EL PADRE DE LA JUEZA SARMIENTO Y LA OMISION DE LA INFORMACION - EL MAGO DE LA PICANA -
En la provincia de Misiones ordenaron detener al padre de la jueza María José Sarmiento. La magistrada fue quien suspendió el decreto presidencial 2010/09, que impidió -en un primer momento- el uso de reservas del Banco Central. Una ambulancia y efectivos de Gendarmería participan del operativo en el departamento de Barrio Norte.
"Me contó la mujer que cuida a mis padres que llegó la Gendarmería, que tenían una orden de allanamiento de detención para mí padre. Es un exhorto que cumple el juez Sergio Torres, pero sería de un juez de la provincia de Posadas. Mi padre es militar retirado, tiene 85 años", dijo la jueza Sarmiento.
Luis Alberto Sarmiento fue coronel del Ejército y se desempeñó como ministro de Gobierno de Misiones en 1976 y después ejerció funciones en la SIDE en Sudáfrica. En el entorno de Sarmiento creen que se trata de una venganza política.
"Me llama la atención que todo ocurra ahora, me llaman la atención las formas", expresó la jueza Sarmiento. En enero pasado, la Procuración del Tesoro la denunció, pero el juez federal Rafecas cerró la causa. Después, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia hizo otra denuncia penal en febrero pasado contra la magistrada que había repuesto a Martín Redrado en su cargo al frente del Banco central.
Según detalla el preriodista Adrián Ventura, "Sarmiento siempre fue una jueza transparente y nunca le encontraron ninguna irregularidad. Por eso, el Gobierno también filtró una vieja historia que involucra a su padre".
En el diario Página 12, el periodista Horacio Verbitsky, lo denuncia en una nota titulada: "El mago de la picana". La jueza fue consultada si la había leído. "No la leí, pero tengo noticias", afirmó Sarmiento quien además remarcó sentirse "presionada".
http://www.tn.com.ar/2010/03/19/politica/02162912.html
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Ordenan la detención del padre de la jueza Sarmiento por crímenes contra los DDHH: todo es para no dejarla “trabajar tranquila”, alegaContinental | Marzo 19 de 2010
La Justicia de Misiones ordenó la detención del padre de la jueza Sarmiento.
El ex coronel Luis Alberto Sarmiento tiene ochenta y cinco años y fue ministro de Gobierno de esa provincia durante la última dictadura.
Hace cuatro años, el fiscal general pidió su procesamiento por crímenes de lesa humanidad y esta mañana agentes de Gendarmería se presentaron en su casa de Barrio Norte para apresarlo.
Sarmiento fue señalado por dos policías como “el mago de la picana” que en 1972 torturó hasta la muerte al estudiante Brandazza.
También integró la SIDE y fue jefe del grupo antisubversivo en el Ministerio de Justicia de la Nación, según una investigación periodística.
Por Continental, la magistrada explicó que “técnicamente no se lo llevaron detenido porque apenas lo vio el médico se dio cuenta de que no podían. Tiene ochenta y cinco años, está en silla de ruedas y tiene Parkinson”.
En La Mañana, informó que la orden fue del juez Sergio Torres, “cumpliendo un exhorto de un juez de Posadas. Es todo lo que sé”.
“Mi situación es incómoda, hasta perder la tranquilidad. Van a patear la casa de mis padres o me hacen dos denuncias directamente de Presidencia. Es como para no dejarme trabajar tranquila”, se quejó la jueza.
Además, detalló que su padre “no figura” en el informe de la CONADEP, aunque sí ratificó que cumplió labores de Inteligencia cuando ella era niña.
Sarmiento va a ser revisado por médicos forences que determinarán si puede ser enviado a Posadas. Mientras tanto, está detenido en su casa con personal de Gendarmería. No va a ser trasladado a Comodoro Py.
http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=972400
AUDIO
Domingo, 17 de enero de 2010 | Hoy
En febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías.
FUENTE: NOTA EL MAGO DE LA PICANA - SE ADJUNTA ABAJO DE LAS RELACIONADAS
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LA NOTA: EL MAGO DE LA PICANA
EL PAIS › LA FAMILIA JUDICIAL TIENE PRONTUARIO
El mago de la picana
El padre de la jueza, coronel Luis Alberto Sarmiento, fue señalado por dos policías como el mago de la picana que en 1972 torturó hasta la muerte al estudiante Brandazza. Compañero de Galtieri, Menéndez, Díaz Bessone y Harguindeguy, en 1976 fue jefe de Inteligencia y ministro en Misiones. El fiscal pidió su indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Papi también integró la SIDE y fue jefe del grupo antisubversivo en el Ministerio de Justicia de la Nación. La Justicia ve por debajo de la venda.
Por Horacio Verbitsky
El padre de la jueza que suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron al presidente del Banco Central es el coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, a quien dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte del estudiante Angel Enrique Brandazza, Tacuarita, secuestrado en la semana del regreso de Perón a la Argentina, el primero en la lista de la CONADEP. Durante la última dictadura Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. La lentitud del proceso hizo que aún no haya sido llamado a indagatoria. Poco conocido fuera del Ejército hasta que su hija saltó a la fama, fue uno de los principales jefes operativos de la represión durante la dictadura de Onganía-Lanusse, y continuó incluso después de su retiro durante la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. El parentesco no es causal de recusación en un proceso de enorme importancia para el gobierno que impulsó el enjuiciamiento de aquellos crímenes, pero ayuda a entender el insólito comportamiento de la jueza María José Sarmiento, cuyo fallo instantáneo fue anunciado con exactitud horas antes por el diario La Nación y que ha puesto todo tipo de trabas a la apelación oficial. “Supongo que esto pulveriza el mito de que manejamos la justicia”, dijo el jueves la presidente CFK. Ningún diario lo publicó.
Buenos muchachos
Nacido en Córdoba el 17 de junio de 1925, Sarmiento egresó del Colegio Militar en la promoción 74, donde fue compañero de quienes ocuparían algunos de los cargos más importantes en la represión y en el gobierno a partir de 1976: Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Albano Eduardo Harguindeguy, Otto Carlos Paladino, Jorge Carlos Olivera Róvere, Osvaldo René Azpitarte, Carlos Enrique Laidlaw, entre otros.
En mayo de 1971 fue destinado como Jefe de Inteligencia al Comando del Cuerpo II, uno de los escenarios principales de la lucha del Ejército contra las organizaciones armadas peronistas y marxistas y continuó en ese decisivo cargo operativo en 1972. El Libro Histórico del Comando indica que como G2, Sarmiento ocupaba el cuarto cargo en el orden de precedencia, sólo antecedido por el Comandante del Cuerpo, su jefe de Estado Mayor y el jefe de personal. El 28 de noviembre de 1972, Tacuarita Brandazza, de 23 años, integrante de la agrupación universitaria peronista Unión Nacional de Estudiantes, fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. Según el médico Miguel Angel Hadad, Brandazza falleció allí a raíz de las torturas el 29 de noviembre de 1972, al día siguiente de su secuestro.
El caso tuvo una vasta repercusión porque once días antes había regresado a la Argentina el ex presidente Juan Perón. El secuestro de Brandazza se produjo cuando salía de la empresa donde realizaba trabajos contables. Lo introdujeron en el baúl de un auto, del que saltó en la concurrida esquina de Córdoba y Boulevard Oroño, gritando su nombre y pidiendo auxilio. Pero lo recapturaron allí mismo y nunca reapareció. El 25 de mayo de 1973, al concluir la dictadura del general Alejandro Lanusse, la Legislatura Santafesina creó una Comisión Bicameral Investigadora que determinó las responsabilidades y señaló a los culpables. El agente de policía Angel Jesús Farías se había fugado con su cuñada. La esposa despechada denunció que Farías había participado en el secuestro de Brandazza junto con el ordenanza Gregorio Prieto, y que se había quedado con el reloj de la víctima para venderlo. Esto condujo a la detención de ambos, quienes confesaron su intervención y declararon que las torturas fueron dirigidas por el coronel Luis Alberto Sarmiento. En su edición del 1o de diciembre de 1973, el diario Clarín transcribió el testimonio según el cual Sarmiento y otro oficial entraban al calabozo de Brandazza “con una valijita, con un regulador de tensión para picana ‘como el que se ve en la película Estado de Sitio’”. El mismo día, en el diario rosarino La Capital, el diputado Juan Lucero, presidente de la bicameral, dio una conferencia de prensa junto con el jefe de la JP Regional, Jorge Obeid. Lucero informó sobre la declaración de Farías, quien dijo que el coronel Sarmiento era “un mago” para la picana. A pedido del Ejército, el presidente Perón dispuso que el caso fuera juzgado por un instructor militar y designó para ello al general retirado Carlos Alberto Caro. A partir de la ruptura de Perón con Montoneros y la generalización de secuestros, torturas y asesinatos, el expediente quedó en el olvido.
A raíz de este caso, que tuvo amplia divulgación en la prensa, Sarmiento debió pasar a retiro en diciembre de 1974. Terminada su carrera militar, se recicló en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya entonces manejaban las Fuerzas Armadas. La conducía su compañero de promoción Otto Carlos Paladino. Quien lo hizo ingresar y se responsabilizó por él fue otro compañero de promoción, el coronel Eduardo Romeo San Emeterio, también oficial de Inteligencia, que había pasado a retiro en abril de ese mismo año. Ambos realizaron el curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cuando eran mayores. San Emeterio cursó además la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. El 9 de febrero de 1977 la agencia clandestina de noticias ANCLA, creada por Rodolfo J. Walsh, distribuyó un despacho titulado “El general Paladino dirige un grupo especial clandestino”, cuyos miembros recibían un pago extra “por el secuestro y asesinato de activistas políticos y gremiales del peronismo y de la izquierda: se les permitía el secuestro de algún alto industrial generalmente judío, para que por su liberación se obtuviera una buena recuperación económica”.
Lesa humanidad
Al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, Sarmiento cumplía funciones como jefe de Inteligencia en Posadas. Misiones era una de las seis provincias que dependían del Cuerpo de Ejército II y del coincidente Area de Seguridad II; de la Subzona 23, que correspondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes, y del área 232. Entre 1975 y 1976 el Cuerpo II fue comandado por otros dos compañeros de Sarmiento, Díaz Bessone y Galtieri; la Brigada de Corrientes por los generales Cristino Nicolaides y Cesario Angel Cardozo y el área 232 por los coroneles Juan A. Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco. Más de quince causas distintas se abrieron al concluir la dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Paralizadas a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, comenzaron a reabrirse en 2005 una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó su nulidad. En febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. El primero de la lista que integra el padre de la jueza es Nicolaides. En junio de 2006, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, pidió el legajo de Sarmiento y de otros dos coroneles al Ministerio de Defensa, que los envió de inmediato, en el expediente 3-3159/05, “Franzen, María Graciela, s/denuncia privación ilegítima de la libertad y torturas”. María Graciela Franzen fue secuestrada en mayo de 1976, junto con su hermano Raúl Arturo. Ambos fueron sometidos a torturas y a fines de ese año Raúl fue asesinado en Margarita Belén, en un falso intento de fuga. El 25 de noviembre de 2006 el diario El Territorio de Posadas reprodujo una declaración del fiscal general Negro, según quien la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de la SIDE obedece al “macabro espíritu de cuerpo”.
La organización represiva
En diciembre de 2008, la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado” informó al Procurador General Esteban Righi sobre las medidas de ordenamiento procesal necesarias para que en un plazo razonable se produzcan en Misiones “juicios significativos, que den acabada cuenta del fenómeno represivo”. El estudio realizado por el fiscal general Jorge Eduardo Auat, que Righi envió en febrero de 2009 a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Apelaciones de Posadas, describe la organización represiva de aquellos años. En el área 232 funcionaron ocho centros clandestinos de detención, entre ellos el denominado Departamento de Informaciones. Auat cuestionó la dispersión en demasiadas causas, para hechos que ocurrieron en los mismos lugares y con idénticas víctimas y victimarios. A raíz de sus observaciones, la causa Franzen se acumuló con todas aquellas en las que se trataban los episodios ocurridos en la jefatura de policía. A partir del golpe, el coronel Beltrametti fue también interventor militar de la provincia y Sarmiento su ministro de gobierno, el mismo cargo que Ricardo Brinzoni ocupaba en el Chaco en ese momento. La policía tenía dependencia directa del ministro de gobierno. Auat escribió que en ninguno de los expedientes se observaba “un alto grado de avance procesal. En efecto, son sólo cinco personas respecto de las cuales se ha dictado auto de procesamiento. Luego hay cuatro personas indagadas cuya situación procesal todavía no ha sido resuelta y otras veintiuna cuyas indagatorias fueron requeridas por la fiscalía pero el juez no se ha expedido al respecto”. Una de las veintiuna es el coronel Sarmiento. Consultado el viernes para esta nota, Auat dijo que había preparado una solicitud de pronto despacho, que se proponía presentar al finalizar la feria judicial de enero. Esta demora se repite en diversas partes del país.
Amor por la justicia
Siempre como miembro de la SIDE, el coronel Sarmiento fue asignado al Ministerio de Justicia, a cargo de una denominada Comisión de Movilización. Este apelativo es engañoso. Comisión de Movilización es el eufemismo acuñado por el Consejo Nacional de Seguridad, CONASE, para referirse al grupo de tareas que en cada ministerio aplicaba las estrategias antisubversivas “dentro de la concepción de una guerra total”, según dicen sus documentos. Estaban a cargo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que desarrollaban sus propios “planes contribuyentes”. El ex canciller Rafael Bielsa se topó con Sarmiento al regresar a la Argentina luego de varios años de exilio en España. En una columna publicada aquí el 1 de marzo de 2004, Bielsa contó que cuando su padre homónimo quiso renovar su pasaporte para visitarlo, se lo retuvieron en la Policía Federal y cuando preguntó la causa le mostraron el prontuario del junior, que decía “Integrante de la Banda de Delincuentes Terroristas Montoneros, prófugo”. Agrega que un discípulo de su abuelo, Roberto Enrique Luqui, viajó a Madrid y le ofreció algunas garantías de seguridad para trabajar con él en el Sistema Nacional de Informática Jurídica. Al volver a la Argentina, en 1981, la primera entrevista de Bielsa fue con el coronel Luis Alberto Sarmiento, a quien describe como “enlace del Ejército en el Ministerio de Justicia”. Agrega que Sarmiento le dijo:
–Usted puede quedarse, pero yo no puedo darle seguridades ni siquiera en el caso en que cruce un par de sopapos por la calle.
El político santafesino concluye que “como el Ministerio de Justicia de la Nación no tenía todavía presupuesto, fui contratado por algunos meses por el Congreso, asignado a la tarea de construir un diccionario jurídico, en la calle Bartolomé Mitre 2085, donde funcionaba la Comisión de Ordenamiento Legislativo, que compiló la base de datos normativa”. Dice Bielsa que la similitud de las siglas produjo la confusión de que “trabajé en la CAL en lugar de la COL. Pero aun en ese caso se trata de una mentira, dado que tampoco allí presté servicios sino que sólo tenía la oficina en dicho lugar físico”. Según la información institucional del Sistema Nacional de Informática Jurídica, fue creado por el Poder Ejecutivo en febrero de 1979 por su necesidad de “conocer la información jurídica global, como medio auxiliar para la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas vigentes, desde las más generales hasta las individuales, como así también en la necesidad de difundir el derecho positivo vigente de manera eficiente, preservando la seguridad jurídica” (sic).
Grupo de familia
Al año siguiente, el coronel Luis Alberto Sarmiento fue enviado por la SIDE a Sudáfrica, cuando aún gobernaba el régimen racista del apartheid, destino de muchos represores a quienes se buscaba alejar por un tiempo del país para que se les perdiera el rastro, como el ex director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro. El grupo de familia de la jueza se completa con su hermano Alejandro Luis Sarmiento, quien el 25 de octubre de 1976 presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar, en la que consta que su padre era ministro de Gobierno de Misiones. Dos años después, su hermana María José ingresó a la justicia. Integrante de la Promoción 111 del Ejército, egresó como subteniente en 1980, pero pasó a retiro con el grado de capitán el 31 de mayo de 1994, cuando María José era designada jueza por el presidente Carlos Menem. Gracias a las relaciones familiares con la justicia, Alejandro Luis llegó hasta el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato apenas curioso: uno de sus compañeros de promoción, José Luis D’Angelo Rodríguez, dirige la revista B-1, que considera presos políticos a los detenidos por haber participado en la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, reivindicada como una gesta heroica. El hijo de Eduardo Romeo San Emeterio, Eduardo Sinforiano San Emeterio, fue el defensor del capitán Juan Carlos De Marchi, también presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, quienes fueron condenados en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería de esa provincia. También defiende a Cecilia Pando, numen de B-1, por el gesto de degüello que dirigió a un funcionario del gobierno nacional el día que se conocieron las sentencias en aquel proceso.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-138633-2010-01-17.html
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12:26 - POLITICA
La orden de detención contra el padre de la jueza Sarmiento “la da un juez misionero"
El jefe de gabinete calificó hoy de "espanto" la actitud de la jueza María José Sarmiento de poner en duda la decisión de un juez de Misiones que ordenó detener a su padre, ministro de gobierno durante la dictadura militar en esa provincia, y aseguró que "si es un asesino, por más que sea padre de una jueza" se tiene que actuar.
"La orden de detención la da un juez misionero, teniendo en cuenta que Sarmiento fue ministro de gobierno durante la dictadura militar en la provincia de Misiones, donde hubo centenares de desaparecidos", dijo Aníbal Fernández en declaraciones a C5N.
Agregó que "por más que tenga 84 años y no esté bien de salud, se lo tiene que detener, y por más que sea padre de un juez si es un asesino se lo tiene que juzgar", y dejó claro que "las expresiones de la jueza son netamente políticas y riesgosas para las instituciones y la sociedad".
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=181050&id=346236&dis=1&sec=1
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Viernes, 19 de marzo de 2010
EL PAIS › EL EX JEFE DE INTELIGENCIA DEL GRUPO DE TAREAS 3.3.2, JORGE “TIGRE” ACOSTA, ADMITIO QUE EN LA ESMA HABIA DETENIDOS
“La guerra revolucionaria podría reactivarse”
El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido “dejar gente viva”. Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.
Por Diego Martínez
El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como “un combatiente”. No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que “jamás buscó la muerte”, aunque admitió “algunas causadas por mi accionar militar”. No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que “uno de los grandes problemas” de la conducción naval tras el retorno democrático fue “haber dejado gente viva”. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano”, alertó, y para conocer “la verdad” aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.
Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. “Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho”, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para “amar terriblemente a los chicos” de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en “una concepción cristiana: amar hasta que duela”. Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y “no tengo ningún otro apodo”, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: “¡Tigre!”.
–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.
–Afirmativo.
Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y “acostados en el asiento de atrás”, y explicó que “actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.
La declaración comenzó con un “absoluto homenaje” a las víctimas de “los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos”. Acosta admitió que “algunas” muertes fueron “causadas por mi accionar militar”, pese a que “la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte”. Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses “estaba convencido de que esta guerra había terminado” pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda (“la lucha no terminó”), del músico Andrés Calamaro (“los represores de la ESMA tendrían que estar muertos”, dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.
“¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?”, planteó con humos de filósofo. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta”, advirtió.
Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. “Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Ri-ghi abrieron las puertas de la cárcel”, liberando a “jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra”, dijo. Agregó que “se aglutinaron en la patria socialista”, admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en “la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina”. Desatada “la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista”, admitió. “Estalló la guerra”, dijo, y para justificar el golpe invocó “la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad”.
Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. “Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas”, resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. “Uno de los grandes problemas” que se planteó la Armada en democracia fue “haber dejado gente viva”, admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Ma-ssera. “No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito”, dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.
“Me niego a aceptar los hechos”, dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. “Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción”, afirmó como quien devela un secreto de Estado.
Por último denunció “una persecución política-jurídica desde hace tiempo” y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. “Entre la guerra y la paz, propongo la paz”, dijo. Y “si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad”, el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: “La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.
A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.
–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.
–Negativo, señor.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142327-2010-03-19.html
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Politica
La viuda de Noble defendida por jueces de la dictadura
21-03-2010 / En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera. La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín.
Foto: Sur
POR EDUARDO ANGUITA
eanguita@miradasalsur.com
En un fallo insólito, la Cámara de Casación Penal suspendió el viernes la realización de las pruebas de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera. La Sala II, presidida por Raúl Madueño y con la anuencia de Luis García y Guillermo Yacobucci, dio pie a un pedido de los abogados de Clarín quienes presentaron un recurso de queja para apelar a la Corte Suprema. La “queja” se debe a que el lunes, la Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Conrado Bergesio no dilatar más el envío al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN obtenidas en dos procedimientos periciales los días 29 y 30 de diciembre del año pasado. Los camaristas de Casación se prestaron a un juego perverso: las muestras de sangre y los objetos íntimos de Felipe y Marcela contienen un material genético cuya duración, para que no se deteriore, es de 60 días. Esa fecha de vencimiento, apenas pasada, hacía peligrar la validez del material. Sin embargo, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo habían prestado conformidad para que resultaran válidas. Los genetistas del Banco de Datos estaban por comenzar su trabajo pero, de modo increíble, la familia judicial cerró una vez más las puertas al tratamiento de esta historia que no tiene antecedentes en la democracia argentina. La impunidad que ha logrado el mayor multimedia argentino para mantener en la clandestinidad la identidad de los hijos adoptados por la directora y principal accionista de Clarín coincide con una fecha trágica para los argentinos.
El miércoles muchos recordarán la complicidad que tuvo ese diario con la dictadura sangrienta que tituló “Nuevo Gobierno” el arribo de la dictadura genocida. Cuesta entender que esa empresa periodística no haya tenido fisuras en estos años y sus periodistas, accionistas y directivos no hayan abierto canales para que se sepan los motivos de haber sido el principal soporte mediático de los genocidas Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Nadie salió a romper la omertá existente. Ellos deberían ser los primeros interesados en que se sepa la verdad. Nadie quisiera ser tratado en un quirófano donde las condiciones de asepsia sean malas. Nadie quisiera saber que los medios que consume están intoxicados de violación grave a los derechos humanos. Y, según consta en el expediente, hay muchos motivos para sospechar que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos.
”Una niña abandonada”. Ernestina Herrera de Noble se presentó el 13 de mayo de 1976 ante el Juzgado de Menores N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Ofelia Hejt (hoy fallecida) y declaró que once días antes había encontrado una niña abandonada en la puerta de su casa, dentro de una caja de cartón. Dijo que cuidó de ella desde entonces y pidió la guarda provisoria y posterior adopción. La señora ofreció dos testigos a favor de su historia, una vecina, Yolanda Echagüe de Aragón, y Roberto García, cuidador de una vivienda lindera. La jueza le otorgó de inmediato la guarda provisional de la niña, a la que llamó Marcela.
Dos meses más tarde, el 7 de julio, ante el mismo juzgado, se presentó una mujer que dijo llamarse Carmen Luisa Delta y ser madre soltera del bebé que llevaba en brazos y que, según ella declaró, había nacido tres meses antes, el 17 de abril. Declaró que no podía mantenerlo y, en consecuencia, le dejaba el niño a la jueza. En el juzgado quedaron consignados un número de documento de identidad y un domicilio. La señora de Noble se presentó ese mismo día, 7 de julio, y pidió la guarda del niño. La jueza se la dio en el momento. Unos días después quedó inscrito como Felipe. La dirección y el DNI de la supuesta madre de Felipe resultaron falsos.
A esa historia se agrega otra, revelada por el periodista y abogado Pablo Llonto en el libro La Noble Ernestina. García fue “inducido y obligado a firmar un texto preparado por los abogados para ser presentado en un juzgado civil relatando un hecho falso”. Pero García no sólo mintió sino que era uno de los choferes del diario Clarín.
Lucha interna en la Justicia. Pasaron 34 años de aquellos acontecimientos. Y ocho en los cuales, las Abuelas de Plaza de Mayo no pudieron avanzar en la causa judicial. Raúl Madueño sucedió al frente de la Cámara de Casación Penal a Raúl Bisordi, quien en los días previos del aniversario del golpe, en 2007, disparó: “(Néstor) Kirchner es el enemigo número uno mío”. Con una horrorosa construcción sintáctica, dejó salir todo su autoritarismo y su complicidad con los crímenes de la dictadura. Madueño sucedió a Bisordi y no tiene el mismo estilo gritón y desafiante. Sin embargo, tienen el mismo grupo de pertenencia. Madueño es uno de los fogoneros de los ataques del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, que actúa esponsoreado por el grupo Clarín cada vez que sale a atacar al gobierno.
Los conocedores de tribunales dicen que Madueño tiene, pese a todo, antecedentes más aceptables como jurista que Yacobucci y García, ambos subrogantes en el tribunal. Estos dos jueces dictaron un fallo temerario que, basados en el tiempo pasado sin dictarse condena en primera instancia, decidieron la libertad de buena parte de los genocidas de la Esma, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Yacobucci es un nazi confeso: escribía en la revista Cabildo en 1977, junto a connotados criminales como Ramón Camps o Acdel Vilas. Su vinculación con el Opus Dei es también pública El abogado de Clarín que actúa como lobbista ante los magistrados es Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de los espías Hugo Anzorreguy. Ambos tuvieron un rol destacado en la recomposición de la familia judicial en los años noventa.
El nombre de Conrado Bergesio al frente del juzgado que atesora la causa de los hijos adoptivos de Noble fue una sugerencia de los abogados de Clarín cuando a fines de 2003 lograron que Roberto Marquevich, que estaba al frente del tribunal, fuera eyectado fuera del Poder Judicial. Acosado por sus pares después de haber encarcelado a la viuda de Clarín por falsear la identidad de Felipe y Marcela, se retiró a cuarteles de invierno cuando un jury de enjuiciamiento estaba por terminar con su carrera judicial.
Desde entonces, Bergesio hizo los deberes para pasar a la historia como el juez que hizo todo lo posible para que dos familias de desaparecidos –que no se sabe cuáles son tengan la posibilidad cierta de recuperar a sus nietos.
La frustración. El miércoles los abogados de Abuelas (ver en esta página) se mostraban esperanzado en que se comenzara con el estudio de las muestras genéticas y que en 45 días se dilucidara esta historia tan demorada. Sin embargo, el viernes sintieron toda la impotencia ante la resolución de Casación: “Reclamamos que se rechace el recurso de forma inmediata, dado que las apelaciones presentadas no llevaban la firma de Marcela y Felipe (Noble Herrera) sino de terceros que se presentaron por ellos”. Además, se refirieron a la impunidad con la que se maneja la defensa de Noble: “El agravante es que uno de los abogados, Jorge Anzorreguy, aparte de presentarse como asistente en esta causa, es abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble. Es decir, representa a la imputada y, al mismo tiempo, defiende intereses objetivos distintos. Eso es un delito”.
Los letrados de Abuelas esperan que la Cámara de San Martín desoiga la absurda orden de Casación. De ese modo, el Banco de Datos comenzaría con el análisis de las muestras en un escenario complejo, ya que éstas fueron obtenidas de una manera bastante irregular y el estudio comenzaría después de los 60 días sugeridos como válidos para su conservación intacta. Si Casación diera marcha atrás o la Cámara de San Martín confirma su decisión, a mediados de mayo, antes de que la Patria celebre sus 200 años, estaría dilucidado un tema que, todavía, tiene a la mayoría de los medios en vilo, pero del cual se cuidan de informar. Los medios de comunicación son depositarios de altísimo grado de credibilidad por parte de la sociedad. Por carácter transitivo, los receptores “les creen” a los periodistas y a los empresarios de esos medios. En cualquier manual de estilo –incluido el de Clarín se establece que la información publicada debe ser verdadera. Pasados 34 años del golpe de Estado, los lobbistas de Clarín siguen convencidos de que la impunidad puede permanecer intacta con esta historia fraudulenta de la identidad de Felipe y Marcela. Ellos ya son grandes, es una pena que no decidan romper el cerco ideológico que los rodea y sigan aceptando ser meros “objetos” de los abogados de la empresa que preside su –autodenominada madre.
http://www.elargentino.com/nota-82798-Defendida-por-jueces-de-la-dictadura.html
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