La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo
Miércoles, 26 de diciembre de 2012
La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo
Por Norma Giarracca * y Enrique Viale **
De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.
Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.
El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.
La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.
No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.
Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.
Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.
* Titular de Sociología Rural de UBA.
** Abogado ambientalista.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210622-2012-12-26.html
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Domingo, 23 de diciembre de 2012 | Hoy
15:56 › DESALOJO VIP
La Sociedad Rural, con una denuncia entre manos
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, anticipó que acudirán a la justicia para detener la aplicación del decreto 2552, con el que el Gobierno declaró la nulidad de la venta del predio ferial de Palermo, al considerar que “había sido sustraído del patrimonio nacional”. Además, Etchevehere informó que el miércoles próximo se realizará un "contundente" paro ganadero de venta de hacienda en todo el país.
El ruralista consideró que "un atropello a la propiedad privada y a los derechos adquiridos" el decreto del gobierno nacional y aseguró que la SRA "cumplió con creces los cargos de la venta, y por eso, nos sentimos con la firmeza de poder reclamar esto y llegar a buen puerto".
El jueves pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dio a conocer el decreto que declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Abal Medina destacó que en los fundamentos del decreto se considera que el inmueble fue "sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor".
Etchevehere señaló que "los abogados ya están trabajando para presentarse a la Justicia en estos días" con el objetivo de que "este decreto directamente no se aplique". El dirigente ruralista consideró que la medida del gobierno se debe a "una venganza contra el campo por la 125 porque el campo ganó en la calle, ganó en el Congreso".
El decreto de restitución, que basa sus argumentos en el fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010, señala que la Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según lo había determinado el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-210506-2012-12-23.html
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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › EL GOBIERNO ANULO POR DECRETO LA CESION DEL PREDIO DE PALERMO A LA SOCIEDAD RURAL, QUE VUELVE AL ESTADO
“Había sido sustraído del patrimonio nacional”
Juan Abal Medina, jefe de Gabinete, señaló que se trataba de un acto de recuperación patrimonial, sustraído por un hecho delictivo, del cual responsabilizó a Carlos Menem, Domingo Cavallo y otras nueve personas que fueron denunciadas.
Por Sebastián Premici
El Estado nacional recuperó el Predio Ferial de Palermo, conocido como la Rural. A través del decreto 2552, el Gobierno declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Según los fundamentos del decreto, leídos por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”. La Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según determinó el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos. Para tomar esta decisión, el Gobierno se basó en un fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010. A partir de hoy, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá tomar posesión del predio y, a posteriori, definir cuál será su nueva utilidad.
El predio de la Rural es conocido por realizar anualmente la exposición ganadera organizada por la Sociedad Rural, entre otra vasta cantidad de eventos y ferias. En 2003, la SRA vendió una parte de la empresa que había creado para gestionar el predio al actual diputado Francisco de Narváez. Recientemente, el diputado le vendió su parte al Fenix Entertainment Group. La entidad patronal nunca quitó sus patas de la Feria, ya que Daniel Pelegrina, actual vicepresidente de la SRA, también es el vicepresidente del predio Ferial.
“Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”, puede leerse en los fundamentos del decreto.
La venta del predio se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de Menem privatizó (o mal vendió) todas las empresas del Estado –Aerolíneas Argentinas, YPF, Entel, Canal 13 y el resto de los canales de televisión abierta, entre otras compañías–. Las tierras fiscales actualmente conocidas como “La Rural” fueron parte de esa entrega, en connivencia con la patronal agropecuaria.
“Este no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, y sus condiciones (...). Esta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año ’76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”, manifestó Abal Medina.
Por dicha operación, el Estado nacional inició una causa penal (Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública) a cargo del juez Sergio Torres, en la que fueron procesados Cavallo, Eduardo de Zavalía (ex presidente de la SRA), Juan Alberto Ravagnan (ex secretario de la SRA); los ex funcionarios del Banco Ciudad Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, Juan Manuel Insúa; junto a los funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, Daniel Ivakhoff y Matías Lucas Ordóñez. Torres consideró que “quienes resultaron procesados, mediante la maniobra de asignarle un menor valor (al predio en cuestión), sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo”.
A partir de las distintas irregularidades encontradas, avaladas por el juez Torres, la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación, el Estado procedió a revocar el decreto que originó la venta a la Sociedad Rural. Es decir, la recuperación del predio no será a través de una “expropiación”, sino que se revocó –por ser nulo de nulidad absoluta– el trámite administrativo que dio origen a la operación. “La declaración de nulidad que se instrumenta por el presente debe contemplar la restitución recíproca de las prestaciones cumplidas generadas a partir del dictado del acto que ahora se deja sin efecto”, sostiene el decreto 2552.
Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá “determinar las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”. Esto no incluiría a la SRA y sí a otras empresas que fueron sumándose a la gestión del predio.
“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, donde además manifestaron que “ocupan legítimamente” ese predio desde 1875. La sola mención de esa fecha remite a la historia de la oligarquía ganadera en el país. El presidente de la entidad en aquella época era José María Jurado, que junto a José Martínez de Hoz y Eduardo Olivera arreglaron los primeros embarques de carne hacia la corona británica.
“Esta política tiene que ver con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado de continuar encaminándonos por esta senda”, concluyó Abal Medina.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210365-2012-12-21.html
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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › RAUL MONETA, JAMES CHEEK Y DE NARVAEZ, LOS GESTORES
Socios y negocios del pasado
El sueño era convertir el privilegiado predio de doce hectáreas en un gigantesco emprendimiento comercial y de diversión. La obra siempre enfrentó el rechazo de los vecinos, pero tuvo mucho respaldo político en los ’90. Aun así, no pudo ser.
Por Raúl Dellatorre
Quienes defendieron su cesión a la Sociedad Rural sostenían que el predio enclavado en el corazón de Palermo podría convertirse en uno de los centros de exposiciones y convenciones más atractivos del mundo, más allá de la caracterizada muestra del campo que los cabañeros organizaban en cada mes de julio. Bastó que se concretara la cesión para que aparecieran quienes soñaban con convertirlo en un gigantesco emprendimiento inmobiliario. Poco tiempo después, el proyecto tomaba forma: un shopping de tres pisos, 18 cines, un parque de diversiones, un teatro para 2500 personas y un estadio deportivo para 7000. El favor de varios intendentes de la Ciudad para rezonificar el predio no alcanzó. La férrea oposición de agrupaciones vecinales frustró el negocio. No obstante, todavía en estos días seguían apareciendo firmas dedicadas a la explotación de espectáculos masivos deseosos de montar allí sus negocios.
El predio de doce hectáreas lindero a la Embajada de Estados Unidos –lo que da una idea de su privilegiada ubicación– tuvo un recorrido en los últimos 25 años paralelo a los acontecimientos políticos que se sucedieron en el país en ese mismo período. No sólo porque sus tribunas fueron testigo de hechos convertidos en emblemáticos de esta corta historia política –el contrapunto de Raúl Alfonsín con los representantes de la oligarquía y las clases acomodadas en 1988, el alineamiento de Federación Agraria y Coninagro con la Rural en la Mesa de Enlace en 2008–, sino porque la misma sucesión de acuerdos para su explotación marca la secuencia de una relación perversa entre política y negocios en esos años. El decreto que ayer anuló el Gobierno le había cedido la titularidad del terreno a la Sociedad Rural a un precio irrisorio para los valores inmobiliarios de la época. El hecho, innegable, era justificado en 1991 como una transacción “en favor de una asociación sin fines de lucro que, en los hechos, ya está a cargo del predio”. Se aludía, claro, a la Sociedad Rural. Pero eran tiempos de menemismo y la realidad no tardaba en salir a la luz, para quien quisiera verla.
Inmediatamente después de recibir la cesión del predio, la Sociedad Rural buscó conformar una firma comercial que se ocupara de la explotación del predio, es decir que lucrara con éste. El socio elegido fue Raúl Juan Pedro Moneta, a través de dos de sus empresas, Banco República y CEI. El escribano y banquero organizó la tradicional exposición rural anual y otros eventos durante corto tiempo, pero las complicaciones que atravesó en el sector bancario lo alejaron de la Rural. El espacio vacío fue ocupado por Ogden Argentina.
Ogden tenía como representante e impulsor en Argentina a James Cheek, que acababa de dejar su marca como embajador estadounidense en Buenos Aires por su particular estilo. Muchos lo recordarán con la camiseta de San Lorenzo alentando al Cuervo desde las plateas del Bajo Flores o en sus frecuentes encuentros con Menem, a quien no le iba en zaga en cuanto a salidas irónicas y desenfadadas. El simpático y pintoresco gringo dejó la diplomacia para pasar a ser el hombre fuerte de la filial de Ogden Entertainment, firma instalada en Delaware, paraíso o guarida fiscal en territorio estadounidense. En 1995, Sociedad Rural Argentina, entidad sin fines de lucro, concedió el usufructo del predio de doce hectáreas a la unión transitoria de empresas (UTE) constituida, en partes iguales, por La Rural de Palermo SA (de Sociedad Rural en su totalidad) y Ogden Argentina SA, por 30 años. Hasta el 2025.
Un dato no menor quizás, a esta altura de los acontecimientos, es que la UTE se comprometía a hacerse cargo de la deuda con el Estado por el saldo pendiente de la cesión de 1991. Además, asumía la responsabilidad por las obras que debían dar origen a un gigantesco shopping de tres pisos, 18 cines, un teatro, centros de recreación y deportes, parque de diversiones y un estadio deportivo.
La trama de relaciones entre negocios y política se fue poblando, en los años posteriores, de tantos elementos como sospechas. Según la minuciosa descripción de Horacio Verbitsky (“La política de los negocios”, Página/12, 14 de junio de 2009), pese al generoso crédito sin garantía real que obtuvo Ogden Rural del Banco Provincia en 1998, el megaemprendimiento no pudo concretarse. La oposición de vecinos pudo más que los favores de intendentes que, como De la Rúa, buscaron desafectar los terrenos de la Rural de su zonificación como espacio verde. El fin del proyecto prologó el fin de la participación de Ogden. Su reemplazante fue Francisco de Narváez.
El ex heredero de Casa Tía ingresó a la sociedad en 2003 comprando el 50 por ciento de la UTE mediante un vidrioso entramado de operaciones, que Verbitsky describe en la nota aludida. De Narváez habría pagado apenas 500 mil dólares por la transferencia, pero también se hizo cargo de las deudas de Sociedad Rural con el Estado y con Ogden Rural, que había adelantado dos millones de dólares para el pago de cuotas anteriores por la cesión del predio. De Narváez se obligó al pago de 60 mil dólares mensuales como adelanto de utilidades de explotación del predio a la Rural, pero sólo cumplió durante dos años. Además, estaba la deuda con el Banco Provincia. Pero no era su patrimonio personal y pool de empresas lo que De Narváez pensaba poner en juego en el emprendimiento, sino su capital político, que creía para entonces en franco crecimiento.
En 2004, Boulevard Norte, una de las firmas del Grupo De Narváez que intervino en la arquitectura de la operación, compró la participación de La Rural de Palermo SA en la UTE, quedándose así con el total del usufructo del predio. Uno de los compromisos que asumió entonces fue extender hasta el fin de la concesión del usufructo, 2025, el pago del canon de 60 mil dólares mensuales.
Con apoyo de los sucesivos gobiernos municipales (Jorge Telerman primero, Mauricio Macri después), De Narváez confiaba en conseguir la rezonificación que le permitiera retomar el proyecto del gigantesco emprendimiento comercial y de espectáculos. Había convocado para sumarse al proyecto a la mexicana CIE, Corporación Internacional de Entretenimientos, y contaba entre los futuros participantes en el negocio con la desarrolladora CreUrban, originalmente perteneciente al Grupo Macri pero desde hacía pocos años cedida a Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo hermano de Mauricio. Pero, como en el caso de Ogden, las condiciones económicas y políticas no resultaron como De Narváez esperaba. El proyecto político y el comercial iban de la mano. Las sociedades y alianzas, también. De Narváez empezó a ver, desde hace un tiempo, que su barca hacía agua. Empezó a alivianar carga, como el intento apresurado de deshacerse del predio de La Rural. ¿Sabría lo que se venía? ¿Lo habrá logrado?
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210367-2012-12-21.html
La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo
Por Norma Giarracca * y Enrique Viale **
De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.
Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.
El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.
La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.
No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.
Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.
Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.
* Titular de Sociología Rural de UBA.
** Abogado ambientalista.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210622-2012-12-26.html
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Domingo, 23 de diciembre de 2012 | Hoy
15:56 › DESALOJO VIP
La Sociedad Rural, con una denuncia entre manos
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, anticipó que acudirán a la justicia para detener la aplicación del decreto 2552, con el que el Gobierno declaró la nulidad de la venta del predio ferial de Palermo, al considerar que “había sido sustraído del patrimonio nacional”. Además, Etchevehere informó que el miércoles próximo se realizará un "contundente" paro ganadero de venta de hacienda en todo el país.
El ruralista consideró que "un atropello a la propiedad privada y a los derechos adquiridos" el decreto del gobierno nacional y aseguró que la SRA "cumplió con creces los cargos de la venta, y por eso, nos sentimos con la firmeza de poder reclamar esto y llegar a buen puerto".
El jueves pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dio a conocer el decreto que declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Abal Medina destacó que en los fundamentos del decreto se considera que el inmueble fue "sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor".
Etchevehere señaló que "los abogados ya están trabajando para presentarse a la Justicia en estos días" con el objetivo de que "este decreto directamente no se aplique". El dirigente ruralista consideró que la medida del gobierno se debe a "una venganza contra el campo por la 125 porque el campo ganó en la calle, ganó en el Congreso".
El decreto de restitución, que basa sus argumentos en el fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010, señala que la Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según lo había determinado el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-210506-2012-12-23.html
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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › EL GOBIERNO ANULO POR DECRETO LA CESION DEL PREDIO DE PALERMO A LA SOCIEDAD RURAL, QUE VUELVE AL ESTADO
“Había sido sustraído del patrimonio nacional”
Juan Abal Medina, jefe de Gabinete, señaló que se trataba de un acto de recuperación patrimonial, sustraído por un hecho delictivo, del cual responsabilizó a Carlos Menem, Domingo Cavallo y otras nueve personas que fueron denunciadas.
Por Sebastián Premici
El Estado nacional recuperó el Predio Ferial de Palermo, conocido como la Rural. A través del decreto 2552, el Gobierno declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Según los fundamentos del decreto, leídos por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”. La Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según determinó el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos. Para tomar esta decisión, el Gobierno se basó en un fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010. A partir de hoy, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá tomar posesión del predio y, a posteriori, definir cuál será su nueva utilidad.
El predio de la Rural es conocido por realizar anualmente la exposición ganadera organizada por la Sociedad Rural, entre otra vasta cantidad de eventos y ferias. En 2003, la SRA vendió una parte de la empresa que había creado para gestionar el predio al actual diputado Francisco de Narváez. Recientemente, el diputado le vendió su parte al Fenix Entertainment Group. La entidad patronal nunca quitó sus patas de la Feria, ya que Daniel Pelegrina, actual vicepresidente de la SRA, también es el vicepresidente del predio Ferial.
“Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”, puede leerse en los fundamentos del decreto.
La venta del predio se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de Menem privatizó (o mal vendió) todas las empresas del Estado –Aerolíneas Argentinas, YPF, Entel, Canal 13 y el resto de los canales de televisión abierta, entre otras compañías–. Las tierras fiscales actualmente conocidas como “La Rural” fueron parte de esa entrega, en connivencia con la patronal agropecuaria.
“Este no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, y sus condiciones (...). Esta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año ’76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”, manifestó Abal Medina.
Por dicha operación, el Estado nacional inició una causa penal (Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública) a cargo del juez Sergio Torres, en la que fueron procesados Cavallo, Eduardo de Zavalía (ex presidente de la SRA), Juan Alberto Ravagnan (ex secretario de la SRA); los ex funcionarios del Banco Ciudad Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, Juan Manuel Insúa; junto a los funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, Daniel Ivakhoff y Matías Lucas Ordóñez. Torres consideró que “quienes resultaron procesados, mediante la maniobra de asignarle un menor valor (al predio en cuestión), sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo”.
A partir de las distintas irregularidades encontradas, avaladas por el juez Torres, la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación, el Estado procedió a revocar el decreto que originó la venta a la Sociedad Rural. Es decir, la recuperación del predio no será a través de una “expropiación”, sino que se revocó –por ser nulo de nulidad absoluta– el trámite administrativo que dio origen a la operación. “La declaración de nulidad que se instrumenta por el presente debe contemplar la restitución recíproca de las prestaciones cumplidas generadas a partir del dictado del acto que ahora se deja sin efecto”, sostiene el decreto 2552.
Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá “determinar las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”. Esto no incluiría a la SRA y sí a otras empresas que fueron sumándose a la gestión del predio.
“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, donde además manifestaron que “ocupan legítimamente” ese predio desde 1875. La sola mención de esa fecha remite a la historia de la oligarquía ganadera en el país. El presidente de la entidad en aquella época era José María Jurado, que junto a José Martínez de Hoz y Eduardo Olivera arreglaron los primeros embarques de carne hacia la corona británica.
“Esta política tiene que ver con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado de continuar encaminándonos por esta senda”, concluyó Abal Medina.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210365-2012-12-21.html
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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › RAUL MONETA, JAMES CHEEK Y DE NARVAEZ, LOS GESTORES
Socios y negocios del pasado
El sueño era convertir el privilegiado predio de doce hectáreas en un gigantesco emprendimiento comercial y de diversión. La obra siempre enfrentó el rechazo de los vecinos, pero tuvo mucho respaldo político en los ’90. Aun así, no pudo ser.
Por Raúl Dellatorre
Quienes defendieron su cesión a la Sociedad Rural sostenían que el predio enclavado en el corazón de Palermo podría convertirse en uno de los centros de exposiciones y convenciones más atractivos del mundo, más allá de la caracterizada muestra del campo que los cabañeros organizaban en cada mes de julio. Bastó que se concretara la cesión para que aparecieran quienes soñaban con convertirlo en un gigantesco emprendimiento inmobiliario. Poco tiempo después, el proyecto tomaba forma: un shopping de tres pisos, 18 cines, un parque de diversiones, un teatro para 2500 personas y un estadio deportivo para 7000. El favor de varios intendentes de la Ciudad para rezonificar el predio no alcanzó. La férrea oposición de agrupaciones vecinales frustró el negocio. No obstante, todavía en estos días seguían apareciendo firmas dedicadas a la explotación de espectáculos masivos deseosos de montar allí sus negocios.
El predio de doce hectáreas lindero a la Embajada de Estados Unidos –lo que da una idea de su privilegiada ubicación– tuvo un recorrido en los últimos 25 años paralelo a los acontecimientos políticos que se sucedieron en el país en ese mismo período. No sólo porque sus tribunas fueron testigo de hechos convertidos en emblemáticos de esta corta historia política –el contrapunto de Raúl Alfonsín con los representantes de la oligarquía y las clases acomodadas en 1988, el alineamiento de Federación Agraria y Coninagro con la Rural en la Mesa de Enlace en 2008–, sino porque la misma sucesión de acuerdos para su explotación marca la secuencia de una relación perversa entre política y negocios en esos años. El decreto que ayer anuló el Gobierno le había cedido la titularidad del terreno a la Sociedad Rural a un precio irrisorio para los valores inmobiliarios de la época. El hecho, innegable, era justificado en 1991 como una transacción “en favor de una asociación sin fines de lucro que, en los hechos, ya está a cargo del predio”. Se aludía, claro, a la Sociedad Rural. Pero eran tiempos de menemismo y la realidad no tardaba en salir a la luz, para quien quisiera verla.
Inmediatamente después de recibir la cesión del predio, la Sociedad Rural buscó conformar una firma comercial que se ocupara de la explotación del predio, es decir que lucrara con éste. El socio elegido fue Raúl Juan Pedro Moneta, a través de dos de sus empresas, Banco República y CEI. El escribano y banquero organizó la tradicional exposición rural anual y otros eventos durante corto tiempo, pero las complicaciones que atravesó en el sector bancario lo alejaron de la Rural. El espacio vacío fue ocupado por Ogden Argentina.
Ogden tenía como representante e impulsor en Argentina a James Cheek, que acababa de dejar su marca como embajador estadounidense en Buenos Aires por su particular estilo. Muchos lo recordarán con la camiseta de San Lorenzo alentando al Cuervo desde las plateas del Bajo Flores o en sus frecuentes encuentros con Menem, a quien no le iba en zaga en cuanto a salidas irónicas y desenfadadas. El simpático y pintoresco gringo dejó la diplomacia para pasar a ser el hombre fuerte de la filial de Ogden Entertainment, firma instalada en Delaware, paraíso o guarida fiscal en territorio estadounidense. En 1995, Sociedad Rural Argentina, entidad sin fines de lucro, concedió el usufructo del predio de doce hectáreas a la unión transitoria de empresas (UTE) constituida, en partes iguales, por La Rural de Palermo SA (de Sociedad Rural en su totalidad) y Ogden Argentina SA, por 30 años. Hasta el 2025.
Un dato no menor quizás, a esta altura de los acontecimientos, es que la UTE se comprometía a hacerse cargo de la deuda con el Estado por el saldo pendiente de la cesión de 1991. Además, asumía la responsabilidad por las obras que debían dar origen a un gigantesco shopping de tres pisos, 18 cines, un teatro, centros de recreación y deportes, parque de diversiones y un estadio deportivo.
La trama de relaciones entre negocios y política se fue poblando, en los años posteriores, de tantos elementos como sospechas. Según la minuciosa descripción de Horacio Verbitsky (“La política de los negocios”, Página/12, 14 de junio de 2009), pese al generoso crédito sin garantía real que obtuvo Ogden Rural del Banco Provincia en 1998, el megaemprendimiento no pudo concretarse. La oposición de vecinos pudo más que los favores de intendentes que, como De la Rúa, buscaron desafectar los terrenos de la Rural de su zonificación como espacio verde. El fin del proyecto prologó el fin de la participación de Ogden. Su reemplazante fue Francisco de Narváez.
El ex heredero de Casa Tía ingresó a la sociedad en 2003 comprando el 50 por ciento de la UTE mediante un vidrioso entramado de operaciones, que Verbitsky describe en la nota aludida. De Narváez habría pagado apenas 500 mil dólares por la transferencia, pero también se hizo cargo de las deudas de Sociedad Rural con el Estado y con Ogden Rural, que había adelantado dos millones de dólares para el pago de cuotas anteriores por la cesión del predio. De Narváez se obligó al pago de 60 mil dólares mensuales como adelanto de utilidades de explotación del predio a la Rural, pero sólo cumplió durante dos años. Además, estaba la deuda con el Banco Provincia. Pero no era su patrimonio personal y pool de empresas lo que De Narváez pensaba poner en juego en el emprendimiento, sino su capital político, que creía para entonces en franco crecimiento.
En 2004, Boulevard Norte, una de las firmas del Grupo De Narváez que intervino en la arquitectura de la operación, compró la participación de La Rural de Palermo SA en la UTE, quedándose así con el total del usufructo del predio. Uno de los compromisos que asumió entonces fue extender hasta el fin de la concesión del usufructo, 2025, el pago del canon de 60 mil dólares mensuales.
Con apoyo de los sucesivos gobiernos municipales (Jorge Telerman primero, Mauricio Macri después), De Narváez confiaba en conseguir la rezonificación que le permitiera retomar el proyecto del gigantesco emprendimiento comercial y de espectáculos. Había convocado para sumarse al proyecto a la mexicana CIE, Corporación Internacional de Entretenimientos, y contaba entre los futuros participantes en el negocio con la desarrolladora CreUrban, originalmente perteneciente al Grupo Macri pero desde hacía pocos años cedida a Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo hermano de Mauricio. Pero, como en el caso de Ogden, las condiciones económicas y políticas no resultaron como De Narváez esperaba. El proyecto político y el comercial iban de la mano. Las sociedades y alianzas, también. De Narváez empezó a ver, desde hace un tiempo, que su barca hacía agua. Empezó a alivianar carga, como el intento apresurado de deshacerse del predio de La Rural. ¿Sabría lo que se venía? ¿Lo habrá logrado?
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210367-2012-12-21.html
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