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DOMINGO, 29 DE MARZO DE 2015
DEBATE › EXPANSION DE LA RED DE GENERACION Y TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD
Inversiones energéticas
A partir de 2003 se han concretado el Plan Federal de Transporte Eléctrico I y el Plan Federal de Transporte Eléctrico II. El objetivo fue lograr la interconexión de todas las regiones eléctricas de Argentina.
Por Gustavo Alvarez *
Entre 1991 y 1994 se diseñó y ejecutó la privatización del sistema eléctrico. Se dividió en tres subsistemas: Generación, Transporte y Distribución. La falacia es conocida: la privatización traería consigo las inversiones privadas que permitirían la mejora del sistema.
Para el caso del subsistema de Transporte (las líneas de alta tensión que conectan las fuentes de generación con las distribuidoras), la privatización preveía que las necesarias obras de ampliación serían financiadas por las empresas generadoras y/o las empresas distribuidoras. Se dejaba así a millones de argentinos librados a la lógica del dios mercado: cuando una obra fuera notoriamente “rentable” (en términos de ganancia de la empresa privada), se suponía que el generador, o el distribuidor –o ambos– invertirían para su concreción.
Sobre el derecho de los habitantes –fuera cual fuera su lugar de residencia– a contar con electricidad, no se decía mucho. Acerca de un desarrollo armónico de la potencialidad económica de las distintas regiones de la Argentina tampoco había nada.
En realidad el esquema privatizador respondía a la idea general del desgobierno de los ’90: un país para muy pocos, sin industria y sin la mayoría de la población con acceso al consumo.
¿Para qué llevar electricidad, en forma suficiente, al Noreste si muy pocos tenían acceso a los electrodomésticos? ¿Para qué llevar electricidad al Noroeste si no había radicación de industrias? ¿Para qué reforzar el suministro al conurbano, si los sectores populares –la mayoría– no alcanzaban a pagar el consumo domiciliario? ¿Para qué interconectar a la Patagonia, si ahí sólo hay viento y hace frío?
El tiempo se encargó de dejar totalmente al descubierto la falacia: para 2003 las inversiones no habían llegado, y lo poco que se había hecho fue financiado fundamentalmente por el Estado.
En los primeros diez años de la privatización casi no hubo inversión privada en la red de transporte, pese a que habían venido gestionando los ocho “ex secretarios de Energía” (esos que aparecen ahora criticando al actual modelo).
La vuelta del Estado
Esa falta de inversión privada llevó al Estado nacional, a partir de 2003 y por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a intervenir activamente a fin de concretar primero el Plan Federal de Transporte Eléctrico I y, luego, el Plan Federal de Transporte Eléctrico II con el objetivo de lograr la interconexión de todas las regiones eléctricas de Argentina, incluido el Sistema Patagónico (NOA-NEA; Comahue-Cuyo; Tercera Línea Yacyretá; Patagonia; San Juan-Mendoza; Catamarca-La Rioja; Rosario Oeste-Río Coronda).
La construcción de estas nuevas líneas de extra alta tensión no sólo lleva energía a regiones históricamente postergadas sino que avanza hacia un Sistema Interconectado anillado –en contraposición con el sistema radial existente hasta 2003– que brinda mayor seguridad eléctrica en todo el territorio y posibilita el desarrollo económico en todas las provincias.
Las obras se financiaron casi en su totalidad con fondos públicos.
Los datos
En los primeros diez años de la privatización (1994-2003) del Sistema de Transporte, las líneas del Sistema de Extra Alta Tensión se ampliaron en 2226 kilómetros.
En los siguientes diez años (2004-2013), a partir de la decidida iniciativa y financiamiento del Estado, las ampliaciones alcanzaron los 4657 kilómetros.
Ello significó el 67,7 por ciento del total de las expansiones desde 1994 hasta 2013.
El mayor crecimiento de la red se concentró, especialmente, en los últimos seis años (2008-2013), que representan el 62,5 por ciento del total de los últimos veinte años.
En el caso de la potencia instalada en el Sistema de Extra Alta Tensión, en los últimos diez años se duplicó lo que se había hecho en los primeros diez años de la privatización.
Así, mientras en el período 1994-2003 la potencia se amplió en 2250 MVA; en el período 2004-2013 se amplió en 5600 MVA.
Dicha ampliación representa el 71,3 por ciento del total de las ampliaciones desde 1994.
En el ámbito de la Distribución Troncal (dentro de cada provincia y/o región), el crecimiento de las redes en el período 2004-2013 fue de 2680 kilómetros, representando el 50,6 por ciento del total de los últimos veinte años. Si se suma la Patagonia (incorporada al Sistema Interconectado Nacional en 2006) las ampliaciones llegan a los 5384 kilómetros (67,3 por ciento del total).
En el mismo período, el crecimiento de la potencia instalada fue de 6652 MVA, que representa el 68,5 por ciento del total de las ampliaciones desde 1994. Es decir que en los últimos diez años se triplicó lo que se había hecho en los diez años anteriores.
Respecto de los montos invertidos, se observa que en los primeros diez años posteriores a la privatización (1994-2003), el total de las inversiones –públicas y privadas– realizadas en la ampliación de la red de transporte es de 859,7 millones de pesos (a valores constantes expresados en pesos de 2001). Ello representa sólo el 23,1 por ciento de la inversión total en el período 1994 a 2013, inclusive.
Por el contrario, en los diez años siguientes (2004-2013), la inversión alcanzó a los 2857 millones de pesos (siempre a valores constantes expresados en pesos de 2001).
Ello significa que en los últimos diez años, se ejecutó el 76,9 por ciento del monto total que se ha invertido en ampliación de la red.
Asimismo, se puede verificar que mientras el promedio anual de inversión en los diez primeros años fue de 85,9 millones de pesos, en los siguientes diez años el promedio anual de inversión se incrementó notablemente, hasta los 285,7 millones de pesos.
Es decir que, a partir de 2003, se triplicó el promedio anual de inversión (a valores constantes) en la ampliación de la capacidad de transporte, financiada fundamentalmente con aportes del Tesoro Nacional.
En matemáticas diez es igual a diez. En política, las concreciones de diez años de este gobierno son el doble –o más– que en diez años de neoliberalismo.
* Secretario de Formación Política. Mesa Directiva de la Provincia de Buenos Aires. Partido Intransigente.
* Elaboración propia en base a información pública oficial.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/40-8389-2015-03-29.html
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ELECTRICAS
08.12.2015
Edenor y Edesur presionan a Macri para que les saque a los directores del Estado
Por Antonio RossiLas distribuidoras quieren volver al esquema regulatorio de los noventa y manejar las obras.
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Edenor y Edesur presionan a Macri para que les saque a los directores del Estado
Por Antonio RossiLas distribuidoras quieren volver al esquema regulatorio de los noventa y manejar las obras.
Enfrentadas desde sus orígenes en la década del 90 y siempre atentas a que sobresalgan los contratiempos sufridos por la otra parte, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur—las dos más grandes del país por cantidad de usuarios y facturación—tienen ahora un objetivo común: lograr que el gobierno de Mauricio Macri restablezca las reglas de juego originales del negocio eléctrico.
25.11.2015El desguace de Planificación, un sistema funcional al liderazgo de Nicky Caputo
05.12.2015Primeros roces de Aranguren, por el desplazamiento de Melconian, Apud, Lapeña y Montamat
Tras la confirmación de Juan José Aranguren como futuro ministro de Energía y Minería, los directivos de ambas empresas comenzaron a mover sus fichas e influencias para que el tema eléctrico figure en la lista de prioridades de la gestión macrista.
Sin hacer ruido y lejos de la mirada de los funcionarios kirchneristas, tanto Marcelo Mindlin (de Pampa Energía, el dueño mayoritario de Edenor), como Maurizio Bezzecheri (el CEO regional de ENEL que pilotea Edesur) ya habían manifestado antes del ballotage su preferencia por Macri, convencidos de que su llegada a la Casa Rosada podía facilitar la adopción de las medidas de fondo que se necesitan para reordenar el sector.
Los timoneles de Edenor y Edesur confían en que la próxima administración aportará las soluciones a los tres problemas más significativos que arrastran desde varios años por las medidas y parches que fueron implementando los ministros de Planificación, Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof.
La primera cuestión saliente gira en torno de la “normalización contractual” de las concesiones y la “actualización del VAD” (Valor Agregado de Distribución) que es su principal fuente de ingresos.
La herencia de Kirchner y Kicillof
En materia contractual, lo que deberán resolver las futuras autoridades es si mantienen en pie las “renegociaciones” que el ex presidente Néstor Kirchner había acordado y aprobado con ambas empresas a fines de 2006.
Esos contratos establecieron metas anuales de inversión y una “revisión tarifaria integral” que nunca se llevaron a la práctica. Lo único que llegó a aplicarse y siempre en forma tardía han sido los “reconocimientos de mayores costos operativos” que las empresas cobraron vía subsidios y compensaciones.
La nueva administración tendrá que readecuar los plazos y compromisos fijados en esas “renegociaciones” o fijar otras reglas de juego con la firma de nuevos contratos que establezcan los futuros niveles de inversión y los aumentos de tarifas para el corto y mediano plazo.
El segundo punto crítico para las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana pasa por eliminación de los “veedores internos” que tienen en sus directorios.
El dueño de Edenor, Marcelo Mindlin y el minstro de Planificación, Julio de Vido.
En el caso de Edenor, la presencia estatal se da por medio de los cinco directores que representan a la ANSES y que fueron puestos por Kicillof. Se trata de Emmanuel Alvarez Agis, Eduardo Setti, Santiago Durán Cassiet, Juan Cuatromo y Eduardo Endeiza. Si bien el Gobierno seguirá siendo dueño de las acciones clase B y C, lo que espera el grupo Mindlin es que Aranguren envíe a otros directores estatales menos ideologizados y más consustanciados con la situación de la compañía.
En tanto, por el lado de Edesur la intromisión estatal está dada por el vicepresidente del ENRE, Luis Barletta a quien De Vido designó como “interventor” en la empresa a mediados de 2012. En este caso, los accionistas italianos y locales entienden que esa presencia no tiene sentido y que el nuevo ministro del área debería darle de baja.
Controlar las obras
El tercer asunto relevante que tienen en carpeta las distribuidoras es la recuperación plena del manejo de las obras de expansión y mantenimiento del servicio.
Junto con el congelamiento tarifario, en los últimos años el Ministerio de Planificación les fue quitando la administración de las obras. Las empresas se quedaron con una parte de los trabajos y otra parte fue canalizada en forma directa por la cartera de De Vido y por la vía de los municipios.
La intención de Edenor y Edesur es retomar el control de las obras que hoy maneja el Estado, para maximizar el manejo de la caja de las compañías.
Ahora la intención de Edenor y Edesur es retomar el control integral de las obras en lo que respecta a la selección de los contratistas, los mecanismos de adjudicación y –fundamentalmente— en las condiciones de pago que permiten orientar y maximizar el manejo de la “caja”.
Por último, en el caso de Edesur existe un aspecto que puede generar polémica y ser usado políticamente por la futura oposición kirchnerista para cuestionar cualquier medida que suene favorable para la distribuidora.
Se trata de la presencia de la empresa de Nicolás Caputo –el mejor amigo y principal asesor económico de Macri—en el grupo SADESA, el socio local de ENEL.
Caputo —quien jugará un rol clave en la administración de Macri como consultor en las sombras y virtual coordinador del plan de obras públicas—comparte el manejo de SADESA con las familias Bemberg-Miguens y Escasany.
http://www.lapoliticaonline.com/nota/94539/
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Domingo, 24 de Enero, 2016
El Gobierno amenaza con quitarles la concesión a Edenor y Edesur
Capitanich exigió que las empresas atiendan en forma urgente los reclamos de los usuarios. Podrán aplicarles multas por incumplimiento de contrato
El Gobierno amenazó ayer a las empresas Edesur y Edenor con quitarles las concesiones de la distribución de la energía eléctrica en Capital Federal y el Gran Buenos Aires si no atienden con urgencia los reclamos de los usuarios por los cortes en el suministro.
"Si no son capaces de prestar el servicio, entonces el Estado nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Vamos a actuar, por orden expresa de la presidenta Cristina Kirchner, con todo el rigor de la ley y la responsabilidad del Estado", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El funcionario se reunió ayer a la tarde en la Casa Rosada con representantes de las empresas, donde "no se les dio ningún plazo, sino que se les exigió que respondan inmediatamente" a los cientos de usuarios que siguen sin energía y llaman a las compañías "sin lograr que atiendan sus reclamos".
Varias zonas de la Capital y el Gran Buenos Aires vienen sufriendo cortes imprevistos debido a que el sistema colapsa por una demanda de energía récord ante la ola de calor que afecta a toda la región, una situación similar a la que ocurre en el resto del país.
Tras la reunión, Capitanich brindó una conferencia de prensa junto a Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación, y a Luis Barletta, vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Energía (Enre).
El Gobierno prevé comenzar a aplicar multas por incumplimiento del contrato de concesión y exigir el resarcimiento que le corresponde a cada uno de los damnificados, tanto para los usuarios residenciales como para los comercios que perdieron mercaderías.
Según Capitanich, el Gobierno puso en marcha el 2 de diciembre un operativo de asistencia a los damnificados de la zona metropolitana con la distribución de unos 2 millones de litros de agua y de generadores de energía.
"Hemos comunicado la necesidad de resolver en manera inmediata los problemas que padecen los usuarios de la Capital y el conurbano bonaerense. No se les dio ningún plazo, se les exigió que lo hagan en forma inmediata", dijo el funcionario.
Capitanich indicó que los 2,5 millones de usuarios deben saber que "los responsables de los cortes de energía eléctrica son Edenor y Edesur y por ello deben responder ante las falencias en sus servicios".
"Observamos una estrategia deliberada, esto es la omisión de hacerse cargo por parte de las empresas y esto hace que los reclamos sean contra el Estado nacional", dijo Capitanich al pasarle toda la responsabilidad de resolver los problemas con la red eléctrica a las empresas.
En la mañana, el jefe de los ministros había insistido en que las empresas Edenor y Edesur "tienen que cumplir el servicio" y ocuparse de "la comunicación con los clientes y usuarios" ante los cortes de luz, y también había descartado una "confrontación" con Julio De Vido por "cortes preventivos".
http://www.puntal.com.ar/imprimir_noticia_portal.php?id=130972
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Marco Legal Segba
http://mepriv.mecon.gov.ar/segba/marco.htm
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LEY 23.696
Sancionada: agosto 17 de 1989
Promulgada: agosto 18 de 1989
CAPITULO I
DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA
ARTICULO 1º.- DECLARACION.- Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. Esta ley es aplicable a todos los organismos mencionados en este artículo, aún cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a aquellos entes en los que el Estado Nacional se encuentre asociado a una o varias provincias y/o municipalidades, siempre que los respectivos gobiernos provinciales y/o municipales presten su acuerdo. Este estado de emergencia no podrá exceder de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarlo por una sola vez y por igual término.
ART. 2º.- INTERVENCIONES Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer por un plazo de 180 días, prorrogables por una sola vez y por igual término la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos. Exclúyese expresamente a las universidades nacionales del régimen de intervención establecido en el presente artículo.
ART. 3º.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR: LAS funciones y atribuciones del Interventor serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas, otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponde al Interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente. A tal fin, el Interventor podrá disponer, cuando lo estimare necesario, se mantenga o no en el cargo o función, el despido o baja del personal que cumpla con funciones de responsabilidad y conducción ejecutiva en el ente, empresa o sociedad intervenida, se encuentre o no en ejercicio efectivo del cargo o función. En cualquier caso, la indemnización a reconocer será idéntica a la prevista en los artículos 232, 245 y concordantes y complementarios de la Ley 20 744 y sus modificatorias sin perjuicio de la aplicación de indemnización superior cuando ellas, legal o convencionalmente correspondan, en el desempeño de su gestión el Interventor deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Nacional, o en su caso, el Ministro o Secretario del que dependa. Será designado también un Sub-Interventor con funciones gerenciales y de suplencia del Interventor cuando ello fuere necesario. El Interventor estará facultado para realizar delegaciones de su competencia en el Sub-Interventor.
ART. 4º.- FACULTADES DEL MINISTERIO: El Ministro que fuere competente en razón de la materia, o los Secretarios en quienes aquél delegue tal cometido, se encuentran expresamente facultados para abocares en el ejercicio de la competencia de los interventores aquí previstos. Asimismo, mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano Ministro la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate, pudiendo a tal fin disponer y realizar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso solicitando el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en los lugares donde se ejercite tal actividad empresaria o administrativa.
ART. 5º.- ORGANOS DE CONTROL En todos los casos quedarán subsistentes los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas de la Nación y SIGEP (Sindicatura General de Empresas Públicas), los que cumplirán sus cometidos según su normativa específica. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, según la propuesta del órgano respectivo, cuando así corresponda.
ART. 6º.- TRANSFORMACIONES: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para transformar la tipicidad jurídica de todos los entes, empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, y por el término establecido en el artículo 1 de la presente ley.
ART. 7º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para disponer por acto fundando la creación de nuevas empresas sobre la base de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando cometidos, organización y funciones u objetos sociales de las empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, efectuando en su caso las correspondientes adecuaciones presupuestarias, sin alterar los montos máximos autorizados, y sin comprometer avales y/o garantías oficiales.
CAPITULO II
DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO
ART. 8º.- PROCEDIMIENTO Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley.
Cuando el Estado Nacional y/o sus entidades, cualesquiera sea su personalidad jurídica, fuesen propietarios de acciones o de participación de capital en sociedades en las que no les otorgue la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de la respectiva entidad, dichas acciones o participaciones de capital podrán ser enajenados aplicando los procedimientos previstos en esta ley, sin que se requiera en tales casos, la declaración aquí regulada.
ART. 9º.- La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza.
Sin perjuicio del régimen establecido precedentemente, por esta ley se declaran "sujeta a privatización a los entes que se enumeran en los listados anexos.
ART. 10.- ALCANCESE: El acto que declare "sujeta a privatización" puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada. Con el mismo régimen que el indicado en el artículo anterior, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.
ART. 11.- FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" conforme con las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta facultad se establecerán, en cada caso, las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán.
Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo Nacional, en áreas que considere de interés nacional se reservará en el pliego de condiciones la facultad de fijar las políticas de que se trate.
En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización.
En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera construcciones, edificios u otros elementos de reconocido valor histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la norma para su preservación en el procedimiento de privatización.
ART. 12.- En las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca parcialmente al Estado Nacional, la facultad otorgada en el artículo 11 se limita a la proporción perteneciente al Estado Nacional. La liquidación de las mismas sólo podrá llevarse a cabo cuando el Estado Nacional sea titular de la proporción de capital legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital.
ART. 13.- AUTORIDAD DE APLICACION: Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de esta ley, el Ministro en cuya jurisdicción se encuentre el ente a privatizar.
ART. 14.- COMISION BICAMERAL: Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna.
Dicha Comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.
Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento.
Asimismo el tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.
ART. 15.- ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO Para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación o en forma directa en su caso, podrá:
1) Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización".
2) Constituir sociedades: transformar, escindir o fusionar los entes mencionados en el inciso anterior.
3) Reformar los estatutos societarios de los entes mencionados en el inciso 1 de este artículo.
4) Disolver los entes jurídicos preexistentes en los casos en que por transformación, escisión, fusión o liquidación, corresponda.
5) Negociar retrocesiones y acordar la extinción o modificación de contratos y concesiones, formulando los arreglos necesarios para ello.
6) Efectuar las enajenaciones aun cuando se refieran a bienes, activos o haciendas productivas en litigio, en cuyo caso el adquirente subrogará al Estado Nacional en las cuestiones, litigios y obligaciones.
7) Otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales, así como las que aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convenga para facilitar la operación. En el otorgamiento de las concesiones, cuando medien razones de defensa nacional o seguridad interior, a criterio de la Autoridad de Aplicación, se dará preferencia al capital nacional. En todos los casos se exigirán una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y la rentabilidad.
8) Acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en ningún caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción industrial, regional o sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el tipo de actividad que aquélla desarrolle o para la región donde se encuentra radicada.
9) Autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen por aplicación de esta ley. Los diferimientos referidos alcanzarán a todos los créditos, cualquiera sea su naturaleza, de los que sean titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado Nacional. Las sumas cuyo cobro se difiera, quedarán comprendidas en el régimen de actualización correspondiente a cada crédito de acuerdo a su naturaleza y origen y, en ausencia del régimen aplicable, al que determine el Poder Ejecutivo Nacional. En todos los casos las quitas, remisiones o diferimientos a otorgar, así como su régimen de actualización deberán formar parte de los pliegos y bases de licitación cualesquiera fueran las alternativas empleadas para ello.
10) Establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y/o de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la presente, puedan capitalizar sus créditos.
11) Dejar sin efecto disposiciones estatutarias o convencionales que prevean plazos, procedimientos o condiciones especiales para la venta de acciones o cuotas de capital, en razón de ser titular de éstas el Estado o sus organismos.
12) Disponer para cada caso de privatización y/o concesión de obras y servicios públicos que el Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de la contratación.
13) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento necesario o conveniente para cumplir con los objetivos de la presente ley.
ART. 16.- PREFERENCIAS: El Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", cuando los adquirentes se encuadren en alguna de las clases que se enumeran a continuación; salvo que originen situaciones monopólicas o de sujeción:
1) Que sean propietarios de parte del capital social.
2) Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.
3) Que sean usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.
4) Que sean productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituya la actividad del ente a privatizar, organizados en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.
5) Que sean personas físicas o jurídicas que aportando nuevas ventas relacionadas con el objeto de la empresa a privatizar, capitalicen en acciones los beneficios, producidos y devengados por los nuevos contratos aportados.
ART. 17.- MODALIDADES: Las privatizaciones reguladas por esa ley podrán materializarse por alguna de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa:
1) Venta de los activos de las empresas, como unidad o en forma separada.
2) Venta de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.
3) Locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.
4) Administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta.
5) Concesión, licencia o permiso.
ART. 18.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION: Las modalidades establecidas en el artículo anterior, se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificado en cada caso, por la Autoridad de Aplicación, mediante acto administrativo motivado.
1) Licitación Pública, con base o sin ella.
2) Concurso Público, con base o sin ella.
3) Remate Público, con base o sin ella.
4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País.
5) Contratación Directa, únicamente en los supuestos de los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 16 de la presente. Cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar, la contratación directa sólo procederá en la parte en que los mismos participen.
La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
ART. 19.- TASACION PREVIA En cualquiera de las modalidades del artículo 17 de esta ley se requerirá la tasación que deberá ser efectuada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. En el caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, lo que deberá quedar acreditado por autoridad competente en informe fundado, se autoriza a efectuar las Contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección previsto en el artículo 18 de la presente ley. En cualquier caso la tasación tendrá carácter de presupuesto oficial.
ART. 20.- CONTROL El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, según sus respectivas áreas de competencia, tendrán intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de formular las observaciones y sugerencias, que estime pertinentes. El plazo dentro del cual los órganos de control deberán expedirse será de DIEZ (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se continuará la tramitación debiendo devolverse las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente. En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley y al Ministro competente quien se ajustará a ellas o, de no compartirlas, elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
CAPITULO III
DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
ART. 21.- El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización", podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un "Programa de Propiedad Participada" según lo establecido en los artículos siguientes.
ART. 22.- SUJETOS ADQUIRENTES Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los enumerados a continuación:
a) Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias.
b) Los usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar.
c) Los productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituye la actividad del ente a privatizar.
ART. 23.- ESTRUCTURA Y REGIMEN JURIDICO El ente a privatizar según el Programa de Propiedad Participada deberá estar organizado bajo la forma de Sociedad Anónima. En caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo Nacional hará uso de facultades que le otorga esta ley para el cumplimiento de este requisito.
ART. 24.- El capital de la Sociedad Anónima estará representado por acciones, todas con derecho a voto según las condiciones de su emisión. En caso de ser necesario, se podrán emitir acciones totalmente nuevas en reemplazo de las existentes, haciendo uso de las facultades que otorga esta ley.
ART. 25.- Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurran adquirentes de distintas clases, sea entre los enumerados en el artículo 16 de esta ley, sea con inversores privados, todas las acciones serán del mismo tipo para todas las clases de adquirentes.
ART. 26.- A través del Programa de Propiedad Participada, cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. La proporción accionaria que le corresponderá a cada uno, será determinada en relación directa al coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse aún en los futuros aumentos de capital.
ART. 27.- La Autoridad de Aplicación elaborará un coeficiente de participación para cada clase de adquirente, adecuado a cada proceso de privatización, de acuerdo con lo establecido en este artículo.
a) Para el caso de los empleados adquirentes el coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría el ingreso total anual del último año, actualizado.
b) Para el caso de los usuarios adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo del valor actualizado de la producción del último año. Para el caso de productores adquirentes individuales, el coeficiente será también representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el productor adquirente sea una empresa, el coeficiente será también representativo del total de salarios pagados durante el último año, actualizado.
c) Para el caso de los productores-adquirentes, el coeficiente deberá ser representativo de las cargas de familia. Para el caso de que el productor-adquirente sea una empresa, el coeficiente será también representativo del total de salarios pagados durante el último año, actualizado.
ART. 28.- Para cada clase de adquirentes, la asignación del coeficiente deberá ser resultado de la aplicación uniforme de la misma fórmula de determinación para todos y cada uno de ellos. Cuando en un Programa de Propiedad Participada concurran adquirentes de distintas clases de las enumeradas en el artículo 16 de esta ley, la Autoridad de Aplicación, al elaborar los coeficientes, establecerán explícitamente los criterios de homologación entre los coeficientes correspondientes a cada clase.
ART. 29.- En los Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19 550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia.
ART. 30.- El precio de las acciones adquiridas a través de un Programa de Propiedad Participada será pagado por los adquirentes en el número de anualidades y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia conforme con lo establecido en esta ley, que no debe entenderse como limitativo de otros modos de pago que pudieren acordarse.
ART. 31.- En el caso de los empleados adquirentes, se destinarán el pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesario. Para el caso de que éstos resultaran insuficientes, se podrá destinar hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación en las ganancias instrumentada en el bono previsto en el artículo 29 de esta ley.
ART. 32.- En el caso de los productores adquirentes, se podrá destinar al pago de las acciones hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la producción anual que se elabore en el ente a privatizar. Para el caso de que resultara insuficiente, se podrá destinar el pago hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los dividendos anuales.
ART. 33.- En el caso de los usuarios adquirentes, se destinará al pago de las acciones un porcentaje que se adicionará a la facturación de los servicios utilizados o los consumos efectuados. Para el caso de que resulte insuficiente, se podrá destinar el pago hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los dividendos anuales.
ART. 34.- Como garantía de pago, los adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada constituirán una prenda sobre las acciones objeto de la transacción, a favor del Estado vendedor o de la Autoridad de Aplicación, en su caso. A ese efecto, las acciones se depositarán en un banco fideicomisario.
ART. 35.- La Sociedad Anónima privatizada, depositará en el banco fideicomisario los importes destinados al pago de las acciones previstos en el Acuerdo General de Transferencia y en los artículos 30, 31, 32 y 33 de esta ley. El banco pagará al Estado vendedor o a la Autoridad de Aplicación, en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.
ART. 36.- Con el efectivo pago de cada anualidad, se liberara de la prenda prevista en el artículo 34 de esta ley la cantidad de acciones ya pagadas. Las acciones liberadas serán distribuidas por el banco considerando, en función del coeficiente que a cada uno le corresponda según lo establecido en los artículos 27 y 28 de esta ley.
ART. 37.- Las acciones pagadas, Liberadas de la prenda y asignadas a los adquirentes por el procedimiento establecido en el artículo anterior, serán de libre disponibilidad para su propietario, salvo las limitaciones establecidas en el Acuerdo General de Transferencia, las condiciones de emisión o convención en contrario.
ART. 38.- Mientras las acciones no hayan sido pagadas ni liberadas de la prenda, su manejo será obligatoriamente sindicado. El ejercicio de los derechos políticos emergentes de las acciones objeto de un Programa de Propiedad Participada, será regulado por un Convenio de Sindicación de Acciones suscrito por todos los sujetos adquirentes, según lo establecido en este artículo.
a) Los Convenios de Sindicatura de Acciones se adecuarán a las condiciones de cada Programa de Propiedad Participada en concreto, pudiendo establecerse reglas específicas para cada clase de adquirente enumerada en el artículo 22.
b) Los convenios de Sindicación de Acciones establecerán la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos.
c) Los Convenios de Sindicación de Acciones establecerán la obligación de designar por mayoría de acciones sindicadas, un representante o síndico para que ejerza el derecho de voto de todos en las Asambleas de la Sociedad Anónima.
ART. 39.- Una vez cumplidos los recaudos del artículo 37 de esta ley la sindicatura será facultativa, según las condiciones de emisión, las disposiciones del Acuerdo General de Transferencia y otras normas convencionales.
ART. 40.- En los casos en que la adquisición de un ente a privatizar concurran adquirentes comprendidos en un Programa de Propiedad Participada con otro tipo de inversores privados, en el Acuerdo General de Transferencia podrán establecerse mecanismos consensuales independientes de las proporciones relativas de votos entre los distintos grupos de adquirentes, para la adopción de ciertas decisiones esenciales, como la designación del Directorio y de los cuadros superiores de la empresa.
CAPITULO IV
DE LA PROTECCION DEL TRABAJADOR
ART. 41.- PROTECCION DEL EMPLEO Y SITUACION LABORAL En los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones de esta ley, por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus artículos 17 y 18, deberá tenerse en cuenta como criterios en el diseño de cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable y suficiente. A tal efecto, las organizaciones sindicales representativas del sector correspondiente, podrán convenir con los eventuales adquirentes y la Autoridad de Aplicación mecanismos apropiados.
ART. 42.- Durante el proceso de privatización ejecutado según las disposiciones de esta ley, por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus artículos 17 y 18 el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del Derecho del Trabajo.
ART. 43.- ENCUADRAMIENTO SINDICAL: El proceso de privatización por sí, no producirá alteraciones o modificaciones en la situación, encuadramiento y afiliación en materia sindical de los trabajadores de un ente sujeto a privatización, salvo resolución de la autoridad competente en esa materia.
ART. 44.- SEGURIDAD SOCIAL Los trabajadores de un ente sometido el proceso de privatización establecido en esta ley, mantienen sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social. Las obligaciones patronales, pasan al ente privatizado.
ART. 45.- La condición de empleado adquirente comprendido en un Programa de Propiedad Participada no implica para el trabajador en tanto tal independientemente de su condición de adquirente modificación alguna en su situación jurídica laboral. En consecuencia le son aplicables sin discriminación alguna las previsiones de los artículos 41, 42, 43 y 44 de esta ley.
CAPITULO
DE LAS CONTRATACIONES DE EMERGENCIA
ART. 46.- Durante el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la vigencia de la presente, prorrogable por igual período y por una sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional, los órganos y entes indicados en el artículo 1, previa resolución fundada del órgano competente para contratar que justifique la aplicación al caso del régimen aquí establecido, estarán autorizados a contratar sin otras formalidades que las que se prevén a continuación, la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, concesiones, permisos y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia. Los procedimientos de contratación en curso podrán continuar según su régimen o ser extinguidos o transformados para su prosecución según el procedimiento aquí previsto. En cualquier caso se aplicará lo dispuesto en los incisos c), d) y e) del artículo 47.
ART. 47.- PROCEDIMIENTO Este procedimiento de contratación de emergencia estará sujeto a los siguientes requisitos:
a) El órgano o ente contratante deberá solicitar la presentación de por lo menos DOS (2) ofertas o cotizaciones a empresas reconocidas, cuando ello resulte posible.
b) Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado precedente, se recibirán otras ofertas espontáneas, a cuyo efecto, el órgano o ente contratante deberá publicar en cartelera e informar a las Cámaras empresarias respectivas las bases del requerimiento.
c) Si la contratación no superare el monto de unidades de contratación que determine la reglamentación, el órgano o ente contratante podrá disponer la adjudicación y perfeccionamiento del contrato, sin requerirse la intervención previa de los órganos de control externo.
d) En caso de que el monto superase la cantidad de unidades de contratación que la reglamentación determine, se seguirá el procedimiento previsto por el artículo 20 de esta ley. En estos casos será obligatoria la publicación de anuncios sintetizados por dos (2) días como mínimo en el Boletín Oficial de la República Argentina, con una anticipación no menor a los dos (2) días. Cumplido dicho procedimiento, se celebrará el contrato, el que deberá ser aprobado, a los efectos de su eficacia, por el Ministro competente.
e) Se entenderá por "unidad de contratación", la medida de valor expresada en moneda en curso legal, empleada para determinar el monto de los contratos comprendidos en este régimen.
El valor en moneda de curso legal de cada unidad de contratación será fijado en la reglamentación de la presente, y su adecuación a las circunstancias de cada órgano o empresa de las indicadas en el artículo 1 de esta ley, será determinado y actualizado mensualmente por el Ministro de Economía.
En todos los casos y durante el período de emergencia definido en el artículo 46 de esta ley y su eventual prórroga, el Ministro competente podrá admitir, por resolución fundada y requiriendo la opinión previa de las Cámaras Empresarias, atendiendo especialmente la protección anti dumping y situaciones especiales de lealtad comercial, la presentación de ofertas sin restricción alguna basada en la nacionalidad del oferente. En este último caso y a los efectos de la comparación de ofertas, serán de aplicación las medidas de protección y preferencia para la industria nacional definidas en las normas que regulan la materia.
CAPITULO VI
DE LAS CONTRATACIONES VIGENTES
ART. 48.- EXTINCION POR FUERZA MAYOR Facúltase al Ministro que fuere competente en razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y de consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley por el sector público descripto en el artículo 1 de la presente por razones de emergencia, que a los efectos de esta ley se considera que constituyen causales de fuerza mayor que se declaran aplicables a estos efectos a todas las mencionadas locaciones de obras y contratos de consultoría, cualquiera sea el tipo jurídico del ente comitente. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable analógicamente a todos los contratos vigentes celebrados por el sector público descripto en el artículo 1 de esta ley, con las modalidades que surjan de los regímenes jurídicos de esas contrataciones.
ART. 49.- RECOMPOSICION DEL CONTRATO: La rescisión prevista en el artículo precedente, no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente o contratante y contratista que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes contratantes. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Ministro competente en razón de la materia y deberán contemplar las siguientes condiciones mínimas:
a) Adecuación del plan de trabajos a las condiciones de disponibilidad de fondos del comitente, sin afectar substancialmente la ocupación del personal de obreros y empleados afectado directamente a la obra, existente a la fecha de la presente ley.
b) Aplicación sobre los certificados de variación de costos, incluyendo los relativos a costos financieros por el período de pago, de factores de corrección que contemplen la compensación por la distorsión de los sistemas de ajustes de costos contractuales y que, a los efectos de preservar el principio del sacrificio compartido, incluyan en si mismos o por separado un índice de reducción aplicable sobre las diferencias resultantes. La aplicación de este sistema será a partir de la certificación o liquidaciones correspondientes a obra ejecutiva en marzo de 1989 y hasta la vigencia del acuerdo que aquí se prevé, el que podrá incluir la aplicación para el futuro de un nuevo sistema de reajuste de costos en reemplazo del vigente a la fecha de la presente. Los factores de corrección y, en su caso, sus índices de reducción serán fijados con carácter general por resolución del Ministro de Obras y Servicios Públicos en la que también se establecerán los plazos y condiciones de pago de las diferencias resultantes, todo lo cual requerirá la expresa aceptación de la contratista formalizada en el convenio a que hace referencia el presente artículo.
Para la aplicación de este inciso se requerirá que los contratistas acrediten una distorsión significativa por la aplicación de los sistemas de ajustes o reconocimientos de variaciones de costos previstos en el contrato.
c) Refinanciación de la deuda en mora a la fecha de vigencia de la presente, con aplicación del sistema establecido en la Ley 21.392, con excepción de su artículo 8, por todo el período de mora.
Este régimen no será aplicable en el supuesto de que se conviniere la cancelación de la acreencia resultante de este inciso y del anterior mediante títulos de la deuda pública, en cuyo caso regirán las condiciones y modalidades en ellos establecidos.
d) Adecuación del proyecto constructivo a las necesidades de ahorro efectivo de recursos cuando aquello resulte técnicamente posible.
e) Prórroga del plazo de ejecución, para lo cual podrán justificarse las demoras ocurridas a partir del mes de marzo de 1989 y hasta la fecha de vigencia de la resolución ministerial indicada en el apartado b) del presente artículo, sin aplicación de penalidades ni congelamiento del reajuste de costos, cuando el contratista probare la incidencia directa de la situación de emergencia referida al artículo 1 de esta ley, en la demora contemplada en este apartado.
f) Renuncia de la contratista a su derecho a percibir gastos improductivos, mayores gastos generales directos o indirectos o cualquier otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo o paralización total o parcial de la obra, devengados entre el 1 de marzo de 1989 y la fecha del acuerdo que aquí se prevé.
g) Renuncia de la contratista a reclamar otras compensaciones o créditos por variaciones de costos no certificadas, salvo las resultantes del acuerdo celebrado, por el período indicado en el apartado anterior.
Los acuerdos deberán celebrarse en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por igual período máximo y por una sola vez por resolución del Ministro competente por razón de la materia. Vencido dicho término sin que se arribe al acuerdo definitivo se procederá según lo indicado en el artículo 48 de esta ley. En este caso la continuación de las obras podrá contratarse de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 46 y 47 de esta ley.
CAPITULO VII
DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES
ART. 50.- SENTENCIAS Suspéndese la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional y los demás entes descriptos en el artículo 1 de la presente ley por el plazo de DOS (2) años a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen establecido en el presente Capítulo tanto las sentencias condenatorias dictadas contra el Estado Nacional y los entes mencionados en la primera parte de este artículo, en causas promovidas por las Provincias y/o Municipalidades, como aquellas sentencias pronunciadas en juicios que hubiera deducido el Estado Nacional contra las Provincias y/o Municipalidades. Este Capítulo será aplicable en jurisdicción provincial en aquellos casos en que se produzca la adhesión prevista en el artículo 68 de la presente ley. Quedan comprendidas en el régimen del presente Capítulo, las ejecuciones que pudieran promoverse por cobro de honorarios y gastos contra cualquiera de las partes en los juicios contemplados en el presente artículo.
ART. 51.- Las sentencias y laudos arbitrales que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo anterior no podrán ser ejecutados hasta la expiración de dicho plazo.
ART. 52.- Vencido el plazo del artículo 50 de esta ley, el juez de la causa fijará el término de cumplimiento de las sentencias o laudo arbitral, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de cumplimiento. En ningún caso ese organismo podrá fijar un plazo mayor al de SEIS (6) meses. Si dicho organismo no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable conforme con las circunstancias de la causa el término para el cumplimiento lo fijará el Juez.
ART. 53.- NATURALEZA DE LA OBLIGACION A los efectos de los artículos precedentes es indiferente que el objeto de la obligación se hubiera constituido originariamente en una suma de dinero o que se transformara en tal, con motivo de un incumplimiento.
ART. 54.- EXCEPCIONES Quedan excluidos del régimen precedente:
a) El cobro de créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público.
b) El cobro de indemnizaciones por expropiación.
c) La repetición de tributos.
d) Los créditos por daños en la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación o amenaza de la libertad, o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado.
e) Toda prestación de naturaleza alimentaria.
f) Los créditos originados en incumplimientos de aportes y contribuciones previsionales y para obras sociales. Aportes de sindicales no depositados en término.
g) Los créditos generados en la actividad mercantil de los Bancos oficiales y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
h) Las jubilaciones y pensiones, las que se regirán por su régimen específico.
i) Las acciones de amparo.
j) Las acciones por recuperación patrimonial de bienes ilegítimamente desposeídos.
ART. 55.- TRANSACCIONES Durante la substanciación del pleito o el período de suspensión de la ejecución de la sentencia o laudo arbitral podrá, no obstante, arribarse a transacciones en las cuales:
a) Las costas se establezcan por el orden causado y las comunes por mitades.
b)Se determine el pago de las sumas debidas en títulos de la deuda pública o equivalentes, con las condiciones y modalidades en ellos determinados o bien se establezca una quita no inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) y la refinanciación del saldo resultante, o contemplen mecanismos que posibiliten la reinversión en obras y servicios de la deuda reconocida en la transacción.
ART. 56.- RECLAMACIONES Y RECURSOS Los actos que resuelvan recursos o reclamaciones, regidos o no por la Ley 19.549, relativos a controversias sobre supuestos fácticos o de interpretación y aplicación de normas, y que reconozcan créditos en favor del recurrente o reclamante, relativos al pago de una suma de dinero o que se traduzcan en el pago de una suma de dinero, se limitarán al mero reconocimiento del derecho, quedando regidos en cuanto a su ejecutoriedad y en lo que resulte pertinente, al régimen de los artículos 50 a 55 inclusive, de la presente ley. Lo previsto en el citado artículo 55 también resultará aplicable durante la tramitación del recurso o reclamo de que se trate.
CAPITULO VIII
DE LAS CONCESIONES
ART. 57.- Las concesiones que se otorguen de acuerdo con la Ley 17.520 con las modificaciones introducidas por la presente ley, deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión.
ART. 58.- Incorporase como párrafo segundo del articulo 1º de la Ley 17.520, el siguiente: "Se aclara que podrán otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnico o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario.
La tarifa de peaje compensara la ejecución, modificación, ampliación, o los servicios de administración, reparación, conservación, o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva. En cualquier caso, las concesiones onerosas o gratuitas, siempre que las inversiones a efectuar por el concesionario no fueren a ser financiadas con recursos del crédito a obtenerse por el estado o por el concesionario con la garantía de aquel, podrán ser otorgadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediando delegación expresa del Poder Ejecutivo Nacional, delegación que podrá efectuarse en cualquier estado del tramite de adjudicación, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento de contratación que corresponda según el régimen de la presente ley"
Incorporase como segundo párrafo del inciso c) del artículo 2º de la ley 17.520, el siguiente:
"Aclarase que no se considerara subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse sobre una obra ya existente."
Sustituyese el inciso c) del articulo 4º de la ley 17.520 por el siguiente:
"c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen el objeto a contratar, señalando sus lineamientos generales".
Si la entidad pública concedente entendiere que dicha obra y su ejecución por el sistema de la presente ley, es de interés público, lo que deberá resolver expresamente, podrá optar por el procedimiento del inciso a) o bien por el concurso de proyectos integrales. en tal caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios a publicarse en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de principal circulación a nivel nacional por el término de cinco (5) días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar el día, hora y lugar de presentación de las ofertas y los días, horarios y lugar de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la fecha de presentación de ofertas será de treinta (30) días corridos como mínimo y noventa (90) días corridos como máximo, salvo supuestos de excepción debidamente ponderados por el ministro competente en los que se podrá extender el plazo máximo.
De existir una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa, según acto administrativo debidamente motivado, el autor de la iniciativa y el de la oferta considerada más conveniente, podrán mejorar sus respectivas propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de presentación.
El acto de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y posterior continuación del contrato se regirán en lo pertinente por los principios de la Ley 13064, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1 de la presente.
Declárase que la Ley 17.520 con las modificaciones aquí introducidas, es de aplicación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiéndole al Intendente Municipal y al Secretario competente en la materia las facultades que en dicha ley se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional y al ministro de Obras y Servicios Públicos, respectivamente.
CAPITULO IX
PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO
ART. 59.- Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un Plan de Emergencia del Empleo, que consistirá en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no superen individualmente los cien millones de australes (A 100.000.000), a valores constantes y seis (6) meses de plazo, respectivamente.
Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las municipalidades, previo convenio a celebrarse con las autoridades provinciales, mediante procedimientos de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo.
Se exigirá que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra a ocupar tenga residencia en el lugar donde se ejecuten los trabajos.
Dichas obras se llevarán a cabo, preferentemente, en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación, respetando para su distribución entre las jurisdicciones provinciales los coeficientes fijados por el artículo 4 de la Ley 23.548.
CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
ART. 60.- PRIVATIZACION DE SERVICIOS A los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorízase a contratar con el sector privado la prestación de servicios de administración consultiva, de contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la Administración centralizada y descentralizada, enumerados en el artículo 1 de la presente ley, con excepción del contralor externo establecido por normas especiales.
ART. 61. -ORGANISMOS ESPECIALES: Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a suprimir, transformar, reducir, limitar o disolver las comisiones, reparticiones, entes u organismos creados por leyes especiales y a transferir y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente.
ART. 62. -EXPLICITACION DE SUBSIDIOS A los efectos de sincerar y reflejar en forma expresa el resultado de explotación de las empresas y sociedades estatales, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación, dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley, el detalle de la estimación de los montos mensuales y anuales ponderados conforme establezca la reglamentación respectiva, con respecto a los ingresos dejados de percibir como consecuencia de descuentos, bonificaciones, eximición de facturación o facturación reducida, y, en general, de cuanta ventaja o privilegio se otorguen a grupo de personas físicas o jurídicas de cualquier índole. Esta información abarcará todos los organismos, empresas y sociedades mencionadas en el artículo 2 de la presente ley y precisará la o las causas que dieron origen a que se dejarán de percibir esos ingresos, aunque estén fundados -entre otras causas- en normas legales o convencionales de cualquier índole.
El Congreso Nacional analizará individualmente los casos y para aquellos que resuelva mantenerlos, votará las partidas presupuestarias respectivas a fin de que queden reflejados en forma explícita los subsidios que se otorguen.
ART. 63. -PUBLICACION DE BALANCES Los entes mencionados en el artículo 1, cuando así corresponda por la naturaleza de su actividad, deberán efectuar sus balances y demás estados de información contable de acuerdo con las normas técnicas y profesionales correspondientes, los que serán publicados trimestralmente siguiendo los criterios establecidos para las Sociedades que coticen en bolsas. Todos los entes y organismos contemplados en la norma citada, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 62, último párrafo de la Ley 19.550, a los efectos de la elaboración de los estados contables o patrimoniales, según corresponda.
ART. 64. -EJERCICIO DE DERECHOS SOCIETARIOS Los derechos societarios correspondientes al sector público nacional en las sociedades o entes con participación de capitales privados, o capitales públicos Provinciales o Municipales, serán ejercidos por el Ministerio competente por intermedio del Secretario correspondiente, quien planteará en el seno del ente moción de adhesión al régimen de la presente ley cuando éste sea integrado con capital Provincial y/o Municipal.
ART. 65.- RADIODIFUSION. Modificase la ley 22.285 de la siguiente forma:
a)Derogase el inciso c) del articulo 43.
b) Sustituyese el inciso e) del articulo 45 por el siguiente:
"No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras".
c) Deroganse los incisos a) y c) del articulo 46.
Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva Ley de Radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia.
ART. 66.- COMPLEJO FERROCARRIL ZARATE-BRAZO LARGO Y PUENTE GENERAL BELGRANO Derógase la Ley 23.037 y sus normas complementarias y reglamentarias. El régimen de explotación del Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo y del Puente General Belgrano, se regirá por las previsiones de la presente ley.
ART. 67.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el ministro competente el ejercicio de las competencias que por esta ley tiene asignadas. A su vez, el Ministro competente se encuentra autorizado a delegar en los secretarios de su Ministerio las competencias propias a él acordadas por esta ley.
ART. 68.- Sin perjuicio de la aplicación según su régimen propio de las normas de naturaleza federal contenidas en esta ley, la misma será aplicable al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Le corresponde al Gobernador y al Intendente, respectivamente, las competencias que por esta ley se confiere al Poder Ejecutivo Nacional o a sus Ministros, excepto las competencias otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional en el Capítulo II de esta ley, las que residirán en dicho órgano, en cuyo caso, el Intendente Municipal tendrá las competencias del artículo 13. Invítase a las provincias a adherirse al régimen de la presente ley.
ART. 69.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Todo conflicto normativo relativo a su aplicación deberá resolverse en beneficio de la presente ley. Sus disposiciones no serán aplicables a la transferencia de acciones prescripta por la Ley 23.105.
ART. 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. PIERRI - DUHALDE - PEREYRA DE PEREZ PARDO - IRIBARNE
ANEXO I
I PRIVATIZACIONES O CONCESIONES
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CONCESION
-PRIVATIZACION
AEROLINEAS ARGENTINAS - PRIVATIZACION PARCIAL O TOTAL.
- OPTAR - PRIVATIZACION
- BUENOS AIRES - CATERING - PRIVATIZACION
- EMPRESAS LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS - PRIVATIZACION PARCIAL O TOTAL.
- YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES - PRIVATIZACION PARCIAL
- CONCESION
- CONARSUR - Privatización
- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - CONCESIONES PARCIALES O TOTALES
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED
TRONCAL VIAL NACIONAL Y OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ESPECIALES
- FERROCARRILES ARGENTINOS Transporte de
pasajeros de carga - CONCESIONES
Infraestructura o servicios - CONCESIONES
- EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y - CONCESIONES
Telegrafía
- YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - CONCESION, ASOCIACION Y/O CONTRATOS DE
LOCACION EN AREAS DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION
- SOCIEDADES MIXTAS PARA AREAS
DE RECUPERACION ASISTIDA
- LS 84 TV CANAL 11 - Privatización
- LS 85 TV CANAL 13 - Privatización
- LR3 Radio Belgrano - Privatización
- LR5 RADIO EXCELSIOR - Privatización
- TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION - PRIVATIZACION
ADMINISTRADOS POR EL ESTADO EXCEPTUADOS:
L.S. 82 ATC - CANAL 7
L.R.A. 1 RADIO NACIONAL
BUENOS AIRES
RADIO DIFUSION ARGENTINA
AL EXTERIOR (RAE) Y LAS EMISORAS QUE
INTEGRAN EL SERVICIO NACIONAL DE
RADIODIFUSIÓN
- Buenos Aires metro - la privatización o concesión PARTE O
TOTAL
- CEAMSE (COORDINACION ECOLOGICA AREA - PRIVATIZACION O- CONCESION ARCIAL
METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO) O TOTAL
(Sujeta a la adhesión de la Provincia de
Buenos Aires)
- CASA DE PIEDRA - CONCESION PARCIAL O TOTAL
(Sujeta a adhesión Provincias)
- SERVICIOS DE PRESTACIONES CULTURALES, - PRIVATIZACION O CONCESION PARCIAL O
RECREATIVOS Y MANTENIMIENTO URBANO DE LA TOTAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
- JUNTA NACIONAL DE GRANOS - PRIVATIZACION O
UNIDADES CONCEDIDAS COMPLETO O CAMPAÑA
ELEVADORES TERMINALES (PORTUARIOS) PARCIAL
- ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS - CONCESION TOTAL O PARCIAL DE PUERTOS O
Descentralización y Provincializacion INSTALACIONES PORTUARIAS PRINCIPALES O
ACCESORIAS
- CASA DE MONEDA - CONCESION
- TALLERES NAVALES DARSENA NORTE - PRIVATIZACION TOTAL
(SACI y N.)
- EX PLANTA INDUSTRIAL EXPROPIADA - PRIVATIZACION TOTAL
MEDIANTE LEY NRO. 19.123
COMPAÑIA AZUCARERA LAS PALMAS - S.A. - PRIVATIZACION TOTAL O PARCIAL
II. TRANSFERENCIAS A JURISDICCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES MEDIANTE CONVENIO
- OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - RUTAS NACIONALES DE INTERÉS PROVINCIAL
- GAS DEL ESTADO - REDES DE DISTRIBUCION
III. ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL EMPRESARIO
- OBRAS SANITARIAS DE LA NACION - CREASE UN ENTE TRIBUTARIO
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.
- EMPRESA NACIONAL DE COMBUSTIBLE, INVOLUCRA: Y.P.F., GAS DEL
ESTADO, Y.C.F.
- EMPRESA FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA, INVOLUCRA: AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA, HIDRONOR Y GENERACION DE ENERGIA DE OTRAS EMPRESAS
NACIONALES.
IV. CONCESION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION (Prioridad sector cooperativo)
-GAS DEL ESTADO
-SEGBA
-AGUA Y ENERGIA
-OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
ANEXO II
I. PRIVATIZACION O CONCESIONES
- FORJA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - PRIVATIZACION
- CARBOQUIMICA ARGENTINA SOCIEDAD - PRIVATIZACION
ANONIMA MIXTA
- PETROQUIMICA RIO TERCERO SOCIEDAD - PRIVATIZACION
ANONIMA MIXTA
- POLISUR SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
- MONOMEROS VINILICOS SOCIEDAD ANONIMA - PRIVATIZACION
MIXTA
- PETROPOL SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
- INDUCLOR SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - PRIVATIZACION
Participación Estatal % Corresponde a
- FORJA ARGENTINA SOCIEDAD 100 Ministerio de Defensa
ANONIMA
- CARBOQUIMICA ARGENTINA 42 DGFM
SOCIEDAD ANONIMA MIXTA
- PETROQUIMICA RIO TERCERO 39.455 YPF 30.857%
SOCIEDAD ANONIMA DGFM 8.598%
- POLISUR SOCIEDAD ANONIMA 30 DGFM
MIXTA
- MANOMEROS vinilicos 30 DGFM
SOCIEDAD ANONIMA MIXTA
- PETROPOL SOCIEDAD 30 DGFM
ANONIMA MIXTA
INDUCLOR SOCIEDAD ANONIMA 30 DGFM
MIXTA
Decreto Nº 562
Bs.As. 18/8/89
POR LO TANTO:
Tèngase por ley de la Nación Nº 23.696, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- MENEM- José R. Dromi.
http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/23696.htm
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