MACRI: " SE ACABO ROBARLES A UNOS PARA DARLES A OTROS"
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VER: TIEMPO VIDEO 5:00
PARTE 2
PALACIOS GRIPE A
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EL PAIS › AMIA, LA REPRESION DEL 2001, LA “CAMA” A LA VIUDA DE GAVIRIA
Las hazañas del Fino Palacios
Llueven los cuestionamientos y la oposición en la ciudad busca frenar el nombramiento de Jorge Alberto Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Las grabaciones con sus “amigos” reducidores, sus andanzas en la causa AMIA y el intento de chantaje a la colombiana.
Por Raúl Kollmann
Las bancadas de la oposición en la Legislatura porteña, las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA y buena parte de las organizaciones de la comunidad judía, así como organizaciones de derechos humanos, le pedirán mañana al jefe de Gobierno porteño que revea la decisión de designar al comisario retirado Jorge Alberto “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. En la causa del ataque contra la mutual judía, Palacios fue acusado por una larga serie de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento del deber de persecución del delincuente y sustracción de prueba. Pero, además, Palacios registra una llamada telefónica con un integrante de la banda de ladrones de autos que secuestró y asesinó a Axel Blumberg. En el diálogo, que hoy vuelve a transcribir este diario, Palacios se promete un café con Jorge Sagorsky, el reducidor, hablan de la compra de una camioneta para que el comisario vaya a pescar y se despide con un abrazo.
El Fino fue, además, protagonista de una llamativa historia, la de la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el famoso líder del cartel de Medellín. La mujer estaba en la Argentina por pedido de las autoridades colombianas y denunció una extorsión de un hombre con el que mantenía una relación personal. Sorpresivamente, se produjo una movida que beneficiaba a los extorsionadores: un oficial del grupo de Palacios la denunció ante la Justicia de manera curiosa. El policía de el Fino dijo que, manejando por la avenida Cabildo, en un semáforo, vio a la viuda –desconocida para casi todos los mortales– en un vehículo que también se detuvo por la luz roja. María Isabel Santos Caballero, nombre adjudicado a la viuda, estuvo 17 meses detenida y, al final, la causa se derrumbó por aquel inicio absurdo, evidente armado policial. La mujer fue sobreseída.
La causa AMIA
Palacios fue designado al frente de la Unidad Antiterrorista en 1997, cuando ya habían transcurrido tres años del atentado y se produjo un tremendo escándalo en el acto del tercer aniversario. El público se pronunció con dureza: abucheó a los ministros, al presidente Carlos Menem y a los dirigentes de la comunidad judía por la falta de resultados en la pesquisa.
Sin embargo, el Fino había participado en la pesquisa desde el principio y ahora el fiscal Alberto Nisman lo acusa por un allanamiento realizado el 1º de agosto de 1994, menos de dos semanas después del atentado. Se trataba del momento clave de la pesquisa, porque es sabido que los casos que no se resuelven enseguida después de ocurridos tienden a quedar impunes. Lo concreto es que en el atentado contra la AMIA no se pudo descubrir nada de los autores materiales: ni cómo entraron o salieron del país ni dónde se armó la camioneta-bomba ni de dónde vinieron los explosivos ni quiénes fueron los cómplices locales. Hoy en día se acusa a Irán, pero sólo sobre la base de pruebas muy circunstanciales y testimonios no presenciales de disidentes del régimen de Teherán.
En la investigación sobre el fracaso de todo lo hecho, el fiscal Nisman acusó, entre otros, a Palacios. La imputación debe ser resuelta por el juez federal Ariel Lijo pero, en diálogo con Página/12, Nisman enumeró las pruebas:
n Palacios tenía orden de allanar el domicilio de un sospechoso, Alberto Jacinto Kanoore Edul. Sus hombres llegaron a las ocho de la mañana del 1º de agosto de 1994, pero recién allanaron a las 17.30. Todo el barrio y los propios sospechosos ya sabían que los iban a allanar, cosa que surge de los testimonios y las escuchas telefónicas.
n Desde un celular a nombre de Palacios se realizaron dos llamadas telefónicas al domicilio que se iba a allanar. Según Nisman, Palacios ocultó esas llamadas: la primera de casi un minuto y la segunda de medio minuto.
n Según dijeron los testigos del allanamiento, el procedimiento fue distendido y prácticamente no se secuestró documentación. En aquel momento –y aún hoy–, Kanoore Edul era un sospechoso importante, porque llamó el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado, a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que en ese mismo domingo afirma que vendió y entregó la camioneta a personas desconocidas. Kanoore Edul nunca pudo explicar esa llamada a Telleldín.
n Cuatro años después del atentado, por iniciativa del entonces presidente Bill Clinton, llegó a la Argentina una delegación del FBI para ayudar en la investigación del caso AMIA. Después de estar una semana en el país, el equipo de diez especialistas sostuvo en un informe final que debía profundizarse la pista de Kanoore Edul, justo la que es materia de acusación contra Palacios.
Más allá de las irregularidades concretas señaladas por Nisman, lo cierto es que Palacios era parte del equipo integrado por el juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los hombres de la SIDE que intervinieron en el caso y los miembros del gobierno de Carlos Menem que supuestamente debían supervisar la investigación. No existe la menor duda de que la pesquisa fue un gravísimo fracaso, al punto que el Tribunal Oral sostuvo que la investigación “fue una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. La Corte Suprema ordenó recientemente volver a trabajar sobre la primera parte de la investigación, pero dejó en firme lo que sostuvo el Tribunal. Y Mauricio Macri está designando al frente de la Policía Metropolitana a un hombre –que según coincide Nisman, los familiares de las víctimas y buena parte de las organizaciones de la comunidad judía– jugó un papel importantísimo en la investigación fraudulenta y fracasada del atentado.
La banda del Oso Peralta
El secuestro de Axel Blumberg fue perpetrado por una banda de ladrones de autos, comandada por Martín “el Oso” Peralta. En el juicio, no sólo fueron condenados los que se ocupaban del robo en sí mismo y terminaron matando a Axel, sino también el hombre que les hacía el pedido de los vehículos: Jorge Daniel Sagorsky. Quienes conocen la trama de aquella banda, lo sintetizan así: “Sagorsky era Warnes”, refiriéndose a la avenida donde Sagorsky comercializaba las partes de los autos que robaba la banda de el Oso. Sagorsky fue condenado a seis años y seis meses de prisión por ser parte de la organización delictiva, aunque no le achacaron responsabilidad en el asesinato de Axel.
Como es obvio, el reducidor Sagorsky mantenía estrechas relaciones con hombres de la Policía Federal que le daban protección a los negocios sucios del robo de autos. En ese marco, el periodista Martín Pitón dio a conocer la transcripción de un diálogo telefónico entre Palacios y Sagorsky. Fino dice que esa fue una movida de la SIDE en su contra, pero admite la veracidad de su intercambio con Sagorsky. Además, no se trata de una escucha ilegal: proviene de la investigación de un juez sobre documentos falsos de autos robados.
Un primer diálogo es entre el comisario retirado Carlos Gallone, quien figura en el informe de la Conadep, y Sagorsky.
Carlos Gallone: –Hola.
Daniel Sagorsky: –Hola, Carlitos.
Gallone: –Sí, señor.
Sagorsky: –¿Cómo te va, mi amigo?
Gallone: –¿Quién habla?
Sagorsky: –Daniel.
Gallone: –¿Sabés con quién estoy acá? Con un hombre que te quiere detener, hermano.
Sagorsky: –¿A mí?
Gallone: –Sí.
Sagorsky: –¿Quién me va a detener? ¿Qué huevos tiene?
Gallone: –Este tiene huevos grandes. Estoy justo con el Fino Palacios.
Sagorsky: –¿Con quién?
Gallone: –Con el Fino Palacios.
Sagorsky: –Ah, Palacios.
Gallone: –Justamente, le expliqué que eras amigo mío. Que por vos, que gracias a Dios, había salido bien de una cosa que te habían imputado. Entonces me dijo que sí, que te querían, que te tienen referencias. Pero si salió bien, mejor. Está acá al ladito mío. Después, un día de éstos, vamos a ir a tomar un cafecito con él.
Sagorsky: –Bueno, bueno.
Gallone: –¿Sabés por qué? Me está diciendo, vino a ver a Cainelli. Quiere comprar una cuatro por cuatro para ir a pescar.
Sagorsky: –Una cuatro por cuatro para ir a pescar...
Gallone: –Se la vamos a ir a pedir a Daniel, le digo.
Sagorsky: –No hay problema, no hay problema, lo que quiera.
Gallone: –Esperá que te doy con él así lo saludás, pero no hablen nada.
Sagorsky: –No, no.
Es decir que Palacios se pone al teléfono con un hombre del que conoce perfectamente su accionar en el mundo del robo de autos y acepta eso de “no hablen nada”. Queda claro que Gallone y Palacios habían hablado de que Sagorsky le podía conseguir una 4x4, obviamente robada, para ir a pescar.
Este es el diálogo entre Palacios y Sagorsky:
Jorge Palacios: –Hola.
Sagorsky: –Hola.
Palacios: –Sí, ¿qué tal?
Sagorsky: –Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, bien?
Palacios: –¿Qué tal, bien?
Sagorsky: –Bien, ¿y usted?
Palacios: –Bien, gracias a Dios bien.
Sagorsky: –Me alegro mucho. En cualquier momento a ver si nos vemos y charlamos un poquito.
Palacios: –Bueno, cómo no.
Sagorsky: –Un cafecito vamos a tomar.
Palacios (riéndose): –Todo bien. Un abrazo.
Sagorsky: –Chau, chau.
Como se ve, tanto Palacios como Sagorsky siguen la recomendación de “no hablar nada”. Es un diálogo cuidadoso entre un jefe policial y un reducidor de autos, luego condenado por pertenecer a la banda del Oso Peralta. Lo que tienen que hablar, lo hablarán personalmente, en el cafecito al que se refieren. La lógica indica que un jefe policial, ahora titular de la Policía Metropolitana, no habla ni toma cafecitos con delincuentes.
El extraño caso de la viuda
María Victoria Henao Vallejos, viuda del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, llegó a la Argentina en 1996. Vino con el nombre de María Isabel Santos Caballero y con documentos legales emitidos por el gobierno de Colombia, que quería sacarla del país para evitar que la mujer y sus hijos fueran víctimas de venganzas o internas de lo que quedaba del cartel. La Fiscalía General de Colombia la investigó tres veces, no la imputó por ningún cargo y lo propio ocurrió con la DEA norteamericana.
La mujer compró un caserón en Luján, tres propiedades más y, sobre esa base pidió la residencia en la Argentina. Lo que ocurrió es que trabó una especie de relación sentimental con el hombre que le administraba esas propiedades; Juan Carlos Zacarías, y éste terminó averiguando que ella era la viuda de Pablo Escobar. A partir de ese momento –según denunció la mujer–, la empezó a extorsionar amenazando con hacer público que estaba en el país. Santos Caballero incluso grabó las conversaciones en las que Zacarías la extorsionaba y terminó presentando la denuncia en la Justicia. El abogado de Zacarías era también defensor del imputado en el caso AMIA, Carlos Telleldín. En todos aquellos diálogos extorsivos, Zacarías amenazaba con “sacarla de la cancha”, denunciándola en la Justicia y en los medios de comunicación.
Asombrosamente, en medio de aquel conflicto, un hombre del comisario Palacios, que conocía a Stinfale del caso AMIA, inició la causa contra la viuda de forma llamativa: la mujer era muy poco conocida en el mundo, incluso en Colombia, pero el policía dijo que la vio en un vehículo al detenerse en un semáforo de la avenida Cabildo. Nadie podría creerse semejante invento.
Después de una espectacular movida, que tuvo como cabecera el programa de televisión de Chiche Gelblung, Santos Caballero y su hijo fueron detenidos y la mujer estuvo presa 17 meses. Los informes del gobierno colombiano y la DEA, más la inexistencia de ilícitos cometidos en la Argentina, llevaron a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado a sostener que no había ningún fundamento en la acusación y, además, remarcaron el carácter espurio del inicio de la causa. Quedó en claro que se trataba de un armado policial, que fue funcional a la extorsión que protagonizaban Zacarías y Stinfale. Otro detalle no menor es que en esos tiempos la viuda le terminó vendiendo –con Stinfale en el medio– la propiedad de Luján a uno de los abogados de las víctimas del atentado. Es decir que se conjugaron buena parte de los protagonistas del caso AMIA: Palacios, el abogado del imputado y el abogado de algunos familiares, y todo en medio de una extorsión a la viuda. El final de la historia fue que el armado policial fracasó: Santos Caballero fue absuelta.
Una acusación en la Justicia por su intervención en el caso AMIA, un diálogo llamativo con un reducidor de autos que terminó siendo parte de la banda de secuestradores de Axel Blumberg, un armado policial. Y, además, participó de la represión del 20 y 21 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, expediente en el que fue procesado, pero finalmente sobreseído. “Es el mejor jefe de Policía que yo decidí proponer y Mauricio Macri coincidió”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Por de pronto, resulta extraño que no se espere el pronunciamiento de la Justicia sobre la imputación del fiscal Nisman, pero, además, son palabras parecidas a aquella frase de Duhalde sobre la Bonaerense, la mejor policía del mundo.
Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127786-2009-07-05.html
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El Tesoro de los Estados Unidos también investiga a De Narváez por lavado de dinero de origen delictivo.
Domingo, 5 de Julio de 2009
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EL PAIS › AMIA, LA REPRESION DEL 2001, LA “CAMA” A LA VIUDA DE GAVIRIA
Las hazañas del Fino Palacios
Llueven los cuestionamientos y la oposición en la ciudad busca frenar el nombramiento de Jorge Alberto Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Las grabaciones con sus “amigos” reducidores, sus andanzas en la causa AMIA y el intento de chantaje a la colombiana.
Por Raúl Kollmann
Las bancadas de la oposición en la Legislatura porteña, las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA y buena parte de las organizaciones de la comunidad judía, así como organizaciones de derechos humanos, le pedirán mañana al jefe de Gobierno porteño que revea la decisión de designar al comisario retirado Jorge Alberto “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. En la causa del ataque contra la mutual judía, Palacios fue acusado por una larga serie de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento del deber de persecución del delincuente y sustracción de prueba. Pero, además, Palacios registra una llamada telefónica con un integrante de la banda de ladrones de autos que secuestró y asesinó a Axel Blumberg. En el diálogo, que hoy vuelve a transcribir este diario, Palacios se promete un café con Jorge Sagorsky, el reducidor, hablan de la compra de una camioneta para que el comisario vaya a pescar y se despide con un abrazo.
El Fino fue, además, protagonista de una llamativa historia, la de la viuda de Pablo Escobar Gaviria, el famoso líder del cartel de Medellín. La mujer estaba en la Argentina por pedido de las autoridades colombianas y denunció una extorsión de un hombre con el que mantenía una relación personal. Sorpresivamente, se produjo una movida que beneficiaba a los extorsionadores: un oficial del grupo de Palacios la denunció ante la Justicia de manera curiosa. El policía de el Fino dijo que, manejando por la avenida Cabildo, en un semáforo, vio a la viuda –desconocida para casi todos los mortales– en un vehículo que también se detuvo por la luz roja. María Isabel Santos Caballero, nombre adjudicado a la viuda, estuvo 17 meses detenida y, al final, la causa se derrumbó por aquel inicio absurdo, evidente armado policial. La mujer fue sobreseída.
La causa AMIA
Palacios fue designado al frente de la Unidad Antiterrorista en 1997, cuando ya habían transcurrido tres años del atentado y se produjo un tremendo escándalo en el acto del tercer aniversario. El público se pronunció con dureza: abucheó a los ministros, al presidente Carlos Menem y a los dirigentes de la comunidad judía por la falta de resultados en la pesquisa.
Sin embargo, el Fino había participado en la pesquisa desde el principio y ahora el fiscal Alberto Nisman lo acusa por un allanamiento realizado el 1º de agosto de 1994, menos de dos semanas después del atentado. Se trataba del momento clave de la pesquisa, porque es sabido que los casos que no se resuelven enseguida después de ocurridos tienden a quedar impunes. Lo concreto es que en el atentado contra la AMIA no se pudo descubrir nada de los autores materiales: ni cómo entraron o salieron del país ni dónde se armó la camioneta-bomba ni de dónde vinieron los explosivos ni quiénes fueron los cómplices locales. Hoy en día se acusa a Irán, pero sólo sobre la base de pruebas muy circunstanciales y testimonios no presenciales de disidentes del régimen de Teherán.
En la investigación sobre el fracaso de todo lo hecho, el fiscal Nisman acusó, entre otros, a Palacios. La imputación debe ser resuelta por el juez federal Ariel Lijo pero, en diálogo con Página/12, Nisman enumeró las pruebas:
n Palacios tenía orden de allanar el domicilio de un sospechoso, Alberto Jacinto Kanoore Edul. Sus hombres llegaron a las ocho de la mañana del 1º de agosto de 1994, pero recién allanaron a las 17.30. Todo el barrio y los propios sospechosos ya sabían que los iban a allanar, cosa que surge de los testimonios y las escuchas telefónicas.
n Desde un celular a nombre de Palacios se realizaron dos llamadas telefónicas al domicilio que se iba a allanar. Según Nisman, Palacios ocultó esas llamadas: la primera de casi un minuto y la segunda de medio minuto.
n Según dijeron los testigos del allanamiento, el procedimiento fue distendido y prácticamente no se secuestró documentación. En aquel momento –y aún hoy–, Kanoore Edul era un sospechoso importante, porque llamó el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado, a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que en ese mismo domingo afirma que vendió y entregó la camioneta a personas desconocidas. Kanoore Edul nunca pudo explicar esa llamada a Telleldín.
n Cuatro años después del atentado, por iniciativa del entonces presidente Bill Clinton, llegó a la Argentina una delegación del FBI para ayudar en la investigación del caso AMIA. Después de estar una semana en el país, el equipo de diez especialistas sostuvo en un informe final que debía profundizarse la pista de Kanoore Edul, justo la que es materia de acusación contra Palacios.
Más allá de las irregularidades concretas señaladas por Nisman, lo cierto es que Palacios era parte del equipo integrado por el juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los hombres de la SIDE que intervinieron en el caso y los miembros del gobierno de Carlos Menem que supuestamente debían supervisar la investigación. No existe la menor duda de que la pesquisa fue un gravísimo fracaso, al punto que el Tribunal Oral sostuvo que la investigación “fue una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. La Corte Suprema ordenó recientemente volver a trabajar sobre la primera parte de la investigación, pero dejó en firme lo que sostuvo el Tribunal. Y Mauricio Macri está designando al frente de la Policía Metropolitana a un hombre –que según coincide Nisman, los familiares de las víctimas y buena parte de las organizaciones de la comunidad judía– jugó un papel importantísimo en la investigación fraudulenta y fracasada del atentado.
La banda del Oso Peralta
El secuestro de Axel Blumberg fue perpetrado por una banda de ladrones de autos, comandada por Martín “el Oso” Peralta. En el juicio, no sólo fueron condenados los que se ocupaban del robo en sí mismo y terminaron matando a Axel, sino también el hombre que les hacía el pedido de los vehículos: Jorge Daniel Sagorsky. Quienes conocen la trama de aquella banda, lo sintetizan así: “Sagorsky era Warnes”, refiriéndose a la avenida donde Sagorsky comercializaba las partes de los autos que robaba la banda de el Oso. Sagorsky fue condenado a seis años y seis meses de prisión por ser parte de la organización delictiva, aunque no le achacaron responsabilidad en el asesinato de Axel.
Como es obvio, el reducidor Sagorsky mantenía estrechas relaciones con hombres de la Policía Federal que le daban protección a los negocios sucios del robo de autos. En ese marco, el periodista Martín Pitón dio a conocer la transcripción de un diálogo telefónico entre Palacios y Sagorsky. Fino dice que esa fue una movida de la SIDE en su contra, pero admite la veracidad de su intercambio con Sagorsky. Además, no se trata de una escucha ilegal: proviene de la investigación de un juez sobre documentos falsos de autos robados.
Un primer diálogo es entre el comisario retirado Carlos Gallone, quien figura en el informe de la Conadep, y Sagorsky.
Carlos Gallone: –Hola.
Daniel Sagorsky: –Hola, Carlitos.
Gallone: –Sí, señor.
Sagorsky: –¿Cómo te va, mi amigo?
Gallone: –¿Quién habla?
Sagorsky: –Daniel.
Gallone: –¿Sabés con quién estoy acá? Con un hombre que te quiere detener, hermano.
Sagorsky: –¿A mí?
Gallone: –Sí.
Sagorsky: –¿Quién me va a detener? ¿Qué huevos tiene?
Gallone: –Este tiene huevos grandes. Estoy justo con el Fino Palacios.
Sagorsky: –¿Con quién?
Gallone: –Con el Fino Palacios.
Sagorsky: –Ah, Palacios.
Gallone: –Justamente, le expliqué que eras amigo mío. Que por vos, que gracias a Dios, había salido bien de una cosa que te habían imputado. Entonces me dijo que sí, que te querían, que te tienen referencias. Pero si salió bien, mejor. Está acá al ladito mío. Después, un día de éstos, vamos a ir a tomar un cafecito con él.
Sagorsky: –Bueno, bueno.
Gallone: –¿Sabés por qué? Me está diciendo, vino a ver a Cainelli. Quiere comprar una cuatro por cuatro para ir a pescar.
Sagorsky: –Una cuatro por cuatro para ir a pescar...
Gallone: –Se la vamos a ir a pedir a Daniel, le digo.
Sagorsky: –No hay problema, no hay problema, lo que quiera.
Gallone: –Esperá que te doy con él así lo saludás, pero no hablen nada.
Sagorsky: –No, no.
Es decir que Palacios se pone al teléfono con un hombre del que conoce perfectamente su accionar en el mundo del robo de autos y acepta eso de “no hablen nada”. Queda claro que Gallone y Palacios habían hablado de que Sagorsky le podía conseguir una 4x4, obviamente robada, para ir a pescar.
Este es el diálogo entre Palacios y Sagorsky:
Jorge Palacios: –Hola.
Sagorsky: –Hola.
Palacios: –Sí, ¿qué tal?
Sagorsky: –Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, bien?
Palacios: –¿Qué tal, bien?
Sagorsky: –Bien, ¿y usted?
Palacios: –Bien, gracias a Dios bien.
Sagorsky: –Me alegro mucho. En cualquier momento a ver si nos vemos y charlamos un poquito.
Palacios: –Bueno, cómo no.
Sagorsky: –Un cafecito vamos a tomar.
Palacios (riéndose): –Todo bien. Un abrazo.
Sagorsky: –Chau, chau.
Como se ve, tanto Palacios como Sagorsky siguen la recomendación de “no hablar nada”. Es un diálogo cuidadoso entre un jefe policial y un reducidor de autos, luego condenado por pertenecer a la banda del Oso Peralta. Lo que tienen que hablar, lo hablarán personalmente, en el cafecito al que se refieren. La lógica indica que un jefe policial, ahora titular de la Policía Metropolitana, no habla ni toma cafecitos con delincuentes.
El extraño caso de la viuda
María Victoria Henao Vallejos, viuda del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, llegó a la Argentina en 1996. Vino con el nombre de María Isabel Santos Caballero y con documentos legales emitidos por el gobierno de Colombia, que quería sacarla del país para evitar que la mujer y sus hijos fueran víctimas de venganzas o internas de lo que quedaba del cartel. La Fiscalía General de Colombia la investigó tres veces, no la imputó por ningún cargo y lo propio ocurrió con la DEA norteamericana.
La mujer compró un caserón en Luján, tres propiedades más y, sobre esa base pidió la residencia en la Argentina. Lo que ocurrió es que trabó una especie de relación sentimental con el hombre que le administraba esas propiedades; Juan Carlos Zacarías, y éste terminó averiguando que ella era la viuda de Pablo Escobar. A partir de ese momento –según denunció la mujer–, la empezó a extorsionar amenazando con hacer público que estaba en el país. Santos Caballero incluso grabó las conversaciones en las que Zacarías la extorsionaba y terminó presentando la denuncia en la Justicia. El abogado de Zacarías era también defensor del imputado en el caso AMIA, Carlos Telleldín. En todos aquellos diálogos extorsivos, Zacarías amenazaba con “sacarla de la cancha”, denunciándola en la Justicia y en los medios de comunicación.
Asombrosamente, en medio de aquel conflicto, un hombre del comisario Palacios, que conocía a Stinfale del caso AMIA, inició la causa contra la viuda de forma llamativa: la mujer era muy poco conocida en el mundo, incluso en Colombia, pero el policía dijo que la vio en un vehículo al detenerse en un semáforo de la avenida Cabildo. Nadie podría creerse semejante invento.
Después de una espectacular movida, que tuvo como cabecera el programa de televisión de Chiche Gelblung, Santos Caballero y su hijo fueron detenidos y la mujer estuvo presa 17 meses. Los informes del gobierno colombiano y la DEA, más la inexistencia de ilícitos cometidos en la Argentina, llevaron a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado a sostener que no había ningún fundamento en la acusación y, además, remarcaron el carácter espurio del inicio de la causa. Quedó en claro que se trataba de un armado policial, que fue funcional a la extorsión que protagonizaban Zacarías y Stinfale. Otro detalle no menor es que en esos tiempos la viuda le terminó vendiendo –con Stinfale en el medio– la propiedad de Luján a uno de los abogados de las víctimas del atentado. Es decir que se conjugaron buena parte de los protagonistas del caso AMIA: Palacios, el abogado del imputado y el abogado de algunos familiares, y todo en medio de una extorsión a la viuda. El final de la historia fue que el armado policial fracasó: Santos Caballero fue absuelta.
Una acusación en la Justicia por su intervención en el caso AMIA, un diálogo llamativo con un reducidor de autos que terminó siendo parte de la banda de secuestradores de Axel Blumberg, un armado policial. Y, además, participó de la represión del 20 y 21 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, expediente en el que fue procesado, pero finalmente sobreseído. “Es el mejor jefe de Policía que yo decidí proponer y Mauricio Macri coincidió”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Por de pronto, resulta extraño que no se espere el pronunciamiento de la Justicia sobre la imputación del fiscal Nisman, pero, además, son palabras parecidas a aquella frase de Duhalde sobre la Bonaerense, la mejor policía del mundo.
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El Tesoro de los Estados Unidos también investiga a De Narváez por lavado de dinero de origen delictivo.
Domingo, 5 de Julio de 2009
EL PAIS › ULTIMAS NOTICIAS SOBRE FRANCISCO
Los negocios del Patán
El Tesoro de los Estados Unidos también investiga a De Narváez por lavado de dinero de origen delictivo. Así surge de un informe enviado a la Unidad de Información Financiera argentina (UIF) por su homóloga estadounidense, el Fincen. Las operaciones sospechosas fueron informadas por el Citibank de Nueva York y el JP Morgan Chase. El accidente de LAPA, una maraña de transacciones financieras entre compañías fantasma y aportes de 20 millones de dólares en efectivo.
Por Horacio Verbitsky
No sólo la AFIP denunció a Francisco de Narváez ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en aplicación de la ley 25.246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. También lo hizo el JP Morgan Chase Bank de Nueva York, según informó el Fincen, la red policial del Tesoro de los Estados Unidos que se encarga de “reforzar la seguridad nacional, detectar e impedir la actividad delictiva y proteger al sistema financiero de cualquier abuso, promoviendo la transparencia en el país y en el sistema financiero internacional”.
La ola de rechazo al gobierno nacional permitió que las fundadas denuncias respecto a las actividades del filántropo colombiano fueran desdeñadas como operaciones espurias que incluso lo beneficiaron al realzarlo como el principal antagonista del ex presidente Néstor Kirchner, un rol que excede con amplitud sus capacidades diferentes. Pero concluido el escrutinio, los duros hechos siguen estando donde estaban y hay más motivos que nunca para profundizar la investigación, ahora que el gran triunfador del domingo pasado se apresta a avanzar, con la tutela del ex senador Eduardo Duhalde, sobre el principal partido político argentino y hacia la gobernación de su provincia más extensa y poblada. Otro tema es que haya magistrados dispuestos a hacerlo. A través del detenido Roberto Segovia primero, al que le prestó su abogado corporativo Mariano Cúneo Libarona, en nombre propio después, con su honorable abogado Alejandro Carrió, De Narváez recusó al juez que investiga su relación con el principal traficante clandestino de efedrina. Si la causa recayera en un magistrado más respetable sus expectativas serían oscuras, porque lo que no ha podido negar son los cuatro llamados que se hicieron desde uno de sus teléfonos a Segovia.
El accidente de LAPA
El informe 06/2008 del Fincen fue dirigido el año pasado a la UIF argentina, que estaba investigando operaciones sospechosas realizadas por el socio principal de Francisco de Narváez, Gustavo Andrés Deutsch, como presidente de la quebrada empresa aerocomercial Líneas Aéreas Privadas (LAPA). De Narváez fue miembro del directorio de la compañía, uno de cuyos aviones se estrelló al fallar el decolaje desde el aeropuerto Newbery el 31 de agosto de 1999. El padre de Deutsch, Federico, y el abuelo de De Narváez, Carlos Steuer, llegaron juntos de Checoslovaquia y fueron socios en Casa Tía. Sus respectivos herederos extendieron la relación a LAPA, fundada por Deutsch, quien era piloto y apasionado de la aviación. Luego del accidente De Narváez fue procesado por la justicia, pero luego se le dictó la falta de mérito y fue sobreseído. Su defensor es Roberto José María Durrieu, viceministro de justicia del dictador Jorge Videla y fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires. Durrieu es también abogado del diario La Nación. En su declaración indagatoria ante el juez federal Gustavo Literas el 26 de junio de 2000, De Narváez explicó que entre sus funciones no figuraba la selección ni el entrenamiento de los pilotos, por lo que no podía atribuírsele una responsabilidad objetiva en el accidente. Agregó que sólo se encargaba de prestar “asesoramiento en cuestiones de estrategia de la compañía y de la estructura de financiamiento”. Por ello, en diciembre de 2000 Literas le dictó la falta de mérito y en diciembre de 2002 el juez federal Sergio Torres lo sobreseyó, dado que sólo era un “director de sillón”, con tareas de asesoramiento financiero. Con toda claridad esto implica que De Narváez sí tiene responsabilidad en las operaciones financieras de LAPA. Además, derivan de ellas beneficios específicos para el reelecto diputado bonaerense, que fueron informados por el órgano estadounidense de prevención y persecución del lavado de dinero.
Las operaciones sospechosas
El Tesoro estadounidense mencionó dos reportes de actividad sospechosa que conciernen a Deutsch y LAPA, uno de los cuales involucra también a De Narváez. El primero fue presentado por el Citibank de Nueva York y se refiere a un cliente identificado sólo con el nombre Patán. Dice que entre enero y marzo de 1999 recibió cinco transferencias por 209.400 dólares y realizó una sexta por 535.000 dólares. El Fincen sostiene que “uno de los firmantes” de la cuenta Patán es Andy Deutsch, lo cual supone que hay otros, que el organismo no menciona. La segunda operación sospechosa fue informada por el JP Morgan de Nueva York. Se trata de una transferencia por 18.390.000 dólares realizada el 22 de febrero de 2002 desde el Banco Comercial SA al Northern Trust Internacional Banking Corporation, a favor de Merrill Lynch Pierce Fenner, “para beneficio final de Gustavo Andrés Deutsch, Francisco de Narváez Steuer, Bernard Marie Louis Dunand o Eric Reiss”. Dunand fue presidente de Carrefour en Francia, México y la Argentina y Reiss su gerente financiero y también ex vicepresidente de Casa Tía. Estas transferencias forman parte de un intrincado laberinto de compañías que poseen a otras compañías que contratan unas con otras, hasta que se pierden las pistas sobre la verdadera propiedad y se diluyen las responsabilidades, comerciales y penales. Lo mismo ocurre en el grupo de compañías formadas por la Sociedad Rural y De Narváez para la administración del predio de Palermo, cedido a precio vil por el ex presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El Tesoro de Washington informó una tercera operación sospechosa: entre diciembre de 2002 y abril de 2003 alguien identificado como Gristavo Andrew Deutsch (sic) efectuó seis transferencias electrónicas a varias empresas. Desde enero de 2005 hasta mayo de 2006 realizó otras seis transferencias por 209.500 dólares desde su cuenta personal. Tres de ellas se enviaron a Walmont SA, sin un propósito comercial aparente. El Fincen observó que “pese a que el nombre tiene un gran parecido, la fecha de nacimiento de Gristavo Andrew Deutsch no coincide con la de Gustavo Andrés Deutsch”. Walmont SA es una sociedad constituida en 1997 en Buenos Aires, de la que Deutsch es presidente y también el único firmante de su cuenta en el Citibank. Su domicilio es el mismo de Deutsch. Según las actas de directorio de LAPA, Walmont es su accionista principal. El Fincen detalla que el 99,05 por ciento de las acciones de LAPA pertenecen a Walmont y el 0,95 por ciento a Deutsch. Es decir, se trata de una sociedad de cómodo, como las descriptas por el ex inspector general de Justicia Ricardo Nissen como instrumentos de fraude.
Veinte palos verdes cash
También los síndicos de la quiebra de LAPA, el estudio Oliveto-Paparatto & Asociados, denunciaron una operación sospechosa de Deutsch y del miembro del Consejo de Vigilancia de LAPA, Eduardo Daniel Becher. El contador Becher es columnista habitual en el diario El Cronista, que posee De Narváez, y director de BDO Becher Lichtenstein & Asociados, filial argentina de una organización mundial de servicios de auditoría, impuestos y consultoría profesional. La investigación de la UIF estableció que como resultado de transacciones realizadas con una empresa del paraíso fiscal de Bahamas ingresaron a la caja de LAPA veinte millones de dólares en efectivo, lo cual contradice los requisitos legales que exigen la intervención de una entidad bancaria. Además, LAPA adquirió bienes pagados por otra empresa de un paraíso fiscal, en Tortola, capital de las Islas Vírgenes Británicas.
En noviembre de 1999, Deutsch informó al directorio que como accionista de LAPA había pagado 18 millones de dólares a Dassault Falcon Jet Co, por la compra de una aeronave Falcon Jet 900. Ese pago constituiría un aporte suyo irrevocable a LAPA. Pero los contadores establecieron que en realidad el pago lo había realizado Timberhill Trading Inc. de Tortola. Ese contrato fue rescindido al mes siguiente de firmado y el directorio autorizó que los 18 millones de dólares fueran restituidos a Deutsch para abonar los anticipos por la compra de seis máquinas al fabricante de aviones The Boeing Co. En marzo de 2000, ese compromiso de aporte fue cedido a la sociedad Walmont SA, que se comprometió a pagar a Boeing por la compra de seis aeronaves del modelo 737-700. Pero en junio LAPA cedió los derechos y obligaciones de ese contrato a la firma de Nassau, Bahamas, Findmore Enterprises. Esa empresa, constituida con un capital de 10.000 dólares, pagó por la cesión 20 millones de dólares. La condición del convenio, que Deutsch describió ante el directorio como muy ventajosa, era que Boeing aceptara la cesión. En caso contrario, LAPA no debería reintegrar el pago a Findmore. En diciembre de 2000, Deutsch informó al directorio que había efectuado
nuevos anticipos a Boeing por 11.151.713 pesos, que también constituían aportes irrevocables del presidente. Boeing no aceptó la cesión del contrato a Findmore y los 20 millones de dólares ingresaron en efectivo a LAPA como una utilidad extraordinaria. LAPA renegoció entonces el convenio con Boeing, reduciendo la compra de seis a cuatro aeronaves y Boeing se comprometió a restituir a LAPA una suma que el acta 393 del directorio menciona con un llamativo error. En números dice 21.552.638,83 pesos y la aclaración en letras veinte millones ciento dieciséis mil ciento setenta y seis. Oliveto y Paparatto & Asociados informaron a la UIF que la realidad no era la que surgía de las actas y de la contabilidad y que no había comprobantes que avalaran los asientos contables. (Lo mismo ocurre con la investigación de la AFIP sobre el patrimonio de Francisco de Narváez.) Entre 1998 y 2001 LAPA padeció grandes pérdidas, los registros contables se realizaron con atrasos sistemáticos, los asientos contables no contaron con comprobantes y los accionistas realizaron aportes muy significativos. En las actas de directorio figuran como realizados por Deutsch pero los pagos los hizo la misteriosa empresa de Bahamas. El libro diario de LAPA tiene hojas móviles y no está rubricado, con lo que no permite reconstruir los movimientos contables. Todas las sociedades en las que participa De Narváez siguen la misma pauta impugnada por Nissen. Los analistas de la UIF destacan la “directa vinculación” con Deutsch de Walmont, Timberhill Trading Inc. y Findmore Enterprises y que las transferencias efectuadas desde paraísos fiscales carecen de todo fundamento. “Los fondos tendrían que haber sido otorgados por Deutsch a LAPA (aporte irrevocable) y esta última es quien tendría que haber realizado las transferencias” por el pago de los aviones. En este juego de espejos, el socio principal se relaciona consigo mismo a través de distintas sociedad controladas o vinculadas. La investigación de la UIF se realizó entre abril de 2006 y abril de 2008, mucho antes de que De Narváez constituyera alguna preocupación para el gobierno nacional y que hasta Maurizio Macri se asombrara por su prodigalidad para volcar fondos de origen desconocido en los avisos de la campaña más costosa que se recuerde, que De Narváez con plena sinceridad llama “comerciales”. Por considerar que se había cometido un delito, la UIF dio traslado al Fiscal General Raúl Plee, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien el 2 de octubre de 2008 presentó la denuncia a la Justicia que es instruida en el juzgado federal 9 a cargo del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid e interviene el fiscal Oscar Amirante.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127750-2009-07-05.html
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