los vínculos que revela el escándalo de WikiLeaks en la Argentina
Un abogado de Clarín y asesor de Carrió, informante de La Embajada
Publicado el 5 de Diciembre de 2010
Por Hernán Cocchi
Juan Félix Marteau, especialista en delitos financieros y blanqueo de capitales, fue también funcionario junto a Alberto Iribarne, hoy apoderado del PJ Federal. Defiende al multimedios en una causa por evasión de impuestos.
Juan Félix Marteau fue una de las principales fuentes de información de la embajadora estadounidense Vilma Martínez para la redacción del cable 1257 sobre el lavado de dinero en la Argentina, enviado al Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2009. El abogado especialista en delitos financieros y blanqueo de capitales también asesoró a la diputada Elisa Carrió, y es uno de los letrados del Grupo Clarín en una causa iniciada luego de la denuncia de Hernán Arbizu, ex directivo del banco de inversiones norteamericano JP Morgan, quien hizo pública una megamaniobra de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, mediante la cual creaban sociedades en el exterior para realizar operaciones financieras fraudulentas y evadir impuestos. “Uno de los más destacados especialistas en la materia en Argentina” –como lo define el proyecto de ley contra lavado de divisas presentado por la legisladora de la Coalición Cívica junto a Horacio Piemonte– defiende al multimedios más grande del país en una investigación por el blanqueo de más de 300 millones de dólares.
El apellido Marteau es conocido en los pasillos oficiales. Fue representante argentino ante el Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7), cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero, que desde el 11-S cobró protagonismo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, mientras fue ministro de Justicia el ex kirchnerista y actual apoderado del Peronismo Federal Alberto Iribarne. En el despacho diplomático difundido el 30 de noviembre pasado por el portal WikiLeaks, se menciona que Marteau “insinuó que perdió su trabajo como represalia por haberse acercado demasiado al negocio de los casinos donde, según se dice, kirchneristas importantes tienen intereses”. Al parecer, la embajadora oyó sólo una de las versiones de la historia.
El actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia), José Sbatella afirmó a Tiempo Argentino que “las críticas de él serían válidas si nunca hubiera estado al mando de la coordinación del grupo durante dos años o tres”. El economista, quien durante años militó en la propuesta del Plan Fenix, agregó que “si el sistema argentino no tiene multas, los que estuvieron al mando no tienen la autoridad moral o técnica para hablar de ese sistema y de quienes están hoy trabajando”.
Cerrar el círculo. Marteau forma parte del selecto grupo de técnicos que, a fuerza de lobby, se asegura una buena calidad de vida. El circuito parece simple: generar vínculos con los organismos internacionales para luego procurarse un puesto en esos organismos, o bien un esquema de financiamiento interno a través de consultorías o auditorías privadas. Marteau lo intentó y no lo logró. El artículo 41 del proyecto de ley presentado el 5 de agosto pasado con bombos y platillos por la Coalición Cívica prevé que “las políticas de prevención establecidas por los sujetos obligados serán objeto de examen anual por un experto externo independiente que reúna idoneidad académica y con probada experiencia profesional en la materia”. Cabe prestar especial atención a este punto, ya que el “experto independiente” podría ser la consultora Marteau & Asociados, especializada en lavado de dinero.Dicho de otro modo: Carrió y compañía presentaron un proyecto de ley para prevenir el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo, que abriría una muy provechosa oportunidad de negocios para Marteau.Con su currículum, tendría oportunidad para ofrecer sus servicios. A cambio de honorarios bien pagos.
Conocer el paño. Hace poco más de tres meses, Juan Félix Marteau se presentó en las oficinas de la UIF como apoderado de Clarín y pidió revisar todos los expedientes que el organismo lleva adelante contra el grupo monopólico. La respuesta de los funcionarios fue que ese procedimiento no correspondía y que hasta que no se remitiesen los documentos a la justicia, no tendrían acceso a ellos.
El diario propiedad de Ernestina Herrera de Noble estaba acostumbrado a recibir información de primera mano de la UIF. Los abogados del grupo se presentaron ante la justicia por dos expedientes que se estaban tramitando en el organismo presidido por Sbatella y que aún no eran públicos. Por su parte, la UIF denunció a los empresarios que no contuvieron su ansiedad y dejaron en evidencia sus contactos. El resultado de la disputa judicial fue de empate para ambas partes: una de las investigaciones fue archivada, la otra no.
La respuesta al interrogante de cómo Clarín se enteraba antes que la justicia sobre las averiguaciones por lavado de dinero puede encontrarse en el sitio web de la consultora fundada por Marteau. Entre el staff de la firma, figura la abogada Celeste Pleé, quien es hija de Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. El fiscal también figura entre las fuentes del cable firmado por la embajadora Vilma Martínez, y es el encargado del seguimiento por parte del Estado de las causas judiciales sobre blanqueo de capitales provenientes de negocios ilegales. Pleé padre tiene acceso a las investigaciones contra el Grupo Clarín. A buen entendedor, pocas palabras. <
Un informe de diciembre de 2009, suscripto por la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, afirma que la FATF (Fuerza Táctica de Acción Financiera) pone en duda las verdaderas intenciones del Gobierno de la Argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También reproduce declaraciones del ex representante argentino ante la FATF, Juan Félix Marteau, diciendo que perdió su puesto como represalia por haber investigado demasiado a los casinos, donde -agrega el cable- «importantes kirchneristas tendrían intereses». Y califica a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) como «un organismo quebrado».
Además, dice que Rosa Falduto, que dirigía por entonces la UIF, alcanzó ese puesto por el madrinazgo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, y lo mantenía por ser funcional a Aníbal Fernández, a Cristina de Kirchner y a su esposo Néstor Kirchner, porque -según un informante- se negaba a responder las demandas de investigación sobre el matrimonio presidencial que llegan desde Suiza, Lichtenstein y Luxemburgo.
«Según Mariano Federici (el informante, funcionario del FMI), Falduto filtró personalmente información de que la UIF había pedido a la FINCEN información sobre Francisco de Narváez, un rival de Kirchner».
El cable filtrado por WikiLeaks, fechado en diciembre del año pasado, lleva el número 1257/01 y fue dirigido al Departamento de Estado con copias a la Dirección de «Homeland Security», el Departamento de Justicia, el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro. A continuación, sus pasajes más significativos:
# La FATF realizó una revisión de dos semanas sobre los organismos antilavado y contraterrorista. El jefe operativo es escéptico sobre las intenciones del Gobierno argentino para combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
# La mayor parte del lavado en la Argentina esconde evasión fiscal y corrupción, pero los fondos derivados del tráfico de drogas son un problema creciente. La FATF considera los organismos argentinos que los combaten ineficientes, y no han logrado acusaciones significativas en la Justicia.
# La casi total ausencia de acción, junto a una cultura de la impunidad, hace a la Argentina un país listo para la explotación por narcotraficantes y células terroristas.
# Fabio Contini, el italiano que encabeza el grupo operativo de la FATF, vivió un año en la Argentina como agregado comercial de la Embajada de Italia. Dice que las medidas tomadas por el Gobierno local están calculadas para cumplir con los mínimos requeridos por los estándares internacionales y evidencian escaso o nulo entusiasmo para limpiar el sistema financiero.
# Agrega que buena parte de la economía argentina está «en negro» y que hay un gran uso del contado para las operaciones, «lo que hace al país vulnerable al lavado y otros delitos financieros». Sin embargo, la propia Embajada de EE.UU., citando sus «contactos», afirma que «el financiamiento del terrorismo es un hecho muy inhabitual», pero que el narcotráfico está convirtiéndose en un gran problema.
# El cable menciona entrevistas con Raúl Plée (titular de la UIF, que es calificada como «el jugador más débil del equipo que combate al lavado de dinero»), Pablo San Martín (de la consultora SMS) y Marcelo Casanovas, del Banco Provincia (dijo que mirar el autolavado como un problema es no ver el bosque: el tema es «sistémico»).
# El cable dice -en boca de «expertos»- que jueces y fiscales carecen de comprensión del «fenómeno lavado»; Mariano Federici, asesor del FMI en temas de Integridad Financiera, afirma que esos funcionario no tienen la sofisticación necesaria para dirigir investigaciones y lograr condenas, y que los jueces «parecen desinteresados en adquirir las destrezas necesarias para manejar ese tipo de casos».
# En sentido inverso, Casanovas afirmó que el sistema judicial tiene deficiencias, pero que la culpa es más de los fiscales y los investigadores que de los jueces.
# El informe elogia la gestión del anterior representante argentino ante la FATF, Juan Félix Marteau, pero califica de «pobre» la de su sucesor y actual representante Alejandro Strega, de quien dice que «su falta de antecedentes en el combate al lavado y su falta de recursos lo han hecho mayormente ineficiente». Elogian su inglés, dicen que es un «agradable conversador» y que le gusta visitar la embajada, «pero tiene escaso acceso al ministro de Justicia, Julio Alak, poco personal y casi nada de dinero».
# La conclusión final indica que «la Argentina sin dudas sufrirá duras críticas en la revisión de la FATF, lo que dificultará su reingreso al sistema financiero internacional. Seguramente, el Gobierno acusará a la FATF y aludirá a una conspiración internacional por las críticas, incluyendo quizás hasta al Gobierno de EE.UU.». Añade que, pese a «la buena fe que exhiben nuevos funcionarios como el ministro Alak, quizás sea poco realista esperar que el Gobierno canalice fondos a los fiscales o un esfuerzo coordinado para perseguir a los lavadores».
Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario
Marteau era representante ante el GAFI
Viernes 25 de enero de 2008 | Publicado en edición impresa
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El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y nombró en su reemplazo a Alejandro Strega, un abogado cuyo padre está ligado a Juan José Zanola, titular del gremio bancario.
El GAFI es un organismo intergubernamental que fue establecido en 1989 por el G-7 y que, en abril de 1990, a través de Cuarenta Recomendaciones, fijó la política básica para la persecución para luchar contra el lavado de dinero. A partir de 2001, luego de los atentados del 11-S, el GAFI amplió su política a la represión del financiamiento del terrorismo, un tema muy sensible para los Estados Unidos.
Marteau, abogado y doctor en sociología, se desempeñó durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner como titular de la coordinación nacional de actividades para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fue Marteau quien elaboró el proyecto de ley que, a mediados de año, aprobó el Congreso para reprimir el terrorismo y su financiamiento, con lo cual la Argentina logró evitar, a último momento, que el GAFI hiciese una declaración pública de condena contra el país por no tener una política de transparencia adecuada.
La salida de Marteau era conocida en el Banco Central desde el martes último y causó sorpresa porque el funcionario había desempeñado una buena labor ante el GAFI. El año pasado, habían venido a la Argentina Jean Paul Laborde, titular de la Oficina Antiterrorista de las Naciones Unidas en Viena, y el ahora ex funcionario había acordado la visita de representantes del GAFI para los próximos meses.
Marteau, además, elaboró la agenda nacional de lucha contra esos delitos, que aprobó un decreto de Kirchner y que obliga a investigar incluso los flujos de capitales que se mueven en el juego.
Asimismo, en una de las últimas reuniones del GAFI, dio un fuerte impulso a la decisión de condenar públicamente a Irán por no reprimir esos crímenes.
Varias fuentes especulaban ayer sobre el peso que pudieron tener esos motivos en la remoción de Marteau, que no contaba con la confianza de Aníbal Fernández. El ministro le había pedido su dimisión el lunes último.
A fines del año último, hubo dos hechos que, ahora, quizá cobren alguna significación.
Por un lado, un alto funcionario de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos se interesó, por vías informales, sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). Por el otro, Lotería Nacional había comenzado a instrumentar algunos controles sobre el juego, un área en la que tienen negocios algunos empresarios amigos del poder.
El gremio bancario
El reemplazante de Marteau será el abogado Strega, que fue designado mediante la resolución 124 del Ministerio de Justicia. De 35 años, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1995 y con un máster en los Estados Unidos, se especializa en mercado de capitales.
Pero hay un dato que también es sintomático, según señalaron ayer varias fuentes del Banco Central: el padre del reemplazante de Marteau, Enrique Strega, es un abogado laboralista vinculado con Zanola, el líder del gremio bancario.
EL PAIS › UN CIRCULO VICIOSO, IMPERMEABLE A LA REALIDAD
Cable a tierra
Los títulos escandalosos sobre los cables de Estados Unidos, originados en versiones de la misma prensa argentina, de la oposición y de las finanzas, cierran un círculo vicioso, impermeable a la realidad y opuesto al primer gobierno en décadas que no les es propicio. No le dejan modificar las leyes sobre narcotráfico y lavado y le reprochan sus consecuencias. El balance de La Nación, con la mayor utilidad en 141 años, y un fallo a favor del Grupo Clarín negador de la libertad de expresión.
Por Horacio Verbitsky
Gran parte de los cables de la embajada de Estados Unidos en la Argentina liberados por Wikileaks y censurados por el Consejo de Seguridad de la Gran Prensa Occidental se basan en versiones de diarios y revistas de Buenos Aires y en datos de ex funcionarios que ahora trabajan para esos medios. Muchas de ellas fueron desmentidas por el paso del tiempo o por las investigaciones judiciales que se iniciaron en el momento de las respectivas denuncias. Sin embargo, los mismos medios que lanzaron la especie la reciclan ahora con títulos que en el caso de La Nación la propia embajada llamó “sensacionalistas”, como si se tratara de hechos nuevos y con indiferencia por los desarrollos posteriores. De este modo se cierra el círculo, de una lógica impermeable a cualquier contradicción, que por supuesto desdeña aquellos despachos críticos para los propios medios.
¿Cautiv@s?
La selección del material es una prerrogativa de cada editor y forma parte de la libertad de expresión que cada cual ejerce como le parece. Lo que nadie puede evitar es la opinión de los demás sobre la forma en que lo hace. A las siete de la tarde del viernes 14 de diciembre de 2007, el embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, informó a su gobierno sobre la crisis producida por la información divulgada en Miami sobre los 800.000 dólares secuestrados al hombre de negocios turbios Guido Antonini Wilson. Wayne se jactó de haber capeado con éxito un día “negro para la imagen de los Estados Unidos”, por los ataques de la presidente CFK “sobre nuestras presuntas oscuras intenciones”. El borrador con orientaciones sobre el tema fue transmitido durante una recepción “a un grupo cautivo de periodistas argentinos”. Durante la recepción, Wayne mencionó “numerosos programas” de ayuda de la embajada. Entre ellos talleres de capacitación de FOPEA sobre periodismo asistido por computadora, cursos de inglés en ICANA y el envío de catorce periodistas “a filmar documentales de TV, asistir a cursos, y participar de seminarios y eventos internacionales, tanto en Estados Unidos como en América Latina”. Al día siguiente, Mariano Obarrio escribió en La Nación que Wayne “destacó que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna vinculación con la investigación de los fiscales” y marcó “la diferencia entre el poder político y el judicial”, que en los Estados Unidos son “totalmente independientes”. En Clarín, Fernando González contó que “mientras corrían los bocadillos y las copas, los funcionarios estadounidenses admitían que con estos gestos buscaban encarrilar la relación con el flamante gobierno de Cristina”. En el mismo diario, Natasha Niebieskikwiat afirmó que según Wayne “los fiscales federales (de su país) trabajan en forma independiente para hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos”. La lectura de esos textos no permite deducir en qué consistiría la supuesta cautividad de sus autores. Tal vez alguna filtración futura revele si alguno de ellos pidió explicaciones a la embajada por un calificativo tan pringoso.
Sin comentarios
El gobierno nacional decidió no hacer comentarios sobre las filtraciones, con una clara percepción de la escala planetaria del problema, en la que la Argentina no tiene un rol significativo, salvo para el insidioso diario español El País, que le asignó un espacio quince veces mayor que el que surge del total de los cables filtrados. El contraste entre la sobria redacción de la corresponsal Soledad Gallego Díaz y la escandalosa edición de tapas y títulos ayuda a entender por qué la directora adjunta del diario ha sido exiliada en Buenos Aires. El contenido de los despachos que se conocieron hasta ahora tampoco reclama respuestas urgentes. El único punto inquietante surge de las observaciones sobre la escasa voluntad oficial por aplicar con rigor la legislación sobre drogas y contra el lavado de dinero, no por la calidad de la información sino debido a las repercusiones sociales del tema. La presidente CFK tiene en carpeta desde hace meses una serie de proyectos elaborados por la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, que integran magistrados reconocidos como Horacio Cattani, Patricia Llerena, Martín Vázquez Acuña y Mónica Cuñarro, que depende de la Jefatura de Gabinete. El 23 de octubre de 2009 esa Comisión entregó al entonces encargado de negocios Thomas Kelly un análisis demoledor del informe del Departamento de Estado sobre la política argentina en la materia del año 2008, que incluía las mismas inexactitudes que ahora se leen en los wikileaks. La comunicación dirigida a la embajadora Vilma Martínez señalaba en un tono muy severo el “desconocimiento del sistema jurídico institucional y constitucional vigente”, incluía “aseveraciones sin fundamentación alguna” y omisiones de fácil verificación tanto en las páginas oficiales como en comunicaciones previas del gobierno a la embajada. El informe decía que la Argentina “se encuentra en la transición de un sistema escrito e inquisitorio hacia uno oral y acusatorio”, proceso que culminó ¡en 1992! Buena parte de las carencias señaladas en el informe habían sido descubiertas, y emprendida su corrección, por el propio gobierno nacional. La falta de bases empíricas o documentales es “técnica e institucionalmente grave, por lo que deseamos hacerlo saber a la señora embajadora a fin de que se tomen los recaudos que correspondan para su corrección”. La Comisión incluso señaló contradicciones entre dos páginas sucesivas del informe estadounidense: en una se afirma que el tráfico de heroína tiene la misma magnitud que el de cocaína; en la siguiente que es menor. Esta contradicción “demuestra la falta de seriedad del informe y la falta de respeto a los organismos que colaboraron brindando información con documentación cruzada y respaldatoria”. En la Argentina no se conoce un solo caso de adicción a la heroína. Kelly reconoció los groseros errores que contenía, explicó que lo había confeccionado un funcionario de segundo rango con material de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar, y de algunos jueces cautivos, habitués del narcoturismo promovido por la DEA para cooptarlos. En tácita admisión de sus errores, el Departamento de Estado suprimió ese informe de su página web. Además, la embajadora Martínez excluyó de cualquier responsabilidad sobre el tema a quienes habían intervenido, y encargó el informe de este año al primer secretario Kenneth Forder, a quien instruyó para que no incluyera ningún dato sin fuente o sin el respaldo de algún organismo responsable.
Dolor de muelas
Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peornismo opositor. Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso. La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”. Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal antilavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas.
El cronograma y los proyectos
A fines de 2009, la Comisión Nacional Coordinadora entregó al Poder Ejecutivo un cronograma de aplicación de un estudiado Plan Nacional de Drogas, que incluía varios proyectos penales: sobre bienes decomisados, lavado de activos, financiación del terrorismo, funcionamiento de los organismos de la representación del GAFI, fiscalización y control del financiamiento de los denominados delitos complejos que afectan el orden socioeconómico, entre otros. Los anteproyectos respectivos ya han pasado las instancias formales del ministerio de Justicia, incluyendo los fundamentos y el mensaje de elevación. El principal es el anteproyecto de ley de Registro y Realización de Bienes Incautados durante el Proceso Penal (expediente 4967/2009 de la jefatura de gabinete). El hiperactivismo de Granero en el Congreso y la favorable recepción que encontró en las principales fuerzas del Grupo Ahhh... impidieron que el gobierno nacional enviara este proyecto, que con la actual relación de fuerzas legislativas no tiene chances de ser aprobado y sólo daría lugar al tipo de escándalos que propician Carrió y Camaño. En cambio, el gobierno avanzó en otros puntos del cronograma que no requerían de la sanción de leyes. Por ejemplo, la fijación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, de las condiciones que deberían cumplir los laboratorios y droguerías que importaran efedrina y/o pseudoefedrina como filtro previo al inexistente control de la Sedronar. Bastó esa medida para que el ingreso de esas sustancias que eran desviadas al mercado prohibido, se redujera de 20 toneladas a 13 kilos, para uso legal local certificado. Es posible que estos episodios hayan estado en la mente de CFK cuando inauguró el monumento en homenaje a La Vuelta de Obligado. “En esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses, venían también ciudadanos de la Confederación Argentina, identificados como unitarios, que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra, su patria. Esos cañonazos de la Vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia, en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos”, dijo.
La Comisión sobre Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes que integra Mónica Cuñarro entregó un análisis demoledor del informe del Departamento de Estado sobre la política argentina, que incluía las mismas inexactitudes que ahora se leen en los wikileaks.
Los cables secretos de la Embajada sobre la Argentina
05/12/10 - 03:04 Clarín brinda la traducción completa de los despachos de la delegación diplomática estadounidense en el país, revelados por Wikileaks.
5-Hambre de Soja este documental le permitirá descubrir la otra cara del cultivo de la soja transgénica en la Argentina. La soja permite aumentar la producción, pero produce la desertificación del suelo, una masiva contaminación ambiental, pérdidas irreparables en la biodiversidad de ambientes naturales, la desaparición de alimentos básicos y un aumento de la desocupación, el hambre y la indigencia. Direccion: Marcelo Viñas
6-muro AntiterroristaExplica que la valla es una consecuencia directa de la ola de atentados suicidas y de la política palestina de incentivar el terrorismo. Israel no anexó territorios, ni determina límites políticos ni geográficos, ya que las fronteras entre el Estado de Israel y un futuro Estado palestino sólo serán determinadas en negociaciones de paz. Israel reivindica el derecho y la obligación de todo gobierno de garantizar la vida de sus ciudadanos y asegura que no existe otra manera de defenderse de los terroristas que mediante una separación física. "La valla es reversible; Las vidas humanas, No".
7-De Nuremberg a Nuremberg De Nuremberg a Nuremberg, el último trabajo realizado antes de su muerte, en 1990, por el cineasta y documentalista Frederic Rossif. Un magnífico documental histórico que gira en torno a los juicios del final de la Segunda Guerra Mundial. Montado a partir del material de archivo, se explica con rigor y sencillez el período comprendido entre 1935 y 1946. Es decir, desde que Hitler alcanza el poder absoluto en Alemania hasta los jucios de Nuremberg, en los que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se juzga de crímenes contra la humanidad a destacados dirigentes nazis.
10-LA SOJA - INFORME DE LA LIGA "Este es el informe realizado por La liga sobre la soja transgenica, los agroquimicos y pesticidas utilizados con su impacto en medio ambiente y en las personas que toman contacto con ellos. Tambien muestran a el representante agropecuario Alfredo de Angeli mostrandose ignorante de las consecuencias que su propia industria genera. "
12-PROMISESDOCUMENTAL En el marco de la situación que se vive en Oriente Medio, PROMISES nos ofrece un retrato humano del conflicto palestino. A partir de los testimonios de siete niños (de 9 a 13 años), conoceremos lo complicado que es crecer en Jerusalén. Aunque los niños viven a sólo veinte minutos de distancia entre sí, habitan en mundos radicalmente diferentes, prácticamente incomunicados, y son conscientes de la situación. Su visión de las cosas está modelada por las imposiciones de los adultos que les rodean. Pero este grupo ha decidido saltar las barreras para encontrarse con sus vecinos.
18- Arnas-children - Los chicos de Arna - Documental - Juliano Mer Khamis, director israelí de cine, aseguraba en Barcelona, tras la presentación de su documental "Los chicos de Arna": "sólo espero que tras ver esta película todos vosotros recordéis que los suicidas y resistentes palestinos son personas con nombre y apellidos, con una historia trágica tras de sí. La próxima vez que en un telediario os informen sobre el último ataque suicida palestino en Israel, recordad a los chicos de Arna".
19 - La bicicleta verde - Wadjada La bicicleta verde es una película germano-saudí dirigida por Haifaa al-Mansour en 2012. La película fue el primer largometraje dirigido por una mujer en la historia de Arabia Saudí.
20 - The other son - "El Otro Hijo" dos jóvenes -uno israelí y otro palestino- que descubren que fueron cambiados accidentalmente al nacer y las complejas repercusiones que enfrentan a ellos ya sus respectivas familias.
Consulta Textos Codigo penal y Constitución Nacional Argentina
No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.
No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política.
No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
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