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Domingo, 20 de junio de 2010
EL PAIS › EL PROYECTO POSKIRCHNERISTA DE BERGOGLIO, DROMI Y JAUNARENA
El banco de suplentes
Bergoglio presentó un documento elaborado por Dromi, Jaunarena y otros ministros de Menem, De la Rúa y Duhalde. El manifiesto opositor reclama autarquía del Banco Central, eliminar retenciones a la soja, minimizar las políticas sociales, fundir Seguridad con Defensa y reprimir el conflicto social. Asistieron De Narváez, López Murphy y Nosiglia, pero nadie del gobierno ni de las centrales de trabajadores. Casaretto insistirá en Mar del Plata con este programa para el poskirchnerismo.
Por Horacio Verbitsky
Imagen: DyN.
El presidente de la Iglesia Católica, cardenal Jorge Bergoglio, hizo una espectacular reaparición, rodeado por la plana mayor de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde y por el liderazgo del Peornismo opositor y la UCR. Luego del fracaso de las movilizaciones que intentó realizar en Luján y en la Plaza de Mayo, el 8 y el 25 de mayo, y del frustrado documento sobre la pobreza elaborado por su ministro político, Alcides Jorge Pedro Casaretto, Bergoglio presentó un Contrato Social para el Desarrollo, elaborado por el ex ministro Roberto Dromi, con la colaboración de los ex ministros Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández, Horacio Jaunarena y Jorge Vanossi y la coordinación del vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, Fernando Lucero Schmidt. Entre los asistentes a la presentación, realizada en la USAL, estaban la senadora Hilda González de Duhalde, el diputado Francisco De Narváez, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, los ex ministros Ricardo López Murphy y Enrique Nosiglia, el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, y la diputada de GEN, Margarita Stolbizer. No hubo explicaciones sobre las ausencias de Domingo Cavallo y María Julia Alsogaray. No pudo asistir Erman González, porque falleció en 2007. Durante la presentación del trabajo de Dromi, Bergoglio reclamó la reconciliación y el diálogo. Consideró necesario aclarar que no se trataba de una plataforma electoral. En una de sus habituales frases de efecto propuso ponerse “la patria al hombro” y postuló que la unidad es superior al conflicto, una frase inspirada en San Ignacio de Loyola que repite desde que asumió como provincial de la Compañía de Jesús, en 1973.
El programa
El documento presentado, que reclama consensuar políticas públicas en materia de Educación, Garantías, Relaciones Exteriores, Economía, Producción, Regionalización territorial y Comunicaciones, va en contra de varios pilares de la política en aplicación desde 2003 e incluso de algunos consensos básicos de la democracia recuperada en 1983. Como si se tratara de un problema de carga de trabajo, Dromi dijo que quienes tenían más tiempo porque estaban “en el banco de suplentes” ofrecían ese aporte a quienes “están jugando el partido”. Curiosa metáfora: ningún suplente diagrama la estrategia del partido, apenas reemplaza al titular y sólo si lo decide el director técnico. Sin embargo, no participó ningún funcionario del Poder Ejecutivo ni legisladores del partido del gobierno. Pese a la fuerte presión ejercida sobre ellos tampoco estuvieron presentes los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El Consenso propone eliminar las retenciones a la comercialización externa de cereales y oleaginosas y el impuesto al cheque, bajar impuestos y aumentar tarifas de modo de asegurar “la ganancia empresaria y la inversión”. Reivindica la autarquía del Banco Central y confía a la responsabilidad empresaria el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Como eco de la asociación patronal AEA, reclama seguridad jurídica económica, reglas claras, duraderas, sin desviación de poder y finalidad, respeto a los derechos adquiridos, resguardo a las inversiones, libertad de empresa, “estabilidad de derechos, razonabilidad de poderes, calidad institucional y responsabilidad pública”. También consagra el derecho a “la información veraz” y sostiene que los medios de comunicación deben ser “de gestión privada o mixta”. Las retenciones al comercio exterior de granos, y en especial de soja, han sido junto con el impuesto al cheque fuente decisiva de ingresos del gobierno nacional, y motivo de intensas batallas políticas y sociales, con las cámaras patronales agropecuarias y con la oposición parlamentaria. Esos recursos han permitido aplicar políticas sociales como la incorporación al sistema previsional de 2,5 millones de personas que no tenían ningún ingreso jubilatorio o la Asignación Universal por Hijo que este año cubrirá a 5 millones de personas y que han reducido los niveles de pobreza e indigencia a niveles de varias décadas atrás. La autarquía del Banco Central ha sido cuestión de otro de los grandes debates de este año, a partir de la resistencia de su ex presidente, Martín Redrado a aceptar una letra del Tesoro a cambio de 6800 millones de dólares que el Poder Ejecutivo dispuso aplicar a la cancelación de compromisos de la deuda pública. Primero la recuperación y luego el mantenimiento de las fuentes de trabajo ha sido un objetivo prioritario de los dos gobiernos kirchneristas, durante los cuales la desocupación se redujo a un tercio del índice que dejó el ex senador Duhalde. Para ello ha descansado en políticas activas y no en la mera voluntad patronal. Algunas han sido de control y penalización, como la doble indemnización, y otras de estímulo, como el Repro, por el cual el Estado paga los salarios de empresas en crisis para evitar despidos. Bergoglio y Dromi sólo contemplan ventajas tributarias o crediticias para las empresas. La “información veraz” forma parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero contradice los principios liberales de la Constitución argentina, la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posición de la Sociedad Interamericana de Prensa. El gobierno de Hugo Chávez propuso ese principio a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que sesionó en Margarita en 1997, pero no fue aceptado. Además, el gobierno argentino eliminó del Código Penal los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público, una vieja reivindicación de los periodistas. Mientras el manifiesto opositor establece que los medios de comunicación deben ser de gestión privada o mixta, la ley de servicios de comunicación audiovisual, promulgada en 2009, reserva un tercio de las frecuencias para los Estados federal y provinciales y otro tercio para las organizaciones de la sociedad civil. (Si el programa presentado por Bergoglio se aplicara, la Iglesia Católica no podría disponer de canales de televisión y estaciones de radio, según el procedimiento excepcional que le concedió esa ley. Esa “autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de someterse a concurso en igualdad de condiciones” fue objetada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya Declaración de Principios establece que, las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen el acceso en igualdad de oportunidades para todos los individuos). Pese a su extensión que supera las cien páginas, el Consenso no menciona la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En cambio propone “relanzar la alianza del ABC” (Argentina, Brasil, Chile) “para construir un puente bioceánico AtlánticoPacífico”.
Seguridad y Defensa
El documento presentado por Bergoglio también contempla la conformación de “un sistema integral de seguridad pública y defensa común”. Incluye en el campo de la Defensa “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, para terminar con lo que llama “el vacilar de las palabras y acciones”. Con el mismo propósito crea un Consejo Federal de Civilidad y Convivencia Social, con el que deberán colaborar las Universidades estatales y privadas, las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, las cámaras patronales, las organizaciones sindicales y los diferentes cultos. Con un lenguaje que tergiversa el sentido de las palabras para esconder el objetivo, se refiere al “valor garantista de la seguridad”. Así se opone a uno de los mayores consensos alcanzados por el conjunto de las fuerzas políticas a partir de 1983: la nítida separación entre defensa nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, y seguridad interior, de la que se ocupan las fuerzas policiales y de seguridad. Esto fue establecido por la Ley de Defensa Nacional, de 1988; la de Seguridad Interior, de 1992, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, promulgadas por los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa respectivamente. Las tres surgieron de un cuidadoso proceso de elaboración acordado por las principales fuerzas políticas del país.
Supramarketinero
El resto es una colección de generalidades, maquilladas con el lenguaje marketinero de Dromi, con conceptos como la idea “suprasingular”, la “inteligencia plural”, la “voluntad general suprapartidaria” y el “Contrato Social de Garantía y Pertenencia”. Repite buena parte de las muletillas sobre la “calidad institucional” y la “plenitud republicana”, con que la oposición ha hostigado a los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK y sostiene que si la gestión de las instituciones se opone al bien común “desaparecen el orden y los límites, se desdibuja el principio de autoridad, se avasallan los derechos” y “se actúa con deshonestidad, se miente, se corrompe”. De este modo “las instituciones se convierten en botines de guerra de los administradores”. Para financiar obras de infraestructura contempla “el peaje o contribuciones específicas”.
El documento se elaboró como parte de un acuerdo entre la USAL, que desde 1973 orienta Bergoglio, y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA), que conducen Dromi y su esposa Laura San Martino. Su texto pretende, con el mismo tomo imperativo de las leyes de emergencia que Dromi redactó para favorecer el desguace del Estado y el despojo de derechos laborales, que una vez que lo firmen el gobierno y las dirigencias políticas, sociales, corporativas y religiosas, sea refrendado por el Congreso como “voluntad general soberana”, adquiera “categoría de ley suprema de orden público”, de plazo ilimitado y sólo sea modificable o derogable al cabo de diez años. Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades que genere tendrían “carácter absoluto, irretractable e irrenunciable”. Nadie más que la Corte Suprema de Justicia podría revisar ese Contrato y sólo “en caso de ilegalidad absoluta y manifiesta”, pero no por su “oportunidad, mérito y conveniencia”. La aplicación del Contrato Social se atribuye al Poder Ejecutivo, lo cual despeja cualquier duda acerca de su carácter de programa para el poskirchnerismo, ya que es inimaginable su aplicación con el actual gobierno. Este viernes, Casaretto insistirá en buscar “consensos para el desarrollo”, durante la denominada Semana Social, que se realizará en Mar del Plata. El secretario de Culto, Guillermo Oliveri ya anunció que no estará presente en esta nueva cumbre de la oposición. Tampoco asistirá el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La convocatoria forma parte de una escalada que el Episcopado diagramó hace dos años con el documento “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad” y cuyo próximo paso será el Primer Congreso Nacional de la Doctrina Social de la Iglesia, que se realizará el año próximo en Rosario. Semejante hiperactividad política del Episcopado Católico contradice los lineamientos planteados en el documento guía de las últimas décadas, “Iglesia y Comunidad Nacional”, de 1981, según el cual la tarea eclesiástica no debía realizarse con las élites del poder sino en las bases profundas de la sociedad. El documento sobre la pobreza, elaborado por el principal colaborador de Casaretto, el empresario sojero Eduardo Serantes fue rechazado por las dos centrales sindicales, lo cual lo condenó al archivo.
La Santa Alianza
En cuanto Bergoglio sucedió al cardenal Antonio Quarracino como arzobispo de Buenos Aires, en 1988, Dromi editó con el sello Ciudad Argentina un tomo de “Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro”, cuyo autor es el “Grupo de reflexión ‘Centesimus annus’ dirigido y coordinado por Monseñor JMB”. A su vez, Bergoglio designó a Dromi abogado de la curia porteña. En su primera clamorosa actuación medió entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata. El Ejército había prestado 100 millones de dólares al Arzobispado de esa ciudad, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Francisco Trusso. En el compromiso de pago la firma del entonces arzobispo platense Quarracino no era suya, pero quien le entregó el contrato a los militares fue su asistente, monseñor Roberto Marcial Toledo, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno, por lo cual fue detenido y procesado por defraudación.
Dromi llegó a un nuevo acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el Arzobispado de una causa penal. “Renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial”, informó la curia. En setiembre del año pasado Bergoglio ya había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas que organizó Dromi en el lujoso hotel Alvear. Acompañaron al cardenal De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió entonces Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprescios del adoptivo, quien se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares por el contrabando de un auto de lujo. La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.
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Domingo, 30 de mayo de 2010 | Hoy
EL PAIS › VIDELA, BIGNONE Y RIVEROS PIDEN AMNISTIA A TRAVES DE LA IGLESIA
Si algo no existe es el olvido
A través de la jerarquía católica Videla, Bignone, Riveros y un centenar de sus camaradas pidieron una amnistía el 25 de mayo. Mientras la Iglesia no asuma la responsabilidad de su gestión, el gobierno dejará el pedido sin respuesta. La masividad de los festejos del Bicentenario frustró esa Operación Amnistía y mostró una sociedad unida y alegre, sin espacio para estas vueltas al pasado. Hasta los jefes de Estado Mayor bailaron con la murga que cantaba “Militares Nunca Más”.
Por Horacio Verbitsky
La masividad de los festejos por el Bicentenario de la Nación Argentina desbarató la Operación Amnistía, impulsada desde un cuidadoso segundo plano por el Episcopado Católico. La solicitud del perdón fue transmitida al gobierno nacional por un obispo de esa iglesia y lleva las firmas de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el general Santiago Omar Riveros y el vicealmirante Hugo Siffredi, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Tepedino y su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino, los miembros del grupo de tareas de la ESMA Raúl Scheller y Pablo García Velazco, los procesados por la masacre de Margarita Belén y un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad. Como la jerarquía eclesiástica obvió el protocolo para entregar la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en forma extraoficial, sin una nota introductoria, el gobierno no le dará respuesta. Sólo contestará si el Episcopado se hace responsable de la solapada gestión que emprendió.
Desde hace tres décadas el Episcopado Católico repite que según el catecismo de esa entidad el sacramento de la reconciliación o la penitencia requiere algunas condiciones ineludibles: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Pero la carta de Videla & Compañía no cumple con ninguna de esas condiciones. Los represores rechazan la justicia y no tienen la humildad de pedir perdón, por crímenes que no reconocen ni de los cuales se arrepienten. Sólo ofrecen olvidar el mal que les habrían hecho a ellos y no vengarse. Pese a que no se ajusta a sus propios cánones, la jerarquía católica se prestó a canalizar el planteo.
Setenta veces siete
Un grupo de laicos denominado “Proyecto setenta veces siete”, del que forma parte José María Sacheri, quiso participar del acto realizado en Luján hace tres semanas por el presidente del Episcopado, Jorge Bergoglio, pero no se llegó a un acuerdo. Setenta veces siete es la expresión del Evangelio para el perdón (Pedro pregunta si tiene que perdonar hasta siete veces las ofensas de su hermano. “Hasta setenta veces siete”, le responde Jesús. El pasaje se refiere a ofensas personales y el diálogo habría tenido lugar muchos siglos antes de que nacieran los estados nacionales y su justicia y se tipificaran los crímenes al por mayor contra la humanidad). Sacheri es hijo del ex conductor de la organización integrista Ciudad Católica, Carlos Sacheri, asesinado en diciembre de 1974 por un grupo que según el Ejército pertenecía al ERP22 mientras sus amigos sospechaban de la Triple A de José López Rega. “Setenta veces siete” se puso en contacto con el obispo emérito Carmelo Giaquinta, quien ese mismo día acompañó al grupo en una presentación en la Feria del Libro, durante la cual leyó un documento propio. Giaquinta es un teólogo que estuvo próximo al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y cuya casa fue ametrallada en 1976, según él porque alojó allí al sacerdote y militante montonero Justino O’Farrell. Ya como obispo fue uno de los pocos que hicieron una reflexión autocrítica, por haber festejado el campeonato mundial de fútbol de 1978 en las calles, “gritando como un estúpido el que no salta es un holandés”, en una Argentina “que tenía la obligación de estar de luto”.
La justicia como venganza
En la feria del libro, equiparó la justicia con venganza y odio y le opuso “el misterio del perdón”. Giaquinta no explicó la diferencia entre los crímenes de lesa humanidad por cuyos autores aboga y los pecados que enseñaba a perdonar Jesús, cuando aún no existía un tercero neutral como el Estado que al impartir justicia evitara una escalada de represalias. Su rudimentario fundamento evangélico es que Dios “hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos”. Su larga introducción teórica desemboca en un escueto final sobre “la reconciliación de los argentinos” que, según cree este obispo, están “prisioneros en el pasado” y sólo el perdón les permitiría desatarse esas presuntas ataduras para volver “a caminar como Nación”. Giaquinta advierte que no debe confundirse reconciliación con impunidad, pero no explica en qué consistiría en el concreto caso argentino. Cristo es “el reconciliador universal” y en consecuencia lo son la Iglesia, sus ministros y los fieles que disponen para ello de la oración, el Evangelio y los sacramentos, y “las iniciativas públicas y privadas de los cristianos”. Los únicos ejemplos que atina a proponer son la mediación de Juan Pablo II en la cuestión del Beagle y la denominada Mesa de Diálogo, con la que el senador Eduardo Duhalde legitimó su breve interinato a cargo del Poder Ejecutivo. Como es ostensible, ninguna de esas circunstancias son comparables con el perdón que el derecho internacional niega a los autores de crímenes contra la humanidad. Pero de inmediato Giaquinta añade que la Iglesia no puede presentarse “como un ente jurídico mediador ordinario de los conflictos sociales, pues ello desnaturalizaría su finalidad y dañaría a las instituciones mediadoras previstas en la Constitución”. Es decir, los tres poderes del Estado, que se pronunciaron por la imposibilidad de amnistiar esos delitos o cesar su persecución por el paso del tiempo. Giaquinta fue acompañado en la mesa por Arturo Cirilo Larrabure, hijo del coronel Argentino Larrabure, quien murió en cautiverio el 23 de agosto de 1975. Las Fuerzas Armadas, parte de la justicia federal y grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había sido torturado y luego asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que lo había secuestrado un año antes al copar la Fábrica Militar de Villa María. Una investigación realizada por el periodista Carlos Del Frade señala que según el expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo del cuerpo, no hubo tortura ni asesinato y avala el relato del empresario René Vicari, secuestrado durante los últimos días de vida de Larrabure en una celda contigua. Otro panelista fue el ex montonero Luis Labraña.
La declaración impulsada por la Corporación de Abogados Católicos pidiendo que se clausure “la venganza, la persecución implacable”, el acto de Bergoglio con los laicos en Luján, la convocatoria para el 25 de mayo a una movilización en la Plaza de Mayo inspirada en la de Corpus Christi de 1955 y la cita de las cámaras patronales agropecuarias a manifestarse ese mismo día en las rutas, formaban parte de esta Operación Amnistía. El modelo de carta que se envió al gobierno por intermedio de la jerarquía fue sugerido por un sacerdote colombiano que asiste en las cárceles de ese país a parapoliciales detenidos. Pero la difusión temprana de lo que se estaba preparando y, sobre todo, la escasa asistencia a Luján para un acto que no se justificaba, a pocos días del Te Deum del 25 de mayo en la misma Basílica, el fiasco del llamamiento ruralista, que no reunió más de treinta personas en los principales puntos de reunión, y la ausencia de público para escuchar la prédica de Bergoglio, condenaron la jugada a la insignificancia. Hasta Clarín on line dijo que en la Plaza de Mayo apenas había “centenares de personas”.
Bergoglio y la política
La eficacia de los actos políticos de Bergoglio depende de que no sean vistos como tales. Su esquema habitual es una lectura del Evangelio, en la cual injerta conceptos políticos sin relación o con algún vago contacto con el tema, cuyo sentido se vuelve explícito en las interpretaciones de sus voceros oficiosos, en los principales diarios de la Capital. Así ocurrió cada vez que Bergoglio descargó su mal disimulado encono contra el gobierno que asumió en 2003. Esa es una de las razones por las cuales tanto el ex presidente Néstor Kirchner como la actual CFK han preferido no ponerse al alcance de su dedo recriminador. La opción no fue suprimir la anacrónica institución medieval del Te Deum, como sería razonable en una república secular, sino desplazarlo a otros lugares del país, en busca de obispos sin la motivación ideológica y política de Bergoglio, quien como parte de las luchas internas del peronismo tuvo fuerte influencia durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, fue militante de Guardia de Hierro y ofreció la Universidad del Salvador para honrar al dictador Emilio Massera. Cuando el gobierno decidió solicitar el Te Deum del 25 en Luján, Bergoglio decidió realizar otro en la Catedral. Pero convertirlo en un acto político de la oposición requería del sigilo que se perdió cuando esos preparativos se hicieron públicos. Inquieto al quedar tan expuesto, en una institución cuya forma de hacer política es decir que está por encima de la política, tuvo que cambiar de planes y poner distancia, al punto de escabullirse hacia la sacristía para que ni lo saludaran los jefes políticos presentes, como los hermanos enemigos Maurizio Macrì y Francisco De Narváez. También decidió no leer un texto propio acerca del Bicentenario, sino el que la Comisión Permanente del Episcopado aprobó en marzo, más una zalamería hacia las autoridades que en el mismo momento estaban en la Basílica de Luján. Ese texto, “La patria es un don, la Nación una tarea” afirma que “la celebración del Bicentenario merece un clima social y espiritual distinto al que estamos viviendo”, que según los obispos sería “de confrontación permanente que profundiza nuestros males”. La pluma episcopal atribuye a presuntas deficiencias institucionales un alto costo social. En una excursión por terrenos que no son de su especialidad pregona que “la calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión” y como es usual agrega que “si toda la Nación sufre, más duramente sufren los pobres”. También opone “leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo” a otras que atribuye a intereses ajenos a una imaginaria “naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad”. Es decir la reforma antidiscriminatoria del Código Civil en los artículos sobre el matrimonio.
Aguer sobre odio y venganza
El mismo día, en la Catedral de La Plata, su Arzobispo, Héctor Aguer, criticó que se prescinda “de la referencia fundante a las raíces” y a la tradición, “como si fuéramos seres sin herencia”. Esto explicaría el individualismo y una “inclinación atávica a la discordia”. Pero lo más grave sería la dramática “tergiversación de la historia, en la que se han filtrado imposturas manifiestas canonizadas como dogmas. Así ha ocurrido con sucesos clave del siglo XIX, y ocurre nuevamente con hechos más o menos recientes, observados con mirada tuerta, cuya interpretación sesgada mantiene abiertas heridas dolorosas, incentiva la división, perturba los ánimos y extravía el juicio de los jóvenes y de los desprevenidos”. Para Aguer “la memoria debe ser integral, la verdad completa; las medias verdades ofrecen mordiente al resentimiento, atizan los rencores, perpetúan el desencuentro. La aspiración ardiente a la justicia no debe servir de disfraz al odio y a la sed de venganza”. El “deber sagrado para quienes presiden la comunidad” sería “procurar la reconciliación”. Como Bergoglio, también Aguer habló del “recto ordenamiento jurídico de la sociedad” que los tres poderes del Estado deben tutelar y no deformarlo con “leyes inicuas que alteren la esencia natural del matrimonio, que minen la solidez de la familia y entreguen al estrago la vida de los niños por nacer”.
Memoria e Identidad
El arzobispo de MercedesLuján, Agustín Radrizzani, es una persona encantadora en comparación con sus colegas de Buenos Aires y La Plata. Carece de la ambición de poder y el ánimo belicoso de Bergoglio y de la manía por el control y la disciplina de Aguer. Su percepción de la realidad social se forjó en los años que pasó junto a Jaime de Nevares en Neuquén y luego como obispo del conurbano en Lomas de Zamora. Su preocupación por los más destituidos no es hipócrita ni oportunista. Tampoco está enfermo de hostilidad hacia el gobierno nacional. Por todas esas razones y porque Kirchner se resbaló del brazo del sillón en el que estaba sentado, CFK decidió pedirle que oficiara el Te Deum del Bicentenario. Radrizzani usó un tono más sutil que Bergoglio y Aguer, pero el contenido de su predicación no fue muy distinto. Dijo que le preocupaba un presunto “deterioro de nuestro acervo cultural” y reclamó que las leyes promuevan “la defensa de la vida, la familia y el bien común”. Luego de establecer que en ese día no diría más sobre “estos aspectos conflictivos” anunció que pensaría el futuro “desde nuestra identidad”, es decir el catolicismo, en cuatro dimensiones: memoria, identidad, reconciliación y desafíos. Memoria e identidad son dos conceptos emblemáticos de las luchas populares en las últimas décadas, asumidos por los organismos defensores de los Derechos Humanos y por la justicia. Radrizzani se apropió de ellos en una clave por completo distinta. La memoria sería la de la catolicidad del Estado, expresada en el Te Deum que acompañó a la Nación Argentina desde el 25 de mayo de 1810 (sin recordar la abierta oposición de los papas Pío VII y León XII a la Independencia americana y el consecuente alineamiento de los obispos de entonces con la potencia colonial). También exaltó un “plan de Dios”, que habría ayudado a superar conflictos, “a abrazar los ideales democráticos”, a recibir a millones de inmigrantes y a “cultivar el espíritu de tolerancia”, afirmaciones dogmáticas que los hechos de la historia desmienten. La misma operación aplicó a la identidad. Exaltó los valores cristianos que impregnaron la vida pública aun antes de la emancipación y dijo que unidos a la sabiduría de los pueblos originarios y a las sucesivas inmigraciones formaron “la compleja cultura que nos caracteriza”, dentro de la cual no incluyó a los otros cultos que también forman parte del país y que junto con agnósticos y ateos suman un cuarto de su población. En esa cultura prevalecen valores que tienen origen en Dios, como “el respeto a la dignidad del varón y la mujer”, que son los únicos “verdaderos sobre los cuales podemos avanzar hacia un nuevo proyecto de Nación”. Como ejemplo de esos valores mencionó a Belgrano, “de profundas convicciones cristianas” que en septiembre de 1810 mandó celebrar una misa en Luján pidiendo protección divina para sus campañas, y a San Martín, quien llevó en sus campañas un relicario de la Virgen de Luján. Esta visión exclusivista fue reforzada luego de la homilía cuando un obispo ortodoxo, una pastora evangélica, un rabino judío y un sheik musulmán fueron invitados a sumarse a la celebración, como representantes de los hombres de buena voluntad que llegaron para habitar este suelo, es decir extranjeros a la nacionalidad argentina, que es católica. Algunos de ellos lo eran, pero otros tienen más generaciones en esta tierra que el arzobispo lujanero. Una vez establecidos esos límites, Radrizzani predicó sobre la reconciliación luego de las “tremendas luchas fratricidas”, lo cual adquiere todo su sentido con la solicitud de amnistía de Videla y los suyos. El arzobispo no dejó de implorar una mayor transparencia, una justicia más efectiva, una mejor y más equitativa distribución de la riqueza y una mayor independencia de los poderes republicanos. El desafío consiste en “mejorar la calidad de nuestras instituciones”, sin “perder nuestra identidad”, enriquecernos integrando “la patria grande soñada por San Martín y por Bolívar”, y lograr una educación para todos que forme “buenos cristianos”. Esas “referencias comunes y constantes”, que están “más allá de partidismos e intereses personales” son las que permitirán “fortalecer el consenso”. Por último, hace falta la ayuda divina para “incluir a todos, promover la igualdad y el desarrollo social”, ya que “la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del Misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre”. Es decir que la memoria debida es la de la catolicidad de la Argentina, la identidad de la patria es el catolicismo y su desafío es aplicar una receta católica para cada problema. Por ejemplo, el perdón a los represores.
La fiesta
La respuesta colectiva a la convocatoria oficial por el aniversario patrio fue imponente. El Estado se propuso agasajar al pueblo convirtiendo a Buenos Aires en un gran parque de diversiones, gratuito y de alta calidad. El pueblo acudió con alegría, pese al sex symbol que calificó de “deserotizante” al Bicentenario y al columnista que despreció el estruendo hiriente que sólo merece un sarcasmo sordo, mientras la gente circula con aire ajeno porque la fiesta no la interpela. Como en otras ocasiones de la historia, la presencia en la calle de un actor colectivo rompió todos los moldes y enardeció a las elites. Los canales de noticias recién comenzaron a transmitir los actos cuando ya había millones en las calles, pero ayer y hoy compitieron con programas especiales de repeticiones, en los que pasaron desde el desdén al éxtasis. La concepción de la fiesta que aportó CFK fue política, aunque no partidaria ni proselitista. Tanto la proyección sobre el Cabildo como el desfile alegórico de estructuras gigantescas en movimiento, con ecos del futurismo de Marinetti, llevaron una cuestión ideológica al debate de masas. Todos los medios reprodujeron la imagen de la presidente cuando bailaba en el palco al ritmo de la murga que escenificó el regreso a la democracia. A pocas filas de CFK, los cuatro uniformados jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas marcaban el ritmo con manos y pies mientras la murga repetía la consigna “Militares nunca más”.
El pedido de amnistía firmado por Videla, que la jerarquía católica transmitió al gobierno nacional.
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