CLARIN Y LA JUSTICIA

CLARIN Y LA JUSTICIA

  7:02:00 p. m.    registromundo

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Horacio Verbitsky: “camaristas que ratificaron fallo contra la Ley de Medios tienen causas vinculadas con la dictadura”


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El ex juez federal, Roberto Marquevich, manifestó que Clarín es un poder extorsivo que opera sobre políticos, jueces y empresarios. El comentario que hice en su momento fue exclusivamente circunscripto al modo que tuvo para manejar la causa que actualmente tiene la señora de Noble expresó, en relación a los dos hijos adoptados por la dueña de Clarín. La sensación que me dio es que no querían de ninguna manera extraer sangre y menos estudiarla en el hospital Durand, dijo el ex juez federal de San Isidro y añadió El método que utilizaban era a mi juicio extorsivo desde el momento en que todo aquello que se opone a lo que opinan, o que piensen distinto a ellos, estaba mal visto por el grupo. He visto, incluso últimamente, comentarios que saca el propio diario Clarín en contra del banco nacional de datos genéticos del hospital Durand. Lo cual me lleva a pensar que para el caso que se hagan efectivamente los exámenes sanguíneos en ese lugar, ya están preparados para decir que es un lugar inconveniente para hacer el estudio.


http://www.youtube.com/user/AudiovisualTelam
http://www.youtube.com/watch?v=nEpMJnxo1A0


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678



http://www.youtube.com/watch?v=FqEZyhL7qT4




http://www.youtube.com/watch?v=pOi25ioUANs
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2 - 678 28/03/10 Los hijos de Noble y 678 Kids




http://www.youtube.com/watch?v=YPaTKbCxqVc

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3 - 678 28/03/10 Hablo Marquevich: Los chicos son hijos de desaparecidos


http://www.youtube.com/watch?v=8eu1odwpqbo
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Politica
La viuda de Noble defendida por jueces de la dictadura
21-03-2010 / En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera. La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín.


POR EDUARDO ANGUITA


En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera. La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín quienes presentaron un recurso de queja para apelar a la Corte Suprema. La “queja” se debe a que el lunes, la Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Conrado Bergesio no dilatar más el envío al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN obtenidas en dos procedimientos periciales los días 29 y 30 de diciembre del año pasado. Los camaristas de Casación se prestaron a un juego perverso: las muestras de sangre y los objetos íntimos de Felipe y Marcela contienen un material genético cuya duración, para que no se deteriore, es de 60 días. Esa fecha de vencimiento, apenas pasada, hacía peligrar la validez del material. Sin embargo, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo habían prestado conformidad para que resultaran válidas. Los genetistas del Banco de Datos estaban por comenzar su trabajo pero, de modo increíble, la familia judicial cerró una vez más las puertas al tratamiento de esta historia que no tiene antecedentes en la democracia argentina. La impunidad que ha logrado el mayor multimedia argentino para mantener en la clandestinidad la identidad de los hijos adoptados por la directora y principal accionista de Clarín coincide con una fecha trágica para los argentinos.
El miércoles muchos recordarán la complicidad que tuvo ese diario con la dictadura sangrienta que tituló “Nuevo Gobierno” el arribo de la dictadura genocida. Cuesta entender que esa empresa periodística no haya tenido fisuras en estos años y sus periodistas, accionistas y directivos no hayan abierto canales para que se sepan los motivos de haber sido el principal soporte mediático de los genocidas Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Nadie salió a romper la omertá existente. Ellos deberían ser los primeros interesados en que se sepa la verdad. Nadie quisiera ser tratado en un quirófano donde las condiciones de asepsia sean malas. Nadie quisiera saber que los medios que consume están intoxicados de violación grave a los derechos humanos. Y, según consta en el expediente, hay muchos motivos para sospechar que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos.

”Una niña abandonada”. Ernestina Herrera de Noble se presentó el 13 de mayo de 1976 ante el Juzgado de Menores N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Ofelia Hejt (hoy fallecida) y declaró que once días antes había encontrado una niña abandonada en la puerta de su casa, dentro de una caja de cartón. Dijo que cuidó de ella desde entonces y pidió la guarda provisoria y posterior adopción. La señora ofreció dos testigos a favor de su historia, una vecina, Yolanda Echagüe de Aragón, y Roberto García, cuidador de una vivienda lindera. La jueza le otorgó de inmediato la guarda provisional de la niña, a la que llamó Marcela.
Dos meses más tarde, el 7 de julio, ante el mismo juzgado, se presentó una mujer que dijo llamarse Carmen Luisa Delta y ser madre soltera del bebé que llevaba en brazos y que, según ella declaró, había nacido tres meses antes, el 17 de abril. Declaró que no podía mantenerlo y, en consecuencia, le dejaba el niño a la jueza. En el juzgado quedaron consignados un número de documento de identidad y un domicilio. La señora de Noble se presentó ese mismo día, 7 de julio, y pidió la guarda del niño. La jueza se la dio en el momento. Unos días después quedó inscrito como Felipe. La dirección y el DNI de la supuesta madre de Felipe resultaron falsos.
A esa historia se agrega otra, revelada por el periodista y abogado Pablo Llonto en el libro La Noble Ernestina. García fue “inducido y obligado a firmar un texto preparado por los abogados para ser presentado en un juzgado civil relatando un hecho falso”. Pero García no sólo mintió sino que era uno de los choferes del diario Clarín.

Lucha interna en la Justicia. Pasaron 34 años de aquellos acontecimientos. Y ocho en los cuales, las Abuelas de Plaza de Mayo no pudieron avanzar en la causa judicial. Raúl Madueño sucedió al frente de la Cámara de Casación Penal a Raúl Bisordi, quien en los días previos del aniversario del golpe, en 2007, disparó: “(Néstor) Kirchner es el enemigo número uno mío”. Con una horrorosa construcción sintáctica, dejó salir todo su autoritarismo y su complicidad con los crímenes de la dictadura. Madueño sucedió a Bisordi y no tiene el mismo estilo gritón y desafiante. Sin embargo, tienen el mismo grupo de pertenencia. Madueño es uno de los fogoneros de los ataques del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, que actúa esponsoreado por el grupo Clarín cada vez que sale a atacar al gobierno.
Los conocedores de tribunales dicen que Madueño tiene, pese a todo, antecedentes más aceptables como jurista que Yacobucci y García, ambos subrogantes en el tribunal. Estos dos jueces dictaron un fallo temerario que, basados en el tiempo pasado sin dictarse condena en primera instancia, decidieron la libertad de buena parte de los genocidas de la Esma, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Yacobucci es un nazi confeso: escribía en la revista Cabildo en 1977, junto a connotados criminales como Ramón Camps o Acdel Vilas. Su vinculación con el Opus Dei es también pública El abogado de Clarín que actúa como lobbista ante los magistrados es Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de los espías Hugo Anzorreguy. Ambos tuvieron un rol destacado en la recomposición de la familia judicial en los años noventa.
El nombre de Conrado Bergesio al frente del juzgado que atesora la causa de los hijos adoptivos de Noble fue una sugerencia de los abogados de Clarín cuando a fines de 2003 lograron que Roberto Marquevich, que estaba al frente del tribunal, fuera eyectado fuera del Poder Judicial. Acosado por sus pares después de haber encarcelado a la viuda de Clarín por falsear la identidad de Felipe y Marcela, se retiró a cuarteles de invierno cuando un jury de enjuiciamiento estaba por terminar con su carrera judicial.
Desde entonces, Bergesio hizo los deberes para pasar a la historia como el juez que hizo todo lo posible para que dos familias de desaparecidos –que no se sabe cuáles son tengan la posibilidad cierta de recuperar a sus nietos.

La frustración. El miércoles los abogados de Abuelas (ver en esta página) se mostraban esperanzado en que se comenzara con el estudio de las muestras genéticas y que en 45 días se dilucidara esta historia tan demorada. Sin embargo, el viernes sintieron toda la impotencia ante la resolución de Casación: “Reclamamos que se rechace el recurso de forma inmediata, dado que las apelaciones presentadas no llevaban la firma de Marcela y Felipe (Noble Herrera) sino de terceros que se presentaron por ellos”. Además, se refirieron a la impunidad con la que se maneja la defensa de Noble: “El agravante es que uno de los abogados, Jorge Anzorreguy, aparte de presentarse como asistente en esta causa, es abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble. Es decir, representa a la imputada y, al mismo tiempo, defiende intereses objetivos distintos. Eso es un delito”.
Los letrados de Abuelas esperan que la Cámara de San Martín desoiga la absurda orden de Casación. De ese modo, el Banco de Datos comenzaría con el análisis de las muestras en un escenario complejo, ya que éstas fueron obtenidas de una manera bastante irregular y el estudio comenzaría después de los 60 días sugeridos como válidos para su conservación intacta. Si Casación diera marcha atrás o la Cámara de San Martín confirma su decisión, a mediados de mayo, antes de que la Patria celebre sus 200 años, estaría dilucidado un tema que, todavía, tiene a la mayoría de los medios en vilo, pero del cual se cuidan de informar. Los medios de comunicación son depositarios de altísimo grado de credibilidad por parte de la sociedad. Por carácter transitivo, los receptores “les creen” a los periodistas y a los empresarios de esos medios. En cualquier manual de estilo –incluido el de Clarín se establece que la información publicada debe ser verdadera. Pasados 34 años del golpe de Estado, los lobbistas de Clarín siguen convencidos de que la impunidad puede permanecer intacta con esta historia fraudulenta de la identidad de Felipe y Marcela. Ellos ya son grandes, es una pena que no decidan romper el cerco ideológico que los rodea y sigan aceptando ser meros “objetos” de los abogados de la empresa que preside su –autodenominada madre.
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http://www.elargentino.com/nota-82798-Defendida-por-jueces-de-la-dictadura.html

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4 - 678 28/03/10 Los jueces Sospechosos contra la ley de Medios Parte 1




http://www.youtube.com/watch?v=YQegOS96hPk


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Sección | Política y Sociedad, Portada 2i

A propósito del fallo contra la ley SCA: Jueces poco democráticos

Publicado el 26 de Marzo de 2010
A propósito del fallo contra la ley SCA: Jueces poco democráticos

Por Santiago Martinez – Director del periódico Patria Grande (Publicación del Movimiento Libres del Sur)

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se pronunció contra la ley 26.522, es decir contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un fallo ejemplar para quienes dicen defender la legalidad y las instituciones. En realidad una línea consecuente de quienes defienden la vigencia del decreto-ley de la dictadura modificado durante el menemismo para lograr la concentración mediática que hoy tenemos.

Veamos un poco quienes son los camaristas del fallo que beneficia a los grupos concentrados de los medios de comunicación:

Otilio Roque Romano, Alfredo Juan López Cuitiño y Julio Demetrio Petra Fernández: los tres han sido denunciados al Consejo de la magistratura por múltiples organismo de derechos humanos de Mendoza por haber dejado libre a los últimos represores que quedaban presos en la provincia cuyana, como también por haber sembrado la dispersión y el atraso en las causas por delitos de lesa humanidad. Cabe aclarar que estos respetables jueces aparte tienen otras varias denuncias al Consejo de la Magistratura.

Otilio Roque Romano es un juez de la dictadura, acusado de haber tenido conocimiento de casos de tortura durante la misma, cuando se desempeñaba como fiscal. Tuvo a su cargo la instrucción de causas en las que se imputaba a presos políticos diferentes delitos. Junto a sus compañeros de fallo comparte también una íntima amistad con el otrora Jefe de Gabinete de Menem, el también mendocino Eduardo Bauzá.

Alfredo Juan López Cuitiño tuvo en los años noventa funciones como director del Registro Nacional de la Personas. Esto le permitió darle un DNI argentino con el número 92.855.618 al traficante de armas Monzer Al Kassar. En aquel momento el Ministro del Interior era José Luis Manzano. Hoy, casualmente, es el socio de Daniel Vila y juntos llevan adelante la propiedad de uno de los grupos mediáticos concentrados, afectado por la implementación de la Ley de SCA.

Julio Demetrio Petra Fernández se especializa como dijimos antes y junto a sus colegas camaristas en dejar libres a represores y genocidas, como es el caso de los policías Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda, acusados del asesinato del militante y escritor Francisco “Paco” Urondo.

No obstante algo más los une a estos notables jueces: el haber compartido largos años con el ex juez federal Luis Leiva. Inclusive los une la denuncia mediante la cual en el año 2001 Leiva fue removido de su cargo. Si bien esta sanción no alcanzó al terceto del fallo en cuestión hoy vuelven a compartir causas injustas. Leiva es el abogado patrocinante del diputado del PJ cobista federal Enrique Thomas en esta embestida contra la ley de medios de la democracia.

No deja de ser paradójico y simbólico que estos jueces con tantos lazos con la última dictadura genocida y con el menemismo, den un fallo de segunda instancia contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual un día después de la masiva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Una ley que fue votada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación, fue respaldada por los representantes votados por el pueblo. Esto va más allá del oficialismo de turno. Justamente estos jueces vienen con fuertes vínculos con el PJ que hundió a nuestro país mediante el neoliberalismo.

Es un gran atropello a la democracia y sus instituciones que un puñado de jueces se pongan por encima de otro poder como el legislativo.

Es necesario mostrar la gran diversidad de organizaciones libres del pueblo que acompañaron este proceso de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que tuvo un punto de inflexión en la probación de la ley 26.522. Cualquier intento por simplificar este proceso tanto de oficialistas como de opositores será perjudicial para tener mayor pluralidad de voces en nuestra nación.

Debemos exigir la aplicación inmediata de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para poder dar más democracia a la democracia.

politicaysociedad@cbanoticias.net

(c) Permitida la reproducción citando la fuente: (texto y link) http://www.cbanoticias.net/

http://www.cbanoticias.net/noticias/a-proposito-del-fallo-contra-la-ley-sca-jueces-poco-democraticos/1186326


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LA VERDAD SOBRE EL DIARIO ARGENTINO DE MAYOR VENTA

Editado por Pablo
jueves, 18 de diciembre de 2008

Doña Ernestina y su gran secretoPablo Llonto: "Hay una justicia para Clarín y otra para el resto del país"
Pablo Llonto es abogado de una de las familias de desaparecidos que reclaman saber la verdadera identidad de los hijos de Ernestina de Noble.
Como periodista trabajó 20 años en Clarín y es autor del libro "La Noble Ernestina", donde narra la historia del multimedio más grande de Latinoamérica. Recientemente fue citado a declarar en la causa que todos los grandes medios quieren ocultar.
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Juan Manuel Fonrouge para Revista 2010) Entrevista a Pablo Llonto por el caso Herrera de Noble.



La causa se reactivó…
Sí, se están empezando a tomar algunas medidas, pero tenemos una mirada muy crítica hacia el juez que ya ha tomado algunas resoluciones a favor de Ernestina de Noble y hacia la posición que tiene el grupo Clarín judicialmente. La única manera de saber si una persona de la que se sospecha que es hija de desaparecidos es con el análisis de ADN y el cruzamiento con todos los datos que están en el Banco de Datos Genéticos. Hoy en la Argentina es la única manera.

¿Cuáles son los elementos que traban la causa?
Los dos chicos, que hoy tienen 32 años, y Ernestina de Noble se han opuesto a que se crucen los datos con el Banco de Datos Genéticos. Ellos dicen que sólo se quieren cruzar con dos familias que están presentadas en el juicio. Que son la familia Lanuscou y la familia Gualdero. La justicia en general, dando otra muestra de cómo se postra ante el poder económico y político, terminó dándole la razón al grupo Noble. Resolvió que se saquen sangre y se crucen sólo con las dos familias.

Evidentemente le tienen miedo al Banco de Datos Genéticos porque saben que son hijos de desaparecidos. La historia ha demostrado que cuando las familias se niegan, es porque evidentemente las sospechas crecen año a año.

En el caso de Ernestina de Noble esto está multiplicado. Porque en el año 2003, el 13 de enero, Ernestina publica una carta en el diario Clarín, después de haber estado detenida tres días, y dice a sus lectores que ella muchas veces ha conversado con sus hijos sobre la posibilidad de que sean hijos de víctimas de la represión. Ésos son los términos.

A seis años de esa carta no se entiende la política judicial que tuvieron los abogados de Ernestina, Felipe y Marcela Noble que fue la de no ayudar a la justicia, sino obstaculizar. Pidieron, por ejemplo, que la muestra de sangre no quedara en la justicia sino que se les devolviera.

¿Cómo analizan la actuación del juez Conrado Bergesio?
Ha tenido siempre una posición contraria a los organismos de derechos humanos. Lo último que ha resuelto en la causa ha sido en contra de las Abuelas de Plaza de Mayo, que habían pedido tener un perito de parte en el hipotético caso del cruce de los datos de ADN para el control, dadas las características particulares del caso.

Hay una figura pública muy poderosa y Bergesio lo rechazó. Abuelas ha apelado esa situación. Ahora estamos en la posición inversa. Las dos familias tienen la posición de no aceptar el entrecruzamiento sólo con dos familias porque se rompería con la lucha de Abuelas, lo que sentaría un precedente muy peligroso: serían los victimarios, Ernestina de Noble, y no las víctimas, los que elegirían cómo realizar la prueba. Así no vamos a ningún lado.

Es una causa que muestra la entrega de la Corte Suprema, que se muestra garantista y progresista, pero cuando llega una causa ultracaliente, se ponen del lado de Ernestina de Noble. Esto es una vergüenza. Los jueces de la Corte han tenido una relación de amistad, van a fiestas del Grupo Clarín, donde brindan con champagne. Claramente tienen la camiseta de Clarín. Nosotros hemos denunciado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a tres jueces de la Corte por este hecho.

Por ahora, ¿qué es lo que está probado en la causa?
Que Ernestina fraguó una causa. Y que se apropió de dos bebés. Toda la historia que armó de que encontró una bebita en una caja, se demostró que es falsa. Ahora resta el cierre de toda la historia: saber sin son hijos de desaparecidos o si se los afanaron a otra familia, en otra provincia donde venden bebés.

Acá hay una justicia para Clarín y otra para el resto del país. El otro día se entregaron los premios Novela de Clarín. Entre los invitados a la fiesta estaba el juez de la Corte Suprema Lorenzetti. La verdad da asco, Lorenzetti da asco. Estos son los jueces que vinieron a renovar al Poder Judicial. La verdad, que se vayan a la mierda. Daban charlas en la Fundación Noble. Es una vergüenza. Ellos se tendrían que haber apartado. Son parte de toda esta farsa de la llamada "justicia independiente" .

Nadie le dice que no vayan a las fiestas si tienen ganas de comprometerse con el grupo Clarín, pero a la hora de fallar tienen que excusarse y que venga un juez subrogante, porque tengo relación familiar, de amistad, los admiro, o lo que sea. Pero tuvieron el expediente, mientras iban a fiestas, daban charlas, participaban de homenajes, y después fallaron sobre una causa donde estaban ellos involucrados.

Cuando la gente pregunte porqué la Corte falló así, ahí esta la explicación, ellos son parte de la farsa de la justicia independiente, que de independiente no tiene nada.

Siempre pongo el ejemplo del caso Yabrán. Si la corte menemista tiene un expediente que involucra a Yabrám, lo tienen en estudio un año, y en ese año, tres jueces se alojan una semana en el hotel de Yabrán en Pinamar, participan de una fiesta, etcétera, hubiese sido un escándalo nacional, los medios hubiesen publicado 'caso de corrupción de la corte', acá que es exactamente lo mismo, le dan la razón a Noble, nadie dice nada, hay momentos que parece que nada ha cambiado.

¿Cómo nace la causa?
Entre todas las manganetas que realiza Ernestina para quedarse con Clarín, lo que hizo fue tratar de sacarse de encima a la hija de Roberto Noble, Guadalupe. Como Guadalupe le cuestionó el casamiento de Ernestina con Roberto Noble, le encargan a Emilio Jaján unos papeles en México para presentarlos en la demanda que había iniciado Guadalupe y ganarle el juicio. Los consigue y va a reclamar el pago. Cuando reclama el pago, él dice que le habían prometido el seis por ciento de Clarín, que en ese momento no era un multimedio. La respuesta de Ernestina es que no. En el contraataque la señora de Jaján, Ana de Jaján realiza una denuncia judicial y acusa a Ernestina de haberse apropiado de dos chicos. La causa estuvo congelada.

¿En qué año fue esto?
En 1995. El juez menemista Marquevich tiene congelada la causa hasta el año 2000. Año en que Clarín había roto con Menem, y realiza una ofensiva que tenía como eje las notas de las ventas de armas. Menem es detenido en la quinta de su amigo Gostanian. En esa quinta planean vengarse de Clarín; en ese grupo estaba Marquevich que tenía la causa; la pone en marcha en un año. Investiga y comprueba que toda la adopción de Ernestina era trucha. Y ordena detenerla. Ahí se da vuelta la tortilla. Ernestina apela y la Cámara de Apelaciones le da la razón en tres días. Empieza el contraataque: Ernestina contra Marquevich. Manda gente a presionar al Consejo de la Magistratura, que echa a Marquevich del Poder Judicial en un mes.

¿Con qué argumentos piden apartar a Bergesio de la causa?
Estamos reclamando que un juez de San Martín le saque la causa a Bergesio, porque está claro para quién juega. El juez de San Martín está investigando todos los casos que corresponden a la represión en la zona 4 durante la dictadura. La zona 4 es la zona norte del gran Buenos Aires. Es la única manera, desde lo jurídico, para que Bergesio no siga en la causa.

¿Cuál es el rol del periodista Joaquín Morales Solá, quien aparece vinculado a los represores?
Morales Solá era un tipo vinculado a los militares. Él terminó hace pocos años pidiendo que no contaran la historia de cuando Bussi lo felicitó en Tucumán, por lo que había sido su relación con las Fuerzas Armadas.

Yo doy fe de cuando trabajaba en Clarín y Morales Solá venía a la tarde y decía que había estado tomando el té con tal general; él tenía un vínculo muy estrecho y se reflejaba en sus panoramas políticos donde elogiaba a la dictadura. Por supuesto, de Morales Solá no vamos a esperar nada.

¿Te parece que la causa puede abrir un nuevo proceso para que sean juzgados los responsables civiles de la dictadura?
Sería tocar el cielo con las manos. Las causas contra civiles son muy pocas. Nosotros este año hemos iniciado una causa contra Editorial Atlántida por una nota fraguada a una madre de desaparecidos en el año 1979 en la Revista Para Ti. A una desaparecida de la ESMA la llevaron a una confitería en auto para que le hicieran una nota. Ella hablaba mal de los hijos porque eran subversivos. En el título pusieron "habla la madre de un terrorista"; la devolvieron a la ESMA y la nota salió publicada en Para Ti. Fue una actuación conjunta de los Grupos de Tareas y de una editorial. Hemos iniciado la causa para que se analice la responsabilidad penal de los miembros de la editorial y algunos periodistas.

Hay una causa abierta de lo que fue la estructura civil de la provincia de Buenos Aires en la época de la represión, ministros de Gobierno, ministros de Justicia. Hay algunas causas abiertas contra Martínez de Hoz. Son las únicas causas que hay.

Hay una abogada que está trabajando la posibilidad de reabrir la causa de la deuda externa para demostrar que el terrorismo de Estado no sólo tuvo un objetivo político, sino que además tuvo el objetivo de plantar un programa económico.

Papel Prensa también fue un negociado de la dictadura con los grandes medios de comunicación…
Sí, debería abrirse la causa de Papel Prensa. Me preocupa el hoy de Papel Prensa. Hay un fiscal que se llama Juan Murray que está investigando la contaminación que causa Papel Prensa. Tiene un dictamen que establece que no cuenta con las autorizaciones para hacer todo lo que está haciendo y, sin embargo, nadie le da bola. De Papel Prensa hay que averiguar el ayer y el hoy. El ayer por lo que fue la corrupción y las apretadas que hubo para sacarles las acciones al Grupo Graiver. Hoy también por la contaminación de la fábrica.

Tu libro llega hasta el 2003, ¿cómo siguió la historia?
Ahora hay una edición con un capítulo nuevo donde cuento lo que pasó este año. Este año hubo, no sé si llamarlo una pelea. Parecía que iba a haber una pelea y que por fin un gobierno se le animaba al Grupo Clarín. Me ilusioné con Néstor Kirchner para que fuera a fondo y desnudara los hechos de corrupción y las maniobras delictivas, pero bueno, evidentemente Clarín es más fuerte y ha ganado esa pulseada. La Ley de Radiodifusión no va a ser tratada. El año que viene tampoco, me lo han dicho varios diputados. El año que viene es un año electoral y ni en pedo se va a tratar la ley. Clarín impuso su posición y ganó.

¿Creés que tuvo que ver el conflicto con el campo y el rol que cumplió Clarín para frenar el proyecto de una nueva Ley de Radiodifusión?
Sí. Clarín tuvo una posición política con el tema del campo porque tiene intereses muy fuertes. Maneja la más importante feria agropecuaria en Argentina. Antes había dos ferias: la que manejaba Clarín y la de La Nación. Tal es el poder de Clarín que se terminó morfando a la de La Nación. Ahora la hacen juntos.

¿Cómo será la sucesión en Clarín en el caso de que se comprobara que los hijos de Ernestina son hijos de desaparecidos?
Se va a dar una situación muy curiosa. Magnetto tiene dos hijos adoptados y Ernestina también. La sucesión va a ser entre cuatro hijos adoptados. Hay dos accionistas fuertes que son Lucio Pagliaro que maneja Canal 13 y José Aranda que maneja todo el tema del campo.

Clarín pega su gran salto en la década del 90, ¿cómo es que finalmente se pelean con el menemismo?
Hay que mirarlo como grupo económico que negocia con el cadáver sobre la mesa. Te tira el cadáver sobre la mesa y te reclama algo. Una tapa en contra o con amenazas. Consiguió Canal 13, con este gobierno consiguió la renovación de la licencia, también la aprobación y la unificación del monopolio del cable entre Multicanal y Cablevisión.

Con el menemismo fue así; le arrancó una serie de cosas y consiguió establecerse como poder económico. Como poder político Clarín sabe bien manejar los tiempos: cuando ve que un gobierno es exitoso en la clase media (el poder político de Clarín radica en la clase media) se mueve de acuerdo a los humores de la clase media argentina.

Cuando el menemismo comienza a derrumbarse en la clase media después de 1995 Clarín le suelta la mano, como lo hizo con la dictadura. La clase media se va, luego, hacia La Alianza y Clarín apoya con todo a La Alianza. A tal punto que "Chacho" Álvarez iba al tercer piso de Clarín donde están las oficinas de Magnetto y mantenía reuniones muy seguidas. Clarín se supo reacomodar políticamente como en estos últimos años.

Apoyó al kirchnerismo y después lo terminó de matar con el tema del campo. Está más cerca de las posiciones de Carrió, de Macri y López Murphy sin haber tomado partido por alguno de ellos. Cuando vea que la clase media se corre hacia una alianza de oposición, Clarín va a apostar todas las fichas.


FUENTE: Agencia Paco Urondo

http://www.principioesperanza.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1428&Itemid=29

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Domingo, 28 de marzo de 2010 | Hoy EL PAIS › JUECES DE LA DICTADURA ACUSAN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El mundo al revés

Los camaristas mendocinos que se dicen amenazados por los organismos de derechos humanos falsearon las fechas para simular una congruencia inexistente. El pedido de juicio político se presentó el 22 de diciembre y la apelación por la ley de medios recién la recibieron una semana después. Fueron ellos quienes intentaron una negociación para obtener su impunidad, que el gobierno no aceptó. De derecha a izquierda, generalizado rechazo al plebiscito inconstitucional de Duhalde.



Por Horacio Verbitsky

La declaración del camarista mendocino Otilio Romano de que se siente amenazado por los organismos de derechos humanos, que lo habrían presionado con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales, invierte la secuencia real de los hechos. Fue Romano, y su compañero en la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret, quien intentó negociar su posición en una causa que interesaba al Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de que no prosperara el juicio político en su contra por complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La misma táctica había seguido la jueza María José Sarmiento, cuando atribuyó a represalias oficiales por su fallo sobre las reservas del Banco Central la orden de detención de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento. La denuncia de los organismos de derechos humanos contra Romano fue presentada al Consejo de la Magistratura el 22 de diciembre de 2009, último día hábil de ese organismo en el año, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la ley de medios ingresó a la cámara mendocina una semana después, el 28 de diciembre, lo cual derrumba sin apelaciones la insólita pretensión del juez.
Un hallazgo

La complicidad de esos jueces con las torturas, las violaciones y los saqueos de bienes durante la Triple A y la dictadura militar surgió a luz en forma casual cuando la Corte Suprema de Justicia envió un equipo de trabajo a digitalizar las causas del archivo de la justicia federal mendocina sobre violaciones a los derechos humanos. Allí aparecieron los nombres de Romano y Miret, por entonces fiscal y juez. Esto ocurrió entre agosto y octubre del año pasado, antes de que el Congreso sancionara la ley de medios audiovisuales. Cuando fue promulgada ya estaba avanzado y sometido a consulta con organismos nacionales el borrador con la denuncia al Consejo de la Magistratura contra Romano y Miret. El modus operandi era siempre el mismo: palizas, picana, una lapicera y una invitación a rezar al que se negara a empuñarla para firmar una declaración que no podía leer porque estaba con una capucha. Romano y Miret dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones obtenidas bajo tormentos, pese a las constancias médicas que obraban en las distintas causas, y no procedieron a denunciar ni investigar a quienes los aplicaron. Esto incluye la detención de la adolescente Luz Faingold Casenave, que Miret entregó a su madre como indicaba la ley vigente, pero media hora después revocó la orden y en vez de enviarla al “lugar de alojamiento apropiado”, que era otra alternativa legal, la dejó detenida durante tres semanas e incomunicada durante cinco días en los calabozos policiales donde fue torturada y violada. En otra de esas causas, el defensor oficial de la detenida Alicia Morales de Galamba pidió informes a la policía mendocina y al Ejército sobre qué había ocurrido con los muebles de su casa y con su automóvil. Romano intervino, fuera de plazo, para oponerse. Invocó para ello que él era “principal custodio de los actos del procedimiento”, pese a que no había participado en ninguna de las declaraciones indagatorias ni testimoniales. Con súbito celo profesional se opuso al pedido porque de otro modo “convertiríamos al Tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”. Lo que sí es cierto y se informó aquí, es que Romano y Miret intentaron negociar con el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón un pronunciamiento favorable a la ley de medios a cambio del cierre de las investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Mazzón es un hombre influyente pero no todopoderoso, y la negociación no prosperó. El camino elegido fue entonces confirmar la medida cautelar de Pura Arrabal y deslegitimar a los denunciantes como si se tratara de operadores oficiales. Algunos de ellos, como Diego Lavado y Pablo Salinas, fueron funcionarios en el área de derechos humanos del gobierno de Celso Jaque, pero muy pronto debieron renunciar por la tenaz impugnación que sostuvieron contra el jefe de policía designado por el gobernador, Carlos Rico Tejeiro, quien era uno de los policías que ejecutaban las torturas que Romano y Miret encubrían.
Los medios y los fines

El fallo contra la ley de medios es endeble y entre las razones para conceder la medida solicitada por el diputado del peronismo cobista Enrique Thomas, menciona el discurso de CFK en el que anunció que excluiría del proyecto a las telefónicas, tal como reclamaba toda la oposición y buena parte de las ONG interesadas en la radiodifusión. El haberlo hecho sin consultar con la Cámara de Diputados violaría el artículo 125 de su reglamento. Si se trata de revisar el procedimiento parlamentario, la conferencia de prensa de la presidente es un injerto inadmisible en el análisis judicial. Tampoco explica cómo fue posible que si Thomas y sus colegas no tuvieron tiempo de leer el proyecto que se sometería a votación hubo cuatro dictámenes que llegaron al recinto. Con el criterio que fijó la Cámara, cualquier ley de las que ese y otros tribunales aplican a diario serían inconstitucionales, porque en su formación no se cumplió al pie de la letra con algún artículo del reglamento de alguna cámara. La resolución cautelar se adelanta a la sentencia de fondo al dar por probadas irregularidades irreparables. Para ello considera como pruebas irrebatibles las expresiones de los diputados de la oposición que constan en actas y las tiene por consentidas por la mayoría porque nadie, salvo el diputado Héctor Recalde, las contestó. Se ve ahora con nitidez que las veinte cuestiones de privilegio planteadas por la oposición procuraban preconstituir prueba para las acciones judiciales que constituían la estrategia de fondo. Llega ahora el turno de la Corte Suprema de Justicia de considerar una ley que el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión acaba de proponer como un modelo para el mundo.
Mucho FRYO

La secuencia cronológica es similar en el caso de la jueza María José Sarmiento. Este diario publicó los antecedentes de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento, bautizado como “el mago de la picana” por los policías que lo acompañaron en el Comando represivo SAR (sigla de Sub Area Rosario, también mencionada como Sección Antiguerrillera Rosario). Algunos intelectuales vinculados con el Frente del Rechazo y el Odio reaccionaron con ira. Los pensadores del FRYO compararon esa investigación periodística con la pureza de sangre exigida por la Inquisición de la época ilustrada de Felipe II y por la dictadura argentina, con la persecución de la Gestapo a quien tuviera ancestros judíos por cuatro generaciones y con el envío al Gulag stalinista de todo aquel que proviniera de una familia aristocrática, aunque se hubiera vuelto un comunista ferviente. Cuando la justicia citó a declarar a Sarmiento, el ex senador Eduardo Duhalde y la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió, lo atribuyeron a una represalia del gobierno por el fallo del verano. La buena lógica invita a considerar los hechos en su verdadera precedencia: la indagatoria de Sarmiento por crímenes de lesa humanidad que cometió en 1976 fue pedida por el fiscal Guillermo Mario Negro cuatro años antes, luego de la reapertura de las causas, y el gobierno nacional se presentó como querellante. El juez que ordenó su citación, Ramón Chávez, está en funciones desde 1992, es decir que no fue designado ni por Néstor Kirchner ni por CFK sino por Carlos Menem. Su protector fue Ramón Puerta, ahora operador del acercamiento entre sus amigos Duhalde y Maurizio Macrì. Esto nada tiene que ver con la sangre ni la raza, con las venganzas bíblicas ni las persecuciones totalitarias. La jueza Sarmiento tenía un excelente motivo para detestar al gobierno que impulsaba la persecución penal de su padre y éste no es el estado de ánimo que la Constitución y los tratados internacionales contemplan cuando hablan de jueces imparciales e independientes. Salvo que se pretenda, como es ostensible por parte de Romano y Miret, golpear a un gobierno al que se percibe debilitado para conseguir impunidad por sus propios actos.
Juan B. Justo & hijos

La propuesta del ex senador Eduardo Duhalde de poner un nuevo punto final a los juicios por crímenes contra la humanidad es un intento por hegemonizar el proyecto del Grupo Ahhh... para que el gobierno nacional retorne a las políticas de ajuste y endeudamiento externo que rigieron durante las tres décadas corridas entre el rodrigazo de 1975 y la negociación con el Fondo Monetario Internacional de 2005. Estridente en su tosquedad, Duhalde hace evidente lo que otros preferirían mantener en discreto segundo plano, aun para sí mismos.

Por más que Carlos Pagni adule en La Nación a Claudio Lozano y Alfonso de Prat Gay comparándolos con el líder socialista de hace un siglo Juan B. Justo, porque según el columnista plantearían la “reconciliación entre progresismo social y corrección económica”, la política que el Grupo Ahhh... adoptaría si pudiera sólo puede sustentarse con represión, como la que abrió el gobierno de Fernando De la Rúa en el puente de Corrientes y la que cerró el interinato de Duhalde al frente del Poder Ejecutivo en la estación de Avellaneda, pasando por las cuatro decenas de muertes que culminaron el mandato de la Alianza, con picos en la Capital Federal y la provincia de Santa Fe. Duhalde vuelve a pensar, como durante su interinato presidencial, en devolver a las Fuerzas Armadas el rol en seguridad interior del que la democracia argentina las salvó por acuerdo entre todos los partidos, en las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de Inteligencia nacional, sancionadas durante las presidencias respectivas de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Lejos de humillarlas, esto les ha devuelto un rol digno y estimado por la sociedad.
Quién aisla a quién

Si Duhalde pensó en aislar al kirchnerismo, el resultado fue paradojal. De derecha a izquierda sólo recibió rechazos. Uno de sus aliados extrapartidarios, el jefe de los Autonomistas porteños colocó un cartel amarillo en las pantallas publicitarias de la Ciudad con la consigna Nunca Más en negro y su jefe de diputados, Federico Pinedo dijo que no entendía el objetivo de volver sobre una cuestión ya zanjada por la Corte Suprema. Antes, Maurizio Macrì había desautorizado sobre el tema a su ex ministro de Educación y asesor de Duhalde en temas culturales, Abel Parentini Posse. Cuando el CELS le preguntó cuál era su opinión, Macrì respondió que debían continuar los juicios para que no hubiera impunidad. Consultado para esta nota el filántropo colombiano Francisco De Narváez dijo el viernes que no coincidía con Duhalde. “La justicia viene transitando un largo camino para no dejar impune los crímenes de lesa humanidad. Dejemos que este proceso avance y concluya cerrando una parte de la historia terrible de nuestra República, sin buscar revancha ni rédito político”. En forma espontánea no había dicho una palabra antes de esta consulta. Lo mismo ocurrió con su compañero de fórmula el año pasado, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá. Ante la pregunta de este diario, Solá respondió que su posición no había variado: “Memoria, Verdad y Justicia. Sin sobreactuaciones ni confrontaciones con los jueces”. El Comité Nacional de la UCR contestó que ni el partido ni sus dirigentes se habían pronunciado y propusieron un contacto con Hipólito Solari Irigoyen, “que por supuesto le dará un palazo bárbaro”. Lo que este diario quería no era la posición individual de quien fue víctima de la Triple A y de la dictadura y vivió en el exilio hasta el regreso de la democracia sino la opinión de las figuras centrales del partido, sus precandidatos presidenciales Ernesto Sánz, Ricardo Alfonsín y Julio Cobos, los jefes de sus bloques legislativos, Oscar Aguad y Gerardo Morales, sus juristas como Ricardo Gil Lavedra o sus ideólogos, como Rodolfo Terragno. Tampoco la líder de la Coalición Cívica Libertadora Elisa Carrió se había pronunciado. Varios lo hicieron en forma especial para esta nota. Gerardo Morales afirmó que “no sólo rechazamos la propuesta de Duhalde, sino que desde el radicalismo proponemos una profunda modificación del Código Procesal Penal de la Nación para evitar el colapso de los tribunales federales. El proyecto de ley para acelerar las causas lo presentamos en 2007 y volvimos a hacerlo días pasados, porque el kirchnerismo en el Senado no lo puso en debate. El proyecto tiene el propósito de establecer definitivamente lo ocurrido durante un período trágico sin tolerar que la impunidad o la sospecha infundada reemplace el esclarecimiento de la verdad. Además, busca otorgar reglas especiales de procedimiento que, salvaguardando los principios del debido proceso, permitan un trámite más pronto y ordenado, dotando a los tribunales de los recursos necesarios. El gobierno ha mostrado voluntad para que estos juicios terminen, pero no alcanza con gritar en las tribunas o retar a los jueces. Es necesario establecer normas serías, respetables, que las discutamos en el Congreso”. También Ricardo Alfonsín objetó la propuesta de Duhalde. “No es lo que reclama la gente, dejaría a muchas víctimas, a la sociedad, sin saber qué pasó con el cuerpo de sus seres queridos. Tampoco encuentro razones de orden sociopolítico o institucional que justifiquen la medida. En la década del ’80 Raúl Alfonsín debió tomar decisiones contra su propia voluntad y los principios elementales de justicia para asegurar la continuidad democrática, pero hoy el contexto es distinto”. La CCL contestó que no ha modificado la posición expresada en su carta orgánica: “Juicio, Verdad, Condena, Castigo”. La diputada libertadora Elsa Quiroz ya había celebrado que Duhalde se manifestara de ese modo, “porque demuestra que es volver atrás en la historia”. Pero antes de la declaración de Duhalde, la misma Quiroz había denunciado una “embestida sin límites del gobierno contra la justicia. Lo peor es manipular las causas de derechos humanos para extorsionar y desprestigiar jueces y fallos”. En declaraciones separadas, Martín Sabbatella y Pino Solanas también habían descalificado el plebiscito. “Duhalde decidió mostrarse tal cual es: un lobbysta de derecha que quiere borrar los crímenes del pasado, que propone plebiscitar si tiene que funcionar o no la justicia o si se debe tapar el horror. Su propuesta es reaccionaria y antidemocrática”, dijo el ex intendente de Morón. Solanas opinó que la justicia había funcionado de manera ejemplar y debe seguir haciéndolo para marcar un derrotero en América Latina. Eduardo Macaluse, del SI, agregó el enfoque jurídico que nadie había mencionado: la Constitución prohíbe en forma expresa un plebiscito sobre materia penal. “Duhalde lo sabe. Lo que hace no es una propuesta sino una señal a un determinado grupo. Y eso es jugar con fuego”.

Entrevistas: Mercedes González y Ana Adelardi.



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