El Juez Alejandro Catania a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, solicitó mediante un exhorto a diversos medios de comunicación "en el plazo de cinco días" el suministro de "la nómina, dirección y teléfonos de contacto" de los periodistas, editores y redactores que escribieron "noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina" desde 2006 a la actualidad. El pedido se efectuó a los diarios Clarín, La Nación, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12
El exhorto, fechado al 15 de septiembre, hizo lugar al pedido de la Fiscal del caso, Carolina Robiglio, solicitando las medidas. El texto del mismo fue publicado por el diario El Cronista, y tiene como marco la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores.
Además de la lista, el Juez Catania solicitó a El Cronista informar si ha "facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 a esta fecha".
La Justicia aclaró que la citación a periodistas se daría en la causa bajo un carácter testimonial, "sólo como testimonios" de los informes de inflación que emiten consultoras económicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, y no como imputados en la causa.
Y si bien la Justicia dejó en claro que el caso de que decida citarlos será "sólo como testimonios", diputados de la oposición se manifestarón en contra de la medida tomada por el Juez, y lo mismo hicieron FOPEA ( Foro de Periodismo Argentino) y ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas)
Este jueves, diputados de la oposición cuestionaron duramente la medida que dispuso el juez, (atento a lo solicitado por la Fiscal Carolina Rosiglio) la calificaron como una "persecución" y afirmaron que atenta contra libertad de expresión y cargaron también contra el Gobierno Nacional.
"No vamos a aceptar bajo ningún concepto que la Argentina sea un país sin libertad", expresó Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, en una conferencia de prensa de la que participaron también Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra (UCR), Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Gerardo Milman (GEN) y Carlos Faverio (Demócrata Progresista), entre otros diputados.
“No cabe duda que la actitud de Moreno y lo que ha hecho el Juez son métodos intimidatorios contra la libertad de expresión”, dijo por su parte Gil Lavedra.
En ese sentido avanzó la diputada Giudici, Presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, que afirmó "Se trata de implantar un estado de miedo, de intimidación. Primero fueron por las consultoras, ahora van por los periodistas, pidiéndole a los medios que los entreguen, hacen recordar a listas negras de la dictadura".
Diputados, durante la conferencia de prensa instaron al Juez Catania a que "repiense" y "retire el exhorto" y firmaron un Proyecto de Declaración en el que manifiestan su "preocupación y repudio" por las medidas tomadas por el Juez.
Bullrich concluyó: "Lo que tenemos que hacer como diputados de la Nación es instar al juez a que retire este exhorto".
FOPEA y ADEPA manifestaron mediante comunicados, su "preocupación" por el pedido judicial. No obstante ello, FOPEA, expresó "que todo periodista debe allanarse a las demandas de la Justicia como cualquier ciudadano citado para testificar en un proceso" y solicitó "a los medios que han recibido esas citaciones que cumplan con todos los requisitos constitucionales de preservar el trabajo y el derecho de sus periodistas, sin por ello desconocer una decisión judicial".
En cambio ADEPA se centró en cuestionar la medida del Juez, y manifestó su "enérgico repudio ante la orden dirigida por el juez en lo penal económico, Alejandro Catania". ( ver comunicados en Reacciones contra la medida tomada por el Juez)
Ante las reacciones, fuentes judiciales ligadas a la investigación expresaron que "no existe una persecución de periodistas", sino que la Justicia los citaría únicamente para aporten sus "testimonios" en caso de ser necesario para la causa y precisaron que el Juez les pidió datos a los medios sobre de los periodistas, que escriben sobre inflación, sólo para tener una dirección de contacto en caso de que decida citarlos a testimonial.
Moreno denuncia consultoras
La causa presentada por Moreno contra Melconian y Santángelo se tramita en el juzgado en lo Penal Económico número 4, a cargo del doctor Alejandro Catania; mientras que la denuncia contra Ferreres está en manos del doctor Rafael Caputo, titular del juzgado en lo Comercial número 3.
En el mes de Julio de este año, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno demandó penalmente a los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. La demanda recayó ayer en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Alejandro Catania.
Guillermo Moreno demandó penalmente al economista Carlos Melconian por agiotismo. El agio es, por definición, la especulación sobre el alza y la baja de los fondos públicos. La acusación llega después de haberle aplicado al titular de la consultora M&S (Melconian & Santángelo) una multa de $500.000 y un apercibimiento por hacer referencia a la inflación en declaraciones radiales.
El lunes 12 de septiembre, la Fiscal Carolina Rosiglio dio curso formal a la querella presentada por Monreno contra Melconian, Santángelo y Ferreres, por la difusión de índices de precios al consumidor que carecen de rigor científico y entre otras cuestiones, pidió a la Justicia que se requiera a la Comisión de Libertad y Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, que remita los informes publicados "acerca de promedios de índices de evolución de precios".
También que suministre la "resolución o acto administrativo mediante la cual se adoptó la decisión de realizar esas publicaciones, y todo aquel otro elemento de juicio de donde surja a partir de qué datos se obtiene el promedio de índices que se da a conocer mensualmente".
Rosiglio, a través de sendos escritos (a los que pudo acceder Télam) pidió que "sin perjuicio de las pruebas incorporadas después de la denuncia, y de la realización de todas aquellas otras medidas que Vuestra Señoría estime conducentes para el esclarecimiento de esos hechos, este Ministerio Público solicita, por el momento (...) se cite al denunciante a prestar declaración testimonial a fin de que ratifique e integre la denuncia formulada".
En las denuncias presentadas ante la Justicia, la Secretaría de Comercio Interior sostiene que "los datos falsos" respecto a la evolución de los precios fueron generados por las consultoras con el "fin de beneficiarse" ellas mismas, "y beneficiar a algunos agentes del mercado financiero, que resultan clientes", con ganancias extraordinarias en perjuicio de los consumidores y del Estado nacional.
En los fundamentos de la presentación formulada contra M&S Consultores, afirma que si la consultora tuviera éxito en convencer a la comunidad de la veracidad de la tasa de inflación que publica,"tendríamos un ajuste anual de entre el 12 y el 23 % por sobre los valores reales".
La Fiscal, en base a la presentación realizada por Comercio Interior, recuerda que el "el denunciante indicó que los hechos fueron llevados a cabo en los mercados financieros, en los de bienes y en los de servicios, agregando que los denunciados crearios un `inventado índice de inflación` utilizado `en reunión` cojuntamente con algunos agentes del mercado financiero (a la sazón clientes de los propios denunciados)", entre otras cuestiones.
En la causa iniciada contra Melconian y Santángelo, Rosiglio pide también una serie de medidas complementarias entre las que se encuentra el pedido a los diarios Clarín, La Nación, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12 para que informen "si desde el año 2006 hasta la fecha, se han facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo". (Fuente Télam)
Reacciones contra las medidas tomadas por el Juez
Las reacciones contra la medida se presentaron aún a sabiendas de que desde la Justicia se aclaró que el Juez pidió los datos a los medios sobre de los periodistas, (que escriben sobre inflación,)sólo para tener una dirección de contacto en caso de que decida citarlos a testimonial; es decir "sólo como testimonios" de los informes de inflación que emiten consultoras económicas privadas en la ciudad de Buenos Aires, y no como imputados en la causa.
COMUNICADO Foro de Periodismo Argentino
Jueves 22 de septiembre de 2011
Preocupación por los alcances de un pedido judicial acerca de periodistas que cubren temas económicos
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por los alcances que pudieran llegar a tener los oficios judiciales recibidos en al menos cuatro diarios nacionales con sede en la ciudad de Buenos Aires, en los que el Juzgado en lo Penal Económico Nº 4, a cargo del Dr. Alejandro Catania, solicita suministrar la “nómina, dirección y teléfonos de los periodistas –redactores, editores, etc.-” que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina, desde el año 2006 hasta la fecha.
22 de septiembre de 2011 FOPEA confirmó que los oficios fueron enviados a las áreas de Asuntos Legales de los diarios El Cronista, La Nación, Clarín y Ámbito Financiero.
Todo periodista debe allanarse a las demandas de la Justicia como cualquier ciudadano citado para testificar en un proceso, pero sin que ello signifique violar derechos laborales y personales de los trabajadores de prensa, ni mucho menos constituir una amenaza al secreto y preservación de las fuentes de información, que se encuentra tutelado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales firmados por la Argentina, y que dice: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
Según consta en el escrito girado a los diferentes medios, este pedido está relacionada con la causa 13.880, caratulada “Melconián Carlos, Santángelo Rodolfo A., MS Consultores s/fraude de comercio e industria (Art. 300 C.P.)”, en trámite ante el juzgado a cargo del Dr. Catania, Secretaría N° 7, tras la denuncia de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación contra las consultoras mencionadas en la causa. La medida resuelta por el magistrado tiene un grado de ambigüedad y abarca una extensión en el tiempo que la harían de imposible cumplimiento en el exiguo plazo dispuesto y con los alcances requeridos.
Por otra parte, en lo que hace a los nombres y demás datos de los periodistas, si correspondiere suministrarlos, deberían hacerse en función de un requerimiento más específico respecto de cada nota o artículo concreto, con día y número de edición. Este requerimiento específico de nota o artículo concreto, uno por uno, es fundamental, para analizar en cada caso, si la información del nombre del periodista y demás datos, no deban reservarse, atento la posibilidad que tiene el medio de ejercer el derecho constitucional del secreto de fuentes. No entenderlo así, significaría un modo genérico de violar por el poder judicial, el derecho que tiene cada medio de mantener en sigilo el nombre del periodista o de la fuente de determinadas noticias o artículos.
A FOPEA le preocupa especialmente la obligatoria tutela de los derechos de los periodistas, la que vemos en riesgo por la falta de motivación y de precisión expresada en el escrito. En este posicionamiento no existe intención de levantarse contra la Justicia ni de rechazar sus decisiones, pero sí el entendimiento de que, aún en una etapa probatoria, los actos deben ser fundados, razonables y coherentes con el fin investigativo propuesto.
Los periodistas realizamos nuestro trabajo en la cobertura informativa de estos y muchos otros temas, y ellos quedan expresados en las notas de público conocimiento y en sus distintos soportes. Desde FOPEA instamos al magistrado a aclarar las causas que motivan su pedido y especificar los alcances de la resolución; y solicitamos a los medios que han recibido esas citaciones que cumplan con todos los requisitos constitucionales de preservar el trabajo y el derecho de sus periodistas, sin por ello desconocer una decisión judicial.
COMUNICADO ADEPA - DECLARACION LIBERTAD DE PRENSA
22 de septiembre de 2011
Un acto de censura ADEPA expresa su grave preocupación y su enérgico repudio ante la orden dirigida por el juez en lo penal económico, Alejandro Catania, a diferentes medios de prensa para identificar a los periodistas que desde 2006 ...
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su grave preocupación y su enérgico repudio ante la orden dirigida por el juez en lo penal económico, Alejandro Catania, a diferentes medios de prensa para identificar a los periodistas que desde 2006 escribieron artículos sobre las mediciones de inflación distintas a las del INDEC.
La individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea -informar cuestiones de interés público a partir de fuentes libremente seleccionadas- constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales, que conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía.
Resulta doblemente grave que en el marco de una denuncia penal del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra consultoras privadas que elaboran índices inflacionarios -denuncia que también fue cuestionada por ADEPA por vulnerar la libertad de expresión-ahora se pretenda involucrar a los periodistas que difunden esas informaciones, cumpliendo el deber, frente a sus lectores, de acudir a fuentes diversas y no convertirse en meros divulgadores de estadísticas oficiales, fuertemente cuestionadas desde hace varios años.
La imposición de un relato único y oficial atenta contra el concepto mismo de la democracia y la libertad de expresión. Medidas como la del juez Catania contribuyen a crear un clima de persecución a quienes quieren ejercer la labor periodística de manera independiente, sin tutelaje ni control estatal, como lo garantiza nuestra Constitución.
Actos como éstos deben poner en alerta a la sociedad en su conjunto, no solo porque puede verse privada de acceder a voces y fuentes diversas para informarse acerca de cuestiones sensibles para los intereses particulares de cada ciudadano, sino porque además, la amenaza proviene de un integrante del Poder Judicial de la Nación, que es en definitiva el último refugio que tienen los habitantes de nuestro país, para defender sus derechos frente a las agresiones que pudiesen recibir de otras personas y de los demás poderes del estado.
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