También atacó a la prensa Luis D'Elía advierte sobre un "golpe blanco" Conozca la hipótesis del piquetero sobre el plan que preparan antes de fin de año sectores "conservadores y de derecha" para "instalar a Cobos en la Presidencia"
El líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D´Elía, advirtió sobre la posibilidad de un "golpe blanco mediático". Fue ayer, durante un encuentro con organizaciones sociales en Rosario. El dirigente piquetero habló de un poder "conservador y de derecha" integrado por banqueros, patronales del campo y dueños de medios de comunicación presuntamente dispuestos a desestabilizar al Gobierno Nacional.
"El proceso golpista de Honduras es una prueba de fuego; si les sale bien, el turno que sigue es la Argentina", indicó D'Elía. "Las élites dominantes van a intentar antes de fin de año generar una escalada de precios y desabastecimiento, van a intentar destrozar a Kirchner en los medios y, con los esbirros de siempre, van a intentar agitar el conflicto social y financiarlo", agregó más tarde frente un auditorio repleto.
En otra fragmento, sostuvo que "vienen, no por Néstor o por Cristina, vienen por lo trabajadores y los pobres, vienen para abortar por este proceso de cambio".
¿Felipe Sola no tendría que denunciar a esos sectores destituyentes?
http://www.youtube.com/watch?v=BlbV03DUXDY
¿Ahora, que significa: “hay sectores destituyentes pero no pueden destituir”, por lo tanto pidió no “sobreactuar la alarma”?
Entrevista con Tres Poderes Felipe Sola: Scioli " hizo un gestito de independencia" yendo a la Rural
CAPITAL FEDERAL, Julio 26 (Agencia NOVA) En entrevista con el programa “Tres Poderes”, que se emite por América TV los domingos a las 21.30, el diputado nacional electo por Unión-PRO, Felipe Solá, se refirió a la reunión de su espacio político con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y sobre el futuro del mapa político de la Argentina con el llamado al diálogo político y la situación del campo.
De la reunión con Randazzo, en el marco de la convocatoria al diálogo político que hizo el Gobierno nacional, Solá admitió que el saludo con su ex funcionario “fue frío” pero que “no le tiene bronca”, y que cuando se retiró de la Casa de Gobierno estuvo “más cálido”. Además reveló que durante la conversación le pidió que implemente el voto electrónico y elimine las listas sábanas.
Otro de los reclamos que hizo el ex mandatario bonaerense fue sobre el recuento de los votos de la última elección –suspendidos por la Gripe A- porque manifestó que tienen “mesas con cero” en ciertos barrios del conurbano, lo cual para Solá significa que hubo “trampa”, en alusión al fraude.
Sobre el futuro del espacio Unión-PRO en el Congreso de la Nación, el diputado electo puntualizó que “creo que hay que hacer un trabajo de unidad con otros peronistas no kirchneristas que nos lleven a un bloque donde haya 30 peronistas o más y el PRO, y eso puede ser un interbloque posterior”. De esta forma confirmó que está pensando en armar un bloque peronista y que exista otro del PRO con el cual “hacer un interbloque” ya que la unión de esos sectores los alejaría de partidos de la oposición menos afines al macrismo a la hora de arribar a consensos.
Consultado sobre el futuro de la gobernabilidad, Solá admitió que “hay una responsabilidad de la oposición” en cuanto a la gobernabilidad y que “hay sectores destituyentes pero no pueden destituir”, por lo tanto pidió no “sobreactuar la alarma”.
Sobre Daniel Scioli y su encuentro con el campo en la Rural, el ex gobernador bonaerense respondió que “ir a la rural no es nada del otro mundo” y que Scioli sólo “hizo un gestito de independencia”. A la vez que advirtió la necesidad de que se bajen las retenciones al maíz porque sino se va a “sojizar todo” y que “la decisión hay que tomarla ahora” porque con el Trigo “el Gobierno no tomó una decisión a tiempo”.
Al finalizar la entrevista, Solá aprovechó las cámaras para manifestar sus coincidencias con Luis D’Elía. “Estoy bastante de acuerdo con algunos planteos de Luis de D’Elia” admitió y recordó que él también fue maltratado por Kirchner a la vez que evocó que los movimientos sociales como el que encabeza el ex piquetero “nos salvaron de ciertas hecatombes” en la provincia de Buenos Aires durante la crisis del 2001. (www.agencianova.com)
VER NOTA: Por Domingo Cavallo jefe de gobierno Hay que convocar a Duhalde El 10 de diciembre de 2007 Cristina Kirchner asumió como Jefe de Estado pero no como Jefe de Gobierno. Los sucesivos jefes de Gabinete tampoco jugaron el rol de jefes de Gobierno. En la práctica el jefe de Gobierno, es decir quien manejó a los ministros y adoptó el grueso de las decisiones fue Néstor Kirchner.
El 10 de diciembre de 2007 Cristina Kirchner asumió como Jefe de Estado pero no como Jefe de Gobierno. Los sucesivos jefes de Gabinete tampoco jugaron el rol de jefes de Gobierno. En la práctica el jefe de Gobierno, es decir quien manejó a los ministros y adoptó el grueso de las decisiones fue Néstor Kirchner. El 28 de junio pasado el pueblo desaprobó esa gestión de gobierno. Néstor Kirchner debe reconocer que ha fracasado como jefe de Gobierno de facto de su esposa y dar un completo paso al costado. Sólo así logrará salvar la Presidencia de Cristina y reparar, aunque sea en alguna medida, el enorme daño que le ha causado al pueblo y a las instituciones de la Argentina.
Cristina Kirchner debe continuar siendo jefe de Estado hasta el 10 de diciembre de 2011, pero es imprescindible que se constituya un nuevo Gobierno. Cristina Kirchner debe identificar a algún dirigente político en condiciones de conseguir las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso Nacional y encomendarle esa misión. Debe darle completa libertad para elegir y designar a todos los ministros y demás funcionarios ejecutivos, salvo aquellos secretarios que dependen directamente de la Presidencia.
En mi opinión, el mejor candidato para jugar ese rol es Eduardo Duhalde, quien no puede escaparle al bulto porque es el principal responsable de que los Kirchner hayan llegado al poder. Si Eduardo Duhalde no logra suficiente apoyo en el Congreso Nacional como para formar un gobierno que consiga las mayorías necesarios, Cristina tendrá todavía a Roberto Lavagna y a Felipe Solá como alternativas. Ninguno de los dos debería negarse a intentar formar un nuevo gobierno, porque ambos jugaron roles de suficiente jerarquía durante la presidencia de los Kirchner como para sentirse comprometidos a prestarle un servicio a la patria en un momento tan difícil como éste.
Los cambios en el gabinete decididos por Cristina luego de la derrota electoral no significan la conformación de un nuevo gobierno. La impresión generalizada es que los ministros y secretarios designados siguen siendo títeres de Néstor Kirchner y no cuentan con apoyo suficiente en el Congreso de la Nación. Aún cuando tuvieran la inteligencia de descubrir cuáles son las soluciones a los problemas, no tendrán la credibilidad ni el respaldo necesario para implementarlas. Los problemas se agravarán día tras día y cada vez será más costoso encontrarles solución.
Mi propuesta no es para nada esotérica. Es la que emerge como la solución política más adecuada, teniendo en cuenta nuestro marco institucional y las circunstancias históricas que estamos viviendo. De paso, una actitud de este tipo de parte de Cristina, obligaría también a Julio Cobos a cumplir plenamente con su corresponsabilidad como vicepresidente, desalentando a aquellos que quieren verlo ahora reemplazando a Cristina como jefe de Estado. Si no se avanza en una dirección como la que propongo, es muy probable que Cristina Kirchner encuentre crecientes dificultades para seguir cumpliendo con su responsabilidad como jefa de Estado. Una salida de ella por renuncia o por juicio político crearía un caldo de cultivo para que los grupos violentos que han venido defendiendo sus políticas terminen también desestabilizando a Julio Cobos si acepta asumir para cumplir con el mandato que el pueblo le dio a Cristina en las elecciones del 2007.
La gravedad de la crisis económica y social por la que atraviesa Argentina exige que los principales actores políticos contribuyan a la formación de un gobierno que pueda adoptar decisiones difíciles pero imprescindibles.Todos los que estuvieron aliados con los Kirchner o le brindaron su apoyo en algún momento, tienen la responsabilidad de ayudar a Cristina a formar un nuevo gobierno. Quienes han estado en la oposición, deben trabajar con responsabilidad para ofrecer una alternativa superadora a partir del 10 de diciembre de 2011. Si se trastocan los papeles y la oposición termina haciéndose cargo del gobierno a mitad de mandato de Cristina, lo más probable es que la política argentina se transforme en un pandemonio.
El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue denunciado ante la Justicia por el presunto delito de “estafa” por la supuesta manipulación de las cifras del Indec, que podrían generar “juicios ante el CIADI por parte de tenedores de bonos de la deuda externa nacional”.
La presentación fue radicada ante la Cámara Federal por el abogado Enrique Piragini, presidente del Partido del Campo Popular, que compitió en las últimas elecciones con escasos resultados.
“Tal como reconociera el actual Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, todo lo que hace el Secretario denunciado responde a órdenes expresa de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien de tal modo sería instigadora y cómplice del accionar delictivo de Moreno”, expresa la presentación.
“Los datos informados por el Indec no traducen la realidad de la economía y generan una gravísima distorsión en los mercados nacional e internacional, gravitando perjudicialmente en todos los tenedores de bonos que deben ajustarse por el índice inflacionario”, sostiene la denuncia.
La manipulación de cifras que afecta a los bonos de deuda, añade la presentación, "provocará una andanada de juicios contra la Argentina y seguramente resultará perdidoso nuestro país a resultas de la grosera manipulación mencionada”.
“Se solicita el sinceramiento de los informes elaborados y emitidos por el INDEC pues la pérdida de confianza en nuestro país generará mayores trastornos. Sólo el apartamiento de dicho funcionario y su sustitución por otro idóneo y apegado a los métodos y sistemas legalmente aprobados corregiría el rumbo y adunaría a la gobernabilidad, dotando de transparencia a las cuentas públicas”, concluye la denuncia.
La presentación reivindica la capacidad de “funcionarias de carrera y reconocido prestigio como Clyde Trabuchi y Graciela Bevacqua”.
Cristina autorizó la creación de una red de televisiónPor decreto, se autoriza la creación de un canal estatal de noticias y otro de educación.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner autorizó al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) a crear un sistema de televisión satelital que permitirá llevar a todo el país las señales estatales, como Canal 7 y Encuentro, junto a otros nuevos canales culturales, educativos e informativos.
Uno de los principales déficits del gobierno es la comunicación de la gestión. La idea, surgida hace un año al calor del conflicto con el campo, es crear una serie de canales informativos que puedan llegar "a las personas y regiones menos desarrolladas del país”, en especial a aquellas que no tienen acceso a televisión abierta ni de cable.
El deseo de controlar la información queda en evidencia: "Los monopolios (...) de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos", reza el decreto 943/2009, firmado por la Presidente y por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y publicado ayer en el Boletín Oficial.
Mientras la nueva ley de radiodifusión sigue esperando su turno en el Congreso, este decreto autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos a transmitir a través del satélite AMC-6, ubicado en la longitud orbital 72º Oeste, informó el diario Crítica de la Argentina. La programación subirá al espacio desde una antena parabólica de la empresa ARSAT ubicada en el partido bonaerense de Benavídez.
El encargado de la programación será Tristán Bauer, quien hoy dirige Canal 7 y Radio Nacional. Entre las nuevas señales podría haber un canal de noticias, y otro de contenidos educativos. También se especula con un canal que emita películas nacionales, una versión infantil de Encuentro, y la señal latinoamericana impulsada por Chávez, Telesur.
La transmisión será libre y gratuita, no codificada, pero tendrá el costo operativo obligatorio de instalar la antena satelital, que aún no se estableció. En las zonas urbanas, los nuevos canales se podrán ver desde las señales de cables, aunque aún no se sabe en qué ubicaciones. Tampoco queda claro el presupuesto necesario para financiar el proyecto ni de dónde provendrán los fondos.
Publicidad oficial. Cristina firmó también otro decreto, el 948/2009, que concentra la pauta de todos los organismos públicos en la agencia estatal de noticias Telam.
--------------------- POLITCA “El Estado garantiza el acceso a los contenidos televisivos” El titular del COMFER, Gabriel Mariotto, consideró el lanzamiento del Sistema de Televisión Satelital Nacional como “una iniciativa muy importante” Además, dijo que “es una señal que mayormente no tiene grandes costos, es un ancho de banda satelital donde se suben diez señales y el ciudadano las va a recibir gratuitamente”.
El Sistema Nacional de Medios Públicos será el encargado de instalar y operar el sistema de televisión satelital nacional, que contará con un paquete de señales educativas, culturales e informativas, según el decreto 943/09 publicado ayer en el Boletín Oficial.
El titular del Comfer explicó que se podrá acceder al sistema a través de la compra de una antena y un decodificador, cuyo costo rondará los $150. Una vez adquirido ese dispositivo, el usuario tendrá acceso a “un paquete de diez señales, entre las que estarán Canal 7 y Canal Encuentro”, afirmó.
Se prevé que el paquete incluya contenidos deportivos, películas, producciones destinadas al público infantil, y transmisiones de otros Estados de América latina, adelantó Mariotto en declaraciones a Radio Continental.
“El Estado cumple un rol importante garantizando el acceso y la participación de la ciudadanía a señales que no se pueden retransimitir por aire, como es el caso de Canal Encuentro”, enfatizó.
Consultado respecto a los costos de implementación del proyecto, aseguró que “es una señal que mayormente no tiene grandes costos, es un ancho de banda satelital donde se suben diez señales y el ciudadano las va a recibir gratuitamente”.
Mariotto explicó que hay puntos del territorio nacional a donde no llega Canal 7, y esto está motivado en que la ley de Radiodifusión, que data de la última dictadura militar, impedía que la señal estatal llegara a donde había una privada.
“Esto fue suplido por un decreto del Dr. Eduardo Duhalde, pero faltan repetidoras”, dijo.
Autorízase al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Bs. As., 22/7/2009
VISTO el Expediente Número 1973/08 del registro del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION, las leyes Nº 19.798 y Nº 22.285 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 281/81 y 94/01 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente citado en el Visto tramita el pedido efectuado por el titular del SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. tendiente a obtener una autorización para la instalación y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas con el objeto de permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que los aspectos técnicos de la solicitud incoada por el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. han sido evaluados por la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, en tanto es el organismo competente para ello.
Que de la evaluación efectuada por la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES resulta que: a) El examen técnico respecto de los elementos radioeléctricos que conformarían el sistema no presentan objeciones; b) con relación a los equipos que generan las señales de radiodifusión, los mismos no forman parte del análisis del Area interviniente.; c) el satélite AMC- 6 (longitud orbital 72º Oeste) con el cual se distribuirá la programación, está autorizado por Resolución SC Nº 71/2008 como mejora solicitada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) al Sistema Satelital Argentino Nahuel; d) resultan de aceptación las características técnicas del satélite, los diagramas de cobertura y los cálculos de enlaces; e) respecto a la estación terrena, con la cual se proyecta subir la programación al citado satélite a través de una antena parabólica localizada en el Telepuerto de la empresa ARSAT en la localidad de BENAVIDEZ, provincia de BUENOS AIRES, la misma debe cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de la misma en la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes.
Que la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES mediante nota Nº 44- NOTCNC/2009 ha expresado que de la evaluación técnica del proyecto presentado no existen observaciones que formular, siendo por lo tanto procedente la solicitud realizada, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente.
Que el organismo técnico prenotado expresa que una vez que se habilite lo solicitado, el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. deberá cumplimentar lo establecido en el punto e) del informe técnico, relativo a la autorización de la antena parabólica.
Que a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida es necesario considerar en primer lugar los derechos de índole constitucional y supraconstitucional que se encuentran en juego en este tema.
Que conforme los artículos 14, 32 y 42 de la CONSTITUCION NACIONAL los ciudadanos gozan de los derechos a publicar sus ideas, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, los que alcanzan, a todos los medios de comunicación social, entre ellos, a los servicios de radiodifusión, lo que exige, por parte del ESTADO NACIONAL, la implementación de las medidas que eliminen las limitaciones en orden al acceso a la información.
Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Que el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Que el artículo 19, numeral 2º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2 establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" establece en el apartado 1 del artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que los instrumentos internacionales antes mencionados poseen en nuestro país en las condiciones de su vigencia, jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, conforme lo indica el artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que estas normas fundamentales han sido interpretadas por diferentes entes supranacionales.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos emitió la "DECLARACION DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION" en la que, interpretando lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, señaló que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que en el punto 12 de la referida declaración, se expresa que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
Que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.
Que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
Que la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2002 pone de manifiesto la íntima relación entre el acceso a la información con otros derechos humanos, ya que contribuye a su efectivo ejercicio: "En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar la gestión pública, no sólo por medio de una constatación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión". (Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002. Capítulo IV. Libertad de Expresión y Pobreza. "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres". Puntos 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. www.cidh.org).
Que en la Opinión Consultiva Nº 5/85, la Corte Interamericana sostiene que el "concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La ‘libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse". (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que en su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85. Considerando Nº 32).
Que así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos Instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas (Considerando Nº 34 – Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que de todos los instrumentos internacionales citados, así como de las normas interpretativas que los complementan, surge la idea de que la libertad de recibir todo tipo de información e ideas funciona como contrapartida de la libertad de difundir a través de los medios de comunicación social.
Que dicha libertad resguarda la autonomía de las personas y al mismo tiempo asegura el funcionamiento de la democracia, garantizando el libre intercambio de ideas en el ámbito público.
Que resulta necesario señalar la dimensión social de la libertad de expresión, considerada como un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Que desde esta perspectiva, la libertad de expresión se encuentra relacionada con el derecho de toda la sociedad de recibir tales ideas e informaciones, derecho colectivo en virtud del cual la comunidad toda tiene la facultad de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Que a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 se reconocen los derechos a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condición de tales.
Que el reconocimiento del derecho a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e institucionalmente las facultades propias de quienes perciben o reconocen los datos o noticias.
Que es posible hablar de un "derecho al conocimiento y a la participación" del individuo en la sociedad.
Que el sujeto informado debe contar con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que quiere informarse.
Que esta característica, que podría denominarse derecho al pluralismo informativo, es la efectiva garantía de la recepción de una información participativa y pluralista.
Que los derechos constitucionales invocados son razón suficiente para proveer todas las medidas tendientes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a televisión abierta, sobre todo en materia de contenidos educativos, culturales e informativos permitiendo el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, enderezados a obtener información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno.
Que la autorización requerida por el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. resulta claramente orientada a dar cumplimiento efectivo por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar a la totalidad de la población el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la CONSTITUCION NACIONAL y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, de los cuales la libertad de expresión, y el derecho a la información constituyen ejes sistémicos.
Que pesa en cabeza de los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —y por ende, en sus órganos y entes— el adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Que resulta necesario favorecer iniciativas que tiendan a mejorar el acceso a la educación en particular y a la información en general.
Que la Ley Nº 22.285 establece en su artículo 35 que, con carácter prioritario, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) deberá: a) Proporcionar a los destinatarios del servicio la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la Nación; b) Difundir, en consecuencia, aquellas expresiones de elevada jerarquía estética que satisfagan las necesidades culturales de la población; c) Asegurar el intercambio cultural entre las distintas regiones del país; d) Informar a la población acerca de los actos de gobierno;: e) Difundir la actividad nacional al exterior; f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza primaria, media, técnica y superior y, asimismo, emitir programas especiales para discapacitados.
Que hacer lugar a lo solicitado permitirá desarrollar estrategias que posibiliten compensar las desigualdades sociales, de género y regionales existentes, con el objeto de efectuar una genuina equiparación de las posibilidades educativas, sosteniendo el principio de educación para toda la vida sin discriminación de ninguna índole.
Que la utilización de las nuevas tecnologías y de los medios masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una distribución más democrática del saber.
Que las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. se orientan específicamente a difundir los valores que promueve el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión.
Que la Ley Nº 22.285, en su artículo 8 establece que: "Los servicios de radiodifusión serán prestados por: a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión, adjudicadas de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por esta ley; b) El Estado Nacional, los estados provinciales o las municipalidades, en los casos especialmente previstos por esta ley".
Que el artículo 33 de la Ley de Radiodifusión dispone cómo se integrará el Servicio Oficial de Radiodifusión, en cuya cabeza se encuentra el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. : a) Una red básica integrada, como máximo: 1. En la Capital Federal: por UNA (1) estación de radiodifusión; sonora y UNA (1) de televisión; 2. En cada provincia y en el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: por UNA (1) estación de radiodifusión sonora; 3. En las localizaciones que determine el Poder Ejecutivo Nacional, ubicadas en el interior del país, por repetidoras de la estación de televisión de la Capital Federal. c) Por un conjunto de estaciones de radiodifusión y de repetidoras que funcionarán subsidiariamente respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional, solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada, por su baja densidad demográfica o escaso interés comercial.
Que conforme lo señalan Schifer y Porto en la obra "Radiodifusión: Marco Regulatorio" (Editorial El Derecho, 2006) este artículo en su redacción original adoptaba el criterio de la subsidiariedad en forma taxativa.
Que el principio de subsidiariedad, fue modificado por el Decreto Nº 2368/02, con lo que el Servicio Oficial de Radiodifusión está en condiciones de ampliarse de manera significativa.
Que entre los considerandos del decreto citado ut supra, se señala que resulta conveniente implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre las distintas ciudades emplazadas en el territorio de las provincias que integran la República Argentina y su Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas.
Que pese a la importancia del servicio de radiodifusión en una democracia, nuestro sistema se mantiene regulado por una ley sancionada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en 1980, a la que obviamente se le introdujeron modificaciones para adecuarla a los tiempos.
Que en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S. 2002/05/28 - "T.V. Resistencia S.A. c/ T.V. Canal 11 de Formosa") en donde, si bien se declaró inadmisible el recurso extraordinario por tratarse de una cuestión de hecho, el Doctor Moliné O’Connor, adentrándose en la cuestión en análisis, en el considerando 6) de su voto dijo "Que ni de los términos del art. 10 de la ley citada (22.285), ni de su Exposición de Motivos, surge una prohibición legal expresa que avale la postura de la recurrente. En efecto, el principio de subsidiariedad o suplencia que la ley asigna a la función estatal en la materia, no conlleva la exclusión de esa actividad en concurrencia con la de los particulares, de modo que autorice a calificar de inconstitucional al Decreto 462/81 por contrariar lo dispuesto en una norma de rango superior, en orden a las concretas circunstancias de la causa".
Que asimismo el Doctor Fayt en su voto sostuvo al respecto que: "En efecto, el Estado está obligado a proveer el servicio de radiodifusión cuando no lo preste la actividad privada, pero no está obligado a no proveerlo en caso contrario. En realidad, nada impide que el Estado provea un servicio que coexista con el que brinda la actividad privada. Es decir; el principio de subsidiariedad no implica exclusividad. Así resulta del contexto de la Ley 22.285 y de la lectura de su Exposición de Motivos donde se afirma, por ejemplo, que "…se consagran las modalidades de prestación prealudidas: Particulares por un lado y el Estado Nacional por el otro sin que, necesariamente se comporten de manera competitiva... ...Que, desde tal punto de vista, y en lo que aquí interesa, no se advierte que lo autorizado por el decreto cuestionado (o sea, la instalación de una repetidora estatal, donde ya existía una privada), hubiera violado el referido principio de subsidiariedad." (LA LEY - T 2002- E – págs. 174/177).
Que la posibilidad de publicar y difundir las ideas resultaría un postulado meramente dogmático si el Estado impidiese que los particulares accedieren a ser titulares de frecuencias radiales o televisivas. De la misma forma la posibilidad de buscar y recibir información sería tan sólo un postulado vacío de contenido si el Estado abdicase de permitir que todos los ciudadanos accediesen a los medios de comunicación pública.
Que la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos de calidad alternativos a los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía.
Que el rol subsidiario del Estado en el desarrollo del servicio de radiodifusión implementado por la dictadura militar debe ceder a un rol activo de aquél, asegurándose así la posibilidad de que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas, en los que los contenidos sean generados no para obtener el beneficio económico (fin lícito y último de una sociedad anónima) sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos que desarrollen el espíritu crítico de los ciudadanos.
Que el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. fue creado por el Decreto Nº 94 del 25 de enero de 2001 y sus modificatorios, con el objetivo, entre otros, de reunir en una sola cabeza todos los servicios a cargo del Estado Nacional que estuvieren estrechamente relacionados con los medios de comunicación social, dejando abierta la posibilidad de agregar aquellos medios electrónicos ya creados o que pudieren crearse en el futuro y respecto de los cuales su prestación se torne irrenunciable, incorporando en una dirección y administración centralizada las funciones y cometidos de las emisoras integrantes del Servicio Oficial de Radiodifusión.
Que el artículo 4 del referido decreto establece que el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E., entonces en jurisdicción de la ex SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION, tendrá por objeto administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos que se le transfieren en el precitado instrumento normativo y aquellos que en el futuro le sean encomendados.
Que resulta necesario considerar el Estatuto Social de la Sociedad del Estado "Sistema Nacional de Medios Públicos", aprobado por el Anexo II del Decreto Nº 94/01.
Que en el artículo 5 del Anexo II del decreto referido, se establece que el Objeto Social de la referida Sociedad del Estado consistirá en la administración, operación y desarrollo de los medios y servicios de radiodifusión, periodísticos y de transmisión de contenidos, sirviendo de cabecera del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Que el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. está facultada entre otras competencias para: a) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de señales de televisión, por medio de la frecuencia LS82 TV CANAL 7, de conformidad con los objetivos establecidos por la legislación vigente, integrando el Servicio Oficial de Radiodifusión, mediante la producción, emisión y transporte de señales de televisión de diversa índole, por cualquier medio electrónico existente o que pudiere crearse en el futuro. b) Operar y explotar los servicios de radiodifusión sonora que allí se enumeran. c) Organizar y producir contenidos, eventos, programas, obras, espectáculos unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, educativa, o de interés general, y su distribución y comercialización, sea por medios gráficos, discográficos, cinematográficos, televisivos, radiofónicos, por Internet o por cualquier otro medio; existente o a crearse en el futuro, tanto para uso familiar como profesional. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer todos aquellos actos que no le resulten prohibidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, y por el Estatuto.
Que el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS S.E. tiene capacidad jurídica para instalar y operar el sistema de Televisión Satelital.
Que la medida resulta conducente para que dicho servicio obre como herramienta hacia una política de libre acceso a la información por parte de la población en situación de vulnerabilidad social, para acceder de forma libre a programación de alto contenido cultural, a contenidos específicamente educativos y a información sobre las medidas de gobierno que se adopten y, en definitiva, promover una mayor integración nacional y una mejor oferta, de conformidad con las garantías constitucionales mencionadas.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación expresó que no debe soslayarse que, en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las figuras jurídicas que escoja para la prestación del servicio (Dictámenes 239:592) y atento que tanto que se trata de emisiones de televisión destinadas a su recepción por parte del público en general, la misma corresponde que sea formalizada a través de un acto del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme surge de lo normado por los artículos 4º de la Ley Nº 19.798 y 3º de la Ley Nº 22.285 ha sido investido por el ordenamiento jurídico en carácter de único administrador del espectro radioeléctrico.
Que en efecto, el artículo 4º de la Ley Nº 19.798 establece: "Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional: a) Establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional; b) Autorizar o permitir a terceros, con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones; c) Fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones; d) Administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas; e) Fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional".
Que corresponde autorizar al SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. a la instalación y operación en territorio nacional de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas para permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la COMISION, NACIONAL DE COMUNICACIONES, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones.
Que el servicio jurídico del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION ha emitido el dictamen correspondiente.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias, el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 4º de la Ley Nº 19.798.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Autorízase al SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. para la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Art. 2º — Las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 22.285.
Art. 3º — El SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones del referido sistema de Televisión Satelital.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández.
POLÉMICA POR LA ASAMBLEA DE LA RURAL Desde los ultra K hasta De Narváez se unen en las críticas a los ruralistas El líder de Unión PRO admitió que las declaraciones del campo fueron "subidas de tono". La diputada K Diana Conti los calificó como un "generalato parecido a la última junta militar". Este viernes, Aníbal F. recibe a la Mesa de Enlace.
12:12 | 29.07.2009
Noche de brindis. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, festejan su encuentro de ayer con el jefe de La Rural, Hugo Biolcati. (DYN)
La asamblea de la Mesa de Enlace en la Rural del lunes pasado logró algo impensado: reunir en su rechazo desde los más ultrakirchneristas hasta los líderes de Unión Pro, Francisco de Narváez y Felipe Solá. Así, el Colorado opinó en sintonía con el ex gobernador bonaerense y consideró este miércoles que las expresiones de representantes del agro "fueron subidas de tono" y advirtió que las posiciones "descalificantes y agresivas" producen "un estado de ánimo de división".
"Me parece que no es el camino. Yo no voy a participar de ese tipo de actitudes. Por el contrario, las voy a remarcar como algo equivocado, sin perder un perder un centímetro de la firmeza con la cual tenemos que actuar", aseveró el dirigente bonaerense.
De esta forma, De Narváez se sumó a las declaraciones realizadas ayer por el también diputado electo por Unión-PRO Felipe Solá, quien consideró que los dirigentes de la Mesa de Enlace "se pasaron de rosca" con las afirmaciones que realizaron durante un acto.
Por otro lado, De Narváez afirmó que es "conciente" de que "parte del voto" que recibió su espacio político el 28 de junio fue "para representar las necesidades del campo" pero aseguró que "las formas y los procesos son los que hay que tener en una sociedad que tiene que salir del conflicto permanente".
CONTI CON LOS TAPONES DE PUNTA. En tanto, la diputada Diana Conti se sumó a su colega Edgardo Depetris y descalificó con dureza a los ruralistas. La legisladora ultra K rechazó de lleno la asamblea brindada el lunes en la que según manifestó se vieron “imágenes horribles” y las calificó como “un generalato que parecía la Junta Militar".
Las declaraciones del sector agropecuario también fueron cuestionadas por Conti y en este sentido, hizo especial énfasis en la postura del titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y lo contrastó con la actitud del jefe de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati.
"Yo sé como piensa Biolcati, pero lo de Eduardo Buzzi no lo puedo creer. No puedo creer de la defección de convicciones que hay en este país", consideró la legisladora".
CLETO Y El COLORADO, JUNTOS POR PALERMO Cobos, "en la misma sintonía" que De Narváez Ambos recorrieron la Rural e intercambiaron elogios. "Tenemos que trabajar en conjunto", remató Cleto. La Mesa de Enlace fue la anfitriona. Fotogalería. 07:45 | 29.07.2009
Dos de las figuras que más cosecharon el éxito que les propició respaldar la Guerra Gaucha, el vicepresidente Julio Cobos y el líder PROperonista, Francisco De Narváez, recorrieron juntos este martes la expocisión anual de la Sociedad Rural Argentina (SRA) e intercambiaron elogios.
"Tenemos que trabajar en conjunto. Francisco y yo estamos en la misma sintonía", dijo Cobos en diálogo con Radio 10, desde la sede de la Rural en Palermo.
Ante esta declaración, De Narváez contestó con otro halago: "Podemos estar en espacios distintos, pero no tenga dudas que entre lo que él piensa y lo que yo pienso hay una gran coincidencia".
No es la primera vez que Cleto Cobos y el empresario demuestran su mutuo respeto. Días antes de las elecciones legislativas en las cuales el "Colorado" venció al ex presidente Néstor Kirchner, el vicepresidente recibió al candidato del peronismo disidente en su despacho en el Senado, lo que nunca hizo con su copartidarios de la UCR.
Por otra parte, en la recorrida que hicieron de la mano de los referentes de la Mesa de Enalce, como Hugo Biolcati (SRA) y Eduardo Buzzi (FAA), Cobos declaró que "el campo es la columna vertebral del país".
En medio de gran cantidad de periodistas y cámaras de televisión, Cleto defendió el reclamo del campo, pero depositó esperanzas en el cambio de actitud del oficialismo para iniciar una nueva etapa.
--------------------------- Lunes, 27 de Julio de 2009
Los uniformes de la policía de Macri y la Causa AMIA Macri ordenó la compra de uniformes para su Policía al padre de uno de los principales sospechosos de la pista siria de la Causa AMIA. Sergio Burstein miembro de Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA expresó su indignación diciendo que “la ropa de la policía de Macri estará manchada de sangre”
Según lo publicado por el diario Crítica, a partir de una investigación del legislador electo Rafael Gentili (Proyecto Sur) ayer se supo que el gobierno de Mauricio Macri ordenó la compra de uniformes para la policía PRO, el 20 de noviembre de 2008 y por casi 420 mil pesos, al comerciante argentino de origen sirio Alberto Kanoore Edul, padre de uno de los principales sospechosos de la llamada pista siria de la causa por la voladura de la AMIA.
De acuerdo a lo que publica la Agencia Judía de Noticias, Sergio Burstein miembro de Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA expresó su indignación por la compra de uniformes a Kanoore Edul y expresó que “la ropa de la futura policía de Macri estará manchada de sangre”, “estoy sorprendido e indignado por la noticia” aseguró el familiar de AMIA, “estamos frente a una sociedad criminal y lo único que falta es que Tellendin provea los autos a la futura policía porteña”.
El Fino Palacios, imputado en la investigación por encubrimiento en el atentado a la AMIA, fue quien llamó desde su celular al propio Kanoore Edul, dos semanas después de la explosión de 1994 y antes de que allanaran su casa.
Por ese sugestivo llamado, Palacios fue imputado en la causa y, según el fiscal Alberto Nisman, podría llegar a ser procesado en los próximos días.
Denuncian que la Ciudad compra uniformes a la firma de uno de los sospechosos del caso AMIA
El legislador porteño de Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que el gobierno de Mauricio Macri autorizó la compra a la firma de uno de los sospechosos en la pista siria que se investiga por el atentado terrorista a la mutual judía.
El legislador electo por la Ciudad de Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la compra de uniformes, para la nueva Policía Metropolitana, a la firma de uno de los sospechosos en la pista siria que se investiga por el atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Gentili dijo a Télam que el gobierno de la ciudad autorizo la compra de uniformes a la firma de Kanoore Edul, pero señaló eso no indica "un grado de complicidad, sino de inoperancia" por parte del gobierno de Mauricio Macri.
"Kanoore Edul es el personaje que Palacios se encargó de encubrir en la pista siria y que fue probado en la investigación", sostuvo Gentili.
Recordó que "está comprobado que ocho días antes del atentado llamó por teléfono a Carlos Telleldín (el reducidor de autos)" y que "el volquete que estuvo frente a la AMIA pasó por sus depósitos antes".
Alberto Jacinto Kanoore Edul, conocido como Albertito, es hijo de Alberto Kanoore Edul y figura como sospechoso en la causa desde los primeros días del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Gentili refirió que en la investigación hecha por el fiscal Alberto Nisman, quedó demostrado que "Palacios advirtió unas horas antes a Alberto Kanoore Edul que su depósito iba a ser allanado".
Para Gentili, la contratación de la empresa textil se efectuó a fin del año pasado "cuando ya Palacios asesoraba a Montenegro en cuestiones de seguridad".
El legislador por Buenos Aires para Todos, y que integra el frente Proyecto Sur, se lamentó de que "mientras siga impune el atentado no hay impedimento legal" para que esta contratación se realice.
"Si estuviera en lugar de Montenegro, me temblaría el pulso al firmar esto, me da escalofrío", confesó.
El designado jefe de la Policía porteña fue acusado por el fiscal Nisman en la causa por el atentado a la AMIA de "incumplimiento de deberes de funcionario público" al considerar que "existen suficientes elementos en el juicio para dictar el procesamiento".
AMIA. Para los Familiares “la ropa de la futura policía de Macri estará manchada de sangre”
AJN.-Según publica esta mañana un matutino porteño Kanoore Edul proveería los uniformes de la futura policía porteña, Sergio Burstein miembro de Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA expresó su indignación diciendo que “la ropa de la policía de Macri estará manchada de sangre”
Según lo publicado por el matutino Crítica, a partir de una investigación del legislador electo Rafael Gentili (Proyecto Sur) ayer se supo que el gobierno de Mauricio Macri ordenó la compra de uniformes para la policía PRO, el 20 de noviembre de 2008 y por casi 420 mil pesos, al comerciante argentino de origen sirio Alberto Kanoore Edul, padre de uno de los principales sospechosos de la llamada pista siria de la causa por la voladura de la AMIA.
Consultado por la Agencia Judía de Noticias, AJN, Sergio Burstein miembro de Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA expresó su indignación por la compra de uniformes a Kanoore Edul y expresó que “la ropa de la futura policía de Macri estará manchada de sangre”, “estoy sorprendido e indignado por la noticia” aseguró el familiar de AMIA, “estamos frente a una sociedad criminal y lo único que falta es que Tellendin provea los autos a la futura policía porteña”.
El Fino Palacios, imputado en la investigación por encubrimiento en el atentado a la AMIA, fue quien llamó desde su celular al propio Kanoore Edul, dos semanas después de la explosión de 1994 y antes de que allanaran su casa. Por ese sugestivo llamado, Palacios fue imputado en la causa y, según el fiscal Alberto Nisman, podría llegar a ser procesado en los próximos días.
Con esta nueva información se expande la polémica a raíz de la designación del ex comisario Jorge “El Fino” Palacios al frente de la nueva policía porteña del macrismo.
Jorge “fino” palacios presentó el nuevo equipamiento que vigilará en la ciudad La Policía Metropolitana ya está a punto Después de exponer ante el gabinete porteño, el jefe de los nuevos uniformados, sin su bigote característico, hizo su primera aparición pública y se defendió de quienes lo atacan. Faltan 90 días para que los primeros 850 agentes estén en las calles.
Claudio Mardones 28.07.2009
Palacios. Presentó los autos dotados de una cámara que lo filmarán todo. Luego expuso delante del gabinete porteño. El barrio porteño de Villa Urquiza fue el escenario elegido para la avant-première de la vigésima sexta policía de la Argentina. Mientras el jefe de gobierno Mauricio Macri encabezaba una reunión ampliada de gabinete en el Centro Cultural 25 de Mayo, el flamante y cuestionado jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, hizo su primera aparición pública ante la prensa desde diciembre de 2007, cuando comenzó diseñar en las sombras la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora faltan tres meses para que sus primeros 850 agentes estén en la calle y no quedan muchas razones para ocultarlo, especialmente después de haber presentado uniformes y equipos ante todo el gabinete porteño. Ya quedaron atrás las palabras del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, quien declaró durante 15 meses que “Palacios no será el primer jefe de la policía porteña”. Ahora, en vísperas de su primer verano de estreno, el ex comisario mayor de la Policía Federal terminó de exponer y posó ante las cámaras junto a los nuevos patrulleros y motos que usarán sus subordinados.
EL GRUESO PALACIOS. Sin uniforme, sin el bigote que lo hizo famoso en los años noventa y con varios kilos de más, Palacios mostró la nueva tecnología de la fuerza que diseñó hasta el último detalle ante el gabinete PRO. Luego salió a la calle y se defendió: “La única causa que actualmente tengo es la de la AMIA (la voladura de esa mutual judía, en 1994), en la que presté declaración indagatoria en diciembre del año pasado, y tengo la conciencia tranquila porque sé que no encubrí a nadie”, precisó el jefe policial y disparó: “No sé por qué soy tan importante para algunos políticos para que hagan esta campaña de desprestigio, realmente no lo entiendo”, se quejó el otrora hombre fuerte de la PFA. Sin embargo, hay un detalle que sí puede servir para entender su aparición. Tres días antes, el diputado electo por Proyecto Sur, Rafael Gentili, denunció que el 28 de noviembre de 2008 el ministro Montenegro autorizó la compra de uniformes para la Metropolitana por la suma de 417.754,95 pesos a la firma de Alberto Kanoore Edul, padre de uno de los sospechosos de la pista siria en la investigación por la voladura de la mutual judía. Se trata de la causa en la que Palacios esta acusado de encubrimiento y donde declaró en diciembre pasado ante el juez federal Ariel Lijo, el magistrado que todavía no ha resuelto su situación procesal ni la del ex presidente Carlos Menem. Según el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, “existen suficientes elementos en el juicio para dictar su procesamiento”. Por el contrario, Palacios consideró que “todos están en su derecho de reclamar”, aunque remarcó que “lo más importante es que se expida la Justicia”. Respecto a las otras acusaciones que se le imputan, como la causa por la represión policial del 20 de diciembre, Palacios sostuvo que fue “sobreseído por la Cámara Federal” al tiempo que también desmintió su vinculación con el caso Blumberg.
FINOS EQUIPOS. Si bien la comuna confirmó que los primeros 850 efectivos estarán en la calle el 1 de octubre, el plazo podría retrasarse hasta fin de año. Dentro de tres meses, los que salgan a la calle se movilizarán en patrullas Chevrolet Meriva y motos Honda de 700 centímetros cúbicos. Los vehículos tendrán una cámara domo que filmará todo lo que suceda alrededor y contarán con un navegador satelital con GPS. Pero eso no es todo: se guiarán con mapas electrónicos y de voz. También tendrán un sensor ubicado en el habitáculo del arma larga, donde se accionará una señal de alerta que indicará que el patrullero está en prioridad. Cada agente motorizado estará conectado con Bluetooth y será monitoreado con localizadores AVL (Automatic Vehicle Location). Además contarán con un sistema de grabadora de video ubicada en el espejo retrovisor y conectada a dos cámaras. La primera permitirá observar hacia el frente y la otra hacia el interior de la patrulla. Miles de cámaras para filmar la película real de una nueva policía.
EL PAIS › LOS NEXOS MONTENEGRO-PALACIOS-KANOORE EDUL Hilando fino
El ministro de Macri, Guillermo Montenegro, contrató con Kanoore Edul la provisión de uniformes para las Fuerzas de Seguridad. Montenegro es el principal defensor del comisario Palacios, quien está al borde del procesamiento por haber avisado de un allanamiento a Kanoore Edul en la causa AMIA, anulada por la sucesión de irregularidades. Una de ellas: en el despacho de Montenegro se filmaba en forma clandestina a los testigos.
Por Horacio Verbitsky Por dos resoluciones del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió uniformes para sus fuerzas de seguridad a dos empresas de los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul. Montenegro es el principal sostenedor del comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la policía metropolitana, a pesar de los reclamos de familiares de las víctimas del atentado a la asociación mutual judía de Buenos Aires y de organismos defensores de los derechos humanos. Palacios trabajó junto con Montenegro en algunas partes de la investigación por la voladura del edificio de la DAIA y la AMIA de la calle Pasteur al 600, en julio de 1994, que fueron señaladas como irregulares por la Corte Suprema de Justicia, como el maltrato y la coacción a algunos testigos y sus filmaciones clandestinas. Palacios estaba a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y Montenegro era fiscal. Los Kanoore Edul son empresarios textiles y las contrataciones de Montenegro se realizaron sin seguir los procedimientos legales. ¿Para cuándo el regreso de Carlos, Munir, Emir y Amira?
Teléfonos En la causa AMIA el fiscal Alberto Nisman solicitó que Palacios fuera procesado por encubrimiento dado que los policías a sus órdenes que debían allanar el domicilio de Kanoore Edul se estacionaron allí a las 8 de la mañana, tres horas después hubo dos llamadas de un teléfono de Palacios a dos de Kanoore Edul y el allanamiento recién se inició después de las cinco de la tarde. Luego de esos llamados, las escuchas judiciales mostraron que los ocupantes de la casa sabían que se preparaba el allanamiento y que recurrieron al gobierno del entonces presidente Carlos Menem para impedirlo. Palacios dijo que el llamado de un oficial de su unidad sólo buscaba confirmar que Kanoore estuviera en la casa. También se lo acusa por la desaparición de 66 casetes y sus transcripciones, entre ellos los que corresponden a las escuchas a Kanoore Edul. El abuelo de Kanoore Edul es originario del mismo pueblo sirio de los padres del ex presidente Carlos Menem. En cuanto se produjo el atentado fueron objeto de investigación, pero según el fiscal Nisman todo se detuvo cuando el hermano presidencial Munir Menem solicitó que no fueran molestados. La fuente de esa información es un ex colaborador del destituido juez Juan José Galeano. Carlos Menem negó esa intervención al ser indagado por el juez Ariel Lijo este año. Esta es la denominada “pista siria” de la investigación, aunque tanto Alberto como Alicia son argentinos nativos de segunda generación. De acuerdo con Lijo, esa línea se abandonó a partir del 1 de agosto de 1994, cuando el padre de Kanoore Edul visitó la casa de gobierno.
Los uniformes El Boletín Oficial Nº 2955 incluye la resolución 352 sobre compra de uniformes para el personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, firmada por Montenegro el 30 de abril de 2008. Invocando el carácter de imprescindible y urgente de esa adquisición, el ministro dispuso omitir los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado. Así dispuso en forma directa la compra de uniformes por 97.104 pesos a Texticorp, empresa en la que figura como titular Alicia Z. K. Edul. Al mes siguiente, la resolución 432, del 30 de mayo de 2008, le adjudicó otros 800 sweaters por 61.600 pesos, ya que otra empresa que había cotizado mejor precio que Texticorp informó que no podía proveer la mercadería. La K de Alicia Edul corresponde al apellido Kanoore, que con suma prudencia fue omitido en la resolución ministerial. Alicia es una de las hermanas de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Pocos días antes Nisman había pedido la detención de Carlos y Munir Menem, de los ex jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, del ex juez Galeano y de Palacios por obstaculizar la investigación sobre Kanoore Edul. El Boletín Oficial 3092, del 9 de enero de este año, incluye la Resolución 1039, del 20 de noviembre de 2008, sobre la adquisición de uniformes para el personal de las direcciones generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. En este caso se adjudicó la contratación por 417.754,95 pesos a la firma Kanoore Edul Alberto. Más de medio millón de pesos por contratación directa y en un caso ocultando el apellido.
La defensa Hace cinco años, en un extenso trabajo de impugnación a los cargos contra Kanoore Edul, Alejandro Olmos Gaona, hijo del fallecido Alejandro Olmos, el militante nacionalista que denunció la ilegalidad de la deuda externa, recapituló los datos en contra del comerciante, porque los hijos de ambos fueron compañeros en el Colegio del Salvador. Salvo paréntesis, aquí se sigue su relato. Los domicilios de Kanoore Edul en la calle Constitución 2745, 2633 y 2695 fueron allanados el 31 de julio de 1994 por el Departamento Protección del Orden Constitucional, que también detuvo a Alberto. El procedimiento fue ordenado porque desde un teléfono celular de la firma Aliantex SRL, con domicilio legal en Constitución 2695 y cuyo socio gerente era Kanoore, se hizo un llamado a Carlos Telleldin. Además Aliantex estaba a 70 metros del terreno de la calle Constitución 2657, en el cual la empresa Volquetes Santa Rita dejó un contenedor similar al que acababa de descargar en la sede de la AMIA, momentos antes de la explosión. En la agenda telefónica secuestrada en el allanamiento figuraba la anotación “Youseff Surami-Mezquita/Rabbani”. En su declaración indagatoria del 16 de febrero de 2000, Kanoore Edul dijo que no conocía al diplomático iraní Rabbani ni había estado nunca en la mezquita de la calle San Nicolás. También negó toda vinculación con la empresa de volquetes. Tres funcionarios municipales declararon que ellos habían pedido el servicio de volquetes para la limpieza de ese terreno. Kanoore Edul reconoció que había efectuado numerosas llamadas, una de ellas al domicilio de Telleldin, porque estaba buscando una camioneta Trafic para su empresa y había visto una en oferta en el diario Clarín. Pero negó conocer a Telleldin y haber visitado su domicilio. (Antes había declarado que la llamada la hizo su chofer, quien citado por la justicia lo negó y demostró que la comunicación se produjo un día feriado en el que no trabajó.)
Nada por aquí De acuerdo con el relato de Olmos Gaona, Palacios informó al juez que según el sistema Fulcrund Find “del entrecruzamiento de los abonados Alberto J. Kanoore Edul, con Carlos A. Telleldin y Eduardo Telleldin, no surgía la existencia de ningún otro llamado, a excepción del registrado el día 10 de julio”. Palacios tampoco encontró nada llamativo en las conversaciones telefónicas de Kanoore con su primo, el policía bonaerense Víctor Chabán. Galeano volvió a indagar a Kanoore como imputado pero le dictó la falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal. Olmos Gaona dice que el padre de Kanoore contribuyó para comprar el departamento que Menem ocupaba en la calle Cochabamba, como pied à terre en Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja, que la familia fue a saludarlo cuando asumió la presidencia y que le pidieron que agilizara un crédito que habían solicitado en el Banco Nación. Pero atribuye la sospecha de encubrimiento por parte de Menem a las afirmaciones de un arrepentido de la inteligencia iraní, cuya seriedad pone en duda. Añade que a raíz de la publicidad negativa recibida los Kanoore quebraron y perdieron todos sus bienes, lo cual sería prueba de su falta de vinculación con millonarios grupos fundamentalistas. También consigna que Alicia Kanoore Edul está casada con un primo de Monzer Al Kassar (hoy condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por conspirar para matar a ciudadanos y militares estadounidenses) pero afirma que sólo hubo un contacto fugaz entre ambos. (Otro primo de Al Kassar, Mnawar Tarbuch, se casó con la prima de Menem, Amira Akil). La conclusión de Olmos Gaona es que el estallido se produjo por explosivos colocados dentro del edificio y que pudo ser parte de la misma lucha interna entre facciones israelíes que condujo al asesinato del ex premier Yitzhak Rabin. La misma línea de defensa-acusación sigue el abogado de Kanoore Edul en la causa, Juan Gabriel Labaké. El trabajo de Olmos Gaona es especialmente crítico con el responsable de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, a quien atribuye haber instalado la pista siria en torno de Kanoore Edul, sin elementos consistentes. Ese es también el argumento que esgrime en su defensa el comisario Palacios, cuya unidad antiterrorista compitió con el sector de la SIDE que conducía Stiusso, como se hizo evidente durante el juicio oral del Tribunal Federal 5.
Oscuros intereses Alejandro Rúa tuvo a su cargo la oficina del ministerio de Justicia que revisó en forma crítica el expediente de la causa AMIA. A su juicio, tanto Palacios como el ministro Montenegro tuvieron su parte en las irregularidades para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, lo cual condujo a la confirmada nulidad de lo actuado. La Corte Suprema dijo que el juicio oral y público dejó en evidencia que los funcionarios policiales comandados por Palacios actuaron contra “las mínimas exigencias de seriedad que la actividad les impone guardar como representantes del Estado a cargo de la investigación de tan graves hechos”. Según el fallo del tribunal oral confirmado por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema, el trato a los testigos contravino las disposiciones legales, mediante “el allanamiento de sus viviendas, detenciones y comparecencia esposados a la sede del juzgado”, luego de pasar por la Unidad Antiterrorista de Palacios.
Una mujer contó que la sacaron de su casa y la llevaron a declarar “como si yo fuera una presidiario”. Le tomaron las huellas digitales y le leyeron los derechos de los imputados, pese a que sólo era testigo, y luego de un largo aislamiento la llevaron a presencia de Palacios, quien la intimidó. Le dijo “depende de usted irse o quedarse, según lo que usted diga”. La mujer insistió en que no sabía nada y Palacios la derivó a dos oficiales interrogadores, antes de llevarla al juzgado, previo paso por un médico forense, completamente desnuda. “Me dieron trato de preso. Subo por las escaleritas esposada”. También le sacaron los cordones y aritos. “Yo no entendía por qué y me decían que era porque me podía ahorcar.” Todo eso “me llamó la atención” y “no me sentí como una testigo, porque creo que los testigos no van esposados a declarar”. Otra persona contó en el juicio oral que un testigo analfabeto “volvió aterrado” del juzgado de Galeano. Para intimidarlo, antes de declarar le dijeron que lo enviarían a la cárcel de Olmos. También le pegaron: “quise agarrar el sanguche y me pegaron un cachetazo”.
El Gulag Para la Corte Suprema esas vejaciones sufridas por meros testigos pusieron en evidencia “el empleo abusivo de las herramientas que la ley establece para investigar delitos”, y que las escenas reseñadas “recuerdan a las vívidamente relatadas por Alexander Solzhenitsyn en su libro El Archipiélago de Gulag”. A ello se suma, concluye la sentencia, “la intimidación del comisario Palacios antes de su declaración”. La sentencia también menciona la “actividad indebida” de Palacios al interrogar a uno de los policías bonaerenses detenidos. Para la Cámara de Casación “el fin no puede justificar los medios empleados para llegar a un resultado en una investigación, por más dificultosa que ésta se presente”. Pese a ello, Guillermo Montenegro sostuvo en la legislatura porteña que Palacios era “el mejor jefe de Policía que puede tener la ciudad”. También reconoció su amistad con el ex fiscal José Barbaccia, quien está procesado por las irregularidades que llevaron a la nulidad del caso AMIA. Podría haberlo estado el propio Montenegro quien, en cambio, fue promovido a juez federal, cargo del que pidió licencia para asumir como ministro de Maurizio Macri. Rúa menciona el tramo de la sentencia del tribunal oral sobre el caso de Miriam Salinas, a quien Galeano amenazó con “graves imputaciones, incluso la participación por el atentado, para obtener declaraciones testimoniales incriminantes hacia otros encausados”. Luego de intimidarla, Galeano le propuso una “espuria negociación”: la desvincularía del proceso si incriminaba a otra persona. En otros casos, “la moneda de cambio ofrecida por el juez consistió en omitir, mediante el ocultamiento de pruebas de cargo que comprometían a quien negociaba, alguna evidente imputación”, y que “en todos los casos el magistrado instructor otorgaba, a quien aceptara ese oscuro pacto, la reserva de su identidad en la declaración que luego se utilizaría como prueba de cargo. De esta forma se excluía, fácilmente, el eventual contralor de las partes”.
Sonría La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Galeano, de Barbaccia y del también ex fiscal Eamon Mullen al acreditar “objetivamente la existencia de una clara presión” sobre Salinas, que en una semana pasó de imputada sobreseída a “testigo de identidad protegida en el mismo caso”. El tribunal afirmó que la mujer “fue coaccionada por Galeano” para que declarara como él quería. Estuvo tres días detenida, pero no en una unidad penitenciaria o de detención “sino sobre un colchón en el piso de la oficina judicial”. A la mañana declaró ante Barbaccia. El tribunal del juicio consignó que “las irregularidades evidenciadas no deben ser exclusivamente atribuidas al magistrado instructor y a los funcionarios intervinientes”, y que “la declaración de Miriam Salinas se recepcionó y filmó en la fiscalía del doctor Montenegro”, donde se encontraba instalado uno de los equipos permanentes de la SIDE para las filmaciones clandestinas. El 23 de octubre de 2008, Lijo careó a Galeano con su ex prosecretario Claudio Lifschitz. Acerca de las filmaciones que utilizaban para extorsionar, Galeano intentó rebatir que en su despacho hubiera una cámara fija. Lifschitz replicó que “las cámaras que estaban instaladas en la fiscalía del doctor Montenegro eran fijas” (foja 13.798 del expediente), es decir que no fueron colocadas para la ocasión. La Ciudad de Buenos Aires ya sabe lo que le espera con tal ministro y cual jefe de policía.
OPINIÓN Los "detalles" que Mauricio deja pasar Los impuestos sin criterios redistributivos, los 20 km. de subte, la infraestructura en áreas clave, el "Fino" Palacios, los sobresueldos, entre otros. Gonzalo Ruanova. Por G. Ruanova 28.07.2009
Las gestiones se valoran, a veces, por grandes logros, otras veces, por la capacidad de sus gobernantes consolidada a lo largo del tiempo o, muchas otras veces, por detalles que nos hablan sobre la visión de quienes gobiernan. En las campañas electorales se suele hacer uso de encuestas que nos hablan sobre las necesidades y preocupaciones de la gente y sobre esos resultados se prometen cosas que muchas veces no son posibles de realizar. En este caso, motivado por la fuerza del marketing, Macri prometió en la campaña para llegar a ser jefe de Gobierno una serie de grandes logros que hoy, a casi dos años de gestión, no llegan. Esto, sumado a algunos “detalles”, como firmar sin haber leído el decreto que obligaba a las compañías a brindar información sobre la vida privada de sus empleados, es de una gravedad que nos plantea una fuerte preocupación con respecto a otras medidas impulsadas por su gobierno y sobre la capacidad de sus funcionarios para afrontar una gestión de esta magnitud. A continuación resaltamos algunos de los últimos “detalles” que se le pueden haber escapado al jefe de Gobierno de la ciudad:
Un detalle que este gobierno impulsó tiene que ver con los aumentos en los impuestos a todos los porteños, sin criterios redistributivos. En medio de una crisis internacional como la que vivimos, estos aumentos impulsados por Macri no parecen haber sido un detalle menor.
También puede haber sido un descuido, un detalle, prometer que iba a construir veinte kilómetros de subte en los años 2008 y 2009 cuando en realidad sólo se harán 450 metros de extensión de la red.
Otros detalles a tener en cuenta son las condiciones en las que se encuentra la infraestructura en áreas claves como salud, educación y vivienda.A estos detalles Macri les responde con megaproyectos como el Parque Central Norte o el Parque Cívico, que implican enormes gastos para la ciudad y que, a la luz de una administración con un creciente déficit, pareciera que quienes nos gobiernan no son conscientes de la realidad en la que vivimos.
Tal vez puedan parecerle un detalle menor los antecedentes de Jorge “Fino” Palacios al momento de designarlo al frente de la nueva policía y avanzar con su designación pese a las críticas de todos los sectores involucrados con el pasado del ex comisario.
Otro detalle que tal vez se le haya escapado a Macri pueden ser los más de 100 millones de pesos anuales que podría pagar en sobresueldos como “incentivos” a sus funcionarios por cumplir con sus deberes públicos.
Éstos son algunos de los detalles que como oposición hoy estamos advirtiendo al Ejecutivo de la ciudad para que revise. Escuchar lo que la oposición tiene para decir sobre los actos de gobierno es necesario para el fortalecimiento de la democracia. Saber que tenemos un jefe de Gobierno que deja pasar “detalles” en las cosas que firma nos obliga a estar mucho más atentos en la intención de defender los intereses de los ciudadanos que representamos.
La política hecha sobre la base de los discursos que la gente quiere escuchar a veces resulta muy ventajosa en una elección, pero también implica una fuerte responsabilidad a la hora de gestionar. Y hay “detalles” que, evidentemente, dicen mucho más sobre la concepción de Estado y gestión pública de quienes gobiernan que las grandes promesas de campaña.
DOS EMPRESAS RECIBIERON $75 MILLONES Denuncian a Macri por pago de una obra que no se hizo El candidato de Izquierda Unida, Marcelo Parrilli, judicializó una acusación periodística de Ibarra. Las empresas están ligadas al Grupo Macri. 17.06.2009
Mauricio tendrá que responder ante la Justicia por un pago de obras para el subte.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue denunciado por un candidato a diputado nacional de Izquierda Unida por el presunto pago de unos 75 millones de pesos a dos empresas privadas, por una obra relacionada con la ampliación de subtes que nunca se habría concretado.
Macri fue denunciado por "malversación de caudales públicos" ya que, según la presentación, habría pagado la millonaria suma a las empresas DYCASA y Benito Roggio SA "a sabiendas que las obras no se iban a realizar". La acusación sostiene que ambas compañías están fuertemente vinculadas con el grupo empresario que lidera el padre del jefe de gobierno porteño, Francisco Macri. "Surgen por docenas las obras públicas donde los grupos Macri, DYCASA y Roggio son interesados socios o disfrazados competidores en licitaciones de obra pública donde la distribución de las asignaciones los encuentra lejos de tener intereses contrapuestos", sostiene la presentación a cargo de los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo.
Parrilli es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la coalición Izquierda Unida. La denuncia quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de la magistrado María Servini de Cubría bajo el número 7828�9.
La presentación se basa sobre declaraciones del ex jefe de gobierno, el destituido Aníbal Ibarra, ante el que "hizo pública una denuncia verbal en el marco de la campaña electoral contra el ingeniero Mauricio Macri donde se le imputa haber abonado a las empresas 75 millones de pesos".
El importe correspondía a "una obra de ampliación de cocheras de las líneas A y B de subterráneos, a sabiendas que la misma no se iba a realizar", situación ante la cual el estado porteño habría obtenido "la entrega hipotética de un seguro de caución a dos empresas ".
El gobierno porteño, añade el texto, entregó "una millonaria suma por una obra suspendida y casi irrealizable a cambio de un documento de ejecución diferida y litigiosa".
Entre las medidas de prueba sugeridas por los denunciantes figuran las declaraciones testimoniales de Ibarra y de Jorge Irigoin, ex integrante del grupo SOCMA (de Macri) y pericias contables para determinar "qué beneficios obtuvo la ciudad" como contrapartida del pago de 75 millones de pesos.
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Cómo hacer grandes negocios con el predio de la Rural 12-07-2009 / Eran los últimos días de diciembre del 2007. Una época ideal, por la cercanía de las fiestas de fin de año, para intentar que algo pase inadvertido. Sin embargo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había movimiento: los diputados porteños, que acababan de asumir después de la victoria de Macri, discutían la rezonificación del predio de la rural ubicado en Palermo. por Demián Verduga dverduga@miradasalsur.com
Eran los últimos días de diciembre del 2007. Una época ideal, por la cercanía de las fiestas de fin de año, para intentar que algo pase inadvertido. Sin embargo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había movimiento: los diputados porteños, que acababan de asumir después de la victoria de Macri, discutían la rezonificación del predio de la rural ubicado en Palermo.
El objetivo era transformarlo en zona E 4, una categoría que permitiría instalar allí desde un lugar para recitales masivos hasta un restaurant. Mientras los legisladores discutían, en los pasillos había un grupo de vecinos de Palermo. “Los vamos a denunciar públicamente. Están violando la ley”, le decían a cuanto legislador porteño se cruzara por su camino.
Uno de estos vecinos era el abogado laboralista Pedro Kesselman, uno de los principales querellantes en la causa sobre las irregularidades en el uso del predio. “Iban a hacer una rezonificación a la medida de los negocios de Francisco de Narváez” dice a Miradas al Sur. “Pero logramos impedirlo por la presión de los vecinos. Incluso varios legisladores del PRO se opusieron porque era un escándalo. Así que por lo menos eso se pudo evitar”, remata. Pero, ¿Cómo De Narváez se quedó con la explotación comercial del predio de la Rural en Palermo hasta el año 2025 por una suma irrisoria de dinero? ¿De qué manera logra tener allí una tanguería si ese espacio no puede ser usado con fines de lucro? Las respuestas, a estas y otras preguntas, nadie las conoce mejor que Kesselman. En las próximas líneas se cuenta la historia.
Una ganga. En un principio, el predio fue vendido en 1991 a la Sociedad Rural Argentina. La operación se hizo con un decreto que firmaron el ex presidente Menem y su ministro Domingo Cavallo. La cifra que pagó la SRA por los terrenos fue irrisoria, unos 30 millones de dólares, en cuotas que se extenderían a lo largo de varios años. “Una de las cosas que justificaba un precio tan bajo era que en el decreto de venta (que de todos modos era ilegal porque ese predio sólo podía venderse por ley) se especificaba que no tendría una explotación comercial. Debía usarse para exposiciones”, explica Kesselman. Pero, según el abogado, la Rural intentó explotarlo comercialmente creando una sociedad anónima y asociándose con una empresa norteamericana dedicada al entretenimiento cuyo nombre era Ogden. El gerenciador de esa compañía era un compatriota de De Narváez.
–Y en ese momento apareció De Narváez. –Exacto. Compró el paquete accionario haciéndose cargo de la deuda. De los 30 millones de dólares que tenía que desembolsar la rural se había pagado sólo una parte. –¿Y cómo está eso hoy? –Todavía no se pagó. La sociedad anónima que compró la explotación del predio está intimada. En total se deben 90 millones de pesos. –Usted dice que la empresa norteamericana se fue porque no podían construir un auditorio y De Narváez tiene allí una tanguería, ¿cómo hizo para abrirla? –En eso actúo, en un principio, un funcionario de Telerman, Diego Gorgal, que había llegado al gobierno porteño después del incendio en Cromañón. El tema es así: luego de la tragedia en el boliche, la Ciudad, puso en tela de juicio a todos los locales de ese tipo. Pero al mismo tiempo creo un mecanismo para poder habilitar algunos. Es una reglamentación que puede brindar un permiso especial. Se supone que es para eventos puntuales. Pero en el caso de la rural se la van renovando siempre por seis meses. –¿Cómo? –En el caso de la Rural la reglamentación dice: se autoriza un evento especial desde el primero de enero, por ejemplo, hasta el primero de julio. –¿Pero usted dice que el verdadero objetivo de De Narváez es la rezonificación? –Exacto. El primer intento lo hizo durante la gestión de Telerman. Allí, el gobierno de la Ciudad intentó rezonificar el predio y los vecinos lo detuvieron. No pudo avanzar en la Legislatura. Luego vino el intento del que hablamos al principio, cuando ya había asumido Macri, que también paró la presión de la gente del barrio. –Por otra parte, usted cuestiona el argumento de que Buenos Aires necesita un auditorio, que es el que se usa para decir que quien esté en contra de la rezonificación de ese predio atenta contra el progreso de la Ciudad, ¿Cómo discute esa argumentación? –Es simple. En el año 2000, la Legislatura de la Ciudad aprobó la Ley 516. Esa norma dice que Buenos Aires necesita un auditorio y que el mismo tiene que construirse en la zona sur, en la esquina de Fernando de la Cruz y Escalada. Habría que preguntarle al jefe de Gobierno y también a De Narváez: ¿por qué no respetan la Ley 516 y construyen en la zona Sur si están preocupados por la falta de un auditorio? Hay dos respuestas. La primera: por el hecho mismo de que esté en zona Sur. Y la segunda y más importante: si un predio público se vende con el objetivo de construir un auditorio no es posible que el precio sea tan bajo sin que se arme un escándalo, porque en ese caso tendría fines de lucro. –Y el verdadero negocio es comprarlo por lo que vale cuando no es para fines de lucro y luego, empujando la rezonificación, poder usarlo para hacer dinero. –Sí. Esa es la apuesta de De Narváez. 5 http://www.elargentino.com/nota-49006-Como-hacer-grandes-negocios-con-el-predio-de-la-Rural.html
5-Hambre de Soja este documental le permitirá descubrir la otra cara del cultivo de la soja transgénica en la Argentina. La soja permite aumentar la producción, pero produce la desertificación del suelo, una masiva contaminación ambiental, pérdidas irreparables en la biodiversidad de ambientes naturales, la desaparición de alimentos básicos y un aumento de la desocupación, el hambre y la indigencia. Direccion: Marcelo Viñas
6-muro AntiterroristaExplica que la valla es una consecuencia directa de la ola de atentados suicidas y de la política palestina de incentivar el terrorismo. Israel no anexó territorios, ni determina límites políticos ni geográficos, ya que las fronteras entre el Estado de Israel y un futuro Estado palestino sólo serán determinadas en negociaciones de paz. Israel reivindica el derecho y la obligación de todo gobierno de garantizar la vida de sus ciudadanos y asegura que no existe otra manera de defenderse de los terroristas que mediante una separación física. "La valla es reversible; Las vidas humanas, No".
7-De Nuremberg a Nuremberg De Nuremberg a Nuremberg, el último trabajo realizado antes de su muerte, en 1990, por el cineasta y documentalista Frederic Rossif. Un magnífico documental histórico que gira en torno a los juicios del final de la Segunda Guerra Mundial. Montado a partir del material de archivo, se explica con rigor y sencillez el período comprendido entre 1935 y 1946. Es decir, desde que Hitler alcanza el poder absoluto en Alemania hasta los jucios de Nuremberg, en los que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se juzga de crímenes contra la humanidad a destacados dirigentes nazis.
10-LA SOJA - INFORME DE LA LIGA "Este es el informe realizado por La liga sobre la soja transgenica, los agroquimicos y pesticidas utilizados con su impacto en medio ambiente y en las personas que toman contacto con ellos. Tambien muestran a el representante agropecuario Alfredo de Angeli mostrandose ignorante de las consecuencias que su propia industria genera. "
12-PROMISESDOCUMENTAL En el marco de la situación que se vive en Oriente Medio, PROMISES nos ofrece un retrato humano del conflicto palestino. A partir de los testimonios de siete niños (de 9 a 13 años), conoceremos lo complicado que es crecer en Jerusalén. Aunque los niños viven a sólo veinte minutos de distancia entre sí, habitan en mundos radicalmente diferentes, prácticamente incomunicados, y son conscientes de la situación. Su visión de las cosas está modelada por las imposiciones de los adultos que les rodean. Pero este grupo ha decidido saltar las barreras para encontrarse con sus vecinos.
18- Arnas-children - Los chicos de Arna - Documental - Juliano Mer Khamis, director israelí de cine, aseguraba en Barcelona, tras la presentación de su documental "Los chicos de Arna": "sólo espero que tras ver esta película todos vosotros recordéis que los suicidas y resistentes palestinos son personas con nombre y apellidos, con una historia trágica tras de sí. La próxima vez que en un telediario os informen sobre el último ataque suicida palestino en Israel, recordad a los chicos de Arna".
19 - La bicicleta verde - Wadjada La bicicleta verde es una película germano-saudí dirigida por Haifaa al-Mansour en 2012. La película fue el primer largometraje dirigido por una mujer en la historia de Arabia Saudí.
20 - The other son - "El Otro Hijo" dos jóvenes -uno israelí y otro palestino- que descubren que fueron cambiados accidentalmente al nacer y las complejas repercusiones que enfrentan a ellos ya sus respectivas familias.
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