La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
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actualización al pie del post: - 28072010
La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
Publicado el 14 de octubre de 2009
Reporteros sin Fronteras, en el marco de su colaboración con Americagora.com, sitio informativo dedicado a América Latina, presenta su análisis y reacción tras la aprobación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que viene a substituir a la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, conocida como la "22.285", aprobada en plena dictadura militar.
Leer la crónica en Americagora : http://www.americagora.com/la-peque...
Calificando el texto de “pequeña revolución mediática” de Cristina Kirchner, Reporteros sin Fronteras traza un cuadro del paisaje mediático argentino y analiza los puntos principales de la nueva ley, los indiscutibles avances que introduce y las preguntas que suscita.
“Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoistas”, declara la organización. Y es que, de hecho, el objetivo que se persigue es la democratización de los medios y su desconcentración; es decir el fin del casi monopolio actual del grupo Clarín, que por sí solo posee 264 licencias de difusión. Otra medida clave reside en el hecho de que el 33% del espacio audiovisual se pone a disposición de medios o soportes sin ánimo de lucro, lo que abre la vía a los medios comunitarios hasta ahora ausentes en las frecuencias argentinas.
Cuando la cuestión del equilibrio mediático ocupa el centro de la actualidad del continente, la nueva ley argentina podría servir de feliz inspiración a otros países de la región.
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La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
Par Emilie Barraza le 14 octobre 2009
Reporteros sin fronteras analiza las consecuencias y los retos de la nueva ley de medios audiovisuales recién promulgada. Una verdadera revolución en el paisaje mediático argentino que bien podría inspirar a los paises vecinos.
Americagora – Reporteros sin Fronteras
Cristina Kirchner no tiene muchos amigos en la prensa, en particular en la « grande ». Un día que se celebraban las conmemoraciones del 9 de julio, cuando todavía era senadora y Primera Dama, la futura Presidenta argentina calificó a los periodistas de « burros » e « ignorantes ». Era la época en que ya el grupo Clarín y La Nación, exasperaban a la Casa Rosada hasta el punto de que Néstor Kirchner se había negado a celebrar la más mínima conferencia de prensa durante su mandato. Por eso, Cristina Kirchner no partía como favorita con un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que esgrimió como la reforma embemática de su presidencia.
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Licencias y fútbol. En realidad, lo que la Presidenta ha iniciado es una pequeña revolución al conseguir que el Congreso apruebe el texto, a pesar de la lógica hostilidad de la oposición y de los consorcios mediáticos, con Clarín a la cabeza, que ahora amenazan continuar el debate ante la justicia por « inconstitucionalidad ». Políticamente se trata de una victoria. Inapelable el 17 de septiembre en la Cámara de los Diputados (146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones) y después validada el 10 de octubre en el Senado, en idénticos términos (44 votos a favor, 24 en contra). Se argumentará que hay que pagar el precio de 200 modificaciones del proyecto inicial. Sin duda. El texto salido del hemiciclo, que la sociedad civil quería y había debatido, encaja a pesar de todo con las intenciones de sus promotores; porque el reto era doble.
Por una parte, la nueva ley SCA tenía que saldar la desafortunada herencia de la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la « 22.285 », aprobada en plena dictadura militar y que se mantuvo en vigor tras el regreso del país a la democracia en 1983. La nueva ley substituye – como ente de regulación – al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que en principio agrupaba a dirigentes de empresas, funcionarios de Inteligencia y militares, por una Autoridad de Aplicación integrada por representantes de la clase política. Esa Autoridad, sometida al control del Congreso (otra novedad), tendrá que contar también con la opinión de un Consejo Multisectorial y Participativo, en el que participarán profesores universitarios, personalidades del mundo asociativo y de la sociedad civil y, naturalmente, representantes de la profesión. Un Consejo multisectorial que recuerda mucho al Consejo Honorario Consultivo instituido en Uruguay en 2007 a través de una ley inédita de medios comunitarios, capacitado para intervenir en la concesión y renovación de las frecuencias.
Indeseables y prácticamente inexistentes bajo los regímenes militares, estos nuevos medios de comunicación suponen ahora un gran reto político en el continente (leer también la crónica Reporteros sin Fronteras-Americagora del 16 de septiembre de 2009). Un poco a imagen y semejanza de la ley uruguaya de 2007 que les reserva un tercio del espacio audiovisual, la nueva legislación argentina concede un 33% a los medios sin ánimo de lucro. La antigua ley de 1980 no contemplaba esa figura pero había sido enmendada con condiciones, en dicho sentido, en 2005. Los medios más específicamente identificados como comunitarios tenían que conseguir su regularización aprovechando un cambio en las reglas de concesión de frecuencias, válidas para una duración de diez años frente a los quince anteriores.
Se trataba de dar barnices jurídicos a la dictadura. Los « imperativos de seguridad nacional», con cuya invocación el régimen militar pretendía pesar sobre los contenidos difundidos, desaparecían totalmente con una nueva legislación que garantizaba la libertad de expresión, en conformidad con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La ley SCA establece solo la obligación, como existe en otros países, de una cuota de producción audiovisual nacional en torno al 60%. Igualmente democratiza la retransmisión de los partidos de fútbol, « una cuestión de vida o muerte, e incluso mucho más importante » según la broma, que hasta ahora estaba esencialmente limitada a los canales por cable.
Revolución audiovisual. Democratización, pues, que no parecen reconocer los detractores de la ley Kirchner, algunos de los cuales no dudan en equipararla a la ley de 1980, a la que sin embargo viene a reemplazar. Deshonesto e indecente, ese tipo de ataque juega sobre el otro reto que la SCA intentaba aceptar, y que no es el menor: reparar los perversos efectos de las enmiendas efectuadas a la ley de 1980 durante los anteriores gobiernos democráticos.
Puesto que, en la época en que se aprobó, la legislación del proceso suponía un cierto freno a la concentración de medios de comunicación prohibiendo, por ejemplo, que un grupo de prensa escrita poseyera al mismo tiempo una emisora de radio o un canal de televisión, o que más de veinte personas trabajaran dentro de la misma empresa radiofónica. Esas disposiciones, abolidas durante las presidencias de Alfonsín y Menem, tuvieron la desastrosa consecuencia de favorecer una superconcentración de medios encarnada en el grupo Clarín, poseedor por sí solo de 264 licencias. Estableciendo la prohibición de oligopolios y monopolios mediáticos, la ley SCA limita a 10 el número de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que pueden concederse a un mismo grupo, frente a las 24 anteriores. La misma disposición se aplica a la televisión, hertziana y por cable; un mismo grupo ya no puede ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Además, un concesionario ya no podrá disponer de más de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en soporte satélite, y un operador ya no tendrá derecho legal a ofrecer sus servicios a más del 35% de la población, o de la totalidad del público abonado.
Al final, con las nuevas cláusulas y los vencimientos de frecuencias, Clarín tendría que ceder algunos canales como Multicanal o Cablevisión si quiere conservar otros como Canal 13 (hertziano) y Todo Noticias (por cable). En total, el grupo podría perder 234 de sus licencias de emisión… siempre y cuando fracase en la ofensiva jurídica que se dispone a emprender – junto con otros – contra la ley Kirchner.
Digámoslo. Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. La pequeña revolución audiovisual de Cristina Kirchner bien podría encontrar eco en otros países de la región, como Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde la búsqueda de un equilibrio mediático se ha traducido más en la promoción de una nueva prensa pública o comunitaria. Por el contrario, un desesperante statu quo impera en Chile donde algunos proyectos de legislación, comparables a los aprobados en Uruguay y Argentina, llevan dos años durmiendo en los cajones del Congreso.
Es cierto que, sin duda, el gobierno argentino habría podido evitar añadir la afrenta a la audacia enviando, el 10 de septiembre, un centenar de funcionarios a la sede del grupo Clarín, para efectuar una dura «auditoría». Hay quien en ese episodio ha creído ver una muestra del enérgico carácter de la Presidenta. Cristina Kirchner no es la única, entre sus homólogos latinoamericanos, que exaspera a la maquinaria mediática. Sin embargo su ley, cuando no ella misma, evita la trampa en la que algunos están a veces a punto de caer: confundir la reforma del paisaje mediático con la de la práctica del periodismo.
Benoît Hervieu y Bérengère Ruet, Oficina Américas de Reporteros sin Fronteras
(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires)
Foto: © Denise Mayumi
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QUIENES SON REPORTEROS SIN FRONTERAS ENTERATE AL PIE DEL POST O AQUí
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Y REPORTEROS SIN FRONTERAS QUE DICE SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN ARGENTINA: Reporteros Sin Fronteras equiparó la libertad de prensa en la Argentina a la de países europeos
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19 de noviembre de 2009 - Rosario - Argentina
"muy buena clasificación"
Reporteros Sin Fronteras equiparó la libertad de prensa en la Argentina a la de países europeos
Un informe elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), difundido en París, equiparó la situación argentina y uruguaya al nivel de libertades de prensa de países europeos.
La organización destaca la "muy buena clasificación" de la Argentina, en el puesto 47 y Uruguay (29), debido al pluralismo y a la "democratización del paisaje mediático y, a veces, al descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura".
El informe señala que la libertad de prensa sufrió un considerable descalabro en Irán, Honduras y Venezuela, y "se hunde" en América Central.
Esas son las conclusiones del informe que toma en cuenta las violaciones de la libertad de prensa cometidas entre el 1º de septiembre 2008 y el 31 agosto de 2009 en todo el mundo.
El informe muestra a Dinamarca como el país con mayor libertad de prensa en el mundo, seguido de Finlandia.
Y señala que en Honduras, que ocupa el puesto 128, mermó considerablemente la libertad de los medios, ya que el gobierno golpista que asumió el 28 de junio pasado impuso una "política de mordaza" a los medios que no están a su favor.
Otros dos países que preocupan a la organización son México y Cuba, históricamente al final del ranking.
Por un lado, México se encuentra inmerso en una guerra contra el narcotráfico y continúa siendo la nación más peligrosa para los reporteros del continente, con nueve periodistas asesinados desde enero de 2009 y 55 desde el año 2000.
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Avence al primer mundo
Reporteros Sin Fronteras equiparó la libertad de prensa en Argentina a la de Europa.
Un informe elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), difundido en París, equiparó la situación argentina y uruguaya al nivel de libertades de prensa de países europeos.
La organización destaca la "muy buena clasificación" de la Argentina, en el puesto 47 y Uruguay (29), debido al pluralismo y a la "democratización del paisaje mediático y, a veces, al descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura".
El informe señala que la libertad de prensa sufrió un considerable descalabro en Irán, Honduras y Venezuela, y "se hunde" en América Central.
Esas son las conclusiones del informe que toma en cuenta las violaciones de la libertad de prensa cometidas entre el 1º de septiembre 2008 y el 31 agosto de 2009 en todo el mundo.
El informe muestra a Dinamarca como el país con mayor libertad de prensa en el mundo, seguido de Finlandia.
Y señala que en Honduras, que ocupa el puesto 128, mermó considerablemente la libertad de los medios, ya que el gobierno golpista que asumió el 28 de junio pasado impuso una "política de mordaza" a los medios que no están a su favor.
Otros dos países que preocupan a la organización son México y Cuba, históricamente al final del ranking.
Por un lado, México se encuentra inmerso en una guerra contra el narcotráfico y continúa siendo la nación más peligrosa para los reporteros del continente, con nueve periodistas asesinados desde enero de 2009 y 55 desde el año 2000.
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QUIENES SON REPORTEROS SIN FRONTERAS:
DE SU PAGINA WEB
Presentación
Publicado el 24 de septiembre de 2002
"No espere a que le priven de la información para defenderla"
En algunos países un periodista puede pasar varios años en la cárcel, por una palabra o una foto. Porque encarcelar a un periodista es eliminar a un testigo esencial y amenazar el derecho de todos a la información, Reporteros sin Fronteras, fundada en 1985, trabaja diariamente por la libertad de prensa.
Investigar, denunciar, apoyar
Reporteros sin Fronteras
- defiende a los periodista y colaboradores de los medios de comunicación encarcelados o perseguidos por su actividad profesional, y denuncia los malos tratos y la tortura que sufren en muchos Estados,
- lucha para que retroceda la censura y combate las leyes destinadas a restringir la libertad de prensa,
- concede anualmente un centenar de becas de asistencia para ayudar a un periodista o a un medio de comunicación en dificultades (gastos de abogados, gastos médicos, compra de material, etc.), así como a las familias de los reporteros encarcelados,
- trabaja por la mejora de la seguridad de los periodistas, especialmente en las zonas en conflicto.
Antes de actuar, los investigadores de Reporteros sin Fronteras, organizados por Zonas (Africa, Américas, Asia/Pacífico, Europa/exURSS, Maghreb/Oriente Medio) o por temas (Internet), establecen un censo de todos los atentados a la libertad de prensa. Tras verificar las informaciones, los investigadores y los corresponsales de la organización dirigen cartas de protesta a las autoridades, con el fin de pesar sobre los gobiernos que no respetan el derecho a informar y ser informado; y comunicados a los medios de comunicación, a fin de movilizarles en favor de los periodistas perseguidos.
En algunos casos no basta con censar las informaciones. Entonces, una delegación de Reporteros sin Fronteras acude sobre el terreno, con el fin de conocer mejor las condiciones de trabajo de los periodistas, evaluar la situación de la libertad de prensa, investigar los casos de periodistas encarcelados o asesinados y entrevistarse con las autoridades del país.
Las campañas realizadas en colaboración con diferentes profesionales de la comunicación tiene como objetivo informar al público, y hacer una mala publicidad de los Estados que no respetan este derecho fundamental entre las diferentes instituciones internacionales, medios de comunicación y gobiernos que mantienen relaciones con ellos.
Reporteros sin Fronteras se financia gracias a la venta de sus álbumes de fotografías y calendarios, subastas, donaciones, cotizaciones, mecenazgo, subvenciones públicas y colaboraciones con empresas privadas.
Una organización internacional
La actuación de Reporteros sin Fronteras se extiende a los cinco continentes, gracias a sus secciones nacionales (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia y Suiza), sus oficinas en Nueva York, Tokio y Washington, y su red de más de ciento veinte corresponsales. La organización trabaja igualmente en estrecha colaboración con asociaciones locales o regionales de defensa de la libertad de prensa, miembros de la “Red de Reporteros sin Fronteras”, en Afganistán, Belarús, Birmania, Colombia, , Eritrea, Estados Unidos, Kazajistán, Pakistán, Perú, República Democrática del Congo, Rumania, Rusia, Somalia y Túnez.
Reporteros sin Fronteras está reconocida de utilidad pública en Francia y dispone de estatuto consultivo en Naciones Unidas.
En 2005, el Parlamento Europeo entregó a Reporteros sin Fronteras el Premio Sajarov para la libertad de conciencia.
Las coordenadas completas de las diferentes ramas de Reporteros sin Fronteras están disponibles en www.rsf.org.
Un sitio actualizado permanentemente
Todos los comunicados y publicaciones difundidas por Reporteros sin Fronteras están disponibles en línea en el sitio informativo en cinco lenguas (árabe, francés, inglés, español y persa) de la organización. www.rsf.org también incluye, actualizado diariamente, el número de periodistas muertos y encarcelados y dossiers completos sobre asuntos de prensa. Por otra parte, el sitio ofrece a los internautas la posibilidad de movilizarse en favor de la libertad de los periodistas detenidos, firmando peticiones.
Los grandes momentos de la libertad de prensa
Aparte de sus comunicados diarios, informes de misión o investigación y sus publicaciones periódicas, Reporteros sin Fronteras marca cada año algunos grandes momentos dedicados a la libertad de prensa
- Balance anual de la libertad de prensa en el mundo
En enero, Reporteros sin Fronteras establece el balance de periodistas detenidos, amenazados, agredidos o muertos, y del número de medios de comunicación censurados, en todo el mundo.
- Día Internacional de la Libertad de Prensa
En esa ocasión, el 3 de mayo, Reporteros sin Fronteras publica la lista de Predadores de la libertad de prensa y un álbum de fotografías, cuyas ventas permiten a la organización llevar a cabo sus actuaciones.
- Clasificación mundial de la libertad de prensa
Publicada en octubre, permite medir el grado de libertad que disfrutan los periodistas, y los medios de comunicación, en más de 160 países.
- Día de apoyo a los periodistas encarcelados
Desde 1989, Reporteros sin Fronteras ofrece a las redacciones que apadrinen a periodistas detenidos por haber ejercido su profesión, y recuerden su caso, en este día especial de noviembre, para que no sean olvidados. En esa ocasión se pone a la venta otro álbum de fotografías, a beneficio de los periodistas encarcelados.
- Premio Reporteros sin Fronteras
Recompensa, en diciembre, a un periodista que por su actividad profesional, sus posturas o su actitud, haya dado testimonio de su compromiso con la libertad de información; a un medio de comunicación que representa el combate por el derecho a informar y estar informado, a un defensor de la libertad de prensa y a un ciberdisidente, punta de lanza de la libertad de expresión en Internet.
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actualización 20100728
La Corte Suprema anula la suspensión de la Ley del audiovisual: “Este texto debe aplicarse”
Publicado el 16 de junio de 2010
El 15 de junio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló por unanimidad la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), conseguida en el mes de marzo a demanda de un diputado.
Enrique Thomas, diputado nacional de oposición, invocó su calidad de “consumidor de medios de comunicación” para presentar la demanda en la Cámara Federal de la provincia de Mendoza, que se pronunció a favor de suspender la aplicación de la ley. Entre otras cosas, ahora la SCJN ha estimado, con razón, que en el presente caso la ley no ha causado ningún perjuicio al “consumidor”.
Reporteros sin Fronteras aplaude la sentencia de la alta jurisdicción y reafirma su apoyo a una ley cuyas principales disposiciones van en el sentido de la desconcentración y democratización del espectro audiovisual. La Ley SCA, que cuenta con el apoyo de los Relatores Especiales de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, ha nacido de un auténtico debate de fondo en la sociedad argentina, y de un importante consenso en el Congreso de la Nación. El texto debe aplicarse. Al mismo tiempo deseamos que, sobre esta nueva base legal, se resuelvan las conflictivas relaciones existentes entre la Casa Rosada y los principales grupos de prensa.
ver:
Domingo, 23 de noviembre de 2008 | Hoy
EL PAIS › CATALINA BOTERO MARINO
Libertades y derechos
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitó el país y habló de prensa, gobiernos y sociedad civil.
Por Diego Martínez
Hace apenas diez años que Catalina Botero Marino se recibió de abogada, pero ostenta una extensa trayectoria académica y profesional. En julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la eligió relatora especial para la Libertad de Expresión, cargo creado en 1998 para garantizar la protección y promoción de las libertades de pensamiento y expresión. Como el marco de visita académica a la Argentina le impide pronunciarse sobre temas concretos del país, preguntas y respuestas se formulan y responden en abstracto, como malabaristas que dialogan sobre un país imaginario.
–¿Cuáles son las prioridades de su agenda?
–Son cinco. Los asesinatos o agresiones violentas a periodistas y la lucha contra su impunidad. La criminalización, de la prensa y de la protesta social. La censura, directa o indirecta. El acceso a la información. Y el pluralismo y la diversidad. El Estado debe crear condiciones estructurales para que haya voces plurales y diversas. No basta con que haya muchos, porque pueden decir lo mismo.
–¿Qué riesgos trae aparejados una ley de radiodifusión sancionada durante una dictadura que prescribe el lucro como lógica dominante de los medios?
–En una sociedad en la que todos compiten en igualdad de condiciones no sería problemática. Sí cuando hay sectores que no pueden entrar al mercado. El Estado debe garantizar que todos los sectores puedan acceder a los medios, que no haya monopolios en la propiedad, en el dominio de la audiencia y en el discurso. Eso se garantiza a través de leyes que premien a sectores no tradicionales, a minorías culturales o raciales, que establezcan franjas especiales para quienes no pueden entrar en el mercado comercial, que promuevan medios con información pública que los particulares en general no producen porque no es rentable.
–¿Es un problema generalizado en América latina?
–Hay honrosísimas excepciones, como Uruguay.
–¿Puede actuar la Relatoría frente a grandes grupos económicos que utilizan sus medios para extorsionar a sus adversarios?
–El mandato es el de garantizar que los Estados creen condiciones estructurales para que haya diversidad y pluralismo. Si existen y los Estados pueden responder a las críticas, hablar de extorsión es desproporcionado. Si no existen es porque el Estado no supo generarlas.
–¿Qué riesgos corre un país cuando se renuevan automáticamente las licencias de televisión sin exigir ninguna contraprestación?
–Las licencias y las frecuencias no les pertenecen al Estado ni a los medios sino a la sociedad. Cuando se entrega en concesión un bien social tiene que haber una contraprestación. Lo contrario sería disponer de bienes como si fueran regalados. La asignación de frecuencias es un tema de altísima relevancia: es el único medio a través del cual garantizar que exista pluralismo, un debate desinhibido, abierto.
–Si la renovación se consumó a cambio de nada, ¿a qué instancia se le debe exigir rever esa decisión?
–Es un problema de cada Estado, de derechos adquiridos. El Estado debe tener leyes de radiodifusión de manera tal que la asignación sea un asunto debatido en audiencias públicas. Debe haber criterios plurales para que toda la sociedad se enriquezca en ese proceso.
–¿Es el Congreso el lugar más idóneo para dar la discusión?
–Lo debe resolver cada Estado. Lo importante es respetar los principios: asignaciones no discrecionales, sin influencias partidistas, hechas por un órgano independiente del Ejecutivo...
–Mucho menos el Ejecutivo mismo.
–O, si lo hace, que sea en un proceso transparente, con control, reglas claras, que no discriminen. Una política que establezca como requisito el mayor capital discrimina a quien no lo tiene. Se necesitan garantías de inclusión. Son principios básicos que existen en Europa, Canadá, Uruguay. El gran salto institucional de un gobierno es aceptar ese reto. Lo más grave es el proceso de digitalización que se viene. Hoy las frecuencias funcionan a través del espectro electromagnético, que es finito, pero el dividendo digital es infinito. El gran reto de Estados, gobiernos democráticos y sociedades civiles comprometidas es formular reglas para que no se monopolice el proceso de digitalización. Es algo que nadie parece saber porque se esconde detrás de problemáticas técnicas, pero es lo mismo: asignación de frecuencias.
–Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?
–Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.
–¿Qué tan útiles son las leyes de acceso a la información cuando en la cultura política perduran prácticas de ocultamiento y poca transparencia?
–El primer efecto de una ley o una sentencia judicial es que impacta en la cultura. Suele haber una idea de que el funcionario decide si entrega o no la información en virtud de su propio juicio, pero cuando hay una ley y jueces independientes, la cultura cambia rapidísimo. Claro que no basta con la ley, hacen falta también procesos de capacitación...
–Y que los periodistas las conozcan.
–Los periodistas no tienen incorporado el lenguaje de los derechos. Cuando piden información plantean una exigencia política o moral, pero no usan la carta del derecho. Hacen falta procesos de capacitación, medidas de implementación, determinar quién custodia y administra información.
–La Corte argentina dictó una acordada para que un tribunal garantice el principio de publicidad, pero fue burlada. ¿A quién recurrir cuando los encargados de garantizar los principios los violan?
–La Corte argentina es una corte estrella en el continente en materia de aplicación de estándares internacionales. El gran giro que dio el derecho constitucional en Europa desde la Segunda Guerra y en América latina tras las dictaduras es que los Estados no se centren en defender la autoridad, el orden y la moral sino a los ciudadanos, y la Corte está dando ese giro. La acordada es muy importante. Si no se cumple habrá que agotar los mecanismos internos para que el sistema interamericano estudie el caso.
–La publicidad oficial sigue siendo una herramienta para premiar o castigar. ¿Cuál es el método más idóneo para distribuirla?
–No se debe confundir pauta publicitaria con subsidios. La pauta es la información que el Estado necesita publicar para cumplir sus funciones. El Estado debe llegar a cada audiencia sin discriminación, con reglas claras, mediciones responsables, no utilizar la pauta de manera discrecional como ocurrió en el caso de (Neuquén contra) el diario Río Negro.
–¿Existen en Sudamérica reglas claras o todo es tácito y arbitrario?
–Todo es tácito. Sólo algunas provincias y municipios están haciendo el ejercicio. Instalar el tema es costoso. Hay estados de cosas que una nueva distribución de la publicidad va a afectar y los Estados prefieren no dar la pelea. Sólo la dan quienes llegaron a través de procesos democráticos y tienen mucha fuerza y capital político. No es fácil. Los medios que han recibido publicidad van a sentir que se afectará su statu quo y las agencias estatales que han logrado mantener más o menos tranquila a la prensa también se van a molestar. La regulación de la publicidad oficial es un tema aún más difícil que una ley de acceso a la información.
–¿Es un buen momento para avanzar en estos temas? Distintos gobiernos internalizaron, al menos en sus discursos, principios de derechos humanos.
–En materia de libertad de expresión no estamos en el peor lugar del mundo ni en el peor momento de la historia del continente. Las sociedades civiles se han fortalecido, la conciencia democrática es generalizada, hay vigorosos debates ideológicos. Pero la historia de la humanidad muestra que no siempre vamos hacia arriba sino en espiral.
–Bajamos demasiado seguido.
–Bajamos, volvemos, nos estancamos. Estamos en un buen momento pero siempre hay riesgo de retroceder. Por eso hay que estar absolutamente vigilantes, incluso en los Estados que parecen más civilizados y con culturas democráticas más asentadas y arraigadas.
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CENSURA Y MEDIOS
Jul 04
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Entradas
2 comentarios:
Excelente como siempre la información!
una muchacha de la JCA.
SALUDOS!
HOLA!!
gracias por dejarme tu opinión.
saludos
Gal
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