El PRO parte en contra la Educación Superior gratuita, Michetti se abstuvo.

El PRO parte en contra la Educación Superior gratuita, Michetti se abstuvo.

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Es Ley la Universidad gratuita
El Congreso de la Nación convirtió en ley la gratuidad de la Educación Superior en todo el territorio nacional. El proyecto modificó la Ley de Educación Superior menemista. En Diputados el PRO había votado en contra. Michetti mantuvo esa postura y se fue antes de votar.

Diario Contexto - oct 30, 2015

Por Florencia Abelleira

“Desde hoy, 28 de octubre de 2015, está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la Educación Superior y la gratuidad de los estudios de grado en las Universidades públicas”, expresó la diputada nacional Adriana Puiggrós, luego de que el Senado de la Nación aprobara las modificaciones y convirtiera en ley su propuesta para la Ley de Educación Superior (LES). El PRO se había opuesto y en Diputados votó en contra. Cuando los senadores se dispusieron este miércoles a votar el proyecto para convertirlo en Ley, la compañera de fórmula de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, se retiró del recinto y no votó: es decir, mantuvo aquella postura.

Esta norma, desde su sanción en 1995, dejaba abierta una puerta para el cobro del arancel en las Universidades. Como explicó la diputada del Frente para la Victoria en una entrevista para Radio Universidad, existen todavía Universidades que cobran aranceles para ciertas carreras o tecnicaturas. “Lo que logramos sancionar es una modificatoria de los puntos cruciales de la ley actual, porque establece la responsabilidad del Estado en la totalidad de la Educación Superior, y establece también la gratuidad en la educación pública universitaria y no universitaria de grado”, indicó, y dejó bien claro que todas aquellas Universidades que les cobraban determinada cuota a sus alumnos “van a tener que adecuar sus presupuestos para no cobrar aranceles”.

Respecto de que siguiera vigente ese aspecto, dijo que “es grave porque abre la puerta para el establecimiento del arancel directo, que es lo que quieren algunos sectores, sectores que promueven que la Universidad tenga arancel como hasta hace poco lo tuvo la Universidad chilena”.

La Ley de Educación Superior se sancionó en agosto de 1995, dos años después de la Ley Federal de Educación (LFE), en el marco de una serie de reformas que respondían a las ideas neoliberales establecidas por el Consenso de Washington.

El gobierno de Carlos Menem impulsó la profundización de un modelo social que aceptaba la apertura económica y la lógica del mercado como reguladora de las instituciones del Estado.

La gran contradicción de la LES es que nombra a la educación, en toda la norma, como un servicio y no como un derecho. Además, su artículo 59º inciso “c” dice: “podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas; por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderle por cualquier título o actividad”, no dejando en claro el principio de la gratuidad tal cual lo indica la Constitución Nacional.

Adriana Puiggrós, desde que asumió como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se ha empeñado en luchar por la sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Asimismo, recurrentemente ha dicho que, mientras se dan las condiciones para ese avance, habrá que modificar la que rige desde hace veinte años. También contó en la entrevista emitida por el programa Mañana 1390 que en una época “se cobraban cien dólares de arancel que equivalían a cien pesos, lo que producía que el 30% de los alumnos quedara fuera del sistema educativo”. Para la diputada, esta finalidad terminaba siendo una medida discriminatoria y también ideológica, porque ninguna Universidad puede costear sus costos cobrando aranceles. “Si hoy se pusieran aranceles, habría que cerrar las 17 Universidades nuevas que hemos creado”, opinó.

El cambio por exclusión

octavio frigerio PROLa semana pasada, el candidato a intendente por Cambiemos en San Miguel, Octavio Frigerio, consideró que “la política universitaria que hoy existe es la del más reaccionario y antiprogresista de los subsidios, que es el de la gratuidad, entre comillas, universitaria”. Además, opinó que este sistema genera frustraciones en los jóvenes por la deserción que hay en la actualidad. Dijo que hay que evitar “esta colosal y cuantiosa frustración de tantos jóvenes argentinos que abandonan sus estudios universitarios entre el primer y el segundo año, y que determina que la Argentina sea uno de los países más baja en relación con los egresados y los ingresantes”.


http://www.diariocontexto.com.ar/2015/10/30/es-ley-la-universidad-gratuita/


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Modificación una norma aprobada durante el gobierno de Menem
La reforma a la Ley de Educación Superior garantiza la gratuidad

La reforma a la Ley de Educación Superior, que aprobó el Senado, asegura la gratuidad de la educación en las casas de estudio. El texto establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado y explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad.

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ImprimirEnviar por mailPor: Infojus Noticias
El Senado aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior (LES) que garantiza la gratuidad de la educación en las universidades públicas. El proyecto contaba con el aval de la Cámara de Diputados, y en la sesión del miércoles pasado los senadores sancionaron la reforma que establece la responsabilidad del Estado de garantizar la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.
La ley establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, a través de la modificación de una serie de artículos en la actual Ley 24.521 de Educación Superior. La reforma explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.
La modificación de varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, establece que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".
La nueva norma garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
Elimina el arancelamiento encubierto
Por otra parte, taxativamente prohíbe “cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”. Disposición que obligará a algunas universidades públicas donde existen este tipo de “cuotas” a eliminarlas.
La diputada Adriana Puiggrós (FpV), autora del proyecto, señaló que las universidades no podrán alegar su autonomía para eludir esta ley. “La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional”, le dijo a Página/12.
"La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena", indicó Puiggrós. "Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos", agregó.
Integración y otros mecanismos de auditoría
La ley también instala que la responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas. Los cambios también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".
En otro orden, la nueva norma también establece que la Auditoría General de la Nación disponga de una sección especial dedicada a las universidades, que pueda dar cuenta de las particularidades de la administración universitaria, que no se corresponde con la de otros organismos públicos.
El debate
En la sesión del Senado, la norma fue respaldada en general por todas las bancadas. Sin embargo, al discutirse en particular, desde el radicalismo y el peronismo disidente pidieron la modificación de una expresión en el artículo 2 por entender que su redacción dejaba abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria. El bloque del Frente para la Victoria no aceptó esa modificación. Explicaron que si el proyecto volvía para ser tratado en Diputados y no se trataba de manera inmediata, perdería estado parlamentario.
La modificación tuvo su media sanción en Diputados en 2013, cuando el único bloque que se opuso fue el PRO; entre los legisladores de ese momento estaban la actual candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti, y un firme postulante a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay.
"Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo", apuntó Puiggrós.
En cambio, la sanción fue celebrada por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el gremio Ctera que manifestó que se trata de una medida "que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación" y festejó que "hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior".
MB/PW

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-reforma-a-la-ley-de-educacion-superior-garantiza-la-gratuidad-10375.html


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Viernes, 30 de octubre de 2015

Una garantía para la gratuidad
El Senado aprobó un proyecto del FpV que modifica la Ley de Educación Superior y establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado para con las universidades públicas. El macrismo había votado en contra de la iniciativa en Diputados.




El Congreso aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. Respondiendo a una vieja demanda de estudiantes y docentes, el Senado dio en la sesión del miércoles pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece taxativamente la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. “Esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95”, dijo a Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, autora del proyecto. No obstante, aclaró que esta reforma no suple la necesidad de elaborar una nueva norma que reemplace íntegramente a la existente.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”, términos que no aparecían en el texto anterior, en el que, según sostienen desde los 90 diversos sectores universitarios, subyacen lineamientos mercantilizadores dictados por los organismos financieros internacionales. La ley reformada explicita que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y hace cargo al Estado de garantizar ese derecho.

El bis introducido en el artículo 2 establece, entre otras cosas, “la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”. En este sentido, la diputada Puiggrós señaló que cuando se reglamente la ley se deberán establecer los pasos a seguir para la eliminación de los distintos tipos de cuotas que ya existen en algunas universidades nacionales.

La ley también instala que la responsabilidad del Estado sobre la educación superior implica crear mecanismos de integración con el resto del sistema educativo y con otras casas de altos estudios latinoamericanas, e insta al Estado a “promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. En otro orden de cosas, la nueva norma también establece que la Auditoría General de la Nación disponga de una sección especial dedicada a las universidades, que pueda dar cuenta de las particularidades de la administración universitaria, que no se corresponde con la de otros organismos públicos.

La autora del proyecto indicó que las universidades no podrán alegar su autonomía para eludir esta ley, ya que “la autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional”.

En la sesión del Senado, la norma fue respaldada en general por todas las bancadas. Sin embargo, al discutirse en particular, desde el radicalismo y el peronismo disidente pidieron la modificación de una expresión en el artículo 2 por entender que su redacción dejaba abierta cierta injerencia del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria. Desde el oficialismo no se aceptó la modificación, alegando que si el proyecto volvía a Diputados y no se aprobaba en esa sesión perdía estado parlamentario.

Puiggrós señaló que la senadora del PRO Gabriela Michetti había avisado una semana antes que su partido votaría en contra. Michetti se retiró de la sesión al momento de votar y –según dijo la diputada del FpV– los miembros restantes de su bancada “se disfrazaron como se disfraza Mauricio Macri de nacional popular, de peronista, se quedaron en el recinto y no tuvieron otra que votar a favor, porque hubiera sido un escándalo”.

El macrismo sí votó en contra de la iniciativa cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, en 2013. Los legisladores Federico Pinedo y Eduardo Amadeo (entonces en el Frente el Peronista, hoy en Cambiemos) se opusieron, este último con “un discurso que es una pieza maestra del neoliberalismo”, señaló Puiggrós. Según consta en la versión taquigráfica, en aquella ocasión Amadeo dijo que en la universidad pública argentina “hay invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada” y que, por tanto, “la universidad pública poco a poco va perdiendo su característica de integradora social”, además de ser “ineficiente”. Siguiendo ese razonamiento, se preguntó: “¿Les vamos a seguir regalando la educación?”.

El proyecto recién aprobado tuvo un largo derrotero dentro del Congreso y estaba en el temario del Senado con anterioridad al día en que fue tratado. En este sentido, Puiggrós señaló que su sanción no responde a una lógica electoral “oportunista”, aunque sí podría evaluarse “oportuna”.

Si bien consideró que es la primera vez que se logra “perforar” la LES menemista, afectando sus “puntos neurálgicos”, la especialista en educación señaló que esto no excluye la necesidad de crear una nueva ley, que contemple “un verdadero sistema universitario, acorde a la nueva generación de estudiantes, con una mirada nacional, popular democrática y no neoliberal”.

Para la diputada, el proyecto votado anteayer transparenta “una voluntad de la sociedad” y advierte que la gratuidad universitaria es un tema que “importa y preocupa”. En ese sentido, celebró que ahora sea ley, porque hace mucho más difícil cualquier intento de volver atrás sobre este derecho.

Informe: Delfina Torres Cabreros.

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-285011-2015-10-30.html

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El Congreso estableció por ley la gratuidad de la educación universitaria
El Congreso estableció por ley la gratuidad de la educación universitaria
octubre 30
01:18
2015
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Este miércoles el Senado dio sanción definitiva a la modificación de varios artículos de la Ley 24.521 de Educación Superior aprobada en 1995. Entre los más destacados figura el reemplazo del artículo 2° que a partir de ahora garantiza el carácter público y gratuito de la enseñanza universitaria.

El texto aprobado sostiene ahora que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.

Asimismo se aclara para que no queden dudas que “los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. La nueva legislación prohibe a las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal “suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

En sus fundamentos, la modificación de la normativa apunta que “la vigente ley 24.521, de Educación Superior, deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso”.

Esto se da tanto “en su letra al no prohibir explícitamente la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes de Licenciatura, Profesorados u otros títulos profesionales al tiempo que propicia mecanismos de exclusión eliminatoria”, como así también “en el espíritu total del Sistema que estatuye y conforma”.

La diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria), impulsora del proyecto, explicó a Télam que “la ley menemista [de 1995] creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena”.

“Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos”, agregó Puiggrós.

En 2013 se le había dado media sanción en Diputados. En aquella sesión el único bloque que se opuso fue el PRO que contaba entre sus filas con Gabriela Michetti (actual candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri) y Alfonso Prat Gay, entre otros.

“Hace 15 días el PRO ya había adelantado que tampoco iba a acompañar el proyecto en el Senado pero ahora que modificaron su discurso tuvieron que votar a favor, aunque Michetti directamente se fue del recinto para no votarlo”, subrayó Puiggrós.

La aprobación del proyecto fue celebrada por gremios docentes y estudiantiles que desde hace años venían exigiendo que se modifique la ley aprobada durante el neoliberalismo.

El gremio Ctera manifestó que se trata de una medida “que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación” y festejó que “hoy podemos decir ´es ley´ la gratuidad de la Educación Superior”.

Por su parte, la Corriente Universitaria La Mella, que actualmente preside la Federación Universitaria de Buenos Aires y la Federación Universitaria de La Plata, señaló que “es una conquista histórica que demuestra una vez más que la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Conquista que nos deja en mejores condiciones para luchar por derogar la Ley de Educación Superior y construir una Universidad para el pueblo”.

“La aprobación de la ley de gratuidad es sin duda un avance importantísimo en la construcción de una Universidad realmente Pública e inclusiva, por eso festejamos con ímpetu lo sucedido”, añadieron.

http://notas.org.ar/2015/10/30/congreso-establecio-gratuidad-educacion-universitaria/


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Michetti, arrepentida: "No voté la ley de matrimonio igualitario porque me hacía ruido"
La candidata a la vicepresidencia por Cambiemos dijo estar arrepentida de su votación respecto de esa legislación.

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29/10/2015 | 14:45
Michetti se desdice de sus opiniones sobre el matrimonio igualitario.
Michetti se desdice de sus opiniones sobre el matrimonio igualitario. | Foto: Cedoc
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Ganó Duran Barba
En 2010 se trató y aprobó en ambos cámaras legislativas del Congreso la ley del Matrimonio Igualitario. De esta manera se sumó a la normativa argentino una norma de trascendencia que cambió la vida de muchas personas. Una de las legisladores que votó en contra de esta medida fue la entonces diputada Gabriela Michetti. Hoy, esto parece haber quedado en el pasado.

En una entrevista con el programa La mesa está lista, por El Trece, la actual senadora y candidata a la vicepresidencia de la Nación aseguró estar "arrepentida" de su elección.

"No voté la ley de matrimonio igualitario porque me hacía ruido, pensé en los hijos que podían adoptar", comentó la legisladora.

Para Michetti, una "preocupación" eran los hijos que las parejas homosexuales pudieran adoptar. Sin embargo, la senadora argumentó que luego de un tiempo comenzó a pensar en su votación y en darse cuenta que se había equivocado.

Archivo | Matrimonio gay: cómo votó cada Diputado
"Esa ley me generó algo muy fuerte internamente. Fue muy difícil", se justificó.

El 15 de julio de 2010 Argentina dio una histórica sanción a la ley de matrimonio igualitario. Lo hizo después de una maratónica sesión en el Senado que duró 15 horas. Fue por 33 votos a favor y 27 en contra. Con la sanción, Argentina pasó a ser el noveno país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
http://www.perfil.com/politica/Michetti-arrepentida-No-vote-la-ley-de-matrimonio-igualitario-porque-me-hacia-ruido-20151029-0028.html