Lo que circula por los medios

Registro de una época...
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11 de marzo de 2010

DOS TEMAS: EL USO DE LAS RESERVAS Y EL BANCO CENTRAL CON MARCO DEL PONT








http://www.youtube.com/watch?v=3AacxwoCH44



http://www.youtube.com/watch?v=a_BiJ38Q-S4

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http://www.youtube.com/watch?v=MLL8-3NotQE

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EXPOSICION MARCO DEL PONT EN EL CONGRESO


http://www.youtube.com/watch?v=sV8kBc57r10




http://www.youtube.com/watch?v=Xj68giN2Jk4



http://www.youtube.com/watch?v=kSZ8aBIpGpg


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conferencia Marco Del Pont LUEGO EXPOSION CONGRESO




http://www.youtube.com/watch?v=ZDVUvYHa-Zo




http://www.youtube.com/watch?v=Yg5v_eGZdWk




http://www.youtube.com/watch?v=kzwOb5nsMQE

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Lo destituyente, una vez más


Por Sandra Russo
Imagen: Daniel Dabove.

La escena podría inscribirse en el grotesco argentino: los que contrajeron deuda y quemaron reservas se enloquecen porque, sin haber dado ellos su consentimiento, el Gobierno se desendeuda con las reservas que él mismo acumuló. Los mercados bullen expectantes por la salida del default, pero ellos, que han sido históricamente los lobbystas de los mercados, se contorsionan en televisión para evitar contestar cómo pagarían ellos la deuda, si así como lo propone el Gobierno les repugna. Evitan decir “ajuste”. La pregunta fue formulada ayer hasta en TN, y eso tiene una lógica y merecimiento que forma parte de lo que los enloquece: la hizo por la mañana en cadena nacional Cristina Fernández. Los medios monopólicos no tuvieron más remedio que recoger el guante.

Están tan acostumbrados al periodismo servil de los medios monopólicos, que la pregunta del cronista de Duro de domar, un programa tendiente a lo farandulero, los ensombreció en la conferencia de prensa que dieron todos juntos todavía relamiéndose por haber rechazado el pliego de la directora del Banco Central: “¿La medida que toma el Gobierno ahora no está dirigida a pagar las deudas que contrajo en parte el gobierno de la Alianza y el default que decretó el doctor Rodríguez Saá?”. Allí estaban entre otros Rodríguez Saá y Gerardo Morales. Es una pregunta de estricto sentido común, pertinente y sencilla. Se rieron. Pusieron cara de “uh, éste vino a provocar”.

El sector mayoritario del periodismo televisivo está a sueldo de los medios concentrados. Ultimamente las nuevas camadas de periodistas que incorpora el monopolio Clarín no salen de la UBA sino de la maestría que ellos mismos crearon junto con la Universidad San Andrés. Hace unas semanas, en el suplemento Zona de Clarín, fueron publicados “algunos de los mejores trabajos” de esa maestría en periodismo. Una de ellas tomaba como fuente un mail anónimo que indicaba que los sueldos del programa 6, 7, 8, del que formo parte, eran de entre 90 y 40 mil pesos. Orlando Barone y yo cobrábamos 40 mil pesos, según ese correo sin firma que circuló por Internet. No sé si me molestó más la mentira, o que supusieran que yo aceptaría un sueldo tanto más bajo que el de mis compañeros. Una buena pieza de carne podrida, amplificada por Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, todos con intereses extraperiodísticos.

Aunque el silencio es más elegante que el griterío, a veces uno cuando calla parece que otorga. Pero además esa información falsa en la que se basaron muchas notas reafirma un mecanismo discursivo que es más grave que la falsedad de la especie: en todo caso, la falsedad de la información estaba dirigida a desprestigiar opiniones que son estricta minoría en el universo mediático. Si los pobres van a los actos por la coca y el chori, nosotros vamos al canal por el cheque. Ni unos ni otros tienen convicciones, leales saberes y entenderes, conciencia.

La ley de medios está suspendida por una jueza mendocina, Pura de Arrabal, que fue la misma que falló a favor del grupo Vila Manzano y en contra de Canal 7. Los jueces de la Corte Suprema dicen que “el problema es político, no lo podemos resolver los jueces” (Zaffaroni), y que “los jueces no deben gobernar” (Lorenzetti). Pero hay jueces que fallan imbuidos de las mismas sospechas que la oposición. La oposición puede exponerse a actuar guiada por la sospecha, de hecho es uno de sus recursos más frecuentados. Pero que lo hagan los jueces es institucionalmente más grave.

Hay periodistas que han llegado a reclamar la censura a 6, 7, 8, con el argumento de que Canal 7 “es de todos”. La televisión pública debe garantizar prioritariamente la pluralidad de opiniones. Invito a cualquier argentino a recorrer la televisión de aire y a revisar cuántos programas incorporan el punto de vista del Gobierno, sobre todo en lo que hace a su modelo económico y social, en su análisis. No hay ninguno. El pensamiento único en materia de comunicación es el del monopolio. En los medios, hoy no se puede ser opositor a la oposición. Así le fue a Luis Novaresio, a quien Mariano Grondona echó de su programa después de haber hecho preguntas molestas a una diputada de la Coalición Cívica con respecto a la ley de ADN. Curioso: ningún medio habló de censura.

No la imaginamos, la vimos y la escuchamos a Carrió en el Senado, invitada especialmente por los honorables nuevos senadores. Esta mujer sin estribos dijo allí mismo que haría una denuncia penal “por estafa y quiebre del orden institucional” a la Presidenta y a Mercedes Marcó del Pont. No la aplaudieron, pero tenían ganas. Dijo que iría a la OEA a pedir apoyo. Ellos asentían. Gracias al sector de centroizquierda que sigue ciego a la operación golpista, Carrió tiene cancha ahora para desparramar sus paranoias. La loca de la casa siempre ha sido funcional a los señores.

Y hoy veo que los medios monopólicos, de manera idéntica a la oposición, incluido ese sector de centroizquierda, vuelven a calificar de “exagerada” la denuncia destituyente. Dirían lo mismo incluso si pudieran lograrlo. Dirían que “exageran”. La oposición puede decir que llueve de abajo para arriba: los periodistas monopólicos dan entidad a todas sus pavadas.

Hoy está muy claro que la defensa del Gobierno es la defensa de un modelo, que podría liderar hoy una fuerza política y alguna otra en el futuro. Pero habrá que pensar en hacerlo sin algunos aliados que parecían naturales y que demuestran que no lo son. Ellos seguirán marchando hacia sus condiciones prerrevolucionarias, que como no molestan mucho pueden incluso ventilar en TN.

Hoy hay una pelea concreta entre un modelo de Estado de bienestar y un modelo de Estado neoliberal, con todos los matices que uno le quiera agregar. Pero lo que se juega hoy es eso, no la inmortalidad de los ángeles ni el color de la cara de Dios. Es una pelea antigua, que comenzó a darse en la posguerra. Una pelea entre dos formas de capitalismo. Suena a poco, pero así de derechizado está el mundo. No es ninguna novedad que en Brasil a Lula lo acusan de “derechista” y en Estados Unidos a Obama lo acusan de “izquierdista”.

Cuando Patricia Bullrich dice que el Gobierno tiene que ir a decirles “qué cosas del presupuesto va a suspender para pagar la deuda”, ningún insert de Grecia o España ayuda a contextualizar el monstruo que asoma de su paladar. Dicen todos cualquier cosa a toda hora. Hacen recordar a otros personajes que no sólo cuentan con el apoyo de los medios, sino que son sus dueños: Roberto Micheletti en Honduras o Silvio Berlusconi en Italia.

No es una pizca de exagerado hablar de operaciones destituyentes. Las hay, las conocen, las ventilan, las analizan, las promueven o son cómplices por omisión. No lo blanquean porque son golpistas u oportunistas. Y si no hay ni habrá destitución, no es porque la oposición defienda la institucionalidad ni la Constitución, sino porque la gente no come vidrio, y porque en este país ya hemos sufrido demasiado.
Una maniobra electoral

Por Raúl Kollmann

El 14 de junio pasado, dos semanas antes de las elecciones, un domingo, Clarín publicó en su principal título de tapa, en la página 3 y en el editorial firmado por Eduardo Van der Kooy, que Néstor y Cristina Kirchner preparaban una gigantesca maniobra: en caso de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires, adelantarían los comicios presidenciales de 2011. Incluso dieron una fecha precisa: 10 de marzo de 2010.

Como es obvio, pasado mañana no habrá elecciones.

Y queda claro también que todo fue una operación política del diario, seguramente para crear el ambiente de derrota del Frente para la Victoria. También se decía por entonces –y la gran vocera fue Elisa Carrió– que el 28 de junio habría un gran fraude electoral. Lo cierto es que no lo hubo o, al menos, nadie lo denunció. Ni siquiera Carrió.

Aquel 14 de junio, Clarín señalaba que “el adelanto electoral fue escuchado por un dirigente que accede con periódica frecuencia a la intimidad de Néstor Kirchner, pero con quien mantiene diferencias”. Esa fue la fuente de la tapa del diario. Señalamos entonces que, como mínimo, Clarín debería haber explicado cómo se iba a hacer semejante maniobra.

Para adelantar las elecciones presidenciales, debe hacerse una reforma constitucional, porque la reforma aprobada en 1994 dice taxativamente que los comicios presidenciales deben ser convocados dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. O sea que, teniendo en cuenta que Cristina Kirchner termina el mandato el 10 de diciembre de 2011, por orden de la Constitución, las elecciones se tienen que hacer después del 10 de octubre de 2011.

Los comicios presidenciales están fijados por la Constitución, no son como los de diputados y senadores, cuya fecha se establece por ley. Por eso, para adelantar aquella elección al 14 de junio, el oficialismo requirió una ley, que fue aprobada por las dos cámaras. Clarín quiso sugerir en aquel momento que la derrota sería tan grave que la Presidenta iba a renunciar. Pero tampoco en ese caso habría elecciones. Como cualquier argentino sabe, cuando renuncia un presidente, asume el vicepresidente. El 14 de junio, cuando se dedicó la tapa del diario a esta supuesta maniobra, el vicepresidente era Julio Cleto Cobos y lo sigue siendo hoy. Clarín no decía, por ejemplo, que Cobos también renunciaría.

Cuando renunció Fernando de la Rúa, que no tenía vicepresidente por la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez, tampoco hubo elecciones. Asumió el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, y la Asamblea Legislativa designó sucesivamente a Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde. Es que así lo establece el texto de la Constitución.

Está dicho, si la Presidenta renuncia, asume Cobos, y si también el vicepresidente dimite –nadie explicó por qué lo haría– la Asamblea Legislativa tiene que elegir a un diputado, un senador o un gobernador para que asuma la presidencia hasta el 10 de diciembre de 2011. Como cualquiera sabía en junio del año pasado, una derrota K en las elecciones lo pondría en una situación de minoría en el Congreso, por lo que la designación de un presidente para terminar el mandato de Cristina se haría con una mayoría anti-K, lo que significa que el oficialismo ni siquiera tendría capacidad para designar a alguien de su gusto.

Así las cosas, la gigantesca maniobra publicada por Clarín en plena campaña electoral terminó siendo eso: un acto de campaña. De hecho, Néstor Kirchner fue derrotado en territorio bonaerense y pasado mañana no hay elecciones. En aquel momento, Página/12 consultó a jueces, constitucionalistas y fiscales. Todos coincidieron en que lo publicado por Clarín no era viable. Estuvieron en lo cierto.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-141554-2010-03-07.html

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Domingo, 7 de marzo de 2010 | Hoy

EL PAIS › EL GOBIERNO, GARANTIZAR LAS POLITICAS EXPANSIVAS


Las reservas en el menú


Ante la frustración judicial del Fondo del Bicentenario, el oficialismo mantuvo la misma propuesta aunque con más precisiones con el objetivo de sortear algunos de los cuestionamientos realizados por el arco opositor. El Fondo para el Desendeudamiento Argentino plantea la utilización de 4382 millones de dólares provenientes de las reservas del Banco Central para cancelar las obligaciones de este año con el sector privado y especifica los usos que le dará. Los fondos para pagar los vencimientos con organismos internacionales, BID y Banco Mundial, también provienen de los dólares de la autoridad monetaria pero están contemplados en otro decreto. La iniciativa del Gobierno incrementa la disponibilidad de recursos corrientes para realizar una política fiscal expansiva.

En el oficialismo aseguran que, de no realizarse el pago con reservas internacionales, existen dos alternativas: realizar un ajuste fiscal con sus consecuencias contractivas sobre el nivel de actividad, o tomar nueva deuda en el mercado internacional a tasas que superarían el 15 por ciento. En el Gobierno sostienen que el pago de la deuda con reservas significa un uso eficiente de esos recursos. Argumentan que se utilizan los excedentes del Banco Central –las reservas de libre disponibilidad–, por los que se reciben bajos intereses, menos del 0,5 por ciento anual, para cancelar deudas a tasas altas.

Ante la dificultad/imposibilidad para recurrir a otras fuentes de financiamiento que utilizó en el pasado y con los mecanismos tradicionales (emisión y endeudamiento) restringidos, el Gobierno pretende utilizar el 13,5 por ciento de las reservas. La noción de “reservas de libre disponibilidad” que limita la posibilidad de disponer de esos recursos es una rémora de la ley de convertibilidad. El nivel “óptimo” de reservas en la actualidad no está condicionado por ninguna regla monetaria. Más bien, el elevado nivel de reservas –por encima de los 47 mil millones de dólares– es una consecuencia de la política macroeconómica y cambiaria vigente desde 2003. La utilización de una porción de los recursos del Banco Central no limita el poder de fuego de la autoridad monetaria para desactivar las presiones sobre el tipo de cambio y/o ataques especulativos sobre la moneda.

A cambio de los 6569 millones de dólares provenientes de las arcas de la autoridad monetaria, el Tesoro emitirá letras a diez años. Esos papeles devengarán semestralmente una tasa de interés igual a la que otorguen las reservas en ese período. La amortización se paga al vencimiento.

Con esta forma de cancelación de deuda el Estado puede disponer de una masa de recursos corrientes para realizar política fiscal expansiva, o a lo sumo mantener el nivel de gasto público. La utilización de las reservas permite realizarlo en un escenario donde se contraen los ingresos producto de la crisis financiera internacional y otras cuestiones vernáculas como la fuerte sequía registrada el año pasado.

El Gobierno señala, además, que el pago de la deuda con reservas permitirá reducir el costo de las futuras colocaciones en el mercado internacional. En ese sentido, remarcan que los anuncios del Fobi y el Fondea impulsaron la cotización de los títulos públicos y una reducción en el riesgo país.

Ante la nueva medida cautelar, la presidenta Cristina Fernández aseguró que los vencimientos continuarán pagándose con reservas. Desde la oposición cuestionan el uso que tendrá esa masa de recursos del presupuesto liberados (el Gobierno no lo especificó), y sostienen que acelerará la evolución de la inflación en un escenario donde, producto de la crisis, se erosiona el frente fiscal.


Informes y producción:
Tomás Lukin y Javier Lewkowicz.

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Domingo, 7 de marzo de 2010 | Hoy

EL PAIS › PROYECTO SUR: MAS IMPUESTOS Y MENOS SUBSIDIOS

Cambios tributarios

En Proyecto Sur están de acuerdo con la utilización de reservas, pero pretenden destinarlas a otro fin. Desde su perspectiva, los recursos para pagar la deuda pueden salir del presupuesto nacional a partir de la suba de impuestos a grandes empresas y reducción de subsidios. Además, plantean llevar adelante un refinanciamiento de la deuda pública en manos de las entidades financieras locales. Con ello, aseguran que los compromisos pueden afrontarse y en paralelo mantener el gasto en materia social, infraestructura, salarios, entre otros. Con las reservas excedentes, crear un fondo para el desarrollo. Evalúan que no habría impacto en los precios ni apreciación cambiaria, algo que sin medidas adicionales podría ser difícil de lograr. Al avalar la utilización de reservas, la diferencia con el oficialismo parece pasar por los cambios que proponen en la estructura tributaria.
Encuentran dos opciones para, de forma inmediata, mejorar las cuentas fiscales. Por un lado, la restitución de las contribuciones patronales a los niveles de 1993, exceptuando a las pymes. A su entender, esto permitiría que el sistema previsional recaude 15 mil millones de pesos adicionales, masa de recursos que se liberarían de los gastos corrientes gubernamentales. Además, indican que el Estado podría dejar de destinar unos 17 mil millones de pesos reduciendo la política de subsidios a grandes empresas exportadoras, mineras y de transporte.

En tercer lugar, buscan que el año que viene se replantee el esquema impositivo, eliminando exenciones que existen en materia de ganancias, IVA, combustibles y otros regímenes de promoción económica, además de gravar la renta financiera. A partir de ello, aseguran que podrían recaudar adicionalmente unos 11 mil millones de pesos que hoy se llevan petroleras, mineras y exportadoras.

El plan no indica qué consecuencias podrían tener estas medidas sobre los precios, dado que las grandes empresas a las que se afectará son los más poderosos formadores de precios. Sin un control adicional, posiblemente estos conglomerados se lo “cobren” a los consumidores. Tampoco mencionan el impacto distributivo que podría acarrear la baja en los subsidios a servicios como el transporte ante el incremento en las tarifas. Ni cómo afectaría a las negociaciones paritarias una imposición de mayor carga de aportes sobre los salarios que pagan los principales conglomerados empresarios.

Sin embargo, admiten que igualmente aplicando estas medidas se necesitaría financiamiento, para lo cual pretenden “replantear el vínculo con el sistema financiero local”, el cual es acreedor de buena parte de los Boden y los préstamos garantizados. Proponen postergar vencimientos, reemplazando esa deuda con Letras del Tesoro.

El resultado final, indican, es que la necesidad de reservas cae a 2 mil millones, cuyo uso para afrontar compromisos avalan. El resto de las reservas de libre disponibilidad pretenden usarlas para confeccionar un fondo para el desarrollo, para la recuperación de los ferrocarriles y la modernización productiva.

Teniendo en cuenta que coinciden en el uso de reservas, la diferencia con la propuesta del oficialismo es en el plano fiscal, en donde plantean una reforma. Por su parte, el Gobierno pretende que los dólares en el Central se utilicen directamente para afrontar vencimientos. Proyecto Sur busca pagarlos con recursos adicionales generados internamente y las divisas aplicarlas para el estímulo a la producción, para lo cual deberían utilizar pesos; una operatoria que además podría generar tensiones hacia la apreciación del peso.

Algunos especialistas remarcan que la estrategia puede ser ineficiente, puesto que se busca afrontar compromisos en pesos –fondo de desarrollo– mediante el uso de reservas y deuda en dólares con moneda local, a partir del alza recaudatoria. A su vez, se cuestionan que el proyecto de desarrollo dependa del volátil flujo de dólares antes que de recursos corrientes nominados en pesos.


Informes y producción:
Tomás Lukin y Javier Lewkowicz.




http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/141569-45599-2010-03-07.html

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Domingo, 7 de marzo de 2010 | Hoy


EL PAIS › LA RECETA PRO ES EL GASTO “EFICIENTE”
A ahorrar y endeudarse




“El esfuerzo de un presupuesto inteligente” es la fórmula que postula el partido que encabeza el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. La alternativa Unión-PRO, según explicó a Página/12 el diputado nacional Jorge Triaca, es “analizar los niveles de gasto, la estructura de subsidios a los servicios públicos y normalizar el Indec. Se debe adecuar el gasto hacia un sistema de generación productiva”. De acuerdo con las estimaciones que manejan los primeros dos puntos, permitirían obtener más de 40 mil millones de pesos. Si bien no precisaron de dónde provendría ese dinero, anticiparon algunas fuentes: “Fútbol para todos, los aviones de Aerolíneas y los subsidios en gas y transporte nos permitirían obtener más de 48 mil millones de pesos. Hay que modificar la estructura de subsidios para que los pudientes paguen y lo reciban quienes realmente lo necesitan”. A su vez, “recuperar la confianza en el organismo estadístico habilitaría una caída en la tasa de interés en el mercado internacional”, apuntó el legislador.

La alternativa Unión-PRO propone un ajuste fiscal. La mayor eficiencia al momento de gastar que reclaman implica reducir las erogaciones públicas en un momento del ciclo económico donde se requiere la fórmula inversa. El nivel del gasto agregado para enfrentar la desaceleración en el nivel de actividad debe aumentar y no contraerse.

Macri, De Narváez y Pinedo proponen una política fiscal contractiva disfrazada de progresista al postular la necesidad de revisar la desigual distribución de los subsidios para que “recaigan sobre quienes realmente lo necesitan. No puede ser que se subsidie la compra de aviones de Aerolíneas Argentinas y el consumo de gas a lo largo de la Avenida Libertador”, señaló Triaca. Más allá de ese escudo protector contra el impacto redistributivo de modificar los subsidios, el PRO plantea bajar el nivel de gasto. La reducción eficiente PRO del consumo público tendría un impacto negativo amplificado en materia de recaudación y nivel de actividad.

Lo paradójico del caso planteado es que, para pagar la deuda, una vez que se reduce el gasto, todavía estaría pendiente la necesidad de obtener los dólares requeridos para el pago de las obligaciones denominadas en esa moneda. De Narváez propone comprarlos “del excedente del intercambio comercial”. Para eso el Tesoro debe recurrir al Banco Central y comprar las divisas con la consecuente caída en las reservas. Los compromisos se cancelan, las reservas caen de todas formas y, fundamentalmente, se reduce el gasto público.

La receta PRO parte del diagnóstico elaborado por el economista Carlos Melconian, quien sostiene que la macroeconomía argentina se encuentra en una situación “cuasi ochentista”. El análisis del también ex candidato a ministro de Economía de Carlos Menem, parece no registrar algunos elementos distintivos de la economía post-convertibilidad.

Otra alternativa novedosa dentro del PRO la postula el diputado Federico Pinedo: “Endeudarse a tasas razonables –alrededor del 5 por ciento– en el mercado internacional patrocinados por Brasil” (ver nota aparte). Pinedo no explica qué motivaciones tendría el país vecino para aceptar esa iniciativa o cuál sería el atractivo para el variopinto mercado internacional para colocar deuda en un joint venture entre Argentina y Brasil. Colocar deuda a esa tasa en la actual coyuntura parece imposible.

Informes y producción:
Tomás Lukin y Javier Lewkowicz.



http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/141569-45600-2010-03-07.html

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Domingo, 7 de marzo de 2010 | Hoy


EL PAIS › LA UCR, LETES Y CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO
Otra vez con los bonos


Dentro del radicalismo se evalúan distintas opciones. En una línea similar a la postura del PRO, una facción de la UCR busca revisar la política de subsidios y reformular el Presupuesto. Entienden que hay partidas sobrevaloradas y una subestimación de la recaudación, por no contemplar enteramente el proceso inflacionario. “No vamos a dejar que el kirchnerismo se lleve todo, extorsionando a los gobernadores”, manifestó a Página/12 el diputado Miguel Angel Giubergia. Por otro lado, el economista Mario Brodersohn, asesor radical, elaboró un documento donde asegura que la mejor opción es la colocación de Letras del Tesoro, experiencia que ya se realizó a fines de los ochenta con consecuencias negativas.

Los radicales que pretenden revisar el Presupuesto entienden que en la ley sancionada el año pasado “hay 16 mil millones de pesos que no tienen justificación, dedicados a Aerolíneas Argentinas, subsidios al transporte, los ferrocarriles, la Oncca y Fútbol para todos”. Consideran que tales entes funcionan mal o son innecesarios, sin evaluar las posibles consecuencias que la eliminación de tales erogaciones pudiera tener en la provisión de los servicios afectados ni el impacto en la distribución del ingreso por la reducción de subsidios. También aseguran que habrá mayor recaudación, producto del aumento en la inflación. A la vez, se inclinan por renegociar la deuda que vence y está en poder de los bancos. Aseguran que “no van a aceptar el ajuste”, pero la baja en los gastos podría conducir a ello, aunque el partido centenario no lo considere.

Por su parte, Brodersohn muestra otra línea dentro del radicalismo. La operatoria normal del Central para acumular reservas requiere comprar los dólares provenientes del excedente comercial y, para no expandir la base monetaria, el BCRA esteriliza los pesos que envía al mercado a través de la colocación de Letras del Banco Central (Lebacs). El economista radical propone que para absorber los pesos el Central venda una Letra que emita el Tesoro (Letes). Con los pesos que obtiene el Tesoro a partir de la colocación de deuda entre privados, que le compre al Central los dólares para pagar deuda externa.

En definitiva, se trata de una estrategia en que el Estado cambia deuda externa por interna. “Vale decir que nuestra propuesta implica que no sea el BCRA el que financia el déficit del Estado, sino que sea el sector privado mediante la compra de Letes”, aclara el informe. También destaca que evitaría los embargos de parte de los fondos buitres. Sin embargo, el stock de deuda se mantendría –aunque con una composición distinta–, propuesta diferente a la del Fondea, con el cual el oficialismo busca el desendeudamiento.

Otro tema a analizar sería si el sector privado está en condiciones de absorber tal masa de recursos y a qué tasa. En el caso de que sólo acepten esos títulos a un precio muy alto, podría incentivar la especulación financiera, desestimulando la actividad productiva, por el alza en las tasas de referencia. Además, la colocación masiva de títulos podría desincentivar el ya de por sí escaso crédito productivo. La operatoria se presenta como una reedición del “festival de bonos” en el que derivó la política sugerida por Brodersohn como secretario de Hacienda del ministro de Economía Juan Sourrouille, en el gobierno de Alfonsín, el cual no logró los objetivos buscados originalmente y derivó en una bicicleta financiera especulativa.

Informes y producción:
Tomás Lukin y Javier Lewkowicz.


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