¿ Le pegan al periodista o le pegan al ciudadano? Si la prensa es canalla... El periodismo y la violencia
POR REGISTROMUNDO
No es nuestra forma de conducirnos en sociedad, recurrir a la violencia para hacernos oir o para manifestarle a muchos periodistas que ellos, solos, han entregado o vendido su prestigio. Somos ciudadanos que creemos en la democracia, en el compromiso y en la vida democratica.
Y hoy bajo ese parametro podemos decir que muchos periodistas son violentos y ejercen violencia contra la sociedad.
Gal
24/3. Manifestación anti Clarín y ataque a Morales Solá desde una revista oficialista. |
Algo peligroso se está gestando entre una parte de la sociedad y los periodistas. La agresiva campaña del Gobierno desde los medios oficiales (y afines) contra algunos periodistas comenzó a habitar las mentes de la cuarta parte de la población que apoya al kirchnerismo, o sea varios millones de personas.
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Por Jorge Fontevecchia | 27.03.2010 | 22:47
24/3. Manifestación anti Clarín y ataque a Morales Solá desde una revista oficialista.
Algo peligroso se está gestando entre una parte de la sociedad y los periodistas. La agresiva campaña del Gobierno desde los medios oficiales (y afines) contra algunos periodistas comenzó a habitar las mentes de la cuarta parte de la población que apoya al kirchnerismo, o sea varios millones de personas.
La cadena de medios oficiales arremete contra los periodistas más célebres que son críticos o, aun sin serlo ellos mismos, trabajan en medios que son críticos. Lo hacen con una irresponsabilidad casi infantil, apelando a la lógica primitiva de “quien a hierro mata a hierro muere”. Se critica a los periodistas con igual o mayor saña con la que la prensa no oficialista acusa a los funcionarios del Gobierno, olvidándose de que dichos funcionarios cuentan con custodia las veinticuatro horas del día y autos oficiales mientras los periodistas caminan solos por la calle y son un blanco facilísimo por lo reconocibles que resultan para casi todo el mundo.
Periodistas como Nelson Castro, quien expresamente y desde la pantalla de TN estuvo a favor de la existencia de una nueva ley de medios, o Santo Biasatti, cuya tarea en un noticiero está lejos de la de un editorialista político, han recibido insultos de algunos desubicados. Joaquín Morales Solá soporta sobre sus espaldas la campaña pública más dura a la que se haya sometido a un periodista. Alfredo Leuco también ha tenido que atravesar la experiencia de la agresión que, por ahora, se manifiesta en el terreno de lo verbal.
Estos cuatro casos son apenas ejemplos de lo que también les sucede a otros periodistas con fama audiovisual a quienes les gritan “golpista”. Si hasta Magdalena, cuya acción en la Conadep fue emblemática, tuvo que escuchar que Hebe de Bonafini la acusara de colaboracionismo con la dictadura.
Es cierto que Víctor Hugo recibe algunos insultos del sector opuesto, desde el antikirchnerismo, donde le reclaman por su simpatía hacia el Gobierno. Pero esas personas no conforman un grupo cohesionado ni mucho menos organizado como sí lo son algunos grupos filokirchneristas, acostumbrados a manifestar con palos, escraches y alguna cuota de brutalidad física. Hace casi dos años, partidarios de Luis D’Elía me golpearon a mí en la Avenida de Mayo durante aquel cacerolazo y contracacerolazo de la Plaza de Mayo durante la crisis del campo. ¿Cómo sería hoy ese grado de violencia ante una situación similar después de la prédica del Gobierno, que instaló a los periodistas como adversarios del progreso? En el ámbito del pensamiento, una persona puede colocarse en el lugar del otro, pero en el terreno de la acción es imposible porque lo que allí emerge son cuerpos mutuamente excluyentes.
Ya el año anterior, cuando me había tocado exponer ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en México, el caso de la discriminación con la publicidad oficial, esa misma semana fui amenazado de muerte junto con Morales Solá. Pero aquellas amenazas lucían menos graves que los riesgos actuales de que algún militante desaforado descargue su ira contra algún periodista que se cruce por la calle. En la época de Menem, el frente del edificio de la impresora de Editorial Perfil sufrió dos bombas, a las que se agregaron decenas de juicios. Pero aquello eran los “servicios” contra una editorial y no militantes (de los que el menemismo carecía) contra periodistas. Otro huevo de la serpiente se está formando y podría tener consecuencias irreversibles.
Durante el menemato, el gran hecho de violencia contra la prensa fue el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Pero sus causas no fueron ideológicas, las de un gobierno o partidarios de un gobierno contra un periodista o un medio de comunicación, sino la de un empresario amigo del gobierno al que le molestaba que la prensa lo hiciera visible. La repercusión social que tuvo ese asesinato permite imaginar las consecuencias que tendría hoy un hecho de violencia grave contra un periodista reconocido cometido por militantes kirchneristas.
El Gobierno juega con fuego porque una batalla contra un medio es muy diferente a otra frente a personas físicas, periodistas de carne y hueso. Hace ya treinta años, el asesinato del director de un diario en Nicaragua desembocó en la caída del gobierno y una cruenta guerra civil.
Hace dos semanas, durante un debate promovido por el libro El dueño, de Luis Majul, sostuve que los riesgos de hacer periodismo de investigación eran los menores de las últimas dos décadas. Los hechos relatados que sufrió esta editorial durante los tiempos menemistas lo evidencia. Pero hacer periodismo de investigación (generalmente en los medios gráficos) que revele algún hecho de corrupción resonante, o profundice en varios de ellos que se plasmen en un libro, tendrá para su autor mucha menos visibilidad pública que aquella a la que se exponen quienes en radio o televisión todos los días ponen su cara para emitir opiniones críticas hacia el Gobierno. Eso sí es más riesgoso ahora que nunca antes, desde la llegada de la democracia, porque uno de los elementos con los que el kirchnerismo construyó sus pilares de sustentación fueron movimientos de base acostumbrados a expresarse con alguna forma de violencia pública.
Jurgen Habermas, en su Teoría de la acción comunicativa, sostenía que para eliminar patologías en la comunicación debía haber simetría de poder entre quienes se comunican. El Gobierno podría argumentar que los medios de comunicación oficiales más los oficialistas eran menos poderosos que los del mayor grupo privado de medios. Pero las asimetrías de poder que se dan entre la suma de los medios afines al Gobierno y, uno a uno, los principales periodistas audiovisuales del país invierte ese orden de superioridad y son tan apabullantes como vergonzosas.
Habermas sostenía que no debía haber asimetrías de los hablantes para que se pudiera imponer el mejor argumento. Si no, se impondrá el argumento del más poderoso.
Cuando el Gobierno critica a Clarín, La Nación o PERFIL, disputa narraciones con organizaciones. Pero cuando su batalla es contra quienes trabajan en esos medios, tiene la cobardía de una horda versus un individuo y pierde cualquier fundamento ético.
La crítica –la esencia del periodismo– es la confrontación de una cosa con su propio concepto. ¿Qué critica el Gobierno cuando critica, de a uno, a los periodistas?
http://www.perfil.com/contenidos/2010/03/27/noticia_0029.html
VER: abajo de las relacionadas la nota de Joaquin Morales Sola sobre los hijos de Ernestina de Noble... "Una madre que siempre habló de adopción"
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levantamos la nota de aquí : Leer para creer de Tirando al Medio
Jueves 19 de diciembre de 2002 | Publicado en edición impresa
Era el invierno de 1976. La Argentina, que ya había vivido varios años de lucha armada entre las organizaciones insurgentes y las fuerzas militares del Estado, ingresaba de lleno en un baño de sangre, que un cuarto de siglo después sigue dejando secuelas de dolor y de lágrimas.
Una noche fría de ese tiempo ingrato, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, nos sorprendió con el relato de la adopción de sus hijos. Había también lágrimas, muchas lágrimas, en sus ojos, pero correspondían a las emociones que despierta la alegría.
El relato incluía la forma en que esas criaturas habían llegado a sus brazos. Un bebe tenía una hermosa sonrisa y el otro no paraba de llorar, decía. Incluía, también, los farragosos trámites de la adopción entre jueces, médicos y abogados.
Más de 25 años después, la señora de Noble sigue llorando por esos hijos. Su detención dispara una primera injusticia: una madre no debería ser detenida sólo por serlo. Sea cual fuere el antecedente biológico de sus hijos, lo cierto es que los crió con la devoción y el cariño de una madre.
No hay delito si no se fue partícipe o cómplice por acción o por omisión del hecho. El contexto de 1976 no era el de hoy. Aun las personas que luego formarían la trágica saga de desaparecidos, en aquel año no eran consideradas como tales por ningún argentino que no estuviera en el corazón del poder militar.
El caso de los niños desaparecidos tardó más de una década en aparecer como un conflicto de proporciones. Incluso, en el juicio a las juntas militares, en 1985, la Cámara que juzgó a los primeros comandantes de la dictadura no encontró pruebas ni argumentos para resolver sobre esa cuestión.
Se creía entonces -y se creyó durante mucho tiempo- que el secuestro de bebes era un fenómeno aislado, aunque la historia posterior encontró las huellas de un plan sistemático. Pero todo eso era ignorado por todos en 1976.
* * *
El universo tiene muchos matices: ¿por qué dar por supuesto que todos los niños adoptados en 1976 eran hijos de personas desaparecidas? ¿Por qué no creer en la palabra de una madre que relató siempre las características normales de una adopción? ¿Por qué someterla a semejante vejación, como la que sufre actualmente la directora de Clarín, sin haber agotado -y ni siquiera iniciado- las instancias judiciales para conseguir su testimonio?
El caso cobra especial relieve cuando la República está sometida a las decisiones de jueces que actúan como dirigentes políticos o que resuelven bajo protección política. Tampoco puede dejarse de lado la campaña pública que hubo durante más de 10 años sobre los hijos de Noble, que respondió siempre a claros objetivos políticos.
Por eso, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó siempre extrema prudencia y cautela para el tratamiento de este caso. Supo que ella y su organización habían sido colocadas en un lugar muy complejo, entre la búsqueda de la verdad y el interés de oscuros proyectos políticos.
Ya en 1997, la actual candidata presidencial Elisa Carrió, entonces presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazó de plano un pedido de juicio político contra el ex juez Adolfo Bagnasco por esta causa. Se lo acusaba al magistrado de haber demorado la investigación. Carrió reclamó, antes de tomar la decisión, el testimonio personal y reservado de varias personas (entre ellas, la de quien esto escribe).
Otro aspecto del caso es el polémico y cuestionado juez, Roberto Marquevich, sometido él mismo a una investigación en su momento por sus supuestos vínculos con el empresario muerto Alfredo Yabrán. Marquevich sostuvo siempre, por ejemplo, la tesis del increíble suicidio del brigadier Rodolfo Etchegoyen, cuando su familia sigue asegurando que se trató de un crimen que el magistrado nunca investigó.
* * *
El contexto actual indica, más bien, la presencia de un ensañamiento contra la prensa independiente que de actos de justicia.
Campañas públicas recientes en revistas y en panfletos callejeros (de las que LA NACION ha sido víctima, insistentemente, en los últimos tiempos) señalan que la sistemática destrucción de las instituciones argentinas podría incluir ahora también el objetivo de herir a la prensa independiente, una de las últimas instituciones que quedan en pie.
En el actual desierto institucional, la ausencia de la prensa libre podría condenar al país al vacío de un destino.
La calumnia sistemática y la desinformación deliberada contra LA NACION y la vejación inadmisible a la señora de Noble han roto fronteras, han destruido límites sutiles de las formas democráticas, que serán tan difíciles como imprescindibles de reconstruir.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=459983
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El ex juez federal, Roberto Marquevich, manifestó que Clarín es un poder extorsivo que opera sobre políticos, jueces y empresarios. El comentario que hice en su momento fue exclusivamente circunscripto al modo que tuvo para manejar la causa que actualmente tiene la señora de Noble expresó, en relación a los dos hijos adoptados por la dueña de Clarín. La sensación que me dio es que no querían de ninguna manera extraer sangre y menos estudiarla en el hospital Durand, dijo el ex juez federal de San Isidro y añadió El método que utilizaban era a mi juicio extorsivo desde el momento en que todo aquello que se opone a lo que opinan, o que piensen distinto a ellos, estaba mal visto por el grupo. He visto, incluso últimamente, comentarios que saca el propio diario Clarín en contra del banco nacional de datos genéticos del hospital Durand. Lo cual me lleva a pensar que para el caso que se hagan efectivamente los exámenes sanguíneos en ese lugar, ya están preparados para decir que es un lugar inconveniente para hacer el estudio.
Y agregó más detalles sobre las irregularidades en la causa El juez sacó una muestra de sangre en el cuerpo medico y al día siguiente ordenó hacer un allanamiento que demoró una hora y media en llevarse a cabo porque todavía no había llegado el abogado. Es la primera vez que escucho que en un allanamiento tiene que venir el abogado de la parte para cumplir con una orden judicial dijo. La documentación y los testimonios que se agregaron a esas dos causas, que tramitaron en provincia, fueron hechos en forma irregular y con sospechas de que se había adoptado ilegalmente a esas criaturas. También señaló que Lo que aparece también en el expediente es el modo en que se llevaron a cabo esas adopciones y según el criterio de mi tribunal era irregular y desde luego sospechoso, se habían cometido delitos inexcarcelables. Eso fue lo que provocó la detención de la señora para indagarla y se la indagó por los delitos que afectaban tanto al estado civil como a la libertad. Después transcurrió esto hasta que dejé de tener la causa porque parece que no gustaba mucho que yo pueda juzgar a la señora de Noble. ¿Como se explica que el último nieto recuperado por abuelas se resolvió en 23 días y esta causa lleva más de siete años? Con la señora de Noble como posible autora de delitos graves, respondió.
http://www.youtube.com/watch?v=nEpMJnxo1A0
CLARIN Y LA JUSTICIA - Mar 29
HECTOR TIMERMAN: HISTORIA DE UN ASCO EN LA ARGENTINA - Mar 28
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Joaquín Morales Solá El escenario
La lógica del poder y del apriete
Por Joaquín Morales Solá
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Domingo 28 de marzo de 2010 | Publicado en edición impresa
Una vieja leyenda política señalaba que Cristina Kirchner era más negociadora y consensual que su marido. Esa invención se respaldaba en la historia personal de la Presidenta, que hizo gran parte de su carrera en la política nacional entre diputados y senadores acostumbrados a negociar. Ahora se sabe que fue sólo una creación del kirchnerismo en los tiempos en que intentaba instalar la entonces apagada imagen de Cristina. Nunca como en los días recientes la política de los Kirchner estuvo más tomada por la intolerancia, la presión y la amenaza explícita o implícita a sus adversarios de cualquier estirpe. Una cultura del apriete parece haberse instalado peligrosamente en la Argentina. ¿Qué les pedirá mañana la Presidenta a los gobernadores kirchneristas, en Olivos, si no una renuncia a lo que son y a lo que representan? Les reclamará que la ayuden a voltear un nuevo sistema de coparticipación del impuesto al cheque, que está a punto de ser aprobado por el Senado con la deserción de varios oficialistas. ¿Por qué el Gobierno dejó que la misteriosa agrupación Quebracho mostrara el miércoles su poder de destrucción y su adiestramiento para esas tareas? ¿Qué costo político temió pagar la administración si evitaba esas imágenes de depredación y violencia?
Apriete político o apriete violento. Esos son sólo ejemplos extremos de un sistema de poder que busca permanentemente la polarización de la sociedad; es también el camino para sembrar el temor entre todos los que podrían decir que no. El Gobierno está en condiciones, incluso, de librarse en los resultados contables de las nuevas obligaciones de la coparticipación del impuesto al cheque. Podría cumplir con esas obligaciones y reducir los actuales aportes del Tesoro a las provincias.
Sin embargo, hay una diferencia insoportable para el kirchnerismo: los actuales aportes están a disposición de la arbitrariedad de los que gobiernan, mientras los nuevos serán rígidamente fijados por una ley. En una lógica retorcida, el inminente apriete a los gobernadores persigue el objetivo de que éstos continúen aceptando los aprietes.
Nadie sabe quién financia a Quebracho; menos se conoce en qué cosas cree o si tiene un proyecto de poder. Las imágenes del miércoles fueron patéticas, a pesar de tantas lagunas de desconocimiento, por el grado de entrenamiento y disciplina que sus militantes mostraron ante las cámaras de televisión. Sólo se saben dos cosas de Quebracho: sus apariciones no son frecuentes, pero son extremadamente violentas cuando ocurren. Actúa con la eficacia y la sincronización propias de adiestradas fuerzas militarizadas.
Existe una tercera constatación: el miércoles, las fuerzas de seguridad no hicieron nada ante ese encarnizamiento desatado en el centro de la ciudad. ¿Cuenta Quebracho con protección especial? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Acaso para sembrar temor entre líderes que ya no se inclinan ante los Kirchner?
Un día después, un juez de Mendoza, el camarista Otilio Roque Romano, denunció públicamente que recibió mensajes cuasi mafiosos (para usar un término en boga) cuando debía decidir una apelación por un fallo de inconstitucionalidad de la ley de medios. Romano explicó que su casa fue asaltada en un operativo comando y que le robaron el archivo de su computadora. También dijo que recibió presiones de "organizaciones de derechos humanos", pero no dio más precisiones.
El problema es que Romano no es el único presionado. Otros magistrados, que llevan causas de corrupción contra funcionarios del Gobierno o que deben decidir sobre problemas importantes para la administración, también reciben llamadas con advertencias o promesas. Uno de los jueces de la Corte aceptó hace unos días que esas presiones son habituales entre los jueces de instancias inferiores o intermedias.
El Gobierno no defendió a Faggionatto Márquez, hasta el instante agónico, porque creyera en su inocencia; nadie, en su sano juicio, puede concebir inocente a ese ex juez. La defensa oficial se basó en la premisa política de que el kirchnerismo debía enviar un mensaje de que todavía está en condiciones de proteger a los jueces que le hacen favores. No pudo. Los propios legisladores kirchneristas que integraron el jury se manifestaron incapaces de cerrar los ojos ante la evidencia. ¿Cómo explicaría en su provincia, preguntó uno de ellos, un voto a favor de Faggionatto Márquez? Imposible.
Otro juez, el polémico Norberto Oyarbide, entendió la nueva situación en el acto. Un día después, ordenó el allanamiento de casas y oficinas de Ricardo Jaime, el ex funcionario con más causas judiciales abiertas por presuntos actos de corrupción. Oyarbide había puesto a dormir esos expedientes durante más tiempo del que puede explicar.
Otro que recibió las esquirlas del caso Faggionatto Márquez fue el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, que hizo, como senador, las veces de fiscal del ex juez. El oficialismo ventiló primero la grabación de una conversación telefónica de un colaborador suyo para endilgarle a Sanz un objetivo político. La grabación fue hecha por los servicios de inteligencia que controla el Gobierno. La redada mediática del kirchnerismo difundió en los últimos días otra versión, que ponía en duda el honor de Sanz. El senador está seguro, al final de una pesquisa que realizó, de que detrás de esa difamación estuvo la mano del ministro del Interior, Florencio Randazzo.
La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú fue agraviada y calumniada por Hebe de Bonafini en uno de los arrebatos verbales más injustos que ésta haya tenido. Magdalena, una periodista crítica de cualquier poder (también del actual), le inició a Bonafini una querella por calumnias e injurias. Pero ¿por qué las personas honestas están condenadas en la era kirchnerista a dar explicaciones sobre una vida que no vivieron? ¿Por qué el locuaz gobierno kirchnerista calla cuando la insidia afecta a los que no están con él? ¿Qué mensajes conllevan esos silencios?
La propia Cristina Kirchner dejó de lado su condición de abogada y de Presidenta cuando el mismo miércoles prejuzgó al tratar en su discurso en la antigua ESMA el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Esa causa está en la Justicia y hay una disidencia entre las partes sobre cómo deben seguir las indagaciones en los tribunales. Punto. No hay ninguna constatación.
Sin embargo, la Presidenta dio por hecho que esos jóvenes son hijos de desaparecidos y que su madre es una apropiadora. ¿La madre es culpable sólo por ser la directora de un medio periodístico al que los Kirchner le declararon la guerra? ¿Se necesita tan poco para resolver un difícil conflicto humano? En el fragor del combate perpetuo, los Kirchner se han olvidado de cualquier compromiso con la condición humana.
Cierto populismo suele olvidarse de lo humano, y también de la legalidad. Los tribunales internacionales de derechos humanos existen para proteger a los ciudadanos de posibles abusos del Estado. Cristina Kirchner es la expresión más importante del Estado argentino en estos momentos. ¿Para qué prometió entonces que recurriría ante esos tribunales por el caso de los jóvenes Herrera Noble? Ella es la que debe garantizar en su país una justicia sensata e imparcial para todos los protagonistas de ese dramático conflicto.
La guerra en estado crónico cubre con un velo confuso y difuso hasta las buenas decisiones políticas de los Kirchner. Pagar la deuda es una buena decisión después de tantas transgresiones argentinas. ¿Por qué pagarla transgrediendo todas las formas legales? ¿Por qué no recurrieron al Congreso si necesitaban de las reservas? ¿Por qué prefirieron un decreto con las formas de un ultimátum? Hasta la inquebrantable Elisa Carrió admitió que un proyecto de ley presentado en el Congreso le habría resuelto el problema de las reservas al Gobierno.
Algo parecido pasa con la decisión de dejar atrás el default con los holdouts , los bonistas que no entraron al canje de la deuda en 2005. La decisión política es correcta, pero el Gobierno hace presentaciones de su propuesta en el exterior mientras aquí nadie sabe nada. ¿Está haciendo la propuesta conveniente o podría haber alguna mejor? ¿Por qué no se consultó al menos con los líderes parlamentarios, oficialistas y opositores? En la cuenta final, los dos Kirchner son iguales: el poder es, para ellos, un latifundio personal que debe acatarse. Por las buenas o por las malas.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1248144
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