sirve-para-nada.html