Miércoles, 20 de abril de 2016
DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN LA HABILITACION
Un predio con historia
El ex legislador Facundo Di Filippo le presentó a Casanello un escrito con los aspectos cuestionables de la situación legal de Costa Salguero, que plantea desde 2009.
Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica, patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la habilitación del predio Costa Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Di Filippo viene bregando desde hace años contra la situación irregular de este complejo. En 2009 presentó el primer amparo, en el fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Su planteo se basó en que el complejo está ubicado en terrenos con zonificación UP (urbanización parque) en el Código de Planeamiento Urbano. El código prohíbe expresamente toda actividad de explotación comercial en los predios con esta zonificación.
Consultado por este diario, Di Filippo recuerda: “En 2009 tuvimos un dictamen favorable. El juez fue Andrés Gallardo. Se probó que los locales comerciales no estaban habilitados, que habían funcionado así durante quince años. Entonces Gallardo los clausura. En 48 horas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les concede una habilitación exprés”.
Y aclara: “Los principales puntos de nuestra presentación ante Gallardo son tres. El primero es que si está en una zonificación UP tiene expresamente prohibido desarrollar actividades comerciales. El segundo es que no hay un camino de sirga (N. de R.: camino costero de cualquier curso de agua que debe ser de acceso libre al público), ya que la costa está obstaculizada por las terrazas de bares y restaurantes, como la del salón en el que festejó su casamiento el Presidente. Y el tercero, las habilitaciones truchas de los locales, que no las tuvieron en quince años y las consiguieron en 48 horas”.
Luego de innumerables obstáculos y chicanas judiciales, el único punto que tiene firme una resolución favorable es el del camino de sirga, aunque sigue sin respetarse la orden de abrirlo y mantenerlo libre. La cuestión de fondo, la prohibición de actividades comerciales en una zona UP, sigue planteada.
Para destrabar la situación, en 2014 presentó, junto al actual legislador Gustavo Vera y al ex Pablo Bergel, una nueva denuncia, esta vez por cuarenta concesiones ilegales en toda la Ciudad, incluyendo la de Costa Salguero SA. La causa pasó entonces al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (donde sigue hasta hoy, “durmiendo en algún cajón”) y la instrucción recayó en la fiscal Paula Asaro.
Di Filippo plantea: “Costa Salguero SA fue concesionada a Telemetrix, que es dueña de Emaco, una constructora que consiguió muchas licitaciones en la Ciudad. La concesión fue en 1992 por treinta años, o sea hasta 2022. Paga un canon irrisorio, de $260.000 pesos mensuales. Lo ridículo de la suma salta a la vista si se compara con lo que Telemetrix recibe de las subconcesionarias. Y hay además otra cuestión a tener en cuenta. Telemetrix consiguió la habilitación exprés para 23 espacios (el número 24 sigue sin habilitación al día de hoy. Es la estación de servicio que está a la entrada del predio. Esta sigue clausurada desde 2009). Ninguno de estos 23 espacios tiene habilitación para bailes o fiestas. Si la habilitación original no lo permite y no hubo reformas o modificaciones en los locales (en lo tocante a ventilación, suministro de agua y otras exigencias específicas), ¿por qué se concedió el permiso especial pedido por la empresa organizadora para esta rave?”.
“Costa Salguero es un predio de 17 hectáreas de tierras públicas ganadas al río y cuya zonificación está expresamente establecida como un parque, donde no se permite ninguna de las actividades que allí se desarrollan, por lo que jamás la fiesta electrónica debería haber obtenido una habilitación válida. Las irregularidades de la concesión de este predio se enmarcan en una situación general de manejo fraudulento de una gran parte de las concesiones que otorga el gobierno de la Ciudad”, resumió.
En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. “La incorporación de estos expedientes y el testimonio de Gallardo y Asaro le permitirían a Casanello ahorrar mucho tiempo de investigación. Por eso confío en que esta presentación tenga un curso favorable.”
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/297405-77445-2016-04-20.html
EL PAIS › LA FISCALIA PIDIO LA CITACION DEL PRESIDENTE DE COSTA SALGUERO, FUNCIONARIOS PORTEÑOS Y PREFECTOS
Una “vista gorda” para que siga la fiesta
La Prefectura estaba enterada de que los guardias privados habían decomisado drogas, pero no lo informaron hasta 12 horas después de las muertes. El fiscal pidió diez indagatorias más. Adrián Conci, organizador del evento, se encuentra prófugo.
Por Horacio Cecchi
El fiscal federal Federico Delgado pidió al menos una decena de indagatorias en la causa de la fiesta electrónica de Costa Salguero, entre las cuales figuran los nombres de Néstor Bogado, responsable de Costa Salguero, y Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; además de tres prefectos y al menos dos funcionarios de la polémica Dirección General de Fiscalización y Control porteña, y diferentes eslabones de la seguridad dentro de la fiesta. La decena de nombres fue presentada al juez federal Sebastián Casanello, quien ayer rechazó el pedido de eximición de prisión de Adrián Conci presentado por su abogado, Fernando Burlando. Conci, no se presentó ante la justicia como había prometido, para ser detenido, y quedó consignado como prófugo. Burlando aseguró que se presentará hoy aunque, junto con la promesa, entregó una apelación ante la Cámara buscando anular la orden de detención. Entre los detalles curiosos consignados en el dictamen de Delgado aparece descripta una bolsa llena de “pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”. El envoltorio fue entregado a las 3 de la madrugada del sábado por la seguridad privada de la fiesta a uno de los prefectos, como resultado de lo que se requisó a los jóvenes. La bolsa fue abierta recién el sábado a las 18 por los investigadores, 12 horas después de ocurridas las primeras muertes. Para Delgado el dato demuestra connivencia entre la seguridad privada y Prefectura, “‘que hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Mientras, tres de las víctimas siguen internadas en estado crítico.
Entre los primeros testimonios tomados por la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad encabezada por Diego Iglesias, aparece el de Alberto Gabriel Pandiani, prefecto que estuvo presente durante el evento de Costa Salguero. Pandiani declaró en aquel momento que se encontraba en el lugar contratado como “policía adicional”. Precisamente, durante los allanamientos realizados por Casanello, el lunes, a la Prefectura, halló un contrato por 30 mil pesos entre los organizadores de la fiesta y la fuerza de seguridad, para contratar “servicios adicionales de vigilancia”. Pandiani se encontraba en el lugar cumpliendo adicionales como supervisor de 19 uniformados más. El prefecto en cuestión declaró a la Procunar que “a las 3 a.m. se le acercó una persona a quien sólo conoce como ‘El Chino’ y le entregó una bolsa con lo que –le dijo– se les había extraído de la requisa a los concurrentes”. Según Pandiani, el Chino era el encargado de seguridad interna.
Delgado tomó la declaración testimonial de Pandiani como dato clave. “El prefecto refirió que un tal Sr. Garat (Carlos M., quien cumplía la función de nexo entre Prefectura y la organización del evento) le presentó a El Chino”, describió el fiscal. La bolsa, según la declaración de Pandiani, no fue abierta en ese momento, y la entregó para su custodia al cabo 2ª Ivana Gómez, uno de los 19 uniformados a su cargo. El prefecto agregó que la bolsa la entregó a su jefe, el subprefecto Adrián Alvarez, recién a eso de las 7 de la mañana, cuando se enteró de la muerte de dos de los jóvenes. Alvarez tampoco abrió la bolsa. Cuando intervinieron el juzgado de instrucción de Guillermo Caravajal, y la fiscalía de Sandro Abraldes, ordenaron a la División de Precursores Químicos de la Federal secuestrar todas las pruebas vinculadas a los sucesos. Recién a las seis de la tarde del sábado, es decir, 12 horas después de las dos primeras muertes ocurridas dentro del Complejo Costa Salguero, la justicia supo de su contenido: “gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”, enumeró Delgado en su dictamen.
Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió una nota enviada a Casanello en la que hacía un descargo de la actuación de la Prefectura y señalaba una supuesta desidia de parte de funcionarios del juzgado de Casanello, que habrían ordenado a Prefectura no actuar en la fiesta (ver páginas 2 y 3). La declaración de Pandiani viene a desmentir a su ministra. Aunque Pandiani y sus superiores no hubieran abierto la bolsa, la seguridad interna sabía lo que había requisado y la Prefectura estaba enterada por el Chino. Delgado lo describió como “algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que ‘hicieron la vista gorda’ para que la fiesta continuara”. Delgado sostuvo que Pandiani debería haber actuado conociendo el contenido y no lo hizo, “una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias”. Como resultado, el fiscal pidió indagatorias para los tres prefectos mencionados y el Chino, una vez identificado.
Luego, Delgado informó que obtuvo el acta 19439/16, labrada el 15 de abril a las 19 por la Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de fiscalización y Control del Gobierno porteño, el acta de apertura de la fiesta en la que se verifica que todo está correcto. El acta fue firmada por Néstor Bogado, titular de Costa Salguero; una firma no aclarada que Delgado supone que pertenece a Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones; el mentado Pandiani por la Prefectura, el responsable de la seguridad privada, Ezequiel Venturino, de Siseg; Carlos Garat, responsable del plan de evacuación y mencionado por Pandiani; y los representantes de la DFyC porteña, un tal P.Fontanellas y otras firmas ilegibles. El fiscal pidió la urgente declaración indagatoria de todos ellos.
Delgado utilizó durante una entrevista radial una descripción coloquial muy gráfica para describir la escena de distribución de drogas durante la fiesta y la presencia de la Prefectura que ni siquiera llegó a placebo: “Todos los testigos cuentan que no había personas camufladas o santo y seña para conseguir pastillas, sino que era casi como comprar un choripán en la cancha”.
Ayer, mientras recibía los pedidos de indagatorias por parte de Delgado, Casanello rechazaba el planteo de exención de prisión que realizara Burlando por su defendido Adrián Conci. Según el abogado, Conci se iba a presentar durante el día. Pero no se presentó: ayer a última hora se encontraba con el incómodo sticker de prófugo de la justicia. Estrategias de abogados: Burlando apelará el rechazo de Casanello. “No se presentará a la Justicia ya que mañana (por hoy) vamos a apelar el rechazo a la eximición de prisión”, dijo Burlando. Mientras, sostuvo que Conci “no tiene nada que ver con los narcotraficantes” ni con que se cortara el agua, y agregó que posiblemente fuera responsable de alguna falla, pero no de una cuestión penal. “Los responsables son los narcos que hacen negocios millonarios”, dijo Burlando, emulando a Bullrich.
horaciolqt@yahoo.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297395-2016-04-20.html
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Miércoles, 20 de abril de 2016
EL PAIS › CASANELLO ACUSO A PATRICIA BULLRICH DE BUSCAR ENTORPECER LA INVESTIGACION SOBRE TIME WARP
Una ministra amiga de los prefectos
El juez allanó una dirección de la Prefectura y la ministra contestó con un escrito en el que aseguraba que dos secretarios de su juzgado habían ordenado a los prefectos “no molestar a los chicos”. Casanello la desmintió.
Por Irina Hauser
El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte, la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado, que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. En un escrito, Casanello desmintió rotundamente a la ministra, y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en otras anteriores.
Entre la documentación secuestrada en las oficinas de Prefectura, el personal del juzgado detectó que había contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, organizadora de las fiestas electrónicas, que se remontan al año 2010. El juzgado recibió ya decenas de testimonios de jóvenes que estuvieron en el lugar y que frecuentan estos eventos. Como declararan en función de la ley de estupefacientes, pueden hacerlo de manera reservada, es decir, queda preservada su identidad pero se le da valor testimonial al contenido de su relato. Esto ayuda a que hablen sin temor. La descripción común a la mayoría de los relatos hasta ahora es que dentro del complejo Costa Salguero había venta de drogas, que era evidente, y que hasta el personal de seguridad privada consumía. Los vendedores ofrecían keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman (esta última es de muy alta toxicidad). En el lugar faltaba ventilación, los baños estaban colapsados y había que hacer largas colas para acceder a una botella de agua. Facilitar el lugar para la comercialización también es un delito.
Después del procedimiento en Prefectura, el Ministerio de Seguridad presentó un escrito en el juzgado ayer a la mañana, firmado por Guillermo Soares Gache, subsecretario de articulación con los poderes judiciales y ministerios públicos. Relataba que el prefecto Rubén Eduardo Farrus y el subprefecto Meraldo Verón, del área que investiga Narcotráfico, se reportaron en los juzgado federales 6 (de Rodolfo Canicoba Corral) y 7 (de Casanello) que estarían de turno, uno hasta las 12 de la noche y el otro a partir de ahí. Como se realizaría la fiesta Time Warp querían recibir instrucciones.
La presentación dice que el secretario Gustavo Russo les dijo que “la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes” pero recomendaba “no molestara los chicos que van a divertirse” y que incluso jóvenes que trabajan en el juzgado asistirían. Ante una infracción a la ley de drogas, debían informar a la autoridad judicial. Según ese texto, la Prefectura asumía “la responsabilidad por la organización del operativo de seguridad externo al predio”. “Nunca fue convocada por la comisión de hechos ilícito dentro.” El argumento es que a ellos nunca les avisaron lo que pasaba adentro de la fiesta.
Casanello decidió enseguida contestar con otro escrito. Más aún cuando vio que el de Bullrich había salido publicado, con el facsímil completo y todo, en una web de noticias. A lo largo de tres páginas, cita los testimonios de sus secretarios Russo y Martín Smietniansky, que negaron haber mantenido encuentro alguno con los prefectos Farrus y Verón. Si bien se presentaron dos hombres de Prefectura, sin decir quiénes eran, la instrucción que les dieron fue clara (luego se vio que no la cumplieron): intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen. La referencia a dejar a los chicos tranquilos dijeron que era “falsa”.
La actuación de los agentes, y la “filtración” periodística, según dejó sentado el juez, “puede significar el intento de entorpecimiento de la investigación”. Para el juzgado, el despliegue de Bullrich es una maniobra y “llamativamente acontece”, especifica, después del allanamiento a la fuerza, efectuado por el juzgado.
Prefectura Naval había mandado 20 efectivos de la policía adicional, que se sumaban a cuatro de Inteligencia que actúan en la zona del río de la Plata y dos patrulleros con tres efectivos a bordo de cada uno. Según los datos oficiales del gobierno porteño, en la fiesta había 10.900 personas.
Hay varios datos llamativos sobre cómo se movió la Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16 de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes. Y no fueron notificadas al fuero federal –que les había dado las instrucciones por las sospechas de comercialización de drogas– sino al de instrucción. Ni un juez ni un fiscal se pueden declarar incompetentes por teléfono, sino que todo lleva un acto burocrático hasta que se concreta. Así ocurrió acá: finalmente Sandro Abraldes pasó la causa a Comodoro Py.
Otro de los datos que compromete a la Prefectura, y a otros también, es que cuando la gente llegaba a Costa Salguero pasaba por un cacheo. En esa inspección, que hacía personal de la empresa de seguridad privada del predio, Siseg, todas las sustancias prohibidas que encontraba las iba poniendo en una bolsa. Ahí fueron juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana. Uno de los prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos de uno de los hombres de seguridad a quien dijo que sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa a una compañera, la cabo segunda Ivana Gómez, quien recién cuando se enteró de la muerte de dos personas, cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su jefe, Adrián Alvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el ínterin, nadie de Prefectura denunció nada.
El fiscal Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que “hicieron la vista gorda”. Ya pidió que sean indagados Pandiani, Gómez y Alvarez y que se identifique a El Chino. A última hora de ayer, y después de su cruce de cartas virulentas con Casanello, la ministra Bullrich dejó trascender que los prefectos más comprometidos fueron preventivamente separados de sus tareas.
Delgado reclamó además que declaren como sospechosos Néstor Bogado, titular del predio Costa Salguero, el responsable de la organización y apoderado de Dell, Maximiliano Avila, el responsable de la seguridad privada Ezequiel Venturino (Siseg), Carlos Garat, quien estaba a cargo del plan de evacuación y representantes de la Dirección de Fiscalización y control. Casanello le negó el pedido de eximición de prisión a Adrián Conci, el organizador de la Time Warp, quien ahora se encuentra en condición de prófugo.
Desde el sábado hasta ayer hubo múltiples allanamientos. Entre ellos de Telemetrix, que explota Costa Salguero, tres domicilios vinculados a la provisión de Speed y otras sustancias, la de seguridad Siseg, y la de asistencia sanitaria, Semec, además –entre otras– de la dirección de habilitaciones del gobierno porteño. Todo apunta a que el predio sería un gran centro de venta de drogas sintéticas que no se consiguen en otros lugares, con la venia, en este caso, de la Prefectura Naval.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297405-2016-04-20.html
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martes 19 de abril
EL PAIS › OPINION
República Salguero
Por Eduardo Fabregat
¿Qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón? ¿Un matiz de estilos musicales? ¿Una cuestión de target socioeconómico? ¿Una simple, brutal, diferencia de cifras? Más de once años después de la maldita noche del 30 de diciembre de 2004, las muertes jóvenes volvieron a producirse por un idéntico esquema de desprotección al ciudadano. Un grupo de organizadores que incurrió en fallas imperdonables, y un Estado que no estuvo allí para controlar las condiciones de seguridad de un espectáculo público.
Y entonces: pasó Cromañón, y nada ha cambiado.
Si no fuera porque aquí ha habido muertes, sería motivo de risa escuchar a los prefectos decir que en la fiesta no había drogas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tanto gusta de hacer declaraciones y tuits altisonantes y mostrarse en traje militar camuflado, prefirió primero hacer mutis por el foro y luego hablar únicamente de las drogas de diseño. Así como hubo que escuchar una y otra vez que “en muchos shows prendían bengalas”, ahora habrá que recordar que en las fiestas electrónicas suele haber sospechosos cortes de suministro de agua corriente, para favorecer un negocio de botellas de agua a precio de oro. El lugar estaba superpoblado, los testimonios y el informe del fiscal Federico Delgado hablan de una atmósfera irrespirable, ventanas cerradas, personal médico escaso y “puestos de hidratación” que a medianoche ya no hidrataban a nadie, pero los inspectores del Gobierno de la Ciudad –que, según el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, estuvieron allí e hicieron bien su trabajo– no encontraron ninguna irregularidad. Otra vez: ¿qué diferencia a Costa Salguero de República Cromañón?
Además de las muertes de cinco jóvenes y el riesgo que corren en estas horas otros cinco, lo que produce horror es ver cómo, después de tantas aseveraciones sobre la enseñanza que Cromañón dejaba en la sociedad y en los responsables de velar por su seguridad, no se aprendió nada. Pero en este hecho hay agravantes que producen aún más dolor: los responsables de controlar estos espacios públicos son los que impulsaron un juicio político al responsable de controlar los espacios públicos en 2004. El macrismo no dudó en desplazar a Aníbal Ibarra por no cumplir sus deberes como funcionario público. Horacio Rodríguez Larreta también incumple sus deberes como funcionario público.
Las muertes en Costa Salguero, además, se producen en un contexto sobre el que vale la pena detenerse. Hace ya un largo tiempo que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante un plan sistemático de persecución a lugares de música en vivo, teatros independientes y centros culturales autogestionados, a los que se les exige cada día un requisito nuevo y contra los que se utilizan argucias tramposas, a veces en el borde del ridículo, para cruzarles una faja de clausura aunque tengan todo en regla. Pero Costa Salguero, como bien explicó Werner Pertot ayer en este diario (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-297223-2016-04-18.html), no es un lugar cualquiera: ha sido una usina de negocios primero para el menemismo y luego para el macrismo. Cuenta con una protección estatal que se traduce en un canon ridículo y una ostensible vista gorda a la hora de controlar su funcionamiento y vigilar que no haya un ejército de dealers vendiendo basura adulterada. Tiene toda la protección política que supone el hecho de que en el directorio de la concesionaria aparece Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.
Ni en Cromañón existían tan claros vínculos entre el Estado y los responsables de organizar una fiesta que terminó en muerte. En tiempos de blindaje mediático a los desaguisados, cuentas panameñas y corrupciones del macrismo, ¿Costa Salguero será solo un incidente más? Ya sucedió con Beara, donde hubo dos muertes y más que sancionar a Martín Farrell se lo quiso premiar con un puesto de juez. Da la siniestra sensación de que la gravedad de los hechos solo se mide en cantidad de muertes. Pero si esta sociedad clamó por esclarecimiento y justicia con República Cromañón, y tantos años después vuelve a encontrarse indefensa frente al mismo esquema de corrupción y desidia, sería gravísimo que todo quedara en la excusa del narcotráfico, algunas declaraciones de ocasión, un par de debates televisivos sobre las peligrosas costumbres de la juventud y el pragmatismo de algunos hipócritas
que dijeron venir a cambiarlo todo, y ahora pretenderán seguir como si no hubiera pasado nada. La vida –y la muerte– en República Salguero.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html
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Lunes, 18 de abril de 2016 | Hoy
SOCIEDAD › LA CONCESION IRREGULAR DEL PREDIO DE COSTA SALGUERO Y LOS VINCULOS EMPRESARIOS CON EL MACRISMO
Un negocio a costa de la Ciudad
La empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado para explotar Costa Salguero y subcontrata a otras 23 empresas. En una de las subconcesionarias es director el marido de la vicepresidenta de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.
Por Werner Pertot
Hace poco menos de una década, el macrismo eligió al Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada. La concesión del Costa Salguero, que proviene del menemismo profundo, fue beneficiada por el gobierno porteño: la empresa Telemetrix paga un canon cien veces menor al precio de mercado en la zona y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad se negó a informar al Poder Judicial la facturación de las subconcesionarias. Telemetrix comparte su directorio con Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta electrónica. En el directorio de esta subconcesionaria figura Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo. La semana pasada este diario informó que ambos tienen una empresa en Panamá.
En 1988, la empresa Telemetrix ganó la concesión de las 17 hectáreas ganadas al río que luego serían el complejo. En mayo de 1991, el menemismo, desde la Administración General de Puertos, le extendió la concesión por 30 años. Las tierras pasaron a la Ciudad en junio de 2001. Desde entonces, la empresa tuvo un aliado inigualable en el gobierno porteño, como se pudo ver en las causas judiciales que debió enfrentar.
Los entonces legisladores Rocío Sánchez Andía y Facundo Di Filippo denunciaron a Telemetrix por no cumplir con el camino de sirga, que es el espacio público de 15 metros que deben dejar a la vera del río. La causa quedó en manos del juez Andrés Gallardo, que falló en contra de la empresa. El gobierno porteño apeló y, cuando la Cámara le falló en contra, se demoró todo lo posible para cumplir la disposición.
En 2009, Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones porteña sobre las habilitaciones y descubrió que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Además, la estación de servicio no tenía el permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. El juez ordenó clausurar 19 locales, pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial contra el Costa Salguero. Gallardo debió entonces utilizar la fuerza pública. El juez fue recusado y, mientras se encontraba alejado del expediente, el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, les concedió en tiempo récord las habilitaciones a los subconcesionarios y se levantaron las clausuras. Farrell es el funcionario PRO que luego debió denunciar por el derrumbe del boliche Beara. Más tarde, el macrismo intentó convertirlo en juez porteño, pero las familias de las chicas que murieron en ese derrumbe consiguieron frenar esa avanzada en la Legislatura.
Luego de dos años de intentar que el gobierno porteño hiciera el camino de sirga, Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña 2013 del entonces ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un letrero que diría que incumplía un fallo judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición y Telemetrix denunció penalmente a Gallardo. El magistrado fue absuelto.
No obstante, el juez consiguió algunas pruebas de lo que le pagaban las subconcesionarias a Telemetrix. En 2010, la Ciudad obtenía 68 mil pesos por mes, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos en promedio. Con ese esquema, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó a la AGIP (Rentas) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. La dependencia del gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”.
En la actualidad, Telemetrix paga 263.576 por mes, según advirtieron desde el Observatorio de Derechos de la Ciudad (ODC) y la Asociación de Justicia Ambiental (AJAM). Estas dos ONG indicaron que el gobierno porteño cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado, cuando un alquiler en la zona oscila entre 160 a 250 pesos. Advirtieron, además, que las actividades que se hacen en los predios escapan al objeto de la concesión original (un complejo polideportivo) y a la zonificación, por lo que reclamaron el fin de la concesión. “Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá”, destacó Jonatan Baldiviezo, del ODC.
Si bien no se conoce la facturación actual, sí es posible acceder a los nombres de los dueños de las empresas. Telemetrix tenía como presidente en 2013 a Alfredo Gutiérrez, mientras que su vicepresidente era Federico León Bensandon. El subconcesionario Costa Salguero S.A. comparte una interesante cantidad de nombres con el directorio de Telemetrix: en ambos figuran Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon, mientras que el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.
En el directorio de Costa Salguero S.A. así como en Costa Salguero Eventos figura Fernando Polledo Olivera, que es el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La diputada del PRO suele advertir que su marido entró al directorio hace 22 años mientras que ella se dedica a la política hace menos de una década. Ambos, Polledo y su marido, aparecen en el Registro Público de Panamá como parte de la empresa Rank International Corporation, creada en 1988. La compañía no figura en las declaraciones de la legisladora. En diálogo con Página/12, Polledo aseguró que la empresa nunca funcionó y que por eso no fue declarada. Indicó que era para un emprendimiento agropecuario, pero no pudo explicar por qué la abrieron en un paraíso fiscal.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297325-2016-04-19.html
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